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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2066-2021

Arbitramento laboral

Fecha
5 de mayo de 2021
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
15 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2066-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿El tribunal de arbitramento excedió su competencia al establecer un procedimiento disciplinario y aplicarlo a la terminación del contrato con justa causa?

  2. ¿El plazo para comunicar la falta debía contarse desde su comisión o desde que la empresa tuviera conocimiento?

  3. ¿Podía intervenir el sindicato en los procedimientos de los beneficiarios de la convención y adoptar decisiones vinculantes mediante el comité laboral?

  4. ¿Los comités paritarios de relaciones laborales del laudo implicaban coadministración?

Reglas

  1. Los árbitros pueden establecer un procedimiento disciplinario previo a sanciones para garantizar al trabajador defensa y contradicción.

    «De suerte que, no hay razones para considerar que este tipo de decisiones constituya una extralimitación en la competencia de los árbitros»
  2. El procedimiento previo puede regular también la terminación del contrato con justa causa, sin suprimir la potestad decisoria del empleador.

    «establecer un procedimiento para que el empleador adopte cualquiera de las dos figuras, no se constituye en una extralimitación en sus competencias»
  3. Cuando no se conoce con certeza al autor de la falta y se requieren pesquisas, el término disciplinario se cuenta desde que el empleador tuvo o debió tener conocimiento.

    «sea razonable que el término de ejercicio de las acciones disciplinarias se cuente desde que se tiene o debió tener conocimiento»
  4. El laudo arbitral puede extender sus destinatarios a trabajadores beneficiarios de la convención colectiva, además de los afiliados sindicales.

    «no solo son destinatarios del laudo arbitral los miembros de la organización sindical, sino también aquellos que, por ministerio de la ley, los cobija»
  5. Los árbitros pueden crear comités bipartitos sobre asuntos de interés laboral si sus decisiones no son vinculantes para el empleador.

    «los árbitros pueden fundar comités paritarios de participación en algunos asuntos de interés de los trabajadores»
  6. En heterocomposición, los árbitros no pueden atribuir a un comité bipartito decisiones vinculantes que afecten la dirección empresarial.

    «los «trabajadores tengan capacidad decisoria y voto vinculante para el empresario, solo puede surgir de la autocomposición a través de la negociación colectiva»

Decisión

La Corte anuló todo lo relativo al comité laboral del procedimiento disciplinario y moduló el plazo de comunicación para que se cuente desde que la empresa conozca los hechos. No anuló lo demás y no impuso costas.

Parte resolutiva

X. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE PRIMERO: ANULAR, de la parte resolutiva del laudo arbitral del 4 de marzo de 2020, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE FAMISANAR EPS CAFAM-COLSUBSIDIO –SINTRAFAMISANAR y la EPS FAMISANAR S.A.S. todo lo referente al comité laboral estatuido dentro de la cláusula del procedimiento disciplinario. No se anula en lo demás. SEGUNDO: MODULAR el literal a) del artículo 2 del laudo, en el sentido que el término allí establecido debe entenderse contabilizado a partir de que la empresa tenga conocimiento de la ocurrencia de los hechos. TERCERO: Sin costas.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2066-2021

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

5 de mayo de 2021

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL2066-2021

Radicación n.° 88087

Acta 16

Bogotá D.C, cinco (5) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Decide la Sala el recurso de anulación interpuesto por el apoderado de la EPS FAMISANAR S.A.S. contra el laudo arbitral del 4 de marzo de 2020, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE FAMISANAR EPS CAFAM-COLSUBSIDIO – SINTRAFAMISANAR- y la recurrente.

I. ANTECEDENTES

El Ministerio del Trabajo, mediante la Resolución 5413 del 5 de diciembre de 2019, convocó e integró un tribunal de arbitramento obligatorio para dirimir el conflicto colectivo suscitado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Famisanar EPS Cafam-Colsubsidio –SINTRAFAMISANAR- y la EPS Famisanar S.A.S.

II. LAUDO ARBITRAL

El respectivo laudo arbitral fue emitido el 4 de marzo de 2020.

El tribunal de arbitramento, entre otras cosas, sostuvo que: (i) la negociación colectiva y el derecho de sindicalización están consagrados como derechos de rango constitucional establecidos en los artículos 39 y 55 de la Carta, cuya garantía debe desarrollarse de acuerdo con lo que determina la ley y, «de manera concordante, con lo previsto en los Convenios 87 y 98 de la OIT, ratificados por Colombia y normados en las Leyes 26/76 y 27/76, respectivamente»; (ii) es de la naturaleza de estos derechos que las garantías se materialicen en acciones y medidas necesarias para la solución del conflicto colectivo que se origina con la presentación del pliego de peticiones; (iii) el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, faculta a los árbitros para decidir el conflicto en cuanto a los temas que no pudieron ser resueltos total o parcialmente por las partes en conflicto dentro de la etapa de arreglo directo; (iv) el tribunal acata sus lineamientos en cuanto regula su competencia al establecer que el fallo que se dicte no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidas por la Constitución Política y las leyes vigentes; (iv) las decisiones adoptadas fueron tomadas por unanimidad, dentro de un claro criterio de equidad, en la búsqueda del equilibrio en las relaciones de las partes que permita el desarrollo, el progreso de la empresa y el mejoramiento de las condiciones de sus trabajadores, y (v) se analizaron las exposiciones de las partes, los documentos aportados, la situación financiera de la empresa y la existencia de dos laudos actualmente vigentes, uno con SINTRAFAMISANAR y, otro, con el sindicado NACIONAL DE LA SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL –SINDESS-.

III. RECURSO DE ANULACIÓN DE LA EPS FAMISANAR S.A.S.

Le pide a la Corte la anulación de los siguientes artículos:

1. Artículo primero: Procedimiento para sancionar

Laudo arbitral

ARTICULO 2 DEL PLIEGO: PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR

En concordancia con la Sentencia C-593/2014, donde se desarrolla el tramite a surtir antes de imponer una sanción y con el objeto de no violar un derecho de rango constitucional como lo es el debido proceso. El procedimiento a surtir debe ser el siguiente:

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PARA SANCIONES Y DESPIDOS.

