SEGUNDO: MODIFICAR y ADICIONAR el numeral tercero de la referida sentencia, en el entendido de condenar a la demandada a pagar en favor de Andrés David Maya Hoyos, los siguientes conceptos y sumas:
Auxilio de cesantía: $2.948.134.
Compensación en dinero de las vacaciones: $1.474.067, suma que deberá ser indexada al momento de su pago.
Prima legal de navidad $2.948.134.
Indemnización moratoria $150.267.546.
TERCERO: PRECISAR el numeral cuarto de la sentencia apelada y consultada, para CONDENAR a la Fiduprevisora S.A. en su condición de vocera del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom a devolver al demandante, la suma de $2.902.167, por concepto de aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo considerado.
CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada y consultada, por las razones expuestas.
QUINTO: Sin costas en esta instancia, por no haberse causado.
En lo que interesa al recurso extraordinario, luego de remitirse a los artículos 2, 3 y 20 del Decreto 2127 de 1945, el Tribunal dijo que en el presente asunto se demostró la existencia de la prestación personal del servicio, la contraprestación fijada a través de dos contratos de prestación de servicios profesionales y la subdirección jurídica de la demandada para desarrollar labores de sustanciación entre el 28 de mayo de 2012 y el 31 de marzo de 2013, y como retribución recibió una remuneración mensual de $3.502.734. Acudió a la prueba testimonial de la que extrajo las funciones que desempeñó el actor, bajo la supervisión de una funcionaria de la entidad, labores similares a las del personal de planta, el horario de trabajo, los permisos, llamados de atención, el cumplimiento de un mínimo de procesos, el desempeño de labores en las instalaciones de la demandada con los equipos suministrados por ésta, etc., a los cuales otorgó mérito probatorio por ser compañeros de trabajo, haber desempeñado labores similares y en iguales condiciones a través de cooperativas de trabajo y contratos de servicios, por lo que en tal sentido consideró ajustada la decisión de primera instancia.
Con relación a la prima de vacaciones, luego de remitirse a la norma que la contempla, dijo que no está prevista para esta clase de servidores por lo que revocó la condena impuesta en primera instancia. Respecto a la prima de navidad, conforme a la norma legal que la dispone y, en virtud del grado de consulta, confirmó el valor establecido por el a quo. Igual decisión profirió en torno a las vacaciones y demás acreencias toda vez que la liquidación que hizo la sala arrojaba sumas superiores a las que determinó el juez de primer grado. De los intereses a la cesantía señaló que éstos están a cargo del FNA por lo que absolvió por tal concepto.
Frente a los aportes a pensiones y salud expuso que fueron sufragados por el actor, por lo que ordenó el pago del porcentaje a cargo de la demandada como lo estableció el a quo, cuyos valores determinó en una suma concreta. Respecto a la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, aseveró que no son procedentes porque la norma cobija a los trabajadores del sector privado y no a los oficiales, de suerte que confirmó en ese aspecto la sentencia.
En lo relativo a la indemnización del artículo 1 del Decreto 797 de 1949, no encontró que la conducta de la accionada pudiera ser calificada como de buena fe, lo que conllevó a confirmar la condena impuesta que contabilizó entre el vencimiento del plazo de 90 días con que cuentan las entidades públicas para el pago de las acreencias laborales hasta el 27 de enero de 2017, fecha en la que se extinguió la entidad obligada directa según el acta de liquidación, sin que ésta pueda adjudicarse al patrimonio autónomo demandado.
Frente a la condena de indemnización por despido consideró que no se demostró el motivo de la terminación por lo que la revocó. En lo referente a la indexación estimó que ésta solo procedía con respecto a la compensación en dinero de las vacaciones, motivo por el cual modificó la decisión de primer grado en ese aspecto. Y, finalmente, con relación a la prescripción dijo que ninguna de las acreencias objeto de la condena se afecta con dicho fenómeno deletéreo dado que la demanda fue presentada antes del vencimiento del término trienal.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia «proceda a la absolución total o parcial de las pretensiones y condenar en costas al demandante».
Pide igualmente:
Se revoque la declaración de la calidad de trabajador oficial de el (sic) demadnanteya (sic) que de acuerdo con las labores prestadas y la forma de contratación era un contratista de la entidad.
Se revoque el aceptar la pretensión de un contrato de prestación de servicio se convierta en contrato de trabajo de un trabajador oficial, desconociendo la facultad de las partes de suscribirlo y la aceptación de esta relación por parte del señor Maya durante todo el tiempo de su vinculación bajo esa modalidad.
Se revoque la decisión de condena al(sic) cesantías, primas de servicio, vacaciones al demandante como las de un trabajador oficial.
Que se revoque la condena al pago de indemnización moratoria impuesta a la(sic) mi representada por no haber pagado liquidación de prestaciones a la terminación del contrato de prestación de servicios que los unía.
Que se modifique el valor de la indemnización moratoria ya que la misma fue calculada indebidamente de acuerdo con los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la forma de hacerlo.
Se revoque la condena en costas en contra de mi representada.
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica y se estudiarán conjuntamente por cuanto pese a que se dirigen por vías diferentes, acusan idéntico elenco normativo, su desarrollo también es igual y pretenden lo mismo.
VI. PRIMER CARGO
Acusa la sentencia por la vía indirecta «por inaplicación de los 23 y 32 numeral 3 de la ley 80 de 1993 de los artículos 6, 83, 121, 122 y 123 de la Carta Fundamental, del artículo 66 del C.C., del artículo 66 del decreto 01 de 1984, hoy 88 CPACC, y 177 del CPC (hoy 167 del CGP) lo que llevo a la aplicación indebida de los artículos 1 de la ley 6 de 1945, artículo 1,2, 20 y 41 del decreto 2127 de 1945, del artículo 1 del decreto 797 de 1949 y la falta de aplicación de los artículos 27, 1502, 1602, 1603 y 1609 del C.C. y por aplicación indebida del artículo 40 del decreto 2127 de 1945».
