Ficha de la providencia
Sentencia SL208-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL208-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL208-2022
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
26 de enero de 2022
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL208-2022
Radicación n.°88600
Acta 02
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por GLORIA FANNY VÉLEZ TORO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 25 de septiembre de 2019, en el proceso que instauró en contra del BANCO POPULAR S.A. y en el que fue vinculada como litisconsorcio necesario a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
AUTO
Reconocer personería adjetiva a Ricardo Escudero Torres, con c.c. 79.565.351 y T.P. 69.945 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderado del Banco Popular S.A., en los términos del poder conferido obrante en el cuaderno de la Corte.
Reconocer personería adjetiva a la sociedad Servicios Legales Lawyers Ltda. con NIT. 900.336.004 como apoderada general de la sociedad Administradora Colombiana de Pensiones, en los términos de la escritura pública obrante en el cuaderno de la Corte.
Reconocer personería adjetiva al doctor David Santiago Lara Ospina, con c.c. 1.110.567.737 y tarjeta profesional n.° 299.625 del Consejo Superior de la Judicatura, como procurador sustituto de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, en los términos del poder conferido obrante en el cuaderno de la Corte.
I. ANTECEDENTES
Gloria Fanny Vélez Toro demandó al Banco Popular S.A., con el propósito de que fuera condenado al reconocimiento y pago de: el reajuste o indexación de la primera mesada pensional, a partir del 24 de diciembre de 1994, en la pensión que le fue reconocida mediante Resolución No 146 de 1996 por la entidad accionada, en la suma de $605.828,22, que correspondía al 75% del último salario devengado debidamente indexado, esto era, desde el 1 de noviembre de 1993 -fecha de su retiro del Banco Popular-, hasta el 24 de diciembre de 1996 -data en que adquirió el derecho pleno a su pensión de Jubilación Oficial-; el reajuste o indexación de las mesadas subsiguientes a la primera mesada pensional -retroactivo-, junto con las mesadas adicionales de julio y diciembre de cada año, incluyendo los incrementos por reajuste anual ordenados por la ley; las diferencias pensionales que se llegaren a causar en el futuro, entre la pensión de vejez, otorgada por el I.S.S. hoy Colpensiones y la pensión reconocida y reajustada por el Banco Popular, que era compartida, quedando a cargo de la entidad, el pago del mayor valor si lo hubiere; los intereses de mora, a la tasa máxima de interés moratorio vigente hasta el momento en que se efectuara el pago, conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y, en concordancia con el numeral 4° del artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o, de manera subsidiaria, a modo de restablecer el equilibrio económico de la prestación, se ordene el retroactivo indexado.
Así mismo, deprecó que el cumplimiento de la sentencia se diera dentro del término establecido por los artículos 100 y 109 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, concordante con los artículos 306 de Código General del Proceso y 177 del Código Contencioso Administrativo; que en el evento de que no fuera atendida la reclamación, se tuviera al banco accionado constituido en mora de la obligación de indexar y pagar los reajustes de la pensión oficial de jubilación conforme lo establece la Ley 33 de 1985, al momento de la notificación de la demanda laboral en los términos del artículo 94 del C. G. del P. y el pago de las agencias en derecho y costas procesales.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: prestó sus servicios personales, subordinados y remunerados mediante contrato de trabajo al Banco Popular S.A., desde el 13 de diciembre 1967 al 31 de octubre de 1993, por espacio de 25 años, 10 meses y 18 días; al momento de la terminación del contrato de trabajo tenía un salario promedio mensual, calculado en el último año de servicio en cuantía de $ 448.218.27 de acuerdo con el numeral 7º de la Resolución n.° 146 de diciembre 5 de 1996, operación aritmética que daba «el siguiente resultado 5.378.619.32 / 12 = $448.218.27»; el tiempo servido se prestó cuando la entidad demandada tenía la calidad de empresa oficial del estado, ya que a partir del 4 de diciembre de 1996 se privatizó; el 24 de diciembre de 1996 cumplió 50 años y se le reconoció la pensión vitalicia de jubilación mediante la resolución referida por valor de $336.136,70, sin indexarla; entre el 1 de noviembre de 1993 -fecha en que se produjo su retiro- y el 24 de diciembre de 1996 -data en que cumplió la edad de 50 años- se produjo una desvalorización acumulada del peso colombiano por lo que se le debió reconocer una pensión de jubilación oficial «a partir del 10 de diciembre de 1991», por valor de $605.828,22, debidamente indexada conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 53 de la Constitución; era beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 4° del Decreto 2527 de 2000; después del retiro del Banco Popular no se reintegró como empleada oficial o pública, por lo tanto, no existía otro tiempo que debiera ser contabilizado para efectos de su pensión; se pensionó por vejez con el Instituto de Seguros Sociales mediante la Resolución n.° 015410 de 2002, a partir del 24 de diciembre de 2001, con una mesada de $677.699; el Banco Popular compartió la pensión reconocida, con la otorgada por el I.S.S. –hoy Colpensiones- quedando a cargo de la entidad bancaria el mayor valor, según lo indicaba la carta 92101105 del 26 de septiembre de 2002, en la cual, la entidad accionada terminó el compromiso pensional, quedando una diferencia de $82.993.oo mensuales a cargo de la demandada; presentó reclamación administrativa, mediante escrito radicado el 9 de septiembre de 2016, con lo que se agotó la vía gubernativa; el Banco, mediante carta 921-003410-2016 del 19 de septiembre de 2016, dio respuesta negativa a su solicitud aduciendo que no era posible acceder a ninguno de los conceptos derivados de la reclamación en la pensión de jubilación de la actora, puesto que dicha prestación se reconoció bajo lo previsto en la legislación vigente, omitiendo la obligación contenida en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política.
Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso al éxito de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con el tiempo de servicio a la entidad de la accionante, su condición de beneficiaria del régimen de transición y la compartibilidad de la pensión con el otrora I.S.S; no aceptó los relativos al salario promedio de la señora Vélez Toro al momento de su retiro, ni lo referente a la liquidación de la pensión.
En su defensa propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, subrogación del riesgo de vejez «por parte del ICSS hoy ISS», compensación, cobro de lo no debido, declaración de otras excepciones y la que denominó petición especial enfocada a los descuentos del subsistema de salud.
Mediante auto del 19 de mayo de 2019, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá D.C. ordenó integrar como litisconsorte necesario a Colpensiones.
La administradora de pensiones se opuso al éxito de las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó los relativos a la vinculación de la accionante con la entidad bancaria y la vocación de compartibilidad de la pensión, de los restantes refirió que no le costaban. Propuso como medios exceptivos la prescripción, presunción de legalidad de los actos administrativos, inexistencia de la obligación y declaración de otras excepciones.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 16 de noviembre de 2017, resolvió:
PRIMERO.-DECLARAR que la pensión de jubilación reconocida por el Banco Popular, es compartible con la de vejez reconocida por el Instituto de seguros Sociales hoy COLPENSIONES quedando a cargo del Banco Popular S.A. el mayor valor que resulte entre la pensión que viene reconociendo COLPENSIONES y la que una vez indexada resultare, todo de conformidad con las consideraciones expuestas.
