RuleX

Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL1770-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1770-2019

Fecha
30 de abril de 2019
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1770-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013), por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por HUMBERTO PLATA ROA contra las sociedades C.I. SPATARO NÁPOLI S.A. y C.I. PIETRI S.A. Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1770-2019

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

30 de abril de 2019

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL1770-2019

Radicación n.° 63280

Acta 14

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por HUMBERTO PLATA ROA, contra la sentencia proferida el 31 de enero de 2013, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso que instauró contra las sociedades COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SPATARO NÁPOLI S.A. y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PIETRI S.A.

ANTECEDENTES

Humberto Plata Roa demandó a las sociedades C. I. Spataro Nápoli S.A. y C.I. Pietri S.A., con el fin de que se declarara que entre ellos existió un contrato de trabajo, desde el mes de enero de 1991 hasta el 17 de junio de 2010, el cual terminó por decisión unilateral y sin justa causa de las empleadoras, con quienes coexistió el vínculo laboral.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se condenara a las empresas demandadas al pago del auxilio de cesantías, con su correspondiente indemnización por no consignación oportuna en un Fondo, los intereses sobre las mismas, las primas de servicios, las vacaciones, la indemnización por despido sin justa causa y la moratoria prevista por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, todo junto con la respectiva indexación. Además, solicitó que se les condenara a pagar los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones y salud.

Para fundamentar sus pretensiones, señaló que en el año 1991 suscribió un contrato de «agencia comercial» con la sociedad C.I. Spataro Nápoli S.A.; que era el encargado de realizar la representación y venta de los pedidos de mercancías que debían ser entregados a los clientes de diferentes países; que prestaba sus servicios de forma personal, dependiente y simultánea a favor de las dos sociedades demandadas; que los instrumentos empleados para prestar el servicio eran de propiedad de las mismas; que desempeñaba sus labores en los términos indicados por dichas sociedades, en los meses y días en que se lo ordenaran y que devengaba un salario mensual promedio de $3.000.000, el cual incluía las comisiones y viáticos «[…] que hacen parte del alojamiento y vivienda, cuando […] se trasladaba a laboral (sic) en diferentes ciudades del país».

De igual manera, aseguró que mediante escritura púbica n.° 382 del 20 de febrero de 1996, constituyó la sociedad «HUMBERTO PLATA REPRESENTACIONES LTDA.», figurando él mismo como representante legal; que dicha sociedad se constituyó para «[…] tener relaciones de tipo de trabajo con dos sociedades simultáneamente»; que la misma no tenía un movimiento comercial, comoquiera que «[…] los ingresos como, libros de contabilidad, no tienen respaldo de actos comerciales, […] porque el objeto de constituirse fue para trabajar en forma personal al servicio de las entidades aquí demandadas, desde el año 1991». Agregó que esta sociedad constituía una forma de disfrazar el contrato de trabajo, porque siempre prestó el servicio personalmente.

Por último, relató que los contratos de trabajo con las demandadas coexistieron «[…] por cuanto nunca se habló de exclusividad y las dos empresas aceptaron la labor, tan es así que compartían los gastos de viáticos (alimentación y vivienda)»; que a partir del mes de diciembre de 2002 fue afiliado por la sociedad C.I. Spataro Nápoli S.A. al Sistema Integral de Seguridad Social y que el 17 de junio de 2010, dicha sociedad decidió dar por terminada la relación mercantil existente entre las partes.

Las sociedades C.I. Spataro Nápoli S.A. y C.I. Pietri S.A. dieron respuesta a la demanda en el mismo escrito, donde se opusieron a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, manifestaron que si bien existió una relación contractual entre el demandante y la sociedad C.I. Spataro Nápoli S.A., la misma estuvo regida por un «contrato de representación comercial», y no por un contrato de agencia comercial, como adujo el actor; que dicha relación se dio en dos períodos autónomos e independientes, comprendidos entre los años 1991 y 1993, y posteriormente, entre el año 1998 y el 10 de junio de 2010.

Así mismo, aseveraron que entre los años 1993 y 1998 no existió «[…] ningún vínculo comercial» y que por ello únicamente iniciaron una relación de representación comercial con la sociedad «HUMBERTO PLATA REPRESENTACIONES LTDA.» dos años después de la constitución de la misma; que dicha sociedad fue creada por el actor de manera autónoma e independiente, siendo su objeto social «Representaciones comerciales de todo tipo, tanto en el País como en el exterior, propias y extrañas»; que el señor Plata Roa era, al mismo tiempo, socio y trabajador de la mencionada sociedad, por lo cual, prestaba sus servicios en representación de la misma, «[…] en forma autónoma e independiente, sin subordinación alguna, sin cumplimiento de horarios, en donde el mismo […] era quien establecía las fechas en que se desplazaba al extranjero a realizar sus actividades comerciales de representación de las empresas hoy demandadas».

De igual forma, aseguraron que los elementos materiales requeridos por el actor para prestar sus servicios consistían en «telas y listados de precios», los cuales eran de propiedad de la sociedad «HUMBERTO PLATA REPRESENTACIONES LTDA.»; que, como contraprestación de los servicios prestados, se emitían y cancelaban facturas en favor de la mencionada empresa, de conformidad con las cuentas de cobro que ella misma presentaba.

