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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1968-2022

Fecha
30 de marzo de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1968-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 31 de enero de 2020, en el proceso ordinario laboral que HERNÁN MEJÍA ARCILA le promovió a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS y a LA NACIÓN- MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Costas como arriba se indicó.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1968-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

30 de marzo de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL1968-2022

Radicación n.° 88439

Acta 11

Bogotá, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la NACIÓN- MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO-, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 31 de enero de 2020, en el proceso ordinario laboral que HERNÁN MEJÍA ARCILA promovió en contra de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS y de la recurrente.

I. ANTECEDENTES

Hernán Mejía Arcila demandó a la AFP Colfondos S.A. y a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que se ordenara a esta última la emisión, expedición y pago del bono pensional Tipo A, por concepto de aportes realizados como docente del sector privado al antiguo Seguro Social en el periodo comprendido entre el 2 de marzo de 1977 y el 15 de abril de 1989 junto con los intereses moratorios y, como consecuencia, se ordenara a la administradora consignarlo en la cuenta de ahorro individual; y las costas del proceso.

En soporte de sus súplicas, afirmó que: nació el 3 de marzo de 1954, laboró como docente nacionalizado en Dosquebradas en el periodo comprendido entre el 26 de octubre de 1989 y el 25 de octubre de 2009, fue jubilado mediante la Resolución n.° 059 del 9 de febrero de 2010 por la Secretaría de Educación de ese municipio, prestación que estaba a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la entidad fiduciaria que administraba los recursos, y que, mediante la Resolución n.° 381 del 24 de mayo de 2012, el Fondo ajustó la pensión de jubilación por mayores factores salariales.

Añadió que en la historia laboral de Colpensiones se observaban cotizaciones por el periodo comprendido entre el 2 de marzo de 1977 y el 30 de noviembre de 1988 con el empleador «Colegio La Salle», del 18 de noviembre de 1988 al 15 de abril de 1989 con el empleador privado «Martínez por Vallejo»; que se trasladó al régimen de ahorro individual en febrero de 1996 en Colfondos en el que aportó 230,86 semanas como trabajador independiente; el 14 de abril de 2016, al cumplir 62 años de edad, solicitó la devolución de saldos y el trámite del bono pensional ante la citada A.F.P., teniendo en cuenta que dichos periodos no fueron tenidos en cuenta para su pensión por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, petición que reiteró el 2 de julio de 2016, por lo que, la administradora solicitó a la gerente operativa de Fiduprevisora el trámite a seguir frente a los aportes realizados por el demandante; una vez recibió respuesta de las entidades, Colfondos objetó la pensión de vejez y, en consecuencia, ordenó la devolución de los saldos de la cuenta de ahorro individual por el periodo de marzo de 1996 a noviembre de 2000. Con relación al bono pensional, mediante oficio del 10 de noviembre de 2016, la administradora le informó que el Ministerio de Hacienda reportó mensaje de error «BENEFICIARIO REGISTRADO CON INDICIO PENSION NO ISS/COLPENSIONES INCOMPATIBLE CON BONO PENSIONAL».

Señaló que la Secretaría de Educación de Dosquebradas informó a Colfondos que el trámite de devolución del bono pensional no le corresponde a ese ente territorial pues los tiempos cotizados a otro fondo diferente al del magisterio, no se tuvieron en cuenta para otorgar la pensión como docente nacionalizado; por lo que, la AFP dio por finalizado en el sistema de información el trámite correspondiente al bono pensional. Añadió que el 6 de abril de 2017 reclamó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales -, la emisión, expedición y pago del bono pensional tipo A, por concepto de aportes como docente del sector privado al ISS en el periodo comprendido entre el 2 de marzo de 1977 y el 15 de abril de 1989.

La Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público- se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en que el actor se afilió erradamente al RAIS al encontrarse en un régimen exceptuado del sistema general de pensiones y, que el bono pensional es incompatible con la pensión de jubilación que devenga del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. No aceptó los hechos de la demanda y, en su defensa, propuso como excepciones que no es una entidad de previsión social, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, buena fe y la que denominó genérica.

Colfondos S.A., al contestar el escrito generatriz de la controversia, únicamente se opuso a las condenas en su contra, admitió algunos hechos, negó otros y de los restantes dijo no constarle. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y responsabilidad exclusiva a cargo de la Oficina de Bonos Pensionales, pago, compensación, prescripción, buena fe y la innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, mediante sentencia de 27 de febrero de 2019, decidió:

PPRIMERO: ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBICO que liquide, emita y expida el bono pensional Tipo A al que tiene derecho el señor HERNÁN MEJIA ARCILA por las cotizaciones que él hizo al Instituto de Seguros Sociales desde el 2 de marzo de 1977 hasta el 14 de abril de 1989.

SEGUNDO: ORDENAR a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS que realice la redención normal del Bono Tipo A que en beneficio del señor HERNÁN MEJIA ARCILA liquide, emita y expida la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Condenó en costas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y negó las restantes pretensiones.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolverse los recursos de apelación interpuestos por las demandadas y en el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, con fallo de 31 de enero de 2020, dispuso:

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales PRIMERO y SEGUNDO de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, los cuales quedarán así:

PRIMERO: ORDENAR a LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO que realice el procedimiento pertinente para efectuar el reconocimiento y pago del bono pensional Tipo “A”, a la cuenta de ahorro individual del señor HERNÁN MEJÍA ARCILA, por las cotizaciones que hizo al ISS entre el 2 de marzo de 1977 y el 14 de abril de 1989.

