Ficha de la providencia
Sentencia SL185-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL185-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL185-2020
Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
Magistrado ponente
SL185-2020
Radicación n.° 78063
Acta 02
Bogotá, D. C., veintinueve (29) enero de dos mil veinte (2020).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. – ELECTRICARIBE S.A. ESP contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 18 de julio de 2016, dentro del proceso ordinario laboral que promovió FRANCISCO BAÑOS HERAZO contra la recurrente.
ANTECEDENTES
Francisco Baños Herazo, llamó a juicio a la Electrificadora del Caribe S.A. – Electricaribe S.A. ESP, para que se declarara que le asistía el derecho al reconocimiento y pago del «valor total de la mesada adicional de junio»; del retroactivo pensional por los años 2012 a 2014 y el que se causara en lo sucesivo; indexación, intereses moratorios, lo extra o ultra petita y las costas del proceso.
En respaldo de sus pedimentos, arguyó que la empresa demandada le reconoció pensión de jubilación a partir del 1 de enero de 1999, mediante acuerdo conciliatorio suscrito el 18 de diciembre de la anualidad anterior, la que sería compartida a partir de la fecha en que el ISS le otorgara la de vejez, al cumplimiento de los 60 años de edad; que esta entidad de seguridad social le reconoció la prestación el 15 de febrero de 2012, mediante Resolución n.° 100187, a partir del 10 de octubre de 2011, quedando a cargo de la empresa empleadora, el mayor valor; que el ISS solo le ha cancelado 13 mesadas; que el 6 de marzo de 2015, solicitó a la Electrificadora del Caribe, el pago de la correspondiente al mes de junio, la cual fue negada a través de la comunicación de 13 de marzo de 2015, con el argumento de que no tenía obligación en dicho pago (f.° 1-2).
La empresa demandada, al contestar, se opuso al éxito de todas las pretensiones. De los hechos, admitió la suscripción entre las partes, del acuerdo conciliatorio celebrado el 18 de diciembre de 1998, el otorgamiento de la pensión voluntaria, la solicitud elevada por el actor y su negativa a pagarle la mesada 14 al demandante; los restantes supuestos los negó.
Presentó las excepciones de mérito, inexistencia de la obligación, carencia de acción, buena fe, cosa juzgada, prescripción y pago (f.° 67 a 72).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, dictó sentencia el 24 de septiembre de 2015 (f.°108 y 109), en la que resolvió:
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones invocadas por la demandada ELECTRICARIBE S.A. ESP salvo la de PAGO que se declara probada parcialmente.
SEGUNDO: CONDENAR a la demandada ELECTRICARIBE S.A. ESP a reconocer y pagar en un cien por ciento (100%) la mesada adicional No.14 causada en la pensión de jubilación voluntaria que reconociera a FRANCISCO BAÑOS HERAZO, esto es a partir del mes de junio del año 2012, por las razones ya planteadas. Deducir de esa condena de RETROACTIVO pensional, el valor que haya cancelado por esos períodos la demandada ELECTRICARIBE S.A. ESP.
Se condena entonces al pago de un retroactivo pensional que comprende mesadas adicionales del Junio 2012, 2013, 2014 y 2015, POR LA SUMA DE $18.525.732,76 que ya están indexadas. Se seguirá causando el derecho si no se cancela por parte de la demandada esa mesada adicional.
TERCERO: Se ABSUELVE a la demandada de la pretensión de pago de intereses moratorios por las razones planteadas.
CUARTO: QUEDAN FIJADAS AGENCIAS EN DERECHO A CARGO DE LA PARTE DEMANDADA EN CUANTÍA Y TÉRMINO YA SEÑALADOS.
[…].