Propusieron las excepciones que denominaron inexistencia de contrato de trabajo y de la obligación, así como de la «[…] moratoria por controversia en la existencia de contrato de trabajo», petición de lo no debido, buena fe, pago, compensación y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Catorce Adjunto Laboral del Circuito del Plan Piloto de Oralidad de Cali, mediante sentencia proferida el 26 de junio de 2012, absolvió a las entidades demandadas de todas las pretensiones incoadas en su contra.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, mediante sentencia del 31 de enero de 2013, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dispuso:

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia apelada identificada con el N°. 068 del día 26 de Junio de 2012, proferida por el Juzgado Catorce Laboral Adjunto del Circuito Adjunto del Plan Piloto de Oralidad de Santiago de Cali — Valle, para en su lugar DECLARAR que si (sic) existió contrato de trabajo entre el señor HUMBERTO PLATA ROA y la empresa C.I. SPATARO NAPOLI S.A. y con la demandada C.I. PIETRI S.A. en los términos expuestos en la parte considerativa del presente proveído.

SEGUNDO: CONDENAR a la entidad C.I. SPATARO NAPOLI S.A.

a pagar al señor HUMBERTO PLATA ROA la suma de $11.780.962.oo, por concepto de prestaciones sociales.

TERCERO: CONDENAR a la entidad C.I. PIETRI S.A., a pagar al señor HUMBERTO PLATA ROA, la suma de $1.208.960.oo, por concepto de prestaciones sociales.

CUARTO: CONDENAR a las entidades C.I. SPATARO NAPOLI S.A.

y C.I. PITETRI S.A., a cancelar el valor correspondiente a los aportes a pensión durante el tiempo que perduró la relación laboral con el demandante y con los salarios tenidos en cuenta en la liquidación de prestaciones realizadas por la Auxiliar de la Justicia.

QUINTO: ABSOLVER a las demandadas de las demás pretensiones incoadas con la demanda.

Para arribar a esa decisión, y en lo que interesa al recurso de casación, manifestó que el problema jurídico a resolver se circunscribía a establecer si de conformidad con el material probatorio existente en el plenario, «[…] entre las partes existió un contrato de trabajo, según lo dispuesto en el artículo 24 del C. S. T., para de allí determinar si se adeudan las acreencias laborales e indemnizaciones reclamadas».

Aclaró que, en aras de determinar si efectivamente había existido un contrato de trabajo entre dos sujetos de derecho, era necesario remitirse a la presunción prevista por el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. De esta manera, indicó que, si bien el artículo en mención constituía una prerrogativa a favor del trabajador, éste debía asumir la carga probatoria de demostrar «[…] que le prestó un servicio personal al que asegura es o fue su empleador» y, a su vez, debe acreditar «[…] los extremos temporales del contrato que invoca».

Así las cosas, el Ad quem encontró que, en el presente caso, sí era posible predicar la existencia de un contrato de trabajo entre las empresas demandadas y el actor, durante el período comprendido entre el año 2003 y el año 2005. Ello, comoquiera que en los comprobantes de nómina de la sociedad Spataro Nápoli S.A., obrantes a folios 1374 y 1389, se observan pagos efectuados por concepto de sueldo básico y subsidio de transporte a favor del demandante, correspondientes a los períodos comprendidos entre los días 16 y 30 de los meses de enero, junio, julio, agosto y septiembre 2003, y el período comprendido entre el 1° de octubre de 2003 y el 30 de abril de 2005. Así mismo, la sociedad Spataro Nápoli S.A. afilió al actor al Sistema de Seguridad Social, y efectuó su retiro a partir del 30 de abril de 2005, como consta a folio 1391.

Concretamente, el juez colegiado razonó en los siguientes términos:

[…] la Sala concluye que sí existió un contrato de trabajo entre las partes en litigio, conclusión a la cual se llega con fundamento en dos presupuestos fácticos claros: el primero, referente a los comprobantes de nómina a que se hizo alusión anteriormente, que en principio denotan la existencia de diferentes contratos de trabajo, abarcando los extremos temporales que ya se indicaron, lo expuesto en la contestación de la demanda y la afiliación del trabajador al Sistema de Seguridad Social Integral; y el segundo, consiste en que a lo largo de todo el proceso, no se evidenció que el actor modificara las funciones y/o actividades ejecutadas en favor de las demandadas, prueba de ello son los pagos que efectivamente se siguieron generando.

De esta manera, el Tribunal concluyó que, si bien las sociedades demandadas aceptaron en la contestación de la demanda que el actor había prestado sus servicios en virtud de un contrato de representación comercial, dicha relación en verdad había sido laboral, por lo menos durante los lapsos mencionados anteriormente. Para ello, el juez plural realizó un análisis del dictamen pericial, concluyendo que,

Así las cosas, la Sala acoge en principio, lo dispuesto por el perito contador en el dictamen presentado con su respectiva aclaración y que quedó en firme mediante Auto 550 de 31 de mayo de 2012 (folio 2015) en consecuencia, se entiende que el actor celebró diferentes contratos de trabajo con C.I. SPATARO NAPOLI COMERCA S.A., entre el 2003 y el 2005, tal como se indicó en líneas anteriores y con fundamento en los folios 1374 y siguientes, aspecto en el que esta Colegiatura Judicial se aparta de lo resuelto por el perito al encontrar pruebas claras de la existencia de contratos de trabajo en dichos lapsos; nuevamente celebra contrato con la referida entidad en el 2009 y en el 2010 (folio 1977), y con la demandada C.I. PIETRI S.A., en el 2010 (1975).