SEGUNDO: ORDENAR a COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS, que una vez se deposite el Bono Pensional Tipo A en la cuenta de ahorro individual del señor HERNÁN MEJÍA ARCILA, proceda a estudiar si él cumple con los requisitos exigidos para acceder a la pensión de vejez, y de no ser así, reconozca y pague a su favor, la devolución de saldos prevista en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, incluyendo el valor del Bono Pensional.

El juzgador determinó como problema jurídico determinar si la pensión de jubilación reconocida al demandante por el Fondo de Prestaciones del Magisterio, en su condición de docente del sector público oficial, era compatible con la emisión del bono pensional tipo A del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para efectos de pagar la devolución de saldos por parte del Régimen de Ahorro Individual con solidaridad y, en caso afirmativo, debía establecer si las órdenes emitidas en primera instancia resultaban insuficientes para lograr el pago del bono.

En lo que interesa al recurso de casación señaló que al momento de entrar en vigencia de la Ley 100 de 1993, el régimen de los docentes se encontraba dentro de los denominados exceptuados, como lo consagró el inciso segundo del canon 279; que posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, dejó de ser exceptuado y pasó a ser parte del sistema general de pensiones para aquellos docentes que se incorporaron con posterioridad al cambio legislativo. Acto seguido, se remitió a una decisión de ese mismo Tribunal sobre la materia, en la que se determinó que los docentes podían acceder a las prestaciones otorgadas en ambos regímenes por cuanto las mismas resultan compatibles al contar con una fuente de financiación diferente y los requisitos son distintos a los establecidos en el sistema general.

Conforme con lo anterior puntualizó que, en criterio de esa Corporación, los docentes que prestaban sus servicios coetáneamente al sector público y particular vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, podían realizar aportes a cualquiera de los regímenes pensionales establecidos en la Ley 100 y obtener, con base en los mismos, la financiación de una pensión de vejez o, en su defecto, la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos, con independencia de la pensión de jubilación que ya disfrutaba o estaba en vías de obtener en el sector público.

Añadió que dicha compatibilidad implicaba que, en caso de traslado entre regímenes que generara el derecho al bono pensional correspondiente, tal opción no podía verse restringida porque el afiliado ya devengara una pensión proveniente de un régimen especial. En suma, estimó que contrario a lo afirmado por el Ministerio, el bono pensional no podía tomarse como una erogación proveniente del tesoro público pues en realidad representa unos dineros que no tenían tal la calidad y que, correspondían a las cotizaciones efectuadas por un afiliado, lo que permitía que fuera compatible con la pensión pagada a un docente con lo que, quedaba por fuera de la prohibición contenida en el artículo 128 de la Constitución Política.

En el caso observó que al momento de reconocer la pensión el Fondo de Prestaciones del Magisterio no tuvo en consideración los periodos cotizados por el actor al sistema pensional, pues la prestación se reconoció únicamente con apoyo en el tiempo servido como docente oficial, de modo que nada impedía que el citado reclamara el pago de prestaciones ante el sistema general de pensiones, pues estas se financiaban con una fuente distinta a la que dio origen a la que se le otorgó por el sector público, de ahí que fuera procedente que por el lapso cotizado al ISS se expidiera el respectivo bono pensional y que el fondo privado, a su vez, efectúe la reliquidación de la devolución de saldos.

Con relación a la emisión, expedición, redención y pago del bono pensional se remitió a los Decretos 1748 de 1995 y 1513 de 1998, y a la sentencia CC T-056-2017. Luego de lo cual señaló que:

En ese orden de ideas, se observa que si bien acertó la juez al considerar el derecho que le asiste al actor al reconocimiento del bono pensional, resultan acertados[sic] los argumentos de Colfondos en cuanto a que las órdenes efectuadas no tuvieron en cuenta que es el ministerio como emisor, la entidad que debe hacer la redención normal, el demandante tiene más de 62 años, y pagar el bono pensional con destino a la cuenta de ahorro individual de la AFP para que, una vez hecho lo anterior, esta última proceda a estudiar si el señor Hernán Mejía Arcila cumple con los requisitos exigidos para acceder a la pensión de vejez, y de no ser así, reconozca y pague a su favor la devolución de saldos, incluyendo el valor del bono pensional, de modo que será necesario modificar en ese sentido la sentencia recurrida.

Así, modificó la decisión como quedó arriba señalado, confirmó en lo demás e impuso costas a la cartera ministerial.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Solicita la recurrente que la Sala case el fallo de segunda instancia «para que luego en sede de instancia, revoque la sentencia de primer grado y en su lugar, disponga la absolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de todas y cada una de las pretensiones de la demanda formulada por el señor HERNAN MEJIA ARCILA; decidiendo sobre costas lo que corresponda en derecho».

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado por el demandante.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia por «vía directa, en el concepto de interpretación errónea respecto de los artículos 66, 115 (Lit. a,), 118 (Lit. a.), 121 y 279 de la Ley 100 de 1993, 31 del Decreto 692 de 1994, 16 del Decreto 1299 de 1994, 81 de la Ley 812 de 2003; y por infracción directa de los artículos 113 de la ley 100 de 1993 y 11 del Decreto 3995 de 2008, lo que condujo a la violación de medio del artículo 128 de la Constitución Política».

Asevera que el sentenciador erró al ordenar la emisión, liquidación y pago del bono pensional en favor del demandante por las cotizaciones efectuadas como docente privado, toda vez que no estaba válidamente afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, lo que no advirtió el Tribunal.

Señala que el legislador previó que los docentes oficiales quedaran exceptuados del sistema integral de seguridad social, de lo que se deriva que la afiliación a cualquiera de los regímenes allí previstos fuera irregular con lo que dio una interpretación equivocada del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

Indica que el fallador también incurrió en infracción directa del artículo 113 de la misma regulación, pues de haberlo aplicado, hubiera concluido que la expedición de bonos pensionales es procedente solo en casos de traslados válidos, que en el caso no se presenta.

