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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1806-2019

Fecha
7 de mayo de 2019
Magistrado ponente
Omar de Jesus Restrepo Ochoa
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1806-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., dentro del proceso ordinario laboral seguido por ENRIQUE CALIXTO SALAS MAZA, en contra del FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA sucedido procesalmente por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP y la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Costas como se dijo en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1806-2019

Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa

7 de mayo de 2019

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL1806-2019

Radicación n.° 62656

Acta 015

Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Decide la sala el recurso de casación interpuesto por ENRIQUE CALIXTO SALAS MAZA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., el 27 de febrero de 2013, dentro del proceso que promovió en contra del FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA sucedido procesalmente por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP y la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

ANTECEDENTES

Enrique Calixto Salas Maza demandó al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pretendiendo, el ajuste del valor inicial de la mesada pensional reconocida, aplicando al salario promedio devengado al momento del retiro, el valor de la devaluación monetaria causada desde esta fecha hasta el día en que empezó a disfrutar de la pensión, y con las pautas establecidas en el art. 11 del Decreto 1748 de 1995 y en las sentencias de la Corte Constitucional CC T-098-2005 y T-425-2007, a partir del 11 de febrero de 1986, con los ajustes hacia el futuro; así como a elaborar el estudio actuarial de su pensión, para presentarlo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con el acto administrativo por medio del cual se reconozca su pago, debidamente indexada con el retroactivo de la misma; igualmente, para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, elabore el estudio actuarial de su pensión, desde el momento en que sea notificado del presente proceso, de manera que el pago de la indexación de su pensión sea inmediato a la sentencia final debidamente ejecutoriado, y las costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones, adujo que prestó sus servicios a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero a través de un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 23 de octubre de 1957 hasta el 28 de febrero de 1962, y desde el 28 de septiembre de 1962 hasta el 19 de mayo de 1981, es decir, durante 23 años; que el último salario devengado ascendía a la suma de $36.431,27, el cual equivalía a 6.3 salarios mínimos mensuales; que la Caja Agraria le reconoció pensión de jubilación por medio de la Resolución n.° 0099 del 12 de abril de 1989, en cuantía de $27.323,45; que el art. 9 del Decreto 2721 de 2008, impuso a cargo del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, el reconocimiento y la administración de las pensiones de los empleados de la Caja Agraria.

La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público al dar respuesta a la demanda, presentó oposición a las pretensiones. En lo que respecta a los hechos, aceptó la designación realizada por el Decreto 2721 de 2008, para que continuara con el reconocimiento y administración de la pensión de los empleados de la Caja Agraria.

Señaló que desconoce los demás, teniendo en cuenta que no fue empleadora del demandante.

En su defensa propuso las excepciones que denominó cosa juzgada, cobro de lo no debido, compensación, buena fe, prescripción y pago.

El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, al dar contestación a la demanda, presentó oposición a las pretensiones. En lo concerniente a los hechos, aceptó los servicios prestados por el demandante a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero; el último salario devengado por aquél; el reconocimiento de la pensión de jubilación, y el valor de la primera mesada pensional otorgada; y la designación realizada por el Decreto 2721 de 2008.

En su defensa formuló las excepciones que denominó cosa juzgada; inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; pago; inexistencia de morosidad; falta de causa; prescripción; compensación; buena fe; y no configuración del derecho al pago del IPC ni de indexación o reajuste alguno.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá D. C. mediante sentencia del 4 de octubre de 2012, declaró probada la excepción de cosa juzgada, absolvió a las demandadas de las pretensiones de la demanda, y condenó al demandante a pagar las costas del proceso.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de la parte actora, el proceso llegó a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., que por sentencia del 27 de febrero de 2013, confirmó la de primer grado.

El tribunal partió de que no fue objeto de discusión que el demandante promovió un proceso inicial contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, solicitando la reliquidación de la pensión, producto de la indexación de la primera mesada pensional, con los consecuentes reajustes.

Señaló que para la parte actora no existe cosa juzgada, porque la indexación no es de origen legal sino constitucional, y además, porque es obligación de los jueces acatar los precedentes judiciales, como el contenido en la sentencia de la Corte Constitucional SU-120-2003.

Indicó que en el presente evento se configuró la cosa juzgada, y su desconocimiento no puede darse por considerarse que una demanda si bien persigue las mismas pretensiones, las motivaciones son distintas de cara a la nueva orientación jurisprudencial que respecto al tema en debate se haya podido dar en forma posterior a la primigenia sentencia.

Se refirió a lo consagrado en el art. 332 del CPC, y agregó, que el operador jurídico no puede sustraerse de sus alcances so pretexto de una interpretación alusiva a las motivaciones expuestas por el demandante en su momento con ocasión del primer proceso, para en un segundo proceso, variar o modificar una decisión en firme, de cara a la nueva orientación jurisprudencial, ya que el límite de la cosa juzgada está dado por la identidad de objeto y de causa petendi.

Indicó que la cosa juzgada es una institución jurídica que dota a las decisiones que resuelven en definitiva el conflicto jurídico, de los atributos de ser inmutable, definitiva y coercible; y que la sentencia que resolvió el proceso instaurado por el demandante con anterioridad, constituye cosa juzgada, en tanto no se enlista en aquellas que no producen tales efectos, a las que se refiere el art. 333 del CPC.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente, que la corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia revoque la de primer grado, y en su lugar acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formuló un cargo, frente al cual se presentó réplica por parte de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

CARGO ÚNICO

Acusó la sentencia de violar por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea el art. 332 del CPC.

En el desarrollo del mismo expresó, que si bien los principios tutelares de la institución jurídica de la cosa juzgada son los establecidos en el art. 332 del CPC, corresponde a una inteligencia equivocada del tribunal, declarar que se encuentra probada la excepción, pues para que ella se configure se requiere coincidencia con las denominadas identidades procesales que demarcan los límites de la cosa juzgada, a saber, identidad de cosa pedida, identidad de razón e identidad de personas.

Señaló que el tribunal si bien acude a la norma jurídica que regula el asunto puesto a consideración, la interpreta de manera equivocada y errónea, pues su correcta interpretación conllevaba entender, no solo el objeto, el bien corporal o incorporal que se pidió y se pide hoy a la justicia, cual es efectivamente el reajuste y/o indexación de la primera mesada pensional, y la identidad de partes, sino la causa, el fundamento inmediato del derecho ejercido, es decir, los hechos jurídicos que sirven de fundamento a las pretensiones, la razón o la causa del pedimento de reconocimiento del bien jurídico tutelado, que para el proceso seguido ante el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá D. C., y el proceso actual, son distintos; si bien en uno y otro existe identidad jurídica de partes y aunque versan sobre el mismo objeto, el reconocimiento de la indexación, la causa en que se funda la presente acción no es la misma en la que se fundó la demanda anterior, ya que hoy en día la jurisprudencia constitucional ha planteado nuevas situaciones de hecho y de derecho respecto de la indexación de la primera mesada.

Afirmó que al interpretarse de manera equivocada el art. 332 del CPC, dándole un alcance tan superficial, sin que se buscara la identidad de causa y objeto en su raíz, en el conjunto y contenido de los hechos propuestos en cada demanda como generadores de situaciones concretas cuya protección se solicita, configura sin lugar a dudas una consecuencial infracción directa de los arts. 53 y 58 de la Constitución Nacional, lo que le hizo que la jurisdicción laboral efectuara un pronunciamiento que impidiera que determinadas situaciones aparentemente consolidadas en circunstancias distintas a las actuales, acarrearán un grave perjuicio a personas que constitucionalmente cuentan con un amparo especial, como son los pensionados, sin dársele aplicación a la ley sustancial mediante una adecuada aplicación de las normas que implican protección real y eficaz para quienes, debido al cambio en la legislación, pese al gran número de años al servicio de un empleador, se convierten en personas más vulnerables y susceptibles de ser agredidas y afectadas en sus derechos.

Transcribió apartes de lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia CC SU-120-2003.

Dijo que el colegiado incurrió en vía de hecho, porque transgredió de plano las sentencias de la Corte Constitucional CC T-183-2012, T-374-2012, T-1086-2012 y T-1073-2012, decisiones que si bien resuelven la procedencia o no de la primera mesada pensional, contienen directrices muy importantes en cuanto al fenómeno procesal de la cosa juzgada respecto de la materialización efectiva de un derecho, que resultan válidos para asuntos como el presente, en el cual se prioriza un aspecto netamente procesal respecto del aspecto sustancial.

Agregó que igualmente transgredió el tribunal, el art. 243 de la Constitución Política, porque las referidas sentencias de la Corte Constitucional, hicieron trámite a cosa juzgada constitucional, y son de obligatorio cumplimiento.

RÉPLICA

Aseguró la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que la casación no supone la reapertura del proceso, ni la determinación de cuál de las partes tiene la razón, sino, contrastar el fallo impugnado con la ley, y en el presente evento, el recurrente no cuestionó con verdaderos argumentos, como tampoco dirigió debidamente el ataque al fallo del juez de segunda instancia, tan solo realizó consideraciones subjetivas y críticas que se asimilan más a un alegato de instancia, contrario a lo previsto por el art. 91 del CPTSS; además, se formuló el cargo por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea, argumentando el recurrente, no estar de acuerdo con las decisiones tomadas, sin presentar frente al análisis de la normatividad una interpretación distinta.

CONSIDERACIONES

Por lo extraordinario del recurso de casación, se orienta a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el tribunal observó las preceptivas jurídicas que como parte del sistema normativo propio estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto, mantener el imperio e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos constitucionales de las partes. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se confrontan, directa o indirectamente, las normas pertinentes al caso y la sentencia, no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.

A fin de lograr que se cumpla la pluralidad de objetos del recurso extraordinario, la demanda de casación no puede plantearse aduciendo razones a lo sumo admisibles en un alegato de instancia, en el cual es posible argüirlas libremente, y es por eso que ella debe reunir no solo los requisitos meramente formales que permiten su admisión, sino que requiere de un planteamiento y desarrollo lógicos, que se muestren acordes con lo propuesto por quien hace valer el recurso, el cual, por la seriedad de los fines que persigue, exige que el recurrente cumpla cabalmente con la carga de demostrar la ilegalidad de la sentencia acusada.

Visto lo anterior, encuentra la sala, como lo advierte la opositora, que los cargos contienen deficiencias de tal magnitud, que hacen imposible su estudio, como se pasa a explicar:

1. En la proposición jurídica solo se denunció la infracción del art. 332 del CPC, cuando las normas procesales por sí solas, no son suficientes para integrar una proposición jurídica, hasta tanto sean complementadas con una disposición de orden sustancial, como ocurre cuando se plantea como violación de medio, que consiste en la trasgresión de una disposición procedimental como vehículo para arribar a la violación de la norma sustancial, lo cual en esta oportunidad no se acató, toda vez que a simple vista se evidencia que no hace relación a ninguna norma sustantiva violada a consecuencia de la trasgresión de la procesal, y como lo ha reiterado esta corporación, a más de indicar las normas procesales, tiene que denunciar las disposiciones sustanciales de orden nacional, de lo contrario no estará bien presentado un cargo, si sólo se integra con preceptos adjetivos.

Sobre el tema esta sala en sentencia CSJ SL16900-2017, expuso:

Desde sus inicios, en la casación laboral solo eran acusables los errores de juicio o in iudicando y no los errores de construcción o in procedendo; no obstante, se ha admitido jurisprudencialmente el que se acuse como violación medio el quebranto directo de normas procesales, como las que gobiernan el debido proceso y las ritualidades en la aducción de la prueba, cuando a través de las normas instrumentales se llegue a la violación de normas sustantivas; en tal caso, no estará completa la proposición jurídica, si no se invocan tanto la norma procesal como las sustanciales. Así las cosas, dado el defecto de técnica trascendental se hace imposible realizar su estudio.

La corte ha advertido con suficiencia, que el propósito del recurso extraordinario de casación es confrontar la sentencia impugnada con la ley, por las precisas causales establecidas por ésta, de manera que, por su naturaleza, cuando se hace uso de la causal primera, es imprescindible para el recurrente denunciar el quebranto de al menos una disposición sustantiva laboral de alcance nacional, que resulte trascendental para la definición de los derechos que se disputan en el proceso.

2. Se plantea el cargo por el submotivo de interpretación errónea del art. 332 del CPC, sin embargo, no se expresa en parte alguna, cuál es la intelección que debió darle a la norma el tribunal.

3. Pese a encauzarse el cargo por la vía directa, su sustentación se base en razones de índole fáctico, así se colige cuando al respecto expresa:

El Tribunal si bien acude a la norma jurídica que regula el asunto puesto en consideración, la interpreta de manera equivocada y errónea, pues su correcta interpretación conllevaba entender no solo el objeto, el bien corporal o incorporal que se pidió y se pide hoy a la justicia cual es efectivamente el reajuste y/o indexación de la primera mesada pensional y la identidad de partes, sino la causa, el fundamento inmediato del derecho ejercido, es decir los hechos jurídicos que sirven de fundamento a las pretensiones, la razón o causa del pedimento de reconocimiento del bien jurídico tutelado que para el proceso seguido ante el Juzgado Noveno laboral de este Circuito Judicial y el proceso actual son bien distintos si bien en uno y otro proceso existe identidad jurídica de partes y aunque versen sobre el mismo objeto, el reconocimiento de la indexación de la pensión, la causa en que se funda la presente acción no es la misma en la que se fundó la demanda anterior, ya que hoy en día la jurisprudencia Constitucional ha planteado nuevas situaciones de hecho y de derecho respecto de la indexación de la primera mesada.

Así, al interpretarse de manera equivocada el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil dándole un alcance tan superficial sin que se buscara la identidad de causa y objeto en su raíz, en el conjunto y contenido real de los hechos propuestos en cada demanda como generadores de situaciones concretas cuya protección se solicita, configura sin lugar a dudas una consecuencial infracción directa de los artículos 53 y 58 de la Constitución Nacional.

4. Si se entendiera que el cargo fue planteado por la vía indirecta, carece de sus elementos estructurales, en la medida, en que no cumplió el censor con los deberes que le competen al plantear los cuestionamientos por la senda de los hechos, ya que no se relacionaron los errores de hecho ni la prueba erróneamente apreciada o no valorada, ni mucho menos, en qué consistió la errónea estimación del juzgador, ni explicó cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad, y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Es decir, en el cargo debe quedar claro qué es lo que la prueba demuestra, cuál es el mérito que le reconoce la ley y cuál hubiese sido la decisión del juzgador si la hubiera apreciado (CSJ SL 15148, 23 mar. 2001).

Estos defectos resultan no sólo de la circunstancia de que así lo disponen los artículos 87 y 90 del CPTSS, sino porque lógicamente no habría forma de confrontar la conclusión que sobre los aspectos fácticos del proceso se formó el juzgador de segundo grado, y de los cuales discrepa el recurrente.

5. Se hace referencia a que el ad quem incurrió en vía de hecho; concepto ajeno al recurso extraordinario de casación, y propio del ámbito constitucional, tratándose de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, que se presenta cuando una decisión viola de forma flagrante y grosera la Constitución Nacional, y por tanto, al ser caprichosa y arbitraria, ya no se encuentra en el ámbito de lo jurídico, sino en el campo de la vía de hecho judicial.

6. Es oportuno señalar, que el recurso de casación no le otorga competencia a la corte para juzgar el pleito, a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, pues tal como lo ha expresado insistentemente esta sala, aquel no es una tercera instancia, por lo tanto, no es procedente presentarlo en forma de alegatos, toda vez que debe sujetarse a las mínimas formalidades previstas para su estimación y deben acreditarse con suficiencia los yerros que se imputan a la decisión; en similares términos se pronunció esta corporación en la sentencia CSJ SL12326-2017, con criterio que se acompasa a este asunto, oportunidad en que precisó:

Como lo ha expresado la Sala y se reitera, el recurso extraordinario de casación, no es una tercera instancia, ni admite argumentos en forma de alegatos de instancia; en sentencia CSJ SL4281-2017, se precisó:

Reitera, una vez más, la Corte que el recurso de casación no es una tercera instancia, en la que el impugnante puede exponer libremente las inconformidades en la forma que mejor considere.

Por el contrario, adoctrinado está que el recurrente debe ceñirse a las exigencias formales y de técnica, legales y jurisprudenciales, en procura de hacer procedente el estudio de fondo de las inconformidades, en la medida en que son los jueces de instancia los que tienen competencia para dirimir los conflictos entre las partes, asignando el derecho sustancial a quien demuestre estar asistido del mismo. Al juez de la casación, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario, satisfaga las exigencias previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, las cuales no constituyen un culto a la formalidad, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según los términos del artículo 29 de la Constitución Política.

Se ha dicho con profusión que, en esta sede, se enfrentan la sentencia gravada y la parte que aspira a su quiebre, bajo el derrotero que el impugnante trace a la Corte, dado el conocido carácter rogado y dispositivo de este especial medio de impugnación.

Ahora, si lo que pretende el recurrente, es demostrar que a raíz de la nueva interpretación jurisprudencial de la Corte Constitucional, es posible identificar una nueva causa, como lo manifestó en el desarrollo del cargo, sin explicar en qué sentido el mencionado cambio modifica la hermenéutica del fallo atacado, dicho argumento no es de recibo, en tanto la doctrina sentada por la Sala de Casación Laboral de esta corporación, ha sido pacífica en propugnar la defensa del principio de seguridad jurídica e inmutabilidad de las decisiones judiciales que hicieron tránsito a cosa juzgada, a pesar de los cambios jurisprudenciales. Así, en sentencia CSJ SL20464-2017, se expresó:

[…] Por último, debe destacarse que la circunstancia que en el primer proceso laboral se hubiera denegado la improcedencia de la indexación de la primera mesada de la pensión sanción que se condenó, con un criterio vigente para la época en que se profirió la decisión, que luego se revaluó, no hace perder los efectos de la cosa juzgada, ni afecta la intangibilidad de una sentencia judicial, tal como lo tiene adoctrinado esta Corporación en sentencia CSJ SL, 7 jul. 2009, que señaló:

[…]

No puede olvidarse, por otro lado, lo que la doctrina ha explicado con suficiencia, esto es, que la excepción de cosa juzgada constituye un impedimento para el estudio de fondo de un asunto por ya haber sido resuelto; en tanto que, la jurisprudencia del caso supone la posibilidad de examinar el fondo del asunto para poder establecer si ha de resolverse igual al que le precede, o si, por el contrario, se justifica dictar una decisión diferente. Y el mero cambio de jurisprudencia no habilita, en modo alguno, afectar la intangibilidad de una sentencia que ya ha definido el derecho debatido entre quienes fueron sus partes.

En sentencia de 12 de noviembre de 2008 (Radicación 34.929), respecto de idénticos argumentos a los aquí planteados por la recurrente, relativos a la indebida aplicación de las normas que gobiernan la institución procesal de la cosa juzgada, por cuanto en decir de la parte interesada deben aplicarse otras de rango constitucional que le permiten reabrir el debate judicial sobre la indexación de la primera mesada pensional que en un primer proceso le fue resuelta en forma adversa, la Corte desestimó tal pretensión en los siguientes términos:

“Ahora bien, lo que le reprocha la censura al Tribunal, en resumen, es el haberle dado preferencia a las normas procedimentales relacionadas con la cosa juzgada, sobre las sustantivas a que se refieren los derechos que aquí se reclaman.

“Desde esa perspectiva, en ningún error jurídico incurrió el sentenciador, toda vez que a los preceptos sustantivos ya se les había dado prelación en el primer proceso, del cual no se discute que la sentencia que puso fin a la litis, negó la pretensión de actualizar el ingreso base de liquidación de la pensión que le fue reconocida al actor, es decir resolvió de fondo una controversia jurídica, en esencia de estirpe legal.

“Valga agregar, que la razón de ser de la cosa juzgada está en la necesidad de ponerle fin a los conflictos, impedir su sucesivo replanteamiento por la parte desfavorecida y evitar así la incertidumbre en la vida jurídica. Ella tiene una función o eficacia negativa, como es la prohibición a los jueces para decidir sobre lo ya resuelto, esto es la inmutabilidad, y una función o eficacia positiva, como es la seguridad o definitividad que le otorga a las relaciones jurídicas sobre las que versa la decisión; no siendo entonces un efecto de la sentencia, sino la voluntad del Estado manifiesta en la ley que la regula.

“Todo proceso desde su inició está llamado a terminar, pues sobre las partes no puede mantenerse indefinidamente la expectativa en torno al sentido de la solución judicial a su conflicto, y en consecuencia hay un verdadero derecho constitucional fundamental a la sentencia en firme y por ende a la autoridad de la cosa juzgada, institución de derecho público y de orden público, como también lo son la acción, el derecho de contradicción y la jurisdicción, de los cuales es su resultado, que prohíbe resolver un mismo conflicto más de una vez y le impone al juez el deber de someterse a la presunción de certeza y legalidad de la primera sentencia.

Por lo expuesto, el cargo debe desestimarse.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente y a favor de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones de pesos m/l ($4.000.000), valor que se incluirá en la liquidación que haga el juez de primera instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., dentro del proceso ordinario laboral seguido por ENRIQUE CALIXTO SALAS MAZA, en contra del FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA sucedido procesalmente por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP y la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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