Además, que, bajo tal decreto tendría derecho a que se le aplique un porcentaje de reemplazo equivalente al 90% el cual es superior al 75% que le fue aplicado por la Ley 33 de 1985; v) con anterioridad al cumplimiento de los 60 años de edad, presentó ante el ISS peticiones de reconocimiento y pago del derecho pensional, mostrando su firme intención de retirarse del sistema y de adquirir el estatus de pensionado, las cuales le fueron negadas mediante Resoluciones n.° 6700 de 28 de mayo de 2008, n.° 21973 del 27 de octubre de 2009 y n.° 3475 del 28 de marzo de 2011; vi) en los últimos 3600 días cotizó en pensión a través de los empleadores ESE Hospital Departamental de Sabanalarga y Cooperativa de Trabajo Asociado Cooanesboc; vii) desde el 01 de julio de 1990 hasta el 31 de julio de 2012 se desempeñó en el cargo de médico especialista en la ESE Hospital Departamental de Sabanalarga, lapso en que siempre se le efectuaron los descuentos de ley para pensión con destino a Cajanal, Porvenir e ISS hoy Colpensiones, cotizaciones que al aceptársele su traslado, terminaron todas en el ISS hoy Colpensiones; viii) laboró para la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooanesboc desde el día 01 de noviembre de 2004 hasta el 31 de octubre de 2012, cotizando todo este tiempo en pensión ante el ISS hoy Colpensiones; ix) se vio obligado a seguir laborando luego del 10 de diciembre de 2011 e, incluso, posteriormente, desde el mes de noviembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013, así como a realizar cotizaciones en pensión ante el ISS hoy Colpensiones como trabajador independiente, ante la negativa de tal entidad a reconocerle la pensión de vejez por supuesta falta de cumplimiento de los requisitos de ley; x) el 02 de abril de 2012, esto es, 3 meses y 22 días después de que se causara el derecho pensional, presentó una nueva solicitud de pensión ante el ISS, la cual fue resuelta por Colpensiones mediante Resolución GNR 251808 del 08 de octubre de 2013, en la que obviando sus peticiones anteriores e incluso la fecha de presentación de esta última, ordenó el pago (el disfrute) de su pensión a partir del 10 de agosto de 2013; xi) al 10 de diciembre de 2011 contaba con los requisitos de edad y número de semanas cotizadas que exige el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990; xii) luego que se causara el derecho pensional continuó laborando y, por ende, le continuaron realizando cotizaciones en pensión a su favor, ello ante la incertidumbre en que lo puso el ISS hoy Colpensiones en relación con el cumplimiento o no de los requisitos de ley para adquirir su pensión y por la omisión en dar pronta resolución a sus solicitudes de pensión, circunstancias que le impidieron dejar de prestar sus servicios, no sólo por temor a que se le exigieran para el pago de su pensión más cotizaciones, sino también por no afectar su mínimo vital, pues sin recibir pensión tuvo que continuar laborando para devengar un salario que le permitiera sufragar sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar; xiii) la pensión de vejez le debe ser pagada a partir del día 10 de diciembre de 2011, fecha en que como bien lo reconoce Colpensiones en la Resolución GNR 251808 del 08 de octubre de 2013, adquirió el estatus pensional y para lo cual ya había presentado ante el ISS múltiples solicitudes de reconocimiento pensional.
En consecuencia, se le debe el pago del retroactivo de mesadas completas causadas entre el 10 de diciembre de 2011 y el 09 de agosto de 2013 y de las diferencias pensiónales causadas del 10 de agosto de 2013 al 31 de octubre de 2015; o a partir del día 02 de abril de 2012 data en la que, luego de causarse su derecho pensional presentó solicitud de reconocimiento y pago de pensión de vejez ante el ISS, mostrando nuevamente su intención de desafiliarse del sistema en procura de obtener su pensión. caso para el cual se le adeudaría el pago del retroactivo de mesadas completas causadas entre el 02 de abril de 2012 y el 09 de agosto de 2013, de las diferencias pensiónales causadas del 10 de agosto de 2013 al 31 de octubre de 2015 y de las que se continúen causando; o en últimas a partir del día 01 de agosto de 2012 dado que prestó sus servicios para la ESE Hospital Departamental de Sabanalarga hasta el mes de julio de 2012, evento para el cual se le adeudaría el pago del retroactivo de mesadas completas causadas entre el 1 de agosto de 2012 y el 09 de agosto de 2013 y de las diferencias pensionales causadas del 10 de agosto de 2013 al 31 de octubre de 2015, procediendo en cualquiera de los tres casos el descuento del valor de $33.857.179, cancelado en razón al retroactivo de diferencias pensionales liquidado mediante Resolución GNR 41227 del 20 de febrero de 2015.
En relación con lo relativo al incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo de que tratan los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990, xiv) en fecha 11 de mayo de 1976 contrajo matrimonio católico con la señora Betty Luz Cabeza de García, con quien convive y tiene vida marital desde entonces; xv) de dicha unión matrimonial nacieron tres hijos Mario Antonio, Erick e Iván García Cabeza, hoy mayores de edad y xvi) su cónyuge, Betty Luz Cabeza de García, depende económicamente de él dado que ella nunca ha laborado ni ha ejercido actividad comercial alguna, siempre ha sido ama de casa y no disfruta de ninguna pensión.
Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó como ciertos la reliquidación de la pensión de vejez a través de la Resolución N.° GNR 41227 de 20 de febrero de 2015 (primero); el retorno al régimen de prima media conservando la transición, bajo el amparo de la Ley 33 de 1985, con una mesada inicial de $5.661.188 y un retroactivo de $33.857.179 (segundo); las peticiones presentadas con anterioridad a cumplir los 60 años de edad que dieron lugar a la expedición de las Resoluciones n.° 6700 de 28 de mayo de 2008, 21973 del 27 de octubre de 2009 y 3475 del 28 de marzo de 2011 (quinto): las cotizaciones como independiente entre el 01 de noviembre de 2012 y el 10 de agosto de 2013 y la presentación de la petición del 02 de abril de 2012, que fue resuelta mediante Resolución n.° GNR 252808 de 08 de octubre de 2013 ordenando el disfrute desde el 10 de agosto de 2013 (décimo), como parcialmente ciertos el sexto, octavo, undécimo, duodécimo y décimo cuarto; de los demás afirmó que no eran ciertos o no le constaban.
En su defensa sostuvo que al demandante le fue reconocida pensión de vejez de conformidad con el art. 1.° de la Ley 33 de 1985, la cual fue posteriormente reliquidada, todo ello en aplicación del art. 36 de la Ley 100 de 1993. Como el demandante solicitó nueva reliquidación, «[…] realizó un estudio detallado con cada uno de los tipos de pensión y así determinar cuál le era más favorable […]», concluyendo que la solicitada era menor, razón por la cual no encontró procedente la reliquidación con base en el Decreto 758 de 1990, «[…] pues para su aplicación solo se tienen en cuenta los tiempos cotizados exclusivamente al Instituto de Seguro Social - ISS (Hoy Colpensiones), por lo que solo tendría para su cálculo las 1026 semanas registradas […]» y, además, manifestó que como el asegurado registraba cotizaciones hasta el 09 de agosto de 2013, la efectividad se dio a partir del 10 de agosto del mismo año.
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir; buena fe; prescripción, cobro de lo no debido y la innominada o genérica.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 25 de julio de 2016 (f.° 480 – 481 y CD), resolvió:
PRIMERO: DECLARENSE probadas las excepciones de fondo presentadas por la demandada de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA Y FALTA DE DERECHO PARA PEDIR, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN, COBRO DE LO NO DEBIDO, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del fallo.
SEGUNDO: ABSOLVER a la demandada de todas las pretensiones de la demanda, de acuerdo a los resultados del proceso.
TERCERO: CONDENAR en costas a la parte vencida en juicio. Señalar en medio salario mínimo legal mensual vigente las agencias en derecho. Liquídese por secretaria (sic).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante fallo de abril 17 de 2018 (f.° 21 y 22 cuaderno del Tribunal y CD), resolvió «CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia apelada, según las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído».
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que el problema jurídico a resolver se contraía a «determinar si la pensión de vejez otorgada por Colpensiones estuvo bien otorgada. Para tales efectos, se analiza cuál es el régimen jurídico aplicable en virtud de la transición, desde qué fecha opera el disfrute de la misma y si hay lugar o no al reconocimiento del pago de incrementos pensionales».
En esa dirección, señaló como fundamento jurídico del pronunciamiento el Decreto 758 de 1990 y, como fundamento jurisprudencial, la sentencia de la Corte Suprema CSJ SL, 02 ag. 2017, rad. 53576 y el fallo CC SU-769-2014 de la Corte Constitucional.
Hizo un recuento de la situación del caso, para indicar que el demandante había solicitado por primera vez la prestación el 13 de septiembre de 2007, la cual fue negada por Colpensiones, alegando la pérdida de la transición por cambio de régimen y el no cumplimiento de los requisitos de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, posición que mantuvo al expedir las resoluciones que «[…] resolvieron igual número de nuevas solicitudes pensionales; estas fueron la n.º 0067 (sic) del 28 de mayo del 2008, la n.º 21973, del 27 de octubre del 2009 y la n.º 3475 del 28 de marzo de 2011».
Acotó que en «[…] En el año 2013, ante la nueva petición elevada el 02 de abril del 2012, accedió a conceder el derecho mediante la resolución 251808 del 08 de octubre del 2013, con un IBL de $5.062.671 pesos, una mesada de $3.554.501 pesos y una tasa de reemplazo del 70.21%, pero con base a la Ley 100 de 1993, manteniendo postura de la pérdida de la transición».
Relató que ante nueva insistencia del demandante, Colpensiones accedió a reconocer la transición y «[…] reliquidar entonces la pensión ya otorgada, otorgándole el derecho con base a la Ley 33 de 1985, a través de la Resolución n.º NGR (sic) 4127 (sic) del 20 de febrero de 2015, obteniendo una pesada mesada inicial de $5.461.304 pesos a partir del 10 de agosto del 2013, con un IBL de $7.143.161 pesos».
Advirtió que de las pruebas documentales que obran a f.° 78 a 88 y 369 a 375 se observaba que el demandante «[…] hizo aportes tanto al extinto Instituto de los Seguros Sociales, no a Cajanal (sic)», para enfatizar que,
Tal dato es importante desde antaño en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha sido invariable en que no es posible sumar tiempos no cotizados al Seguro Social, con el fin de completar la densidad de semanas exigidas como requisito para acceder a la pensión de vejez bajo las prerrogativas consagrados en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en armonía con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, esta Sala, se ha apartado de tal criterio, acogiendo la postura de la Corte Constitucional vertida en la sentencia SU-769 del 2014, sólo cuando con dicha sumatoria se alcanza el derecho a pensionarse, pero no para obtener reliquidaciones como aquí se pretende, porque en puridad, lo pretendido por la (sic) demandante no es procedente.
Con todo, la Sala se percata que el demandado podía hacer el estudio de su derecho con base al Decreto 758 de 1990, pero sólo teniendo en cuenta las semanas cotizadas al Instituto de los Seguros Sociales y las de Porvenir que el demandado aceptó como válidas al otorgarle el derecho de cambio de régimen y que, según los folios ya señalados, corresponden a los períodos del 01 de julio de 1996 al 31 de julio de 2012 o en su defecto, el 10 de diciembre de 2011, como quiera que la demandante pide que su disfrute sea desde esa fecha.
En ese orden, sostuvo que bajo esa normativa las semanas válidas serían «poco más de 827» con una tasa de reemplazo «del 63%, inferior a la dada por Colpensiones», por lo cual concluyó que este precepto no le era más favorable y como bajo la Ley 33 de 1985 no existían los incrementos pensionales por personas a cargo, al ponderar la tasa de reemplazo de la pensión, frente al beneficio de los incrementos, aquella debía prevalecer «[…] pues es más importante mantener una tasa de reemplazo del 75% de su pensión, que obtener unos incrementos pensionales pero bajo su tasa del 63% que le correspondería, como se dijo, con base al Decreto 758 de 1990».
Aseguró que la única opción que permite tener en cuenta tiempos públicos y privados es la Ley 71 de 1988, pero esta normativa otorga un 75% de tasa de reemplazo, en tanto el demandante aspira a un 90% y, en todo caso, procedió a efectuar las operaciones matemáticas de rigor, «[…] obteniéndose un IBL por valor de $5.570.404 pesos, que al aplicarse la tasa de reemplazo del 75%, se obtiene una mesada inicial de $4.177.803 pesos a partir del 10 de diciembre del 2011, mesada que resulta muy inferior a la dada administrativamente por Colpensiones», razones por las cuales procedió a confirmar el fallo impugnado.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el recurrente Mario Gustavo García Gómez, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte:
[…] case totalmente la sentencia recurrida para que, seguidamente, convertida en juez de la alzada, revoque en su totalidad la sentencia original y acceda en su lugar a las declaraciones y condenas vertidas en el libelo original de orden principal, o eventualmente en las muy puntuales de orden subsidiario esbozadas respecto de las peticiones asociadas exclusivamente a la manera en la que se establecería el monto del retroactivo pensional a favor de mi mandante.