SEGUNDO.-CONDENAR a la demandada Banco Popular S.A., a reconocer la indexación de la primera mesada pensional equivalente a la suma de $445.047.327. a partir del 24 de diciembre de 1994 fecha en la cual se comenzó a pagar la pensión de jubilación reconocida con la Resolución No 146 del 5 de diciembre de 1996.
TERCERO.-DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE la excepción de prescripción propuesta por la pasiva Banco Popular, respecto de las diferencias causadas con antelación al 9 de septiembre de 2013.
CUARTO.-CONDENAR a la demandada BANCO POPULAR S.A. a reconocer y pagar el retroactivo generado por el mayor valor a partir del 9 de septiembre de 2013, con los incrementos anuales, el que a 31 de octubre de 2017, asciende a $23.300.985 pesos, monto que deberá ser debidamente indexado al momento en el cual se realice su respectivo pago.
QUINTO: AUTORIZAR al demandado Banco Popular a descontar del retroactivo pensional el valor proporcional de las respectivas cotizaciones al Sistema General de la Seguridad Social en Salud, con la finalidad de que las transfiera a la entidad administradora de salud E.P.S. a la que se encuentre afiliada la demandante conforme la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: CONDENAR a la demandada BANCO POPULAR S.A. a reconocer y pagar a la parte actora las costas y agencias de derecho, las que se tasan en suma de $1.800.000 pesos.
SÉPTIMO: ABSOLVER a la demandada BANCO POPULAR S.A. de las demás pretensiones incoadas en su contra.
OCTAVO: ABSOLVER a la demandada COLPENSIONES de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda.
NOVENA DECLARAR PROBADA la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por la demandada COLPENSIONES.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, mediante fallo del 25 de septiembre de 2019, revocó los ordinales primero a quinto de la sentencia de primer grado y, en su lugar, absolvió al Banco Popular S.A., de las pretensiones de la demanda, confirmó en lo demás. Costas en ambas instancias a cargo de la demandante.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal sostuvo que le correspondía:
[…] determinar si la forma en que el Banco Popular calculó el I.B.L. de la pensión que le otorgó a la parte demandante se encuentra ajustada a derecho y, si como consecuencia de ello, hay lugar a indexar la primera mesada pensional; así mismo, establecer si hay lugar a declarar probada la excepción de compensación e inexistencia del derecho, en caso de que la entidad haya efectuado pagos superiores a los que en realidad le correspondían a la parte actora.
Estableció que no era objeto de disputa que: la accionante era pensionada del Banco Popular bajo la Ley 33 de 1985 por pertenecer al régimen de transición, como se corroboraba de la Resolución n.° 146 de 1996 que reposa en el expediente; el ISS otorgó la pensión de vejez bajo el Acuerdo 049 de 1990, en cuantía de $677.699, a partir del 24 de diciembre de 2001, y que era compartida con la de jubilación concedida por la entidad bancaria.
En cuanto al I.B.L. e indexación de la primera mesada pensional, indicó que el haber otorgado el banco la pensión bajo la Ley 33 de 1985 por estar la señora Vélez Toro cobijada con el régimen de transición, debía liquidarse en la forma establecida en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como lo había indicado esta Corte en sentencia CSJ SL3690-2019 y la Corte Constitucional en sentencia CC SU 230-2015 por lo que, era claro que el empleador accionado debió liquidar la prestación bajo la norma en comento, con el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho, que correspondía a 984 días que iban del 1 de abril de 1994 -fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993-, al 24 de diciembre de 1996 -data de cumplimiento de los 50 años-, lo que equivalía al promedio de las cotizaciones efectuadas por el lapso de 2 años 8 meses y 24 días, tomando como base el salario que sirvió para los aportes a la seguridad social de conformidad con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, que no era otro que el reportado por la entidad en su momento al I.S.S. y que reposaba en el reporte de semanas tradicionales aportado al proceso.
Aclaró que no podía darse aplicación a los factores contenidos en el Decreto 1158 de 1994, en la medida que ello procedía cuando se trataba de tiempos de servicios no cotizados al instituto, caja o fondo, lo que no sucedía en el caso bajo estudio ya que el empleador había afiliado a la accionante al I.S.S.
De otro lado advirtió que, si bien en primera instancia se hizo referencia a la sentencia de esta corporación, que identificó bajo el No. 51042 del 6 de septiembre de 2017 que se refería a la determinación el I.B.L., la misma no era aplicable al caso concreto, en tanto se trataba de trabajadores del orden distrital que fueron afiliados al ISS con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, sin que esa fuera la situación de la accionante, quien pese a ser trabajadora oficial, estuvo afiliada al I.S.S. desde el 2 de agosto de 1985 hasta noviembre de 1993.
Con base en las anteriores precisiones advirtió el colegiado que, una vez efectuadas las operaciones aritméticas con apoyo del grupo liquidador con que contaba la corporación, se obtuvo un I.B.L. actualizado a 1996 de $452.002,16 al cual se le aplicó el 75%, que era el que le correspondía, arrojó una mesada pensional de $339.001,62 al 24 de diciembre de 1996, «suma ésta que resulta superior a la que fue otorgada por el Banco, empero. la misma se subrogó con la de vejez que otorgó el ISS en la medida en que la de la entidad bancaria ascendería a $671.648 mientras que la del ISS corresponde a $677.699 sin que exista un mayor valor por pagar».
Con relación a la indexación de la primera mesada pensional, citó el inciso 3 de la Ley 100 de 1993, con base en la cual se liquidó la pensión de la accionante, coligió que, por la expresa disposición de la norma:
[…] la depreciación monetaria que afecta las pensiones fue prevista por el legislador y conjurada a través del mecanismo introducido en el aparte final de la norma de ahí que no haya lugar a utilizar otra forma de actualización como la solicitada por la parte actora, esto es la proporcionalidad equivalencia del I.B.L entre la fecha de la última cotización o retiro y la de la estructuración del derecho pensional, cuando la ley ha dispuesto expresamente la forma de mantener el poder adquisitivo de los salarios que una vez promediados conforman el IBL.