Añade que el Tribunal dio un entendimiento que no correspondía al canon 31 del Decreto 692 de 1994, que prevé que el docente oficial con otra vinculación con el sector privado debe acumular sus cotizaciones en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sostiene que los docentes oficiales solo fueron incorporados al Régimen de Prima Media a través del precepto 81 de la Ley 812 de 2003 a partir de su vigencia, antes del cual no hacían parte ni podían afiliarse a ninguno de los regímenes previstos.

Afirma que el Juez Plural desconoció la naturaleza, características y condiciones de los bonos pensionales, que por definición están destinados a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones, de modo que su expedición solo es viable ante la verificación de los requisitos del régimen de ahorro individual con solidaridad, de modo que erró el sentenciador a ordenar su emisión con independencia de que le asistiera el derecho a la pensión de vejez al actor y no a la devolución de saldos prevista en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, por lo que es improcedente la expedición del bono pensional tipo A.

Acusa también la infracción del artículo 11 del Decreto 3995 de 2008, de acuerdo con el cual, en los casos en que proceda el traslado del RPM al RAIS y no haya lugar a la emisión del bono pensional, la entidad debe efectuar el traslado del valor de las cotizaciones para pensión de vejez que se hubieran efectuado al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte del ISS con la rentabilidad acumulada durante el respectivo periodo, por lo que debió haber sido Colpensiones el que trasladara a Colfondos los aportes que en su momento se realizaron por el demandante.

De igual manera reprocha que no se tuviera en cuenta que el bono pensional es un instrumento de deuda pública conforme lo establece el artículo 121 de la Ley 100 de 1993, de lo que se desprende que se asume con recursos públicos lo que resulta incompatible con la pensión de jubilación que viene pagando el magisterio y transgrede el artículo 128 de la Constitución Política que decreta la prohibición de recibir dos asignaciones provenientes del tesoro público.

VII. RÉPLICA DE LA PARTE ACTORA

Acota, en esencia, que no hay invalidez en la afiliación al Régimen de Ahorro Individual como sostiene la censura porque no se deriva del texto del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, lo que allí se regula es la excepción en lo relacionado con los aportes, requisitos de edad, semanas cotizadas y demás asuntos reglamentados en el sistema general. Sostiene, además, que era válido afiliarse al sistema de seguridad social cuando simultáneamente se prestaban servicios en el sector oficial y privado, debido a la obligación del empleador de afiliar a sus trabajadores, en cuyo respaldo se remite a la sentencia CSJ SL451-2013, sin que dicha circunstancia variara con la expedición de la Ley 812 de 2003.

Respecto al artículo 31 aduce que allí se instituye como un derecho la posibilidad de acumular cotizaciones del sector privado con el oficial y no una obligación como sostiene la recurrente, como lo ha reconocido esta Corte desde la sentencia del 6 de diciembre de 2011, radicado 40848.

En relación al argumento relativo a que la expedición del bono pensional solo procede ante el reconocimiento de una pensión de vejez y no para la devolución de saldos, dijo que ya esta Sala se ocupó del tema en la sentencia CSJ SL451-2013 ya referida; e igualmente frente a la supuesta incompatibilidad del bono pensional y la pensión oficial a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio por provenir del erario, adujo que esta Corporación se pronunció en decisiones CSJ SL4305-2018 y del 14 de febrero de 2005, radicado 24062.

VIII. CONSIDERACIONES

Dada la vía de puro derecho escogida, no es materia de discusión que: (i) el actor se encuentra afiliado a Colfondos S.A., (ii) mediante la Resolución n.° 059 de 2010, se le reconoció pensión vitalicia de jubilación como docente nacionalizado por parte de la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación del municipio de Dosquebradas, y (iii) cotizó al otrora Instituto de Seguros Sociales por empleadores particulares desde el 2 de marzo de 1977 al 15 de abril de 1989 y a Colfondos desde el periodo de marzo de 1996 a noviembre de 2000.

Como se memora, la Sala sentenciadora estimó que procedía le emisión, expedición, redención y pago del bono pensional por los periodos cotizados por el actor al extinto Instituto de Seguros Sociales con empleadores del sector privado, al ser compatibles con la prestación otorgada por el Fondo de Prestaciones del Magisterio, con independencia de que este sirva para otorgar la pensión de vejez o la devolución de saldos.

El descontento de la censura gravita en torno a varios aspectos: En primer lugar, la afiliación irregular del actor que por disposición del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 estaba exceptuado del régimen general; en segundo lugar, la improcedencia de expedir un bono pensional cuando la prestación a otorgar por el sistema es diferente a la pensión de vejez y, finalmente, la incompatibilidad del bono pensional y la pensión otorgada por el Fondo de Prestaciones del Magisterio por provenir ambas del tesoro público.

En un caso de similares contornos a este seguido contra la misma recurrente y en el que se plantearon iguales temas a los traídos ahora por la administradora, la Corte en la sentencia CSJ SL3775-2021, que hoy se reitera, señaló, básicamente, lo siguiente:

En cuanto a la exclusión de los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio

La censura afirma que erró el Tribunal al interpretar el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, por cuanto los docentes oficiales están excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993 y los regímenes pensionales en ella establecidos. La norma establece lo siguiente.

ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.