También encontró el ad quem que mientras «[…] en algunos de los documentos figura el demandante como persona natural (folios 186, 197, 213, 260, 261 y otros), en […] otros la persona jurídica de la cual el demandante era su representante legal y socio (folios 286, 298 a 300, 309 a 312, 321 a 323 y otros», razón por la cual diferenció aquellos lapsos en los que la vinculación se presentó entre las sociedades demandadas y el actor como persona natural, y aquellos en los que el vínculo se dio con la «sociedad Humberto Plata Representaciones Ltda.», precisando que sobre estos últimos no era posible predicar la existencia de un contrato de trabajo.

Ahora bien, frente a las acreencias laborales causadas con anterioridad al 31 de marzo de 2008, manifestó que había operado el fenómeno de la prescripción. Lo anterior, toda vez que de conformidad con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con el 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los derechos laborales y sociales que emanan de la relación laboral «[…] fenecen en un lapso de tres (3) años contados a partir de su exigibilidad». En tal sentido, concluyó que,

Tendiendo como extremo final de la relación laboral el 31 de diciembre de 2010 (folio 1227) y habiéndose presentado la demanda el 31 de Marzo de 2011, resulta evidente que todas las acreencias laborales anteriores al 31 de Marzo de 2008 se encuentran cobijadas por el fenómeno prescriptivo, eso sí, sin incluir lo correspondiente por concepto de cesantías, prestación que se hace plenamente exigible al finalizar la relación laboral.

Al respecto, resulta necesario aclarar que, al ser las cesantías exigibles al final de la relación laboral, el actor solo tiene derecho a lo correspondiente para los años 2009 y 2010, tal como se incluyeron en las liquidaciones obrantes a folios 1975 y 1977.

Con respecto a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, recalcó que los mismos no prescriben, al tratarse de «recursos de carácter fiscal», es decir, que los mismos no pertenecen al trabajador, ni al empleador, sino al Estado. Como consecuencia de lo anterior, resolvió que las demandadas debían responder por los aportes a pensión de los períodos en los que se desarrollaron los contratos de trabajo, es decir,

[…] con la entidad C.I. SPATARO NAPOLI S.A., desde el 01 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010 (folio 1226 y 1227), del 16 a 30 de enero de 2003, del 16 a 30 de junio de 2003, del 16 a 30 de julio de 2003, desde el 16 a 30 de agosto de 2003, del 16 al 30 de septiembre de 2003 y 1º de octubre de 2003 a 30 de abril de 2005 (folios 1374 y 1389) y, con la entidad C.I. PIETRI S.A. de enero hasta el 31 de diciembre de 2010 (folio 1975).

Por otro lado, frente al despido injusto, precisó que «[…] al trabajador le basta con demostrar el hecho del despido y […] al patrono corresponde probar su justificación». De esta manera, aseveró que, en el caso objeto de estudio, si bien el demandante había probado la terminación del vínculo contractual entre las partes, lo cierto es que no logró acreditar que había operado un despido. Ello, comoquiera que la misiva de folio 76 estaba dirigida al actor en calidad de representante legal de la sociedad «HUMBERTO PLATA REPRESENTACIONES LTDA.».

Con relación a los aportes para la pensión, el Tribunal señaló lo siguiente:

Por lo anterior, las demandadas deberán responder por los aportes a pensión correspondientes a los tiempos en que se desarrollaron los contratos de trabajo, de conformidad con los tiempos tenidos en cuenta por la Auxiliar de Justicia –Perito-, decir, con la entidad C.I. SPATARO NAPOLI S.A. , desde el 01 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010 (folio 1226 y 1227) , del 16 a 30 de enero de 2003, del 16 a 30 de junio de 2003, del 16 a 30 de julio de 2003, desde el 16 a 30 de agosto de 2003, del 16 a 30 de septiembre de 2003 y 1º de octubre de 2003 a 30 de abril de 2005 (folios 1374 y 1389) y, con la entidad C.I. PIETRI S.A., desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2010 (folio 1975).

Finalmente, con respecto a la procedencia de la indemnización moratoria, resaltó que de conformidad con el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la jurisprudencia de la Sala Laboral de esta Corte, dicha condena no procede de manera automática, sino que debe examinarse en cada caso si la actuación del empleador estuvo revestida de mala fe. Así las cosas, frente al caso concreto, encontró que no se había configurado la mala fe por parte de las entidades demandadas, «[…] pues es claro que hubo un lapso en el que efectivamente si (sic) cancelaron las acreencias laborales debidamente causadas, siendo preciso tener en cuenta también, que la relación entre las partes en litigio no fue la misma durante todos los años de vinculación, o por lo menos no se logró acreditar así en juicio».

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

El recurrente solicitó a esta Corte, en el alcance de la impugnación, lo siguiente:

Se pretende con esta demanda, que la Honorable SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CASE PARCIALMENTE la Sentencia de Segunda Instancia No. 020 del 31 de enero de 2013 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali - Sala Laboral de Descongestión, siendo Magistrado Ponente el Doctor VÍCTOR JULIO BARRIOS ESPINOSA, providencia que Revocó Parcialmente la Sentencia de Primera instancia No. 068 del 26 de junio de 2012 proferida por el Juzgado Catorce Laboral Adjunto del Circuito Adjunto del Plan Piloto de Oralidad de Cali y en la cual declaró que si (sic) existió contrato de trabajo entre el señor Humberto Plata Roa y las empresa C.I. SPATARO NAPOLI S.A. y con la demandada cal. PIETRI S.A., Condena a la entidad C.I. SPATARO NAPOLI S.A. a pagar al demandante la suma $11.780.962 por concepto de prestaciones sociales y a cancelar el valor correspondiente a los aportes a pensión durante el tiempo que perduró la relación laboral, Condena a las entidad C.I. PIETRI S.A. a pagar a favor del actor la suma de $1.208.960 por concepto de prestaciones sociales, condena en costas a las demandadas y las absuelve de las demás pretensiones de la demanda.

Como consecuencia de la casación parcial de la Sentencia del Tribunal Superior de Cali - Sala Laboral, objeto del presente recurso, solicito a la Honorable Sala de Casación Laboral, constituirse en sede de instancia para revocar parcialmente los numerales segundo, tercero, cuarto y quinto de la Sentencia de segunda instancia, estimando las pretensiones de la demanda inicial respecto de las cuales el Tribunal absolvió a las demandadas.

Con tal propósito formuló tres cargos por la causal primera de casación, que fueron oportunamente replicados y que se resolverán de manera conjunta, toda vez que denuncian idéntico grupo normativo, a pesar de estar orientados por diferentes vías, persiguen fines análogos y se fundamentan en argumentaciones similares que se complementan.

CARGO PRIMERO

Fue planteado, de la siguiente manera:

Acuso la sentencia por la causal primera de casación contemplada en el artículo 60 del Decreto Ley 258 de 1964, por violar en forma DIRECTA y en la modalidad de INTERPRETACIÓN ERRONEA del artículo 24 del C.S.T. modificado por el artículo 2 de la ley 50 de 1.990, en relación con los artículos 23, 62,63, 64, 65, 186, 249, 253, 306 y 488 del C.S.T. al igual que el artículo 53 de la Constitución Política.

En la demonstración del cargo, señaló que el Tribunal interpretó de manera errónea el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, y como consecuencia, desconoció el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Lo anterior, comoquiera que, si bien declaró la existencia del contrato de trabajo entre el actor y las demandadas, excluyó el período en el cual el demandante había recibido la contraprestación de sus servicios por intermedio de la sociedad de responsabilidad limitada «HUMERTO PLATA REPRESENTACIONES LTDA.», de la cual era representante legal. En tal sentido, precisó que de haber interpretado correctamente los preceptos legales señalados, el juez colegiado hubiera «[…] incluido entre los extremos de la relación laboral declarada en la sentencia, el período en que el demandante prestó personalmente el servicio, pero facturó a través de la sociedad de responsabilidad ltda».

Así mismo, indicó que, como consecuencia de tal interpretación errónea, el Tribunal había violado los artículos 23, 62, 63, 64, 65, 186, 249, 253 Y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales contemplan los derechos que emanan de la declaratoria de existencia del contrato laboral, como lo son la indemnización por despido sin justa causa y la indemnización moratoria.

Por último, aseveró que el ad quem había vulnerado, además, el artículo 488 del mismo estatuto, toda vez que declaró la prescripción de las acreencias laborales causadas entre los años 1991 y 2008, cuando las mismas sólo podían hacerse exigibles con la declaratoria judicial de la existencia del contrato de trabajo, pues «[…] al no existir tal declaración, tampoco existía derecho alguno que pudiera ser afectado con el fenómeno de la prescripción». De este modo, concluyó que, de haber interpretado correctamente dicha normativa, el juez plural hubiera condenado a las entidades demandadas al pago de todas las acreencias laborales causadas desde el año 1991 y hasta el año 2010.

CARGO SEGUNDO

Acusó la sentencia del Tribunal en los siguientes términos:

Acuso la sentencia por la causal primera de casación contemplada en el artículo 60 del Decreto Ley 258 de 1964, por violar en forma DIRECTA y en la modalidad de FALTA DE APLICACIÓN del artículo 24 del C.S.T. modificado por el artículo 2 de la ley 50 de 1.990, en relación con los artículos 23, 62,63, 64, 65, 186, 249, 253, 306 y 488 del C.S.T. al igual que el artículo 53 de la Constitución Política.

En esencia, para la demostración de este cargo el recurrente esgrimió los mismos argumentos planteados para el anterior.

CARGO TERCERO

Se orientó por la vía indirecta y fue formulado de la siguiente manera:

Acuso la sentencia por la causal primera de casación contemplada en el artículo 60 del Decreto Ley 258 de 1964, por violar en forma indirecta y en la modalidad de aplicación indebida del artículo 24 del C.S.T. modificado por el artículo 2 de la ley 50 de 1.990, en relación con los artículos 23, 62,63, 64, 65, 186, 249, 253, 306 y 488 del C.S.T. al igual que el artículo 53 de la Constitución Política.

Señaló que dicha violación se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

No dar por demostrado, estándolo, que existió un contrato de trabajo realidad entre el demandante y las demandandas (sic) desde el año 1991 hasta el año 2010.

No dar por demostrado estándolo, que el contrato de trabajo que vinucló (sic) al demandante con las demandadas fue terminado en forma unilateral y sin justa causa por parte de las empleadoras.

No dar por demostrado estándolo, que las sociedades demandadas despidieron sin justa causa al demandante.

No dar por demostrado, estándolo que las demandadas actuaron de mala fe al no pagar al demandante los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social entre los años 1991 y 2010.

No haber presumido la existencia de los contratos de trabajo que vincularon al demandante con las demandadas a pesar de haberse probado la prestación personal del servicio por parte de cada uno de los demandantes.

Enunció como pruebas indebidamente apreciadas las siguientes:

DICTAMEN PERICIAL, obrante a folios 1947 y subsiguientes del cuaderno principal.

