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Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL2079-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2079-2022

Fecha
4 de mayo de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2079-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR fundada la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegada por la parte accionante. SEGUNDO: INVALIDAR las sentencias proferidas el 20 de octubre de 2016 y 16 de febrero de 2018 por el JUZGADO VEINTINUEVE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ dentro del proceso que MYRIAM GUEVARA DE REYES instauró contra la UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP-, únicamente en cuanto fijó que el retroactivo a reconocer y pagar por el periodo del 10 de diciembre de 2010 al 28 de febrero de 2018, es la suma de $292.538.288,44, en lo demás, el fallo se mantiene. TERCERO: En reemplazo se dispone MODIFICAR la sentencia proferida por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, el 16 de febrero de 2018, en el proceso que instauró MYRIAM GUEVARA DE REYES en contra de la UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP-, únicamente en el sentido de fijar como retroactivo pensional por el período que transcurre del 10 de diciembre de 2010 al 28 de febrero de 2018, la suma de $197.653.397,86. CUARTO: ABSTENERSE de ordenar el reintegro de las sumas canceladas en exceso, por las razones expuestas en la parte considerativa de la providencia. QUINTO: En firme este proveído, por Secretaría envíese copia de la presente decisión para que se agregue al respectivo expediente, al Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. Sin costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2079-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

4 de mayo de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL2079-2022

Radicación n.° 91096

Acta 15

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Decide la Corte la solicitud de revisión interpuesta por UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP- contra las sentencias proferidas el 20 de octubre de 2016 y 16 de febrero de 2018 por el JUZGADO VEINTINUEVE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL de la misma ciudad; respectivamente, dentro del proceso que promovió MYRIAM GUEVARA DE REYES en su contra.

I. ANTECEDENTES

La Unidad Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de La Protección Social –UGPP- presenta ante esta Corporación, solicitud de revisión contra las sentencias proferidas por el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá de fecha 20 de octubre de 2016 y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad de fecha 16 de febrero de 2018, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por Myriam Guevara de Reyes en su contra, a efecto de:

Revocar parcialmente la sentencia de 16 de febrero de 2018, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que modificó el fallo proferido por el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá de 20 de octubre de 2016, en el trámite del proceso ordinario laboral con radicado n.° 2016-00671, promovido por la señora Myriam Guevara de Reyes con la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

Declarar que a la señora MYRIAM GUEVARA DE REYES, no le asiste el derecho al reconocimiento y pago del retroactivo en los términos ordenados por el fallo objeto de revisión, habida cuenta que se desconocieron las normas reguladoras para efectos del cálculo del mismo.

Declarar que a la señora MYRIAM GUEVARA DE REYES le asiste solo el pago por valor de retroactivo en cumplimento al fallo objeto de revisión en suma de $245.240.150,04, y no la suma $292.538.289.44 toda vez se [sic] no tuvo en cuenta los valores reales del IPC de la fecha de causación de la pensión del señor RODRIGO REYES RICARDO en virtud de las normas reguladoras acerca del reajuste de tales prestaciones.

Ordenar a la señora MYRIAM GUEVARA DE REYES, que efectúe la devolución de las sumas pagadas en exceso respecto de la Resolución No RDP 010339 del 29 de marzo de 2019proferida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP, sumas que deberán ser actualizadas al momento del pago.

