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Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › 2018 › SL1817-2018

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1817-2018

Reajuste de pensión convencional

Fecha
16 de mayo de 2018
Magistrado ponente
Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Citada por
28 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1817-2018

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Proceden los reajustes pensionales convencionales bajo la Ley 4 de 1976 para las mesadas inferiores al límite legal?

  2. ¿Se causan intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 sobre reajustes de pensiones convencionales?

  3. ¿Prescriben los reajustes causados más de tres años antes de la demanda?

Reglas

  1. El reajuste mínimo de la Ley 4 de 1976 se aplica a las pensiones que no superen cinco veces el salario mínimo legal más alto.

    «En ningún caso el reajuste de que trata este artículo será inferior al 15% de la respectiva mesada pensional»
  2. Los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 no proceden respecto de pensiones convencionales ajenas al Sistema General de Pensiones.

    «por tratarse de pensiones convencionales, esto es, que no pertenecen al Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, aquellos no son procedentes»
  3. Las sumas adeudadas por reajustes pensionales se indexan hasta su pago efectivo para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

    «se impondrá el pago de la indexación de las sumas adeudadas hasta tanto se haga efectivo su pago»
  4. El término trienal de prescripción excluye los reajustes causados más de tres años antes de la presentación de la demanda si no hubo interrupción.

    «se declarará parcialmente probada respecto de los reajustes causados con anterioridad al 12 de septiembre de 2002»

Decisión

En sede de instancia, revocó parcialmente la absolución y condenó a pagar reajustes e indexación a seis demandantes, declaró prescritos los anteriores al 12 de septiembre de 2002 y confirmó lo demás.

Parte resolutiva

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y como Tribunal de instancia, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 12 de mayo de 2009 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta, en cuanto absolvió de los reajustes pensionales de Armando Valencia Rodríguez Cantillo, Antonio Cantillo Labarcés, Alberto Manuel Pertuz Sánchez, Álvaro Paneflek De la Rosa, Alfredo Rodríguez Samper y Benjamín Ferreira Cervantes y de la indexación de las sumas adeudadas. SEGUNDO: CONDENAR a la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP. - ELECTRICARIBE S.A. ESP., a pagar a cada uno de los demandantes, por concepto de reajustes pensionales insolutos causados hasta el 30 de marzo de 2018, sin perjuicio de los que se llegaren a causar, junto con la indexación de tales valores a esa misma calenda, y la que se genere a la fecha de su pago efectivo, las sumas que a continuación se relacionan, a favor de: 1. Armando Valencia Rodríguez, la suma de noventa y cinco millones novecientos sesenta y un mil novecientos setenta y un pesos ($95.961.971) m/cte. 2. Antonio Cantillo Labarcés, la suma de doscientos noventa y seis millones ochocientos sesenta y ocho mil doscientos veinte pesos ($296.868.220) m/cte. 3. Alberto Manuel Pertuz Sánchez, la suma de doscientos treinta millones cuatrocientos mil sesenta y dos pesos ($230.400.062) m/cte. 4. Álvaro Paneflek De la Rosa, la suma de trescientos veinticinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta pesos ($325.848.830) m/cte. 5. Alfredo Rodríguez Samper, la suma de doscientos nueve millones setecientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y siete pesos ($209.739.477) m/cte. 6. Benjamín Ferreira Cervantes, la suma de doscientos noventa y siete millones veintidós mil sesenta y cuatro pesos ($297.022.064) m/cte. TERCERO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción de los reajustes pensionales causados con anterioridad al 12 de septiembre de 2002. CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia. QUINTO: Costas como se indicó en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1817-2018

Magistrado ponente: Clara Cecilia Dueñas Quevedo

16 de mayo de 2018

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada ponente

SL1817-2018

Radicación n. 46547

Fallo de Instancia

Acta 17

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

Procede la Corte a proferir el fallo de instancia en el proceso ordinario laboral que ARMANDO VALENCIA RODRÍGUEZ, ANTONIO CANTILLO LABARCÉS, ALBERTO MANUEL PERTUZ SÁNCHEZ, ÁLVARO PANEFLEK DE LA ROSA, ADALBERTO TONCEL PAREJA, ALFREDO RODRÍGUEZ SAMPER y BENJAMÍN FERREIRA CERVANTES adelantan contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP -ELECTRICARIBE S.A. ESP, trámite dentro del cual fue llamada en garantía la ELECTRIFICADORA DEL MAGDALENA S.A. ESP.

ANTECEDENTES

Mediante sentencia SL4426-2017 emitida el 22 de marzo de dicha anualidad, esta Colegiatura al abordar el estudio del recurso de casación que interpuso la parte actora, resolvió casar la decisión proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el 12 de noviembre de 2009, que había confirmado la decisión absolutoria del juzgado.

El reajuste pretendido por los demandantes se refiere a las mesadas pensionales causadas desde el año 2000, de conformidad con lo ordenado en la Ley 4.ª de 1976 y en el artículo 8.º de la convención colectiva de trabajo de 1985, así como al pago de los intereses moratorios y la indexación de las sumas adeudadas.

La empresa demandada se opuso a las pretensiones anteriores, tras estimar que la reliquidación pretendida era improcedente porque la citada ley fue derogada por las Leyes 71 de 1988 y 100 de 1993.

Para mejor proveer, se dispuso que por Secretaría se oficiara a la entidad demandada, para que dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del oficio, certificara el monto de la pensión de cada uno de los demandantes a partir del año 2000 y hasta la fecha, información que se allegó al proceso por la empresa llamada a juicio y por su apoderado, de manera que están dadas las condiciones necesarias para proferir la correspondiente decisión de instancia.

CONSIDERACIONES

No fue materia de controversia entre las partes que los accionantes eran beneficiarios de la convención colectiva de trabajo, en particular de la firmada en 1985, cuya cláusula 8.ª dispone (f.° 27):

OCTAVA. LEY 4 DE 1976: La empresa ELECTRIFICADORA DEL MAGDALENA S.A. seguirá reconociendo a sus pensionados todos los derechos contemplados en la Ley 4 de 1976.

Por su parte, el parágrafo 3.° del artículo 1°. de la Ley 4.ª de 1976, establece:

En ningún caso el reajuste de que trata este artículo será inferior al 15% de la respectiva mesada pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de cinco veces el salario mensual legal más alto.

Conforme a la prueba documental requerida en la sentencia de casación, obrante a folios 75 a 80 y 86, para el año 2000, todos los demandantes tenían la condición de pensionados a cargo de la Electrificadora del Magdalena que fue sustituida por la demandada y, además, para ese año, las prestaciones no superaba el monto establecido en la Ley 4.ª de 1976, es decir, cinco (5) veces el salario mínimo legal más alto -$1.300.500-.

Lo anterior, salvo en el caso de Adalberto Enrique Toncel Pareja, cuyo mesada pensional para tal anualidad ascendía a la suma de $1.517.529, esto es, superaba el monto máximo fijado por la norma para ser acreedor del reajuste deprecado, en consecuencia, respecto de dicho demandante la Sala ratificará la decisión absolutoria del a quo.

Aunado, la Sala confirmará el fallo de primer grado en cuanto absolvió del pago de los intereses moratorios pretendidos, en razón a que por tratarse de pensiones convencionales, esto es, que no pertenecen al Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, aquellos no son procedentes, pues de la lectura del artículo 141 ibidem así se colige, a fuerza de que se trata de reajustes pensionales, mas no de mora en el reconocimiento o pago de las mesadas.

Ese ha sido el criterio mayoritario de esta Sala, y así, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL, 16 jul. 2014, rad. 41187, se dijo:

La Corte se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la improcedencia de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 ante situaciones idénticas a la presente en donde se trata de pensiones reconocidas sin sujeción a su normatividad. Así lo ha definido, entre otras, en sentencias de 1º de sep. de 2009, rad. 37045; 24 de mar. de 2010 rad.42603; 25 de jul. de 2012, rad. 50029 y 30 de en. de 2013, rad. 39662, última en la cual se dijo por la Corte:

“No habrá lugar al pago de los intereses moratorios pretendidos en la demanda, pues conforme a la jurisprudencia de la Corte éstos (sic) sólo (sic) proceden respecto de pensiones concebidas por el Sistema General de Pensiones del Sistema General Integral de Seguridad Social previsto por la Ley 100 de 1993, y como es sabido la pensión de que aquí se trata es la establecida en la Ley 33 de 1985.

“En efecto, en sentencia de 28 de noviembre de 2002 (Radicación 18.273), señaló la Corte “que no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-601 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado artículo 141, para la Corte esa disposición solamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de Seguridad Social y que sean reconocidas con fundamento en la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, respecto de una pensión que no se ajusta a los citados presupuestos”.

No obstante, se impondrá el pago de la indexación de las sumas adeudadas hasta tanto se haga efectivo su pago, debido a la evidente depreciación de su valor adquisitivo por el transcurso del tiempo.

En cuanto a la excepción de prescripción propuesta por la demandada, se declarará parcialmente probada respecto de los reajustes causados con anterioridad al 12 de septiembre de 2002, como quiera que la demanda inicial se presentó el 12 de septiembre de 2005 y no existe en el expediente prueba alguna que dé cuenta de la previa interrupción del término trienal dispuesto legalmente para los derechos laborales y pensionales.

Así las cosas, con base en la información que contiene la documental arrimada al proceso, y teniendo en cuenta la fecha de la compartibilidad de la pensión de los accionantes con la de vejez reconocida por el ISS, las órdenes de reliquidación dada por tutela en algunos casos, y la prescripción señalada, a continuación se realizan las operaciones matemáticas de rigor para la obtención del cálculo de los reajustes peticionados -hasta tanto tuvieron derecho a los mismos, esto es, mientras el valor de su prestación no superó los 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme lo ordena la Ley 4.ª de 1972-, junto con la indexación de las mesadas de cada uno de los demandantes que a ello tienen derecho, hasta el mes de marzo de 2018, inclusive, lo cual arroja los siguientes resultados:

Armando Valencia Rodríguez

Antonio Cantillo Labarcés

Alberto Manuel Pertuz Sánchez

Álvaro Paneflek De la Rosa

Alfredo Rodríguez Samper

Benjamín Ferreira Cervantes

Consecuencia de las anteriores consideraciones, se revocará la sentencia de primera instancia, en cuanto absolvió de los reajustes pensionales reclamados por Armando Valencia Rodríguez, Antonio Cantillo Labarcés, Alberto Manuel Pertuz Sánchez, Álvaro Paneflek De la Rosa, Alfredo Rodríguez Samper y Benjamín Ferreira Cervantes y de la indexación de los valores adeudados y, en su lugar, se condenará a la demandada por las sumas antes anotadas. Se confirmará en lo demás.

Las costas de ambas instancias estarán a cargo de la convocada a juicio y a favor de los citados accionantes.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y como Tribunal de instancia,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 12 de mayo de 2009 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta, en cuanto absolvió de los reajustes pensionales de Armando Valencia Rodríguez Cantillo, Antonio Cantillo Labarcés, Alberto Manuel Pertuz Sánchez, Álvaro Paneflek De la Rosa, Alfredo Rodríguez Samper y Benjamín Ferreira Cervantes y de la indexación de las sumas adeudadas.

SEGUNDO: CONDENAR a la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP. - ELECTRICARIBE S.A. ESP., a pagar a cada uno de los demandantes, por concepto de reajustes pensionales insolutos causados hasta el 30 de marzo de 2018, sin perjuicio de los que se llegaren a causar, junto con la indexación de tales valores a esa misma calenda, y la que se genere a la fecha de su pago efectivo, las sumas que a continuación se relacionan, a favor de:

1. Armando Valencia Rodríguez, la suma de noventa y cinco millones novecientos sesenta y un mil novecientos setenta y un pesos ($95.961.971) m/cte.

2. Antonio Cantillo Labarcés, la suma de doscientos noventa y seis millones ochocientos sesenta y ocho mil doscientos veinte pesos ($296.868.220) m/cte.

3. Alberto Manuel Pertuz Sánchez, la suma de doscientos treinta millones cuatrocientos mil sesenta y dos pesos ($230.400.062) m/cte.

4. Álvaro Paneflek De la Rosa, la suma de trescientos veinticinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta pesos ($325.848.830) m/cte.

5. Alfredo Rodríguez Samper, la suma de doscientos nueve millones setecientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y siete pesos ($209.739.477) m/cte.

6. Benjamín Ferreira Cervantes, la suma de doscientos noventa y siete millones veintidós mil sesenta y cuatro pesos ($297.022.064) m/cte.

TERCERO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción de los reajustes pensionales causados con anterioridad al 12 de septiembre de 2002.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia.

QUINTO: Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

FERNANDO CASTILLO CADENA

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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