Facturación de servicios prestados por el demandante entre los años 1999 y 2009, obrantes a folios 1960 y subsiguientes del cuaderno principal.

Adición del dictamen pericial, obrante a folios 1966 y subsiguientes.

Certificado de existencia y representación de la sociedad HUMBERTO PLATA REPRESENTACIONES LTDA.

En la demostración del cargo, manifestó que el Tribunal apreció de manera indebida las pruebas que permitían acreditar que el contrato de trabajo no tuvo solución de continuidad desde el año 1991 hasta el año 2010, tales como los comprobantes de facturación de los servicios prestados durante el mencionado tiempo, que se encuentran a folios 1947 y subsiguientes, así como el dictamen pericial.

En concordancia con lo anterior, adujo que el juez plural había apreciado de manera incorrecta el certificado de existencia y representación legal de la sociedad «HUMBERTO PLATA REPRESENTACIONES LTDA.», toda vez que había concluido que no existió un contrato de trabajo durante el período en el cual el demandante recibió la contraprestación de sus servicios por medio de dicha sociedad.

Afirmó que dicha valoración indebida trajo como consecuencia la violación del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y, por ende, la violación del artículo 53 de la Constitución Política, comoquiera que el ad quem desconoció el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. De este modo, concluyó lo siguiente:

Este yerro de valoración probatoria del Tribunal, condujo a la violación por la vía indirecta los artículos 23, 62, 63, 64, 65, 186, 249, 253 Y 306 del C.S.T. que establecen los elementos esenciales del contrato de trabajo y regulan la terminación del mismo, estableciendo la indemnización por despido injusto cuando el contrato de trabajo en (sic) terminado sin que medie una justa causa por parte del empleador, como ocurrió en el presente caso, la indemnización moratoria, por el no pago de los salarios y prestaciones sociales debidos al trabajador a la terminación del contrato de trabajo, en tanto que haya mala fe del empleador, la que en el presente caso está demostrado, pues se exigió al demandante constituir una sociedad de responsabilidad ltda (sic) para seguir trabajando con las demandas y con ello disfrazar la relación laboral que se había iniciado el 01 de enero del año 1991, lo que prueba la mala fe de las demandadas, pues de esta forma desconocieron al demandante su condición de trabajador y las prestaciones sociales legales a que tenía derecho, a saber, prima de servicios, las cesantías, intereses a las cesantías y compensación de vacaciones, consagradas en los artículos 186, 253 y 306 del C.S.T. además de los excedentes de salarios dejados de pagar según las facturas allegadas al expediente, por aplicación del principio de la PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES. Lo que debió conducir a estimar las pretensiones de la demanda inicial, como se solicita en el presente recurso.

RÉPLICA

En su oposición, la sociedad C.I. Spataro Nápoli S.A. empezó señalando que el recurso de casación adolecía de defectos técnicos, comoquiera que los cargos primero y segundo hacían alusión a aspectos de índole fáctico, los cuales eran «[…] completamente extraños a la vía seleccionada para el ataque». Sobre el mismo aspecto técnico, precisó que el cargo tercero se basaba en una prueba no apta para estructurar un error de hecho manifiesto, como lo era el dictamen pericial y que el censor se había limitado a enumerar las pruebas consideradas como erróneamente apreciadas, «[…] sin demostrar en qué consistió el yerro del tribunal en su valoración».

De otro lado, apuntó que en todo caso, la conclusión a la que arribó el Ad quem fue acertada, dado que no se configuraron los elementos esenciales para poder predicar la existencia de un único contrato de trabajo entre las sociedades demandadas y el actor, desde el año 1991 hasta el año 2010. En tal sentido, precisó que no se había desconocido el principio de la primacía de la realidad previsto por el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, puesto que la relación entre la sociedad «HUMBERTO PLATA REPRESENTACIONES LTDA.» y las sociedades demandadas estuvo regida por una vinculación meramente mercantil, y además, una persona jurídica no «[…] puede ser considerada como trabajadora o sujeto de un contrato de trabajo».

Agregó que la imputación realizada por el casacionista fue meramente subjetiva. Al respecto, manifestó que no era cierto que hubiera existido despido, y menos que el mismo se hubiera dado sin justa causa. De este modo, afirmó que el juez plural realizó un análisis correcto del material probatorio, al concluir que la carta de terminación se había dado frente a la relación jurídica mercantil que sostuvieron las partes.

CONSIDERACIONES

En múltiples ocasiones la Sala ha explicado que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, ya que sus facultades, siempre y cuando la demanda cumpla con los requisitos de la ley procedimental, se limitan a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones, al dictarla, transgredió o no la ley sustancial de alcance nacional.

Para proceder a ese estudio, también se ha reiterado, la demanda de casación debe cumplir con las exigencias legales contenidas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y su desarrollo jurisprudencial, las cuales no pueden ser subsanadas de oficio, en razón del carácter dispositivo del recurso extraordinario.

De esta manera, resulta necesario que el recurrente, además de precisar lo que pretende una vez obtenga el quiebre del fallo acusado, indique la norma legal sustantiva de orden nacional que estime fue vulnerada y el concepto de la violación, es decir, si el tribunal incurrió en infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley; también debe explicitar si se denuncia la violación por la vía directa o indirecta de la ley, tornándose indispensable en este último evento, que se singularicen los protuberantes o evidentes errores de hecho en que incurrió el Tribunal, por apreciar indebidamente o dejar de valorar las pruebas, que también debe individualizar.