Como sustento de sus pretensiones señala que Rodrigo Reyes Ricardo, luego de prestar sus servicios a diferentes entidades públicas, falleció el 8 de diciembre de 1986, por lo que la señora Myriam Guevara de Reyes, en calidad de cónyuge supérstite, solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ante la extinta Cajanal, la cual no fue concedida; la señora Guevara de Reyes promovió proceso judicial, cuyo trámite fue asignado al Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá, el que mediante sentencia del 20 de octubre de 2016 accedió a las pretensiones y otorgó la pensión reclamada; el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en providencia del 16 de febrero de 2018, dispuso modificar la decisión en lo relativo a la prescripción y retroactivo; la ejecutoria de la anterior decisión tuvo lugar el 20 de noviembre de 2018; la entidad convocante mediante Resolución n.° RDP 010339 del 29 de marzo de 2019, dio cumplimiento al fallo judicial reconociendo una pensión post mortem, en cuantía de $81.033,27, a partir del 8 de diciembre de 1986, pero con efectos fiscales a partir del 1º de marzo de 2018; en tal acto administrativo se puso de presente la diferencia existente entre la suma que fue establecida por el Colegiado y aquella por ella contabilizada; que la anterior imprecisión deviene de la incorrecta aplicación del Índice de Precios al Consumidor al momento de reajustar anualmente la pensión así como haberse aplicado un incremento anual para el año 1987, cuando a ello no había lugar.

Tras citar diferentes normativas que regulan la forma en que deben actualizarse las pensiones de sobrevivientes, entre ellas, la Ley 4 de 1976, procede a invocar la causal b) consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la cual tiene presencia «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la Ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». En sus voces:

Desde esta perspectiva y una vez verificada la liquidación realizada por mi representada en comparación con la del Grupo Liquidador de la Rama Judicial que utilizó el Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral, en sentencia de 16 de febrero de 2018, de conformidad con el fallo objeto de revisión, se evidenció un error pues el ad quem erróneamente empleó el reajuste en virtud de la Ley 4 de 1976, aplicando también el IPC para el año 1987, sin embargo[sic] el causante no tiene derecho a este ajuste, por cuanto al 1 de enero de 1987 el causante no tenía un año de ser pensionado, (falleció el 8 de diciembre de 1986) razón por la cual, la mesada de 1986 y 1987 se iguala.

En ese sentido y con base en lo normado el Ley 4 de 1976, es evidente que el reajuste citado corresponde a la mitad de la diferencia que hubiera entre el salario mínimo correspondiente entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y el salario mínimo vigente a primero de enero del año en que debía entrar a operar el reajuste.

Es diáfano afirmar hasta este punto que el error cometido en este caso fueron los valores que se tomaron para efectos de liquidación no aplicando el valor del IPC correspondiente, situación que acredita que la cuantía del derecho reconocido a favor de la señora MYRIAM GUEVARA DE REYES excede lo debido, pues como se dijo en precedencia la diferencia del pago del valor del retroactivo $47.298.139.

La señora Myriam Guevara de Reyes, a pesar haber sido notificada, no presentó en tiempo oposición a la revisión. Ello, solo tuvo lugar una vez vencido el término de traslado.

II. CONSIDERACIONES

Resulta pertinente memorar que como mecanismo excepcional al principio de la cosa juzgada y con el propósito de proteger el erario cuando aquel se viera afectado por una decisión judicial o administrativa, que le imponga el reconocimiento de una prestación por encima del valor que legal o convencionalmente le correspondiera al titular, o sin el respeto al debido proceso, el legislador consagró la revisión conforme a la Ley 797 de 2003. (CSJ SL944-2022)

También, vale memorar que el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 estatuyó que la demanda instaurada en ejercicio de las facultades otorgadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se debería presentar dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia por controvertir, término que se encuentra más que cumplido en las presentes diligencias, dado que ello tuvo lugar el 20 de noviembre de 2018 y la radicación de la revisión, vía correo electrónico, ocurrió el día 20 de agosto de 2021.

Para desarrollar la acusación, en primer lugar, debe indicarse que, no se encuentra sometido a discusión en el presente asunto, que la accionada es beneficiaria de una pensión de sobrevivientes que se causó por el deceso de su cónyuge Rodrigo Reyes Ricardo y que tal prestación ascendía a la suma inicial de $81,033,27. En efecto, el único reparo que se presenta, es la indebida cuantificación de aquél retroactivo que se generó a su favor, dada (i) la incorrecta aplicación del Índice de Precios al Consumidor y (ii) utilizar un incremento cuando no se tenía el status de pensionada por lo menos un año antes de la imputación de este último.

