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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1785-2018

Contrato realidad

Fecha
9 de mayo de 2018
Magistrado ponente
Rigoberto Echeverri Bueno
Citada por
62 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1785-2018

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Desde cuándo se cuenta el término de prescripción de los derechos laborales cuando la existencia del contrato de trabajo fue declarada judicialmente?

  2. ¿Es exigible frente al ISS la cesantía de una trabajadora que pasó a una Empresa Social del Estado sin solución de continuidad?

Reglas

  1. La declaración de existencia de un contrato de trabajo tiene efectos declarativos y no constitutivos, pues reconoce una realidad anterior a la providencia.

    «no puede tener efectos constitutivos sino declarativos, en la medida en que reconoce la existencia de una realidad anterior a la fecha de la providencia»
  2. Al juez del trabajo le corresponde verificar la fecha de exigibilidad de cada acreencia para aplicar la excepción de prescripción.

    «al juez del trabajo le corresponde verificar la fecha de exigibilidad de cada acreencia»
  3. El derecho a la cesantía solo se hace exigible a la fecha de terminación de la relación laboral, momento en el que el empleador debe pagarla.

    «el derecho a la cesantía solo se hace exigible a la fecha de terminación de la relación laboral, momento en el cual el empleador lo debe pagar directamente al trabajador»
  4. Al pasar del ISS a una Empresa Social del Estado sin solución de continuidad, no procede reclamar al ISS las acreencias exigibles a la terminación del vínculo, como las cesantías.

    «no hay lugar a reclamar frente al primero, como bien lo anota el recurrente, las acreencias laborales que son exigibles a la terminación del vínculo como lo son las cesantías»

Decisión

No casa la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá de 30 de noviembre de 2009. Aunque el cargo sobre el momento de exigibilidad de la cesantía prosperó en parte, no procedía el pago de la cesantía a cargo del ISS. Sin costas en el recurso de casación.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora ROCÍO VERGARA CASTILLO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Sin costas en el recurso de casación.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1785-2018

Magistrado ponente: Rigoberto Echeverri Bueno

9 de mayo de 2018

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

Magistrado ponente

SL1785-2018

Radicación n.° 45984

Acta 16

Bogotá, D. C., nueve (09) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la señora ROCÍO VERGARA CASTILLO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 30 de noviembre de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que promovió contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

ANTECEDENTES

La señora Rocío Vergara Castillo presentó demanda ordinaria laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales, con el fin de obtener que se declarara la existencia de una relación laboral vigente entre el 30 de junio de 1992 y el 30 de noviembre de 2003 y que, como consecuencia, se dispusiera el pago a su favor de primas, vacaciones, cesantía e intereses sobre la misma, indemnización por el no pago oportuno de salarios y prestaciones sociales, indemnización por no consignación de cesantía, indemnización de perjuicios, indemnización por despido injusto, compensación de aportes para el riesgo de pensión e indexación.

Para fundamentar sus súplicas, señaló que le había prestado sus servicios personales a la entidad demandada desde el 17 de junio de 1991, como supernumeraria, y, luego, a partir del año 1997, como contratista civil, en el cargo de médica; que siempre estuvo subordinada a las directrices de la institución y le pagaban una remuneración por sus servicios, de manera que no gozaba de independencia técnica o científica; que la relación laboral existente en la realidad fue ocultada a través de contratos de prestación de servicios, suscritos de mala fe por la demandada; y que nunca le pagaron las prestaciones sociales a las que tenía derecho.

La entidad convocada al proceso se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda. Expresó que los hechos no eran ciertos y aclaró que la demandante había estado vinculada por medio de contratos de prestación de servicios, regidos por la Ley 80 de 1993, debidamente suscritos y liquidados, de manera consciente y voluntaria. Propuso las excepciones de inexistencia de continuidad, de la relación laboral subordinada y de contrato de trabajo; cobro de lo no debido; inexistencia de las obligaciones; buena fe y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Tramitada la primera instancia, el Juzgado Cuarto Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá profirió fallo el 30 de septiembre de 2009, por medio del cual condenó a la entidad demandada al pago de $15.694.619, por concepto de cesantía, y $7.685.687, a título de vacaciones; la absolvió respecto de las demás pretensiones; y declaró parcialmente probada la excepción de prescripción.

Para tales efectos, encontró demostrada la existencia de la relación laboral defendida en la demanda, entre el 30 de junio de 1992 y el «30 de septiembre de 2003».

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver los recursos de apelación presentados por los apoderados de las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de la sentencia del 30 de noviembre de 2009, modificó la decisión emitida por el juzgador de primer grado y, en su lugar, condenó a la entidad demandada al pago de $6.118.408.33, por concepto de cesantía, y $3.146.610, a título de vacaciones, sumas que debían ser indexadas en el momento de su pago efectivo.

Para justificar su decisión, el Tribunal advirtió, en primer lugar, que debido a la interposición del recurso de apelación por los apoderados de las dos partes, ostentaba la competencia para «…dilucidar todos los aspectos del presente litigio…», de manera que le correspondía examinar la existencia del contrato de trabajo, así como la posible liquidación de prestaciones a que hubiera lugar, todo bajo el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.

En esa dirección, destacó que en este caso, desde el punto de vista formal, la vinculación de las partes había estado regida por contratos de prestación de servicios, regulado por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Sin embargo, agregó que, a partir de la prueba testimonial y documental, estaba claramente demostrado que la demandante estuvo sometida a subordinación, horarios y directrices provenientes de la institución demandada, además de que cumplía las mismas funciones de los demás trabajadores de planta, de manera que, en realidad, se debía asumir que la relación entre las partes estaba gobernada por un contrato de trabajo y que, por la naturaleza de la demandada, la actora tenía la condición de trabajadora oficial.

Frente a los extremos de la relación laboral, precisó que a lo largo de la vinculación de la demandante se habían presentado interrupciones significativas, «…entronizándose así la presencia de más de un contrato…», que impedía la declaratoria de una sola relación laboral, como lo había dispuesto el juzgador de primer grado. En ese sentido, aclaró que la duración del contrato de trabajo sería declarada entre el 5 de octubre de 2000 y el 30 de noviembre de 2003, que había sido el último lapso que no presentaba interrupciones significativas.

Con fundamento en lo anterior, procedió a verificar la liquidación de las prestaciones sociales adeudadas a la demandante, teniendo en cuenta como último salario la suma de $2.097.740.oo.

En cuanto al auxilio de cesantía, indicó que su liquidación procedía año a año, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 del Decreto 3118 de 1968, 6 del Decreto 1160 de 1947 y 13 de la Ley 344 de 1966, de manera que debía operar parcialmente la excepción de prescripción propuesta oportunamente por la demandada. En esos términos, subrayó que como la demandante había presentado la reclamación administrativa el 30 de marzo de 2004, solamente se hacía exigible la cesantía causada entre el 30 de marzo de 2001 y el 30 de noviembre de 2003, cuando se había terminado la relación laboral, teniendo en cuenta que la demanda se había radicado el 3 de febrero de 2006. Explicó que los demás valores se encontraban prescritos, «…pues contrario a lo señalado por el recurrente actor, tales obligaciones no se hacen exigible (sic) a la terminación del contrato de trabajo o su declaración judicial, pues su exigibilidad se sucede en la misma medida que se ejecuta el contrato de trabajo…» Como apoyo de su reflexión, reprodujo apartes de la decisión emitida por esta corporación CSJ SL, 23 may. 2001, rad. 15350.

Con las mismas previsiones atrás expuestas, consideró que debía operar parcialmente la excepción de prescripción respecto de las vacaciones, de manera que «…procederá únicamente el pago de las sumas adeudadas por este concepto de los últimos tres años, es decir de 1080 días, liquidadas con el último salario devengado por la demandante…»

Por otra parte, juzgó improcedente la condena por intereses a la cesantía y primas de servicio, por no estar contemplados esos rubros a favor de los trabajadores oficiales del Instituto de Seguros Sociales, igual que la indemnización por no consignación de cesantía, por estar establecida únicamente para los trabajadores particulares. Respecto de la indemnización moratoria, estimó que no era procedente, por haber actuado la institución demandada de buena fe.

RECURSO DE CASACIÓN

Fue interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverlo.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida y que, en sede de instancia proceda a:

[…] REVOCAR la decisión del juez de primer grado en lo atinente a que declaró parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada y la condena de segunda instancia, mediante la cual se accede al pago de cesantías y vacaciones, teniendo en cuenta solo lo correspondiente a los tres últimos años de la relación laboral y en su lugar se acceda a las suplicas (sic) de la demanda introductoria del proceso, en lo que se refiere a las pretensiones que buscan la condena al pago de auxilio de cesantías y vacaciones, causadas durante todo el tiempo en que se dio la relación de trabajo, esto es, sin aplicar la prescripción parcial o total y se ordene la actualización y la condena en costas a cargo de la parte pasiva.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación laboral, que fueron oportunamente replicados y que pasan a ser examinados por la Sala.

PRIMER CARGO

Se enuncia de la siguiente forma:

Me permito invocar como causal de casación contra la mencionada sentencia del Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral – la causal primera del artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral, por ser la sentencia violatoria en forma directa de la ley sustancial, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo, 151 del Código Procesal del Trabajo y 41 del Decreto 3135 de 1968.

En desarrollo de la acusación, el censor trascribe las razones que tuvo en cuenta el Tribunal para declarar parcialmente probada la excepción de prescripción respecto de la cesantía y las vacaciones, luego de lo cual las califica como desacertadas, en la medida en que el proceso estuvo encaminado a que se reconociera la existencia del contrato de trabajo y se «…tuvieran como fingidos…» los contratos de prestación de servicios, de forma tal que:

[…] estamos frente a un proceso donde se pretende una sentencia constitutiva, determinando la existencia de un contrato, donde aparentemente había otro, esto es lo que la jurisprudencia ha dado en llamar “contrato realidad”, la existencia del mismo surge a la vida jurídica una vez el juez reconoce su existencia.

Siendo así, mal puede pretenderse que las acciones se encuentren prescritas antes de que el contrato laboral cobre vida jurídica y cuando de hecho, el afectado no podía reclamar.

En apoyo de sus argumentos, cita apartes de dos decisiones del Consejo de Estado, que no identifica plenamente, y reitera que el Tribunal incurrió en un error al concebir que podía operar la excepción de prescripción antes de la declaratoria de existencia del contrato de trabajo.

Insiste en que la demandante no podía reclamar su cesantía y sus vacaciones sino hasta cuando la autoridad judicial declaró el contrato de trabajo, de manera que antes de dicha situación tales derechos no eran exigibles y no podían verse afectados por la prescripción, en los términos de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

SEGUNDO CARGO

Se estructura de la siguiente forma:

Me permito invocar como causal de casación contra la mencionada sentencia del Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral -, la causal primera del artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral, por ser la sentencia violatoria en forma directa de la ley sustancial, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 249 y 254 del Código Sustantivo del Trabajo, 99 de la ley 50, y 13 de la Le (sic) 344 de 1996; así como el artículo 13, su parágrafo tercero, de la Ley 6ª de 1945.

En desarrollo del cargo, el censor arguye que la prescripción parcial declarada por el Tribunal no se compadece con el hecho de que la institución empleadora no efectuaba la liquidación anual de la cesantía, porque administraba un contrato de prestación de servicios de manera aparente. Cita, en ese sentido, la sentencia emitida por esta corporación CSJ SL, 12 oct. 2004, rad. 23794, y reitera que cuando se ha declarado judicialmente la existencia del contrato de trabajo, no tiene sentido la prescripción parcial de la cesantía causada tres años antes de la presentación de la reclamación administrativa, ya que el trabajador no podía controvertir su monto o su consignación, pues a pesar de que estaban demostrados los elementos constitutivos del contrato de trabajo, «…la parte fuerte de la relación tercamente se sostiene en considerar que es otra figura jurídica la que se está dando en la relación…»

Por otra parte, reclama que al analizar detenidamente las normas incluidas dentro de la proposición jurídica se puede concluir fácilmente que el trabajador solo puede reclamar la cesantía cuando culmina la relación laboral y que:

Otra cosa bien diferente es que se deben liquidar y entregar a un tercero año a año, pero solo a la terminación del contrato de trabajo el beneficiario puede, libremente, disponer de ellas, así pues, no es sano, ni lógico, que se castigue a la parte más débil de la relación con la pérdida del derecho a reclamar cuando no le han sido entregadas, ni puede libremente disponer de tal dinero.

Recalca, nuevamente, que hasta que no se declara judicialmente el contrato de trabajo la cesantía no se hace exigible, pues el trabajador no puede disponer de ella, además de que no es admisible sostener que basta con que un empleador ponga en duda la existencia del contrato para que se le premie con la prescripción de los derechos del trabajador.

Insiste también en que la sentencia que declara la existencia del contrato de trabajo tiene un carácter constitutivo y, por ello, los derechos del trabajador no se hacen exigibles sino a partir de dicho momento, de manera que, en este caso, no podía hablarse de prescripción sobre un derecho que, en estricto sentido, no se había poseído, «…puesto que la posición que tenía la ahora reconocida empleada o trabajadora, no le permitía exigir la consignación o entrega de cesantías, ese derecho brotó cuando un juez aceptó que la realidad era distinta a la consignada en papeles y contratos.

RÉPLICA

Estima que los cargos incurren en el error de considerar que la sentencia que declara la existencia del contrato de trabajo tiene un carácter constitutivo, siendo que «…el fallo nunca constituye algo que no tuviera una existencia previa en la realidad…»

Agrega que en el primer cargo se acude inadecuadamente a la modalidad de aplicación indebida de los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 41 del Decreto 3135 de 1968, cuando esas son precisamente las normas que regulan la prescripción, tratándose de trabajadores oficiales, además de que en el segundo se invocan normas inaplicables, como los artículos 249 y 254 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990, que gobiernan con exclusividad a los trabajadores particulares.

Finalmente, alega que no es cierto que la cesantía se cause o se haga exigible a la finalización de la relación laboral, pues de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 se causa año por año.

CONSIDERACIONES

Los dos cargos se analizan de manera conjunta, en la medida en que se encaminan por la misma vía, abordan la misma temática y, en esencia, se apoyan en una igual argumentación.

Aunque es verdad que los dos cargos adolecen de algunas de las impropiedades técnicas destacadas por el opositor, como la de reivindicar la aplicación de normas que corresponden con exclusividad a las relaciones de trabajo de los servidores particulares, lo cierto es que de ellos emana una acusación clara y técnicamente estructurada contra las premisas jurídicas de la decisión del Tribunal, referida a la aplicación indebida de las normas que regulan la prescripción de los derechos laborales a los especiales casos en los que se declara la existencia de un contrato de trabajo, bajo el principio de primacía de la realidad, y al inadecuado entendimiento de las reglas relativas a la exigibilidad del derecho a la cesantía y, por esa vía, al cómputo del término para su prescripción.

En esencia, son dos las reflexiones que le presenta la censura a la Corte: i) que la sentencia que declara la existencia de un contrato de trabajo en la realidad, pese a la forma, tiene un carácter constitutivo y, por ello, solo a partir de su expedición los derechos laborales causados a favor del trabajador se hacen exigibles; ii) y que, en todo caso, el auxilio de cesantía se hace exigible a la finalización de la relación laboral, por lo que es a partir de allí que debe comenzar a contarse el término para su prescripción.

En torno al primero de los tópicos expuestos, esta sala de la Corte ha sostenido con suficiencia que «…la declaración de existencia de un contrato de trabajo, en casos como el presente, no puede tener efectos constitutivos sino declarativos, en la medida en que reconoce la existencia de una realidad anterior a la fecha de la providencia…» (CSJ SL, 16 dic. 2009, rad. 33784 y CSL SL13256-2015). Por lo mismo, la Corte ha sido enfática al definir que al juez del trabajo le corresponde verificar la fecha de exigibilidad de cada acreencia y, por consiguiente, la data en la que podía ser reclamada, conforme con la ley o el acto que la contemple, a efectos de aplicar la excepción de prescripción en cada caso.

En la sentencia CSJ SL3169-2014, reiterada en la CSJ SL13155-2016, se respondieron ampliamente los mismos argumentos que presenta hoy la censura, en los siguientes términos:

Con todo, interesa recordar que para la jurisprudencia de la Corte, los plazos de los términos prescriptivos empiezan a correr, como lo dice expresa, explícita e inequívocamente la ley, desde cuando las obligaciones se hacen exigibles (verbigracia, artículos 488 Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social) y la exigibilidad de las obligaciones se predica desde cuando estando sometidas a plazo o condición, acaece aquél o se cumple ésta, es decir, desde cuando sean puras y simples. Para ese efecto, basta traer a colación lo asentado por la Corte en sentencia de 14 de ago. de 2012, rad. 41.522, en los siguientes términos:

Los estatutos propios de los trabajadores oficiales, que consagran los derechos reclamados por la demandante, se encuentran establecidos entre otras normas, en el Decreto Ley 3135 de 1968 y en su reglamentario 1848 de 1969. Luego, la normativa pertinente en materia de prescripción, se halla en el artículo 41 del primero de los citados y en el 102 de su Decreto Reglamentario.

Las citadas normas, disponen:

«Artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, consagra:

‘Las acciones que emanan de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo del escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción pero solo por una lapso igual’.»

«Por su parte el artículo 102 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, enseña:

‘1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual’.

De manera que se equivocó el ad quem al dilucidar exclusivamente el asunto en litigio bajo la égida del artículo 488 del C.S.T., porque la verdad es que debió ventilarse a la luz de las disposiciones propias de los trabajadores oficiales, dislate que, no obstante, no tiene la entidad suficiente para quebrar la sentencia, en ese puntual aspecto, porque de todas maneras se arribaría a la misma conclusión del Tribunal, esto es, a la prescripción trienal de los derechos laborales en discusión.

Ahora bien, la precisión normativa precedente impone aclarar que también es acertado elucidar el asunto en los términos del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, porque tal y como lo explica la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la del Consejo de Estado, cuando esa disposición se refiere a la prescripción trienal de los derechos que emanen de las “leyes sociales”, debe entenderse que cobija también a los servidores públicos, pese a que su régimen laboral esté previsto en sus propios estatutos, porque esas leyes, - las sociales-, abarcan el tema laboral, sin importar el status de trabajador oficial o de empleado público.

En efecto, dijo la Corte Constitucional en la sentencia C- 745 del 6 de octubre de 1999, en referencia al artículo 4º del C.S.T. de cuyo contenido emana que las disposiciones contenidas en esa codificación no se aplican a los servidores públicos, concretamente en lo que al fenómeno de la prescripción corresponde, lo siguiente:

«(…) Sin embargo, ese razonamiento no es de recibo, como quiera que el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral expresamente señala el término de prescripción para ‘las acciones que emanen de las leyes sociales’. Así pues, las leyes sociales no sólo son aquellas que rigen relaciones entre particulares, sino que son las normas que regulan el tema laboral, por lo que es una denominación referida a la relación de subordinación entre patrono y trabajador y no a su status.

“En efecto, la interpretación que, en reiteradas oportunidades, ha realizado el Consejo de Estado, también sostiene que el término de prescripción para el cobro de salarios e indemnizaciones por accidentes de trabajo para los trabajadores al servicio del Estado es el que consagran los artículos 488 del CST, 151 del CPL y 41 del Decreto 3135 de 1968, esto es, un término de tres años para todos los casos, pues ‘la prescripción establecida en el citado artículo 151 [del Código de Procedimiento Laboral] se refiere a las acciones que emanen de las leyes sociales, en un sentido general, lo que quiere decir que comprende no sólo las acciones que se refieren a los trabajadores particulares sino también a los que amparan a los servidores oficiales».

Así pues que los derechos laborales de la demandante, dada su condición de trabajadora oficial del ISS, podrían verse afectados por el fenómeno de la prescripción trienal.

Sin embargo, tal afectación no se configuró porque conforme a la normativa antes trascrita, el término prescriptivo comienza a contabilizarse a “partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible”, esto es, desde el 31 de enero de 2000, data en la que concluyó el contrato de trabajo judicialmente declarado en las instancias, lo que en principio, permitiría inferir que el plazo para activar el aparato judicial venció el mismo día y mes de 2003. No obstante, ello no fue así, porque el término se interrumpió “por un lapso igual”, desde el 28 de enero de 2003, quedando facultada legalmente la demandante para impetrar la acción judicial dentro de los tres años siguientes, es decir hasta el 28 de enero de 2006.

En este orden de ideas, como quiera que la demanda, tal y como lo estableció el Colegiado, y no es objeto de discusión en sede de casación, se formuló el 3 de febrero de 2003, mucho antes de que venciera el “nuevo” lapso de tres años que consagran los artículos 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, 102 del Decreto 1848 de 1969 y 151 del C.P.L. y de la S.S., los derechos laborales de la accionante derivados del contrato realidad, que fueron reclamados en tiempo, tanto en vía administrativa como en la judicial, y por consiguiente no se encuentran prescritos.

A ello cabría agregar que por muy sugestiva que parezca la tesis que pregona un carácter ‘constitutivo’ a las sentencias que dirimen los conflictos del trabajo cuando quiera que, entre otros aspectos, resuelven sobre la naturaleza jurídico laboral del vínculo que ata a las partes, no explican a satisfacción, pues ni siquiera lo hacen con el aludido concepto de ‘sentencia constitutiva’, el por qué se generan derechos y obligaciones hacia el pasado de un status laboral que apenas vendría a ser ‘constituido’ mediante esa clase de sentencia, por ser sabido que esta tipología de providencias crea, extingue o modifica una determinada situación jurídica, esto es, genera una ‘innovación’ jurídica, es decir, una situación jurídica que antes no existía, produciendo así sus efectos ‘ex nunc’, o sea, hacia el futuro, pues es allí donde nacen, se extinguen o se modifican las obligaciones y derechos derivados de esa ‘nueva’ situación jurídica; en tanto, que las sentencias ‘declarativas’, como lo ha entendido la jurisprudencia, son las que reconocen un derecho o una situación jurídica que ya se tenía con antelación a la misma demanda, eliminando así cualquier incertidumbre acerca de su existencia, eficacia, forma, modo, etc., frente a quien debe soportar o cargo de quien se pueden exigir determinadas obligaciones o derechos derivados de la dicha situación o estado jurídico, por manera que, sus efectos devienen ‘ex tunc’, esto es, desde cuando aquella o aquel se generó. Tal el caso del estado jurídico de trabajador subordinado, por ser igualmente sabido que para estarse en presencia de un contrato de trabajo solamente se requiere que se junten los tres elementos esenciales que lo componen: prestación personal de servicios, subordinación jurídica y remuneración, de forma que, desde ese mismo momento dimanan, en virtud de la ley primeramente, y de la voluntad o la convención colectiva de trabajo, si a ello hay lugar, los derechos y obligaciones que le son propios.

Ahora bien, tampoco surge fácilmente explicable ante tan sugestiva tesis, cómo es que respecto de los derechos laborales de quien teniendo una relación subordinada de trabajo, pero simulada o desdibujada por la apariencia de otra clase de relación jurídica, los términos de prescripción empiezan a correr cuando queda en firme la sentencia que ‘constituye’ el estatus de verdadero trabajador subordinado; en tanto que, los términos de prescripción de los derechos laborales del trabajador subordinado que inicia y desarrolla su relación sin discusión alguna sobre la naturaleza jurídica de su vínculo, corren a partir de la exigibilidad de cada uno de ellos. En otros términos, cómo es que mientras el punto de partida del término prescriptivo de los derechos del trabajador regular se cuenta desde cuando se debe o se tiene que cumplir la respectiva obligación patronal, el del trabajador que labora bajo la apariencia de otra relación queda sujeto a la presentación de la demanda por parte de éste y al reconocimiento de su verdadero estatus de trabajador por sentencia judicial en firme. Lo deleznable del razonamiento que pretendiera dar respuesta a los anteriores interrogantes releva de comentario mayor a la debilidad del argumento de que las sentencias que ‘reconocen’ el contrato de trabajo como el que ‘en realidad’ se desarrolló y ejecutó entre las partes en litigio es de naturaleza ‘constitutiva’ y no meramente ‘declarativa’, como hasta ahora se ha asentado por la Corte.

Cosa distinta ocurre, debe aclararlo la Corte, cuando quiera que el mismo legislador del trabajo dispone que los términos prescriptivos de las acciones o los derechos se agotan en determinado tiempo contado, por ejemplo, a partir de la terminación del vínculo contractual, o partir del día en que la acción pudo ejercitarse (es el caso de salarios y prestaciones sociales), o a partir del día en que la prestación se hace imposible (vacaciones en caso de terminación del vínculo), o de que se tuvo conocimiento de un determinado hecho o comportamiento (sanciones disciplinarias al trabajador), casos todos ellos previstos en la legislación extranjera como en alguna ocasión lo ha referido en sentencia de tutela la Corte Constitucional, pero que, frente a las mencionadas disposiciones del ordenamiento jurídico interno no pueden tener la misma aplicación, dado que, sin equivocó alguno, en éste el ejercicio de la acción está atado, por regla general, a la exigibilidad del respectivo derecho. (Resalta la Sala).

En virtud de lo anterior, no es cierto que el término de prescripción de los derechos reclamados en la demanda debía comenzar a contarse a partir de la fecha de la emisión de la sentencia que reconoció la existencia del contrato de trabajo, como lo aduce la censura, sino que tenía que revisarse la fecha de causación y exigibilidad de cada acreencia que, en todo caso, tenía como límite la fecha de terminación del contrato.

En ese sentido, en este punto, el Tribunal no incurrió en los errores jurídicos que le achaca la censura.

En torno al segundo de los aspectos planteados sí le asiste plena razón a la censura, pues esta sala de la Corte ha adoctrinado, en procesos seguidos contra la misma institución aquí demandada, que el derecho a la cesantía solo se hace exigible a la fecha de terminación de la relación laboral, momento en el cual el empleador lo debe pagar directamente al trabajador. Esa orientación puede verse en las sentencias CSJ SL, 14 ag. 2012, rad. 41522, reiterada en CSJ SL8936-2015 y CSJ SL, 23 oct. 2012, rad. 41005, en la última de las cuales se adoctrinó:

El tema tiene que ver con el momento desde el cual debe empezarse a contar el término de prescripción del auxilio de cesantía, pues en sentir de la censura, debe tenerse en cuenta el momento de la terminación del contrato de trabajo y no otro anterior.

En dicha providencia, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que sin pasar por alto que la liquidación del auxilio de cesantía para los servidores públicos, por regla general, está regulada por los artículos 27 del Decreto 3118 de 1968 y 13 de la Ley 344 de 1996, en cuanto establecen un sistema similar al implementado por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debe advertirse que con respecto a la última norma citada y sus efectos frente a la prescripción del auxilio de cesantía, esta Sala ha fijado mayoritariamente su posición, en criterio que igualmente es aplicable al presente asunto, al considerar que la prescripción de dicha prestación se empieza a contar desde la terminación del contrato de trabajo, toda vez que es a partir de ese momento cuando el trabajador puede disponer libremente de su importe y, en consecuencia, es cuando efectivamente se hace exigible.

Así tuvo la Corporación la oportunidad de precisarlo en la sentencia del 24 de agosto de 2010, radicación 34393, en la que expresó:

“En efecto, el auxilio de cesantía es una prestación social y cualquiera que sea su objetivo o filosofía, su denominador común es el de que el trabajador solo puede disponer libremente de su importe cuando se termina el contrato de trabajo que lo liga con su empleador. Pues durante la vigencia de su vínculo, no puede acceder al mismo sino en casos especiales que están regulados por la ley, en los cuales se ejerce una de las tantas tutelas jurídicas a favor del subordinado, que procura que sea correcta la destinación de los pagos que por anticipos parciales de cesantía recibe como parte del fruto de su trabajo, acorde con las preceptivas de los artículos 249, 254, 255 y 256 del C. S. del T., 102 ordinales 2 - 3 y 104 inciso último de la Ley 50 de 1990, y artículo 4° de la Ley 1064 de 2006.

En cambio, cuando el contrato de trabajo finaliza, el trabajador puede disfrutar sin cortapisa alguna de dicha prestación, pues la obligación del empleador en ese momento es la de entregarla bien directamente a quien fue su servidor o a través de los fondos administradores según la teleología de la ley.

(…)

Así las cosas, se reitera nuevamente, que el sistema legal de liquidación del auxilio de cesantía actualmente vigente, no modificó la fecha de causación o de exigibilidad de la referida prestación social. Simplemente y desde luego de manera radical y funcional, cambió la forma de su liquidación, pero en lo demás, mantuvo la misma orientación tradicional en cuanto a que solo a la finalización del vínculo contractual laboral, el ex-trabajador debía recibirla y beneficiarse de ella como a bien lo tuviera sin las limitaciones exigidas en los casos en que durante la vigencia del contrato necesitara anticipos parciales o préstamos sobre el mismo”.

Así las cosas, al quedar en evidencia el desacierto jurídico del ad quem, el cargo resulta próspero”.

De manera que, trasladando los anteriores razonamientos al caso bajo examen, salta a la vista que el juzgador de segundo grado se equivocó al no tener presente que el término de prescripción de la cesantía comienza a contarse desde la terminación de la relación laboral y no antes.

Por lo anterior, el Tribunal incurrió en el error jurídico denunciado en el segundo cargo, al no tener en cuenta que en este caso la cesantía solo se hacía exigible a la fecha de terminación del contrato de trabajo y que, por ello, no se podía ver afectada por la prescripción parcial excepcionada por la demandada.

Ahora bien, a pesar de que el cargo resulta parcialmente fundado en este punto, no es posible acceder a la casación de la sentencia recurrida, como pasa a verse.

En efecto, en sede de casación constituye un supuesto indiscutido el hecho de que la señora Rocío Vergara Castillo estuvo vinculada a la entidad demandada entre el 5 de octubre de 2000 y el 30 de noviembre de 2003, pues así lo declaró el Tribunal y no lo controvirtieron las partes. A su vez, la demandante hacía parte de la Clínica Julio Sandoval Medina y prestaba sus servicios como médica general, como se afirma en la demanda y se demuestra en los diferentes contratos de prestación de servicios suscritos (cuadernos de anexos 1 y 2).

Así las cosas, debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 1750 de 2003, tras la escisión del Instituto de Seguros Sociales, a partir del 26 de junio de 2003 la Clínica Julio Sandoval Medina pasó a ser parte de la empresa social del Estado Policarpa Salavarrieta y, por esa vía, de acuerdo con lo estatuido en el artículo 17 de la misma norma, sus servidores quedaron automáticamente incorporados a la planta personal de la ESE, sin solución de continuidad, de manera que, para la fecha en la que operó la terminación del contrato, por la naturaleza de sus labores, la demandante ya era una empleada pública de la ESE y no una trabajadora oficial del Instituto de Seguros Sociales.

En ese sentido, en todo caso, no procedía el pago de la cesantía, que debía ser reclamada a la finalización de la relación laboral a la ESE Policarpa Salavarrieta y no a la institución demandada. Así lo ha concebido esta sala de la Corte en incontables decisiones en las que ha explicado que:

[…] el Decreto Ley 1750 de 2003 que dispuso la escisión del Instituto de Seguros Sociales y creó las Empresas Sociales del Estado para la atención de los servicios de salud que antes estaban a cargo de la entidad primeramente indicada, previó una situación especial para aquellas personas que si bien venían desempeñándose en el Instituto como trabajadores oficiales pasaron automáticamente a formar parte de las ESEs, recién conformadas, pero en calidad de empleados públicos.

Es evidente entonces, que el Decreto Ley 1750 creó una situación sui generis al prever el paso de dichos trabajadores oficiales a las Empresas Sociales del Estado como empleados públicos, sin solución de continuidad y que para todos los efectos legales se computaran los tiempos servidos a ambas entidades “sin solución de continuidad” como lo pregona el artículo 17 ibídem, protegiendo a estos servidores la estabilidad laboral, porque no se dio rompimiento de la relación no obstante haber cambiado la forma de vinculación a la administración. Esto significa que cuando se dá el paso del Instituto a las ESE’s, no hay lugar a reclamar frente al primero, como bien lo anota el recurrente, las acreencias laborales que son exigibles a la terminación del vínculo como lo son las cesantías, la indemnización moratoria, la indemnización por despido injusto, ni la compensación por las vacaciones, porque en estos casos la relación laboral no termina por expresa disposición legal. (Resalta la Sala) (CSJ SL, 13 mar. 2013, rad. 39753, reiterada en CSJ SL5772-2017, entre otras).

Por lo anterior, como ya se dijo, a pesar de que el reclamo del recurrente es parcialmente fundado, en instancia la Corte encontraría que no era procedente el pago de la cesantía pedida, de manera que se debe negar la casación de la sentencia recurrida.

Sin costas en el recurso de casación, en la medida en que el cargo resultó parcialmente fundado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora ROCÍO VERGARA CASTILLO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

FERNANDO CASTILLO CADENA

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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