Bajo ese contexto, le asiste razón a la replicante en sus reparos de orden técnico frente a los cargos primero y segundo, porque cuando la acusación en el recurso extraordinario se orienta por la vía directa o de puro derecho, quedan por fuera de toda discusión los soportes fácticos del fallo controvertido. En incontables oportunidades esta Sala ha enseñado, como lo hizo recientemente en la sentencia CSJ SL767-2019, que:

Juzga conveniente la Corte rememorar lo adoctrinado por esta Sala en la decisión CSJ SL, del 15 de mar. 2011, rad. 43345, reiterada en la CSJ SL, del 8 de may. 2012, rad. 39186 en cuanto a que el recurso de casación propende por el imperio y preservación de la ley sustancial de alcance nacional, la cual puede ser infringida de dos formas por los falladores, (las llamadas «causales»): mediante la violación de aquella ley (causal 1ª), o, a través del desconocimiento del principio de la no reformatio in pejus (causal 2ª). Sin olvidar, desde luego la violación medio.

A su vez, el quebranto de la ley sustancial (o causal primera), puede darse a través de las vías directa o indirecta.

En la vía directa, se dijo en dicha providencia, el fallador vulnera la ley mediante tres posibilidades: La inaplica por ignorancia o rebeldía (infracción directa), la interpreta de manera equivocada (interpretación errónea), o la utiliza indebidamente (aplicación indebida). Doctrina y jurisprudencia han precisado los alcances de cada una de dichas expresiones.

La transgresión por la vía directa implica llegar a decisiones distanciadas de la ley sustancial de alcance nacional, por dislates exclusivamente jurídicos; lo que significa que, en dicho nivel, el juzgador obtiene una conclusión específica mediante la aplicación, inaplicación o interpretación de una determinada norma, quedando por fuera de su razonamiento todo lo relativo al haz probatorio del proceso o a aspectos netamente fácticos.

Por esa razón, argumentar que el Tribunal se equivocó al declarar la existencia del contrato de trabajo solamente frente a un lapso inferior al solicitado, sitúa la discusión en el terreno de lo fáctico y no de lo jurídico, pues se haría necesario confrontar las pretensiones de la demanda con las pruebas del proceso, para lograr establecer si en verdad los extremos de la relación correspondían a un espacio temporal superior al reconocido por el juez colegiado.

Además, no puede configurarse la «FALTA DE APLICACIÓN» denunciada en el cargo segundo, que propiamente sería la infracción directa de la ley, cuando frente a la norma denunciada, esto es, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, el Tribunal advirtió que «[…] no puede ser desconocido por el operador judicial al momento de analizar las evidencias que se aportan, así como aquellos vacíos probatorios que las partes no pudieron o no tuvieron interés de colmar, toda vez, que podría incurrir en una vía de hecho por falta de aplicación de la ley».

Se descarta también la interpretación errónea denunciada en el cargo primero, pues la hermenéutica del Tribunal frente al citado artículo quedó adecuadamente consignada en el siguiente aparte de su sentencia:

Cuando se discute la existencia del contrato de trabajo, como vínculo jurídico que une a dos sujetos de derecho, tanto la normatividad como la jurisprudencia laboral han prescrito que debe observarse dicha situación desde la presunción estipulada por el artículo 24 del C.S.T. Al respecto se explica, que el derecho del trabajo ha sido objeto de sustanciales reformas y transformaciones durante el transcurso del siglo XX, las cuales han generado que se diferencien aspectos fundamentales del derecho civil y comercial. Uno de estos cambios cardinales, introducido en Colombia por la Corte Suprema de Justicia de 1936, es el haber comprendido que el contrato laboral conlleva en su misma esencia una relación desigual, por ser el trabajador totalmente subordinado, y muchas veces dependiente, de quien lo emplea.

Por esta razón, la legislación laboral consideró necesario reconocer dicha desigualdad o desnivel, otorgándole ciertas prerrogativas al trabajador, con el fin de equilibrar la relación entre patrono y empleado. Entre estas ventajas se encuentra la prevista en el artículo en mención.

Adicionalmente, descartadas la infracción directa y la interpretación errónea del mencionado artículo, corresponde advertir que tampoco incurre el Tribunal en las infracciones que por vía directa le endilga la censura en estos cargos, frente a los artículos 23, 62, 63, 64, 65, 186, 249, 253 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto esas disposiciones fueron tenidas en cuenta, rectamente, para determinar el valor de los derechos laborales que fueron reconocidos al demandante, debido a la declaratoria de existencia del contrato de trabajo durante los extremos determinados por el juez colegiado.

Frente al artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo tampoco observa la Sala una interpretación errónea, ni mucho menos una «falta de aplicación», como lo denomina la censura, por cuanto el análisis efectuado por el Tribunal sobre esa norma, se acompasa a lo que de antaño tiene definido esta Corporación sobre el tema. Recuérdese que el Ad quem expresó:

En efecto, según el artículo 488 del C.S.T. en armonía con el 151 del C.P.T. y de la S.S., determinan que tanto los derechos laborales y sociales como las acciones que emanan del contrato de trabajo, fenecen en un lapso de tres (3) años contados a partir de su exigibilidad, lo que implica que corresponde al trabajador ejercer las acciones de cobro respectivas para evitar, que por la falta de ejercicio o inactividad, su derecho se extinga o lo que es lo mismo, se torne en una obligación natural, que no puede ejercerse por la vía judicial.

Teniendo como extremo final de la relación laboral el 31 de diciembre de 2010 (folio 1227) y habiéndose presentado la demanda el 31 de marzo de 2011, resulta evidente que todas las acreencias laborales anteriores al 31 de marzo de 2008 se encuentran cobijadas por el fenómeno prescriptivo, eso sí, sin incluir lo correspondiente por concepto de cesantías, prestación que se hace plenamente exigible al finalizar la relación laboral.

Así las cosas, resulta evidente que las dos primeras acusaciones, encauzadas por la vía directa, no pueden tener vocación de prosperidad, por cuanto el Tribunal resolvió el asunto puesto a su consideración a través del análisis de las pruebas documentales allegadas al proceso (folios 1374 y 1389), de las que concluyó que el demandante fue trabajador de la sociedad Spataro Nápoli S.A. entre el 16 y el 30 de enero de 2003, 16 y 30 de junio de 2003, 16 y 30 de julio de 2003, 16 y 30 de agosto de 2003, 16 y 30 de septiembre de 2003 y desde el 1° de octubre de 2003 hasta el 30 de abril de 2005, fechas en las que el actor estuvo afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral. Esa inferencia, producto de la recta aplicación del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, no fue adecuadamente controvertida por la censura en los dos primeros cargos.

En lo relacionado con el cargo tercero, propuesto por la vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida, debe la Sala recordar que conforme a lo previsto por el literal b) del numeral 5º) del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, corresponde al censor precisar los yerros de hecho en que incurrió el Tribunal y «[…] acreditar de manera razonada la equivocación en que ha incurrido la Colegiatura en el análisis y valoración de los medios de convicción, que lo lleva a dar por probado lo que no está demostrado, y a negarle evidencia o crédito a lo que en puridad de verdad está acreditado en los autos, lo que surge a raíz de la falta de apreciación o errónea valoración de la prueba calificada» (CSJ SL17123-2014, reiterada entre otras en AL4596-2018).

En otros términos, acusar la sentencia del juez colegiado por la vía indirecta implica que la parte recurrente precise los errores evidentes de hecho, señale de manera clara las pruebas que son admisibles en casación, demuestre de modo objetivo qué es lo que acreditan, así como el valor atribuido por el juzgador y la incidencia de éstas en las conclusiones del fallo impugnado, pues de no hacerlo la sentencia acusada conservará incólumes las presunciones de legalidad y acierto que la acompañan. No le basta a la censura con efectuar una serie de alegaciones subjetivas encaminadas a exponer el entendimiento que, a su juicio, ha debido tener el acervo probatorio allegado dentro del trámite procesal, sino que es necesario que las críticas sobre la valoración probatoria que efectuó el tribunal, sean objetivas y atendibles, estando encaminadas a evidenciar que el desacierto en que incurrió el juzgador era verdaderamente protuberante.

El anterior criterio ha sido mantenido pacífica y unánimemente por esta Corporación, tal como se constata, entre otras, en las sentencias CSJ SL1673-2018, CSJ SL3836-2018 y CSJ SL4220-2018. En la primera de las citadas, en efecto, se explicó:

3.- De otra parte, ambos cargos carecen del análisis razonado y crítico de los eventuales desaciertos, debidamente relacionados con las pruebas señaladas como mal valoradas o dejadas de apreciar, pues se limitó a referir en forma general que el Tribunal le confirió mayor importancia a la terminología utilizada en la demanda que a las pruebas adosadas, con las cuales «se acredita sin la menor hesitación la calidad de la relación laboral que unía al demandante con la demanda».

En tal medida, incumple la carga ineludible de individualizar con precisión las equivocaciones que habría cometido el juez plural en el terreno netamente fáctico, al examinar los medios de convicción recaudados en el curso del debate probatorio; explicar por qué dichas falencias tendrían las características de un error de hecho protuberante y manifiesto, e identificar los raciocinios que habrían propiciado un yerro de esa naturaleza, cuál habría sido su incidencia en la confección de la decisión confutada y cuál la recta inferencia de haberse efectuado una correcta valoración del material probatorio enlistado.

Descendiendo al sub lite, es cierto, como lo pone de presente la opositora, que dos de las cuatro pruebas denunciadas como indebidamente apreciadas por el Tribunal, no son calificadas en casación y su estudio sólo procedería en el evento en que previamente se acreditara el error de hecho protuberante con la prueba que sí lo es, que en este caso es «b) Facturación de servicios prestados por el demandante entre los años 1999 y 2009, obrantes a folios 1960 y subsiguientes del cuaderno principal» y «d) Certificado de existencia y representación de la sociedad HUMBERTO PLATA REPRESENTACIONES LTDA.».

Y es que, como tantas veces lo ha reiterado esta Sala, ni el dictamen pericial ni su adición, son pruebas admisibles en el recurso. En la sentencia CSJ SL261-2019, sobre el tema se señaló:

Frente a las demás pruebas que la recurrente denuncia como equivocadamente apreciadas y no valoradas, es decir, los testimonios y el dictamen pericial, respectivamente, debe reiterarse que tales medios de convicción no son prueba calificada en casación, pues de conformidad con el artículo 7.° de la Ley 16 de 1969, dicha connotación se predica solo del documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial. Así las cosas, no es posible estructurar los errores de hecho a que alude la censura con base en la errada apreciación de aquellas pruebas que no son calificadas en el ámbito del recurso extraordinario.

En consecuencia, si no se demostró un desacierto evidente en la valoración de los medios de prueba calificados, no le es dado a la Corte entrar a analizar los citados medios de convicción.

