Ficha de la providencia
Sentencia SL2032-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2032-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2032-2019
Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura
7 de mayo de 2019
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL2032-2019
Radicación n.° 58879
Acta 15
Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A. –ECOPETROL S.A.-, en contra de la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta el 1º de junio de 2012, dentro del proceso adelantado por ORLANDO NÚÑEZ RUBIO en su contra.
ANTECEDENTES
Orlando Núñez Rubio presentó demanda en contra de la Empresa Colombiana de Petróleos S.A. -Ecopetrol S.A.-, con el fin de que se le condenara al reconocimiento y pago de la diferencia salarial existente entre lo percibido por Miguel Francisco Hernández Villamizar como «Coordinador de la Unidad de Personal» y lo pagado a este durante el período comprendido entre el 29 de noviembre de 2002 y el 28 de noviembre de 2004; el impacto prestacional generado por aquella y además, por la derivada de la incidencia del salario en especie suministrado y otros conceptos retributivos; la indemnización por despido indirecto generado «[…] por la provocación que dispuso ECOPETROL S.A. en su contra para solicitar su retiro, por no atender la orden de reubicación dada»; la indemnización por pérdida de capacidad laboral con ocasión de la enfermedad profesional que desarrolló y los salarios «[…] que correspondía devengar hasta cuando cumpliese sus 55 años de edad, para el reconocimiento de su pensión o en su defecto los perjuicios materiales y morales que se le han causado por no permitirle terminar su vida laboral hasta esa edad».
En el mismo sentido, solicitó la reliquidación de las prestaciones sociales y de la mesada pensional de que goza, la incidencia del suministro de alimentación en sus tres raciones, la indemnización por enfermedad profesional, la indemnización por mora en el pago de salarios y prestaciones, los intereses moratorios sobre las acreencias laborales adeudadas y la indexación sobre lo mismo.
Como fundamento de sus peticiones señaló que prestó sus servicios a la entidad demandada mediante un contrato de trabajo a término indefinido desde el 10 de marzo de 1981 hasta el 28 de noviembre de 2004, fecha en la cual «[…] se vio en la necesidad provocada de solicitar su pensión de jubilación», toda vez que su salud «[…] se resquebrajaba día a día», sin que la empresa diera cumplimiento a la orden de reubicación laboral dispuesta por el Comité Médico Laboral a «[…] lo largo del desarrollo de su enfermedad profesional no calificada en su integridad», determinada por trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico y estrés postraumático, ligado a la enfermedad profesional conocida como «artrosis degenerativa», por lo que fue calificado con 21.4% de pérdida de capacidad laboral, por lo cual fue indemnizado pero no con el promedio salarial a que tenía derecho.
Informó que por la intención de la empresa en desvincularlo, le fue otorgada la pensión de jubilación sin tomar los elementos salariales necesarios para la integración de su mesada, tales como horas extras, beneficio del 4% según Acuerdo 01 de 1977, bonificación de emergencia, entre otros. Afirmó que el trastorno postraumático no fue objeto de valoración antes, y al momento de su retiro no era posible dado que no se habían consolidado las secuelas.
Adujo, además, que durante su desempeño a favor de la demandada fue ascendido en varias ocasiones al punto que desde el 12 de agosto de 2002 y hasta la fecha de su desvinculación se desempeñó como «Coordinador de la Unidad de Personal», en reemplazo de Miguel Francisco Hernández Villamizar y sin embargo, el empleador no le reconoció el pago de ese mayor valor económico que demandaba aquel ejercicio. Insistió en que en el régimen que le aplicó la entidad para el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, se desconocieron conceptos que impactaban su tasación como el suministro de alimentación, generando una diferencia que ha venido acumulándose mensualmente. Afirmó haber agotado la reclamación administrativa, sin éxito.
La Empresa Colombiana de Petróleos S.A. –Ecopetrol S.A.- contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. Aceptó la existencia de la relación laboral y los extremos del contrato. Sostuvo que le fue reconocida al demandante una pensión de jubilación desde el 29 de noviembre de 2004 con arreglo en el Acuerdo 001 de 1977, al cual se acogió expresa y voluntariamente al renunciar a su condición de miembro de la Unión Sindical Obrera –USO- «[…] a finales de 1990». Afirmó que las patologías detectadas al trabajador fueron oportunamente tratadas y fue indemnizado por la pérdida de capacidad laboral que registraron aquellas, incluidas las de carácter no físico. Manifestó que no era cierto que hubiera presionado o sugerido la solicitud de pensión del actor y que, por el contrario, éste agradeció su reconocimiento y el tiempo de servicio desempeñado.
Informó que el demandante había sido ascendido de cargo durante su estancia en la empresa en varias oportunidades, lo que se ajustó a la estructura institucional y a los cambios introducidos por el Decreto 1760 de 2003 que modificó la planta de personal y que, además, no compartía la igualdad de trabajo con Miguel Francisco Hernández dado que presentaban diferencias académicas, laborales y de experiencia que se reflejaron en su asignación salarial. Señaló que la asignación de un suministro de alimentación no fue tenido en cuenta en la liquidación de sus acreencias laborales dado que este carecía de incidencia salarial en la medida en que estuvo cobijado bajo los preceptos del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo como fue pactado en su contrato de trabajo.
Propuso las excepciones de pago, prescripción, inexistencia de despido, «existencia de calificación de incapacidad permanente parcial», cobro de lo no debido y buena fe.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta profirió fallo el 23 de marzo de 2011, por medio del cual condenó a la demandada a pagar la diferencia salarial existente entre el actor y Miguel Francisco Hernández Villamizar entre el 28 de noviembre de 2002 y el 28 de noviembre de 2004, de forma indexada y su incidencia en los derechos legales y prestacionales.
En adición a ello, ordenó el reconocimiento del impacto salarial que el auxilio de alimentación tuvo en los derechos legales y extralegales pagados por la empresa «[…] de acuerdo al costo real pagado por Ecopetrol y en proporción a los días en que se consumió, a partir del 10 de marzo de 1981 y hasta el 29 de noviembre de 2004»; así como las «[…] ganancias no tenidas en cuenta» entre junio de «2008» y el 14 de diciembre del mismo año. En igual medida, ordenó el reconocimiento de aquellos incrementos en la mesada pensional reconocida, de forma indexada y la indemnización prevista en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Por apelación de la parte demandada, conoció del asunto la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, que en sentencia del 1º de junio de 2012 confirmó la decisión.