Cuando LA EMPRESA considere que un trabajador subordinado ha incurrido en presunta infracción al Reglamento lnterno de Trabajo, cumplirá el siguiente procedimiento:

a. Comunicará por escrito la presunta falta imputada al trabajador, junto con las pruebas que dispone la empresa, en un término no mayor de tres (3) días hábiles contados a partir de la comisión de la presunta falta, para que este se presente a rendir descargos en forma personal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, Si el trabajador al cumplirse este término no se encuentra laborando, se le notificara al primer día de su reintegro. Si el trabajador es sindicalizado o beneficiario de la convención colectiva, se le enviara copia AL SINDICATO de la comunicación y del informe de la investigación que esté llevando LA EMPRESA. El trabajador deberá estar asistido de dos representantes de SINTRAFAMISANAR.

Dentro de la diligencia de descargos, el trabajador o los representantes sindicales podrán controvertir, presentar o solicitar nuevas pruebas, manifestar sus consideraciones respecto de las mismas, a fin de que ejerza su derecho de defensa. Si el trabajador o los representantes del sindicato lo solicitan, podrá suspenderse la diligencia de descargos, para que pueda analizar adecuadamente las pruebas que resulten complejas o requieran tiempo para su análisis.

b. Para la evaluación de los argumentos presentados en la diligencia de descargos, se reunirá el comité laboral integrado por dos (2) representantes de LA EMPRESA y dos (2) DEL SINDICATO, dentro de los dos (2) días siguientes a la diligencia efectuada. De esta diligencia se levantará un acta firmada por los representantes de LA EMPRESA y los representantes de la organización sindical. Los resultados de la diligencia de descargos serán comunicados al trabajador y a la organización sindical dentro de los dos (2) días calendarios posteriores a la fecha de concluida la investigación y evaluación de los argumentos. Si el trabajador al cumplirse ese término no se encuentra laborando, este se correrá al primer día correspondiente a su reintegro.

c. De conformidad con el orden jerárquico establecido en el reglamento interno de trabajo, la sanción será impuesta par el DIRECTOR DE GESTION HUMANA o EL SECRETARIO GENERAL Y JURIDICO, la cual deberá ser comunicada dentro de los tres (3) días siguientes al informe presentado por el comité laboral. La decisión de la apelación se tomará dentro de las dos (2) días hábiles siguientes. Si el trabajador al cumplirse ese término no se encontrase laborando, el termino se correrá al día siguiente de reintegro.

No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria que se imponga pretermitiendo este trámite.

Argumentos de la recurrente

Asevera que no se desconoce que esta Corte desde hace un buen tiempo, y en la actualidad, pregona que los jueces arbitrales están facultados para crear y/o diseñar un procedimiento previo a la aplicación de sanciones disciplinarias, no obstante lo anterior, es claro que dicha Corporación «también ha sido enfática en indicar que cualquier tipo de potestad "decisoria" que le compete exclusivamente empleador como tal, por ser parte del ius variandi y que en últimas es desarrollo del principio constitucional de libertad de empresa, no puede ser violentado o manipulado unilateralmente por el criterio de los jueces arbitrales ya que ello iría en contra de las premisas indicadas».

En consonancia con lo anterior, no es posible que los jueces arbitrales creen instancias o comités en los que participen los trabajadores sindicalizados «con el propósito que se les delegue en todo o en parte la facultad decisoria para imponer sanciones disciplinarias, ya que ello desconoce que tal potestad es propia del empleador, es decir, que este es el único que puede optar o no por sancionar al trabajador en la medida que existan pruebas de un incumplimiento de obligaciones laborales».

Añade que, de todo lo implementado en el laudo arbitral relacionado con el proceso disciplinario, serían nulos por efecto de una falta de competencia del tribunal de arbitramento, los siguientes puntos:

1.3.1 Falta de congruencia con lo solicitado en el pliego de peticiones

Afirma que en este caso puntual, en el pliego de peticiones se solicitó la aplicación de las reglas y principios de la sentencia C-593 de 2014 y de la lectura del laudo arbitral se observa claramente que absolutamente todo lo dispuesto por el tribunal de arbitramento «es ambiguo y general en muchos aspectos y la estructura establecida en el laudo para el "procedimiento para la comprobación de faltas disciplinarias" desde ningún punto de vista está acorde con los postulados de la sentencia C-593 de 2014».

Por lo anterior, debe anularse la integridad del artículo primero del laudo arbitral.

• La réplica

De manera expresa el accionante reconoce la competencia del tribunal de arbitramento para establecer un procedimiento disciplinario, al punto que trae a colación piezas jurisprudenciales emitidas por esta Corte en las que se deja clara tal autoridad. La sustentación de este pedido de anulación no se formula de manera «específica o puntual frente al contenido de la norma arbitrada que pueda demostrar la violación del debido proceso, o de alguno de sus componentes como el derecho de defensa, el derecho de contradicción, u otro de ellos, sino que se resume en el calificativo de: “… se observa claramente que absolutamente todo lo dispuesto por el Tribunal de Arbitramento es ambiguo y general en muchos aspectos…”. Por ausencia de sustento jurídico la incoada anulación no tiene vocación de prosperar».

IV. CONSIDERACIONES

Lo primero que hay que decir es que el tribunal, fue enfático en advertir que, para establecer el procedimiento disciplinario, tuvo como báculo «la Sentencia C-593/2014, donde se desarrolla el trámite a surtir antes de imponer una sanción y con el objeto de no violar un derecho de rango constitucional como lo es el debido proceso».

Siendo lo anterior así, como efectivamente lo es, no se evidencia que el cuerpo arbitral hubiese desbordado su competencia, como lo aduce la recurrente, dado que diseñó el procedimiento disciplinario, precisamente teniendo como referencia el mencionado fallo constitucional, en el que la Cote Constitucional destacó, entre otros aspectos:

(i) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción, (ii) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias. Acá debe recordarse que el mismo Código Sustantivo del Trabajo dispone que tanto la conducta como su respectiva sanción debe encontrarse previamente consagradas en el Reglamento Interno del Trabajo, (iii) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados, (iv) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos, (vi) el pronunciamiento definitivo del patrono mediante un acto motivado y congruente, (vii) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (viii) la posibilidad que el trabajador pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones ya sea ante el superior jerárquico de aquél que impone la sanción como la posibilidad de acudir a la jurisdicción laboral ordinaria».