En la sustentación del cargo, el censor adujo que «Al expediente se allegaron los comprobantes de facturación de los servicios prestados por el demandante en favor de las demandadas desde el 1 de enero de 1991 hasta el 17 de junio de 2010», afirmación que además de contradictoria con la denunciada apreciación indebida de la prueba, en la que se afirmó que la facturación de servicios se produjo entre 1999 y 2009, no corresponde a la realidad, pues no se demostró en el plenario que el demandante hubiera prestado servicios a las demandadas antes de 1999, y lo que sí se acreditó con la certificación expedida por el ISS, visible a folios 1667 a 1673 del cuaderno 4 del expediente, es que prestó sus servicios a la empresa Grupo Moda Ltda., quien lo mantuvo afiliado a esa entidad entre el 6 de febrero de 1986 y el 14 de enero de 1996, poco antes de que el demandante se afiliara como trabajador de la empresa Humberto Plata Representaciones, lo cual aconteció el 18 de marzo de 1996.

Si a lo anterior se suma que la empresa Humberto Plata Representaciones Ltda. fue creada por el propio demandante, mediante escritura pública n.° 382 del 20 de febrero de 1996, luce completamente coherente que se haya desvinculado de su antiguo empleador Grupo Moda Ltda. y se haya inscrito como trabajador de la nueva sociedad por él constituida, a partir de marzo del mismo año. Esta sucesión de hechos, para la Sala, evidencia que no pudo el demandante ser constreñido por las demandadas a formar su propia empresa, con el ánimo de «disfrazar el contrato de trabajo», vínculo que para esa fecha era inexistente.

Del certificado de existencia y representación legal de la sociedad constituida por el demandante, que es la otra prueba denunciada por el censor, sólo importa precisar que ese documento no demuestra per se la intención de las demandadas de «disfrazar» un vínculo que, por lo que antes se explicó, para esa fecha no existía.

Se reitera, en este punto, que como no se demostró un desacierto evidente en la valoración de los medios de prueba calificados, no le es dado a la Corte entrar a analizar el dictamen pericial al que alude el censor.

No sobra insistir, frente a la decisión del colegiado de declarar la existencia del contrato de trabajo durante unos extremos diferentes a los consignados en la demanda introductoria, que con arreglo al artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, los jueces pueden privilegiar unas pruebas que para ellos ofrecen más convicción, sobre otras que no les resultan tan significativas en el marco del debate que están resolviendo, sin que ello implique una infracción legal sino el ejercicio de la facultad de libre formación del convencimiento, aspecto sobre el cual esta Corte ha recalcado lo siguiente (CSJ SL, 2 febrero 2006, radicado 27117):

[…] más que un yerro fáctico manifiesto o evidente por parte del Tribunal, lo que refleja es la inconformidad del censor con el convencimiento formado por el Juzgador luego del análisis de los elementos probatorios en su conjunto, y con el hecho de haber privilegiado unos sobre otros que en su sentir eran más creíbles.

Sin embargo, sobre esos parámetros no es posible edificar un desatino fáctico manifiesto en casación laboral, por cuanto el Juez del Trabajo goza en principio, por ministerio de la ley, artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de libertad probatoria para formar su convencimiento “inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes”.

Y la Corte mientras no encuentre la estructuración de un yerro fáctico manifiesto, debe respetar la apreciación razonable que de las pruebas hace el juzgador de instancia. Como en este caso no se demostró la existencia de un tal error, el cargo no puede prosperar.

En la sentencia CSJ SL3475-2018, también referida al principio de libre formación del convencimiento, esto manifestó la Sala:

Al respecto se ha de precisar que el juzgador de segundo grado, en ejercicio de la facultad de libre formación del convencimiento reconocida como regla general en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de Seguridad Social, puede apoyar su decisión en las pruebas le merezcan mayor credibilidad, en detrimento de otras cuyo contenido sea diferente, pero que le generen dudas respecto de lo que pretende demostrase. Todo ello siempre y cuando la decisión sea razonable y no desafíe los principios de la lógica y de la sana crítica que desvirtúen su legalidad.

[…]

Corresponde a los juzgadores de instancia la facultad de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley, y de allí que el mentado artículo 61 del Código Procesal Laboral les haya otorgado la facultad de apreciar libremente las pruebas, lo que hace que resulte inmodificable la valoración probatoria del Tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra la evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en el proceso.

Por eso, dada la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia acusada, la Corte, en tanto actúa como tribunal de casación, tiene el deber legal de considerar que el juez de segunda instancia, a quien, se repite, compete la función de establecer el supuesto fáctico al que debe aplicar la norma legal, cumplió con esa función y, por tanto, acertó en la determinación de los hechos relevantes del pleito, por no haber desvirtuado el recurrente esa presunción.

Así se ha dicho que el recurso de casación ‘no es una tercera instancia’ en donde libremente puedan discutirse las pruebas del proceso y donde sea dable extenderse en consideraciones subjetivas sobre lo que indican las pruebas, pues el análisis de la Corte se limita a los medios de prueba calificados legalmente, y ello, siempre y cuando, de cuya observación por el juzgador de la alzada sea posible concluir un error manifiesto, protuberante u ostensible.

A juicio de la Sala, las anteriores son razones suficientes para no darle prosperidad a la acusación.

Las costas del recurso extraordinario, por virtud de que la acusación no salió avante y hubo réplica, serán a cargo del demandante recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000) m/cte., que se incluirá en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013), por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por HUMBERTO PLATA ROA contra las sociedades C.I. SPATARO NÁPOLI S.A. y C.I. PIETRI S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL1770-2019 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.