Como sustento del fallo, el ad quem comenzó por aclarar que la prescripción propuesta en la contestación de la demanda inicial sólo operó frente a las prestaciones indemnizatorias derivadas de la enfermedad laboral y no respecto de todas las pretensiones de la demanda, al tiempo que en la respuesta dada a la reforma a la demanda no se hizo mención a aquel fenómeno, motivo por el cual no habría de prosperar sino en aquellos precisos linderos.
En torno a la incidencia salarial del auxilio de alimentación, indicó que según el Acuerdo 01 de 1977 aquel no tendría tal carácter para las personas de la nómina directiva y en las ciudades allí denunciadas por lo que al beneficiarse el actor de aquel acuerdo, no habría de tener tal calidad. Sin embargo, el artículo 316 del Código Sustantivo del Trabajo estableció que las empresas de petróleos debían suministrar a los trabajadores en los lugares de explotación y exploración alimentación sana y suficiente o el salario para obtenerla de acuerdo con su precio en cada región y por ende, su valor haría parte del salario. Así las cosas, aunque en el Acuerdo 01 de 1977 existiera aquella determinación citada, no podía ir en contra de lo previsto en el artículo 316 citado, de modo que el salario en especie recibido debería tener aquella connotación.
Respecto de la nivelación salarial, informó que el actor fue contratado desde el 10 de marzo de 1981 y, desde el 12 de agosto de 2002 hasta su retiro, se desempeñó como Líder de Gestión de Personal, lo cual tiene asidero en las pruebas documentales y testimoniales aportadas al expediente y que ratifican que fue aquel el cargo desempeñado por este una vez fue trasladado Miguel Hernández,
[…] extrañándose que no obstante lo anterior, la demandada más allá de las manifestaciones realizadas en la contestación de la demanda no justificara el presunto nivel educativo, antigüedad laboral u otro factor que impidiera que al demandante se le cancelara la misma remuneración que devengó el señor Hernández Villamizar, más aún cuando estuvo durante 25 meses ocupando el aludido cargo.
Finalmente, en lo tocante a la indemnización moratoria, el Tribunal afirmó que la demandada adeudaba al actor un concepto de nivelación salarial respecto de un trabajador que desempeñaba sus mismas funciones y el reajuste que de ello se derivaba, lo que comportó una práctica discriminatoria que fundaba la condena apelada al ser una muestra de mala fe.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la sociedad demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la entidad recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y la absuelva de las pretensiones de la demanda.
Con tal propósito formuló seis cargos por la causal primera de casación, por las vías directa e indirecta, los cuales tras haber sido replicados, pasan a ser examinados por la Corte de forma conjunta dado que contienen argumentación complementaria entre sí y metodológicamente su decisión tiene efectos comunes.
PRIMER CARGO
Acusó la sentencia recurrida de violar la ley sustancial por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 57 numeral 4, 65, 127, 128, 129, 249, 259 y 316 del Código Sustantivo del Trabajo; de los Decretos el 1º del 1209 de 2004; 29 del 062 de 1970; 1º del 2027 de 1951; 14 del 2351 de 1965; 279 de la Ley 100 de 1993 y el 1º de la Ley 52 de 1975 en relación con el artículo 316 del Código Sustantivo del Trabajo.
Como errores ostensibles de hecho, indicó:
1. Dio por demostrado, sin estarlo, que Ecopetrol le suministró alimentación al demandante.
2. Dio por demostrado, sin estarlo, que Ecopetrol le suministró tres raciones diarias de alimentación durante los últimos tres años de la relación laboral.
Como prueba no apreciada, señaló la certificación en la cual se indicó que el empleador no pagó suma alguna por alimentación al demandante por los años 2002, 2003 y 2004. Como pruebas mal apreciadas, señaló los documentos que demostraron los pagos por alimentación realizados a los contratistas.
En la demostración del cargo sostuvo que el Tribunal no sólo desconoció que el subsidio por alimentación fue pactado como no salarial, sino que no se infería de las pruebas certeza alguna de los valores presuntamente recibidos por el actor, su periodicidad o forma de pago, por lo que no había cumplido el ad quem con encontrar verdaderamente probado lo que dijo, carga probatoria que, además, era del demandante.
SEGUNDO CARGO
Acusó la sentencia recurrida de violar la ley sustancial por la vía directa, por infracción directa, de los artículos 57 numeral 4, 65, 127, 128, 129, 143, 249, 259 y 316 del Código Sustantivo del Trabajo; 5º de la Ley 6 de 1945; de los Decretos el 1º del 1209 de 2004; 29 del 062 de 1970; 1º del 2027 de 1951; 14 del 2351 de 1965; 279 de la Ley 100 de 1993; 1º de la Ley 52 de 1975 en relación con el artículo 316 del Código Sustantivo del Trabajo; 8 de la Ley 153 de 1887; 15, 1494, 2469, 2473 y 2488 del Código Civil y 13 y 53 de la Constitución Política.
Sostuvo el cargo indicando que el Tribunal se equivocó en la intelección del artículo 316 del Código Sustantivo del Trabajo en la medida en que no vio que, según el artículo 116 de la Ley 50 de 1990, el artículo 15 del mismo texto legal modificó sustancialmente aquel otro, de manera que no podía desconocer que el pacto de exclusión salarial se amparó en las previsiones de este último y por ende, tenía plena validez.
TERCER CARGO
Acusó la sentencia recurrida de violar la ley sustancial por la vía directa, por infracción directa, de los artículos 314 del Código Sustantivo del Trabajo, 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil, por la consecuencial aplicación indebida del artículo 316 de aquel.
Todo ello, como consecuencia de la aplicación indebida de los artículos 57 numeral 4, 65, 127, 128, 129, 143, 249, 259 y 316 del Código Sustantivo del Trabajo; 5º de la Ley 6 de 1945; de los Decretos el 1º del 1209 de 2004; 29 del 062 de 1970; 1º del 2027 de 1951; 14 del 2351 de 1965; 279 de la Ley 100 de 1993; 1º de la Ley 52 de 1975 en relación con el artículo 316 del Código Sustantivo del Trabajo; 8 de la Ley 153 de 1887; 15, 1494, 2469, 2473 y 2488 del Código Civil y 13 y 53 de la Constitución Política.
Fundó el cargo en que el artículo 314 del Código Sustantivo del Trabajo fijó el campo de aplicación de los preceptos del Capítulo VIII del Título VIII relativo a los trabajadores de las empresas de petróleos, indicando que las disposiciones allí señaladas sólo obligaban a los empleadores frente a trabajadores que realizaran su labor en lugares alejados de centros urbanos. Siendo así, el Tribunal no tuvo en cuenta que para el caso en concreto aquellas disposiciones no resultaron probadas y sin embargo, aplicó el contenido del artículo pasando por alto su verdadero contenido.
CUARTO CARGO
Acusó la sentencia recurrida de violar la ley sustancial por la vía directa, por aplicación indebida de los artículos 307 y 491 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos174, 177, 304 y 305 del mismo Código, y los artículos 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Y como consecuencia de ello, la aplicación indebida de los artículos 57 numeral 4, 65, 127, 128, 129, 143, 249, 259 y 316 del Código Sustantivo del Trabajo; 5º de la Ley 6 de 1945; de los Decreto el 1º del 1209 de 2004; 29 del 062 de 1970; 1º del 2027 de 1951; 14 del 2351 de 1965; 279 de la Ley 100 de 1993; 14, 15 y 16 de la Ley 50 de 1990; 1º de la Ley 52 de 1975 en relación con el artículo 316 del Código Sustantivo del Trabajo; 8 de la Ley 153 de 1887; 15, 1494, 2469, 2473 y 2488 del Código Civil y 13 y 53 de la Constitución Política.
Apoyó la acusación señalando que la condena del Tribunal se erigió sobre pronunciamientos genéricos contrarios a lo establecido en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, dado que no se precisaron los elementos que daban lugar a aquella, tales como la periodicidad o los valores que presuntamente había recibido el demandante por concepto de alimentación para traducir aquello en una orden concreta, así como tampoco las prestaciones sobre las cuales habría de impactar la incidencia salarial.
Insistió en que el actuar oficioso del juez sólo podía darse cuando estuvieran probados los derechos y sólo bastaba cuantificarlo, pero no cuando realmente estaba en discusión el derecho. Si el Tribunal encontró que no había elementos para deducir a qué tenía derecho el demandante, debió absolver a la empresa demandada en la medida en que aquella falencia probatoria sólo podía afectar al actor que era el interesado en demostrar su derecho.
QUINTO CARGO
Acusó la sentencia recurrida de violar la ley sustancial por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 57 numeral 4, 65, 127, 128, 129, 143, 249, 259 y 316 del Código Sustantivo del Trabajo; 5º de la Ley 6 de 1945; de los Decretos el 1º del 1209 de 2004; 29 del 062 de 1970; 1º del 2027 de 1951; 14 del 2351 de 1965; 279 de la Ley 100 de 1993; 14, 15 y 16 de la Ley 50 de 1990; 1º de la Ley 52 de 1975 en relación con el artículo 316 del Código Sustantivo del Trabajo; 8 de la Ley 153 de 1887; 15, 1494, 2469, 2473 y 2488 del Código Civil y 13 y 53 de la Constitución Política.
Como error ostensible de hecho, indicó haber dado por demostrado, sin estarlo, que el demandante y el trabajador Miguel Hernández Villamizar desempeñaron las mismas actividades y en igualdad de condiciones.
Como pruebas mal apreciadas, señaló:
1. Los documentos de los folios 41, 42, 276 a 278, 846 a 891 y 982 a 987.
2. Los testimonios de MIGUEL BAYONA VERGEL, ROSALBA CABREJO DE BELTRÁN, JAIME ORLANDO BOADA CORDERO, JAVIER ANTONIO CALDERÓN CHONA y ÓMAR ISNARDO ACEVEDO GAMARRA.
En la demostración del cargo sostuvo que el Tribunal erró en la calificación y valoración de los citados documentos, dado que la nivelación salarial sólo es viable cuando hay comprobación de la igualdad en funciones en las mismas condiciones de eficiencia, pero aquellos sólo demuestran que tuvieron el mismo cargo. Así mismo, los testimonios fueron claros en señalar que no tenían las mismas funciones sino sólo algunas y el actor verdaderamente fungió como apoyo del trabajador con quien era comparado.
SEXTO CARGO
Acusó la sentencia recurrida de violar la ley sustancial por la vía directa, por interpretación errónea de los artículos 5 de la Ley 6 de 1945; 143 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con los artículos 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil. En adición a la aplicación indebida de los artículos 57 numeral 4, 65, 127, 128, 129, 143, 249, 259 y 316 del Código Sustantivo del Trabajo; 5º de la Ley 6 de 1945; de los Decreto el 1º del 1209 de 2004; 29 del 062 de 1970; 1º del 2027 de 1951; 14 del 2351 de 1965; 279 de la Ley 100 de 1993; 14, 15 y 16 de la Ley 50 de 1990; 1º de la Ley 52 de 1975 en relación con el artículo 316 del Código Sustantivo del Trabajo; 8 de la Ley 153 de 1887; 15, 1494, 2469, 2473 y 2488 del Código Civil y 13 y 53 de la Constitución Política.
Apoyó la acusación señalando que el Tribunal se equivocó al restringir el alcance de los preceptos señalados pues no bastaba establecer si el servicio se prestaba en el cargo y la jornada idénticos sino que debían establecerse las condiciones de eficiencia entre dos o más trabajadores, lo que suponía el cotejo de hechos constitutivos de tales factores e implicaba el análisis de funciones efectivamente desempeñadas, jornadas cumplidas y evaluación del desempeño cualitativo y cuantitativo de aquellos.
RÉPLICA
La oposición apoyó la legalidad de la sentencia afirmando que ningún error ostensible cometió el Tribunal, dado que se cumplieron los requisitos legales para la procedencia de la nivelación salarial por la incidencia del auxilio de alimentación devengado en función del artículo 316 del Código Sustantivo del Trabajo, así como que quedó demostrado que entre él y el otro trabajador mencionado, había una injustificada diferencia salarial, todo lo cual quedó suficientemente bien acreditado para proceder a una cuantificación de la condena respectiva.
CONSIDERACIONES
Son varios los problemas jurídicos que plantea la censura a la Sala, a saber: (i) establecer si se equivocó el Tribunal al otorgarle incidencia salarial al auxilio de suministro de alimentación pactado en la compañía, a la luz del artículo 316 del Código Sustantivo del Trabajo; (ii) determinar si, como consecuencia de ello, erró al imponer una condena genérica o en abstracto; y (iii) comprobar si existió error al considerar que era procedente una nivelación salarial entre el actor y el trabajador Miguel Hernández Villamizar.
1. Sobre la incidencia salarial del auxilio de suministro de alimentación
Lo primero que advierte la Sala es que el suministro de alimentación estuvo previsto en el Acuerdo 01 de 1977 que era aplicable al trabajador, bajo la connotación de ser un pago no salarial. Sin embargo, la verdadera motivación del ad quem para asignarle tal carácter devino de la aplicación del artículo 316 del Código Sustantivo del Trabajo, frente a lo cual razonó que cualquier pacto entre las partes no podía suponer un menoscabo de las previsiones de carácter legal.
El anterior raciocinio del Tribunal, en apariencia acertado, resulta insuficiente cuando se analiza el origen de la discusión y luego, la inteligencia del citado artículo del Código Sustantivo del Trabajo. En efecto, el interés del demandante en la petición del reconocimiento de la incidencia salarial del suministro de alimentación tuvo un origen en la periodicidad y habitualidad del beneficio, no así en la aplicación del artículo 316 del Código Sustantivo del Trabajo. Se buscó por aquel, inicialmente, una suerte de invalidación de la cláusula que le extraía el carácter salarial por razones propias de su contenido.
No obstante ello, tras haber sido reconocida aquella naturaleza en primer grado, el Tribunal lo que hizo fue partir de la base de que el Acuerdo 01 de 1977 sí estipulaba aquel auxilio como carente de connotación salarial, pero, la ineficacia de éste devenía, como se dijo, de la obligatoriedad general de la cláusula establecida en el ya citado artículo 316 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo anterior quiere decir que la motivación jurídica varió para llegar a la misma consecuencia: el reconocimiento del suministro de alimentación como un auxilio de carácter salarial.
A pesar de ello, la inteligencia que aplicó al artículo sobre el cual apoyó las razones de su decisión sobre este aspecto fue deficiente de cara al contenido específico de la norma. En efecto, el artículo en cita ciertamente reconoce la incidencia salarial de la alimentación que debe suministrar el empleador del sector petrolero a los trabajadores que desarrollen actividades de exploración y explotación, pero cuando éstas se desarrollen «[…] en lugares alejados de centros urbanos» como lo condiciona el artículo 314 de la misma codificación.
Para el caso en concreto, resulta claro que no sólo el trabajador desempeñaba un cargo administrativo sino que lo hacía en una municipalidad que según la información estadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- contaba con una proyección de población total de 37.286 habitantes para el año 2019 y resulta ajustada al concepto de «Área urbana» definido por la misma autoridad, el cual está conformado por,
[…] conjuntos de edificaciones y estructuras contiguas agrupadas en manzanas, las cuales están delimitadas por calles, carreras o avenidas, principalmente. Cuenta por lo general, con una dotación de servicios esenciales tales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y colegios, entre otros. En esta categoría están incluidas las ciudades capitales y las cabeceras municipales restantes.
En este sentido, el Tribunal no sólo no podía dar aplicación automática al artículo 316 citado, sino que debía moderar los efectos de éste a la luz de lo que se encontrare probado en los términos del 314 del mismo Código, todo lo cual no hizo y lo llevó a cometer, por ende, el error que le enrostra la censura.
Sobre el particular, ya la Sala ha sentado una posición pacífica que, por demás, acompaña la postura de la sociedad recurrente, lo que conduce a la casación de la sentencia sobre este aspecto. En reciente sentencia CSJ SL868-2019, respecto del objeto de discusión, se dijo:
Esta Corporación debe iniciar el análisis con la cita del artículo 316 del CST, que es el precepto sustantivo que permite esclarecer la discusión propuesta, el cual dispone:
[…]
De cara a la citada norma, la Sala advierte que el ad quem sí incurrió en el desatino de indicar, de manera automática, que la alimentación suministrada por la empresa al actor sí tenía incidencia salarial, sin consultar las pruebas que hacían parte del plenario, pues, en efecto, el artículo 316 del CST si bien consagra el deber de las empresas petroleras de proveer alimentos sanos y suficientes a sus trabajadores y que este haga parte del salario, también precisa que este solo surge en los lugares donde se ejecute la exploración y explotación de petróleo, por lo que el juzgador ha debido verificar esta circunstancia, preliminarmente para después evidenciar si hay o no lugar a otorgar el derecho (subrayas fuera del texto)
[…]
De otra parte, nada adujo el sentenciador en lo concerniente al lugar geográfico donde estaba ubicada la estación Samoré, aspecto obligado de conformidad con el artículo 314 del CST el que alude al campo de aplicación de las normas que tratan temas de las empresas petroleras, y que señala: «Las disposiciones del presente capítulo obligan a las empresas de petróleos solamente en los trabajos que se realicen en lugares alejados de centros urbanos», presupuesto que se funda en que el personal que presta sus servicios a estas empresas en lugares de exploración y explotación del crudo, son por lo general zonas alejadas de áreas residenciales o urbanas y por ello se pueden ver afectados en su alimentación, siendo este otro argumento importante que omitió analizar el juez de alzada en su decisión (subrayas adicionales).
Sobre este asunto, y frente a aspectos jurídicos como el que se revisa, esta Sala emitió la sentencia SL4130-2018, rad. 60387, en la que se dijo:
[…]
Adicionalmente, puntualiza la Sala al ad quem, que no podía resolver el caso con aplicación del artículo 316 del Código Sustantivo del Trabajo, pues en el proceso no está demostrado que el accionante prestara sus servicios a la demandada en un lugar de exploración y explotación petrolera, presupuesto necesario para desatar los efectos de esa norma. En efecto, los documentos de folios 77-80 y 111-112, sólo acreditan que el trabajador prestó sus servicios a la demandada, como parte del personal directivo, en sus oficinas centrales en Cúcuta, pero ni ellos ni otra prueba demuestran que, en esta ciudad, la empleadora realice las actividades a que hace referencia el precepto que se examina.
Sobre el particular se tiene que, en efecto, sin hacer ninguna consideración adicional al hecho de que el actor trabajaba en la planta de Toledo y que en ese lugar «se realizan actividades propias de la empresa Ecopetrol», el Tribunal infirió que aquél tenía derecho a que la alimentación que le suministraba la empresa tuviera incidencia salarial para efectos liquidatorios, esto es, sin hacer alguna alusión a los cargos que aquél desempeñó; a las condiciones en que ejecutó sus labores y, mucho menos, a la sede en que las ejecutaba, por lo que dicha referencia, resultaba insuficiente a efectos de establecer, con certeza, si concurrían los presupuestos legales para considerar que dicho concepto constituía o no factor salarial. (Subrayas intencionales).
[…]
Bajo esas condiciones, la Sala estima que el juez de segundo grado le hizo producir efectos al artículo 316 del CST, sin constatar si las circunstancias acreditadas en este caso encuadraban en el supuesto de hecho previsto en dicha norma, con lo que incurrió en su aplicación indebida.
Conforme lo dicho, el ad quem incurrió en los errores que le fueron atribuidos en la medida en que no sólo no reparó que el trabajador demandante prestó sus servicios en un área administrativa que pudiera reñir con las actividades propias de la exploración y explotación del petróleo, sino que, además, lo hizo en un centro urbano (Tibú, Norte de Santander) que, pese no ser la capital del departamento, no se enmarcaba en las condiciones previstas en el mencionado artículo 314 del Código Sustantivo del Trabajo, para concluir que el auxilio de alimentación percibido pudiera tener el carácter salarial pretendido.
Ciertamente,
En consecuencia, los cargos primero, segundo y tercero prosperan en la medida en que, conjuntamente, componen el ataque respecto del tópico estudiado y de contera, hace innecesario por sustracción de materia el estudio del cargo cuarto que estaba enfilado a criticar una presunta abstracción en la condena del Tribunal sobre la incidencia salarial de aquel emolumento, tras no haber sido dispuesta en concreto.
2. La procedencia de la nivelación salarial
Acusó la censura al Tribunal de haberse equivocado en la valoración de los elementos de juicio llevados a su conocimiento, relacionados con la presunta desigualdad que existió en la remuneración del demandante y el funcionario Miguel Hernández Villamizar tras ocupar el mismo cargo.
El reproche estuvo fundado, principalmente, en la errada apreciación de los documentos de designación temporal del demandante como encargado de la «unidad de personal» de la empresa demandada; la solicitud y el trámite de la pensión de jubilación extralegal aplicable para el demandante; la correspondencia dirigida por el sindicato al actor como «Jefe de Gestión de Personal» entre el 20 de febrero de 2004 y el 30 de abril del mismo año, así como las actas de constatación de cese de actividades a instancias del Ministerio del Trabajo en el mes de abril de 2004; y los contratos de trabajo donde fungió el demandante como «Líder Local de Gestión de Personal Oriente-Tibú». En adición a ello, criticó la sociedad recurrente la apreciación que hizo el Tribunal de los testimonios de Miguel Bayona, Rosalba Cabrejo, Jairo Boada, Javier Calderon y Ómar Acevedo.
Pues bien, ciertamente no existe duda de que el demandante ocupó el cargo de «líder», «encargado» o «jefe» de la unidad de personal de la sociedad demandada. Tampoco, que igual cargo o responsabilidad la ocupó el funcionario Miguel Hernández Villamizar. Sin embargo, nada más allá de ello fue motivo de escrutinio por el ad quem. En efecto, así razonó el Tribunal:
Así pues, se tiene conforme a la prueba documental del expediente que el demandante ORLANDO NÚÑEZ RUBIO fue contratado desde el 10 de marzo de 1981 y desde el 12 de agosto de 2002 hasta la fecha de su retiro estuvo desempeñándose como Líder de Gestión de Personal, situación más que ratificada por las documentales vistas a folios 41, 42, 846 a 891, 982 a 987 y 276 a 278, por los testimonios rendidos por quienes en su época fueron compañeros de trabajo del actor, los señores Miguel Bayona Vergel, Rosalba Cabrejo de Beltrán, Jairo Orlando Boada Cordero, Javier Antonio Calderón Chona y Omar Isnardo Acevedo Gamarra, quienes fueron coincidentes y contundentes en que el actor ejecutó las funciones propias del cargo mencionado, una vez fue trasladado el anterior funcionario, el señor Miguel Hernández, extrañándose que no obstante lo anterior, la demandada más allá de las manifestaciones realizadas en la contestación de la demanda, no justificara el presunto nivel educativo, antigüedad laboral u otro factor que impidiera que al demandante se le cancelara la misma remuneración que devengó el señor Hernández Villamizar, más aún cuando estuvo durante 25 meses ocupando el aludido cargo.
Se advierte, entonces, de lo dicho por el ad quem que el único pilar argumentativo sobre el que hizo descansar su decisión fue la comprobación de una situación que, además, no fue siquiera controvertida en el plenario: que el demandante ostentó un cargo de responsabilidad en la oficina de recursos humanos que antes había ocupado otra persona. Luego, la decisión del Tribunal carece verdaderamente de cualquier raciocinio que estuviera dirigido a la comparación de la gestión de ambos funcionarios para encontrar que en realidad se encontraban en condiciones idénticas, pero remunerados de manera desigual.
Revisados los documentos sobre los cuales se apoyó el Tribunal para construir su decisión, advierte la Sala que efectivamente, como lo propone la censura, ninguna situación concreta de discriminación se comprueba en perjuicio del demandante, comoquiera que sólo se acredita con aquellos lo ya mencionado, esto es, el cargo ocupado por éste y por el trabajador Hernández Villamizar.
Ni de los actos de designación como líder de la división de personal; ni de la correspondencia que al actor envió a la organización sindical en ejercicio de su representación, ni de su participación en las diligencias de constatación de cese de actividades en abril de 2004 en la compañía demandada, así como tampoco de la participación suya en la suscripción de contratos de trabajo como representante del empleador; puede inferirse válidamente que existiera una situación de desigualdad respecto del funcionario que ocupó igual cargo con antelación.
De esta manera, el ad quem fue ligero al derivar una consecuencia automática de la realidad objetiva y no controvertida que supuso la gestión del demandante como encargado de la oficina de personal, cuando lo que estaba bajo la órbita de su competencia, era la evaluación pormenorizada de las condiciones en las que el actor hubiera desempeñado funciones idénticas con responsabilidades iguales y en similares condiciones que otro trabajador, pero hubiere sido remunerado en perjuicio.
A este respecto debe recordar la Sala que la premisa consagrada en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo impone un despliegue probatorio mínimo para, luego, aprovechar la presunción que la modificación de la Ley 1496 de 2011 introdujo. Ahora bien, importa aclarar, desde luego, que la relación de trabajo del demandante finalizó el 28 de noviembre de 2004 con el reconocimiento de la pensión de jubilación extralegal a favor del actor, por lo que para el momento de la desvinculación aún no se encontraba vigente aquella última normativa citada. Sin embargo, ello no supone que en situaciones en las que se debate una presunta discriminación, no existiera de antaño una pacífica regla de dinamismo probatorio que en no pocas oportunidades adoctrinó esta Corporación.
En efecto, en la sentencia CSJ SL3165-2018 se recordó que quien pretenda una nivelación salarial por aplicación del principio a trabajo igual salario igual, debe demostrar el cargo que desempeña y la existencia de otro trabajador que ejecute el mismo puesto, con similares funciones y eficiencia (CSJ SL, 5 febrero 2014, radicación 39858; CSJ SL, 20 octubre 2006, radicación 28441; CSJ SL, 24 mayo 2005, radicación 24272, entre otras). Con todo, mediante sentencia CSJ SL, 17462-2014 reiterada en providencia CSJ SL4337-2018, la Corte precisó dicho criterio, para señalar que en tratándose de relaciones de trabajo causadas antes de la modificación introducida al artículo 143 del Código Sustantivo de Trabajo por el artículo 7° de la Ley 1496 de 2011 -según la cual «[…] todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración, se presumirá injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación»-; la carga de la prueba, también se invierte. Por tanto, si el trabajador aporta los indicios generales que suministren un fundamento razonable sobre el trato discriminatorio en materia retributiva, le corresponde al empleador justificar la razonabilidad de ese trato, por cuanto es aquel quien está en mejores condiciones de producir la prueba respectiva.
Así las cosas, el empleador está llamado a justificar las presuntas diferencias que se evidencien respecto de la labor que dos trabajadores realicen en similares condiciones, no sólo desde la expedición de la Ley 1496 de 2011 sino desde la redacción original del artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, bajo el principio adoptado de antaño por la Corte relacionado con la carga dinámica de la prueba. Ello, no obstante, no supone que el interesado esté relevado de demostrar inicialmente la situación que reputa discriminatoria, para poder dar paso con ello, a las justificaciones que deba asumir el empleador.
Estas condiciones de desigualdad que detonan el análisis de discriminación, deben comprender razonablemente las situaciones mínimas en las que una persona en ejercicio de actividades subordinadas está recibiendo un tratamiento diferenciado a pesar de contar con un desempeño en idénticas funciones y responsabilidades, lo que no se cumple con la simple mención de la nominalidad del cargo.
Así lo ha dejado claro la Corte en diversos pronunciamientos, entre ellos, en la sentencia CSJ SL20319-2017 en la que citó la providencia CSJ SL, 26 noviembre 2014, radicación 45830, en la que respecto de la comparación de las condiciones de igualdad que deben verificarse tanto en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 5º de la Ley 6 de 1945, aseguró:
Tal raciocinio es equivocado pues, con independencia de los destinatarios de cada disposición, tales preceptos propenden por la protección de los derechos de igualdad y no discriminación, lo que ha permitido que la jurisprudencia los ubique en un mismo plano, como se advierte en la sentencia CSJ SL, 26 nov. 2014, rad. 45830 en la que se puntualizó:
“En la actualidad el principio de no discriminación se erige como un complemento sustancial e inescindible del principio de igualdad, al punto de constituirse en el elemento que marca diferencia radical con el principio liberal clásico de la igualdad ante la ley, y ser la pieza normativa clave de la igualdad material.
Sin embargo para mediados del siglo XX faltaba una preceptiva que llevara el principio de igualdad y no discriminación al terreno específicamente laboral. Fue en 1953 cuando la Organización Internacional del Trabajo emitió el Convenio 100, sobre igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y luego, en 1960, el Convenio 111, relativo a la discriminación en empleo y ocupación.
En Colombia, a partir de la Constitución de 1991, por efecto del Art. 93 superior, ambos convenios internacionales «prevalecen en el orden interno», o sea, forman parte del llamado bloque de la constitucionalidad, en forma indisoluble con el artículo 13 de la Carta. Esto significa que los citados convenios se erigen en razones para las reglas legales que en Colombia regulan la igualdad y no discriminación en materia retributiva en el ámbito laboral. En concreto, son razones para los preceptos incluidos en los señalados artículos 5º de la Ley 6ª de 1945 y 143 CST, cuyo alcance y significado deberá definirse en función de tales instrumentos internacionales ratificados por Colombia, y por tanto incorporados como cánones superiores en el ordenamiento jurídico interno.
De esta manera, las diferencias en las retribuciones de trabajadores que desempeñen iguales o semejantes trabajos, solo podrán justificarse cuando ellas obedezcan a criterios objetivos.
Igual criterio quedó descrito en la sentencia CSJ SL12814-2016 en la que ratificó las posturas ya sentadas con antelación (CSJ SL, 10 junio 2005, radicación 24272; CSJ SL, 2 noviembre 2006, radicación 26437; CSJ SL, 23 enero 2007, radicación 27724; CSJ SL, 3 junio 2009, radicación 35593, CSJ SL, 15 abril 2014, radicación 46853; CSJ SL6217-2014; CSJ SL14403-2015, CSJ SL16217-2014, CSJ SL5464-2015 y CSJ SL1327-2015) y donde se reiteró que es legítimo que existan diferencias en la remuneración de los trabajadores, siempre y cuando estén fundadas en razones objetivas que no respondan al arbitrio del empleador o a odiosas diferencias originadas en el sexo, género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica del trabajador. Tal y como lo prohíbe el artículo 13 de la Constitución Política de 1991 y lo consagran los Convenios 100 y 111 de la OIT ratificados por Colombia, a través de los cuales también se regula la igualdad y no discriminación retributiva en las relaciones de trabajo subordinado.
El espectro de aplicación del artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo modificado y enriquecido por el artículo 7 de la Ley 1496 de 2011, y lo que análogamente consagra el artículo 5º de la Ley 6 de 1945; en asuntos de igualdad en el trabajo, implica que debe adelantarse un análisis sobre la verdadera comprobación de la condición de desigualdad que debe ser, como se dijo, justificada o desmentida por el empleador.
Pues bien, el Tribunal confirmó las condenas impuestas por el a quo en torno a la nivelación salarial pretendida comoquiera que adujo encontrar probada con certeza el desempeño del demandante en el mismo cargo respecto el funcionario que escogió para su comparación. Sin embargo, esta conclusión por sí sola, advierte la Sala, se vislumbra equivocada en la medida en que, contrario a la forma como lo aseguró el ad quem, no basta con la mención nominal del cargo que comparten dos trabajadores remunerados de forma diferente, para desprender de allí automáticamente una discriminación. Es necesario, entonces, que se demuestren verdaderamente la forma como un trabajo determinado terminó siendo de igual valor a otro realizado por otro trabajador, pero con mayor salario.
También sobre ello se pronunció la Sala cuando dijo en providencia CSJ SL, 8 mayo 2012, radicación 40356, reiterando la sentencia CSJ SL, 3 junio 2009, radicación 35593, que,
Con todo, no es posible argüir que el ad quem se equivocara, pues justamente lo que visibilizó fue ausencia de pruebas y por ello consideró que no era viable atender a los requerimientos del actor.
Para la nivelación a la que aspiraba, alegando el cumplimiento de las mismas funciones que ostentaba otro empleado, lo propio era demostrar tal aserto, para establecer el factor de comparación del que se pudiese concluir una discriminación no justificada a la luz del principio contenido en el artículo 5º de la Ley 6ª de 1945, lo que no se concretó en el proceso, pues la simple Resolución que le reconoce la pensión como Técnico Administrativo no es suficiente, pues, esa orfandad probatoria impide establecer un criterio comparativo, circunstancias estas que fueron destacadas por el ad quem, sin que por tanto pueda atribuírsele algún desatino.
En lo relativo al tema de la carga de la prueba, en asuntos de similares características, en los que se aspira a la aplicación del principio de trabajo igual salario igual esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse, entre otros en sentencia 35593 de 3 de junio de 2009, en la que, en lo pertinente se dijo:
[…]
“Adicionalmente, cabe agregar, que en virtud de que tal como quedó sentado al resolverse el tercer cargo, la censura no logró desvirtuar probatoriamente la conclusión del Tribunal, sobre la ausencia del factor de comparación con otro trabajador que para el caso resultaba pertinente; se concluye entonces, que en la forma como están presentados los hechos, para una situación como la que ocupa la atención a la Sala, la aplicación e interpretación de las normas denunciadas se erige como acertada”.
Así entonces, no basta con denunciar la discriminación entre dos cargos sólo nominalmente iguales, como sucede en el sub lite, dado que es necesario demostrar que las condiciones en que se desarrollaron ambos, verdaderamente corresponden a situaciones que son comparables y la desigualdad que padecieren, no encuentra justificación razonable y objetiva por el empleador.
En el plenario para el Tribunal resultó indiscutido que tanto el acto como Miguel Hernández Villamizar ocuparon el mismo cargo uno en sucesión de otro, lo que de suyo ya supone la necesaria precisión respecto de que no hubo una simultaneidad en la prestación del servicio que se reputa remunerado en perjuicio del actor, lo que, con mayor razón, imponía al actor la obligación de acreditar que las condiciones de prestación del servicio se dieron en condiciones de igualdad más allá de la simple nominalidad del cargo.
En efecto, el fallador de segundo grado razonó que resultaba al empleador obligatorio justificar los tratos desiguales entre trabajadores análogos, mientras al trabajador le bastaba probar la desigualdad, lo que, como se vio, no era desacertado. Sin embargo, lo que debía acreditarse con razonabilidad era precisamente aquella desigualdad sobre la base de algo más que sólo la denominación del cargo desempeñado por los trabajadores en comparación. Allí importaban elementos de la cotidianidad laboral, tales como las funciones y responsabilidades asumidas, así como la jornada, la formación académica, la experiencia, la productividad, etcétera.
De esta forma, de la certeza de la ocupación por dos trabajadores de un mismo cargo, únicamente, no podía seguirse de manera automática la consecuencia de la desigualdad, sin valorar las condiciones materiales que rodearon el servicio para concluir que realmente se estuvo ante un panorama discriminatorio. De allí el error del Tribunal.
Ahora, el análisis que corresponde a la Corte en la sede extraordinaria no quedaría completo si no se acude al estudio de los testimonios sobre los que también apoyó el Tribunal su decisión, lo que resulta procedente pero sólo tras la evidencia del error sobre la prueba calificada que constituyeron los documentos auténticos citados con antelación (CSJ SL1189-2015).
En lo que a ello corresponde, advierte la Sala ab initio, que los testimonios de que se sirvió el Tribunal sólo le sirvieron para comprobar la hipótesis a la que ya se hizo referencia: que el demandante ocupó el cargo de líder de la oficina o unidad de personal en la empresa demandada, el cual, también ostentó el trabajador Miguel Hernández con antelación. Al unísono, los testigos dieron fe de ello, conclusión que per se y como se anotó previamente, es insuficiente para demostrar una situación de discriminación que trasladara al empleador la obligación de justificarla.
Al margen de lo anterior, particularidades en el dicho de los testigos permiten encontrar razonablemente errores en su valoración, dado que más allá de confirmar que el demandante se desempeñó como «líder de personal», algunos testimonios conducen a establecer que sí existieron diferencias en la actividad del demandante y del funcionario Miguel Hernández Villamizar.
Verdaderamente, Miguel Bayona Vergel afirmó que Hernández Villamizar como Coordinador de Gestión de Personal era jefe inmediato del demandante y otros trabajadores y que, las funciones desarrolladas por aquel fueron asumidas por él, en tanto el demandante continuó ejerciendo sus funciones de «líder de personal» pero fue encargado sólo de algunas actividades adicionales de apoyo. Aclaró, además, que las funciones del actor no fueron las mismas de Hernández Villamizar, dado que «[…] las funciones de Orlando eran de apoyo técnico administrativas en el área de personal». Luego, aunque el demandante fue encargado de algunas funciones de aquel, no eran completamente coincidentes, cumpliendo funciones de apoyo.
Del dicho de Rosalba Cabrejo de Beltrán, se extrae que el demandante era subalterno de Miguel Hernández Villamizar y posteriormente fue «Líder de gestión de personal de Tibú» pero no conoció en detalle las funciones que desarrolló porque ello era gestionado por una persona diferente. Sin embargo, aclaró que Miguel Hernández tenía como formación ser Administrador de Empresas y Hotelería y Turismo, mientras que el demandante «era Bachiller» y que éste no había reemplazado a aquel en las funciones, dado que tenían perfiles de formación distinta. En este sentido, no sólo no corroboró la identidad de funciones y responsabilidades sino que, afirmó que sí existía una diferencia material entre ambos trabajadores, referida a la instrucción académica.
Jairo Alberto Boada informó que ante la partida de Hernández Villamizar y Félix Santamaría, el demandante continuó como «líder de personal» pero asumió funciones de supervisor, con algunas actividades administrativas. Javier Antonio Calderón Chona, por su parte, confirmó que el actor era «Líder de gestión de personal» con quien tenía contacto como representante del sindicato que hacía presencia en la empresa y fue el funcionario quien en calidad de encargado de la «dependencia de nóminas» y ante la ausencia de Hernández Villamizar, asumió roles en su reemplazo, pero continuó siendo «líder de personal», mientras diferentes funcionarios como Miguel Bayona suscribía otros documentos también en el área de personal.
Finalmente, fue escuchado Ómar Isnardo Acevedo Gamarra, quien adujo que el actor «era bachiller», se desempeñó como «supervisor de nómina» y eran tres las personas que atendían los requerimientos del área de personal siendo el actor el «líder» pero estando «[…] todo lo relacionado con presupuesto, administración de personal» en cabeza del jefe regional y esporádicamente representaba a la dependencia en las reuniones a las que su jefe no podía asistir, siendo todas sus decisiones consultadas.
De las anteriores declaraciones, lo primero que advierte la Sala es que ciertamente los detalles aportados por los testigos conducían a las claras, a la recreación de un panorama que no sólo fue muchísimo más amplio del afirmado por el ad quem, sino que se aleja de la conclusión a la que arribó en el sentido de encontrar una desigualdad entre el tratamiento dado por la empresa al actor, en comparación con el funcionario Miguel Hernández Villamizar.
Efectivamente, si bien los testigos confirmaron que, en general, el demandante se desempeñó como «líder de personal», ello se dio en un entorno de reestructuración administrativa muy específico que permitió la redistribución de funciones y responsabilidades en la que fue destinatario, no sólo el demandante sino otros trabajadores, en adición a que, de todas maneras, las labores a él confiadas no fueron enteramente coincidentes o exactamente análogas a las que pudo desempeñar Hernández Villamizar, del cual, dicho sea de paso, poco dijeron los declarantes.
En esta medida, encuentra la Corte que el error del Tribunal no sólo cobijó las pruebas calificadas como quedó dicho, sino también, las no hábiles en las que también apoyó su decisión, por cuanto un análisis riguroso en torno a la prueba testimonial recaudada, llevaría como consecuencia colegir invariablemente que el demandante en realidad no se encontraba en una posición de igualdad material a la del trabajador que escogió como parangón, y por ende, no podía predicarse discriminación alguna que tuviera que ser justificada o desvirtuada por la sociedad empleadora.
Los anteriores asertos permiten arribar a la conclusión de que el ad quem sí incurrió en los errores que le fueron endilgados por la censura, lo que lleva al quebrantamiento de la providencia atacada.
Los cargos, por ende, prosperan.
Sin costas en la sede extraordinaria dado que salieron avante los ataques.
SENTENCIA DE INSTANCIA
Las mismas consideraciones que sirvieron de base para casar la sentencia impugnada en la forma como quedó dicho, son procedentes para fundar la decisión en instancia, lo que se traduce específicamente en tener por improcedente el reconocimiento de la naturaleza salarial del auxilio de alimentación reconocido al demandante por no cumplirse los requisitos previstos en los artículos 314 y 316 del Código Sustantivo del Trabajo; y considerar inviable la nivelación salarial pretendida por el actor en la medida en que realmente no se predicó de este una situación de discriminación respecto del trabajador Miguel Hernández Villamizar; todo lo cual constituyó la base de la reliquidación que realizó el a quo y que ha de ser revocada.
Costas en las instancias a cargo de la parte vencida en juicio.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el primero (1º) de junio de dos mil doce (2012) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso seguido por ORLANDO NÚÑEZ RUBIO en contra de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A. –ECOPETROL S.A.-
En sede de instancia, la Sala resuelve REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta el 23 de marzo de 2011, y en su lugar, ABSOLVER a la sociedad demandada de las pretensiones de la demanda.
Costas como quedó dicho en la parte motiva de la providencia.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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