Lo anterior como consecuencia de los siguientes errores de hecho:
No dar por demostrado, estándolo, que la relación que existió entre Caprecom liquidado con el señor Maya fue a través de contratos de prestación de servicios suscritos a la luz de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
No dar por demostrado, estándolo, que, para ambas partes, durante toda la relación del contrato de prestación de servicios que sostuvieron, existió la convicción que este era la forma de contratación y no otra, artículos 1502, 1602, 1603 y 1609 del C.C.
No dar por demostrado, estándolo, que Caprecom liquidado, al contratar a el señor Maya siempre actuó de conformidad con las normas legales de contratación cumpliendo con todos los trámites establecidos para la suscripción de un contrato de prestación de servicios con la demandante, artículos 123 y 32 de la ley 80 de 1993.
No dar por demostrado, estándolo, que el demandante conocía su calidad de contratista y en ningún momento de la relación reclamó por ello, máxime por su calidad de profesional del derecho y las labores que realizaba, artículos 1502, 1602, 1603 y 1609 del C.C.
Dar por demostrado, sin estarlo, que la relación que existía entre las partes fue la de un contrato de trabajo.
Dar por demostrado, sin estarlo, que mi representada a la terminación de la relación no le pagó las prestaciones al demandante, las cuales no le correspondían.
Dar por demostrado, sin estarlo, que mi representada actuó de mala fe al no haber el liquidado prestaciones a la terminación del contrato suscrito entre las partes pues se consideraba que el mismo no era de trabajo.
Dar por demostrado, sin estarlo que el demandante actuó de buena fe, pues conociendo las posibles implicaciones de la contratación realizada y su profesión de abogado, nunca informo de sus inquietudes a la demandada.
Los errores de hecho que se le atribuye a la sentencia tuvieron origen en:
Pruebas no apreciadas:
Los contratos y ordenes de prestación de servicios firmados entre el señor Maya y el liquidado Caprecom con sus anexos, justificación de la contratación, calificación de las calidades de la demandante, actas de inicio y terminación, actas de cumplimento que obran a folios 48 a 62
Reclamación administrativa del demadnantedel(sic) 18 de febrero de 2015
Pruebas indebidamente apreciadas que se encuentran en el expediente:
Demanda presentada (folios 168 a 182)
Contestación de la demanda (folios 231 a 243)
Informes de supervisión de los contratos 67 a 117
Cuentas de cobro presentadas por el demadnante118(sic) a 127
Pagos a la seguridad social 127 a 149
Como demostración del cargo aduce que el Tribunal no tuvo en cuenta lo pactado en los contratos y órdenes de prestación de servicios en los que expresamente se excluyó la vinculación laboral y, por tanto, el derecho al pago de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, como consta en la cláusula 10; asimismo, que en el numeral 11 se pactó la vigilancia, control o supervisión por la jefe de División de Procesos Judiciales, lo que entiende como una prueba de que no existía subordinación sino la legítima supervisión de las labores contratadas.
Considera que dada la calidad de profesional del derecho del demandante, quien firmó los mencionados documentos con conocimiento de las implicaciones que ello conlleva, no se puede pretender un actuar indebido de la demandada; con mayor razón si se tiene en cuenta que el citado se obligó libre y voluntariamente conforme a lo previsto en el artículo 1502 del CC, el contrato es ley para las partes por disposición del canon 1602 ibidem y dado que se desarrolló de buena fe no hay lugar a condena por mora. Refiere que lo anterior es expresión del acto propio, por lo que no puede ninguna de las partes pretender desconocer ahora su voluntad, sin que durante su vigencia se hubiera expresado reclamo alguno sobre la modalidad de contratación que los vinculó durante 10 meses, en los cuales se presentaron ofertas de servicios, pólizas de cumplimiento, se incorporó la certificación de que la entidad no contaba con personal suficiente para cubrir tales labores, el pago al sistema de seguridad social, la presentación de cuentas de cobro, informe mensual de actividades, el recibo del pago de los honorarios, todo lo cual demuestra el convencimiento de la validez de lo pactado en el contrato de prestación de servicios.
Agrega que el colegiado apreció indebidamente las pruebas señaladas pues a partir de menciones al cumplimiento de un horario y la prestación del servicio en las instalaciones de la demandada, consideró suficiente prueba de la relación laboral con el argumento que la demandada debía demostrar la no existencia de subordinación, la cual entiende desvirtuada con los documentos incorporados como prueba, por lo que estima que se incurrió en una indebida aplicación de los artículos 1, 2 y 20 del decreto 2127 de 1945, que definen los elementos del contrato de trabajo y al concluir que los contratos de prestación de servicios se convierten casi de manera automática en contratos de trabajo, se desconoce la facultad de la entidad de contratar por este mecanismo previsto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que la Corte Constitucional declaró exequible mediante la sentencia CC C-154-1997.
Asimila los contratos de prestación de servicios a actos administrativos para sostener que gozan de presunción de legalidad en los términos del artículo 66 del Decreto 01 de 1984. También cuestiona la decisión por desconocer el artículo 122 de la Constitución Política en cuanto a que no puede haber empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y que estén contemplados en la planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.
VII. SEGUNDO CARGO
Se acusa la sentencia por la vía directa, «por inaplicación de los 23 y 32 numeral 3 de la ley 80 de 1993 de los artículos 6, 83, 121, 122 y 123 de la Carta Fundamental, del artículo 66 del C.C., del artículo 66 del decreto 01 de 1984, hoy 88 CPACC, y 177 del CPC (hoy 167 del CGP) lo que llevo a la aplicación indebida de los artículos 1 de la ley 6 de 1945, artículo 1,2, 20 y 41 del decreto 2127 de 1945, del artículo 1 del decreto 797 de 1949 y la falta de aplicación de los artículos 27, 1502, 1602, 1603 y 1609 del C.C. y por aplicación indebida del artículo 40 del decreto 2127 de 1945».
El desarrollo del cargo es idéntico al anterior, por lo que, por economía procesal, se abstiene la sala de reproducirlo.