(Negrillas del texto original).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Por apelación de la demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, profirió sentencia el 18 de julio de 2016 (f.° CD 118), en la que decidió confirmar el fallo del a quo, sin gravar en costas al demandado.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal, comenzó por invocar los preceptos 61 del CPTSS, 165, 166 del CGP, 50 y 142 de la Ley 100 de 1993, Acto Legislativo 01 de 2005 y el pronunciamiento de esta Corte CSJ SL9188-2014; señaló que de acuerdo a las probanzas arrimadas al plenario, a Francisco Baños Herazo, la empresa Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP, le reconoció una pensión de jubilación voluntaria, mediante acta de conciliación celebrada el 18 de diciembre de 1998 (f.° 9 a 11 y 98 a 100), en cuantía de $2.120.162,84, la cual sería «reajustada de la misma manera en que se ajustan las pensiones de vejez de acuerdo con la ley, la pensión gozará de las mesadas adicionales de junio y diciembre», que dicha prestación «era incompatible con cualquier pensión de vejez o de sobrevivientes y que solo se asumirá el mayor valor si lo hiciere»; así mismo, el reconocimiento de la prestación de vejez por parte del ISS, a través de la Resolución n.° 100187 de fecha 15 de febrero de 2012, a partir del 10 de octubre de ese año, por la suma de $4.113.972 (f.° 12 a 13 y 101 a 102).
Manifestó que debía establecer si la demandada estaba obligada a seguir pagando al actor de manera vitalicia en su totalidad, la mesada 14 de la pensión de jubilación reconocida; precisó que no existía controversia y eran hechos aceptados por las partes, la conciliación celebrada el 18 de diciembre de 1998, en la cual «se acordó el pago de una pensión voluntaria a partir del 1 de enero de 1999, en cuantía inicial de $2.120.162,94 (f.° 9 a 11 y 98 a 100); que dicha obligación fue asumida conforme lo establece el artículo 48 del Acuerdo 049 de 1990»; la cual sería compartida con la de vejez que le otorgara el ISS y una vez este la reconociera, quedaba a cargo de la empresa demanda, la diferencia del mayor valor, si lo hubiere.
Reprodujo el acuerdo que las partes suscribieron en los siguientes términos:
Con el reconocimiento de una pensión voluntaria de las previstas en el Acuerdo 049 de 1990, artículo 18 del Instituto de los Seguros Sociales y el 029 de 1985 que tiene exclusivamente las siguientes características a título conciliatorio con el propósito de admitir cualquier reclamación entre las partes, acuerdo y recibo a partir del día 1° de enero de 1999, una pensión que será temporal hasta le fecha en la que cumpla los 60 años o hasta el momento de mi muerte en caso de que esta suceda con antelación, dado que en este caso reconocería por parte del ISS pensión de sobrevivientes. Queda expresamente entendido y acordado que la pensión voluntaria conciliatoria corresponde a la cantidad de $2.120.162.84 mensuales, esta pensión será reajustada de la misma manera en que se ajustan las pensiones de vejez de acuerdo con la Ley.
La empresa pagará exclusivamente la pensión hasta el momento en que cumpla los 60 años de edad, pues es incompatible con cualquier pensión de vejez o de sobrevivientes. Queda expresamente entendido y acordado que en el momento en que el Instituto de Seguros Sociales reconozca la pensión de vejez o de sobrevivientes sólo quedará a cargo de la empresa el mayor valor si lo hubiere, entre la pensión que venía reconociendo y la que reconozca el Instituto de Seguros Sociales. En ningún caso habrá dos pensiones simultáneas y por lo tanto, a los 60 años, o en caso de muerte la empresa se sustituye en el ISS. La pensión gozará de las mesadas adicionales de los meses de junio y diciembre. Los servicios del plan obligatorio de salud serán prestados por la EPS que escoja.
Advirtió que tampoco era objeto de discusión, que el ISS, mediante la Resolución n.° 100187 de 15 de febrero de 2012, reconoció a Baños Herazo, la pensión de vejez, a partir del 10 de octubre de 2011, en cuantía inicial de $4.113.972, en su condición de beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas exigidas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad (f.° 12, 13, 101 y 102).
Razonó que para la fecha en que se le reconoció la calidad de pensionado al demandante -1 de enero de 1999-, se encontraba vigente la Ley 100 de 1993, norma que contempló el pago de las mesadas adicionales; indicó las fechas en que estas debían cancelarse, conforme a lo dispuesto en los artículos 50 y 142 ibídem y por tanto, le asistía el derecho al actor que la demandada le pagara dichas mesadas, desde la fecha de su reconocimiento, tal como se consignó en el acta de conciliación, de la que copió el aparte: «la pensión gozará de las mesadas adicionales del mes de junio y diciembre», lo cual afirmó, se traducía en un derecho adquirido, que el ex empleador no podía suspender.
A continuación, transcribió y explicó el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, mediante el cual se adicionó el 48 de la C.N.; precisó que si bien, dicha reforma eliminó la mesada 14, se respetaron los derechos adquiridos.
Acto seguido manifestó:
La anterior norma sólo sirve para que el ISS no asuma a su cargo el pago de la referida mesada 14, toda vez que la pensión de vejez que le reconoció la demandante a partir del 10 de octubre del 2011, se hizo en vigencia del respectivo Acto Legislativo, por tanto si el Seguro Social (sic) […] no asume esta mesada […], el empleador sí tenía la obligación de seguir reconociéndola precisamente por el efecto de la compartibilidad de las pensiones legales contemplado en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, […] el empleador debe seguir asumiendo la diferencia entre la pensión reconocida por la entidad de seguridad social y la que se venía cancelando, la que lógicamente incluye las mesadas adicionales y reajustes anuales de ley que le corresponda, la cual no se restringe únicamente al monto de la mesada pensional como equivocadamente lo sostiene la demandada, sino sobre la diferencia y el mayor valor que resulte entre la obligación asumida por el ISS y la cancelada por el empleador.
La tesis planteada por la demandada conllevaría a desmejorar la situación del pensionado, quien vería disminuidos sus ingresos […] al percibir anualmente unas mesadas inferiores a las que venía recibiendo […], lo que desconocería el objeto de la compartibilidad pensional, que no es otro que el empleador se libere parcialmente de su obligación pensional frente a la reconocida por la entidad de seguridad social, quedando a su cargo un valor entre una y otra si lo hubiere, como en el caso sub judice.
Concluyó que a la entrada en vigencia de la reforma constitucional de 2005, el demandante ya había consolidado su derecho a percibir la mesada pensional 14 y debido a que la convocada a juicio, había certificado el pago parcial de las mismas, como se admitió en el hecho 7 del libelo inicial, se podían determinar las diferencias a las que había lugar, conforme a la liquidación efectuada por el periodo de junio de 2012 al 3 de agosto de 2015, fecha del fallo emitido por el a quo, previa aplicación de los pagos parciales (f.° 90 a 96), que arrojó una diferencia a cargo de la accionada, de $18.768.426,06; sin embargo por ser esta la única apelante, en virtud del principio de la no reformatio in pejus, mantuvo la condena impuesta en primera instancia.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la empresa demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte, case totalmente la sentencia impugnada, en cuanto confirmó las condenas incluidas en el fallo emitido por el a quo a cargo de Electricaribe S.A., para que en sede de instancia se revoquen y en su lugar, «se disponga la absolución plena para mi mandante».
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que no fue replicado.
CARGO ÚNICO
Denuncia la sentencia impugnada, de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa en el concepto de interpretación errónea,
[…] del artículo 1º del Acto Legislativo No. 1 de 2005 (artículo 48 de la C.P.); por aplicación indebida de los artículos 5º del acuerdo 029 de 1985 del ISS; 16, 17 y 18 del acuerdo 049 de 1990 también emanado del ISS (acuerdos aprobados respectivamente por los artículos 1º de los decretos 2879 de 1985 y 758 de 1990); 193, 259, 260, 467 del C.S.T.; 50 y 142 de la Ley 100 de 1993.
Para su demostración, afirma que el Tribunal se equivocó en la interpretación que hizo del artículo 48 de la Carta Política y en virtud de ello, alega igualmente el error en la intelección del artículo 1 del Acto Legislativo de 2005, de lo cual derivó la aplicación indebida de las restantes normas que integran la proposición jurídica que son las que en su conjunto «prevén la figura de la pensión de jubilación de orden convencional, la de la subrogación del riesgo de vejez, incluyendo uno de sus efectos representado por la figura de la compartibilidad de pensiones y de […] las mesadas adicionales».
Insta a una lectura del precepto 48 constitucional para su comprensión, pues el entendimiento que judicialmente se ha tenido de este no concuerda con las razones que motivaron la adopción de la reforma, dado que el sentido del mencionado Acto Legislativo de 2005, fue racionalizar la carga económica que representan las pensiones, tanto para particulares que las asumen como para el Sistema General de Pensiones, al «que en últimas, le toca asumir las responsabilidades pertinentes».
Indica que el ad quem coligió que la demandada, en su calidad de ex empleadora del actor, debía continuar pagándole, la mesada 14, porque con el reconocimiento de la pensión de vejez por parte de Colpensiones, con solo 13 mesadas, el «saldo de la pensión extralegal no es solamente la diferencia en el valor de las mesadas, sino en el número de ellas. El Tribunal no lo dice puntualmente, pero el resultado es el mismo y ello se refleja claramente en el contenido de la parte resolutiva».
Realiza un discurso sobre el sistema de seguridad social integral, el de asistencia pública y la teleología del Acto reformatorio del artículo 48 constitucional y asevera que este se dirigió puntualmente a racionalizar todas las expresiones de pensiones, debido a que su creación «irreflexiva», condujeron al colapso del sistema de financiación de dichas prestaciones; que con la mencionada reforma se eliminó toda posibilidad de pensiones distintas a las del Sistema General de Pensiones, se suprimió la mesada 14, en pensiones superiores a tres salarios mínimos como es el caso del promotor del proceso, «que nunca estuvo en los cálculos financieros ni del sistema ni del Estado».
Agrega que no se trata de negar un derecho, sino de ubicarlo en el marco del sentido del acto de reforma constitucional de 2005.
Destacó:
[…] hay que distinguir entre el monto de las mesadas y el número de ellas. Sin duda, el mecanismo de compartibilidad se encuentra referido al monto de la mesada y representa que al empleador le corresponde asumir el mayor valor de la misma en el caso en el que la pensión de vejez que reconozca el sistema, surja una mesada que signifique una suma menor a la de la pensión que se encuentra a cargo del empleador.
Finalmente sostiene que no existe norma que contemple que el empleador debe asumir también las mesadas adicionales al número de ellas, reconocidas por el sistema de pensiones, lo que significa que el Tribunal impuso una obligación pecuniaria que carece de soporte normativo, con lo cual desatiende el mandato 230 de la Carta Política (f.° 5 a 13).
CONSIDERACIONES
Concluyó el Tribunal en la sentencia impugnada, que Francisco Baños Herazo, tenía derecho a continuar percibiendo la mesada adicional n.° 14 con la pensión de vejez otorgada por el ISS, mediante la Resolución n.° 100187 del 15 de febrero de 2012, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993, en tanto esta norma estaba vigente para el 1 de enero de 1999, fecha en que la Electrificadora del Caribe S.A, en la conciliación celebrada el 18 de diciembre de 1998, le reconoció la pensión de jubilación al actor, en los términos del artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad; que Baños Herazo, era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la primera ley mencionada y que las partes estipularon que «la pensión gozará de las mesadas adicionales del mes de junio y diciembre», lo cual se traducía en un derecho adquirido, que la demandada no podía suspender, so pretexto de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 1005.
La inconformidad de la censura se centra en que el colegiado dio una intelección equivocada a la anterior norma, que introdujo la reforma al artículo 48 de la C.N., que derivó en la aplicación indebida de los demás preceptos enlistados en la proposición jurídica que contiene la acusación, por cuanto aquel eliminó toda posibilidad de pensiones distintas a las del Sistema General de Pensiones y suprimió la mesada 14, en pensiones superiores a tres salarios mínimos como es el caso del promotor del proceso y que el ad quem le impuso una obligación pecuniaria sin que exista norma que así lo contemple, contrariando el mandato constitucional contenido en el artículo 230.
Advierte esta Sala, que en sentir de la censura, la norma acusada como mal interpretada, contextualiza el problema pensional para excluir la carga prestacional respecto a la mesada 14 de la pensión reconocida al demandante, en tanto fue eliminada a partir de su entrada en vigencia de la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo de 2005.