Así, encontró que no era dable acceder a indexar el I.B.L. en la forma solicitada, en la medida en que, al liquidarse la prestación por parte de la Sala, fueron actualizados cada uno de los salarios reportados en la historia laboral y señaló:
Finalmente pese a que el valor de la mesada pensional aquí establecido sea inferior a la otorgada por el Banco a la demandante, en virtud del principio de favorabilidad, se dejará el establecido por éste al conceder la pensión, sin que haya lugar a hacer compensación alguna pues la misma opera cuando ambas partes son deudoras y acreedoras entre sí, lo cual no ocurre en el presente litis pues la única acreedora sería la demandante, como tampoco hay lugar a ordenarle la devolución de suma alguna de dinero a la entidad bancaria, pues ello no fue materia de litigio, sumado a que ésta no demandó en reconvención solicitando el pago de alguna suma cancelada de más.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte:
CASE TOTALMENTE la sentencia impugnada, osea la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con fecha 25 de octubre del año 2018(sic). Una vez producida la CASACIÓN, solicito respetuosamente a la Corte que en sede de Instancia anule o infirme parcialmente la pronunciada por el Juzgado Tercero (3) Laboral del Circuito de Bogotá, con fecha 16 de noviembre de 2017, respecto de los numerales 2, 4 y 7 en lo relacionado con el monto de la indexación, el valor del retroactrivo(sic) y la absolución de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, para que en su lugar se conceda la indexación con el IBL efectuado por la empleadora en la Resolución No 146 de (sic) y como consecuencia de ello se reajuste el retroactivo que no este(sic) prescrito; se concedan los intereses de mora solicitados con las pretensiones de la demanda introductoria del proceso en la forma establecida en la sentencia SL1681 de 2020 Radicación Nº 75127 de 3 de junio de la presente anualidad, Magistrada Ponente Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, por ser la indexación parte irrenunciable de la pensión.
Que igualmente se disponga en debida forma en cuanto a las costas de segunda instancia y las que se causen en la casación.
Con tal propósito formula un único cargo, por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica, y se procede a estudiar.
VI. CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que originó la violación de la ley sustancial «en concepto de violación directa, respecto de los artículos 1º, 13, 46, 48, 53, 58 y 230 de la Constitución Política; en el artículo 11 de la Ley 100 de 1993; el inciso 2º del artículo 16 y el artículo 20 del Código Sustantivo del Trabajo y Seguridad Social».
La censura pone de presente que acoge los hechos básicos del proceso como los presenta la sentencia atacada «sin disentimiento ni objeción» y por cuanto los motivos de la providencia son puramente jurídicos.
Tras citar el inciso 3 del Artículo 36 y efectuar aclaración sobre las sentencias CC C-168-1995 -inexequibilidad parcial del inciso 3 en comento y, la CC C-258-2013 frente al alcance de la forma de promediar el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición que están a menos de 10 años de consolidar el derecho, acusa al colegiado de darle un entendimiento equivocado a la norma y transcribe el siguiente aparte:
De donde se colige que por expresa disposición de la norma en comento la depreciación monetaria que afectaba las pensiones fue prevista por el legislador y conjurada a través del mecanismo introducido por el aparte final de la norma de ahí que no haya lugar a utilizar la fórmula de actualización como lo solicita la parte actora esto es: la proporcionalidad o equivalencia del IBL entre la fecha de la última cotización o retiro y la estructuración del derecho pensional cuando la ley ha dispuesto expresamente la fórmula de mantener el poder adquisitivo de los salarios y una vez promediados conforman el ingreso base de liquidación.” (El subrayado es mío).
De allí se desprende que equivocadamente el colegiado afirma que su pensión no tiene derecho a la indexación, ni da lugar a utilizar la fórmula para indexar la primera mesada pensional por disposición de la norma erradamente interpretada aun cuando esta Corte institucionalizó la fórmula en la sentencia CSJ SL.13 dic. 2007, rad.31222, en un proceso en contra del Banco Popular.
Afirma que según la Sentencia CC C 258-2013, el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, corresponde únicamente al I.B.L, pero esta no define «los elementos integrantes de remuneración del afiliado sujeto al régimen de transición, que llegaren a conformar el ingreso base para calcular el monto de las cotizaciones obligatorias al Sistema General de Pensiones, ni tampoco los que deben conformar el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez, sino que establece los períodos de remuneración que deben tomarse en cuenta para determinar este ingreso», además, dicha sentencia aplica a las liquidaciones posteriores a la misma y no a las causadas con anterioridad a ella, como ocurre en su caso pues el derecho ya había entrado en su patrimonio al expedirse la resolución de reconocimiento pensional y que así lo determina al artículo 16 del C.P.T. y S.S. En voces de la censura:
[…] debe entenderse que el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no regula la indexación de la primera mesada pensional, o sea, no determina si se indexa o no las pensiones, lo que indica claramente es la forma como se obtiene el IBL para las personas del régimen de transición cuando les falta menos de 10 años al momento de cumplir la edad para pensionarse; porque la indexación de la primera mesada pensional es un derecho fundamental que encuentra su fundamento en los artículos primero (1º), cuarenta y seis (46), cuarenta y ocho (48) y cincuenta y tres (53) de la Constitución Política. Además, se trata de un derecho que se predica de todo tipo de pensión, es decir, que tiene un carácter universal, sin importar si la pensión del trabajador fue reconocida con anterioridad o con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991.
Recuerda que en la demanda solo pidió la indexación de la primera mesada pensional partiendo del I.B.L. contenido en la Resolución que otorgó el derecho, no la reliquidación del I.B.L, como equivocadamente hizo la sala sentenciadora, por lo que en su entender claramente erró al considerar que «se encontraba conjurada por lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuando claramente la indexación procede del mandato de los artículos 1,46,8 y 53 de la Constitución Política y procede para toda clase de pensiones, anteriores o posteriores a la ley 100 de 1993, en consecuencia se violó la ley sustancial por VÍA DIRECTA, en concepto de violación directa (…)» de las demás normas incluidas en la proposición jurídica que sustentan el derecho a indexación de la primera mesada pensional, la aplicación del principio de favorabilidad, el respecto de los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos, y establecido conforme a disposiciones anteriores.
Finalmente, frente a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, refiere el cambio de postura de esta Corporación de que ellos proceden frente a todo tipo de pensiones.
VII. RÉPLICA BANCO POPULAR S.A.
El Banco, al oponerse, indica que la impugnación presenta errores técnicos que no permiten el avance de la formulación y están destinados al fracaso de la demanda de casación.
Afirma que, dada la vía del ataque, deben excluirse las consideraciones fácticas a las que apela la censura. Así mismo, que no encuentra en la demostración del cargo la trascripción del fallo que respalda el ataque, sin que adelantara una labor de confrontación entre lo dispuesto en la norma y la comprensión deficitaria del juez de segundo grado.
En cuanto al alcance de la impugnación estima que la petición de infirmar la sentencia de primer grado es un despropósito pues los numerales segundo y cuarto del fallo ordenaron indexar la mesada.
Para concluir, recuerda que el Tribunal apoyó su decisión en que la pensión reconocida por el Banco, era mayor respecto al ejercicio realizado en la sede judicial y califica el ataque como un argumento carente de veracidad.
VIII. RÉPLICA COLPENSIONES
En esencia, aduce que comente un error la recurrente al esgrimir que existe una interpretación errónea del juez de segundo grado sobre el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto éste logró establecer la liquidación correcta y determinó que la actora devengaba una mesada más favorable a la que le corresponde. No encuentra atendible esgrimir el errado entendimiento de la norma acusada cuando de las operaciones aritméticas efectuadas se tiene que por el principio de favorabilidad la actora se ve beneficiada.