VIII. RÉPLICA
Estima que el escrito adolece de defectos técnicos por cuanto el alcance de la impugnación es ambiguo, pues se pretende indistintamente casar total y parcialmente, lo que contradice la lógica del recurso. Con relación a los cargos señala que se acusa la falta de apreciación y la indebida apreciación de las mismas pruebas, lo que atribuye a un desacierto del censor. En todo caso, cosnidera que debió atacarse también la apreciación de la prueba testimonial que fue la base de la decisión del Tribunal en cuanto a la existencia de subordinación, por lo que, al no rebatir la totalidad de las pruebas, se debe mantener incólume la sentencia. Finalmente, recuerda que el recurso de casación no es una tercera instancia ante la que se puedan presentar alegatos, sino que debe contener razonamientos dirigidos contra la sentencia que demuestren el desacierto y que esta sea garrafal y se imponga sin necesidad de conjeturas o suposiciones.
IX. CONSIDERACIONES
Si bien es cierto el recurso no es un modelo, pues tal como lo señala el recurrente el alcance de la impugnación resulta confuso y contradictorio, y que los cargos plantean cuestiones fácticas y jurídicas indistintamente, es viable superar tal falencia a partir del desarrollo de los mismos, se recuerda, uno por la vía directa y otro por la indirecta, de los que se deriva el interés de la accionada de que se le absuelva de todas las pretensiones de la demanda en el entendido que el cuestionamiento se dirige a controvertir la conclusión del fallador al estimar que entre las partes existió una verdadera relación laboral regida por un contrato de trabajo en aplicación del principio de la primacía de la realidad, por lo que se procede el estudio correspondiente.
El Tribunal fundamentó su decisión en que en el caso concreto se demostró la prestación personal del servicio para realizar labores de sustanciación entre el 28 de mayo de 2012 y el 31 de marzo de 2013 mediante el pago de una contraprestación económica o remuneración. De la prueba testimonial extrajo las funciones del actor, la supervisión de sus actividades por una funcionaria de la entidad, la similitud de las funciones con el personal de planta, el cumplimiento de un horario de trabajo, de las metas impuestas, los llamados de atención y que la labor se desempeñó en las instalaciones de la demandada con equipos suministrados por ésta, con base en lo cual consideró ajustada la decisión de primer grado en ese sentido y procedió al estudio de las condenas solicitadas.
La censura radica su inconformidad en que celebró contratos de prestación de servicios con el demandante conforme a los lineamientos previstos en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que éste suscribió de manera libre y voluntaria por lo que no puede ahora desconocer las condiciones pactadas pues ello va en contra del acto propio y desconoce la celebración de los contratos de buena fe; de manera que, no hay lugar a imponer condena alguna por concepto de acreencias laborales ni la indemnización moratoria.
Dado el esquema del recurso extraordinario, la Corte abordará su estudio teniendo como báculo los siguientes puntos: 1º) presunción del contrato de trabajo; 2º) teoría de los actos propios-«venire contra factum proprium non valet»- y su desarrollo jurisprudencial- requisitos o condiciones- verificación de los requisitos o condiciones del acto propio en el asunto bajo escrutinio y 3°) sanción moratoria.
Debe advertirse que, con el fin de dar respuesta a los diferentes planteamientos propuestos por la recurrente, la Sala acudirá a lo resuelto en la sentencia CSJ SL4537-2019, reiterada, entre otras, en la CSJ SL825-2020, que, aunque se ocuparon de procesos seguidos en contra del otrora Instituto de Seguros Sociales, resultan pertinentes al caso por cuanto se debaten las mismas cuestiones jurídicas en el marco de los contratos de prestación de servicios previstos en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
1º) Sobre la presunción del contrato de trabajo
Esta Corporación, en providencia CSJ SL, del 1º de jul. de 2009, rad. 30.437, recordó que desde sus orígenes, tiene adoctrinado que, como cabal desarrollo del carácter tuitivo de las normas sobre trabajo humano, para darle seguridad a las relaciones laborales y garantizar la plena protección de los derechos laborales del trabajador, el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945 consagra una importante ventaja probatoria para quien invoque su condición de trabajador, consistente en que, con la simple demostración de la prestación del servicio a una persona natural o jurídica se presume, iuris tantum, el contrato de trabajo sin que sea necesario probar la subordinación o dependencia laboral.
De tal suerte que, en consecuencia, es carga del empleador o de quien se alegue esa calidad, demoler dicha subordinación o dependencia.
Importa por ello citar, como ejemplo de lo que ha sido la abundante jurisprudencia de la Sala sobre el tema, lo que se expuso en la providencia de la extinta Sección Primera del 25 de marzo de 1977 (Gaceta Judicial No 2396, páginas 559 a 565), en los siguientes términos:
Se ve claro, por lo anterior, que el sentenciador entendió de manera correcta el aludido precepto legal, pues fijó su alcance en el sentido de que el hecho indicador o básico de la presunción lo constituye la prestación de un servicio personal, y que el indicado o presumido es el contrato de trabajo. O sea que, si el demandante logra demostrar que prestó un servicio personal en provecho o beneficio de otra persona o entidad, debe entenderse que esa actividad se ejecutó en virtud de un vínculo de la expresada naturaleza. Pero advirtió también que la cuestionada regla tiene el carácter de presunción legal y que, por lo tanto, admite prueba en contrario y puede ser desvirtuada o destruida por el presunto patrono mediante la demostración de que el trabajo se realizó en forma independiente y no subordinada, bajo un nexo distinto del laboral. Dejó sentado, pues, -como lo tienen admitido la doctrina y la jurisprudencia- que la carga de la prueba del hecho que destruya la presunción corresponde a la parte beneficiaria de los servicios.
Como surge de la sentencia arriba transcrita, la presunción que consagra el mencionado precepto se puede desvirtuar, por manera que si la plataforma probatoria, obrante en el proceso, demuestra que la relación que hubo entre los contendientes fue independiente o autónoma así habrá de declararse.