Y sobre estos pilares está soportado el mencionado procedimiento.

De suerte que, no hay razones para considerar que este tipo de decisiones constituya una extralimitación en la competencia de los árbitros, al tenor del artículo 458 del CST, sino que, por el contrario, ello responde a la protección del proceso tendiente a garantizar al trabajador para que, previo a la imposición de una sanción o decisión de terminación del contrato de trabajo, con justa causa, tenga la oportunidad de presentar sus descargos y que sea la misma empresa la que adopte la decisión pertinente, como más adelante se verá.

Entonces, la forma como quedó redactado este artículo cumple con la finalidad que esta Corporación ha sostenido en cuanto a que sólo persigue que, frente a la eventual imposición de sanciones o terminación de la relación laboral, en un hecho atribuible al inculpado, los trabajadores tengan la oportunidad de ejercer su defensa, lo cual está acorde con los postulados de la buena fe y la protección debida por los empleadores a sus trabajadores, principios que son cimiento fundamental del derecho del trabajo. Medida que, además, no perjudica al empleador, dado que, por el contrario, puede ser útil para tomar los correctivos que realmente correspondan, después de efectuar un examen sopesado de la situación, que le permite incluso evitar perjuicios de orden económico derivados de la determinación que a la postre resulte injustificado.

Consecuencia de los explicado, la solicitud de anulación no sale avante.

1.3.2 Es nulo establecer un procedimiento disciplinario exactamente igual para las sanciones disciplinarias y las terminaciones de contrato con justa causa

Asevera la recurrente que en el laudo arbitral se indica que todas las reglas y pasos señalados en el proceso disciplinario dispuesto en el mismo, aplican para las terminaciones de contrato con justa causa y tal como lo ha sostenido reiteradamente esta Sala, la sanción disciplinaria busca corregir el comportamiento del trabajador con el fin de que este modifique su actuar, siempre bajo el supuesto de continuar con el vínculo laboral, tal es el propósito de sanciones como la suspensión disciplinaria. No obstante, también ha indicado que aun cuando la terminación del contrato con justa causa es consecuencia, «al igual que las sanciones disciplinarias, del incumplimiento de obligaciones laborales, lo cierto es que la justa causa deriva de un incumplimiento grave que pretende la finalización del vínculo laboral, es decir, no se busca "disciplinar" al trabajador».

Derivado de lo anterior, «ampliamente ha reconocido esta Corporación que para la terminación con justa causa no se requiere atender las formalidades y pasos que se indican en la sentencia C-593 de 2014 ya que se trata de una decisión del empleador que no se enmarca en la potestad disciplinaria».

Así entonces, considera que pretender aplicar el proceso disciplinario establecido en el laudo arbitral a las justas causas de terminación del contrato corresponde con un desborde de competencias del tribunal de arbitramento que va en contravía de la jurisprudencia de esta Sala.

• La réplica

Contrario a lo argumentado por la empresa accionante, la jurisprudencia constitucional ha unificado su posición frente a la procedencia de que los laudos arbitrales contengan disposiciones procesales aplicables a la terminación del contrato de trabajo, así lo explicó en la sentencia SU 449 de 2020.

V. CONSIDERACIONES

Partiendo de la base de que la sanción disciplinaria es diferente a la terminación de la relación laboral con justa causa, establecer un procedimiento para que el empleador adopte cualquiera de las dos figuras, no se constituye en una extralimitación en sus competencias, ni una limitación a la potestad que tiene el empleador de poner fin a los contratos de trabajo con justa causa, como tampoco para terminarlos sin justificación con la obligación de pagar la indemnización correspondiente; incluso la propia compañía puede hacer uso a su favor de ese procedimiento disciplinario, a efectos de verificar si se presenta o no la falta grave que amerite tomar la drástica decisión de despedir al trabajador, pues, se insiste, se fijó un debido proceso tendiente a garantizar el derecho de defensa y contradicción que le asiste al trabajador inculpado, concediéndole la oportunidad de presentar descargos, de tener conocimiento de los hechos que se le endilgan, de estar asesorados por los miembros de la organización sindical y de apelar la determinación

De suerte que el tribunal de arbitramento se avino a la posición mayoritaria de esta Sala, en cuanto a que efectivamente es competente para crear un procedimiento para imponer sanciones disciplinarias como para terminar el contrato de trabajo con justa causa, por lo que no hay méritos para anular la decisión en los términos solicitados.

1.3.3 Es nulo pretender «que se "comunique" o "notifique" por escrito la presunta falta imputada al trabajador en un término no mayor de 3 días hábiles contados a partir de la comisión de la presunta falta»

Arguye que también ha sido extensa la jurisprudencia de esta Corte «al indicar que el denominado "principio de oportunidad" o "principio de inmediatez", esto es, que la sanción disciplinaria o la justa causa de terminación sean consecuencia inmediata de la falta cometida; aplica siempre desde el momento en que el empleador tenga conocimiento de los hechos que generan incumplimiento laboral y no desde el momento de comisión de la presunta falta. Pretender que los 3 días para notificar pliego de cargos se cuenten desde la ocurrencia de la falta, convertiría la potestad disciplinaria del empleador en una facultad inservible y sometida a interpretaciones que, en beneficio del trabajador investigado, perjudiquen la facultad decisoria del empleador.

Por lo anterior, «la frase “(...) contados a partir de la comisión de la presunta falta, (...)" contenida en el artículo 2 del laudo arbitral debe anularse debido a que va en contravía del principio de "oportunidad" o "inmediatez" de las sanciones laborales».

• La réplica

En sentido contrario a la opinión que determina una cantidad precisa de tiempo entre la comisión de la presunta falta y la formulación del pliego de cargos va en contravía de los principios de oportunidad e inmediatez, ello reafirma tales principios y constituye una invitación a armonizar la eficiencia con el deber de evitar el uso arbitrario de la facultad disciplinaria, fundamento de la jurisprudencia constitucional.

VI. CONSIDERACIONES

Si bien es cierto, en algunos casos, el empleador sabe con certeza las condiciones de tiempo, modo y lugar de la presunta falta, por ejemplo, cuando se sorprende al funcionario en el momento de comisión de la conducta o cuando hay confesión, supuestos en los cuales el mencionado término se cuenta desde la ocurrencia de los hechos (sentencia CSJ SL3063-2019); también lo es que existe la posibilidad de que, ante la comisión de una falta, no exista certeza sobre quién es el autor de la conducta, caso en el cual son necesarias auditorías, investigaciones y pesquisas adelantadas internamente y, algunas veces, por entidades externas; de ahí que sea razonable que el término de ejercicio de las acciones disciplinarias se cuente desde que se tiene o debió tener conocimiento.

Ahora bien, dado que la competencia de la Corte de anular o no anular las disposiciones del laudo, fue atenuado por la Sala a partir de la sentencia CSL SL, 15 de may. 2007, rad. 31.381, encuentra la Sala permisible cierta modulación de los efectos del laudo arbitral que, sin sustituir con ello la orientación esencial de la voluntad de los árbitros, permita alcanzar a través de éstos un verdadero contenido en términos de equidad.

En efecto, en dicha providencia, se asentó:

[…] Bajo esta premisa ha sido tradicional la postura de la Sala de comprender dentro de los juicios de regularidad jurídica del laudo, aspectos de contenido económico, cuando se advierten situaciones de ostensible inequidad.

La justicia material que se pretende con esta postura, alcanza un mayor grado de realización, si los juicios de legalidad o de equidad no sólo son aquellos que sirven para fundamentar la elección entre el blanco y el negro, sino para diferenciar los matices entre ellos.

De esta manera, la Sala corrige su postura tradicional de pronunciarse en sede del recurso de homologación contra un laudo arbitral que resuelve un conflicto colectivo sólo en los términos de declarar escuetamente su exequibilidad o la nulidad, y en su lugar admitir la posibilidad de hacerlo condicionadamente, introduciendo precisos elementos que modifiquen el significado, alcance, o entidad de una cláusula, para despojarlas de los rasgos jurídicos o económicos que la hacen ilegal o inequitativa, en aras de salvar las garantías o beneficios que ofrece el Tribunal de Arbitramento; esto es, preservar y no sustituir el sentido principal de la voluntad de los árbitros.

En ese orden, considera la Sala que, en aras de evitar una anulación de la disposición arbitral, se impone la modulación del literal a) del artículo 2 del laudo, en el sentido que el término allí establecido debe entenderse contabilizado a partir de que la empresa tenga conocimiento de la ocurrencia de los hechos.

En esos términos se modulará la cláusula convencional.

1.3.4 Es nulo que en los procesos disciplinarios de los trabajadores beneficiarios de la convención colectiva (no afiliados) participe la organización sindical

Dentro del artículo 2 del laudo arbitral se contempla la participación del sindicato en los procesos disciplinarios que se adelanten a los beneficiarios de la convención colectiva. Lo anterior sería nulo por falta de competencia.

Dice que es claro que el tribunal de arbitramento desbordó sus competencias al reconocer que, en los procesos disciplinarios de los trabajadores beneficiarios de la convención colectiva, participe el sindicato, ya que ello desconoce que el artículo 115 del C.S.T. solamente permite que la organización sindical participe en los procesos disciplinarios de sus afiliados (no de los beneficiarios de una convención colectiva).

• La réplica

Resulta claro que la condición de beneficiario, implica para el trabajador que cumple con el requisito de pagar la cuota al sindicato, recibir los derechos consagrados en la convención colectiva.

Al pretender la demanda la anulación que este aparte sea retirado, lo que se intenta es que se desconozcan los derechos que la ley garantiza a los beneficiarios de la convención, y de contera que se les niegue parcialmente su derecho de defensa.

VII. CONSIDERACIONES

Para dar al traste con la anulación pretendida por la recurrente solo baste decir que el precepto arbitral no atenta contra lo dispuesto en el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que, no solo son destinatarios del laudo arbitral los miembros de la organización sindical, sino también aquellos que, por ministerio de la ley, los cobija.

Así lo expresa de manera cristalina los artículos 471 y 472 del Código Sustantivo del Trabajo, como también lo tiene asentado la jurisprudencia, ver entre muchas la CSJ SL 2846-2020, CSJ SL8896-2015, y CSJ SL 12 de dic. de 2012, rad. 55340)

En armonía con lo discurrido no se anulará el canon bajo estudio.

1.3.5 Es nulo que el laudo arbitral establezca un Comité Laboral Bipartito (2 representantes de la empresa y 2 del sindicato) con el fin de que este adopte una decisión sancionatoria o de terminación con justa causa

Acota que en el laudo arbitral se crea «la figura del Comité Laboral que tiene por función imponer sanciones disciplinarias, señalando expresamente que el Director de Gestión Humana o el Secretario General y Jurídico de FAMISANAR EPS simplemente se limitarán a ejecutar la decisión adoptada por el Comité Laboral».

Asevera que en el laudo arbitral se creó «un Comité Laboral que tiene como función evaluar los argumentos del trabajador en la diligencia de descargos, el cual tiene dos integrantes del sindicato, y que producto de esa evaluación genera un informe que se comunica al trabajador investigado y que contiene la decisión sancionatoria que adopta el Comité, la cual posteriormente informaría oficialmente, en primera instancia, bien sea el Director de Gestión Humana o el Secretario General y Jurídico. Lo anterior evidentemente constituye un desbordamiento de las competencias de los jueces arbitrales, ya que pretender que el referido Comité adopte decisiones sancionatorias limita y/o restringe las potestades disciplinarias del empleador y el ejercicio del ius variandi, ya que el sindicato estaría involucrado en la toma de las decisiones disciplinarias o de terminación con justa causa que se podrían adoptar luego de que se adelante una diligencia de descargos».

Por lo anterior, debe ser anulada, la creación y funcionamiento de este Comité Laboral, ya que limita el su poder decisorio como empleadora de los trabajadores sindicalizados, en el marco de un proceso disciplinario.

• La réplica

Se reconoce en el análisis que sustenta el pedimento de anulación, que en materia disciplinaria la decisión arbitral fijó claramente la función del Comité Laboral que es evaluar los argumentos presentados en la audiencia de descargos, en ninguno de sus apartes la norma establece que esa evaluación debe arrojar algún resultado, solo ordena que de la reunión de evaluación se levante un acta.

Añade que:

Con absoluta claridad el procedimiento creado hable de 2 actuaciones diferentes: “Los resultados de la diligencia de descargos serán comunicados al trabajador y a la organización sindical dentro de los dos (2) días calendarios posteriores a la fecha de concluida la investigación y evaluación de los argumentos. Si el trabajador al cumplirse ese término no se encuentra laborando, este se correrá al primer día correspondiente a su reintegro.” (Resaltado mío), es decir que hay 2 momentos diferentes: i) la evaluación de los argumentos presentados en la diligencia de descargos; y ii) la investigación, actividad que nunca se adjudicó al Comité Laboral e implica, entre varias posibles actividades, orden y práctica de pruebas, evaluación y juicio de las mismas, etc. Y finalmente la decisión disciplinaria, cuya competencia es exclusiva del empleador tal como lo reza el literal c. de este procedimiento disciplinar, por lo que resulta errado deducir que el Comité laboral adopte decisiones sancionatorias restringiendo la potestad del empleador, y más equivocado es afirmar que el sindicato estaría involucrado en la toma de decisiones disciplinarias o de terminación con justa causa, expresiones que no corresponden con ningún aparte de la sentencia arbitral.

VIII. CONSIDERACIONES

En lo atinente al comité paritario la sala dará respuesta en el siguiente numeral.

2. Comité de relaciones laborales

Laudo arbitral

ARTICULO 8

CREACIÓN DEL COMITE DE RELACIONES LABORALES.

Crease un comité bipartito de relaciones laborales, el cual estará conformado por dos (2) representantes de la empresa y dos (2) representantes del sindicato, las cuales se reunirán una (1) vez al mes, este comité entre otras, tendrá las siguientes funciones:

a. Mantener un clima de armonía entre los trabajadores y la empresa.

b. Propender por el mejoramiento de la prestación del servicio.

c. Buscando agilizar las funciones del Comité de Relaciones Laborales, podrá conformar y reglamentar sub comités laborales en lo relacionado con la fuerza comercial y Recreación, Cultura y Deporte.

d. Hacer el seguimiento al cumplimiento del presente laudo.

e. Velará para que todos los trabajadores tengan acceso a las capacitaciones en condiciones de igualdad.

f. Reglamentará las requisitos y procedimiento para otorgar las becas para los trabajadores de la empresa.

g. Estudiará la posibilidad de habilitar un espacio dentro de la empresa, para el funcionamiento de la Organización Sindical.

h. Revisar la política establecida para el pago de viáticos.

i. Vigilar el cumplimiento de la entrega de las herramientas de trabajo necesarias para las gestiones administrativas y comerciales.

j. Las funciones adicionales que fijen los demás artículos del presente laudo.

2.2 Argumentos de la recurrente

Afirma que esta Sala ha señalado que los árbitros no son competentes para crear comités que impliquen coadministración, ya que ello transgrede el principio de libertad de empresa.

Ahora bien, en el artículo segundo de la parte resolutiva de laudo arbitral se crea el Comité de Relaciones Laborales, de carácter bipartito e integrado por 2 representantes de la empresa y 2 del sindicato. «Si bien este Comité nunca fue solicitado en el pliego de peticiones, reconocemos que la creación del mismo corresponde a una competencia que tienen los árbitros de cara a garantizar el principio participativo de los trabajadores sindicalizados con el fin de que sean escuchados por el empleador, encontramos que dentro del laudo arbitral se le asignaron unas funciones al Comité que sugieren "coadministración” en la toma de decisiones por parte del empleador, a saber».

"Créase un comité bipartito de Relaciones Laborales, el cual estará conformado por dos (2) representantes de la empresa y dos (2) del sindicato, los cuales se reunirán una (1) vez al mes, este comité, entre otras, tendrá las siguientes funciones:

( .. .)

f. Reglamentará los requisitos y procedimiento para otorgar las becas para los trabajadores de la empresa.

(.. .)

h. Revisará la política establecida para el pago de viáticos.

(. . .)

j. Las funciones adicionales que fijen los demás artículos del presente laudo."

Sostiene que la función de literal f no puede ser delegada en cabeza del Comité de Relaciones Laborales ya que se restringe la decisión discrecional que tiene FAMISANAR EPS como empleador en relación con la determinación de los requisitos y procedimientos para otorgar becas para los trabajadores de la empresa. Esta función no puede ser ejercida por el referido comité ya que viola el principio de libertad de empresa, razón por la cual se trata de una disposición que debe anularse por falta de competencia del Tribunal de Arbitramento.

En relación con la función del literal h, considera que restringe la autonomía plena para la implementación de una política de viáticos, pues «el Comité puede revisar esta política con el fin de implementar ajustes, modificaciones, adiciones o suprimir cualquier tipo de disposición».

Agrega que el establecimiento de los viáticos es desarrollo del principio del ius variandi del empleador, ya que este, conforme a las dinámicas de su negocio, es quien tiene la facultad de indicarle al trabajador las condiciones de tiempo, modo y lugar en que podrá prestar sus servicios por fuera de su sede habitual de labores, de manera que, no es procedente que a través del Comité de Relaciones Laborales se pueda restringir de alguna forma la potestad decisoria del empleador en este punto.

Finalmente, sobre la función del literal j estima que corresponde a una atribución ambigua pues dentro del laudo no existe expresamente ninguna otra que haga referencia al Comité de Relaciones Laborales.

No obstante, si el literal j hace referencia a que este Comité es el mismo Comité Laboral que regula el artículo primero del laudo el cual trata del proceso disciplinario, consideramos que con mayor razón debe ser eliminado el referido literal por las razones que fueron expuestas en su momento. En consecuencia, el literal j debe anularse.

-La réplica

Expone que en ninguno de sus argumentos señala la demanda cómo podría la reglamentación de los requisitos y procedimiento para otorgar las becas a los trabajadores violentar el principio de libertad de empresa o convertirse en coadministración; contrario a su aseveración la argumentación traída al plenario por la empleadora sustenta la viabilidad de la decisión arbitral de desarrollar el principio de participación democrática y señalar que se trata de beneficios extralegales que son de los trabajadores, quienes tienen el derecho a ser vinculados a la toma de decisiones que los afecten y que van dirigidos a establecer las reglas que guían la relación laboral.

Agrega que argumenta aquí la petición que el pago de viáticos desarrolla el principio del ius variandi pues corresponde a la facultad del empleador de fijarle al trabajador las condiciones tiempo, modo y lugar para que preste sus servicios fuera de la sede habitual de trabajo; nada más lejano de dicha afirmación, pues de bulto se sabe que el pago de viáticos corresponde a la restitución de los gastos en que debe incurrir el trabajador al trasladarse por orden del empleador a desarrollar sus labores en lugar diferente al que fue contratado, por lo que no constituye ninguna política empresarial sino el pago de lo debido.

IX. CONSIDERACIONES

Antes de entrar a revisar los argumentos expuestos por la sociedad recurrente una cosa debe quedar muy clara: el comité laboral creado por el tribunal de arbitramento en el artículo 2o del laudo arbitral que hace referencia al procedimiento disciplinario difiere sustancialmente al comité de relaciones laborales, artículo 8 del laudo arbitral, en cuanto a su naturaleza, funciones, fines y objetivos.

En sentencia CSJ SL2615-2020, la Corte memoró la incompetencia arbitral para prohijar la existencia de comités que de alguna manera cercenen la libertad empresarial, bajo el entendido de que se trataría de una suerte de coadministración que, es factible convenir a través de la negociación colectiva, pero no imponer en la esfera de la heterocomposición. No obstante, si bien la Sala no ha modificado su doctrina al respecto, sí ha efectuado precisiones o, a lo menos, en algunos temas, ha morigerado algunas de sus inveteradas afirmaciones, introduciendo algunos elementos nuevos, que reflejan el correr de los tiempos y la evolución propia de algunas instituciones del derecho del trabajo, en este caso en el campo colectivo.

También se recordó que la Corporación al reflexionar en torno al tema de los llamados comités paritarios o bipartitos, arribó a la conclusión de que los mismos surgen como una interesante forma del devenir democrático en las empresas, pues permiten la fluidez del diálogo entre empleadores y trabajadores y acercan al país al cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales especializados del mundo del derecho del trabajo. Lo anterior, sería posible en un escenario de arbitramento siempre y cuando tales comités versen sobre i) beneficios extralegales que por derecho sean de los trabajadores y ii) no se tomen en ellos decisiones vinculantes y obligatorias para el empleador, pues de ese modo sí se vulneraría el poder de dirección empresarial.

Al punto, la Corte, en providencia CSJ SL3491-2019, razonó:

Esta Sala ha sostenido que los árbitros no tienen competencia para crear comités de cogestión, codirección o coadministración de la compañía, pues ello transgrede el principio constitucional de libertad de empresa que, a su vez, implica la facultad del empresario de organizar su negocio y dirigir las relaciones laborales. Sin embargo, también ha dicho esta Corporación que, dando aplicación al principio de participación democrática y dentro de ciertos límites, los árbitros pueden fundar comités paritarios de participación en algunos asuntos de interés de los trabajadores.

Sobre el particular, en la sentencia CSJ SL243-2018 la Corte asentó:

“En hilo con lo dicho, no advierte la Sala que los comités bipartitos constituyan una restricción a la libertad de empresa y emprendimiento, con mayor razón si se tiene en cuenta que su actividad recae sobre beneficios extralegales que por derecho son de los trabajadores, de suerte que no es desatinado que estos participen en su gestión como directamente interesados”.

A su vez, la Corte Constitucional en la sentencia C-934-04 señaló:

“Ese amplio margen de acción de los particulares trasciende hasta el ámbito laboral, de manera que los trabajadores tienen derecho a ser vinculados en la toma de decisiones que les conciernen o que de alguna manera los afecten, ya sea directa o indirectamente. La participación, entonces, surge no solo como derecho de aquellos sino como un deber de los patronos y de las autoridades que de una u otra manera tengan incidencia en el campo laboral. En esa medida, la participación conlleva a que se les otorgue a los trabajadores escenarios de discusión, de debate y se les dé la oportunidad de tomar parte en asuntos propios de la empresa y que vayan dirigidos a establecer las reglas de juego que ha de guiar la relación laboral”.

Igualmente, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha insistido en la «importancia de celebrar consultas con todas las organizaciones sindicales interesadas acerca de las cuestiones que afectan a sus intereses o a los de sus afiliados».

[1: La Libertad Sindical. Recopilación de decisiones del Comité´ de Libertad Sindical / Oficina Internacional del Trabajo – Ginebra: OIT, 6ª edición, 2018, párrafo 1521]

Pues bien, puesta la mirada en la anterior línea de pensamiento de la Corte se tiene que no hay méritos para anular las literales controvertidos por la recurrente, dado que no fluye que las cláusulas arbitrales impongan una coadministración de la empresa, por lo siguiente:

1º) Literal f.

La función del comité se limita a reglamentar «los requisitos y procedimiento para otorgar las becas para los trabajadores de la empresa» y, en puridad de verdad, una vez verificado ello, cesa su laborío. Entonces, con su actuar el comité no se inmiscuye en aspectos internos y propios de la organización empresarial, como lo hace ver la impugnante.

En idéntico sentido se pronunció la Corte en fallo CSJ SL243-2018.

2º) literal h.

Lo mismo puede decirse de este literal, pues salta a la vista que el objeto del comité es simple y llanamente revisar la política sobre viáticos establecida previamente por el empleador y las observaciones que puedan surgir al respecto por parte del sindicato no tienen efectos vinculantes o, dicho en otras palabras, pero conservando la misma idea, no obliga a la recurrente a acatarlas, lo que descarta de plano que se restrinja la autonomía plena de para la implementación de una política de viáticos por el empleador o que la organización sindical cogestione o codirija la empresa.

3) Literal j.

Tal como lo advierte la recurrente si este literal se exhibe inane dado que en ninguna otra disposición se hace referencia a este comité, realmente al resultar vacuo o inofensivo para los intereses del empleador, carece de efecto práctico no solo su incorporación, sino también su anulación.

4º) Respecto al comité laboral creado en el procedimiento disciplinario se tiene lo siguiente:

Esta Corporación tuvo oportunidad de pronunciarse alrededor de una cláusula muy similar a la controvertida y, en providencia CSJ SL17144-2016, razonó:

Comité Laboral

No se equivocaron los árbitros al negar el punto relativo al Comité Laboral, por cuanto, más allá de la ausencia de mayorías para decidir, de la redacción de la petición fácilmente se puede deducir que dicho Comité, conformado por dos (2) representantes designados por el Sindicato y dos (2) por el empleador sería el encargado de conocer y decidir de común acuerdo las terminaciones de los contratos, los horarios y turnos, las sanciones, el mantenimiento de vehículos, la rotación de personal en turnos y sitios de trabajo, las vacaciones y similares, aspectos que, tal como lo adujeron los árbitros, en todo caso, pertenecen a la esfera de las facultades y potestades del empleador, quien puede, según las necesidades particulares de la organización del proceso productivo, determinarlos, pues hacen parte del ius variandi y de la facultad de dar por terminados libremente los contratos de trabajo otorgada por la legislación laboral. Además, como lo dedujo el Tribunal, dicho Comité, al estar integrado por dos miembros del sindicato y dos miembros del empleador para tomar decisiones en la práctica al no definirse allí cómo se votarían éstas y cómo se procederían en caso de empate.

También en sentencia CSJ SL5542-2019, asentó que cuando se trata de un mecanismo de resolución de un conflicto a través de un tercero (heterocomposición), la competencia de los árbitros va hasta garantizar el derecho de los trabajadores a ser escuchados y a intervenir en la adopción de decisiones que los afecten, mas no para tomar decisiones vinculantes y obligatorias para el empleador, pues ello sí vulnera indebidamente el poder de dirección de las relaciones laborales del empresario. Por consiguiente, considera la Sala que la composición de comités o instancias bipartitas, en los que los «trabajadores tengan capacidad decisoria y voto vinculante para el empresario, solo puede surgir de la autocomposición a través de la negociación colectiva».

Como ya se dijo, los árbitros efectivamente sí están investidos de facultades para determinar un procedimiento disciplinario previo a la imposición de sanciones, en tanto ello garantiza el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción y la estabilidad en el empleo, postulados todos de orden constitucional (CSJ SL3063-2019); empero en el desarrollo del proceso disciplinario, salta a la vista que el comité laboral será quien adoptará la decisión final, con efectos rigurosamente vinculantes para el empleador y con la suficiente fuerza de afectar el poder de dirección de las relaciones laborales del empresario, por lo que no queda otro camino que anular todo lo referente a dicho comité laboral estatuido dentro de la cláusula del procedimiento disciplinario.

Sin costas, dada la procedencia parcial del recurso.

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: ANULAR, de la parte resolutiva del laudo arbitral del 4 de marzo de 2020, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE FAMISANAR EPS CAFAM-COLSUBSIDIO –SINTRAFAMISANAR y la EPS FAMISANAR S.A.S. todo lo referente al comité laboral estatuido dentro de la cláusula del procedimiento disciplinario. No se anula en lo demás.

SEGUNDO: MODULAR el literal a) del artículo 2 del laudo, en el sentido que el término allí establecido debe entenderse contabilizado a partir de que la empresa tenga conocimiento de la ocurrencia de los hechos.

TERCERO: Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Ministerio del Trabajo para lo de su competencia.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

ACLARACIÓN DE VOTO

Demandante: Sindicato Nacional de Trabajadores de FAMISANAR EPS CAFAM -COLSUBSIDIO SINTRAFAMISANAR

Demandado: EPS FAMISANAR SAS

Radicación: 88087

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala, como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, si bien estoy de acuerdo con el sentido de la decisión, me permito aclarar el voto en los siguientes puntos: (i) la organización que utilizó la Sala para decidir sobre los comités laborales creados en el laudo y (ii) la reiteración de la causal de anulación por inequidad manifiesta.

(i) A mi juicio, la Corte debió resolver separadamente los cuestionamientos realizados, por un lado, a la creación de un Comité Laboral Bipartito -artículo 2.º del laudo, integrado en el procedimiento disciplinario para sanciones y despidos- que tenía el objetivo de dictar decisiones sancionatorias o de terminación con justa causa y, por el otro, la del Comité de Relaciones Laborales -artículo 8.º del laudo- que, a jucio del recurrente, configuraba una coadministración con el empleador.

Como se indica en la sentencia, se tratan de comités distintos que tenían funciones diferentes: el primero tenía una facultad de tomar decisiones vinculantes para el empleador, propio de un organismo decisorio que resuelve conflictos en el marco de un procedimiento disciplinario y que, por eso mismo, exige un análisis concreto a fin de determinar si compromete o no el núcleo mínimo del derecho y libertad empresarial; mientras que el segundo consistía en un cuerpo deliberatorio en el que fluye el diálogo entre empleador y trabajadores, a fin de tomar decisiones que interesan a estos y que inciden en las reglas que guían la relación laboral y los objetivos empresariales; es un típico organismo consultor que garantiza la democracia en las relaciones laborales.

De modo que la resolución de los puntos debió ser separada, toda vez que exigían consideraciones distintas que estaban lejos de ser complementarias. De hecho, el comité incorporado al proceso disciplinario debió resolverse conjuntamente con el ataque a la cláusula 2.ª del laudo que lo creó, precisamente para establecer que su anulación parcial no produciría ningún efecto en la eficacia material, validez o utilidad de la cláusula.

(ii) De otra parte, la Sala se refiere a la sentencia CSL SL, 15 de may. 2007, rad. 31.381, para modular uno de los puntos cuestionados. Esta decisión refiere “la postura de la Sala de comprender dentro de los juicios de regularidad jurídica del laudo, aspectos de contenido económico, cuando se advierten situaciones de ostensible inequidad”.

Esto implica reiterar, como lo he hecho en diferentes oportunidades, mi desacuerdo con autorizar a las partes para recurrir en anulación cuando consideren que la cláusula laudada es manifiestamente inequitativa.

Ello porque el recurso de anulación está en el catálogo de los medios de impugnación extraordinarios, lo que implica que la competencia que tienen los jueces al resolverlo es rogada, dispositiva y taxativa; y deben sujetarse a las estrictas y precisas causales o motivos que contempla la ley para acudir a él. Bajo esa perspectiva, no es dable crear otras causales de procedencia en este tipo de recursos, pues ello lesiona el principio de legalidad.

Además, adviértase que de la legislación sustancial laboral y procesal únicamente se extraen dos causales o motivos de anulación, ambas relacionadas con aspectos competenciales. La primera está contemplada en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que estipula que el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes», como cuando la decisión interfiere indebidamente en el núcleo esencial del derecho constitucional de empresa, o atenta contra los referentes basilares del derecho fundamental a la negociación colectiva, por ejemplo al resolver puntos que fueron concertados directamente por las partes, tal y como expresamente lo prohíbe dicho precepto. Y la segunda, está en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el Tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado, esto es cuando decide más de lo pedido o por fuera de lo pedido, o no desata todos los puntos sobre los cuales debía pronunciarse teniendo competencia para ello.

Nótese entonces que la causal de «inequidad manifiesta» no está expresamente establecida en el estatuto sustancial o procesal laboral ni puede inferirse de alguna manera de las normas que regulan este recurso extraordinario, por lo que carece de toda justificación legal tenerla como motivo válido de anulación.

Y llama la atención el hecho que el legislador únicamente haya establecido dos motivos de anulación estrictamente relativos a la competencia de los árbitros, excluyendo totalmente cualquier otra facultad que expresamente permita calificar, valorar o interpretar el juicio de equidad que emplean los árbitros para dirimir un conflicto colectivo de trabajo, que es lo que a mi juicio efectúa la Corte cuando se pronuncia sobre el carácter manifiestamente inequitativo de una cláusula del laudo.

En efecto, cuando la Sala aborda el análisis de este tipo de alegaciones no hace otra cosa que emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las estimaciones que en equidad dictaron los árbitros, actuación que, reitero, es ajena a las precisas y extraordinarias facultades competenciales del juez de anulación.

Por otra parte, estas valoraciones y calificaciones que a menudo hace la Sala cuando en el recurso de anulación se alega que las decisiones de los árbitros son ostensiblemente inequitativas, se oponen a un criterio que también es inveterado en la Corte, relativo a que son únicamente aquellos quienes pueden decidir en equidad. En efecto, si un juez determina si una decisión es o no inequitativa, está haciendo, sin duda alguna, un juicio de equidad, pues califica, valora o interpreta la decisión, de allí que tal requisito adicional se enfrente a una contradicción lógica con el propio criterio jurisprudencial en vigor.

Ahora, los precisos motivos de anulación permiten entender que el arbitramento está diseñado y concebido para tramitarse en una sola instancia a fin que a través del laudo arbitral el conflicto termine de manera definitiva, sin más cortapisas y trámites que lo alarguen y desdibujen el carácter expedito que debería caracterizar a todo proceso de negociación colectiva. De allí que su principal objetivo sea la salvaguarda del debido proceso de las partes y cualquier otro cuestionamiento que salga de este marco competencial y aluda a calificar, interpretar o valorar la decisión de fondo de los árbitros, deba rechazarse.

En otros términos, el recurso de anulación persigue que se garantice la regularidad del laudo, como textualmente lo señala el artículo 143 mencionado. Así, no está establecido para provocar una resolución de fondo ni juzgar el juicio de equidad que realizan los árbitros.

Lo anterior implica entender que la revisión en anulación debe ser extraordinaria y excepcional, y únicamente concierne a ejercer un control posterior respecto a la competencia de los árbitros en los términos explicados.

Asimismo, al revisar otras disposiciones que regulan el arbitraje en Colombia, como las que resuelven asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas, destaco que de las causales de anulación que enlista el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, todas ellas hacen referencia a cuestiones procedimentales. De hecho, este compendio legal en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolver el recurso extraordinario «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo». Tal exigencia normativa, por su rotunda claridad, no merece mayor interpretación: el juez de anulación no puede calificar ni modificar el criterio de los árbitros.

Sobre este punto, el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que por vía del recurso de anulación no es dable, bajo ninguna circunstancia, emprender el estudio del caso como si fuese una segunda instancia ni para calificar las motivaciones, valoraciones o interpretaciones que realicen los árbitros, pues la finalidad esencial de este medio de impugnación únicamente radica en garantizar el debido proceso de las partes (CE, Sección Tercera, 19 jun. 2019, rad. 11001-03-26-000-2018-00109-00 -61809-). Precisamente en esta decisión indicó:

En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo. De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar “los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo.

De modo que cuando la Sala juzga las valoraciones de equidad que hacen los árbitros y califica o determina si es protuberante o manifiestamente inequitativa, sin duda están habitando en un terreno ajeno al objetivo de este recurso extraordinario. Lo anterior porque, reitero, el arbitraje laboral está concebido como el mecanismo a través del cual los interlocutores sociales terminen de forma definitiva sus diferencias cuando les ha resultado imposible resolverlas por sí mismas, al paso que el recurso de anulación es una garantía que se erige como una salvaguarda de procedimiento que permite verificar que las reglas de competencia se han cumplido con rigor.

Debo señalar adicionalmente que la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia al requisito de inequidad manifiesta genera problemas procesales de constitucionalidad, pues el sindicato está situado en una posición desigual en relación con el empleador. Adviértase que las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto. En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden pedir su anulación.

Lo anterior significa que la Corte únicamente puede juzgar las valoraciones que en equidad realizaron los árbitros cuando el afectado es el empleador, pero no cuando la decisión injusta o protuberante inequitativa afecta al sindicato, de modo que este está en clara desventaja. Así, la jurisprudencia vigente compromete seriamente el derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 4.° del Código General del Proceso.

Dejo así sustentada mi aclaración de voto en el presente asunto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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