[…]

El argumento planteado carece de asidero, pues el recto entendimiento de la norma fue el que le dio el Colegiado de instancia, mismo que coincide con aquel que de antaño ha sostenido la Corte, consistente en que el demandante podía prestar sus servicios a establecimientos educativos de naturaleza pública y obtener una pensión de jubilación oficial, y, simultáneamente, laborar para instituciones educativas particulares para adquirir una pensión de vejez en el ISS, hoy Colpensiones, resultando válido que dichos aportes se trasladaran al RAIS a través de un bono pensional. Así se dijo en sentencias CSJ SL, 19 jun. 2008, rad. 28164; CSJ SL, 06 dic. 2011, rad. 40848 y CSJ SL451-2013, en la cual se expresó:

En efecto, por tener la calidad de docente oficial y estar excluida del Sistema Integral de Seguridad Social, al compás de lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, a la demandante le resultaba válido prestar sus servicios a establecimientos educativos oficiales y, por virtud de ello, adquirir una pensión de jubilación oficial y, al mismo tiempo, prestar sus servicios a instituciones privadas y financiar una posible pensión de vejez en el Instituto de Seguros Sociales, con la posibilidad de que dichos aportes fueran trasladados al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de un bono pensional.

La impugnación parece desconocer el hecho de que desde la vigencia de la Ley 90 de 1946 existe la obligación de afiliación al seguro social, la cual se materializó de forma progresiva a partir del año 1967, con lo cual no le era dable a los empleadores privados soslayar tal exigencia de estirpe legal, so pena de hacerse acreedores a las sanciones contempladas en la ley, por evadir la responsabilidad que les atañía en cuanto a vincular a sus trabajadores al sistema para que ellos obtuvieran cobertura en los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

Dicho de otra manera, no era optativo para un empleador afiliar al trabajador a su servicio a la seguridad social, con lo cual, en el caso específico, las instituciones particulares que se beneficiaron con los servicios docentes prestados por el actor simplemente dieron cabal cumplimiento a la normativa que, se itera, era obligatoria, cotizando en primera medida el ISS y, posteriormente, a la AFP Colfondos S.A.

Es que no puede confundirse el hecho de la afiliación del demandante en instancias al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en su calidad de docente vinculado laboralmente a instituciones de carácter público, con su trabajo para instituciones particulares y la consecuente incorporación al Sistema General de Seguridad Social, pues, en cada caso, rigen reglas específicas, que aplican según la relación que se predique, lo que no significa que no sea posible gozar de la doble atribución, simultáneamente, y obtener las prestaciones que correspondan a cada uno de ellas, cumpliendo los requisitos del caso.

Acumulación de cotizaciones de docentes del sector público y particular

El planteamiento que se hace respecto del supuesto «imperativo» de la acumulación de cotizaciones en el Fondo de Prestaciones del Magisterio, existente para los docentes oficiales, obliga a examinar el contenido del artículo 31 del Decreto 692 de 1994:

ARTICULO 31. POSIBILIDAD DE ACUMULAR COTIZACIONES EN EL CASO DE PROFESORES. Las personas actualmente afiliadas o que se deban afiliar en el futuro, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, que adicionalmente reciban remuneraciones del sector privado, tendrán derecho a que la totalidad de los aportes y sus descuentos para pensiones se administren en el mencionado fondo, o en cualquiera de las administradoras de los regímenes de prima media o de ahorro individual con solidaridad, mediante el diligenciamiento del formulario de vinculación. En este caso, le son aplicables al afiliado la totalidad de condiciones vigentes en el régimen seleccionado. (Subrayado y cursiva de la Sala).

Una lectura de la norma en cita, permite colegir que desde el título mismo del precepto se descarta la mentada «imperatividad» pregonada por la recurrente, pues lo que allí se establece, claramente, es una opción formulada en términos positivos, como un derecho y no como una imposición, que permite a los docentes oficiales afiliados al Fondo del Magisterio que cumplan la condición de recibir remuneraciones del sector privado, seleccionar la opción que consideren pertinente en relación con las alternativas que allí se plantean.

La Corte ya había fijado posición en torno a la correcta comprensión de esta disposición, y en la ya mencionada sentencia CSJ SL, 06 dic. 2001, rad. 40848, razonó:

A su vez, el artículo 31 del Decreto 692 de 1994, consagra la posibilidad de que los profesores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, “(…) que adicionalmente reciban remuneraciones del sector privado, tendrán derecho a que la totalidad de los aportes y sus descuentos para pensiones se administren en el mencionado fondo, o en cualquiera de las administradoras de los regímenes de prima media o ahorro individual con solidaridad, mediante el diligenciamiento del formulario de vinculación. En este caso, le son aplicables al afiliado la totalidad de condiciones vigentes”; precepto reglamentario que sólo puede ser interpretado en su sentido natural y obvio, es decir, que los docentes oficiales vinculados a la entidad que maneja las pensiones de ese sector, si paralelamente laboran para una persona jurídica o natural de carácter privado, pueden afiliarse a una administradora de pensiones, cotizar a la misma, con el subsecuente efecto de que al cumplimiento de las exigencias previstas en su régimen, accederán a las prestaciones propias del mismo. (Subrayas de la Sala)

De esta suerte, lo que ocurrió en el sub lite es que el actor se decidió porque sus aportes pensionales derivados de la relación laboral con instituciones del sector privado se cotizaran inicialmente al ISS y, luego, a la AFP Colfondos SA, es decir, hizo uso de la prerrogativa que el marco legal le brindaba, tal como rectamente lo entendió el Tribunal.

De la incorporación del régimen prestacional de los docentes oficiales

Por otra parte, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, «Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario», trazó el límite temporal hasta el cual operaría el régimen exceptuado en materia pensional de que trataba el inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 para los docentes oficiales, esto es, el contenido en la Ley 91 de 1989, estableciéndolo hasta su entrada en vigencia, acaecida el 27 de junio de 2003, por cuanto la dicha ley fue publicada en el Diario Oficial 45231 de esa fecha. El mencionado precepto señala:

ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

Vale decir, que, la posición mayoritaria de esta Sala señala que el régimen exceptuado, tal y como venía funcionando, con las explicaciones ya dadas, se mantuvo para aquellos docentes que se encontraban vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, con atención, en todo caso, de los derechos adquiridos y las expectativas legítimas generadas durante su vigencia, es decir, para el caso, dado que el demandante se afilió al ISS desde el 2 de marzo de 1977, ninguna incidencia tenía sobre su situación particular lo prescrito por el artículo 81 citado y se encontraba plenamente habilitado, en el ejercicio de la docencia particular, para realizar aportes a cualquiera de los regímenes pensionales consagrados en la Ley 100 de 1993, con la posibilidad real de financiar una pensión de vejez o, en su defecto, de acceder a una indemnización sustitutiva o devolución de saldos, con independencia de la pensión de jubilación de que disfruta en el sector público como docente.

De la redención del bono pensional cuando hay lugar a la devolución de saldos

También se acusó al juez colectivo de haber desconocido el contenido normativo de los artículos 113, 115, 118 y 121 de la Ley 100 de 1993, cuando en verdad, en la providencia, acertadamente indicó que los bonos pensionales no son cosa distinta a un mecanismo financiero, con forma documental inmaterial, mediante el cual se reconoce una deuda, la que corresponde pagar al Estado en razón del traslado del afiliado al nuevo régimen pensional, y que forma parte del capital necesario para acceder a una prestación pensional.

Ahora bien, el artículo 11 del Decreto 1299 de 1994 preceptúa:

ARTICULO 11. REDENCION DEL BONO PENSIONAL.

El bono pensional se redimirá cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.- Cuando el afiliado cumpla la edad que se tomó como base para el cálculo del respectivo bono pensional.

2.- Cuando se cause la pensión de invalidez de sobrevivencia.

3.- Cuando haya lugar a la devolución de saldos de conformidad con la Ley 100 de 1993. (Subrayas de la Sala)

Nótese que uno de los eventos frente a los cuales procede la redención del bono pensional es, precisamente, el señalado en el numeral 3 del artículo bajo escrutinio, lo que hace necesario verificar cuándo procede la devolución de saldos, lo que está previsto en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993:

ARTÍCULO 66. DEVOLUCIÓN DE SALDOS. Quienes a las edades previstas en el artículo anterior no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a éste hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho. (Subrayas de la Sala)

Así las cosas, resulta fácil armonizar las dos normas, pues, en tanto el artículo 11-3 del Decreto 1299 de 1994 prevé como una de las condiciones de redención de bono pensional la devolución de saldos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993; el artículo 66 de esta última norma, señala que la devolución de saldos ocurre cuando quienes lleguen a las edades establecidas en el artículo 65 no hayan cotizado le número mínimo de semanas requeridas y no hayan acumulado el capital necesario para financiar por lo menos una pensión igual al salario mínimo.

Es importante tener en cuenta que el derecho a la emisión del bono pensional surge con el traslado del RPM al RAIS y no con la petición de emisión del bono por parte del afiliado o la AFP, es decir, cuando el actor se trasladó del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, causó a su favor la emisión del bono pensional, en tanto al momento en que se trasladó de régimen ya había cotizado más de 150 semanas (art. 2. ° del Decreto 1299 de 1994).

El artículo 121 de la Ley 100 de 1993, prevé:

ARTÍCULO 121. BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES A CARGO DE LA NACIÓN. La Nación expedirá un instrumento de deuda pública nacional denominado bono pensional, de la naturaleza y con las características señaladas en los artículos anteriores, a los afiliados al Sistema General de Pensiones, cuando la responsabilidad corresponda al Instituto de los Seguros Sociales, a la Caja Nacional de Previsión Social, o a cualesquiera otra Caja, Fondo o entidades del sector público sustituido por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, y asumirá el pago de las cuotas partes a cargo de estas entidades.

Los bonos a cargo de la Nación se expedirán con relación a los afiliados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley y sobre el valor de la deuda imputable con anterioridad a dicha fecha.

Significa lo anterior que el reconocimiento en los términos del artículo 121 de la citada ley se encuentra a cargo de la Nación, en consideración a que a ella le corresponde la expedición de esos bonos, en tratándose de una afiliación al ISS producida con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada Ley 100 de 1993, pues recuérdese, el actor se vinculó a los Seguros Sociales el 2 de marzo de 1977.

Con base en lo hasta aquí expuesto, tampoco es de recibo el argumento de que para la expedición del bono pensional se requiera tener derecho a una pensión, pues en los términos de los artículos 2. ° y 11 del Decreto 1299 de 1994, ello no es un requisito exigido, tal como se explicó en la sentencia CSJ SL2649-2020:

En lo que se refiere al argumento según el cual, de los artículos 113, 115 y 120 de la Ley 100/1993 se desprende, como requisito indispensable, tener derecho a la pensión de vejez para poder establecer si es necesaria la expedición del bono pensional, valga recordar que el artículo 11 del Decreto 1299 de 1994 prevé que «(…) el bono pensional se redimirá cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: 1.- Cuando el afiliado cumpla la edad que se tomó como base para el cálculo del respectivo bono pensional. 2.- Cuando se cause la pensión de invalidez de sobrevivencia. 3.- cuando haya lugar a la devolución de saldos de conformidad con la Ley 100 de 1993». A su vez, según el artículo 66 de la Ley 100 de 1993 los bonos pensionales deben ser incluidos dentro del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual que se reintegra al afiliado, a través de la devolución de saldos.

De acuerdo con tales disposiciones, el raciocinio del censor es infundado, dado que el bono pensional no está contemplado únicamente para financiar una pensión de vejez, por lo que no es indispensable tener derecho a la misma para que sea posible su emisión, como equivocadamente se denuncia en el cargo.

Así las cosas, el argumento cae en el vacío, porque no es posible pretender dentro de la estructura del Régimen de Ahorro Individual, en el cual el conjunto de cuentas constituye un patrimonio autónomo, que es propiedad de cada uno de los afiliados, y en el que cada cuenta de ahorro individual está integrada por las cotizaciones obligatorias, las cotizaciones voluntarias de cada uno de los titulares, los rendimientos financieros que genere el fondo y los bonos pensionales, que los valores correspondientes a este último concepto, si no se obtiene la prestación pensional, simplemente desaparezcan, cuando conceptual y estructuralmente hacen parte de las sumas que son propiedad del titular de la cuenta y que, se repite, ya fueron causadas con el simple acto del traslado de régimen. La Corte adoctrinó en sentencia CSJ SL6558-2017 lo siguiente:

Al respecto precisa la Sala que el sistema de seguridad social en pensiones instituido por la Ley 100 de 1993, es de carácter contributivo, y los afiliados acceden a las distintas prestaciones en la medida en que, además de las exigencias específicas para cada contingencia, hayan satisfecho la densidad mínima de cotizaciones o reunido el capital necesario para financiarlas.

La devolución de saldos es un beneficio de la seguridad social, que se concede en el régimen de ahorro individual a quienes no alcancen a cumplir los requisitos legales mínimos para acceder a la respectiva pensión; pero que de todas maneras, en cuanto han hecho parte del sistema y han contribuido a él, no pueden quedar totalmente desamparados.

De la incompatibilidad de la pensión vitalicia de jubilación y el bono pensional

En lo que respecta a la alegada incompatibilidad entre la pensión vitalicia de jubilación y el bono pensional, no le asiste la razón a la censura en este medular aspecto que fue bien abordado por el juez plural, en la medida en que, como se ha venido explicando, el bono pensional si bien, es título de deuda pública según lo establecido en el artículo 121 de la Ley 100 de 1993, también hace parte de las regulaciones y figuras propias del Sistema General de Pensiones y su finalidad, como ya se dijo, consiste en contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las prestaciones de los afiliados al Sistema de Seguridad Social.

Por todos es sabido que ha determinado esta Sala de Casación en numerosas sentencias, que los recursos del Sistema Pensional en el caso de la administradora pública del Régimen de Prima Media son de naturaleza parafiscal, de donde no tiene sentido sostener que uno de los elementos que conforman esos recursos y con los cuales finalmente se va a financiar una prestación económica, goza de una naturaleza distinta que los hace incompatibles con la prestación a la cual está afectado, pues se recuerda, una vez más, ese instrumento no es otra cosa que la conversión en dinero de las semanas servidas o cotizadas y que tienen por eje central el trabajo humano, que para esos efectos se encuentra reflejado en un dispositivo financiero.

A través de los cálculos complejos con que fue concebido legal y conceptualmente el bono pensional, representa las cotizaciones que en su momento fueron hechas por los empleadores privados y el trabajador al ISS, en este caso particular, entre el 2 de marzo de 1977 y el 15 de abril de 1989, con lo cual no puede confundirse el origen primigenio de los recursos con el instrumento que posteriormente los suple y materializa.

Del traslado de cotizaciones del RPM al RAIS

Finalmente, tampoco encuentra eco el argumento en torno a la aplicación del artículo 11 del Decreto 3995 de 2008, en la medida en que lo allí dispuesto opera en los casos en que proceda el traslado del RPM al RAIS y «no haya lugar a la emisión del bono pensional», supuesto que en este caso no se cumple, porque a diferencia de lo que plantea la impugnación a lo largo de su escrito, la afiliación del actor al RPM y su posterior traslado al RAIS es válido, de conformidad con las normas aplicables, tal como se ha expresado a lo largo de esta providencia, lo que significa, en últimas, que sí hay lugar a la emisión del bono pensional, cuya fecha de corte está señalada en el inciso primero del mismo artículo en comento, en concordancia con lo señalado en el artículo 16 del Decreto 1299 de 1994, que establece, para el caso, en cabeza de la Nación esa responsabilidad.

Fuerza concluir, entonces, que los bonos pensionales no solo deben ser incluidos dentro del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual que se reintegra al afiliado, a través de la devolución de saldos que regula el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, sino que las dos erogaciones, pensión vitalicia de jubilación oficial y la devolución de saldos integrada por el bono pensional, no son incompatibles, ni con su reconocimiento se incurre en la prohibición incorporada por el artículo 128 de la CP, en tanto el bono pensional hace parte del capital acumulado por el afiliado dentro de su cuenta de ahorro individual, tal como se dijo en la sentencia CSJ SL451-2013:

[…] aunque la meta ideal del Sistema de Seguridad Social es que los bonos pensionales contribuyan, en principio, a la financiación de una pensión de vejez, pues lo deseable es que todas las personas adquieran una, como fruto de su trabajo, lo cierto es que en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, hacen parte de una reserva de propiedad del afiliado, que debe serle reintegrada cuando no alcanza los límites legales para pensionarse.

Por lo mismo, cuando la norma condiciona la inclusión del bono pensional dentro de la devolución de saldos, a través de la expresión “si a éste hubiere lugar”, no hace cosa diferente a preveer (sic) que su cómputo debe partir de la base de que hubiera sido posible emitirlo, para financiar una eventual pensión de vejez. En otras palabras, cuando es viable pagar un bono pensional para financiar una potencial pensión de vejez, porque se dan las condiciones legales necesarias para esos efectos, esa erogación también puede ser comprendida dentro del cálculo de una devolución de saldos, pues hace parte del capital del afiliado acumulado dentro de su cuenta de ahorro individual.

Sería irracional y contrario a la justicia pensar en que, como lo propone la censura, si el afiliado no alcanza las condiciones para pensionarse, que entre otras es una realidad derivada de las arduas exigencias legales necesarias para ello y del azaroso mercado de trabajo, debe perder también el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, que ha sido el fruto de su trabajo y de sus contribuciones al sistema.

Por lo mismo, la devolución de saldos debe ser pensada y entendida como una prestación alternativa a las pensiones, que busca compensar los intentos fallidos de pensión y cumplir de otra manera con los fines de la seguridad social, por lo que debe comprender todos aquellos factores derivados del trabajo y del ahorro del afiliado, que buscaban soportar financieramente su jubilación, como el bono pensional.

Viene de lo dicho, que el cargo no sala avante.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $9.400.000,oo que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 31 de enero de 2020, en el proceso ordinario laboral que HERNÁN MEJÍA ARCILA le promovió a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS y a LA NACIÓN- MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Costas como arriba se indicó.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

(Aclaro Voto)

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación n°88439

REFERENCIA: LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO vs. HERNÁN MEJÍA ARCILA Y OTRO.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito aclarar el voto, en tanto considero que el régimen exceptuado de los docentes del sector oficial se encuentra vigente y no se extendió solo hasta la entrada en vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, como paso a explicar:

El régimen del magisterio, dirigido a los docentes del orden público, conforme al artículo 279 de la Ley 100 de 1993 junto a otros regímenes, fue excluido de su órbita de aplicación lo que implicó que se mantenían las condiciones del mismo y atendiendo los vínculos de naturaleza pública, no hacían parte del sistema.

Es una realidad que los docentes, además de tener vínculo laboral de naturaleza pública, podían ya fuera de manera simultánea o no, trabajar para empleadores del sector privado, frente a los que, conforme al artículo 15 de la Ley 100 de 1993, surgía la obligación de afiliación al sistema pensional y, por ende, el pago de los correspondientes aportes para la cobertura de su trabajador, pues recuérdese que el régimen exceptuado era exclusivamente para los vínculos emanados de relaciones con entidades públicas.

Ahora bien, efectivamente la Ley 812 de 2003 en su artículo 81, para el régimen prestacional de los docentes, además de reiterar su campo de aplicación a los docentes vinculados al servicio oficial, modificó su acción protectora pues a aquellos nuevos maestros del servicio oficial que se vincularan a partir de la vigencia de la norma en comento, sus derechos pensionales serían conforme al régimen de prima media del estatuto pensional, conservando el requisito de la edad de pensión de vejez en 57 años para hombres y mujeres, como se desprende de la misma norma y que, a continuación, se cita:

ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

Así las cosas, nótese que, este marco regulatorio en nada altera la condición de exceptuado del régimen de docentes, ni está haciendo una incorporación expresa del mismo al sistema general de pensiones, como sí se efectuó con otros regímenes como es el caso de los nuevos trabajadores de Ecopetrol en el año 2003; lo que modifica es el régimen de prestaciones que, a partir de la vigencia de la misma y a los nuevos docentes del sector oficial se les aplicaría, preservando el requisito de edad; e inclusive se llama la atención que su ámbito de aplicación sigue restringido al sector oficial.

La vigencia de este artículo ha sido prorrogada en las siguientes leyes de los planes nacionales de desarrollo, inclusive si acudimos al Acto Legislativo No. 01 de 2005, mediante el que se puso el límite temporal de aplicación de los regímenes exceptuados, especiales, convencionales y de pactos colectivos, claro está, sin perjuicio de los derechos adquiridos y expectativas legítimas de los afiliados a los mismos, encontramos que «A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo» y en el parágrafo transitorio referido al régimen de docentes oficiales indicó:

Parágrafo transitorio 1o. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

Así, el parágrafo transitorio establece y diferencia las normas prestacionales aplicables a los docentes del sector oficial y nuevamente identifica dos grupos: i) los docentes vinculados al servicio público educativo oficial antes del 27 de enero de 2003, es el del Magisterio, establecido en las normas legales anteriores a la Ley 812 de 2003, y ii) docentes oficiales vinculados al servicio público educativo oficial, a partir de la vigencia de la Ley 812 de 2003, sus condiciones serán las de su artículo 81.

De lo expuesto podemos evidenciar que efectivamente se mantienen las normas prestacionales propias de los docentes del sector oficial y puede afirmarse que, aún no han sido incorporados al sistema general de pensiones.

Para estos efectos vale la pena dar una mirada al Decreto 3752 de 2003, reglamentario del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, a través del cual se define el personal que debe afiliarse al Fondo del Magisterio, sus requisitos y trámite; así como la transferencia de recursos en cumplimiento de lo establecido en la norma reglamentada; normatividad que nos permite llegar a la conclusión de que continúa como un régimen separado y exceptuado del sistema general de pensiones. Repárese en que el artículo 1o de la precitada norma contempla:

Artículo 1º. Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Los docentes del servicio público educativo que estén vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales deberán ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, previo el cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en los artículos 4° y 5° del presente decreto, a más tardar el 31 de octubre de 2004.

Parágrafo 1º. La falta de afiliación del personal docente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio implicará la responsabilidad de la entidad territorial nominadora por la totalidad de las prestaciones sociales que correspondan, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales y disciplinarias a que haya lugar.

Parágrafo 2°. Los docentes vinculados a las plantas de personal de las entidades territoriales de manera provisional deberán ser afiliados provisionalmente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mientras conserve su nombramiento provisional.

De lo anterior emerge cristalino que la habilitación de afiliación al Fondo del Magisterio es exclusivamente para los docentes de sector oficial y otra particularidad en la vinculación a dicho fondo, es que esta no la realiza el trabajador docente sino la entidad territorial a través de la solicitud de afiliación ante la sociedad fiduciaria que maneja los recursos del Fondo, la cual debe acompañar con el soporte documental exigido, a saber:

1. Historia laboral de cada uno de los docentes cuya afiliación se pretende, con el soporte documental requerido de acuerdo con el formulario de afiliación que se establezca para tal efecto.

2. Certificado expedido por la respectiva entidad territorial, en el que se incluyan tanto a los docentes con pasivo prestacional a cargo de la entidad territorial como a aquellos que no presenten pasivo prestacional a cargo de tales entidades, en el cual se indique el régimen prestacional que por ley cobije a cada uno de los docentes cuya afiliación se pretende.

3. Autorización del representante legal de la entidad territorial de conformidad con la Ley 715 de 2001, para que con los recursos propios de esta se cubra todo aquello que no se alcance a cubrir con lo que dispone el Fonpet. Así mismo deberá autorizar que sus recursos en el Fonpet le sean descontados, luego del cruce contra el cálculo actuarial que refleja su pasivo y que de los recursos que le corresponden a la entidad territorial de la participación para educación en el Sistema General de Participaciones se realicen los descuentos directos de que trata el parágrafo 1° del artículo 18 de la Ley 715 de 2001. El pago del pasivo que no pueda ser cubierto con los recursos del Fonpet se garantizará mediante la entrega de un pagaré a favor del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual se entregará junto con la autorización de que trata el presente numeral.

Parágrafo 1º. La información de los numerales 1 y 2 deberá ser suficiente, de acuerdo con los parámetros que fije el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la elaboración del cálculo actuarial. La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo para autorizar la afiliación certificará en cada caso que dicha información se encuentra acorde con lo señalado en este inciso.

Parágrafo 2°. Para cada grupo de docentes que se pretenda afiliar se deberá agotar este procedimiento y el cálculo se adicionará con las novedades que ingresen.

Ahora bien, en cuanto a las prestaciones conforme al mismo decreto al que nos referimos, encontramos que efectivamente se entiende que se causan a partir de los requisitos legales que determinen su exigibilidad teniendo en cuenta la fecha de causación:

Las prestaciones sociales de los docentes causadas con anterioridad a la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones estarán a cargo de la respectiva entidad territorial o de la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes.

Las prestaciones sociales que se causen con posterioridad a la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serán reconocidas de conformidad con lo que establezca la Ley y se pagarán por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sin perjuicio de lo anterior, el reconocimiento y pago de prestaciones sociales que se causen a favor de los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se limitará al período de cotizaciones que haya efectivamente recibido el Fondo y al valor del pasivo actuarial que le haya sido efectivamente cancelado.

Esta regulación nos confirma que las condiciones de amparo del Magisterio siguen siendo ajenas al sistema general de pensiones, desde su operatividad como en la definición de derechos, así como su financiación. No está de más resaltar otro aspecto relevante que corrobora aún más el punto que hoy se alerta y, es que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es una cuenta especial de la nación adscrita al Ministerio de Educación Nacional, sin personería jurídica, con independencia patrimonial, contable y estadística, no es una administradora del sistema y dentro de las funciones que le fueron asignadas está desde las prestaciones sociales como la prestación de los servicios médico asistenciales, velar para que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones. Todo lo que hoy se mantiene vigente.

Entonces, aun cuando se concibió la acumulación de aportes en el Fondo del Magisterio desde 1994, no hay desarrollo normativo que así lo materialice, por el contrario, conforme a las normas que lo regulan, su marco de acción es solo sobre los recursos provenientes del sector oficial; así se confirma que aún hoy se mantiene el régimen exceptuado pues a riesgo de fatigar, no se ha efectuado la incorporación del régimen exceptuado de Magisterio al sistema general de pensiones, no se evidencia que se haya unificado la administración de los recursos de los docentes cuyo trabajo le permite nutrirse tanto de recursos del sector privado como del oficial; aun cuando sea docente oficial, si el trabajador presta su servicio en el sector privado, el empleador está en la obligación de afiliar a su trabajador con la correspondiente cotización, se mantiene vigente la libertad de escogencia del maestro cuya remuneración es privada, entonces la compatibilidad de las prestaciones del sistema general de pensiones y del régimen especial de magisterio se mantiene vigente.

Se insiste, solo será viable entender que terminó el régimen especial de magisterio cuando efectivamente estén los mecanismos que habiliten y permitan a las administradoras no solo acumular las cotizaciones sino como se integran los recursos o aportes de diferentes fuentes laborales en las respectivas prestaciones para los afiliados, pues de otra manera, permitir la acumulación en un solo fondo sin que tales aportes tengan un peso en la prestación y tomarlos solo como fuentes de financiación, sería hacer nugatorio su esfuerzo de cubrir los riesgos y que tales recursos, en el evento de ser recibidos, no se puedan tener en cuenta para mejorar la prestación pensional correspondiente. Así surge el segundo cuestionamiento y es si el régimen de magisterio efectivamente está unificado con el sistema pensional.

Conforme a lo anterior, aclaro el voto.

Fecha ut supra

FERNANDO CASTILLO CADENA

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