Allí también recordó la Corte que tanto la doctrina como la jurisprudencia, han enseñado que la consecuencia que producen las presunciones legales, como la aquí debatida, es la de eliminar el hecho presumido de los presupuestos de hecho para que se produzcan los efectos jurídicos perseguidos por quien invoca a su favor la presunción, lo que, desde luego, impone a la otra parte la carga de probar el hecho contrario, o la inexistencia del hecho indicador, que da pie a la presunción. Por lo tanto, no tiene sentido que a quien la ley lo ha dispensado de la prueba de ese hecho, se le exija por parte del juez que lo acredite.
En este orden de ideas, aflora patente que el fallador no incurrió en el dislate jurídico que le enrostra el recurrente, pues una vez encontró acreditada la prestación personal del servicio del actor activó la presunción explicada que, en puridad de verdad, el llamado a juicio no logró desvirtuar. Y como de antaño lo tiene ilustrado esta Corporación la sola presencia de los contratos de prestación de servicios no es suficiente para derruirla, como también lo pretende el impugnante.
En lo atinente al argumento según el cual si el contrato duró un poco menos de diez meses sin elevar reclamación alguna, solo basta rememorar lo asentado por esta Corte en la sentencia CSJ SL 9156-2015, en cuanto a que no afecta el amparo de la mencionada presunción consagrada en los artículos 24 del Código Sustantivo del Trabajo y 20 del Decreto 2127 de 1945, ni la aplicación del principio constitucional de la primacía de la realidad, la circunstancia de que el accionante no hubiese reclamado sus derechos laborales estando vigente la relación, como quisiera la censura que sucediera, «dado que la ley no impone esa condición para hacer efectiva la protección al trabajo. Del silencio del trabajador oculto no se puede derivar su aceptación de un contrato de prestación de servicios ni la renuncia a uno laboral, pues, justamente, en vista de que él es la parte débil de la relación se le ha de brindar la protección requerida para hacer efectivo el derecho al trabajo, y esto se logra permitiéndole que, en el momento en que lo considere a bien, reclame sus derechos como trabajador, con la única limitante de los efectos de la prescripción de la acción establecida para efectos de brindar la seguridad jurídica propia de un Estado social de derecho».
2°) La teoría de los actos propios - «venire contra factum proprium non valet»- y su desarrollo jurisprudencial
El artículo 83 de la Constitución Política estatuye que «Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
Por su parte, el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo consagra que «El contrato de trabajo, como todos los contratos, debe ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obliga no sólo a lo que en él se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella».
En el horizonte trazado por la Carta superior y la ley la buena fe debe presidir la ejecución del contrato del contrato de trabajo, pues, a no dudarlo, es un principio cardinal que gobierna la relación laboral, en aras de que se lleve a cabo de manera respetuosa y armónica.
Es pertinente memorar que esta Corte en providencia CSJ SL, del 23 de oct. 2007, rad. 28169, sostuvo que la buena fe-lealtad es una noción de contenido ético específico que ha de ser tanto subjetivo como objetivo. Supone una posición de honestidad y honradez en el comercio jurídico en cuanto lleva implícita la plena conciencia de no engañar, perjudicar ni dañar. Más aún, implica la convicción de que las transacciones se cumplen normalmente, sin trampas, ni abusos. La Corporación destacó que se trata de una actitud personal ante los demás, consciente, responsable y recta. Agregó que ha de medírsela también utilizando parámetros más o menos objetivos. En la existencia o no de la buena fe los puntos subjetivos no son los que deciden la valoración de la conducta; sino la conciencia axiológica de la comunidad cuya objetividad se afirma en un tipo o modelo de obrar que opera como el meridiano de toda conducta: la del hombre medio o, si se prefiere la terminología tradicional, el buen padre de familia.
En el asunto bajo examen la sala sentenciadora no desconoció este basilar principio, sino que, partiendo de él, estimó que la llamada a juicio, no acreditó razones atendibles de su proceder al desconocer una relación de estirpe laboral.
Ahora, tanto la doctrina y jurisprudencia nacional y foránea, con estribo en el mencionado principio de la buena fe, de vieja data vienen desarrollando la teoría del acto propio, según la cual, en estrictez, no es permitido que una persona vaya en contra de sus propios actos o los contradiga y se valga de ellos para alterar la confianza que los mismos generaron o irradiaron en el entorno, exhibiéndose una cristalina incoherencia en su proceder, es decir, que «nadie puede ir válidamente contra sus propios actos».
Llegados a este punto del sendero bien vale la pena revisar algunas decisiones de las altas Cortes que han estudiado el acto propio.
• Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
En sentencia CSJ SL6633-2017, enseñó:
[…] el respeto al acto propio, emana del postulado de la buena fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política, conforme el cual –en el marco de un juicio- las partes tienen la obligación de preservar un comportamiento consecuente, coherente y no contradictorio; lo que implica que si en un caso concreto, un sujeto fija una posición frente a un determinado punto, no es posible que de forma intempestiva y sin justificación alguna, lo modifique, en afrenta a su acto propio (CSJ SL-17447-2014).
De otra parte, en fallo CSJ SL15966-2016, asentó:
[…] conforme el principio de confianza legítima, que junto con el de respeto al acto propio, emanan del postulado de la buena fe -artículo 83 de la Constitución Política-, las autoridades tienen la obligación de preservar un comportamiento consecuente, coherente y no contradictorio; lo que implica que si en un caso concreto, un sujeto fija una posición frente a un determinado asunto, que establece en cabeza de otro una expectativa en el sentido de que frente a actuaciones posteriores se respetará la palabra dada, no es posible que de forma intempestiva y sin justificación alguna, se cambie, en afrenta a su acto propio (CSJ SL-17447-2014).
Lo anterior, tiene sentido en la medida que la confianza es una circunstancia elemental para que una colectividad subsista de forma pacífica; además de comportar una conducta que, recíprocamente, deben asumir quienes pertenezcan a aquella. Así pues, esa condición tiene cabida en todos los ámbitos de una sociedad, especialmente en el laboral, donde las partes mantendrán sus buenas relaciones, basados en un ambiente estable, confiable y previsible.
Y es por esa circunstancia que los actos propios, que en últimas redundan en la confianza legítima del otro, deben ser protegidos por las autoridades, claro está, en la medida que ellos no respalden la continuidad de un acto jurídico ilegal.
Mediante providencia CSJ SL16887-2016, expuso:
Por ello mismo, para la Corte no resulta plausible que las partes desconozcan los acuerdos, reglas y demás bases de la negociación colectiva sobre los cuales han actuado de buena fe, de manera que pretendan restarles validez a sus propias normas de procedimiento, durante un trámite judicial posterior. Por el contrario, la naturaleza de la negociación colectiva y el respeto de la buena fe y la confianza legítima suponen que, dentro del conflicto colectivo y con posterioridad al mismo, se honren y respeten los compromisos y demás reglas construidas por las mismas partes, de manera que no son admisibles las conductas desleales con los actos propios.
[…]
En el caso concreto, no resulta aceptable para la Sala que la sociedad demandante alegue la inexistencia del conflicto colectivo, si durante el trámite del mismo admitió expresamente su existencia y su validez, de manera voluntaria, clara e inequívoca, sin condicionamiento alguno, al punto que negoció con el sindicato y, entre los dos, agotaron la etapa de arreglo directo y cumplieron los demás términos legales. Una conducta de tales contornos es contraria al principio de los actos propios, a la buena fe y la confianza legítima de la contraparte, de manera que no puede ser admitida por la Corte.
Con lo anterior la Sala quiere advertir que, en virtud de los principios de buena fe y de respeto por los actos propios, no es posible aducir la inexistencia de un conflicto colectivo en el trámite de calificación de la huelga, si en la etapa de concertación anterior la parte interesada abandona las presuntas irregularidades del trámite y mantiene su voluntad inequívoca de reconocimiento del conflicto y el interés por encontrarle una solución. Siendo ello así, el juez está en la obligación de respetar esa regla autónoma de las partes de reconocimiento del conflicto.
Y en decisión CSJ SL870-2018, destacó:
con apoyo en los principios de la buena fe y de la confianza legítima, la doctrina y la jurisprudencia tanto foráneas como patria, han desarrollado la “teoría de los actos propios”, conforme la cual, en líneas generales, no es dable a nadie contradecir, sin justificación atendible, sus propias actuaciones anteriores, cuando ese cambio de conducta afecta las expectativas válidamente adquiridas por otro u otros con base en el comportamiento pretérito del que lo realiza.
Sala de Casación Civil
En sentencia CSJ SC, del 24 de ene. 2011, rad. 11001 3103 025 2001 00457 01, sostuvo:
[…] referir a la doctrina de los actos propios, es reclamar la exigencia de un comportamiento coherente; de ahí que, la concreción de una u otra conducta, según su extensión y efectos, vista en retrospectiva, permite precisar si lo cumplido estaba en la misma línea de lo que, otrora, se ejecutó. Realizado este ejercicio, si lo acaecido no correspondió a lo que en el pasado inmediato tuvo lugar; si no hay puentes comunicantes entre una y otra conducta que le mantengan en su esencia, significa que el acto propio no fue respetado y, contrariamente, el proceder desplegado contradijo su inmediato antecedente, esto es, vulneró el principio analizado.
[…]
[…] la teoría de los actos propios o “venire contra factum proprium non valet”, que en definitiva conclusión, puede anunciarse que es la coherencia exigida en el comportamiento de las personas, de tal forma que lo realizado en el pasado, que ha servido, a su vez, como determinante o referente del proceder de otras o que ha alimentado, objetivamente, ciertas expectativas, no pueden ser contrariadas de manera sorpresiva, caprichosa o arbitraria, si con ello trasciende la esfera personal y genera perjuicio a los demás.
[…]
Empero, cumple resaltar que el objetivo último, no es, en verdad, salvar la contradicción del acto o impedir la incoherencia de un determinado comportamiento; el fin, esencial, por lo demás, es evitar que, con ese cambio de actitud, con esa rectificación se genere un perjuicio a quien despertó alguna expectativa válida por la conducta desplegada anteriormente, es, en otras palabras, dejar incólume la confianza fundada en ese antecedente.
En fallo CSJ SC0326-2014, explicó:
Respecto de la buena fe, principio general del derecho, hoy de rango constitucional (art. 83, C.P.), se debe destacar, entre sus distintas facetas y modalidades, la regla de conducta que exige de las personas un comportamiento ajustado a estándares o parámetros de corrección, lealtad o probidad en todas sus actuaciones, particularmente, en aquellas con significación jurídica.
Vista de esa forma, la buena fe conduce, aparejadamente, a que en cada sujeto surja válidamente la expectativa legítima de que los demás, cuando se establecen relaciones interpersonales con relevancia para el derecho, van a proceder en forma coherente con sus conductas o comportamientos precedentes, generándose así un clima de confianza y seguridad que, en buena medida, se erige en uno de los pilares fundamentales de la vida en sociedad, toda vez que sirve a la convivencia pacífica y a la vigencia de un orden justo, que, como lo consagra el artículo 2º de la Constitución Política, son fines esenciales del Estado social de derecho.
Con razón la Corte, en reciente pronunciamiento, expresó que “actuar de buena fe impone la observancia irrestricta de unas reglas de proceder conforme a la rectitud, honestidad, probidad” y que, por el contrario, “asumir prácticas distintas a lo éticamente establecido en un momento y lugar determinado por cada grupo social, es desconocer tal principio” (Cas. Civ., sentencia de 24 de enero de 2011, expediente No. 11001-3103-025-2001-00457-01).
Sobre el acto propio, también existe una sólida jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, de la que destacamos:
Consejo de Estado
La Sección Tercera, en fallo CE del 10 de mar. 2011, rad. 52001-23-31-000-1996-07742-01(15666), dijo:
En este caso resulta entonces predicable la doctrina de los actos propios al interior de los negocios jurídicos, la cual constituye una manifestación del principio de la buena fe que debe regir las relaciones y es una regla que considera inadmisible el venire contra factum propium, es decir que rechaza aquellas actuaciones que contravienen o contradicen una manifestación de voluntad expresada anteriormente por una persona y que implican la asunción de una posición contradictoria en relación con esa anterior declaración, lo cual halla su razón de ser en la “[…] protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos”, teoría que pretende, en últimas, “[…] proteger la confianza de quien ha creído en la estabilidad de las situaciones jurídicas surgidas al amparo del acto realizado por quien luego pretende desconocerlo” y respecto de la cual, la Sección ha tenido oportunidad de pronunciarse, manifestando que “[…] nadie puede venir válidamente contra sus propios actos, regla cimentada en el aforismo “adversus factum suum quis venire non potest”, que se concreta sencillamente en que no es lícito hacer valer un derecho en contradicción con una conducta anterior, o sea,“venire contra factum proprium non valet”. Es decir, va contra los propios actos quien ejercita un derecho en forma objetivamente incompatible con su conducta precedente, lo que significa que la pretensión que se funda en tal proceder contradictorio, es inadmisible y no puede en juicio prosperar.
• Corte Constitucional
En providencia CC T-295 del 4 de may. 1999, indicó:
6. El respeto al acto propio
Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es el del respeto al acto propio, en virtud del cual, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe (art. 83 C.N). Principio constitucional, que sanciona entonces, como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto.
La teoría del respeto del acto propio, tiene origen en el brocardo “Venire contra pactum proprium nellí conceditur” y, su fundamento radica en la confianza despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada. Esta buena fe quedaría vulnerada, si fuese admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria.
El tratadista y Magistrado del Tribunal Constitucional Español Luis Díaz Picazo enseña que la prohibición no impone la obligación de no hacer sino, más bien, impone un deber de no poder hacer; por ello es que se dice “no se puede ir contra los actos propios”.
Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de una anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho.
Requisitos o condiciones del acto propio según la jurisprudencia
Sentencia CSJ SC, del 24 de ene. 2011, rad. 11001 3103 025 2001 00457 01:
[…] oportuno resulta asentar que si bien jurisprudencia y la doctrina no son concordantes en cuanto a los requisitos establecidos para considerar si, en estrictez, procede la teoría de los actos propios, la mayoría converge en señalar los siguientes como tales:
una conducta relevante que genere en la otra persona un grado de confianza legítima sobre la realización o concreción, en el futuro, de unas consecuencias en particular;
que, con posterioridad, emerja otra conducta (quizás una pretensión) que contradiga con evidente y objetiva incoherencia, los antecedentes plantados;
que la nueva situación presentada tenga trascendencia en lo jurídico y la virtualidad para afectar lo existente; y,
que haya identidad entre quienes resultaron involucrados en uno y otro episodio” (se subraya).
b) Sentencia CC T-295 del 4 de may. 1999:
El respeto del acto propio requiere entonces de tres condiciones para que pueda ser aplicado:
a. Una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz
Se debe entender como conducta, el acto o la serie de actos que revelan una determinada actitud de una persona, respecto de unos intereses vitales. Primera o anterior conducta que debe ser jurídicamente relevante, por lo tanto, debe ser ejecutada dentro una relación jurídica; es decir, que repercuten en ella, suscite la confianza de un tercero o que revele una actitud, debiendo excluirse las conductas que no incidan o sean ajenas a dicha relación jurídica.
La conducta vinculante o primera conducta, debe ser jurídicamente eficaz; es el comportamiento tenido dentro de una situación jurídica que afecta a una esfera de intereses y en donde el sujeto emisor de la conducta, como el que la percibe son los mismos. Pero además, hay una conducta posterior, temporalmente hablando, por lo tanto, el sujeto emite dos conductas: una primera o anterior y otra posterior, que es la contradictoria con aquella.
b. El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona o centros de interés que crea la situación litigiosa, debido a la contradicción –atentatorio de la buena fe- existente entre ambas conductas.
La expresión pretensión contradictoria encierra distintos matices: por un lado, es la emisión de una nueva conducta o un nuevo acto, por otro lado, esta conducta importa ejercer una pretensión que en otro contexto es lícita, pero resulta inadmisible por ser contradictoria con la primera. Pretensión, que es aquella conducta realizada con posterioridad a otra anterior y que está dirigida a tener de otro sujeto un comportamiento determinado. Lo fundamental de la primera conducta es la confianza que suscita en los demás, en tanto que lo esencial de la pretensión contradictoria, es el objeto perseguido.
c. La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en ambas conductas.
Es necesario entonces que las personas o centros de interés que intervienen en ambas conductas -como emisor o como receptor- sean los mismos. Esto es que tratándose de sujetos físicamente distintos, ha de imputarse a un mismo centro de interés el acto precedente y la pretensión ulterior.
Verificación de los requisitos o condiciones del acto propio en el asunto bajo escrutinio
• Conducta jurídicamente precedente, relevante y eficaz por parte del trabajador
Para proceder a verificar este requisito se impone memorar que las normas laborales son de orden público y, por ende, los derechos y prerrogativas que conceden son irrenunciables según el entendimiento del artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo y 11 del Decreto 2127 de 1945, ello como una palmaria expresión del principio tuitivo que ampara a los trabajadores.
En ese horizonte, tiene dicho esta Corte que no es la voluntad de las partes por sí misma quien determina si un contrato es o no de trabajo, sino tan solo el hecho de si la relación llena o no los requisitos impuestos por la ley para que se configure tal relación especialísima. De manera que, si se cumplen a cabalidad los mismos, existe contrato de trabajo, a despacho de cuanto piensen las partes al respecto.
No de otra manera se comprende que si las normas que regulan la contratación laboral son de orden público y obligan a los contratantes por encima de lo que ellos pacten, no se pueden desconocer los derechos previstos en la ley en favor del trabajador y solo son admisibles los pactos entre las partes que se ajusten a los postulados de la misma o mejoren las condiciones que ella contempla como mecanismo mínimo protector del empleado. Dicho en breve, los cánones de derecho del trabajo son de orden público y como tales prevalecen frente a pactos que se encuentran en oposición (sentencia CSJ SL, 28 may. 1998, rad. 10661).