Claros en lo anterior, memoremos que el fundamento del embate de la convocante, es la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la que estriba en el hecho de no atenderse en debida forma, la manera en que deben materializarse los aumentos anuales a aquella pensión de sobrevivientes reconocida a favor de la accionante, que conviene recordar, se causó en el año 1986, al acaecer el deceso del señor Rodrigo Reyes Ricardo, el 8 de diciembre de tal anualidad.

De suerte que, en aras de determinar la precisión de los cálculos plasmados en las sentencias cuestionadas en revisión, se impone atender lo consagrado en el artículo 1º de la Ley 4º de 1976, como bien lo afirma la accionante, que a la letra dice:

ARTICULO 1o. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, así como las que paga el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales a excepción de las pensiones por incapacidad permanente, parcial se reajustarán de oficio, cada año, en la siguiente forma:

Cuando se eleve el salario mínimo mensual legal más alto, se procederá como sigue: con una suma fija igual a la mitad de la diferencia entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más alto, más una suma equivalente a la mitad del porcentaje que represente el incremento entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más alto, esto último aplicado a la correspondiente pensión.

Cuando transcurrido el año sin que sea elevado el salario mínimo mensual legal más alto se procederá así: Se hallará el valor de incremento en el nivel general de salarios registrado durante los últimos doce meses. Dicho incremento se hallará por la diferencia obtenida separadamente entre los promedios de los salarios asegurados de la población afiliada al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales y a la Caja Nacional de Previsión Social entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

Establecido el incremento, se procederá a reajustar todas las pensiones conforme a lo previsto en el inciso 2o. de este artículo.

PARAGRAFO 1o. Con base en los promedios de salarios asegurados, establecidos por el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, se reajustarán las pensiones del sector privado y las del mismo Instituto. Y las del sector público se reajustarán con los promedios establecidos por la Caja Nacional de Previsión Social.

PARAGRAFO 2o. Los reajustes a que se refiere este artículo se harán efectivos a quienes hayan tenido el status de pensionado con un año de anticipación a cada reajuste. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

PARAGRAFO 3o. En ningún caso el reajuste de que trata este artículo será inferior al 15% de la respectiva mesada pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de cinco veces el salario mensual mínimo legal más alto.

Y es en el supuesto previsto en el precitado párrafo 2°, donde encuentra estribo la petición de la convocante, por cuanto, al haberse causado la prestación económica el 8 de diciembre de 1986, no se gozaba del status de pensionada con un año de anticipación al momento en que debía ser materializado el aumento de la mesada pensional, lo que impedía proceder en tal sentido.

Ahora bien, descendiendo a aquellas operaciones aritméticas que llevaron al colegiado a modificar la condena por concepto de retroactivo, las que se transcriben a continuación y se observan en el expediente digitalizado allegado a la Corte, se concluye que las siguientes sumas se asignaron como mesadas pensionales y retroactivo a favor de la accionante:

Y es que, en efecto, para el Tribunal, el anterior cálculo es la pieza fundamental que motiva la necesidad de modificar la decisión de primer grado, en sus palabras:

[…]Conforme con lo anterior, se adentrará[n] a reconocer las mesadas desde el 10 de diciembre de 2010 en cuantía de $2.506.955,90 tal y como se aprecia en la liquidación realizada por el grupo liquidador de la Rama Judicial, en virtud a ello, se genera un retroactivo pensional por la suma de $292.538.289,44 que comprenden las mesadas pensionales del 10 de diciembre de 2010 al 28 de febrero del 2018, bajo estas consideraciones se modificará los numerales 2, 3 y 4 de la sentencia de primera instancia[…]

De esta manera, y al escuchar la totalidad de la audiencia realizada en el Tribunal, fácil es concluir que ningún análisis se extendió en la providencia a aspectos de tan alta relevancia como lo era, la mesada pensional fijada o bien, el incremento que a ella debía aplicarse; lo que, en últimas, impacta el monto que se estableció como retroactivo pensional. Por el contrario, se extracta una simple remisión a un cálculo que realiza un «grupo liquidador de la Rama Judicial», desprovisto de toda verificación, que lo lleva a consentir en la existencia de una deuda a cargo del Estado en cuantía equivalente a $292.538.289,44.

Sea este el momento oportuno para recordar que, aquellos cálculos que son realizados por empleados adscritos a los despachos judiciales, no son una camisa de fuerza para los operadores jurídicos, quienes no se relevan del deber de constatar que aquello que se presenta como operación aritmética sean realmente las sumas que deben ser consideradas como los valores correctos en el cálculo de una pensión, retroactivo, intereses, entre muchos eventos.

Ahora bien, resuelto lo anterior, se impone como un deber inexcusable para esta Sala, el realizar los cálculos pertinentes, que permitan determinar si efectivamente, aquél monto que se estableció por el colegiado supera el que legalmente correspondería, para con ello, encontrar fundada la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Y es luego de realizar tal ejercicio aritmético, lo que permite afirmar que la mesada pensional reconocida a la señora Guevara de Reyes, dado que su fecha de causación es el 8 de diciembre de 1986, no podía ser incrementada para el año 1987, puesto que no gozaba del status de pensionada, por lo menos un año antes al reajuste. Veamos el cómputo realizado que nos lleva a tal conclusión:

Evolución histórica del valor de la mesada pensional:

Año

Mesada pensional

1986

$81.033,27

1987

$81.033,27

1988

$91.796,13

1989

$116.581,08

1990

$146.892,17

1991

$185.172,27

1992

$233.409,64

1993

$291.832,07

1994

$353.379,46

1995

$433.207,88

1996

$517.510,13

1997

$629.447,57

1998

$740.733,90

1999

$864.436,46

2000

$944.223,95

2001

$1.026.843,55

2002

$1.105.397,08

2003

$1.182.664,33

2004

$1.259.419,25

2005

$1.328.687,31

2006

$1.393.128,64

2007

$1.455.540,80

2008

$1.538.361,07

2009

$1.656.353,37

2010

$1.689.480,44

2011

$1.743.036,97

2012

$1.808.052,25

2013

$1.852.168,72

2014

$1.888.100,79

2015

$1.957.205,28

2016

$2.089.708,08

2017

$2.209.866,29

2018

$2.300.249,83

Retroactivo pensional:

Desde

Hasta

Mesada pensional

No. de pagos al año

Valor total del retroactivo

8/12/1986

31/12/1986

$81.033,27

2

Prescripción

1/01/1987

31/12/1987

$81.033,27

14

Prescripción

1/01/1988

31/12/1988

$91.796,13

14

Prescripción

1/01/1989

31/12/1989

$116.581,08

14

Prescripción

1/01/1990

31/12/1990

$146.892,17

14

Prescripción

1/01/1991

31/12/1991

$185.172,27

14

Prescripción

1/01/1992

31/12/1992

$233.409,64

14

Prescripción

1/01/1993

31/12/1993

$291.832,07

14

Prescripción

1/01/1994

31/12/1994

$353.379,46

14

Prescripción

1/01/1995

31/12/1995

$433.207,88

14

Prescripción

1/01/1996

31/12/1996

$517.510,13

14

Prescripción

1/01/1997

31/12/1997

$629.447,57

14

Prescripción

1/01/1998

31/12/1998

$740.733,90

14

Prescripción

1/01/1999

31/12/1999

$864.436,46

14

Prescripción

1/01/2000

31/12/2000

$944.223,95

14

Prescripción

1/01/2001

31/12/2001

$1.026.843,55

14

Prescripción

1/01/2002

31/12/2002

$1.105.397,08

14

Prescripción

1/01/2003

31/12/2003

$1.182.664,33

14

Prescripción

1/01/2004

31/12/2004

$1.259.419,25

14

Prescripción

1/01/2005

31/12/2005

$1.328.687,31

14

Prescripción

1/01/2006

31/12/2006

$1.393.128,64

14

Prescripción

1/01/2007

31/12/2007

$1.455.540,80

14

Prescripción

1/01/2008

31/12/2008

$1.538.361,07

14

Prescripción

1/01/2009

31/12/2009

$1.656.353,37

14

Prescripción

1/01/2010

9/12/2010

$1.689.480,44

12

Prescripción

10/12/2010

31/12/2010

$1.689.480,44

2

$3.378.960,87

1/01/2011

31/12/2011

$1.743.036,97

14

$24.402.517,53

1/01/2012

31/12/2012

$1.808.052,25

14

$25.312.731,43

1/01/2013

31/12/2013

$1.852.168,72

14

$25.930.362,08

1/01/2014

31/12/2014

$1.888.100,79

14

$26.433.411,10

1/01/2015

31/12/2015

$1.957.205,28

14

$27.400.873,95

1/01/2016

31/12/2016

$2.089.708,08

14

$29.255.913,12

1/01/2017

31/12/2017

$2.209.866,29

14

$30.938.128,12

1/01/2018

28/02/2018

$2.300.249,83

2

$4.600.499,65

Total

$197.653.397,86

Entonces, emerge de manera cristalina que, habrá de invalidarse parcialmente las decisiones adoptadas por el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para en su reemplazo, indicar que la entidad demandada adeuda por concepto de retroactivo pensional, la suma equivalente a $197.653.397,86.

Aquí y ahora menester es reiterar que, la función de esta Sala en sede de revisión, cuando al enfrentarse a la solución de un caso donde encuentra probado, de forma incontrovertible, que existe una orden de pago de dineros a los que no se tiene derecho; es proceder, de forma insoslayable, a la declarar cuáles son los valores reales que se adeudan por la entidad respectiva, lo que no encuentra limitación en el propio dicho de esta última en la solicitud de revisión. En otras palabras, la finalidad de este tipo de peticiones, se itera, es la de proteger el tesoro público, cuando se afecta por decisiones judiciales que no se avienen a la ley.

No se ordenará la devolución de las sumas de dinero que fueron pagadas en exceso, toda vez que no es posible imputar a la accionada una conducta desprovista de la buena fe, dado que las sumas reconocidas fueron consecuencia de un pronunciamiento judicial que se encontraba en firme y amparado por la presunción de legalidad y acierto, que además fue producto del ejercicio legítimo de una acción sin que se adviertan conductas indicativas de colusión o fraude (sentencia SL3276-2018).

Finalmente, dado el carácter rogado de la solicitud de revisión, la Sala se abstiene de analizar cuestiones diferentes a aquellas planteadas expresamente por quien funge como convocante.

Sin costas dada la prosperidad de la revisión.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR fundada la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegada por la parte accionante.

SEGUNDO: INVALIDAR las sentencias proferidas el 20 de octubre de 2016 y 16 de febrero de 2018 por el JUZGADO VEINTINUEVE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ dentro del proceso que MYRIAM GUEVARA DE REYES instauró contra la UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP-, únicamente en cuanto fijó que el retroactivo a reconocer y pagar por el periodo del 10 de diciembre de 2010 al 28 de febrero de 2018, es la suma de $292.538.288,44, en lo demás, el fallo se mantiene.

TERCERO: En reemplazo se dispone MODIFICAR la sentencia proferida por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, el 16 de febrero de 2018, en el proceso que instauró MYRIAM GUEVARA DE REYES en contra de la UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP-, únicamente en el sentido de fijar como retroactivo pensional por el período que transcurre del 10 de diciembre de 2010 al 28 de febrero de 2018, la suma de $197.653.397,86.

CUARTO: ABSTENERSE de ordenar el reintegro de las sumas canceladas en exceso, por las razones expuestas en la parte considerativa de la providencia.

QUINTO: En firme este proveído, por Secretaría envíese copia de la presente decisión para que se agregue al respectivo expediente, al Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y archívese.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

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