En el sub judice, Francisco Baños Herazo, accedió el derecho pensional de naturaleza extralegal, reconocido por la demandada, a partir del 1 de enero de 1999, mediante acto conciliatorio celebrado el 18 de diciembre de 1998, y en el que expresamente se estipuló que se otorgaba conforme a las reglas previstas en el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año y el 029 de 1985, hasta que el demandante cumpliera los requisitos para obtener la pensión de vejez que le reconociera el Instituto de Seguros Sociales, por el cumplimiento de los 60 años de edad exigidos por sus reglamentos, en cuyo caso la otorgante de aquella prestación extralegal, asumía el mayor valor entre la pensión que reconocida por la empleadora y la que concediera la administradora de pensiones, si lo hubiere y además, la compartibilidad de la misma y el derecho del actor a percibir «las mesadas adicionales de los meses de junio y diciembre» (Negrillas del texto original).
Lo anterior, acorde con el contenido del artículo 18 del mencionado Acuerdo 049 de 1990:
Compartibilidad de las pensiones extralegales. Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado.
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales.
(Negrillas del texto original).
Así mismo, se obligó la demandada al pago de las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, consagradas en los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993, en vigencia para la data en que las partes suscribieron el acta conciliatoria -18 de diciembre de 1998-.
En un punto al tema objeto de acusación, relativo a la equivocada interpretación que dice el censor, realizó el sentenciador colegiado del artículo 1 del Acto Legislativo, esta Corte precisó que los derechos adquiridos al abrigo de acuerdos jurídicos vigentes cuando entró a regir la reforma constitucional, permanecen indemnes y en consecuencia, no pueden ser desconocidos, negados o transgredidos, en tanto la pérdida de vigencia de las reglas de carácter pensional contenidas en convenciones colectivas de trabajo, pactos laudos arbitrales y en acuerdos válidamente celebrados, no comporta la pérdida de los derechos válidamente adquiridos mientras esas reglas estuvieron vigentes.
Explicado en otros términos, en tratándose de derechos adquiridos legítimamente, continúan en cabeza de sus titulares haciendo parte de su patrimonio, no obstante que los actos jurídicos que le dieron vida, desaparezcan del ordenamiento jurídico.
De lo expuesto, se desprende sin hesitación alguna, que no incurrió el sentenciador de alzada, en el yerro interpretativo que le endilga la censura, en tanto la decisión atacada está conforme a la línea jurisprudencial trazada por esta Corte, en el sentido de que los actos jurídicos que le dieron vida a un derecho pensional extralegal, en vigencia de específicas normas, no pueden desaparecer del ordenamiento jurídico, esto es, en el caso específico, frente a la reforma introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005, ya que este entró a regir con posterioridad a la fecha en que las partes acordaron el reconocimiento de la prestación.
Para recabar en lo expuesto, es suficiente traer a colación lo expresado por la Sala Laboral de esta Corporación, en sentencia CSJ SL9188-2014 relativa a los derechos adquiridos, los pactos y acuerdos sobre pensionales convencionales y la pérdida de derechos con el surgimiento del acto constitucional de 2005:
Antes de la expedición del Acto Legislativo número 1 de 2005, la Ley 100 de 1993 buscó la unificación de los diversos regímenes existentes en materia de pensiones, tanto en el sector privado como en el público, y consagró un sistema universal que brindara la protección de la seguridad social en igualdad de condiciones y bajo las mismas reglas a toda la población, salvo las excepciones en ella señaladas.
“La unidad normativa y de prestaciones que caracteriza el sistema general de pensiones, trajo consigo como regla general que no se puedan consagrar prestaciones ni beneficios pensionales legales por fuera de los previstos en el estatuto de seguridad social integral, porque esto generaría un desvertebramiento del sistema y socavaría su objetivo.
“Lo anterior no significa, dijo esta Sala, que se desconozca la concesión previa de prerrogativas convencionales en materia de derechos pensionales, pues los beneficios extralegales causados antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, no pueden ser desconocidos, por constituir derechos adquiridos. Mas el otorgamiento de los que se causen en el futuro, que excediesen las condiciones establecidas en la ley de seguridad social, deberán articularse o armonizarse con lo trazado en el nuevo sistema general de pensiones. Así se dejó sentado en la sentencia del 8 de noviembre de 1999 rad. 12915, reiterada en las decisiones del 28 de marzo de 2000 rad. 13338 y 16 de junio de 2010 Rad. 37931 En este último pronunciamiento se adoctrinó:
“(...) El cuestionamiento que surge y que se plantea por el censor, es si después de la vigencia del sistema general de pensiones, vía convención colectiva, los actores sociales tenían libertad o no para configurar derechos pensionales distintos o que excedieran los previstos en la ley de seguridad social.
“Este ha sido un problema jurídico que ha sido tratado por la jurisprudencia de la Corte, teniendo como punto de partida la consideración de que la Ley 100 de 1993, garantizó el respeto a los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, incluyendo aquellos cuya fuente normativa eran los pactos o convenciones colectivas de trabajo, sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las partes”.
[…]
“Posteriormente, con la expedición del Acto Legislativo No. 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, las reglas de carácter pensional de derechos extralegales y convencionales tomaron otro rumbo, en la medida que por voluntad del constituyente, a partir de su vigencia no es dable en ningún caso pactar beneficios o prerrogativas que desarticulen el sistema general de pensiones, o alteren la uniformidad de prestaciones respecto de un grupo particular de ciudadanos, pues tajantemente prohíbe convenir condiciones pensionales diferentes a las legalmente establecidas, aún, cuando sean más favorables a los trabajadores. Con todo, ello no significa la afectación del derecho constitucional a la negociación colectiva, ya que la reforma constitucional del 2005 –que aquí se refiere- focaliza a ésta exclusivamente en el ámbito de las condiciones generales de trabajo, dejando así constitucionalmente consagrado que en adelante las condiciones pensionales se definirán sólo en el marco de la ley de seguridad social (parágrafo 2º), cuando señala que “A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones”.
“
“Fluye de lo transcrito, que deben respetarse los beneficios o prerrogativas extralegales de tipo pensional, siempre y cuando las cláusulas que los consagren en una convención o pacto colectivos, laudo arbitral o acuerdo, hayan sido válidamente convenidas antes de la vigencia del Acto Legislativo y además estén en pleno vigor al momento de reconocerlas, así posteriormente desaparezcan, por no poderse renovar más allá del 31 de julio de 2010, según lo dispone la mencionada reforma a la Carta.
“Con respecto a los efectos del Acto Legislativo número 1 de 2005 sobre los derechos adquiridos antes de su vigencia, es pertinente traer a colación lo expuesto en decisión del 3 de abril de 2008 radicación 29907, reiterada entre otras muchas sentencias en la del 20 de octubre de 2009 y la del 11 de mayo de 2010, radicados 34044 y 38074, respectivamente, oportunidad en la cual se dijo:
““Lo que si queda claro es el celo del constituyente por salvaguardar los derechos adquiridos, esto es, aquellos que han entrado en el patrimonio de las personas y que no les pueden ser arrebatados o quebrantados por quien los creó o reconoció legítimamente.
““Y ello tenía que ser así, en cuanto traduce el respeto a la propia carga de principios y valores reflejados en la Carta; concretamente, el Acto Legislativo puso a buen recaudo el valor seguridad jurídica que permea el artículo 58, en cuanto garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, “los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.
““Son varios los pasajes del Acto Legislativo que evidencian su firme propósito de respetar los derechos adquiridos en materia pensional. En efecto, se lee: “El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley”. “En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos”. “Sin perjuicio de los derechos adquiridos”.
““(…)”
El anterior criterio fue reiterado en la sentencia CSJ SL5167-2017, en la que se memoró la CSJ SL4365-2016 y la CSJ SL, 1 abr. 2008, rad. 31697, en la que se precisó que: «las modificaciones introducidas por el A.L.01/2005 en modo alguno aparejan la perdida de los derechos adquiridos en vigencia de acuerdos colectivos y leyes anteriores, tal como ocurre con el derecho a la compatibilidad de la pensión de jubilación convencional».
En conclusión, el cargo no prospera, toda vez que no incurrió el sentenciador colegiado, en la errónea interpretación de las normas acusadas por la recurrente. Sin costas, por cuanto no hubo réplica.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 18 de julio de 2016, dentro del proceso ordinario laboral que promovió FRANCISCO BAÑOS HERAZO contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. – ELECTRICARIBE S.A. ESP.
Costas como se dijo.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
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