Con relación a la indexación afirma que existe en la legislación un procedimiento para liquidar las pensiones, por lo que no hay lugar a utilizar otra forma, encontrando la decisión judicial conforme a derecho.
IX. CONSIDERACIONES
No le asiste razón a la oposición del Banco accionado en torno a los reparos de técnica del recurso de casación, por cuanto la demostración del cargo tuvo un desarrollo jurídico, acorde con la vía seleccionada; identificó el que, en su sentir, era el error interpretativo del colegiado y expuso cual era el correcto entendimiento que debía darse a la norma; en cuanto al alcance, olvida el opositor que la recurrente peticionó que, una vez casada la sentencia acusada, parada la Corte en sede de instancia, se infirmara de manera parcial la providencia del Juzgado 3 Laboral del Circuito de Bogotá, «respecto de los numerales 2, 4 y 7 en lo relacionado con el monto de la indexación, el valor del retroactrivo(sic) y la absolución de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993». En consecuencia, se abre paso el estudio de fondo por parte de la Sala.
Aclarado lo anterior, se recuerda que el Tribunal absolvió al Banco accionado por cuanto la señora Vélez Toro era beneficiaria del régimen de transición y, por ende, la liquidación de la pensión debía efectuarse de conformidad con el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, efectuada la liquidación correspondiente evidenció que la pensión de jubilación otorgada se exhibía mayor al resultado obtenido en sede judicial por lo que, al ser más favorable, mantuvo el pago reconocido por la entidad Bancaria.
De su lado, la inconformidad de la actora se centra en esencia en que no se le concediera la indexación de la primera mesada pensional, conforme a la fórmula establecida por esta Corte en la sentencia CSJ SL.13 dic. 2007, rad.31222, y se aplicara lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Corresponde a la Corte determinar si el Tribunal interpretó erróneamente el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al entender que eran éstas las condiciones para la determinación del I.B.L. de la pensión de jubilación otorgada por el Banco Popular S.A. a la actora, en lugar de acudir a la indexación de la primera mesada pensional conforme a la línea establecida en esta Corporación.
Dada la vía de ataque escogida no son objeto de discusión que: el Banco Popular le otorgó pensión oficial de jubilación a la señora Vélez Toro con base en las previsiones de la Ley 33 de 1985 bajo el régimen de transición; el ISS le otorgó la pensión de vejez bajo el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, en cuantía de $677.699, a partir del 24 de diciembre de 2001, con vocación de compartibilidad con la de jubilación concedida por el Banco, y que arribó a la edad requerida para disfrutar la pensión de jubilación el 24 de diciembre de 1996 -data de cumplimiento de los 50 años-.
Para abordar el análisis del cargo se cuestiona ¿cuál es el I.B.L. aplicable al momento en que se causó el derecho pensional del actor?
Debe comenzar la Sala por advertir que, como el derecho pensional se materializó en el año 1996, es decir, en vigencia de la Ley 100 de 1993, esta es la norma aplicable, precisamente por estar cobijada la demandante por el régimen de transición.
La Corporación de tiempo atrás tiene definido que en torno al régimen de transición previsto en la Ley de Seguridad Social, el legislador les respetó a sus beneficiarios solo 3 aspectos: a) la edad; b) el tiempo de servicio o número de semanas cotizadas, y c) el monto, que consignara la disposición anterior por aplicarles.
En ese horizonte, juzga conveniente la Sala examinar en primer lugar, los elementos estructurales esenciales del derecho a la pensión por vejez y, en segundo término, fijar cuáles de ellos se protegen con el régimen de transición.
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, estatuyó en forma expresa los «cuatro elementos estructurales» esenciales del derecho a la pensión de vejez, dos relacionados con el acceso a la prestación, y dos con la cuantificación del derecho económico. Veámoslos:
De acceso a la prestación
En tratándose de prestaciones por jubilación o vejez, se instituyen dos requisitos de acceso: la edad y el tiempo de servicios si es por jubilación, o las semanas de cotización si es por vejez.
Para la cuantificación del derecho económico
Referente a la cuantificación del derecho económico, (contenido económico de la prestación), se establece en algunas ocasiones un parámetro y una variable y, en otras, dos variables, a decir, el monto de la pensión o tasa de reemplazo, y la base de liquidación o, expresado en términos técnicos actuales, el Ingreso Base de Liquidación –IBL.
El monto, como parámetro, es simplemente un factor único establecido en la ley. Por ejemplo, en el caso de los servidores públicos en transición la ley predetermina un monto del 75% para todos los casos de origen legal. A su vez, el monto como variable, implica la posibilidad de su integración a partir de otro dato conocido, como puede ser el número de semanas de cotización. A manera de ilustración, el monto variable de las pensiones del antiguo Instituto de Seguros Sociales, donde se fija un monto mínimo de pensión del 45% y se aumenta a razón del 3% por cada cincuenta semanas de cotización, adicionales a las primeras quinientas.
Concerniente a la base de liquidación o ingreso base de liquidación- IBL-, técnicamente se le tiene como variable porque depende de los ingresos del afiliado durante un lapso determinado por la ley, que puede o no ser objeto de actualización con base en la variación de precios.
Llegados a este punto del sendero, surge otra pregunta: ¿qué sucede con la pensión de vejez protegida por el régimen de transición?
Esta Sala al contestar el interrogante en precedencia ha sostenido, de manera invariable hasta hoy, que el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, «petrificó» para sus beneficiarios tres requisitos de la prestación, conforme al régimen pensional en que venían consolidando su expectativa: (i) la edad; (ii) el tiempo de servicios o cotizaciones y (iii) el monto.
El cuarto, que corresponde a uno de cuantificación, a decir, la base de liquidación, el legislador decidió armonizarlo con la nueva normativa.
Recapitulando, las disposiciones del régimen anterior, en cuanto a monto, edad y tiempo de servicios o cotizaciones, únicamente se aplican, por remisión expresa, frente a estos puntuales supuestos.
Entonces, respecto al ingreso base de liquidación, esta Sala, por mayoría, tiene adoctrinado que tratándose de las personas beneficiarias del régimen de transición que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993 les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, se rige por lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 ibidem y, para aquellas que les faltare 10 años o más para consolidar su derecho, como en este asunto, se liquida de acuerdo con lo contemplado en el artículo 21 de la misma normativa (sentencia CSJ SL2510-2017).
Ahora bien, la Sala también tiene asentado, por mayoría, que para calcular el IBL de toda la vida laboral a la luz de lo dispuesto en el artículo 21 del estatuto de la seguridad social, es presupuesto que el afiliado hubiera cotizado al menos 1250 semanas al sistema (sentencia CSJ SL7263-2015).
De suerte que, en lo que atañe al ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con venero en el régimen de transición, esta Corporación ha sido enfática en que este se define a la luz de lo determinado expresamente por la Ley 100 de 1993, según las providencias citadas.