Desde esa perspectiva, nótese que si bien esta Corporación ha sostenido que los acuerdos a los que lleguen los trabajadores y los empleadores en observancia de las garantías y derechos mínimos e irrenunciables de aquellos, son válidos y deben ser honrados, y ello implica no solo el cumplimiento de lo pactado (pacta sunt servanda), sino también su ejecución de buena fe (artículo 55 del CST en armonía con el 1603 del CC), es decir, su desarrollo conforme a la seriedad, colaboración y lealtad que debe regir en cualquier disciplina social y jurídica, como la laboral (SL5469-2014), es claro que ese respeto de lo acordado, se pregona, única y exclusivamente cuando se realicen conforme a la ley laboral, toda vez que no siempre las partes pueden decidir libremente, «el orden público laboral limita la voluntad de las partes».
Entonces, todo lo asentado se puede sintetizar en que la declaración de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación respecto de la cual se proclama su carácter laboral, entraña el desplazamiento de la voluntad de las partes por la de la ley, en todas las materias en las que no tienen libertad de consenso por tratarse de derechos mínimos e irrenunciables y, en tal medida, las cláusulas que se opongan directamente a la regulación laboral, serán ineficaces (CSJ SL5523-2016, CSJ SL986-2019).
Aquí dimana una imperativa conclusión: al declararse que la relación jurídica que unió a las partes en contienda fue de naturaleza laboral y no de prestación de servicios, cualquier pacto realizado por las mismas en sentido contrario, sin hesitación ninguna, no produce efecto alguno, aun, se insiste, así se haya efectuado con el avenimiento expreso del trabajador.
En este marco de cosas, refulge que no se satisface el primer requisito para la estructuración del acto propio, conducta jurídicamente precedente, relevante y eficaz por parte del trabajador, como lo pretende la recurrente. Y siendo todo ello así, se exhibe fútil estudiar los restantes supuestos, pues a falta de uno de ellos no es dable pregonar desconocimiento del acto propio.
Por último, y como quiera que la censora cuestiona la calidad de abogado del actor como manera de desvirtuar la presunción del contrato de trabajo, esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto.
Es así como en la providencia CSJ SL225-2020, haciendo referencia a las profesiones liberales en el caso de un contador, que cambiando lo que haya que cambiar resulta aplicable a los profesionales del derecho, la Sala explicó:
Las profesiones liberales, como la contaduría, son disciplinas reconocidas por el Estado, en ellas predomina el ejercicio del intelecto y para su ejercicio se requiere además de un título académico, una licencia o matrícula profesional. Se les califica como liberales porque en su desempeño media la autonomía técnica, organizativa y profesional. Sus rasgos distintivos son la autodeterminación en el desarrollo de las tareas, la responsabilidad personal atribuible a quienes las ejercen y el código ético profesional que guía su ejercicio.
Esto no quiere decir, como parecen entenderlo los recurrentes, que estén exentas de la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, en razón a que esta opera, sin excepción o distinción, en «toda relación de trabajo personal» regulada por dicho estatuto.
De hecho, en sentencia C – 665 de 1998 se definió la inexequibilidad del inciso 2.° del artículo 2.° de la Ley 50 de 1990, por el cual se modificó el artículo previamente referido que exceptuaba de la presunción a quienes presten servicios personales en ejercicio de una profesión liberal y a quienes lo hagan en desarrollo de un contrato civil o comercial. Sobre la presunción de contrato de trabajo, la Corte Constitucional precisó:
Como ya se advirtió, la Carta Política establece en cabeza de todos los trabajadores, sin discriminación alguna, una especial protección del Estado, y les garantiza el ejercicio pleno y efectivo de un trabajo en condiciones dignas y justas, así como un trato igual. Por lo tanto, cuando a un reducido sector de trabajadores que prestan sus servicios personales remunerados en forma habitual, en desarrollo de un contrato civil o comercial, y pretenden alegar la subordinación jurídica, al trasladársele la carga de la prueba de la subordinación, se produce ciertamente, dentro del criterio de la prevalencia de la realidad sobre la forma, una discriminación en relación con el resto de los trabajadores, colocando a aquellos, en una situación más desfavorable frente al empleador, no obstante que la Constitución exige para todos un trato igual (artículo 13 CP.).
Cabe advertir que conforme lo establece el artículo 53 de la Carta Fundamental, el principio de la prevalencia de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral, implica como lo ha sostenido esta Corporación, un reconocimiento a la desigualdad existente entre trabajadores y empleadores, así como a la necesidad de garantizar los derechos de aquellos, sin que puedan verse afectados o desmejorados en sus condiciones por las simples formalidades.
Y si la realidad demuestra que quien ejerce una profesión liberal o desarrolla un contrato aparentemente civil o comercial, lo hace bajo el sometimiento de una subordinación o dependencia con respecto a la persona natural o jurídica hacia la cual se presta el servicio, se configura la existencia de una evidente relación laboral, resultando por consiguiente inequitativo y discriminatorio que quien ante dicha situación ostente la calidad de trabajador, tenga que ser este quien deba demostrar la subordinación jurídica.
Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1 de la norma demandada) implica un traslado de la carga de la prueba al empresario.
El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la prestación de servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente. Será el juez, con fundamento en el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (art. 53 CP.), quien examine el conjunto de los hechos, por los diferentes medios probatorios, para verificar que ello es así y que, en consecuencia, queda desvirtuada la presunción.
Esto, desde luego, no significa que desaparezcan las posibilidades de contratos civiles o comerciales, o con profesionales liberales, desde luego, mientras no constituyan apenas una fórmula usada por quien en realidad es patrono y no contratante para burlar los derechos reconocidos en la Constitución y la ley a los trabajadores.
No sobra mencionar que la Sala ha aplicado la presunción de existencia de contrato de trabajo en profesiones liberales, sin distinción en cuanto al sector público o privado, la naturaleza de las funciones y sin exigir requisitos adicionales más que la demostración de la prestación personal del servicio.
Así por ejemplo, en sentencia CSJ SL4816-2015 aplicó la mencionada presunción en una relación laboral sostenida con un abogado; en la CSJ SL6621-2017 la evocó al estudiar una relación laboral con un médico especialista en medicina interna y cuidados intensivos; en la CSJ SL13020-2017 se empleó en el caso de un médico ginecobstetra; en la CSJ SL 41579, 23 oct. 2012, se declaró la relación subordinada con una odontopediatra y en la CSJ SL981-2019 se hizo lo propio frente a una administradora de empresas.
Resulta oportuno agregar que, en cuanto a la aplicación de la presunción del contrato de trabajo con un abogado, se puede consultar la sentencia CSJ SL2584-2019.
3º) Sanción moratoria
No es suficiente argüir la suscripción de contratos de prestación de servicios y ampararse en estar convencido de actuar dentro de los parámetros de la Ley 80 de 1993 para lograr la exoneración de la sanción moratoria como lo busca la pasiva. Sobre el tema particular en pronunciamiento emitido contra la misma demandada, en sentencia CSJ SL1920-2019, se rememoró la CSJ SL1012-2015, en la que se expuso:
Indemnización moratoria del art. 1º del D. 797/1949: Al quedar demostrada la prestación personal del servicio por la demandante al ente enjuiciado mediante contratos de trabajo revestidos de la forma de contratos de prestación de servicios personales, el último de los cuales finiquitó el 30 de junio de 2003, y que durante su desarrollo y a su terminación aquél se sustrajo de reconocer el carácter subordinado que le era propio desconociendo al paso los derechos salariales y prestacionales que comportaron, procede la súplica por el pago de la indemnización moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, habida consideración de no aparecer acreditados elementos de juicio suficientes para hacer atendible tal sustracción a las obligaciones contractuales laborales.
No son de recibo los argumentos en cuanto a la buena fe que pregona el ISS en la contestación de la demanda, para lo cual aduce haber actuado de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y, que la demandante ejerció sus funciones de manera autónoma e independiente, a sabiendas que permanentemente ejercía una continuada subordinación o dependencia laboral sobre la trabajadora.
La sola presencia de los mencionados contratos de prestación de servicios, sin que concurran otras razones atendibles que justifiquen la conducta de la demandada, para haberse sustraído del pago de las prestaciones adeudadas y no canceladas en tiempo, respecto de la trabajadora subordinada, no es suficiente para tener por demostrada la convicción de la entidad bajo los postulados de la buena fe.
De otra parte, la aquiescencia del actor para acudir a una forma de contratación distinta a la laboral cuando en realidad se trata de un verdadero contrato de trabajo, no exime al empleador de ser condenado al pago de la indemnización moratoria, si no se demuestra, como en este caso, que su actuar estuvo revestido de buena fe.
Esta Corte en sentencia CSJ SL1035-2016, dijo:
No puede olvidarse que el trabajador es la parte débil de la relación, y que en muchas ocasiones se ve compelido por la necesidad de obtener una fuente de ingresos para su subsistencia y la de su familia, a aceptar condiciones alejadas de las que en estricto rigor rigen en el mundo del trabajo, y el que haya prestado su consentimiento para suscribir contratos aparentes de prestación de servicios como aquí sucedió, no exime per se al empleador del pago de la indemnización moratoria, cuando se demostró que la entidad demandada procedió a suscribir varios de esos contratos de manera sucesiva para el ejercicio del cargo de Trabajadora Social en labores administrativas propias del giro ordinario de sus actividades, con abierto desconocimiento de las normas que regulan la contratación administrativa de servicios personales.
[…]
De ahí que, mirado en conjunto el caudal probatorio, lo que acontece en el sub examine, es que en la práctica el ISS abusó en la celebración y ejecución de contratos de prestación de servicios con supuestos mantos de legalidad, con el único propósito de negar la verdadera relación de trabajo subordinado como la del analizado servidor, a efecto de burlar la justicia y los condignos derechos sociales que debieron reconocerse a tiempo a favor del trabajador demandante, lo que es reprochable y reafirma la mala fe de la entidad empleadora.
Así las cosas, resulta diáfano, que no hay razón atendible y valedera para exonerar a la demandada del pago de la indemnización moratoria.
Ahora bien, en lo que respecta a la tasación de la sanción moratoria deben hacerse las siguientes precisiones: (i) se reconoce a partir del día 91 del fenecimiento de la relación laboral; y (ii) hasta la liquidación definitiva de la entidad pública (27 de enero de 2017), según acta de liquidación de esa fecha suscrita por el ministro de Salud de la época.
Puestas en esa dimensión las cosas, el juzgador no se equivocó al modificar en ese sentido la sentencia de primera instancia en cuanto dispuso que la sanción moratoria a partir del día 91 y hasta el 27 de enero de 2017, fecha de liquidación definitiva de la entidad demandada, por lo que carece de asidero el cargo.
Finalmente, en cuanto a la acusación fáctica, le asiste razón a la opositora en el sentido de que la decisión también se fundó en la prueba testimonial, sobre la cual ninguna acusación plantea la recurrente. Y si bien es cierto el citado medio de convicción no es hábil para estructurar errores de hecho en casación laboral, como se colige del artículo 7 de la Ley 16 de 1969, la Sala se permite reiterar que cuando ella sirva de soporte al fallo recurrido, como acontece en este caso, sí es imperativo acusarla como erróneamente apreciada, pues ello es lo que permite a la Corte que una vez demostrados los yerros fácticos con la que sí tiene esa connotación, entrar a estudiar tal elemento probatorio. No hacerlo implica que el fallo debe mantenerse inalterable, prevalido de la doble presunción de legalidad y acierto que la cobija (CSJ SL, 18 oct. 2001, rad. 16.351).
Las razones anotadas resultan suficientes para despachar los cargos de manera desfavorable.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $9.400.000,oo que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.
X. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el dieciocho (18) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ANDRÉS DAVID MAYA HOYOS contra CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM EICE hoy PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO administrado por FIDUPREVISORA S.A.
Costas como se dijo.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR