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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1809-2019

Fecha
30 de abril de 2019
Magistrado ponente
Omar de Jesus Restrepo Ochoa

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1809-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el trece (13) de febrero de dos mil trece (2013), en el proceso que instauró GUSTAVO RAMÍREZ VILLAMIZAR, contra CONSERVICIOS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN y la COMPAÑÍA MINERA CERRO TASAJERO SA. Sin costas, en sede extraordinaria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1809-2019

Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa

30 de abril de 2019

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL1809-2019

Radicación n.° 61189

Acta 014

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por GUSTAVO RAMÍREZ VILLAMIZAR, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 13 de febrero de 2013, en el proceso que instauró contra CONSERVICIOS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN y la COMPAÑÍA MINERA CERRO TASAJERO SA.

ANTECEDENTES

Gustavo Ramírez Villamizar llamó a juicio a las accionadas, con el fin de que se declarara: la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido con la Compañía Minera Cerro Tasajero SA.; la ineficacia e ilegalidad del contrato como trabajador en misión con Conservicios S.A.S. en Liquidación; que desarrolló una enfermedad profesional debido al accidente de trabajo acaecido en la ejecución del contrato laboral. En consecuencia, que fueran condenadas: al reintegro o reinstalación al cargo que desempeñaba, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, con el pago de los salarios y las prestaciones dejadas de percibir, más la indemnización correspondiente a 180 días de salario; a las sanciones previstas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST; al pago de los aportes a la seguridad social; los intereses moratorios; la indexación de las condenas y las costas procesales.

Fundamentó sus peticiones, en que prestó sus servicios a las demandadas desde el 16 de agosto de 2007, en el cargo de carretero en la mina propiedad de la Compañía Minera Cerro Tasajero SA, hasta el 26 de febrero de 2011; que siempre atendió las instrucciones y el horario impuesto por la empresa minera en turnos de 6 a.m. a 6 p.m. y de 6 p.m. a 6 a.m., con un salario de $750.000 mensuales, aunque el salario promedio de la liquidación de prestaciones fue de $826.793.

Aseguró que Conservicios S.A.S, fue una simple intermediaria utilizada por la minera para burlar las normas de la legislación laboral, especialmente el artículo 77 de la Ley 50 de 1990.

Expuso, que el 16 de junio de 2006 sufrió un accidente de trabajo que le produjo lesiones de lumbosiática, trauma de rodilla izquierda, disfunción eréctil, lumbalgia crónica, discopatía degenerativa, hiperlordosis lumbar, disminución de la altura del cuerpo vertebral, lesión hipertensa local, y como consecuencia de ello se encontraba incapacitado, sin reubicación y sin poder laborar debido a su discapacidad o invalidez.

Dijo, que fue valorado por la Junta de Calificación de Invalidez de Norte de Santander con pérdida de capacidad laboral originada en el accidente de trabajo, del 50.92%, estructurada el 16 de junio de 2006; que se encontraba pendiente el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; que estaba pendiente de la reubicación, pero el empleador le terminó el contrato; que dejó de percibir el pago por las incapacidades y tenía programada una intervención quirúrgica.

Sostuvo, que le solicitó a Conservicios S.A.S., le informara dónde le había consignado las cesantías de 2009, y el 22 de febrero de 2010 le respondió que, en Protección S.A., por valor de $688.793, o sea deficitariamente en $137.891, pues el salario promedio de la liquidación de prestaciones fue de $826.793.

Afirmó, que Conservicios S.A.S., no cumplió con la obligación de pagarle los intereses a las cesantías; que las vacaciones correspondientes a los periodos comprendidos entre el 16 de agosto de 2007 al 16 de agosto de 2009, le fueron concedidas pese a estar incapacitado, lo cual era ilegal.

Indicó, que debió acudir a la acción de tutela ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta y obtuvo la protección a sus derechos fundamentales, especialmente el pago de las incapacidades y la prestación de los servicios médicos

Al dar respuesta a la demanda, la Compañía Minera Cerro Tasajero SA, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dijo que no eran ciertos o no le constaban porque el demandante nunca prestó servicios como trabajador en misión para esa empresa.

En su defensa propuso las excepciones de inexistencia del demandado para la época que señala la demanda como inicio de la relación laboral, y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante fallo del 12 de junio 2012, declaró que entre el demandante y la empresa Conservicios S.A.S. en Liquidación, existió una relación laboral desde el 16 de agosto de 2007, hasta el 26 de febrero de 2011 y la condenó a pagar a favor del demandante la suma de $4.960.105,20, por concepto de la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; y, por concepto de la no consignación de las cesantías a un fondo: $15.563,33 diarios a partir del 16 de febrero de 2009, hasta su cancelación; $17.166,67 diarios, a partir del 16 de febrero de 2010, hasta su cancelación; y $17.790 diarios, a partir del 16 de febrero de 2011, hasta su cancelación. La absolvió de las demás pretensiones formuladas en su contra.

Absolvió a la Compañía Minera Cerro Tasajero SA, de las pretensiones incoadas en su contra.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante sentencia del 13 de febrero de 2013, confirmó la decisión.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró (registro de audio) que debía resolver dos problemas expuestos en el recurso de apelación: (i) si existió contrato de trabajo realidad entre Gustavo Ramírez Villamizar y la Compañía Minera Cerro Tasajero SA, a terminó indefinido, en forma ininterrumpida, durante los extremos temporales afirmados en la demanda; (ii) de proceder lo anterior, si había lugar a imponer las mismas condenas establecidas por el juzgado, a cargo de la empresa minera.

Procedió con el análisis de la prueba testimonial, conformada por la declaración de Jorge Alfredo García y Javier de Jesús Vásquez, convocados a instancias del demandante y descalificados por la accionada, respecto de los cuales dijo que, si bien no procedía la tacha, lo cierto era que no merecían credibilidad por la inexactitud de sus versiones: el señor García no supo decir en qué época o fechas conoció al actor y afirmó que se enteró de oídas, del accidente de trabajo; y el señor Vásquez, porque solo se vinculó en junio de 2008 e ignoraba lo que había sucedido antes, además de que sostuvo que la relación terminó en marzo de 2011 cuando en verdad culminó el 26 de febrero de ese año y, de otro lado, señaló que quien se beneficiaba de los servicios del accionante era Conservicios S.A.S.

Luego escrutó el interrogatorio de Juan Manuel Molina Herrera, representante de la Compañía Minera Cerro Tasajero SA, quien puso de presente que ellos adquirieron el negocio en noviembre de 2006, por enajenación del Grupo Minero Internacional y que en ningún momento requirieron los servicios del actor como trabajador en misión.

Advirtió, que en ese contexto el trabajador había incumplido con la carga de la prueba consistente en demostrar la prestación personal del servicio a la Compañía Minera Cerro Tasajero SA, y que en tal medida no se estableció la presunción de contrato laboral, así como la inversión de la carga de la prueba hacia la compañía minera, tal como lo tenía sentado la jurisprudencia en sede de casación laboral.

Refirió, que el informe del accidente de trabajo (f.° 25 a 27) daba cuenta de que la empleadora era Conservicios S.A.S.; igualmente, que mediante oficios que obraban a folios 85 y 86, la empresa minera había dejado constancia de que no había solicitado que el señor Ramírez Villamizar fuera enviado como trabajador en misión.

Cuestionó la validez probatoria de la liquidación definitiva de prestaciones, donde se expresaba que el demandante era trabajador en misión de Conservicios S.A.S. y aparecía como usuaria la Compañía Minera Cerro Tasajero SA; sostuvo que no reunía los requisitos de los artículos 252, 269, 276 y 289 del CPC, aplicables en el proceso laboral por remisión del artículo 145 del CPTSS, ya que no existía certeza de que ese documento fuera firmado o que proviniera de la empresa minera; no fue aceptado expresa ni tácitamente por dicha accionada, y no permitía inferir que dicha información demostrara el contrato realidad impetrado, hasta el punto de determinar la ineficacia del contrato laboral de servicios en misión.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, «[…] se revoque parcialmente la decisión del juez de primer grado y en su reemplazo se concedan las pretensiones incoadas con la demanda primigenia»

Con tal propósito formuló seis cargos, por la causal primera de casación, que no fueron replicados y se resolverán conjuntamente puesto que buscan un propósito común e invocan normas similares.

CARGO PRIMERO

Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial:

[…] por vía directa, en la modalidad de infracción directa y apreciación errónea, por no aplicar una norma a un hecho existente.

Desconoce lo conceptuado por el MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL EN SU MOMENTO HOY ministerio del trabajo, y compañía seguros del estado, en la cual se describe y establece que el señor GUSTAVO RAMIREZ VILLAMIZAR, no es un trabajador en misión y que no es empleado de la denominada CON-SERVICIOS S.A., sino por el contrario del GRUPO MINERO INTERNACIONAL S.A. y posteriormente de la COMPAÑÍA MINERA CERRO TASAJERO S.A., ya que dicha compañía entró a reemplazar al grupo minero internacional para la explotación y producción de carbón en la Mina CERRO TASAJERO, en la cual, se accidentó el trabajador demandante prestando sus servicios a favor de las citadas.

Se desconoce por la administración de justicia, que el señor GUSTAVO RAMIREZ VILLAMIZAR, no tenía a la fecha del retiro ni seis (6) meses, ni mucho menos de doce (12), por lo que no era trabajador en MISION, como lo concedieran las sentencias impugnadas.

El fallador no se pronuncia a las peticiones de declarar INEFICAZ E ILEGAL la contratación como trabajador en misión que hizo CON-SERVICIOS S.A.S. en LIQUIDACION, por lo que debe condenarse a la demandada COMPAÑÍA MINERA CERRO TASAJERO S.A., quien, a su vez, había sido cedida y reemplazado al GRUPO MINERO INTERNACIONAL, anterior empresa que explotaba la citada mina donde se accidentó el trabajador y que supuestamente era la beneficiaria de los servicios prestados por el demandante.

En la demostración del cargo, reprodujo textualmente el Decreto 4369 de 2006, «Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales y se dictan otras disposiciones», en sus artículos 2, 6, 8, 10, y 11, para señalar que, un trabajador contratado por medio de una agencia temporal en un mismo cargo, en una misma empresa, «[…] que ha superado el año en ese estado, su relación laboral se convierte en contrato a término indefinido con la usuaria, donde la empresa usuaria pasa a ser la empleadora directa del trabajador, como es el caso que nos ocupa».

Transcribió el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, el artículo 13, parágrafo del Decreto 24 de 1988; argumentó que, cuando se contrataba en casos distintos para los cuales se permitía la vinculación de trabajadores en misión pretermitiendo el plazo máximo señalado en estos preceptos, se considera la contratación como fraudulenta; aludió a la sentencia CSJ SL 9435 de 1997; afirmó que la interpretación correcta debía aplicar el principio de la primacía de la realidad establecida en el artículo 53 de la CN, precepto que también abogaba por la protección a la estabilidad en el empleo respecto de todos los trabajadores, en especial de los sujetos con discapacidad, tal como lo había ratificado las sentencias CC-531-2000, T-595-2002, C-983-2002, C-065-2003, C-401-2003.

Señaló que, en su caso particular, su condición de discapacitado estaba regulada por Ley 361 de 1997, artículo 26; citó apartes de la sentencia CSJ SL 25713, 6 dic. 2006, sobre la imposición de la condena por la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Relató, que la empresa de servicios temporales, demandada «[…] tenía una significativa contratación con un gran sector productivo en el departamento y que las actividades desarrolladas y desenvolvimiento contractual para el suministro de personal en misión en nada tenía que ver, con las disposiciones legales que la reglamentaban»; que se confabuló con la empresa usuaria demandada para disfrazar la contratación y ocultar una relación laboral de manera fraudulenta; por consiguiente, se debía declarar como verdadero empleador a la empresa Compañía Minera Cerro Tasajero SA.

CARGO SEGUNDO

Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 22, 23 y 24 del CST; 71 y 77 de la Ley 50 de 1990, e interpretación errónea del artículo 7, aparte A del Decreto 2351 de 1965, modificatorio de los artículos 62 y 63, literal A, del CST.

En la demostración del cargo, censuró al tribunal por no advertir que en el caso sometido a su consideración resultaba imperioso acudir a los principios rectores del derecho laboral, en especial el «in dubio pro operario» y la «primacía de la realidad», antes de absolver a los demandados.

Adujo, que se desconoció que «[…] las documentales arrimadas por ellos, dan fe explícita de su relación con la mina y no hacen además, esfuerzo alguno por repulsar el hecho del accidente, el sitio de ocurrencia y la fecha del mismo»; que estaba probada la enfermedad producto de sus funciones laborales, con alta pérdida de su capacidad laboral, con relación directa y responsabilidad efectiva la demandada.

Argumentó, que en el análisis jurídico del caso era perfectamente dable hallar los elementos esenciales del contrato de trabajo desde la óptica del empleador, sin importar la cadena de intermediarios, delegados o la estructura jerárquica en la explotación de la mina; que ello era suficiente para derivar la presunción legal del artículo 24 del CST, y el traslado de la carga de la prueba al empresario minero. Afirmó que el tribunal desconoció que el Grupo Minero Internacional fue liquidado y reemplazado por la Compañía Minera Cerro Tasajero SA, usuaria del servicio.

Reiteró, que su desvinculación se produjo encontrándose incapacitado y reubicado por enfermedad laboral, sin autorización del Ministerio de la Protección Social, tal como lo regulaba la Ley 361 de 1997, en su artículo 26. Así mimo, que la Ley 776 de 2002, en sus artículos 4 y 8, expresaba la obligación del empleador de reintegrarlo y reubicarlo; además, que al culminar la relación no le fueron entregados los documentos relacionados en el parágrafo 1 del numeral 2 del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, por lo que la terminación del contrato de trabajo había quedado sin efectos.

Admitió que se encontraba pensionado por invalidez desde agosto de 2007, pero que antes de ello estuvo a la merced de los vecinos y padeció de hambre, junto con su familia, porque no tenía ingresos; insistió, que no se encontraba en el expediente que la parte demandada hubiera hecho el pago de las prestaciones como tampoco que hubiera realizado las consignaciones de las cesantías en el respectivo Fondo, por lo cual, la demandada debía ser condenada al pago de las mismas, y a la sanción respectiva por la no consignación anual.

CARGO TERCERO

Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 22, 23 y 24 del CST, «[…] al apreciar y valorar las pruebas en la forma en que lo hizo el Juez y luego el Tribunal, se nota sin dubitación alguna, ligereza en el análisis y una precaria fundamentación que explique el porqué de la absolución».

En la demostración, adujo que las conclusiones no correspondían a la hermenéutica aplicable a su especial situación; que, por el contrario, fueron despreciadas las pruebas testimoniales de quienes en forma desprevenida declararon sobre lo que les constaba, dada sus vivencias directas, que a pesar de su precaria formación intelectual esbozaron acerca del acontecimiento sin acudir a prevención alguna.

Sostuvo, que en la decisión se dejó de apreciar «[…] el testimonio esgrimido en la diligencia de interrogatorio por los demandados, cuyas declaraciones son claras en confirmar los hechos y las reclamaciones solicitadas por el actor»; insistió, que la apreciación correcta de las pruebas permitía arribar a una conclusión diferente, es decir, que ella laboraba para la demandada, que no lo hacía por cuenta propia, y que se desconocieron sus derechos y garantías laborales.

Iteró, que el empleador conocía su enfermedad, las patologías sufridas a consecuencia del accidente de trabajo, y su limitación física; además, que se le había dado orden de reubicarlo y, a la postre, no la cumplió; expresó, que los médicos tratantes le otorgaron muchos días de incapacidad y que desde la fecha del accidente nunca más pudo volver a laborar o desarrollar alguna actividad, circunstancia esta que fue desconocida en el marco de la protección especial que le brindaba la Ley 361 de 1997.

De otra parte, dijo que el despacho se abstuvo de condenar al empleador a reconocer el valor en dinero de las dotaciones causadas a su favor durante la vigencia de la relación laboral, las cuales no le fueron entregadas; que desconoció «[…] el Juez de primera instancia las pruebas obrantes en el expediente en relación a las valoraciones del trabajador, las incapacidades, los reportes y conceptos médicos, y no fue reubicado».

Imploró la aplicación de los principios de «[…] primacía de la realidad, confianza legítima, seguridad jurídica, y estabilidad laboral reforzada», puesto que estaba demostrado que existió una relación laboral, que sufrió accidente de trabajo en las instalaciones de la beneficiaria del servicio, «[…] que era la empresa GRUPO MINERO INTERNACIONAL que fue liquidado y luego la empresa que lo reemplazó que no es otra que la COMPAÑÍA MINERA CERRO TASAJERO S.A.».

Puntualizó, que discrepaba de la valoración probatoria, de la sustentación del fallo recurrido que hizo el «Juez de instancia» y de lo resuelto en la sentencia porque no se ajustaba a la realidad procesal y a las pruebas obrantes en el expediente.

CARGO CUARTO

Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, de los artículos 64, 65, 216, 127 y 128 del CST, subrogados, en su orden, el primero por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 y los dos últimos por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990; y 26 de La ley 361 de 1997, «[…] basándose para ello en una equivocada apreciación de las pruebas, a las que no se dio la valoración pertinente, pues si en verdad las consideraba endebles o insuficientes, tampoco acudió a las pruebas de oficio para acrecentar la certeza del razonamiento».

En la demostración del cargo, arguyó que el tribunal se equivocó al concluir que no operó la presunción de contrato de trabajo a su favor, «[…] como para considerar que la terminación de su contrato haya obedecido al estado de limitación física que él ha ha referido en su demanda». Por el contrario, recalcó que sí había lugar a la inversión de la carga de la prueba porque el día en que se dio por terminada la relación laboral la accionada tenía conocimiento de su limitación o discapacidad en los términos del artículo 26 de Ley 361 de 1997 y el artículo 7 del Decreto 2463 de 2001 para los efectos del artículo 5 de la Ley 361 de 1997, por cuya razón su contrato de trabajo debería considerarse vigente, «[…] lo cual lo habilita para exigir el reintegro al cargo por el desempeñado cuando se produjo tal despido», independiente de que su contrato fuera a término fijo, puesto que la sentencia CC C-531-2000.

Consideró, que el Tribunal interpretó erróneamente el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, pues si bien que en cada caso debe determinarse si el empleador obró de buena fe, no tuvo en cuenta que la jurisprudencia ha sido clara al decir que el recto entendimiento y la correcta aplicación de la norma «[…] depende de la duda justificada acerca de la existencia de la obligación patronal, ora por discutirse la del contrato mismo, fuente de los derechos reclamados, igualmente por desconocerse sin malicia o temeridad la prestación consiguiente».

Finalmente, expresó que:

[…] la violación indirecta de la norma acusada provino de los errores evidentes de hecho que cometió el juzgador.

No haber dado por probado, estándolo, que la demandada obró con malicia y con temeridad.

La infracción legal provino de la apreciación errónea de los documentos que registra el contrato de trabajo y de la falta de apreciación de los testimonios recaudados.

Se considera desacertada la interpretación que hizo el Tribunal e indebida la aplicación del artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo, está sola circunstancia no sería suficiente para concluir que hubo un mal proceder de la accionada.

Es de señalar que el contrato en verdad resulta ineficaz, que permite colegir necesariamente que existió un mal proceder del empleador y que, por ello, debe estimarse y calificarse su conducta exenta de buena fe, y de recordar que, según la jurisprudencia, para que se libere de la sanción moratoria, al empleador le basta demostrar que su renuencia a pagar una determinada acreencia laboral tuvo un fundamento plausible, que su conducta no obedeció a temeridad suya y que obró sin malicia.

Con la interpretación del Tribunal, constituye una evidente mala apreciación del contrato de trabajo que celebraron los hoy litigantes. El afán protectivo del Derecho Laboral no puede llegar a desconocer el estado de salud del trabajador y los derechos del ámbito legal y constitucional del mismo, conforme está textualmente dicho en la sentencia, hay mala apreciación de los testimonios y de las pruebas obrantes en el expediente

Si el Tribunal hubiera apreciado bien el contrato de trabajo en cuanto a los elementos constitutivos, y no hubiera dejado de apreciar los testimonios, habría forzosamente tenido que concluir conforme a la ley, y no debe quedar liberada de la sanción establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

CARGO QUINTO

Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 10 y 12 del Decreto 1295 de 1994; 12 de la Ley 6 a de 1945; 63, 1603, 1604 y 2349 del CC; 50, 60 y 61 del CPTSS; 174, 176, 177 y 305 del CPC; 29 y 53 de la CN, «[…] basándose para ello en una equivocada apreciación de las pruebas, a las que no se dio la valoración pertinente, pues si en verdad las consideraba endebles o insuficientes, tampoco acudió a las pruebas de oficio para acrecentarla certeza del razonamiento».

Asignó, como errores de hecho:

Dar por demostrado, sin estarlo, que no existe accidente de trabajo.

Dar por demostrado, sin estarlo, que no existe 'la responsabilidad subjetiva en cabeza de la parte demandada' en el accidente de trabajo y las consecuencias que generó el mismo en el trabajador.

Dar por demostrado, sin estarlo, que se le proporcionaron al trabajador los medios y elementos adecuados de protección.

Dar por demostrado, sin estarlo, que la terminación de la relación laboral, correspondió a una causa legal.

Dar por demostrado, sin estarlo, que no existe relación entre la limitación del trabajador y la causa de la terminación del contrato de trabajo.

Señaló, que fueron indebidamente valorados: «La demanda y su respuesta, el reporte del accidente de trabajo, el interrogatorio de parte practicado a los demandados, el contrato de trabajo y los testimonios recaudados».

En la demostración del cargo, se introdujo en el campo de la «culpa patronal» por accidente de trabajo establecida en los artículos 216 del CST y 12 de la Ley 6a de 1945, en consonancia con el artículo 63 del CC; luego, acusó al empleador por no haber conjurado, en el ámbito del trabajo, los factores de riesgo que ocasionaron el accidente laboral.

CARGO SEXTO

Acusó la sentencia de ser violatoria dela ley sustancial, por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 53 de la CN, 26 de la Ley 361 de 1997; 5, 7 y 34 del Decreto Ley 1295 de 1994; 1, 2, 3 y 6 de la Ley 776 de 2002; 70 y 80 del Decreto 806 de 1998; 40 del Decreto 1406 de 1999, «[…] basándose para ello en una equivocada apreciación de las pruebas, a las que no se dio la valoración pertinente, pues si en verdad las consideraba endebles o insuficientes, tampoco acudió a las pruebas de oficio para acrecentar la certeza del razonamiento».

En la demostración, arguyó que la parte demandada incumplió e interrumpió de manera unilateral, inconstitucional, ilegal e injusta el contrato de trabajo, ya que lo despidió sin el previo cumplimiento de las formalidades; que vulneró las normas asistenciales que le cubrían el pago de las incapacidades y demás prestaciones económicas por riegos profesionales, con miras a la protección del mínimo vital y móvil, la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos en las relaciones laborales, el derecho a gozar de la seguridad social y, el derecho a tener una estabilidad en el empleo.

CONSIDERACIONES

La Sala comienza por advertir, que la demanda de casación debe cumplir con las reglas adjetivas de técnica que su planteamiento y demostración requieren, que de no acatarse puede conducir a que el recurso extraordinario resulte infructuoso; además, como en numerosas ocasiones lo ha dicho esta corporación, este medio de impugnación no le otorga competencia a la corte para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que su labor se contrae a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el Juez de apelaciones, al dictarla, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para dirimir el conflicto. En tal sentido, en sentencia CSJ SL9427-2017, se señaló

De tiempo atrás esta Sala viene sosteniendo que quien acude al recurso extraordinario de casación debe cumplir con el mínimo de exigencias formales de carácter legal y jurisprudencial, a fin de permitir su examen de fondo por parte de esta Corporación, toda vez que la estructura del ordenamiento jurídico colombiano otorga a los jueces de instancia la misión de definir la controversia sometida por las partes, determinando a cuál de ellas le asiste la razón jurídica y fáctica, mientras que a esta Corporación se le asigna la función de verificar estrictamente la legalidad de la decisión de segunda instancia.

De esta manera, el respeto a las exigencias formales derivadas del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y de la jurisprudencia inveterada de esta Corporación en materia del recurso extraordinario de casación no constituye de ninguna manera un mero culto a la forma, sino que hace parte esencial de la garantía del derecho fundamental al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Carta Política de 1991, dentro del cual se encuentra la denominada plenitud de las formas propias de cada juicio, sin la cual no se puede predicar el equilibrio de quienes participan dentro del proceso judicial.

Visto lo anterior, encuentra la Sala que el escrito contentivo de la demanda de casación presenta deficiencias técnicas que comprometen la prosperidad de los cargos formulados, y que no es factible subsanar de oficio en virtud del carácter dispositivo del recurso extraordinario, tal como en seguida pasa a detallarse:

1.- Todos los cargos se plantearon por la vía directa o de puro derecho. Desde este plano es inadmisible cuestionar las conclusiones fácticas de la sentencia del tribunal, específicamente: (i) que el trabajador no demostró la prestación personal del servicio a la Compañía Minera Cerro Tasajero SA, y que en tal medida no se estableció la presunción de contrato laboral; (ii) que el informe del accidente de trabajo daba cuenta de que la empleadora era Conservicios S.A.S.; (iii) que mediante oficios que obraban a folios 85 y 86, la empresa minera había dejado constancia de que no había solicitado que el señor Ramírez Villamizar fuera enviado como trabajador en misión; (iv) que no tenía validez probatoria la liquidación definitiva de prestaciones, donde se expresaba que el demandante era trabajador en misión de Conservicios S.A.S. y aparecía como usuaria la Compañía Minera Cerro Tasajero SA, puesto que no reunía los requisitos de los artículos 252, 269, 276 y 289 del CPC, aplicables en el proceso laboral por remisión del 145 del CPTSS, ya que no existía certeza de que ese documento fuera firmado o que proviniera de la empresa minera; no fue aceptado expresa ni tácitamente por dicha accionada, y no permitía inferir el contrato realidad impetrado, hasta el punto de determinar la ineficacia del contrato de trabajo en misión.

2.- Todos los cargos presentan «mezcla de vías», en el sentido de que se proponen por la senda de puro derecho, pero en la demostración se debaten aspectos probatorios. Ello es improcedente, como se expuso en sentencia CSL SL16025-2017:

[…] En efecto, cuando se acude a la vía directa, la sustentación de la demanda de casación debe ser estrictamente jurídica, en la medida que se parte de la plena conformidad de la recurrente con las conclusiones fácticas y probatorias a las que arribó el Tribunal. En ese asunto, al involucrar temas fácticos, la censura hace una mixtura de las vías directa e indirecta de violación de la ley sustancial, las cuales son excluyentes, por razón de que la primera lleva a un error jurídico, mientras que la segunda, conduce a la existencia de uno o varios yerros fácticos, por lo que su análisis debe ser diferente y su formulación por separado.

Incluso, en el escenario de imaginar que el recurrente se equivocó involuntariamente al escoger la vía de ataque porque lo que quiso abordar fue la indirecta, también sería técnicamente infructuosa pues en todos los embates se erigió la modalidad de «interpretación errónea», que únicamente ocurre por la vía de puro derecho, puesto que la equivocada hermenéutica de una norma es del todo ajena a la comprensión que para un caso particular les dé el juez a los hechos del proceso y a las pruebas que sirven para acreditarlos.

En ese orden de ideas, la vía indirecta sería infructuosa habida cuenta que se dejaron libre de cuestionamiento algunas conclusiones fácticas del tribunal, tales como que mediante oficios que obraban a folios 85 y 86, la empresa minera había dejado constancia de que no había solicitado que el señor Ramírez Villamizar fuera enviado como trabajador en misión; y que no tenía validez probatoria la liquidación definitiva de prestaciones, donde se expresaba que el demandante era trabajador en misión de Conservicios S.A.S. y aparecía como usuaria la Compañía Minera Cerro Tasajero SA, puesto que no reunía los requisitos de los artículos 252, 269, 276 y 289 del CPC, aplicables en el proceso laboral por remisión del 145 del CPTSS. A propósito de las «acusaciones exiguas» dijo ésta Sala en sentencia CSJ SL12298-2017, lo siguiente:

Debe recordarse que las acusaciones exiguas o parciales son insuficientes para quebrar una sentencia en el ámbito de la casación del trabajo y de la seguridad social, por cuanto dejan subsistiendo sus fundamentos sustanciales y, por tanto, nada consigue el censor si se ocupa de combatir razones distintas a las aducidas por el juzgador o cuando no ataca todos los pilares, porque, en tal caso, así tenga razón en la critica que formula, la decisión sigue soportada en las inferencias que dejó libres de ataque. Lo anterior conlleva a que con independencia del acierto del recurrente y de que la Sala comparta o no sus deducciones, se mantenga la decisión de segundo grado.

3.- En algunos embates se controvierten los testimonios valorados por el juez colegiado, lo cual adolece de técnica, de un lado porque es una cuestión fáctica y, de otro, porque en atención a lo señalado por el artículo 7° de la Ley 16 de 1969, los únicos medios de prueba que cuentan con aptitud para estructurar un yerro fáctico ostensible, son la confesión judicial, el documento auténtico y la inspección judicial. Solo cuando se demuestra la comisión de un desacierto probatorio protuberante con uno de estos medios de convicción, se abre la posibilidad de analizar aquellos que no son calificados, en procura de verificar si fueron o no debidamente valorados, lo

Cual en este caso no ocurre.

4.- El recurrente imploró la aplicación de los principios de «[…] primacía de la realidad, confianza legítima, seguridad jurídica, y estabilidad laboral reforzada», puesto que el tribunal no comprendió que laboró para la empresa Grupo Minero Internacional que fue liquidada y reemplazada por la Compañía Minera Cerro Tasajero SA.

A juicio de la Sala ese argumento se exhibe como un «hecho nuevo» o «medio nuevo en casación», en la medida que el tema de la «sustitución patronal» no fue materia del contradictorio. En consecuencia, no es posible abordar su estudio so pena de desconocer el debido proceso - derecho de defensa de la parte contraria, y, en gracia de discusión, si el a quo no se pronunció al respecto en uso de las facultades extra y ultra petita, ya no era factible implorarlo en segunda instancia donde esa prerrogativa le está vedada al juez colegiado.

Importa acotar, con las sentencias CSJ SL16794-2015 y CSJ SL3210-2016, que los principios constitucionales cumplen un rol interpretativo e integrador en los eventos de insuficiencia normativa y para resolver los casos difíciles o no regulados; sin embargo, las falencias que se vienen destacando desde la técnica del recurso de casación no pueden ser suplidas con el prurito de los axiomas invocados de la Carta.

5.- La proposición jurídica del cargo quinto, por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 10 y 12 del Decreto 1295 de 1994, pretende debatir probatoriamente el accidente de trabajo y sus secuelas, aspecto que no procede por la senda jurídica; de otro lado, en la demostración se plantea un «hecho nuevo» en casación, cual es, la «culpa patronal» establecida en los artículos 216 del CST y 12 de la Ley 6a de 1945, en consonancia con el artículo 63 del CC. Este tópico no hizo parte de la controversia ni de las decisiones de instancia. Por tanto, no cumple con las exigencias del literal a) del numeral 5 del artículo 90 ibídem, de indicar «El precepto legal sustantivo, de orden nacional, que se estime violado», al cual cabe agregar que, «[…] constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violado».

6.- Excepto en el cargo quinto, en los demás, se acusó al tribunal de no fijar el alcance idóneo del 26 de la Ley 361 de 1997, en cuanto que, al estar demostrado «[…] que la parte demandada incumplió e interrumpió de manera unilateral, inconstitucional, ilegal e injusta el contrato de trabajo», lo despidió sin el permiso o autorización previa del Ministerio de la Protección Social, razón por la cual emergía el reintegro.

Tras escuchar el registro de audio contentivo de la sentencia de primera instancia, en la parte correspondiente a la sustentación del recurso de apelación, la sala observa que el problema planteado en los cargos no fue materia de impugnación pues la alzada se concretó en insistir que el verdadero empleador era la minera Cerro Tasajero, como cesionaria del «Grupo Minero Internacional» y que el demandante no era un trabajador en misión.

Resulta pertinente reiterar, con las sentencias CSJ SL14527-2014, SL4541-2017, y SL4285-2017, que la Corte no tiene competencia para pronunciarse sobre temas no incluidos en el recurso de apelación pues «[…] Constituye una nueva alegación que pone de presente el recurrente en sede extraordinaria –dada su omisión en el recurso de apelación- lo cual es inadmisible».

Si eventualmente la parte actora consideraba que el Tribunal dejó de pronunciarse sobre un punto que fue objeto de apelación, debió solicitar la adición o complementación de la sentencia, conforme a lo previsto en el artículo 311 del CPC, en los términos vigentes para la época de los hechos, aplicable por remisión analógica del artículo 145 del CPTSS.

7.- En el ámbito netamente jurídico, el ataque a la supuesta interpretación errónea que el juez plural le dio al artículo 77 de la Ley 50 de 1990 relacionado con el uso indebido de la contratación con empresas de servicios temporales. No obstante, si se tiene en cuenta que la conclusión fáctica del tribunal consistente en que el actor no demostró la prestación personal del servicio a la Compañía Minera Cerro Tasajero SA, quedó incólume debido a la senda de puro derecho escogida por el recurrente, a más de las distintas falencias técnicas anotadas en precedencia, impiden a la sala abordar el estudio de fondo sobre este tópico en particular.

8.- Es oportuno llamar la atención acerca del «extenso memorial» (44 folios) que contiene la demanda de casación, en contravía de la brevedad y concreción de los argumentos. En efecto, la censura se explaya inapropiadamente en sus consideraciones, al punto que esbozó innecesariamente 6 cargos, cada uno integrado con una proposición jurídica en la cual se citan disposiciones desconectadas temáticamente las unas con las otras y se presenta una argumentación circular, repetitiva, repleta de enunciados sobreentendidos y elementos que en nada contribuyen a la calidad del debate jurídico. Sobre el particular, en sentencia CSJ SL2509-2017, reiteró la sala:

Consiente de esta necesidad de racionalizar el discurso jurídico, el legislador consagró en el artículo 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social el deber del recurrente de «plantear sucintamente su demanda», lo que, en armonía con lo previsto en el artículo 90 ibídem, impone el deber al casacionista de presentar una demanda respaldada con argumentos concisos y claros, compatibles con la completa comprensión de las razones expuestas y los cometidos de eficacia que exige la casación del trabajo.

Los recurrentes efectivamente traducen su acusación en una justificación de los motivos por los cuales su pretensión debería prosperar, olvidando que la sede casacional no es una tercera instancia […].

Las anteriores son razones suficientes para indicar que los cargos no prosperan.

Sin costas en el recurso extraordinario, porque no hubo réplica.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el trece (13) de febrero de dos mil trece (2013), en el proceso que instauró GUSTAVO RAMÍREZ VILLAMIZAR, contra CONSERVICIOS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN y la COMPAÑÍA MINERA CERRO TASAJERO SA.

Sin costas, en sede extraordinaria.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

SALVÓ VOTO

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL1809-2019

Radicación n.° 61189

Acta 014

Conforme lo expuse en la sesión donde fue objeto de debate la sentencia que origina este salvamento de voto, con todo respeto por la posición mayoritaria, considero que si bien la demanda de casación contiene todas las falencias advertidas en la sentencia, lo cierto es que el deber de interpretar la demanda facultaba a la Corte para examinar el fondo del asunto.

Así, habría advertido la Sala que las pruebas adosadas y practicadas en el juicio daban cuenta de que, en la realidad, Conservicios S.A.S. actuó como una simple intermediaria, y que el verdadero empleador fue la Compañía Minera Cerro Tasajero S.A., razón por la cual esta debía ser condenada a pagar solidariamente las mismas acreencias laborales por las cuales fue condenada la primera.

En estos breves términos planteo mi disenso.

Fecha ut supra,

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado

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