Puestas en esa dimensión las cosas, se exhibe palmario que el juzgador de segundo grado no se equivocó al concluir que el ingreso base de liquidación se halla según las voces de la Ley 100 de 1993 y no como lo pretende la parte promotora del proceso. A ese respecto resulta pertinente reiterar lo señalado en la sentencia CSJ SL2588-2019, en la que se señaló:
Si bien esta Sala de la Corte aceptaba que el IBL de la pensión de jubilación fuera liquidado con el último año de servicios cuando el trabajador no cotizara ni devengara suma alguna entre la fecha del retiro del servicio como trabajador oficial y la del cumplimiento de la edad, por considerar que ello se ajustaba más al objetivo perseguido en la Ley 33 de 1985, lo cierto es que tal doctrina fue reevaluada para adoptar el criterio según el cual el cálculo del IBL de las pensiones de jubilación otorgadas bajo el régimen de la transición debe ajustarse a las reglas establecidas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
Sobre el particular, esta Corporación en sentencia CSJ SL7061-2016, reiterada, entre otras, en la SL18622-2016 y CSJ SL17549-2017 adoctrinó:
1.- Ciertamente, para esta clase de asuntos, que comportan una característica especial, consistente en que teniendo derecho a la pensión de jubilación oficial, el trabajador no devengó suma alguna o no cotizó en calidad de trabajador oficial, durante el lapso comprendido entre la fecha de desvinculación y el cumplimiento de la edad, la Sala aceptaba como solución doctrinal, que la base salarial que deberá actualizarse, será el promedio de los salarios y primas de toda especie devengados en el último año de servicios, por considerar que ello se ajustaba más al objetivo perseguido por la norma citada.
Lo anterior, se viene sosteniendo desde la sentencia de instancia proferida por esta Corporación, el 30 de noviembre de 2000, Rad. 13336. Esta postura se había mantenido invariable y ha sido reiterada en sentencias de la CSJ SL, 17 may. 2004, rad. 22617, 23 ag. igual año, rad. 22892; 25 nov. de esa misma anualidad, rad. 23769; 30 ag. 2011, rad. 40074; y en casación de 29 may. 2013 rad. 45814 (SL 381/2013), entre otras.
2.- Sin embargo, haciendo un nuevo examen y en aras de no prever discriminación frente a los demás pensionados que tienen unas reglas claras para liquidar el IBL de su pensión, y ante la nueva recomposición de la Sala, se considera pertinente entrar a reexaminar el tema, en cuanto a la liquidación del IBL de la pensión oficial cuando el trabajador no cotizó ni devengó ninguna suma en el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho, o sea en vigencia de ley 100/1993, que es lo que acá sucede y donde, como se atrás se dejó sentado, en este caso en particular no resulta dable tener en cuenta las semanas que cotizaron los actores como independientes.
Como es sabido, para el caso de los beneficiarios del régimen de transición, el Ingreso Base de Liquidación corresponde al lapso temporal que se debe tomar para establecer el promedio de los ingresos salariales o base de cotización para liquidar toda pensión, el cual se debe definir de conformidad con la nueva normatividad, caso distinto al “monto” porcentual de la prestación que es uno de los elementos que si se conservan del sistema anterior por virtud de la transición y que tiene que ver con el <porcentaje> del IBL que antes se preveía.
De tal forma que, el IBL para todas las pensiones de jubilación otorgadas bajo el citado régimen de la transición debe en consecuencia determinarse conforme a las reglas establecidas en los Arts. 36 inc. 3° y 21 de la L. 100/1993, que no establecieron ninguna excepción o salvedad en este puntual aspecto, sin que sea dable excluir de estas pautas a aquellas personas que durante ese lapso no devengaron ni cotizaron suma alguna.
Lo anterior queda acorde con lo expresado en la Sentencia C.Const. C-258 del 7 de mayo de 2013, en la que se sostuvo que las reglas del IBL aplicables a todos los beneficiarios del régimen de transición, son las contenidas en los artículos 21 y 36 inciso 3° de la L. 100 de 1993.
3.- En consecuencia, ahora estima la Sala que no es necesario remitirse al promedio de lo devengado en el último año de servicios a efectos de establecer el IBL, pues como antes se explicó debe sujetarse en un todo a los nuevos lineamientos de la Ley 100/1993.
Así las cosas, para obtener el promedio de lo devengado o cotizado para estos específicos casos y conformar el IBL, deberá calcularse con el promedio de devengado o cotizado durante los últimos diez (10) años previos al reconocimiento de la prestación, ello con referencia a la remuneración efectivamente devengada por el beneficiario durante el lapso temporal que corresponde según el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho, aun cuando se involucren períodos habidos antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, debiéndose partir del último devengo o cotización y transpolar o retroceder en el tiempo hasta cubrir el período respectivo.
Valga en este punto resaltar que la liquidación establecida en la Ley 100 de 1993, efectivamente contempla la actualización de los salarios a efectos de determinar el valor de la mesada pensional; situación que no estaba prevista para el caso de la pensión reconocida íntegramente bajo la Ley 33 de 1985 y, precisamente frente a este tipo de pensiones es en los que de antaño ha reiterado la Corte que la indexación o actualización de los salarios que sirvieron de base para determinar el monto inicial de una mesada pensional, busca que todas las pensiones, sin interesar su origen, fuente o fecha de su causación, deben actualizarse si el valor del que se partió para su liquidación sufrió depreciación por el simple transcurrir del tiempo (CSJ SL, 16 oct. 2013, rad. 47709); en consecuencia, no es automática y para su procedencia habrá de auscultarse si el correr del tiempo entre el momento en que se dejó de prestar el servicio y el reconocimiento pensional, generó que con la mesada definida se concretara la pérdida del poder adquisitivo (Sentencia CSJ SL5087-2020).
Lo expuesto es pertinente por cuanto, el fallador de segundo grado se percató de que la accionante pertenecía al régimen de transición, aspecto aceptado y no discutido por las partes; arribó a la edad para el disfrute de la pensión en el año 1996, por lo que la norma que regía la determinación de su ingreso base de liquidación era la Ley 100 de 1993 inciso 3 de su artículo 36 que establece:
[…] El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE […] Subraya fiera de texto.
Por manera que, contrario a lo afirmado por la accionante, la sala sentenciadora abordó correctamente el análisis de la pretensión de indexación de los salarios que se tuvieron como base para determinar la primera mesada de la pensión oficial que le fue otorgada y no negó el derecho irrenunciable a ello, lo que corroboró es que, dado que era beneficiaria del régimen de transición, la norma que rige la forma de liquidar su mesada pensional ya contemplaba la actualización para fijar el monto de su mesada. No está de más, en todo caso, resaltar que la mesada inicialmente reconocida por el Banco Popular S.A. se mantuvo en virtud del principio de favorabilidad.
Así las cosas, no sale avante el cargo.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones setecientos mil pesos ($4.700.000.oo) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
X. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 25 de septiembre de 2019, en el proceso que instauró GLORIA FANNY VÉLEZ TORO en contra del BANCO POPULAR S.A. y en el que fue vinculada como litisconsorcio necesario a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
Costas como se indicó.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
(Aclara Voto)
FERNANDO CASTILLO CADENA
(Aclara Voto)
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
No firma por ausencia justificada
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
ACLARACIÓN DE VOTO
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
Radicación n.° 88600
Ref: GLORIA FANNY VÉLEZ TORO vs. BANCO POPULAR S.A. y COLPENSIONES
Como lo dejé asentado en la Sala respectiva, aun cuando estoy de acuerdo con la decisión adoptada en el presente asunto de no casar la sentencia del Tribunal, debo aclarar mi voto en cuanto toca con el argumento expuesto por la mayoría, y que se contrae a que, en palabras de la providencia:
[…] respecto al ingreso base de liquidación, esta Sala, por mayoría, tiene adoctrinado que tratándose de las personas beneficiarias del régimen de transición que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993 les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, se rige por lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 ibidem y, para aquellas que les faltare 10 años o más para consolidar su derecho, como en este asunto, se liquida de acuerdo con lo contemplado en el artículo 21 de la misma normativa (sentencia CSJ SL2510-2017).
Lo dicho, por cuanto estoy persuadido que el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, encuentra su regulación íntegra en él, incluido lo relativo al IBL. Y cuál es ese IBL de la citada Ley 100 que se debería utilizar?, he aquí el motivo de mi aclaración.
Me explico, la Sala ha sido de la opinión, que el régimen de transición protege solo la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y el monto consagrado en el régimen anterior; asimismo, ha considerado que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso base que determina la cuantía de la pensión.
En lo que interesa al presente escrito, dispone la norma en comento:
&$ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas (sic) años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
En cuanto a la interpretación y alcance del inciso tercero, es decir, el que define el IBL, aunque ha habido un entendimiento de que dicho precepto no comprende a quienes les faltaba más de 10 años para adquirir el derecho, es donde reside el núcleo central de mi aclaración, pues, a mi juicio, esa lectura no es afortunada y la misma fue propiciada, entre otros motivos, por virtud de la declaratoria de inexequibilidad del apartado que figuraba a renglón seguido y que redondeaba, de manera precisa, la explicación sobre la aplicación del IBL, en el artículo 36:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Indice (sic) de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley., el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos. (Subrayas propias. El texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-168 de 1995).
Así las cosas, aceptando el hecho de que el mentado artículo 36 reguló íntegramente el tema y que el IBL que allí se dispone es especial, diferente al general contemplado en la Ley 100 de 1993, la consecuencia que se deriva es que habían tres grupos diferenciados, según la proximidad de cada uno de ellos con el momento de la pensión: i) a quienes les faltaban 1 ó 2 años, dependiendo de si eran servidores públicos o trabajadores del sector privado; ii) a quienes les faltaban menos de diez años; y iii) a quienes teniendo derecho a la transición, les faltaban más de diez años.
Para cada uno de ellos, el inciso ofrecía una solución gradual y progresiva atendiendo la mayor o menor proximidad al momento de pensionarse. Lo que ocurrió, fue que la declaratoria de inexequibilidad desquició la arquitectura propia del precepto legal y, a partir de allí, ha sido difícil encontrar una solución que satisfaga a todos, propiciando toda suerte de interpretaciones, en veces contradictorias.
A guisa de ejemplo, el Consejo de Estado mediante providencia SPL, 28 ag. 2018, exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ), llegó a las siguientes conclusiones, que difieren en algunos aspectos con las que tradicionalmente ha sostenido la Sala de Casación Laboral de la Corte:
Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición
92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:
'El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985'.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
95. La Sala Plena considera importante precisar que la regla establecida en esta providencia, así como la primera subregla, no cobija a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues fueron exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su régimen (sic) pensional está previsto en la Ley 91 de 1989[30]. Por esta razón, estos servidores no están cobijados por el régimen de transición.
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.
La lectura que propongo a la problemática planteada, a mi manera de ver, armoniza con el hecho de considerar que el régimen de transición tiene por objeto aminorar el impacto que supone un cambio abrupto de sistema, y que se preserven las condiciones más favorables del régimen anterior, en la medida en que un nuevo sistema pensional se diseña con el propósito de endurecer, de cierta forma, los requisitos de acceso a la prestación.
En suma, el régimen de transición reconoce las condiciones más benéficas del régimen anterior al cual se encontraba afiliado el trabajador, en aplicación del principio de favorabilidad, pues esa es su razón de ser.
Sobre el particular, en ejercicio de la acción de constitucionalidad, la Corte Constitucional al revisar el contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, expresó en sentencia C-168-1995 que:
En punto a la aplicación del principio de favorabilidad en materia de régimen pensional, considera la Corte que esta es labor que incumbe al juez en cada caso concreto, pues es imposible, en juicios de constitucionalidad, confrontar la norma acusada que es genérica, con cada una de las distintas normas contempladas en los diferentes regímenes pensionales que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 existían en el sector privado y en el público, para establecer cuál resulta más favorable a determinado trabajador. (Subrayas propias).
Así pues, la solución que más se aviene con lo hasta ahora dicho, es mi opinión, consiste en considerar que la norma contrasta los dos grupos que subsistieron luego de la declaratoria de inexequibilidad de la última parte del inciso, y el resultado final que se obtiene es que:
i) para el grupo de los que les faltaban menos de diez años para adquirir el derecho el IBL «será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello», es decir, para tener el estatus de pensionado;
ii) en tanto que, cuando la norma señala «si éste fuere superior» está hablando, precisamente, del tiempo «que les hiciere falta para ello» de la frase anterior, con lo cual es claro que se refiere, por oposición, a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho», quedando claro entonces que, como se señala a continuación;
iii) a los que les faltaban más de diez años, la regla que aplica en materia de IBL, será la del promedio cotizado durante todo el tiempo que les haga falta para adquirir el derecho.
Bajo esa óptica interpretativa, contraria a la que ha venido sosteniendo mayoritariamente la Sala, en mi sentir, resultaría problemático concluir que por virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hay una especie de remisión directa al artículo 21 de la misma normativa, pues en este análisis, ello no es consecuencia inmediata de que al trabajador le falten más de diez años para pensionarse, cuando dicha disposición comenzó a regir y porque, en síntesis, considero que el artículo 36 contiene, en principio, todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez.
Habrá, por supuesto, algunos casos especiales que escapen a esta regla general, por lo que, excepcionalmente, podrá acudirse a otras normas, en aplicación de los principios de favorabilidad y equidad que rigen el derecho del trabajo, si a ello hubiere lugar.
En los términos antedichos dejo expresado mi pensamiento respecto de la aludida afirmación contenida en la providencia en cita.
Fecha ut supra.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Magistrado
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n°88600
REFERENCIA: GLORIA FANNY VÉLEZ TORO vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA (COLPENSIONES).
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta oportunidad me permito aclarar el voto pues considero que no se ha explicado con suficiencia los motivos para aplicar el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en algunas de las pensiones de vejez que se otorgan con base en el artículo 36 de este cuerpo normativo, es decir, aquellas que se reconocen en sede de transición del sistema.
No existe duda alguna, por lo menos para esta Sala de Casación, de que el régimen de transición sólo protege la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y el monto consagrado en el régimen anterior; como tampoco que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso de base que determina la cuantía de la pensión.
Esta exégesis de la Sala se ve reforzada cuando la misma ley, a punto seguido, reza que «las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley», para, inmediatamente, proceder a definir la figura del Ingreso Base de Liquidación –IBL.
Así las cosas, en nuestro criterio, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fija tanto los elementos necesarios para la causación del derecho como aquellos indispensables para la cuantificación de la mesada, a decir, el monto y la base de liquidación. Por tanto, ese precepto consagra todo lo necesario para la determinación y cuantificación del derecho pensional, lo que genera, prima facie, la imposibilidad de aplicar otras disposiciones jurídicas de similar contenido para la definición de la cuantía de la pensión. En este sentido, emerge palmario, el principio de inescindibilidad de la norma jurídica, al no existir razón alguna para acudir a otro texto normativo bajo el pretexto de que existe un vacío en la Ley.
Al respecto, considero que existen dos problemas que deben ser analizados al momento de estudiar el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones en régimen de transición: i) la interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y ii) la posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos.
La interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
El inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, admite al menos dos alcances que pueden conducir a resultados diferentes en la cuantificación de la prestación. La primera se basa en un derecho de opción; mientras que la segunda considera que la norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación. Lo anterior se explica así:
Derecho de opción
La estructura normativa para dar fundamento a esta interpretación, es del siguiente tenor:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Esta primera interpretación, itérese, se soporta en el derecho de opción, en la medida en que se considera que el inciso tercero del artículo 36 no regula todas las situaciones que pudieran derivarse del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dado que solo cobija a quienes les falta 10 o menos años para cumplir los requisitos de acceso a la pensión, población para la cual se instituye un derecho de opción en la fijación del Ingreso Base de Liquidación, ya que la mesada se liquida con el promedio del tiempo que les falte para adquirir el derecho, siempre que sea inferior a 10 años, o el cotizado durante «toda la vida», dejando por fuera la determinación del IBL para quienes les falte diez o más años para acceder a la pensión en sede de transición. En este último evento, y ante el vacío normativo, debe aplicarse el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
b. La norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación
La segunda interpretación posible está dada por una lectura completa del inciso tercero original, sin tener en cuenta la sentencia de inexequibilidad C-168 de 1995, pero solo para establecer el alcance del mencionado inciso. Dicho aparte completo señalaba:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley., el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos.
Teniendo en cuenta que una norma, como supuesto, abarca todas las hipótesis sobre el tema a regular, y que el régimen de transición, en su versión original, tendría una duración superior a 20 años, dadas las edades a partir de las cuales se protegió la expectativa pensional, 35 años para las mujeres, 40 para los hombres, se puede encontrar que lo que se entiende del citado inciso como un derecho de opción no lo es y, más bien, que la ley regula todas las situaciones para determinar el Ingreso Base de Liquidación, así:
-Para los afiliados que les falten dos años o menos para acceder al derecho a la pensión, el IBL se halla con el promedio de lo devengado en los dos últimos años, para trabajadores del sector privado, y de un año para los servidores públicos. Se reitera esta forma de encontrar el IBL fue declarada inexequible, pero, claro está, hacía parte de la norma original.
-Para los que le faltan menos de 10 años para acceder al derecho a la pensión, el IBL es el promedio de lo devengado en el tiempo que les haga falta para ello, debidamente actualizado con el IPC.
-Para los que le faltan más de 10 años para acceder a la pensión es el promedio de lo cotizado durante todo el tiempo, que le faltara para adquirir el derecho debidamente actualizado con el IPC.
Esta interpretación emerge cristalina cuando la lectura del inciso se realiza en forma inversa, de atrás para adelante, colocándose como objeto principal de interpretación el tiempo que le hace falta al afiliado para el acceso a la pensión y teniendo, como supuesto, que el legislador previó todas las hipótesis posibles derivadas del régimen de transición.
En efecto, la contraposición que hace la norma es entre los que le faltan menos de diez años para adquirir el derecho y los que le faltan más de diez años para tener el estatus de pensionado, cuando señala «si éste fuere superior» pues se está refiriendo al tiempo «que les hiciere falta para ello» con referencia a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho».
Con esta interpretación se libera el contrasentido de entender que el IBL es el promedio del tiempo que les haga falta para adquirir el derecho siempre que sea inferior a diez años o todo el tiempo que les falta para adquirir el derecho si es superior a 10 años, pues la adquisición del estatus de pensionado se da en un solo momento, cual es, aquél en que se cumple con los requisitos mínimos de acceso a la pensión.
Pero, además, adquiere mayor visibilidad cuando se acude a crear un rango de amparo diferenciado entre la protección de expectativas legítimas, muy cercanas y medianas, y meras expectativas, en tanto el IBL para las primeras se calcula de manera muy aproximada al régimen entonces vigente y, en el otro extremo, que corresponde a las meras expectativas, de la forma en que lo hace la nueva ley, incrementándose progresivamente el periodo de determinación del mismo con base en el tiempo que le hace falta al afiliado para adquirir el derecho.
Este último alcance, en nuestro criterio, deja sin bases a la interpretación que propone, como un derecho de opción del afiliado, la doble determinación del IBL para escoger la que más le favorezca.
-Las dificultades que se imponen con la lectura completa del inciso 3 del artículo 36 en su versión original
La segunda lectura propuesta es problemática desde el punto de vista de la equidad. Si un régimen de transición busca garantizar, en todo o parte, las mayores ventajas de favorabilidad del régimen precedente, es patente que las condiciones de acceso y cuantificación de la pensión, deben ser próximas a las de la legislación inmediatamente anterior para evitar cambios demasiado bruscos en la expectativa pensional del afiliado.
En este sentido, debe recordarse que los objetivos de la Ley 100 de 1993 eran en su orden i) proteger derechos adquiridos; ii) garantizar las expectativas; y iii) crear un nuevo régimen de pensiones para aquellos excluidos de transición y nuevos afiliados.
Ahora bien, por definición, cuando se salvaguardan expectativas, estas se traducen como un puente, soportado por el principio de favorabilidad entre la nueva legislación y la anterior, para amparar expectativas legítimas. Ello implica que la legislación anterior prima facie es más favorable que la nueva, lo cual deviene claro con la implementación del Sistema General de Pensiones, pues los requisitos de acceso y los elementos de cuantificación del derecho se tornan más exigentes para optar por la pensión.
De ello se sigue que el régimen de transición no busca reconocer pensiones más favorables que las consagradas en el mismo régimen anterior, ni menos favorables que las del nuevo ordenamiento.
Con todo, si para un afiliado con derecho a transición, el nuevo régimen ordinario le resulta más favorable por alguna razón, que lo puede ser, el artículo 288 del estatuto de la seguridad social le permite optar por la prestación consagrada en la nueva ley, a condición, eso sí, de que se someta íntegramente a sus disposiciones.
Llegados a este punto, si impone retornar al primer orden de transición, hoy declarado inexequible.
Básicamente, en este orden, se protegía no sólo el tiempo de servicios o semanas de cotización, la edad y el monto de pensión, sino también la base de liquidación para aquellas personas que les faltare dos años o menos para acceder a la pensión.
Nótese que la forma de establecer la base de la pensión para el sector privado, según se desprende del apartado final del inciso tercero del artículo 36, es similar en cuanto al tiempo que se tiene en cuenta en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, dos años aproximados. Y para el sector público, dado el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, la base de liquidación se toma con el promedio del salario devengado durante el último año de servicios.
Como se recuerda, la norma de protección de la base de liquidación para este primer orden, fue declarada inexequible por medio de la sentencia C-168 de 1995. Sin embargo, afloraba que el querer del legislador no era otro que proteger a aquellos que les faltaran dos años o menos para acceder a la pensión, en cuanto a que las reglas de acceso y cuantificación del derecho fueran muy similares, si no iguales, a las del régimen anterior.
A nuestros efectos, baste memorar que el motivo de inexequibilidad fue la discriminación que se daba entre los trabajadores del sector privado y del público en relación al tiempo para fijar la base de liquidación, dos años para los aquellos, un año para estos, pero no lo fue el de la posibilidad de segmentar el régimen de transición, pues en esa sentencia, se razonó:
Y sobre la discriminación que, según el actor, se crea entre las personas que quedan comprendidas por el precepto demandado frente a las demás, cobijadas por el régimen anterior, cabe anotar que mal podría considerarse que la situación de las personas que se van acercando por edad o tiempo de servicio a las contempladas en la ley para acceder a la pensión de vejez, es la misma de aquellas que apenas inician una vida laboral, llevan pocos años de servicio o su edad está bastante lejos de la exigida, pues a pesar de que en ambos casos se tienen meras expectativas, las que como tantas veces se ha reiterado, pueden ser reguladas por el legislador a su discreción, sus condiciones, por ser distintas, justifican un trato diferente. Recuérdese que la igualdad formal no es ajena al establecimiento de diferencias en el trato, fincadas en condiciones relevantes que imponen la necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos distintos; esta última hipótesis expresa la conocida regla de justicia que exige tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales en forma desigual.
En el segundo orden aparecen los afiliados a los que les falta diez años o menos para acceder a la pensión. Para ellos, el Ingreso Base de Liquidación se define como el promedio de lo devengado durante el tiempo que les hiciere falta para adquirir el derecho.
Atinente al nuevo régimen, la base de liquidación se toma con un tiempo inferior, lo que puede traer beneficios, toda vez que es más fácil mantener una determinada base salarial durante menos tiempo.
Por su parte, en tercer orden se encuentran los beneficiarios de la transición que les falta más de 10 años para adquirir el derecho, a los que, a voces del artículo 36, se les liquida la base con el promedio de todo el tiempo que les haga falta para ello, es decir, el lapso para adquirir el derecho.
Es en este punto donde, en nuestro criterio, se configuró una manifiesta inequidad, en tanto, en el régimen ordinario las pensiones se liquidan, en principio, con base en el promedio de los salarios cotizados durante los últimos diez años, generándose una contradicción palpable entre la favorabilidad que el régimen de transición protege y la nueva normatividad, que se supone debe ser restrictiva en la determinación del IBL, según se desprende de lo asentado y, por ende, menos favorable.
De lo explicado hasta aquí fluye una primera conclusión: las pensiones en sede de régimen de transición para los afiliados que les hace falta menos de 10 años para adquirir el derecho se deben liquidar, única y exclusivamente, teniendo como base el promedio de lo devengado durante el tiempo que les haga falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el Índice de Precios al Consumidor. En ningún caso, se debe liquidar dicha pensión con el promedio de «toda la vida», a menos que expresamente se renuncie al régimen de transición.
La posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos
Como lo hemos señalado, dada la interpretación que dimana del inciso tercero, existe un problema jurídico que debe atenderse, no por falta de regulación sino por manifiesta inequidad. Me explico. Si mediante el régimen de transición se protegió tres de los cuatro elementos estructurales de la pensión, y el IBL, como cuarto elemento estructural, se modula entorno al tiempo que le falta al afiliado para adquirir el derecho, se supone, dado el principio de favorabilidad que subyace a la institución de la transición, que este no puede ser perjudicial en relación con el estatuido en la legislación permanente (Ley 100 de 1993).
Entonces, como el artículo 36 instituye que para los que les falta más de 10 años, el IBL se toma con el promedio de lo devengado durante el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el I.P.C., esta es la definición que debe utilizarse, por regla general, para liquidar la pensión a favor de este grupo de afiliados.
No obstante, si dicho IBL resulta inferior al que se obtendría de la aplicación de la norma ordinaria, vale decir, el derivado del promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, debe aplicarse este último cálculo, en tanto, se repite, aun a riesgo de fatigar, que la esencia de un régimen de transición es mantener rasgos de favorabilidad frente al nuevo régimen, por ello, la forma de encontrar el IBL no puede ser más desfavorable que la que se aplica de manera general para los afiliados del Sistema General de Pensiones.
Pero lo dicho también tiene que ver el elemento de gradualidad, pues la idea finalmente de la ley, fue la de que el IBL para cada segmento de afiliados se determinara con el tiempo que le faltara al afiliado para adquirir el derecho, hasta un máximo de 10 años. Ello se corrobora con el artículo 39 del proyecto de ley, texto definitivo, aprobado por el Senado, registrado en la Gaceta del Congreso 397 del 16 de noviembre de 1993, el cual señalaba:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según certificación expedida por el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta para ello, fuere igual o inferior a dos (2) años, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años.
Así las cosas, en nuestro criterio, lo que se deriva de la Ley concerniente al IBL es que no fue parte de los elementos dejados íntegramente a salvo por la transición, pues debe servir como instrumento de graduación proporcional de la base pensional para llevarlo hasta el momento en que sea igual al IBL ordinario, es decir, el promedio de los últimos diez años cotizados.
Debe en todo caso señalarse que el término «o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior» fue incorporado al texto definitivo del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, según consta en la Gaceta del Congreso 434 del 3 de diciembre de 1993.
3. Conclusión
A modo de corolario, considero que en los casos en que al afiliado le falten 10 o más años para adquirir el derecho, el IBL se concreta con el promedio de lo devengado durante todo el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, tal como lo señala expresamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, por favorabilidad, con el promedio de lo cotizado durante los 10 últimos años, apoyándose en este estricto sentido en el artículo 21 de la mencionada Ley.
Ahora bien, sería pertinente aplicar el IBL de «toda la vida» conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, si para el afiliado es más favorable la pensión de vejez ordinaria del régimen de prima media, a condición de que en virtud del artículo 288 ibídem renuncie al régimen de transición.
Conforme a lo anterior, aclaro mi voto.
Fecha ut supra,
FERNANDO CASTILLO CADENA
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