Con tal propósito formula un único cargo, por la causal primera de casación, el cual mereció réplica.
CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia por violar de manera directa, en la modalidad de interpretación errónea, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, infracción legal que condujo al juez colegiado a la aplicación indebida del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, originando tales trasgresiones la vulneración directa de los artículos 12, 13, 20 – parte II- y 21 – literal b – del Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, aprobado por el artículo 1.° del Decreto 758 de 1990.
En la demostración afirma que no rebate la comprensión del caso efectuada por el Tribunal ni los aspectos de orden fáctico, sino el hecho de que los aportes efectuados a Cajanal y al ISS, «[…] implica a su vez que parte de las semanas aportadas corresponderían a unas efectuadas a una entidad de previsión social por servicios correspondientes a una entidad estatal-, […] lo que en el monto de este tipo de acreencias gobernaría el Acuerdo 049 de 1990 tantas veces referenciado».
La censura copia el pronunciamiento del Tribunal del min. 6:02 a 7:11 de la audiencia, referente a la temática expuesta y manifiesta que el razonamiento del Colegiado envuelve una inteligencia equivocada del inc. 2 del art. 36 de la Ley 100 de 1993, el cual también transcribe, por cuanto,
Lo que repugna al canon colacionado es lo que insinuó en adición el colegiado, esto es, que logrado el acceso a la pensión contemplada a la sumatoria de aportes o tiempos propios e impropios del mismo, logrando así reunir el previsto para acceder a la prestación periódica, se deseche, a su vez, el monto que contemple aquella preceptiva anterior a la implementación de la Ley 100 de 1993: el inciso contempla, sin más, que “el monto de la pensión de vejez”, será igualmente el del “régimen anterior al cual se encuentren afiliados”, no el determinado por los parámetros comunes del Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
Concluye diciendo que queda demostrada la afrenta del Tribunal por la errónea lectura dada al art. 36 de la Ley 100 de 1993, la cual se reflejó en el modo en que se desató el litigio, por cuanto el juez colectivo encontró una talanquera para abordar si se había estimado correctamente o no el monto de la pensión «[…] en el mero hecho de la irrefragable existencia de aportes tanto a CAJANAL por cuenta de servicios del actor a una entidad estatal como otros al Instituto de Seguros Sociales sin ese carácter […]».
RÉPLICA
Colpensiones dice encontrar un error de técnica en la formulación del cargo, consistente en que «[…] omitió puntualizar y especificar de forma clara cómo se configuró el error protuberante que permita derrumbar la presunción de acierto y legalidad de la que goza la sentencia», sin demostrar el entendimiento dado por el ad quem y el recto sentido de la norma.
Sostiene que la actuación del Tribunal fue acertada y no interpretó de forma errónea los artículos denunciados y, por el contrario, «[…] estudió la posibilidad de reconocer la reliquidación en los términos que pretende la parte recurrente y encontró que si bien resulta aplicable el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no es posible el reconocimiento de la reliquidación que pretende al no estar acreditado derecho diferente al reconocido […]».
Asegura que si bien es cierto la Corte Suprema cambió su criterio en sentencia CSJ SL1749-2020 (sic) «[…] en cuanto, consideró que es permisible la acumulación de tiempos públicos no cotizados al ISS para acceder a la pensión de vejez a la luz del régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año […]», deben excluirse del nuevo criterio de aplicación del régimen de transición los siguientes eventos:
I) No se pretende el reconocimiento inicial de una pensión, sino una reliquidación con el fin de mejorar el monto de la mesada pensional,
II) El afiliado cumple con requisitos para acceder a la pensión bajo otros regímenes pensionales que permiten la acumulación de tiempos públicos y privados,
III) Se pretende acceder a la prestación con el requisito del literal b) del artículo 12 del Acuerdo 049/90.
IV) No se tiene una expectativa legítima respecto del Acuerdo 049 de 1990.
Luego de hacer un recuento sobre la creación del Sistema General de Pensiones, sus características y finalidades reflexiona en el sentido de «[…] que la categorización o sectorización de los regímenes pensionales con anterioridad de la Ley 100, no puede tergiversase aún en aplicación del régimen de transición, pues ello, genera un impacto fiscal inclusive mayor al que en su momento se consideró para justificar la finalidad unificadora e integradora de la Ley 100/93 […]», razones todas por las cuales solicita no casar la sentencia recurrida.
CONSIDERACIONES
No le asiste la razón a la opositora en cuanto al reproche técnico que hace al cargo formulado, pues para la Sala su estructura y desarrollo permiten un análisis de fondo, en cuanto están presentes los elementos mínimos esenciales que ha determinado la jurisprudencia para la modalidad de ataque seleccionada.
El Tribunal fundamentó su decisión en que esta Sala de Casación sostuvo que bajo la égida del Decreto 758 de 1990 no es posible sumar tiempos no cotizados al Seguro Social, con el fin de completar la densidad de semanas exigidas como requisito para acceder a la pensión de vejez, pero que, apartándose de dicho criterio, ese juez de alzada consideraba que ello sí es viable, pero «sólo cuando con dicha sumatoria se alcanza el derecho a pensionarse, pero no para obtener reliquidaciones».
También consideró esa autoridad judicial que el Decreto 758 de 1990 era aplicable a la situación del demandante en instancias y hoy recurrente en casación, sólo que resultaba no serle el más favorable por cuanto únicamente podrían tenerse en cuenta las semanas cotizadas al ISS, que resultan ser poco más de 827, con una tasa de reemplazo del 63%.
Por su parte, el impugnante sostiene que el régimen anterior aplicable a que alude el art. 36 de la Ley 100 de 1993 es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año y que es el que más se adecúa a sus intereses, para lo cual deben tenerse en cuenta los aportes ante el ISS y luego ante Colpensiones efectuados a empleadores públicos y privados.
Corresponde a la Corte determinar si el Tribunal se equivocó en su planteamiento en relación con la sumatoria de tiempos cotizados al ISS con semanas laboradas en el sector público no aportadas a esta entidad para los beneficiarios del régimen de transición, en aplicación del Decreto 758 de 1990.
Pues bien, si bien es cierto lo dicho por el juez colectivo en su pronunciamiento, respecto de la posición que tenía la Corte sobre la imposibilidad de acceder a la prestación de vejez, con arreglo al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en régimen de transición, acumulando tiempos públicos y privados, también lo es que ese criterio fue rectificado por la Corporación en sentencias CSJ1947-2020, CSJ SL1981-2020 y CSJ SL2557-2020, en donde asentó que dicha pensión puede consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS y los tiempos laborados a entidades públicas, por cuanto en la Ley 100 de 1993 se reconoce validez a todos los tiempos laborados, sin distinciones fundadas en la clase de empleador, público o privado. Dijo la Sala en la providencia CSJ SL1981-2020 mencionada:
Frente al punto, esta Sala ha sostenido que con arreglo al régimen pensional del Acuerdo 049 de 1990, solo es posible computar semanas cotizadas exclusivamente al Instituto de Seguros Sociales, por cuanto a la luz de los reglamentos de esta entidad, no existe una sola disposición que autorice la sumatoria de semanas laboradas en el sector público, sufragadas a cajas, fondos o entidades de previsión social o, simplemente, no cotizadas.
De igual modo, ha considerado que el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ubicado en el precepto que establece el régimen de transición, si bien, en principio, alude a las pensiones obtenidas en aplicación de ese régimen, lo cierto es que esa referencia corresponde a la pensión de vejez instituida en el nuevo sistema de seguridad social y, en su esencia, es una repetición de la proposición consagrada en el parágrafo 1.º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, «que dispuso que para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere tal artículo se tendría en cuenta el número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, el tiempo de servicio como servidores públicos remunerados o como trabajadores al servicio de empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y el número de semanas cotizadas a cajas provisionales del sector privado».
Estas reflexiones quedaron consignadas principalmente en la sentencia CSJ SL, 4 nov. 2004, rad. 23611, reiterada hasta la fecha, entre muchas otras, en las identificadas bajo los números CSJ SL, 10 mar. 2009, rad. 35792, CSJ SL, 17 may. 2011, rad. 42242, CSJ SL, 6 sep. 2012, rad. 42191, CSJ SL4461-2014, CSJ SL1073-2017, CSJ SL517-2018, CSJ SL4010-2019 y CSJ SL5614-2019.
Lo anterior sería suficiente para declarar fundados los cargos, de no ser porque la Sala considera necesario replantear su criterio jurisprudencial, con asidero en argumentos que, en los últimos años han cobrado fuerza, solidez y, desde este punto de vista, ameritan ser revisados nuevamente.
[…]
Rectificación jurisprudencial:
De todo lo anterior, se concluye:
(i) El sistema de seguridad social, inspirado en el principio de universalidad y el trabajo como referente de construcción de la pensión, reconoce validez a todos los tiempos laborados, sin distinciones fundadas en la clase de empleador (público o privado) a la que se prestaron los servicios, la entidad de previsión a la que se realizaron los aportes o si los tiempos efectivamente laborados no fueron cotizados.
(ii) En tal dirección, el literal f) del artículo 13 refiere que para el reconocimiento de las pensiones del sistema se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el lapso laborado.
(iii) Los beneficiarios del régimen de transición, son afiliados del sistema general de seguridad social y, por consiguiente, salvo en lo que respecta a la edad, tiempo y monto de la pensión, las directrices, principios y reglas de la Ley 100 de 1993 les aplica en su integridad, lo que incluye la posibilidad de sumar todas las semanas laboradas en el sector público, sin importar si fueron o no cotizadas al ISS, hoy Colpensiones.
(iv) Esta regla de cardinal importancia la resaltó el legislador en el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al habilitar para los beneficiarios del régimen de transición, los tiempos públicos y privados, cotizados o no a entidades de previsión social o al ISS.
(v) Para darle viabilidad a esta posibilidad legal de integrar las semanas laboradas en el sector público sin cotización al ISS, la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios regulan extensamente todo un régimen financiación de las prestaciones a través de cuotas partes y títulos pensionales.
De acuerdo con los anteriores argumentos, la Corte Suprema de Justicia abandona su criterio mayoritario conforme al cual el Acuerdo 049 de 1990, aplicable en virtud del régimen de transición, solo permite sumar cotizaciones realizadas exclusivamente al ISS y, en su reemplazo, postula que sí es posible para efectos de obtener la pensión por vejez prevista en ese reglamento, contabilizar las semanas laboradas en el sector público, sufragadas o no a una caja, fondo o entidad de previsión social. En consecuencia, todos los tiempos laborados, sin distinción al tipo de empleador o si fueron objeto de aportes a pensión o no, son válidos para efectos pensionales.
Entonces, el criterio mayoritario y vigente de esta Corte, consiste en que es posible acceder a la pensión de vejez regulada por el Acuerdo 049 de 1990 y aprobada por el Decreto 758 del mismo año, en régimen de transición, sumando tiempos de servicio público, además de los cotizados exclusivamente al ISS, sobre la base de una regla general expresada en que «todos los tiempos laborados, sin distinción al tipo de empleador o si fueron objeto de aportes a pensión o no, son válidos para efectos pensionales», en razón ello de que la columna vertebral de la construcción pensional es el trabajo, la afiliación del trabajador al sistema es obligatorio y la cotización del afiliado al sistema es obligatoria en tanto se tenga la calidad de trabajador.
Asentado que la dicha sumatoria de tiempos públicos y cotizaciones al ISS es perfectamente posible en la consolidación de la prestación a que se ha venido haciendo referencia, esto es, la regida por el Acuerdo 049 de 1990, en régimen de transición, cabe preguntarse si su reliquidación también es factible en las condiciones en que se ha venido explicando. Este segundo tema también ha sido abordado por la Corporación, que en fallo CSJ SL2557-2020 expresó:
La posibilidad de la sumatoria de tiempos parte también de la propia Ley 100 de 1993, que contempló diversos instrumentos de financiación, tales como los bonos pensionales, los cálculos actuariales o las cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción alguna.
En virtud de ello, las pensiones del régimen de transición previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no pueden ser ajenas al anterior entendimiento, puesto que éstas pertenecen evidentemente al sistema de seguridad social integral y, como tal, pese a tener aplicación ultraactiva de leyes anteriores en algunos aspectos como tiempo, edad y monto, en lo demás siguen gobernadas por dicha ley, que, finalmente, es la fuente que les permite su surgimiento a la vida jurídica y a la que se debe remitir el juez para su interpretación.
En tal dirección, así debe entenderse el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por cuanto es inusual que un parágrafo no haga relación a la temática abordada por una norma, como en este caso serían las pensiones derivadas del régimen de transición, de modo tal que el cómputo previsto en este parágrafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley 100 de 1993 como las originadas por el beneficio de la transición de esta normatividad.
Es de resaltar que este cambio de criterio jurisprudencial de la Sala está acorde a mandatos superiores y a la defensa del derecho a la seguridad social en tanto garantía fundamental de los ciudadanos, así reconocida por diferentes instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de San Salvador de 1988, que, además de estar ratificados por Colombia, hacen parte del denominado ius cogens (…).
Conforme lo anterior, conforme al Acuerdo 049 de 1990 es viable acumular los tiempos de servicios públicos que cotizó la actora a otras cajas de previsión del sector público a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en dicho reglamento.
De modo que tal criterio jurisprudencial también es aplicable al asunto en controversia, esto es, a la reliquidación de la pensión de vejez de la demandante.
Así las cosas, la recurrente tiene la razón en cuanto afirma que tiene derecho a la reliquidación reclamada porque el régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990 es más favorable que aquel con el que la entidad de seguridad social accionada reconoció la pensión. (Subrayas de la Sala)
Bajo las anteriores consideraciones sí es factible esa sumatoria, por lo que el cargo prospera.
Sin costas en el recurso extraordinario de casación, por cuanto, aunque hubo réplica, prosperó el recurso.
SENTENCIA DE INSTANCIA
En sede instancia, la Sala procede a resolver el recurso de apelación que formuló el demandante.
El a quo consideró que, si bien el actor reunía los requisitos para acceder a la prestación implorada, según las operaciones aritméticas efectuadas por ese despacho judicial, lo concedido por Colpensiones en la Resolución n.° GNR 41227 de febrero 20 de 2015 le era más favorable, razón por la cual encontró probadas las excepciones propuestas. Así mismo, razonó que como la pensión se había reconocido con base en la Ley 33 de 1985, no era procedente el incremento por personas a cargo, pues dicha prestación corresponde únicamente al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año.
La inconformidad se centró en que no siendo motivo de discusión que el actor tiene derecho al régimen de transición, debe darse aplicación al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y liquidar su pensión con base en el Decreto 758 de 1990 desde el momento en que cumplió los requisitos de edad y tiempo de servicio, teniendo en cuenta los tiempos públicos y lo cotizado al ISS y Colpensiones, considerando que por tener más de 1250 semanas cotizadas debe aplicarse una tasa de reemplazo del 90% al IBL, de conformidad con el art. 21 de la Ley 100 de 1993.
Así mismo, el apelante mostró discrepancia respecto de la negativa del a quo a conceder el incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo, de que trataba el Decreto 758 de 1990.
Igualmente, solicitó en la alzada el pago de los intereses moratorios sobre las mesadas completas dejadas de percibir por el incumplimiento del ISS en reconocer la pensión de vejez desde que reunió los requisitos para ello, así como sobre las sumas correspondientes al incremento del 14% por tener cónyuge a cargo y la indexación sobre las diferencias que se arrojen mes a mes hasta el pago efectivo.
Pues bien, además de lo vertido en casación, la Sala observa que del material probatorio obrante en el plenario se evidencia que el demandante registra tiempos públicos con Cajanal y cotizaciones al ISS y a Colpensiones desde el 29 de septiembre de 1975 hasta el 31 de diciembre de 2013 (f.° 78- 88; 369 a 375) (f.° 4 a 25 exp. adm. ISS).
Ha de memorarse que mediante Resolución n.° GNR 251808 de 08 de octubre de 2013 (f.° 60 a 68), Colpensiones reconoció al actor una pensión de vejez, contabilizando en total 10.790 días laborados, correspondientes a 1.541 semanas, con un IBL de $5.062.671, aplicando una tasa de reemplazo de 70.21%, para un valor final de $3.554.501, con base en lo dispuesto en los artículos 9.° y 10 de la Ley 797 de 2003 y señalando que el disfrute sería efectivo a partir del 10 de agosto de 2013.
La prestación así reconocida fue objeto de reliquidación por parte de Colpensiones a través de la Resolución n.° GNR 41227 de 20 de febrero de 2015 (f.° 54 a 58), contabilizando un total de 11.155 días laborados, correspondientes a 1.593 semanas y señalándose que por ello conserva el régimen de transición, con un IBL de $7.143.161 y una tasa de reemplazo del 75%, para un valor final de $5.357.371, con base en la dispuesto en Ley 33 de 1985, luego de descartarse los otros tipos de pensión para los cuales cumplía requisitos, esto es, la Ley 71 de 1988, la Ley 797 de 2003 y el Decreto 758 de 1990, por considerar que el seleccionado era el más favorable.
Finalmente, el actor solicitó el 06 de julio de 2015 se reliquidara nuevamente la pensión con base en lo establecido en el Decreto 758 de 1990, petición que fue despachada desfavorablemente mediante Resolución n.° GNR 4862 de 07 de enero de 2016 (f.° 377 a 380), por considerarse que luego de descartar los otros tipos de pensión para los cuales el actor cumplía requisitos, esto es, de la Ley 71 de 1988, la Ley 797 de 2003 y el Decreto 758 de 1990, la otorgada por razón de la Ley 33 de 1985 le era la más favorable.
1.- Cuándo se estructuró o causó el derecho a la pensión de vejez del del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 7587 de 1990.
Debe tenerse presente que el actor nació el 10 de diciembre de 1951, según la cédula de ciudadanía visible a f.° 37, es decir, que cumplió 60 años de edad el mismo día y mes de 2011.
Los documentos que militan a f.° 78 a 88 y 369 a 375, así como los datos consignados en la Resolución GNR 41227 de 20 de febrero de 2015 (f.° 54 a 58), son demostrativos de que Mario Gustavo García Gómez cotizó 500 semanas en los últimos 20 y años y 1.000 o más en total y que habiendo conservado el régimen de transición, lo cual no es objeto de discusión, denotan que causó el derecho a la pensión de vejez cuando cumplió 60 años edad, vale recordar, el 10 de diciembre de 2011.
A pesar de lo anterior, continuó prestando servicios laborales en el sector público por lo que le figuran cotizaciones hasta el 13 de septiembre de 2012 y, en todo caso, continuó cotizando por el sector privado y como independiente hasta el 31 de diciembre de 2013.
2.- Disfrute de la pensión
En relación con este aspecto, ilustrativo resulta el pronunciamiento de la Corporación contenido en la sentencia CSJ SL163-2018:
Conforme lo anterior, debe dilucidar la Corte si el ad quem incurrió en un desatino al reconocer al actor el disfrute de la pensión de jubilación a partir de la desafiliación formal del sistema general de pensiones y no desde el momento en que cumplió los requisitos exigidos en la Ley 33 de 1985.
La Sala advierte inicialmente que el juez plural no cometió ninguno de los errores de hecho que se le endilgan porque no desconoció que el tiempo público se cumplió con anterioridad al 4 de junio de 2008, toda vez que señaló que de la Resolución n.° 12191 de 17 mayo de 2011 se evidenciaba que la «liquidación se hizo con base en 1328.43 semanas, las cuales equivalen a 25.83 años», período que se verificó antes de la mencionada fecha.
Tampoco ignoró que las cotizaciones al sector privado se hicieron con posterioridad al cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley 33 de 1985, puesto que afirmó que «para acceder a la pensión de vejez se tuvieron en cuenta las semanas cotizadas en el sector público», y que «las cotizaciones efectuadas en el sector privado no fueron necesarias para el financiamiento de su pensión». Nótese entonces, que el aspecto central de la decisión del Tribunal radicó en que la pensión de jubilación debía reconocerse desde el momento de la desvinculación formal del régimen pensional porque el demandante extendió sus cotizaciones hasta el 15 de junio de 2010.
Ahora, a pesar de que el órgano colegiado no lo mencionó expresamente porque no abordó el problema jurídico planteado a partir de los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, sí usó el contenido o sentido de esas disposiciones como fundamento de su decisión, al considerar que la desafiliación al régimen pensional era un requisito indispensable para el goce de la pensión.
En relación con el disfrute de la prestación de vejez o de jubilación, reiteradamente la jurisprudencia de la Corporación ha establecido que conforme los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990 se requiere la desvinculación formal del sistema general de pensiones. A su vez, también ha determinado que, en el caso de los servidores públicos, es necesario el retiro de la entidad oficial porque el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 establece la incompatibilidad de recibir simultáneamente ingresos a título de salario y por concepto de pensión de vejez (CSJ SL16083-2015 y CSJ SL10671-2016).
No obstante, sobre la primera regla general relacionada con la desafiliación de dicho sistema, esta Sala ha acudido a soluciones diferentes y ha otorgado el reconocimiento de la prestación con anterioridad al retiro formal de aquel, ante situaciones particulares y excepcionales, las cuales deben ser verificadas por los jueces en su labor de resolver los asuntos sometidos a su consideración.
Ello, se ha establecido en casos en los que el demandante despliega alguna conducta tendiente a no continuar vinculado al sistema, como lo sería el cese de las cotizaciones (CSJ SL 35605, 20 oct. 2009; CSJ SL4611-2015), o cuando pese a no haber desafiliación del sistema, el juzgador advierte su voluntad de no seguir vinculado al régimen pensiones, por ejemplo, porque dejó de cotizar y solicitó la pensión de vejez (CSJ SL5603-2016); o en casos en que la entidad de seguridad social fue renuente al reconocimiento de la prestación a pesar de ser solicitada en tiempo y con el lleno de los requisitos (CSJ SL 34514, 1.º sep. 2009; CSJ SL 39391, 22 feb. 2011; CSJ SL15559-2017). En la sentencia CSJ SL5603-2016, la Corporación indicó lo siguiente:
Este ejercicio de búsqueda de soluciones proporcionales y coherentes valorativamente, no implica una transgresión a las reglas metodológicas de interpretación jurídica. Antes bien, parte del correcto entendimiento que la utilización de las reglas interpretativas excluye su aplicación aislada y descontextualizada de los elementos externos. Además, en el sistema legal, la hermenéutica jurídica no se agota en la gramática o el análisis del lenguaje de los textos, pues existen otros métodos igualmente válidos que deben ser conjugados y armonizados para desentrañar el contenido de las disposiciones legales.
En este sentido, mal haría el juzgador, excusado en que la norma es «clara» y en la idea errada subyacente de la infalibilidad del legislador, llegar a soluciones abiertamente incompatibles y desalineadas frente a lo que constituye el marco axiológico del ordenamiento jurídico. Por esto, un adecuado ejercicio hermenéutico debe integrar las distintas reglas de interpretación y los factores relevantes de cada caso, en procura de ofrecer soluciones aceptables y satisfactorias.
Así las cosas, en el sub examine, el Tribunal no se equivocó al generar un espacio en favor de una lectura distinta a aquella según la cual el retiro formal del sistema es condición necesaria para el disfrute de la pensión. Su conducta, consistente en revisar las peculiaridades del caso sometido a su escrutinio, es en un todo aceptable, pues como en innumerables oportunidades lo ha reiterado esta Sala «si bien, los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, consagra necesaria la desafiliación del sistema para que pueda comenzarse a pagar la pensión de vejez, ante situaciones que presentan ciertas peculiaridades, como en este evento quedó demostrado, la aplicación de dichas normas debe ajustarse a las especiales circunstancias que emergen del plenario» (CSJ SL, 1º sep. 2009, rad. 34514, reiterada en CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 39391; CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 38558; CSJ SL, 15 may. 2012, rad. 37798).
Para el caso de marras, se reclama la prestación desde su causación, es decir, el 10 de diciembre de 2011, fecha en que el actor reunió los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758 del mismo año que lo aprobó, sobre la base de que se hicieron varias reclamaciones al ISS y Colpensiones, lo cual demostraría el ánimo de desafiliarse del sistema, amén del comportamiento de la Administradora que se negó a reconocer la pensión.
Al efecto importa decir que el actor elevó varias reclamaciones frente al ISS y Colpensiones, que culminaron con la negativa de esa entidad consignada en las Resoluciones n.º 6700 de 28 de mayo del 2008, la n.º 21973, de 27 de octubre del 2009 y la n.º 3475 de 28 de marzo de 2011, también, por cierto, que tales solicitudes fueron elevadas antes de que cumpliera con uno de los requisitos esenciales exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, esto es, los 60 años de edad, con lo cual no luce de recibo el argumento de que para esa data había ánimo de desafiliarse del régimen con miras a la obtención de la clase de pensión hoy reclamada, sino obvio, otra diferente.
Si bien el ISS tampoco fue ejemplo de efectividad, pues el rechazo se dio por supuesta falta de cumplimiento de otros requisitos diferentes a la edad, entre ellos, una supuesta falta de cotizaciones y el desconocimiento del régimen de transición, ello no sería oponible, en principio, al tipo de prestación que aquí se examina, pero matizado con lo que a continuación se explica.
Recuérdese, como lo señaló la sentencia citada en precedencia, que el Acuerdo 049 de 1990 exige la desvinculación formal del sistema, además de los requisitos de edad y semanas cotizadas, pero que la jurisprudencia ha admitido que en situaciones excepcionales se examine el contexto del caso en concreto, para determinar si es factible acceder a la solicitud antes de que acaezca tal situación.
La primera reclamación del demandante, una vez cumplida la edad y las semanas cotizadas para la pensión del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, fue la presentada el 02 de abril de 2012, la cual desembocó en la Resolución n.° GNR 251808 de 08 de octubre de 2013 (f.° 60 a 68), que reconoció la prestación sin régimen de transición, con base en la Ley 797 de 2009 y con disfrute a partir del 10 de agosto de 2013, pero téngase presente, precedida de tres (3) negativas en las cuales se adujeron diversas motivos.
Significa lo anterior que con su comportamiento el ISS, ahora Colpensiones, indujo en error al reclamante por la mora en resolver la situación, pues transcurrieron 18 meses entre la solicitud y la respuesta, amén de las tres (3) negativas desde el año 2007 aduciendo falta de requisitos, entre ellos tiempo cotizado, con lo cual acentuó la inducción al yerro, razón por la cual el actor se vio compelido a continuar la vinculación laboral con la entidad pública ESE Hospital de Sabanalarga, así como con otra entidad privada y cotizando en calidad de independiente.
Puestas así las cosas, aunque se alega que la vinculación con la ESE Hospital de Sabanalarga culminó en julio de 2012 (hecho 7 de la demanda), no figura en el plenario la aceptación de la renuncia del actor a esa entidad pública y se registran cotizaciones por ella hasta el mes de agosto de ese año, lo cual, sin desconocerse lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 respecto de la limitación para percibir salario y pensión, por las condiciones excepcionales arriba descritas, el 02 de abril de 2012, fecha de la reclamación, debe tomarse como aquella a partir de la cual se considera surtida la desvinculación al sistema y extremo temporal final para el conteo hacia atrás del término necesario para el cálculo del IBL y del reconocimiento del disfrute de la pensión, sin que se tengan en cuenta las cotizaciones efectuadas con posterioridad, notablemente más bajas (especialmente entre septiembre de 2012 y diciembre de 2013), las cuales afectarían negativamente el promedio para el cálculo de la prestación (CSJ SL, 07 feb. 2012, rad. 39206; CSJ SL, 01 sep. 2009, rad. 34514 y CSJ SL, 07 sep. 2004, rad. 22630), pues, en ese evento, el IBL descendería incluso por debajo del que ya fue reconocido por Colpensiones.
Es que no tendría sentido aceptar la fecha señalada, 02 de abril de 2012, como la de desvinculación al sistema de pensiones si a la par, bajo las particulares circunstancias expuestas, no se admite la misma calenda como la de retiro del servicio público para los solos efectos aquí planteados, pues, de otra manera, se haría nugatorio el derecho del reclamante entre esta data y septiembre de 2012, que es la última cotización que por la ESE Hospital de Sabanalarga figura, todo ello, se itera, propiciado por la contumaz conducta del ISS hoy Colpensiones.
Como además la historia laboral del demandante expedida por Colpensiones no se encuentra actualizada, según lo destacó el a quo y se comprueba con su observación, es doctrina de la Corte que los afiliados no deben correr con la carga negativa de la negligencia de la Administradora, razón por la cual para los cálculos se tendrán en cuenta igualmente las resoluciones y certificaciones que obran en el expediente, las cuales no fueron objetadas, respecto de los tiempos laborados y salarios devengados no incluidos, así como los ciclos que aparecen con mora del empleador (CSJ SL3807-2020 y CSJ SL514-2020).
3. Incrementos por personas a cargo
En relación con los incrementos pensionales por personas a cargo de que trata el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, basta decir que esa norma fue objeto de derogación orgánica, en virtud de la expedición de la Ley 100 de 1993 y resulta incompatible con el artículo 48 de la CN, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005, tal como lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencia CC SU-140-2019:
[…]
En efecto, como se ha explicado a lo largo de esta providencia, el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado mediante el Decreto 758 de ese mismo año, dejó de existir con ocasión de la derogatoria tácita que sobre este implicó expedición de la Ley 100 de 1993. Como se señaló bajo el numeral 3 supra, con dicha Ley 100 el Legislador previó una nueva regulación integral de la generalidad del sistema de seguridad social, incluyendo para el caso que ahora ocupa a la Corte, dicho sistema en su dimensión pensional. Tal derogatoria, además de estar respaldada por la doctrina especializada (ver supra 3.2.2.), ha sido respaldada por la propia Corte a través de la línea jurisprudencial que se esbozó bajo el numeral 3.2.3 supra y suficientemente explicada a la luz del particular objeto del régimen de transición que previó el artículo 36 de la mentada Ley 100 (ver supra 3.2.8-3.2.11).
[…]
7. Conclusiones
De lo expuesto en esta providencia se concluye que, salvo que se trate de derechos adquiridos antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el derecho a los incrementos pensionales que previó el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 desapareció del ordenamiento jurídico por virtud de su derogatoria orgánica; todo ello, sin perjuicio de que de todos modos tales incrementos resultarían incompatibles con el artículo 48 de la Carta Política luego de que éste fuera reformado por el Acto legislativo 01 de 2015.
De lo expuesto, obvio resulta que la reclamación es improcedente y, por tanto, se absolverá de ella a la demandada.
4. Cálculos
Así, se estudiará lo relativo al (i) ingreso base de liquidación, (ii) el retroactivo pensional adeudado y (iii) la procedencia de los intereses moratorios.
Ingreso Base de Liquidación
El Ingreso Base de Liquidación - IBL debe obtenerse, según la tesis mayoritaria de la Sala, acudiendo al art. 21 de la Ley 100 de 1993, cuando al beneficiario, en régimen de transición, le falten más de diez (10) años para adquirir el derecho, a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones contenido en la Ley 100 de 1994
Realizadas las operaciones pertinentes y aplicados los métodos del caso, se obtiene un ingreso base de liquidación de $6.112.339, para el año 2012, que es superior al obtenido por Colpensiones al reliquidar la prestación, según la Resolución n.° GNR 41227 de 20 de febrero de 2015 (f.° 54 a 58).
No empece, para llegar a ese resultado previamente debe hacerse un ejercicio, consistente en poder hacer comparables el IBL calculado por la Corte y el que halló Colpensiones en la pluricitada Resolución n.° GNR 41227 de 20 de febrero de 2015, dado que en ésta se otorgó el disfrute de la pensión a partir del 10 de agosto de 2013,ejercicio para el cual procede actualizar el IBC TOTAL (calculado) a 2013, con lo que se obtiene un Ingreso Base de Liquidación a 2013 de $6.261.557.
Por otra parte, como en la resolución n.° GNR 41227 del 20 de febrero de 2015 (folio 55, cuaderno 2) Colpensiones acreditó que Mario Gustavo García Gómez tiene cotizados un total de 1.593 semanas, es decir, superiores a 1.250 semanas, al darse aplicación al Acuerdo 049 de 1990, que es el tipo o clase de pensión reclamada, emerge que la tasa de la pensión de vejez sería del 90% y se obtendría una mesada pensional de $5.635.402 para el año 2013.
Téngase presente que en la resolución n.° GNR 41227 del 20 de febrero de 2015 Colpensiones aplicó la Ley 33 de 1985, estableció el IBL en $7.143.161 y fijó una tasa de reemplazo de 75% con lo que se obtuvo una mesada pensional a partir del 10 de agosto de 2013 de $5.357.371, en otras palabras, la hallada bajo el abrigo del Acuerdo 049 de 1990 sería más favorable para el actor.
Agotado ese primer paso del ejercicio de cálculo, consistente en poder comparar en el mismo año (2013) los IBL del actor, así como el valor de la primera mesada pensional, y determinado, claramente, que lo otorgado por Colpensiones bajo el amparo de la Ley 33 de 1985 es inferior a lo establecido bajo el Acuerdo 049 de 1990, procede ahora la demostración de cómo se halló el IBL calculado por la Corte, para el año 2012, mes de abril, a partir del cual se reconoce la prestación, que es lo que se muestra y detalla en el siguiente cuadro:
CÁLCULO DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN CON LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS:
Año
Periodo
01/07/1990 - 31/07/2013
1/11/2004 - 31/10/2012
IBC TOTAL
IBC Actualizado
(a 2012)
Salario promedio
IBC
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga
IBC
Cooperativa de trabajo asociado COOANESBOC
Asignación básica
Otros factores salariales
Total mes
Días cotizados
IBC
Días cotizados
2002
abr-02
$2.517.000
$83.122
$2.600.122
28
-
$2.600.122
$4.252.969
$33.079
2002
may-02
$2.517.000
$1.282.446
$3.799.446
30
-
$3.799.446
$6.214.680
$51.789
2002
jun-02
$2.517.000
$1.557.539
$4.074.539
30
-
$4.074.539
$6.664.644
$55.539
2002
jul-02
$2.517.000
$2.433.077
$4.950.077
30
-
$4.950.077
$8.096.745
$67.473
2002
ago-02
$2.517.000
$1.191.380
$3.708.380
30
-
$3.708.380
$6.065.725
$50.548
2002
sep-02
$2.517.000
$876.755
$3.393.755
30
-
$3.393.755
$5.551.099
$46.259
2002
oct-02
$2.517.000
$1.147.332
$3.664.332
30
-
$3.664.332
$5.993.677
$49.947
2002
nov-02
$2.517.000
$1.015.190
$3.532.190
30
-
$3.532.190
$5.777.534
$48.146
2002
dic-02
$2.517.000
$1.159.394
$3.676.394
30
-
$3.676.394
$6.013.406
$50.112
2003
ene-03
$2.668.000
$1.147.332
$3.815.332
30
-
$3.815.332
$5.833.637
$48.614
2003
feb-03
$2.668.000
$811.732
$3.479.732
30
-
$3.479.732
$5.320.505
$44.338
2003
mar-03
$2.668.000
$1.262.853
$3.930.853
30
-
$3.930.853
$6.010.269
$50.086
2003
abr-03
$2.668.000
$1.129.453
$3.797.453
30
-
$3.797.453
$5.806.300
$48.386
2003
may-03
$2.668.000
$907.120
$3.575.120
30
-
$3.575.120
$5.466.353
$45.553
2003
jun-03
$2.668.000
$1.974.320
$4.642.320
30
-
$4.642.320
$7.098.101
$59.151
2003
jul-03
$2.668.000
$1.794.230
$4.462.230
30
-
$4.462.230
$6.822.743
$56.856
2003
ago-03
$2.668.000
$1.843.143
$4.511.143
30
-
$4.511.143
$6.897.531
$57.479
2003
sep-03
$2.668.000
$907.120
$3.575.120
30
-
$3.575.120
$5.466.353
$45.553
2003
oct-03
$2.668.000
$1.216.163
$3.884.163
30
-
$3.884.163
$5.938.880
$49.491
2003
nov-03
$2.668.000
$1.581.897
$4.249.897
30
-
$4.249.897
$6.498.087
$54.151
2003
dic-03
$2.668.000
$860.430
$3.528.430
30
-
$3.528.430
$5.394.965
$44.958
2004
ene-04
$2.882.000
$1.180.342
$4.062.342
30
-
$4.062.342
$5.832.105
$48.601
2004
feb-04
$2.882.000
$821.385
$3.703.385
30
-
$3.703.385
$5.316.768
$44.306
2004
mar-04
$2.882.000
$1.133.304
$4.015.304
30
-
$4.015.304
$5.764.575
$48.038
2004
abr-04
$2.882.000
$892.056
$3.774.056
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$4.131.693
30
$1.342.000
30
$5.473.693
$5.677.885
$47.316
2011
jun-11
$4.131.693
$0
$4.131.693
30
$1.220.000
30
$5.351.693
$5.551.334
$46.261
2011
jul-11
$4.131.693
$1.446.698
$5.578.391
30
$1.464.000
30
$7.042.391
$7.305.102
$60.876
2011
ago-11
$4.131.693
$0
$4.131.693
30
$1.278.000
30
$5.409.693
$5.611.498
$46.762
2011
sep-11
$4.131.693
$0
$4.131.693
30
$1.484.000
30
$5.615.693
$5.825.182
$48.543
2011
oct-11
$4.131.693
$0
$4.131.693
30
$1.464.000
30
$5.595.693
$5.804.436
$48.370
2011
nov-11
$4.131.693
$0
$4.131.693
30
$1.464.000
30
$5.595.693
$5.804.436
$48.370
2011
dic-11
$4.131.693
$0
$4.131.693
30
$1.342.000
30
$5.473.693
$5.677.885
$47.316
2012
ene-12
$4.338.278
$0
$4.338.278
30
$1.098.000
30
$5.436.278
$5.436.278
$45.302
2012
feb-12
$4.338.278
$0
$4.338.278
30
$976.000
30
$5.314.278
$5.314.278
$44.286
2012
mar-12
$4.338.278
$0
$4.338.278
30
$1.098.000
30
$5.436.278
$5.436.278
$45.302
2012
abr-12
$4.338.278
$0
$4.338.278
2
$732.000
2
$5.070.278
$5.070.278
$2.817
3.600
$6.112.339
Y con lo que se obtiene un Ingreso Base de Liquidación a 2012 de $6.112.339.
A efectos de establecer la tasa de reemplazo que corresponde al IBL encontrado, debe tenerse en cuenta el número total de semanas cotizadas y, efectuado el comparativo entre 1) el total de semanas hasta el 10 de agosto de 2013 (fecha a partir de la cual reconoció Colpensiones) que fue hallado por la Corte; 2) el total de semanas hasta el 31 de diciembre de 2013 (fecha hasta la cual cotizó el demandante) que fue hallado por la Corte y 3) el total de semanas acreditadas por Colpensiones en la Resolución n.° GNR 41227 de 20 de febrero de 2015, se encuentra el siguiente resultado:
Total de semanas hasta el 10 de agosto de 2013:
Días cotizados:11.268
Días de interrupción: 93
Total de días válidos cotizados: 11.175
Total de semanas válidas cotizadas: 1.596,43
Total de semanas hasta el 31 de diciembre de 2013:
Días cotizados:11.408
Días de interrupción: 93
Total de días válidos cotizados: 11.315
Total de semanas válidas cotizadas: 1.616,43
Total de semanas acreditadas por Colpensiones en Resolución n.° GNR 41227 de 20 de febrero de 2015:
Días cotizados:11.155
Total de días válidos cotizados: 11.155
Total de semanas válidas cotizadas: 1.593,57
Verificación del total de semanas cotizadas:
A continuación, se presenta la reconstrucción de la historia laboral de Mario García, con el propósito de verificar el total de semanas cotizadas.
Año
Periodo
Desde
Hasta
Empresa
Días cotizados
Semanas cotizadas
1975
sep-75
29/09/1975
30/09/1975
Cine Colombia S.A
2
0,29
1975
oct-75
1/10/1975
31/10/1975
Cine Colombia S.A
31
4,43
1975
nov-75
1/11/1975
30/11/1975
Cine Colombia S.A
30
4,29
1975
dic-75
1/12/1975
31/12/1975
Cine Colombia S.A
31
4,43
1976
ene-76
1/01/1976
31/01/1976
Cine Colombia S.A
31
4,43
1976
feb-76
1/02/1976
29/02/1976
Cine Colombia S.A
29
4,14
1976
mar-76
1/03/1976
31/03/1976
Cine Colombia S.A
31
4,43
1976
jul-76
12/07/1976
31/07/1976
Cine Colombia S.A
20
2,86
1976
ago-76
1/08/1976
16/08/1976
Cine Colombia S.A
16
2,29
1980
feb-80
1/02/1980
29/02/1980
Hospital San José
29
4,14
1980
mar-80
1/03/1980
31/03/1980
Hospital San José
31
4,43
1980
abr-80
1/04/1980
30/04/1980
Hospital San José
30
4,29
1980
may-80
1/05/1980
31/05/1980
Hospital San José
31
4,43
1980
jun-80
1/06/1980
30/06/1980
Hospital San José
30
4,29
1980
jul-80
1/07/1980
31/07/1980
Hospital San José
31
4,43
1980
ago-80
1/08/1980
31/08/1980
Hospital San José
31
4,43
1980
sep-80
1/09/1980
30/09/1980
Hospital San José
30
4,29
1980
oct-80
1/10/1980
31/10/1980
Hospital San José
31
4,43
1980
nov-80
1/11/1980
30/11/1980
Hospital San José
30
4,29
1980
dic-80
1/12/1980
31/12/1980
Hospital San José
31
4,43
1981
ene-81
1/01/1981
31/01/1981
Hospital San José
31
4,43
1981
feb-81
1/02/1981
28/02/1981
Hospital San José
28
4,00
1981
mar-81
1/03/1981
31/03/1981
Hospital San José
31
4,43
1981
abr-81
1/04/1981
30/04/1981
Hospital San José
30
4,29
1981
may-81
1/05/1981
31/05/1981
Hospital San José
31
4,43
1981
jun-81
1/06/1981
30/06/1981
Hospital San José
30
4,29
1981
jul-81
1/07/1981
31/07/1981
Hospital San José
31
4,43
1981
ago-81
1/08/1981
31/08/1981
Hospital San José
31
4,43
1981
sep-81
1/09/1981
30/09/1981
Hospital San José
30
4,29
1981
oct-81
1/10/1981
31/10/1981
Hospital San José
31
4,43
1981
nov-81
1/11/1981
30/11/1981
Hospital San José
30
4,29
1981
dic-81
1/12/1981
31/12/1981
Hospital San José
31
4,43
1982
ene-82
1/01/1982
31/01/1982
Hospital San José
31
4,43
1982
feb-82
1/02/1982
28/02/1982
Hospital San José
28
4,00
1982
mar-82
1/03/1982
31/03/1982
Hospital San José
31
4,43
1982
abr-82
1/04/1982
30/04/1982
Hospital San José
30
4,29
1982
may-82
1/05/1982
31/05/1982
Hospital San José
31
4,43
1982
jun-82
1/06/1982
30/06/1982
Hospital San José
30
4,29
1982
jul-82
1/07/1982
31/07/1982
Hospital San José
31
4,43
1982
ago-82
1/08/1982
31/08/1982
Hospital San José
31
4,43
1982
sep-82
1/09/1982
30/09/1982
Hospital San José
30
4,29
1982
oct-82
1/10/1982
31/10/1982
Hospital San José
31
4,43
1982
nov-82
1/11/1982
30/11/1982
Hospital San José
30
4,29
1982
dic-82
1/12/1982
31/12/1982
Hospital San José
31
4,43
1983
ene-83
1/01/1983
31/01/1983
Hospital San José
31
4,43
1983
feb-83
1/02/1983
28/02/1983
Hospital San José
28
4,00
1983
mar-83
1/03/1983
31/03/1983
Hospital San José
31
4,43
1983
abr-83
1/04/1983
30/04/1983
Hospital San José
30
4,29
1983
may-83
1/05/1983
31/05/1983
Hospital San José
31
4,43
1983
jun-83
1/06/1983
30/06/1983
Hospital San José
30
4,29
1983
jul-83
1/07/1983
31/07/1983
Hospital San José
31
4,43
1983
ago-83
1/08/1983
31/08/1983
Hospital San José
31
4,43
1983
sep-83
1/09/1983
30/09/1983
Hospital San José
30
4,29
1983
oct-83
1/10/1983
31/10/1983
Hospital San José
31
4,43
1983
nov-83
1/11/1983
30/11/1983
Hospital San José
30
4,29
1983
dic-83
1/12/1983
31/12/1983
Hospital San José
31
4,43
1984
ene-84
1/01/1984
31/01/1984
Hospital San José
31
4,43
1984
feb-84
1/02/1984
29/02/1984
Hospital San José
29
4,14
1984
mar-84
1/03/1984
31/03/1984
Hospital San José
31
4,43
1984
abr-84
1/04/1984
30/04/1984
Hospital San José
30
4,29
1984
may-84
1/05/1984
31/05/1984
Hospital San José
31
4,43
1984
jun-84
1/06/1984
30/06/1984
Hospital San José
30
4,29
1984
jul-84
1/07/1984
31/07/1984
Hospital San José
31
4,43
1984
ago-84
1/08/1984
31/08/1984
Hospital San José
31
4,43
1984
sep-84
1/09/1984
30/09/1984
Hospital San José
30
4,29
1984
oct-84
1/10/1984
31/10/1984
Hospital San José
31
4,43
1984
nov-84
1/11/1984
30/11/1984
Hospital San José
30
4,29
1984
dic-84
1/12/1984
31/12/1984
Hospital San José
31
4,43
1985
ene-85
1/01/1985
31/01/1985
Hospital San José
31
4,43
1985
feb-85
1/02/1985
28/02/1985
Hospital San José
28
4,00
1985
mar-85
1/03/1985
31/03/1985
Hospital San José
31
4,43
1985
abr-85
1/04/1985
30/04/1985
Hospital San José
30
4,29
1985
may-85
1/05/1985
31/05/1985
Hospital San José
31
4,43
1985
jun-85
1/06/1985
30/06/1985
Hospital San José
30
4,29
1985
jul-85
1/07/1985
31/07/1985
Hospital San José
31
4,43
1985
ago-85
1/08/1985
31/08/1985
Hospital San José
31
4,43
1985
sep-85
1/09/1985
30/09/1985
Hospital San José
30
4,29
1985
oct-85
1/10/1985
31/10/1985
Hospital San José
31
4,43
1985
nov-85
1/11/1985
30/11/1985
Hospital San José
30
4,29
1985
dic-85
1/12/1985
31/12/1985
Hospital San José
31
4,43
1986
ene-86
1/01/1986
31/01/1986
Hospital San José
31
4,43
1986
feb-86
1/02/1986
28/02/1986
Hospital San José
28
4,00
1986
mar-86
1/03/1986
31/03/1986
Hospital San José
31
4,43
1986
abr-86
1/04/1986
30/04/1986
Hospital San José
30
4,29
1986
may-86
1/05/1986
31/05/1986
Hospital San José
31
4,43
1986
jun-86
1/06/1986
30/06/1986
Hospital San José
30
4,29
1986
jul-86
1/07/1986
31/07/1986
Hospital San José
31
4,43
1986
ago-86
1/08/1986
31/08/1986
Hospital San José
31
4,43
1986
sep-86
1/09/1986
30/09/1986
Hospital San José
30
4,29
1986
oct-86
1/10/1986
31/10/1986
Hospital San José
31
4,43
1986
nov-86
1/11/1986
30/11/1986
Hospital San José
30
4,29
1986
dic-86
1/12/1986
31/12/1986
Hospital San José
31
4,43
1987
ene-87
1/01/1987
31/01/1987
Hospital San José
31
4,43
1987
feb-87
1/02/1987
28/02/1987
Hospital San José
28
4,00
1987
mar-87
1/03/1987
16/03/1987
Hospital San José
16
2,29
1987
abr-87
1/04/1987
30/04/1987
Oficina Seccional
30
4,29
1987
may-87
1/05/1987
31/05/1987
Oficina Seccional
31
4,43
1987
jun-87
1/06/1987
30/06/1987
Oficina Seccional
30
4,29
1987
jul-87
1/07/1987
31/07/1987
Oficina Seccional
31
4,43
1987
ago-87
1/08/1987
1/08/1987
Oficina Seccional
1
0,14
1990
jul-90
1/07/1990
31/07/1990
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga
31
4,43
1990
ago-90
1/08/1990
31/08/1990
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga
31
4,43
1990
sep-90
1/09/1990
30/09/1990
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga
30
4,29
1990
oct-90
1/10/1990
31/10/1990
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga
31
4,43
1990
nov-90
1/11/1990
30/11/1990
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga
30
4,29
1990
dic-90
1/12/1990
31/12/1990
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga
31
4,43
1991
ene-91
1/01/1991
31/01/1991
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga
31
4,43
1991
feb-91
1/02/1991
28/02/1991
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga
28
4,00
1991
mar-91
1/03/1991
31/03/1991
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga
31
4,43
1991
abr-91
1/04/1991
30/04/1991
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga
30
4,29
1991
may-91
1/05/1991
31/05/1991
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga
31
4,43
1991
jun-91
1/06/1991
30/06/1991
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga
30
4,29
1991
jul-91
1/07/1991
31/07/1991
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga
31
4,43
1991
ago-91
1/08/1991
31/08/1991
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga
31
4,43
1991
sep-91
1/09/1991
30/09/1991
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga
30
4,29
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2011
ago-11
1/08/2011
31/08/2011
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga y Cooperativa de trabajo
30
4,29
2011
sep-11
1/09/2011
30/09/2011
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga y Cooperativa de trabajo
30
4,29
2011
oct-11
1/10/2011
31/10/2011
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga y Cooperativa de trabajo
30
4,29
2011
nov-11
1/11/2011
30/11/2011
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga y Cooperativa de trabajo
30
4,29
2011
dic-11
1/12/2011
31/12/2011
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga y Cooperativa de trabajo
30
4,29
2012
ene-12
1/01/2012
31/01/2012
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga y Cooperativa de trabajo
30
4,29
2012
feb-12
1/02/2012
29/02/2012
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga y Cooperativa de trabajo
30
4,29
2012
mar-12
1/03/2012
31/03/2012
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga y Cooperativa de trabajo
30
4,29
2012
abr-12
1/04/2012
30/04/2012
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga y Cooperativa de trabajo
30
4,29
2012
may-12
1/05/2012
31/05/2012
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga y Cooperativa de trabajo
30
4,29
2012
jun-12
1/06/2012
30/06/2012
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga y Cooperativa de trabajo
30
4,29
2012
jul-12
1/07/2012
31/07/2012
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga y Cooperativa de trabajo
30
4,29
2012
ago-12
1/08/2012
31/08/2012
E.S.E. Hospital Departamental de Sabanalarga y Cooperativa de trabajo
30
4,29
2012
sep-12
1/09/2012
30/09/2012
Cooperativa de Trabajo y Anestesiólogos Unidos
30
4,29
2012
oct-12
1/10/2012
31/10/2012
Anestesiólogos Unidos
30
4,29
2012
nov-12
1/11/2012
30/11/2012
Mario García
30
4,29
2012
dic-12
1/12/2012
31/12/2012
Mario García
30
4,29
2013
ene-13
1/01/2013
31/01/2013
Mario García
30
4,29
2013
feb-13
1/02/2013
28/02/2013
Mario García
30
4,29
2013
mar-13
1/03/2013
31/03/2013
Mario García
30
4,29
2013
abr-13
1/04/2013
30/04/2013
Mario García
30
4,29
2013
may-13
1/05/2013
31/05/2013
Mario García
30
4,29
2013
jun-13
1/06/2013
30/06/2013
Mario García
30
4,29
2013
jul-13
1/07/2013
31/07/2013
Mario García
30
4,29
2013
ago-13
1/08/2013
31/08/2013
Mario García
30
4,29
2013
sep-13
1/09/2013
30/09/2013
Mario García
30
4,29
2013
oct-13
1/10/2013
31/10/2013
Mario García
30
4,29
2013
nov-13
1/11/2013
30/11/2013
Mario García
30
4,29
2013
dic-13
1/12/2013
31/12/2013
Mario García
30
4,29
Siendo evidente que a abril de 2012 eran más de 1.250 las semanas cotizadas, al aplicar una tasa de reemplazo del 90%, de conformidad con el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, se obtiene una primera mesada de $5.501.105, para el año 2012.
Retroactivo pensional
Comoquiera que la pensión de vejez se adquirió con posterioridad al 31 de julio de 2011 y es superior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, el demandante tiene derecho a 13 mesadas anuales (Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo 6.º). Entonces, a 31 de marzo de 2021, por diferencias pensionales causadas entre lo concedido por la accionada desde el 10 de agosto de 2013, según la Resolución n.° GNR 251808 de 08 de octubre de 2013 (f.° 60 a 68), teniendo en cuenta la reliquidación ordenada a través de la Resolución n.° GNR 41227 de 20 de febrero de 2015 (f.° 54 a 58), que arrojó un retroactivo de $33.857.179 y el monto pensional que realmente debió reconocer desde el 02 de abril de 2012, se adeuda la suma de $128.491.660, ($95.965.602 por mesadas completas y $32.526.058 por diferencias pensionales), según se aprecia en los siguientes cuadros:
RETROACTIVO PENSIONAL E INDEXACIÓN:
Retroactivo pensional de las mesadas completas:
Desde el 02/04/2012 hasta el 09/08/2013
Año
Periodo
Valor de mesada
Indexación
2012
abr-12
$5.317.735
$2.039.999
2012
may-12
$5.501.105
$2.086.821
2012
jun-12
$5.501.105
$2.080.964
2012
jul-12
$5.501.105
$2.082.915
2012
ago-12
$5.501.105
$2.079.988
2012
sep-12
$5.501.105
$2.057.622
2012
oct-12
$5.501.105
$2.046.005
2012
nov-12
$5.501.105
$2.055.683
2012
Mesada 13
$5.501.105
$2.055.683
2012
dic-12
$5.501.105
$2.048.906
2013
ene-13
$5.635.332
$2.076.175
2013
feb-13
$5.635.332
$2.041.849
2013
mar-13
$5.635.332
$2.026.259
2013
abr-13
$5.635.332
$2.006.860
2013
may-13
$5.635.332
$1.985.635
2013
jun-13
$5.635.332
$1.968.356
2013
jul-13
$5.635.332
$1.964.527
2013
ago-13
$1.690.600
$587.350
Totales
$95.965.602
$35.291.598
Retroactivo consolidado por años:
Año
Número de mesadas
Valor de mesada
Indexación
2012
9,97
$54.827.679
$20.634.588
2013
7,30
$41.137.923
$14.657.011
Totales
$95.965.602
$35.291.598
Diferencias pensionales: Desde el 10/08/2013 hasta el 31/03/2021.
Diferencias consolidadas por año:
Año
Mesada calculada
Mesada pagada
Diferencia pensional
Número de mesadas
Valor total de las diferencias
Valor total de la indexación de las diferencias
2013
$5.635.332
$5.357.371
$277.961
5,70
$1.584.377
$550.405
2014
$5.744.657
$5.461.304
$283.353
13
$3.683.594
$1.155.162
2015
$5.954.912
$5.661.188
$293.724
13
$3.818.413
$955.194
2016
$6.358.059
$6.044.450
$313.609
13
$4.076.920
$668.415
2017
$6.723.648
$6.392.006
$331.642
13
$4.311.342
$499.486
2018
$6.998.645
$6.653.439
$345.206
13
$4.487.676
$362.570
2019
$7.221.202
$6.865.018
$356.183
13
$4.630.385
$202.926
2020
$7.495.608
$7.125.889
$369.718
13
$4.806.339
$90.532
2021
$7.616.287
$7.240.616
$375.671
3
$1.127.013
$6.195
Totales
$32.526.058
$4.490.886
Consolidación de valores:
Concepto
Valor
Retroactivo (mesadas completas)
$95.965.602
Indexación del retroactivo
$35.291.598
Diferencias pensionales
$32.526.058
Indexación de las diferencias pensionales
$4.490.886
Total
$168.274.145
(iii) Intereses moratorios
Los intereses moratorios fueron solicitados únicamente sobre las mesadas completas y no sobre las diferencias que se presenten mes a mes, no obstante que la Corte desde las sentencias CSJ SL1681-2020 y CSJ SL3130-2020 estimó que éstos también proceden en pensiones legales adquiridas al amparo del régimen de transición y en casos de deudas de saldos o reajustes de la prestación, respectivamente, rectificando con ello sus criterios anteriores al respecto.
Sin embargo, para este caso los intereses moratorios no son procedentes, dado que la pensión se reconoce con fundamento en un cambio de jurisprudencia (CSJ SL4650-2017) en relación con la sumatoria de tiempos públicos y privados para efectos de la pensión de vejez, en régimen de transición, con arreglo al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 (CSJ SL1947-2020; CSJ SL1981-2020 y CSJ 2557-2020). En su lugar, se ordenará la indexación del retroactivo pensional, dado que es necesario compensar el impacto inflacionario que sufrió el valor de las mesadas pensionales con el simple transcurrir del tiempo. A 31 de marzo de 2021, este concepto asciende a $39.782.484 ($35.291.598 por las mesadas completas y $4.490.886 por las diferencias mes a mes), sin perjuicio de la que se causen hasta el pago efectivo de la obligación. Este valor se explica en el cuadro antes relacionado.
Igualmente, se declararán no probadas las excepciones que formuló el ISS hoy Colpensiones, incluida la de prescripción, por cuanto la exigibilidad del derecho pensional surgió el 10 de diciembre de 2011 cuando el accionante arribó a los 60 años; la solicitud, una vez cumplidos los requisitos de edad y semanas cotizadas, se elevó por primera vez el 02 de abril de 2012, siendo resuelta mediante Resolución n.° GNR 251808 de 08 de octubre de 2013 (f.° 60 a 68); la anterior resolución fue modificada, ordenando la reliquidación de la pensión a través de la Resolución n.° GNR 41227 de 20 de febrero de 2015 (f.° 54 a 58), concediendo la prestación bajo los parámetros de la Ley 33 de 1985 y reconociendo el régimen de transición; el accionante presentó nueva solicitud el 06 de julio de 2015, para que se reconociera la prestación a partir de cuando cumplió los requisitos, con aplicación del Decreto 758 de 1990, frente a lo cual mediante Resolución n.° GNR 4862 de 07 de enero de 2016 (f.° 377 a 380), le fue negada la solicitud, con lo cual, a partir del día siguiente a esta comunicación comenzaría a correr el término de prescripción y dado que la demanda se formuló el 06 de noviembre de 2015 (f.º 357), no transcurrió el término de tres (3) años previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para configurar aquel último medio exceptivo referido.
Por último, en atención a los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 inciso 3.º del Decreto 692 de 1994, la demandada deberá realizar las deducciones para cotización en salud respecto del retroactivo pensional, con destino a la EPS a la que esté afiliada la actora.
Las costas de primera instancia estarán a cargo de la demandada; sin lugar a ellas en la alzada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el diecisiete (17) de abril de dos mil dieciocho (2018) por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARIO GUSTAVO GARCÍA GÓMEZ contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
En sede de instancia, RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia que el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena, profirió el 25 de julio de 2016, para en su lugar, CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones a reconocer y pagar a MARIO GUSTAVO GARCÍA GÓMEZ, la pensión de vejez a partir del 02 de abril de 2012 conforme lo previsto en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, en cuantía inicial de $5.501.105, con los ajustes legales anuales y trece mesadas al año.
El retroactivo pensional por las diferencias pensionales causadas entre lo concedido por la entidad demandada a partir del 10 de agosto de 2013 y el monto pensional que realmente correspondía desde el 02 de abril de 2012, a 31 de marzo de 2021, asciende a $128.491.660, ($95.965.602 por mesadas completas y $32.526.058 por diferencias pensionales) y su indexación a $39.782.484 ($35.291.598 por las mesadas completas y $4.490.886 por las diferencias mes a mes), sin perjuicio de lo que se cause hasta el cumplimiento efectivo de la obligación.
SEGUNDO: En atención a los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 inciso 3.º del Decreto 692 de 1994, la demandada deberá realizar las deducciones para cotización en salud respecto del retroactivo pensional, con destino a la EPS a la que esté afiliada la actora.
TERCERO: ABSOLVER de las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones que formuló el ISS, hoy Colpensiones, incluida la de prescripción, de acuerdo con la parte motiva de este proveído.
QUINTO: Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
OMAR ANGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
SALVA VOTO
FERNANDO CASTILLO CADENA
ACLARA VOTO
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
ACLARA VOTO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
IMPEDIDO
JORGE LUIS QUIROZ ÁLEMAN
ACLARACIÓN DE VOTO
Demandante: Mario Gustavo García Gómez
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Radicación: 84054
Magistrado Ponente: Luis Benedicto Herrera Díaz
Aunque acompaño la decisión mayoritaria de casar el fallo, por cuanto estoy de acuerdo en que el actor tiene derecho a obtener la reliquidación de su mesada inicial, teniendo en cuenta los tiempos públicos carentes de cotización al ISS; considero que el reconocimiento debió hacerse a partir de 13 septiembre de 2012, fecha de retiro del sistema y no desde el 2 de abril ese año, como lo avaló la mayoría de la Sala.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el demandante si bien cumplió los requisitos pensionales el 10 de diciembre de 2011 –fecha en la cual llegó a 60 años y contaba con la densidad de semanas requeridas en el Acuerdo 049 de 1990-, lo cierto es que conforme al artículo 13 del citado Acuerdo «será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma», situación que tuvo lugar el 13 de septiembre de 2012 fecha de su última cotización en el sector público.
Igualmente olvidó la Sala que el actor confesó haber laborado para la ESE Hospital de Sabanalarga por lo menos hasta julio de 2012, de modo que al reconocer la mesada pensional a partir de abril de ese año se desatendió lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 sobre incompatibilidad entre salario y pensión en el sector público.
Si bien concuerdo con la Sala en que la actitud contumaz de Colpensiones dio pie a que el actor efectuara cotizaciones más allá de la causación de su derecho pensional, en este caso no puede disfrutarse la pensión desde su causación y tampoco desde su reclamación -2 de abril de 2012-, pues lo cierto es que el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 lo impide, dado que el actor ostentó la condición de servidor público hasta septiembre de 2012, según lo revela la historia laboral de cotizaciones, lo afirmó el actor en su demanda y lo confesó en su interrogatorio de parte. De esta manera, se equivocó la Sala al tomar el 2 de abril de 2012 como fecha del retiro del servicio público, contra toda la evidencia recopilada al plenario y lo expresamente aceptado por las partes en las instancias.
En ese contexto, independientemente de que su intención fuera retirarse del sistema desde el momento en que reclamó su derecho pensional, lo cierto es que también debía retirarse del servicio público, dada la situación de incompatibilidad en la que se encontraba. Por ende, no era procedente reconocer el retroactivo pensional desde la reclamación -2 de abril de 2012- sino, desde el retiro del servicio –septiembre 2012-.
En los anteriores términos, dejo consignadas las razones que me llevan a aclarar el voto.
Fecha ut supra.
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada
Aarp
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Magistrado Ponente
SALVAMENTO DE VOTO
Radicación n°84054
REFERENCIA: MARIO GUSTAVO GARCÍA GÓMEZ vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.
Con el acostumbrado respeto por la decisión mayoritaria de nuestra Sala, en esta ocasión me permito salvar el voto toda vez que considero que esta decisión, que quiebra una línea jurisprudencial sólida y consolidada, no se aviene al concepto de justicia que se deriva de los objetivos de universalización, eficiencia y progresividad que persigue el servicio público de la seguridad social, por las razones que a continuación paso a explicar.
Estimo que la posición mayoritaria incurre en un inadecuado entendimiento del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que la lleva a darle un alcance que no tuvo ni tiene el régimen de transición propiamente dicho. Obsérvese que este precepto no se dedica única y exclusivamente a las normas de tránsito entre la legislación derogada y la vigente, lo que conocemos como régimen de transición, sino que también hace alusión a los derechos adquiridos y a los cambios normativos ordinarios dentro del Sistema General de Pensiones. Veamos:
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993
Un primer ejercicio nos invita a revisar la estructura original del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta las reformas legales posteriores ni las declaratorias de inexequibilidad realizadas:
ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.
Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.
Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.
PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.
De una lectura desprevenida aflora que la norma tiene diferentes objetivos de protección. Me permito revisarlos uno a uno:
Derechos Adquiridos
El inciso 6 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, señala:
Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.
Aunque técnicamente los derechos adquiridos no pueden ser modificados ni derogados por la ley posterior, por tanto, no deben hacer parte de los regímenes de transición, este inciso reafirma lo establecido en el artículo 11 del mismo marco normativo. A nuestro juicio, lo más importante es que reconoce que el derecho se adquiere con el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o vejez.
Régimen de transición
Los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo 36, indican:
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.
Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.
Estos incisos del artículo 36 regulan el régimen de transición entre la normatividad inmediatamente anterior y la nueva que configura el Sistema General de Pensiones. Dado que se trataba de integrar en un solo texto todos los esquemas pensionales de prestación definida vigentes con anterioridad al sistema general de pensiones, que no fueron exceptuados expresamente por el artículo 279, con el nuevo régimen de prima media con prestación definida, y la incompatilidad que se genera por sus mecanismos financieros excluyentes (capitalización colectiva versus capitalización individual), la norma instituyó como renuncia voluntaria al régimen de transición el traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad; pero, además, para reafirmar esta consecuencia, se estableció expresamente que la transición no se recupera por un posterior nuevo traslado al régimen de prima media.
Cambios futuros legislados para el Régimen de Prima Media con Prestación Definida en relación con la pensión ordinaria de vejez
El inciso 1º y el parágrafo del artículo 36, enseñan:
ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.
El artículo 19 del Decreto 1650 de 1977 estableció como régimen financiero para las contingencias de invalidez, vejez y sobrevivientes, el de prima media escalonada. De ahí, que cuando se optó por unificar los regímenes pensionales preexistentes, todos de prestación definida, en torno al esquema financiero del seguro adoptado por el Instituto de Seguros Sociales, se definió uno solo denominado «Régimen de prima media con prestación definida». Atrás quedaron los sistemas de reparto. Ello explica por qué el artículo 52 de la Ley 100 de 1993, como regla general, dispuso que será administrado por el Instituto de Seguros Sociales.
Para este régimen, prima media con prestación definida, se adoptaron las edades mínimas para acceder a la pensión fijadas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 de 1990, que eran de 55 años para las mujeres y de 60 para los hombres, conforme se constata de la lectura del primigenio artículo 33 de la Ley 100 de 1993. No obstante, el parágrafo 4º ibídem dispuso que:
PARÁGRAFO 4º. A partir del primero (1o) de Enero del año dos mil catorce (2014) las edades para acceder a la pensión de vejez se reajustarán a cincuenta y siete (57) años si es mujer o sesenta y dos (62) años si es hombre.
Como se infiere claramente, la norma trazó un cambio futuro en la edad de pensión, razón por la cual el legislador debió reafirmar esta situación en el inciso 1º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues técnicamente se trata de un cambio normativo.
Pero, además siendo la norma consecuente con el parágrafo 1º del artículo 33 del texto normativo, que establece cuáles son los tiempos válidos para la pensión ordinaria de vejez del régimen de prima media, el parágrafo del artículo 36 replicó dichos tiempos válidos.
En otras palabras, el inciso 1º y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, regulan la edad y tiempos válidos de pensión que deben ser tenidos en cuenta para acceder a la pensión de vejez ordinaria del régimen de prima media con prestación definida, de que trata el artículo 33 de dicha normativa, dados los cambios que en las edades de pensión se establecieron para el año 2014.
En ningún caso estos preceptos regulan las edades ni los tiempos válidos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de transición pues, expresamente, el inciso 2º del multimencionado artículo consagró que la edad, el tiempo de servicio o semanas de cotización y el monto de la pensión serán las establecidas en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.
Para no dejar dudas sobre ello, el inciso 1º del artículo 3º del Decreto 813 de 1994, instituyó:
Artículo 3o. Beneficios. Las personas que cumplan algunos de los requisitos previstos en el artículo anterior, tendrán derecho al reconocimiento de la pensión de vejez o jubilación cuando cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas establecidos en las disposiciones del régimen que se les venía aplicando con anterioridad al 1° de abril de 1994. (Subrayas mías)
Es palmario entonces, que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 contiene diferentes objetivos de protección que no deben ser confundidos, como me temo que lo fueron, y menos ser mezclados para obtener un resultado paternalista, pues ello trae como consecuencia que la política pública de pensiones, y el concepto de justicia que subyace a la misma, no brinde el resultado esperado en términos del objetivo social que se persigue.
El régimen de los seguros sociales obligatorios
En primer lugar, es patente que para tener derecho a las prestaciones del seguro social obligatorio debía existir afiliación expresa a dicho instituto.
Los artículos 13 a 16 del Decreto 1650 de 1977, señalan:
Artículo 13. De la afiliación del régimen. Para tener derecho a exigir los servicios y prestaciones correspondientes a las contingencias que cubren los seguros sociales obligatorios, es requisito indispensable afiliarse al régimen.
Artículo 14. Del concepto de afiliación. La afiliación es la inscripción de un trabajador al régimen de los seguros sociales obligatorios y constituye la fuente de los derechos y obligaciones que de él se derivan.
Artículo 15. De la reglamentación de la afiliación. Los reglamentos generales de los seguros sociales obligatorios señalarán la forma y oportunidad de la afiliación, las sanciones por el incumplimiento en efectuarla y, en todo caso, el derecho del trabajador para exigirla por sí mismo.
Artículo 16. De los beneficios y derecho habientes. Son beneficiarios de los seguros sociales obligatorios y, por lo tanto, tienen derecho al reconocimiento y efectividad de las prestaciones económicas y de salud, las personas afiliadas al régimen y las que por su vinculación a un afiliado puedan recibir tal beneficio, según los reglamentos. Estas últimas reciben en este estatuto el nombre de derecho habientes.
La afiliación al Instituto de Seguros Sociales es entonces el instrumento que permite al ciudadano ser beneficiario de las prestaciones que este otorgaba.
El Decreto 3063 de 1989, que aprobó el reglamento en sus artículos 8 y 10, dice:
Artículo 8° AFILIADO. Se entiende por afiliado, la persona natural que encontrándose legalmente inscrita al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios cotiza para dicho régimen y es sujeto de los derechos y obligaciones que de él se derivan, de conformidad con los respectivos reglamentos.
Artículo 11. ASEGURADO. Se entiende por asegurado al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios, la persona natural que por haber cumplido con los requisitos establecidos en los respectivos Reglamentos se encuentra amparada contra las contingencias propias de los Seguros Sociales Obligatorios.
Así las cosas, es totalmente cristalino que, desde siempre, pero en especial a la vigencia del sistema general de pensiones, se entiende por afiliado el que cotiza al régimen de los seguros sociales obligatorios y por asegurado el que ha cumplido con los requisitos de los respectivos reglamentos, básicamente, tratándose de invalidez, vejez y muerte, las semanas de cotización a dicho Instituto, no a otras entidades.
Pero quizás lo más importante es que, para el Instituto de Seguros Sociales, como arriba se advirtió, se adoptó la técnica financiera de la prima media escalonada, propia del seguro social, que exige que los afiliados se encuentren asegurados y cotizando (pagando las primas de seguro) al ente asegurador. Entonces, el pago de las prestaciones se supedita al cumplimiento estricto del deber sufragar el aporte por las semanas de cotización exigidas (pago de la prima), reitero, al asegurador. Así, la estructura técnica establecida para el seguro social niega cualquier posibilidad de administrar pensiones en régimen de reparto simple, dado que no se trata de «acumulación de tiempos» sino de cancelar verdaderas primas de seguro, a través de los aportes mensuales para asegurar el pago de las prestaciones que se derivan de los riesgos, en este asunto específico, de la invalidez, la vejez y la muerte.
El contexto trazado se desprende, sin esfuerzo alguno, de la lectura desprevenida de las siguientes normas del acuerdo inmediatamente referido.
Artículo 20. COTIZACION. Es el porcentaje del salario total del trabajador con que deben contribuir patronos y trabajadores para financiar un determinado seguro. […]
Artículo 21. APORTE. Es el valor que a cada patrono o trabajador corresponde cancelar al ISS para un determinado seguro, según el salario o ingreso real reportado. […]
Por último, los incisos 6 y 7 del artículo 79 del mencionado acuerdo, rezan:
Los aportes para los distintos seguros se liquidarán por semanas completas en cada período mensual de aportación.
Para la liquidación de las prestaciones económicas, el Instituto adoptará los mecanismos necesarios a fin de establecer las semanas cotizadas en un período determinado.
Así es como, finalmente, se instituye en términos de semanas de cotización al Instituto de Seguros Sociales los requisitos de acceso a cada una de las prestaciones que ofrece el seguro social, pero en especial, el seguro de invalidez, vejez y muerte -IVM.
A guisa de ejemplo, el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, establece:
Artículo 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.
De esta manera es claro que el régimen de los seguros sociales obligatorios se fundamenta en el pago de aportes para cubrir los riesgos asumidos por parte del asegurador. En caso alguno, la norma escindió o siquiera permitió que la actividad aseguradora se fraccionara entre varias aseguradoras para luego permitir la suma de tiempos cotizados entre ellas con el fin de cubrir el riesgo asumido, en este caso, la pensión de vejez.
En otras palabras, en el país, hasta 1988, no existía posibilidad alguna de tener en cuenta los tiempos de aportes o servicios al sector público para acceder a las prestaciones ofrecidas por el régimen de los seguros sociales obligatorios, ni de sumar las semanas cotizadas al ISS a los tiempos de servicios o aportes exigidos por las normas del sector público para acceder a las pensiones de jubilación vigentes.
La solución normativa: la pensión de jubilación por aportes
La imposibilidad legal de sumar los tiempos de cotización al Instituto de Seguros Sociales con los tiempos de aportes al sector público fue lo que dio origen a la pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988.
Al respecto la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 47 del 29 de marzo de 1990, sostuvo:
a) Para resolver la cuestión planteada, la Corte debe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, aunque sea su parágrafo solo lo demandado, porque entre una y otra parte de aquel, existe una estrecha relación de dependencia.
En efecto, el citado artículo 7º establece la posibilidad de adquirir el derecho a la pensión de jubilación por los empleados oficiales, es decir, trabajadores oficiales y empleados públicos y por los trabajadores particulares, en el evento de que estos acrediten la acumulación de veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo, en una o varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencia, comisariar o distrital, con los efectuados ante el Instituto de los Seguros Sociales; esto quiere decir que a partir de la vigencia de la Ley 71 de 1988, es posible acceder a la prestación jubilatoria, mediante la acumulación de aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual particular u oficial y la legal y reglamentaria, cuando la suma de aquellos equivalgan por 10 menos a veinte (20) años;
b) Sin embargo, dicha posibilidad jurídica de acumulación con forme a lo establecido en el citado artículo 7º, está condicionada, además, como presupuesto fundamental, al arribo a la edad de sesenta (60) años si el afiliado aportante es varón, y de cincuenta y cinco (55) si es mujer, puesto, que de no mediar dichos términos no es posible la acumulación que daría derecho a esta situación pensional especial;
c) De lo visto se colige que el trabajador vinculado por una relación laboral particular que no haya sufragado aporte o cotización alguna a una o varias entidades de previsión social, no queda cobijado por los efectos de la ley que establece la prerrogativa de la acumulación; en este mismo sentido se tiene que esta nueva disposición se restringe al ámbito de los trabajadores amparados mediante aporte o cotización por el régimen de seguridad social organizado en sustitución de los patronos, sean estos particulares u oficiales;
d) De otra parte, conviene advertir que esta nueva y especial regulación, de connotación evidentemente social, no modifica la aplicación de los regímenes ordinarios establecidos para regular la citada prestación jubilatoria, cuando a ella se tiene vocación dentro de cada sistema, particular u oficial, autónoma e independientemente considerados en cuyos casos, los presupuestos de edad y tiempo de servicios continúan siendo los que establecen las demás "normas de los regímenes actuales vigentes".
e) Por lo que hace al parágrafo cuestionado por la demanda, la Corte advierte que se trata de una disposición de carácter excepcional que ordena en determinadas hipótesis la aplicación de las disposiciones ordinarias; las que continuaran rigiendo para las personas que al entrar en vigencia la Ley 71 de 1988 ya hayan cumplido ciertas condiciones de edad y de tiempo de aportes como son las de tener 50 años o más de edad para los varones y 45 años o más para las mujeres; y en todo caso que unos y otras tengan diez (10) o más años de afiliación en una o varias entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, en todos los órdenes de la organización territorial. Si a la fecha de sanción de la ley estas personas ya habían arribado a estos límites de edad y de aportes no pueden acceder a la pensión de jubilación por la nueva vía de la acumulación, ni acogerse a ella;
f) Además, debe tenerse de presente que las normas de los regímenes actuales vigentes a las que hace relación la norma acusada son, principalmente, para el empleado oficial el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y sus decretos reglamentarios, y para los demás trabajadores, lo dispuesto por el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas complementarias como el Decreto 2218 de 1966.
Nótese que la providencia en el literal d), a la vez que reconoce una nueva forma de acceder a la pensión, reafirma que las normas vigentes del sector público y privado que regulan las pensiones preexistentes mantienen su autonomía y especialidad.
De igual manera, la Corte Constitucional en sentencia CC-C-012 de 1994 da cuenta del nuevo tipo de derecho pensional creado por la Ley 71 de 1988, en los siguientes términos:
Es evidente, que a través del inciso 1° del artículo 7° de la ley 71 de 1988 se consagró para "los empleados oficiales y trabajadores" el derecho a la pensión de jubilación con 60 años o más de edad, si es varón, y 55 años o más de edad, si es mujer, cuando se acrediten aportes durante 20 años, a diferentes entidades de previsión social y al ISS. Pero con anterioridad, los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían obtener el derecho a la pensión de jubilación en las condiciones descritas en la norma; es decir, no era posible acumular el tiempo servido en entidades oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun cuando si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido a diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades de previsión social oficial o al ISS.
En tal virtud, si como se afirmó antes, la norma en referencia creó un nuevo tipo de derecho pensional, no se puede hablar, como lo hace el demandante, de un derecho "causado", con base en la misma disposición; en otros términos, es inconcebible que el aparte de la norma acusada (parágrafo del artículo 7°), pueda violar el derecho que ella misma crea en el inciso 1°.
Así las cosas, es menester señalar que a la vigencia del Sistema General de Pensiones coexistían regímenes pensionales incompatibles entre sí, a decir: i) los regímenes del sector público, que otorgaban la pensión de jubilación (Ley 33 de 1985, Ley 6 de 1945 y otros); ii) el régimen de los seguros sociales obligatorios y en caso de ausencia de subrogación de los riesgos por parte del Instituto de Seguros Sociales el establecido en el Código Sustantivo del Trabajo; y iii) el régimen de acumulación de aportes y cotizaciones establecido por la Ley 71 de 1988, único y excluyente que permite la sumatoria de los tiempos aportados tanto en el sector público como en el privado.
El régimen de transición y la protección de expectativas
La Ley 100 de 1993 pretendió la unificación de los esquemas pensionales anteriormente vigentes en torno a un sistema de pensiones, configurado por los regímenes pensionales de prima media con prestación definida y ahorro individual con solidaridad.
Al buscar la universalización del servicio, conforme a las necesidades económicas y sociales identificadas, unificó en un primer momento, para el régimen de prima media con prestación definida, las edades mínimas de pensión en 55 años para las mujeres y 60 años para el hombre, buscando armonizar en el año 2014 las edades mínimas de pensión para ambos regímenes en 57 años para la mujer y 62 años para los hombres.
De igual manera consagró el requisito mínimo de 1000 semanas de cotización. Por razones de equilibrio en el sistema, este requerimiento fue dispuesto con desbalance en ambos regímenes; jamás se pretendió la equiparación del número de semanas de cotización para acceder a la pensión mínima, dadas las diferencias naturales de sus sistemas financieros.
El régimen de transición como vehículo, valga la redundancia de tránsito, entre la legislación anterior y la posterior, busca llevar a los ciudadanos en sus expectativas a la actual situación ordinaria creada por la nueva ley.
Sobre este punto, en aclaración de voto del expediente 47557, expliqué:
La segunda lectura propuesta es problemática desde el punto de vista de la equidad. Si un régimen de transición busca garantizar, en todo o parte, las mayores ventajas de favorabilidad del régimen precedente, es patente que las condiciones de acceso y cuantificación de la pensión, deben ser próximas a las de la legislación inmediatamente anterior para evitar cambios demasiado bruscos en la expectativa pensional del afiliado.
En este sentido, debe recordarse que los objetivos de la Ley 100 de 1993 eran en su orden i) proteger derechos adquiridos; ii) garantizar las expectativas; y iii) crear un nuevo régimen de pensiones para aquellos excluidos de transición y nuevos afiliados.
Ahora bien, por definición, cuando se salvaguardan expectativas, estas se traducen como un puente, soportado por el principio de favorabilidad entre la nueva legislación y la anterior, para amparar expectativas legítimas. Ello implica que la legislación anterior prima facie es más favorable que la nueva, lo cual deviene claro con la implementación del Sistema General de Pensiones, pues los requisitos de acceso y los elementos de cuantificación del derecho se tornan más exigentes para optar por la pensión.
De ello se sigue que el régimen de transición no busca reconocer pensiones más favorables que las consagradas en el mismo régimen anterior, ni menos favorables que las del nuevo ordenamiento.
Con todo, si para un afiliado con derecho a transición, el nuevo régimen ordinario le resulta más favorable por alguna razón, que lo puede ser, el artículo 288 del estatuto de la seguridad social le permite optar por la prestación consagrada en la nueva ley, a condición, eso sí, de que se someta íntegramente a sus disposiciones.
Aquí y ahora reafirmamos que, un régimen de transición, sobre todo cuando la nueva ley establece requisitos de acceso a los derechos más exigentes, no crea nuevos derechos, al contrario, o mantiene la expectativa legítima que trae el ciudadano, no protege la mera expectativa, o, como en el caso del artículo 36 en relación con el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones en transición, va tornando poco a poco más exigente la forma de determinarla, llevando a los grupos de población a lo querido por la nueva ley.
En nuestro criterio el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no creó nuevos derechos ni buscó instaurar nuevas formas para acceder a ellos; al contrario, estimó que los requisitos de edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto de la pensión de vejez serían los del régimen anterior. Y como arriba lo aduje, cada régimen precedente tiene su especificidad y autonomía, que hacen que la expectativa legítima de cada afiliado sea edificada conforme a la que venía construyendo; determinarlo de otra manera, sería no buscar la protección de una expectativa legítima, sino crear otras, que, como en el presente caso, no son acordes con el objetivo perseguido por la Ley 100 de 1993.
Se ítera, el objetivo social que se busca con el régimen de transición propiamente dicho, y claramente delimitado, no es otro que el de protección de expectativas legítimas, conforme se venían desarrollando por el afiliado. Al aplicarse indebidamente la norma lo que se genera es regresividad en el sistema pensional. El principio de universalidad de la seguridad social requiere de requisitos de acceso uniformes para el grueso de la población, con ello se satisface a plenitud el principio de igualdad, dando contenido al concepto de justicia social. La Ley 100 de 1993 se implementó buscando este objetivo, por tanto, crear nuevas formas de acceso al derecho, contraviene gravemente el cometido estatal.
Como arriba lo asentamos el inciso 1º y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no regulan el régimen de transición; solo la edad y tiempos válidos para pensión del régimen ordinario determinado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Utilizar estos apartes normativos para justificar sumatorias de tiempo en el régimen de transición es aplicarlos indebidamente pues su real propósito no fue regular el régimen de transición. Al contrario, pretender utilizar dichos apartes normativos de esta manera, resulta contradictorio toda vez que limita el verdadero alcance de las expectativas que protegen los incisos 2, 3, 4 y 5 del mencionado artículo 36.
Así las cosas, insistimos en que las pensiones en régimen de transición, basadas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 de ese mismo año, se construyen a partir de los aportes realizados, única y exclusivamente, al Instituto de Seguros Sociales, respetando la autonomía y especificidad de dicho estatuto pensional.
Es mi convicción que el concepto de justicia social no abarca situaciones en las cuales la medida resulta injusta para el agregado; lo aparentemente justo para el individuo cuando deviene en injusto para la sociedad, se manifiesta como un privilegio de unos pocos en detrimento de la colectividad. Considero que la posición mayoritaria actual, adoptada después de la expiración del régimen de transición, en lugar de generar progresividad en el sistema de derechos engendra regresividad.
Básicamente, la interpretación de la posición mayoritaria lleva a que a los funcionarios públicos que tenían la expectativa, única y legítima, de acceder a un monto de pensión del 75% de la base de liquidación, dada la transición de la Ley 71 de 1988, se les conduzca injusta e indebidamente a una expectativa, que jamás tuvieron, no propia del régimen de los seguros obligatorios, de acceder a una pensión con un monto del 90%, como se mostró, sumando indebidamente tiempos del sector público y del privado. Pero además, afiliados que no tenían una expectativa de acceder al derecho, v.g. afiliados que no reunieron 500 semanas de cotización al ISS, terminen beneficiándose de una prestación, sobre la cual no tenían ninguna expectativa, sumando indebidamente tiempos públicos y privados, pues, se ítera, esta posibilidad fue creada, en criterio nuestro, por la indebida aplicación del marco legal, excediendo la teleología y con ello el alcance del régimen de transición.
Estas son las razones por las cuales salvo el voto.
Fecha ut supra
FERNANDO CASTILLO CADENA
ACLARACIÓN DE VOTO
Demandante: Mario Gustavo García Gómez
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Radicación: 84054
Magistrado Ponente: Luis Benedicto Herrera Díaz
Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala y tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, manifiesto que aclaro mi voto, toda vez que comparto la tesis general del proyecto, según la cual el actor tiene el derecho a que su mesada pensional inicial sea reliquidada con inclusión de los tiempos públicos servidos sin cotizaciones al ISS y que el disfrute de la pensión se conceda a partir del 2 de abril de 2012 y no desde el 13 de septiembre de esa anualidad. Pero esto, por la condición excepcionalísima referente a que el asegurado se vio forzado a continuar vinculado al servicio público por la negativa injustificada de Colpensiones a reconocer la prestación, pese a la reclamación que se efectuó el 2 de abril de 2012 y que para ese momento el derecho ya se había causado.
Lo anterior, porque en principio, debe observarse la regla general consistente en el acatamiento de las previsiones del artículo 19 de la Ley 344 de 1996.
En efecto, la citada norma consagró la incompatibilidad entre salario y pensión en el sector público, exigiéndole al beneficiario de la pensión de vejez optar por el uno o por la otra: «(…) el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso».
Y en el plenario se acreditó que el actor ostentó la calidad de servidor público por trabajar en la ESE Hospital de Sabanalarga hasta septiembre de 2012, pues así consta en la historia laboral de cotizaciones, en la demanda y, además, así lo confesó aquel en el interrogatorio de parte. Pero también se probó que la continuidad en el servicio público más allá del 2 de abril de 2012 obedeció a la conducta renuente de Colpensiones a reconocer el derecho ya causado, lo que en mi criterio justifica de manera excepcional el reconocimiento de la prestación con anterioridad al retiro.
Dejo así planteada mi aclaración de voto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado