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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2081-2022

Fecha
27 de abril de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2081-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, del 4 de septiembre de 2019, en el proceso que MANUEL DARÍO MUÑOZ LINARES instauró en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del impugnante.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2081-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

27 de abril de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL2081-2022

Radicación n.° 89325

Acta 14

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022)

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MANUEL DARÍO MUÑOZ LINARES contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el 4 de septiembre de 2019, en el proceso que promovió en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

I. ANTECEDENTES

Manuel Darío Muñoz Linares, instauró proceso ordinario con el fin de que se condenara a la entidad accionada al reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común, a partir de la fecha de estructuración o de aquella que legalmente correspondiera, con el respectivo reajuste el 1 de enero de cada año; el pago de las mesadas pensionales desde su reconocimiento, debidamente indexadas; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: como trabajador dependiente se encontraba afiliado a la administradora pensional demandada, a Famisanar E.P.S. y, a Positiva, en riesgos laborales; según la relación de aportes de la A.F.P., Porvenir, expedida el 31 de julio de 2017, la Sociedad Construcciones HR L.T.D.A., realizó aportes a la seguridad social desde agosto de 2014; la certificación de Famisanar E.P.S., del 31 de julio de 2017 daba cuenta de las incapacidades de origen común desde el 18 de marzo de 2016 hasta el 27 de julio de 2017 y, se comprobaba que desde el 1° de octubre de 2016 fueron continuas hasta sobrepasar los 180 días; la entidad del sistema de salud el 1° de diciembre de 2016, le informó que debía ser remitido al fondo de pensiones para que fuera definido el proceso que se seguiría, asegurarle el reconocimiento de incapacidades y, eventualmente, una pensión de invalidez; el 19 de febrero de 2017, la entidad promotora de salud le emitió concepto desfavorable de rehabilitación y lo remitió a la administradora pensional, entidad que el 2 de marzo de 2017 consideró que era necesario iniciar el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral-P.C.L.; Seguros de Vida Alfa le determinó una P.C.L. de 62.21% estructurada el 9 de noviembre de 2016, la cual le fue informada en comunicación del 11 de abril de 2017; radicó la solicitud de pensión de invalidez a la A.F.P, el 7 de junio de 2017, sin respuesta a la fecha de la demanda; verbalmente le señalaron que no podía ser reconocida porque no había cotizado 50 semanas en los 3 años anteriores a la estructuración.

Adicionó que: el informe de la A.F.P., del 22 de febrero de 2018 se observaba que Construcciones HR L.T.D.A., empleador para el momento de presentación de la demanda, pagó aportes entre agosto de 2014 y marzo de 2017, no obstante, existían ciclos sobre los cuales no se registraban pagos, esto correspondía a deuda por parte del empleador; de dicho informe, y teniendo en cuenta la fecha de estructuración del estado invalidez -9 de noviembre de 2016- se observaba que dentro de los 3 años anteriores tenía 41 semanas efectivamente cotizadas, sin embargo, dentro de los 3 años anteriores había 72 semanas en mora por parte de la empresa enunciada, de manera que se cumplió sobradamente con el requisito de las 50 semanas de cotizaciones exigidas para el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común, pues en total eran aproximadamente 113 semanas; los fondos de pensiones no podían negar el reconocimiento desconociendo periodos sin pago de los empleadores ya que, no era dable trasladar al afiliado el perjuicio de su inactividad en las acciones de cobro.

Finalmente, informó que: (i) promovió acción de tutela en contra del empleador Construcciones HR L.T.D.A., Famisanar EPS y Porvenir S.A., la cual cursó en el Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá -primera instancia- y culminó con la providencia del 6 de octubre de 2017, donde se dispuso exhortar a la administradora accionada para que, de ser necesario, iniciara las acciones de cobro pertinentes por la mora presentada por su empleador; (ii) el Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, cuando resolvió la impugnación, modificó el fallo de primera instancia pero no en lo relacionado con el punto mencionado; (iii) desconocía si a la fecha de la demanda se había iniciado la respectiva acción; (iv) con posterioridad a la fecha de estructuración continuó realizando cotizaciones en pensiones y, por ello, procedía el reconocimiento de la pensión de invalidez.

La entidad accionada, al dar respuesta al escrito generatriz de la contienda, se opuso al éxito de las pretensiones, en cuanto a los hechos aceptó los relativos a su afiliación al fondo de pensiones, el concepto desfavorable de rehabilitación y lo correspondiente a la solicitud de pensión de invalidez que elevó el actor, frente a la cual señaló que dio respuesta negativa a la misma; de los restantes manifestó que no eran ciertos o no le constaban.

En su defensa formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, incumplimiento de los requisitos legales para acceder a la prestación económica, buena fe, la que denominó «innominada o genérica» y la de prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 3 de julio de 2019, condenó a Porvenir S.A., a efectuar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, a partir del 12 de abril de 2017, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente con sus correspondientes reajustes; el retroactivo pensional desde dicha calenda y hasta el momento de inclusión en nómina; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir de 7 de septiembre de 2017; absolvió en lo demás. Costas a la parte vencida.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada y, mediante la providencia del 4 de septiembre de 2019, revocó la decisión de primera instancia. En su lugar, absolvió al fondo demandado de las pretensiones incoadas en su contra. Sin costas en las instancias.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal fijó como problema jurídico «determinar si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez y, si procede el pago de intereses moratorios».

Soportado en todo el material probatorio y el marco normativo que regulaba la materia, definió que, dada la data de estructuración de la invalidez del accionante, el 9 noviembre de 2016, el artículo aplicable era el 69 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 del estatuto pensional.

No encontró reproche en que el actor contaba con una pérdida de capacidad laboral del 65.21% y que, la controversia gravitaba, para la entidad recurrente, en el cumplimiento de las 50 semanas en los 3 años anteriores a dicho momento, razón por la cual el actor no tenía derecho a la prestación; dicho interregno transcurrió del 9 de noviembre de 2013 y el mismo día y mes del 2016.

Del análisis conjunto de la documental a folios 117 a 143, evidenció que: no se encontraban cotizaciones para el año 2013; el empleador Construcciones HR L.T.D.A., reportó el ingreso de su trabajador 14 de julio de 2014 y el retiro el 1 de octubre de esa anualidad, para un total de 75 días equivalente a 10.75 semanas; posteriormente, generó un nuevo ingreso para el 28 de diciembre de 2014, con nuevo retiro para el 1 de febrero de 2015, esto es, 59 días, equivalentes a 8.24 semanas; seguidamente apreció que el ciclo de enero de 2016 tenía una novedad de E.P.P. excluido de pago de pensión, sin que se apreciara número de planilla, de lo que colegía que el mismo no fue cancelado; finalmente, encontró pagos con el mismo empleador de agosto a diciembre del año 2016 y de enero, febrero y junio de 2017, sin registro de novedad de ingreso, con lo que se configuró la denominada afiliación tácita; anotó que de ese periodo solo se podían computar 99 días, lo que era 14.14 semanas por cuanto las cotizaciones efectuadas después del 9 de noviembre de 2016, no podían tenerse en cuenta porque eran ulteriores a la fecha de estructuración de la invalidez; en esa medida no encontró acreditado el cumplimiento del requisito exigido por la ley puesto que acumuló tan solo 33.27 semanas.

En este punto dejó por sentado que, contrario a lo concluido por el juzgador de primer grado, no era posible tener por cierta la presunta mora patronal predicada de los ciclos de abril a diciembre de 2015, dada la existencia de una novedad de retiro por parte del empleador el día 1 de febrero de esa anualidad (folio 128) y del periodo de enero a julio de 2016. Señaló que, si en gracia de discusión, de haberse tenido como laborados por el actor, lo que procedía, al igual que en el primer supuesto, era el pago de cálculo actuarial como consecuencia de la omisión del empleador de afiliar al demandante al sistema de pensiones; entidad que no fue convocada al proceso para integrar el contradictorio.

Adicionó que, de la revisión de la sentencia de la tutela, se desprendió que, de tal documento no era posible tener certeza que el actor hubiera laborado para la constructora de manera ininterrumpida desde julio de 2014 hasta julio de 2017, para asignarle a éste algún incumplimiento frente a sus obligaciones patronales y recordó que, no se convocó al proceso, aun cuando debía hacerlo «por haber sido exhortado por el juez constitucional cuando le indicó que no existía prueba sumaria que indicará el tiempo laborado por el demandante a ese empleador» ni tampoco adjunto documento, certificación laboral, desprendible de nómina o contrato de trabajo que diera cuenta de las condiciones bajo las cuales prestó sus servicios.

También consideró que la convocada a juicio no estaba conminada a iniciar el cobro coactivo, por cuanto el empleador reportó la novedad de retiro del sistema de su trabajador, lo que de entrada permitía suponer que el vínculo laboral había terminado y al no haber mediado la afiliación o inscripción, no surgía la cotización, luego no era posible ejercer las acciones de cobro conforme dicta la norma para recuperar los aportes sin pago.

La sala sentenciadora estimó, frente a la certificación de Famisanar, que tampoco permitía dilucidar la controversia por cuanto las cotizaciones ahí registradas iniciaban en septiembre de 2014, además, que no se apreciaba que fueran ininterrumpidas y, conforme a la línea de esta Corporación, se ha enseñado que el solo pago de aportes a la seguridad social, no resultaba suficiente para configurar la existencia de un contrato laboral.

Concluyó, con soporte en la jurisprudencial de esta Sala, que: las pensiones de invalidez y sobrevivientes se encontraban dentro de un sistema de solidaridad, financiación y aseguramiento del riesgo que eran distintas a la pensión de vejez; si bien la afiliación tenía un carácter permanente, cuando se producía una desvinculación temporal del sistema, existía la obligación en el empleador de inscribir nuevamente a su trabajador y ante tal omisión tenía el deber de pagar cálculo actuarial por dichos tiempos, los que procedía tenerlos en cuenta como efectivamente cotizados para la pensión de vejez, no así para las pensiones de invalidez y muerte, puesto que, de estos debía mediar afiliación oportuna o, en subsidio, la convalidación de los tiempos servidos con antelación a que se concretara el riesgo y si esta no se daba, la obligación recaía en el empleador como único obligado, sin que fuera dado atribuible responsabilidad a las administradoras ya que, sin afiliación o inscripción no surgía la cotización y por ende no era posible ejercer las acciones de cobro contempladas en las normas en mora. Al no haber operado la subrogación de la contingencia no era posible endilgarle a la encartada la obligación de cubrir la prestación pretendida, pues no era plausible que la misma hubiera incurrido en una omisión legal que le atribuyera tal responsabilidad

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia acusada y, en sede de instancia, confirme totalmente la de primer grado.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica y se procede a resolver.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia de violar la ley sustancial por la vía indirecta, por aplicación indebida de normas:

DE CARÁCTER SUSTANCIAL:

En relación con la pensión de invalidez:

• Ley 100 de 1993 artículos 38, 39, 40, 41, 69, y 70

• Ley 860 de 2003 artículo 1

En relación con los intereses moratorios:

• Ley 100 de 1993 artículo 143

En relación con las acciones de cobro para el pago de aportes en mora pensionales: Ley 100 de 1993 artículo 24

En relación con el objeto y contenido de la PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES (PILA):

Decreto 1465 de 2005 artículos 1 a 3

Decreto 1931 de 2006 artículos 1 a 3

NORMAS PROCEDIMENTALES:

En relación con la libre formación del convencimiento: Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social artículo 61. En relación con la carga y necesidad de la prueba:

Código General del Proceso artículo 167.

Acuso como errores fácticos:

Dar por demostrado, sin estarlo, que dentro de los 3 años anteriores a la estructuración del estado de invalidez ocurrida el 9 de noviembre de 2016 no hubo aportes en mora y no dar por demostrado, estándola que en dicho periodo si hubo aportes en mora a cargo del empleador CONTRUCCIONES HR L TDA.

No dar por demostrado, estándola (Sic), que entre el 9 de noviembre de 2013 y el 9 de noviembre de 2016 las semanas cotizadas en pensiones, más las que se encontraban en mora, fueron superiores a cincuenta (50).

No dar por demostrado, estándola(sic), que la demandada estaba obligada por fallo de tutela a adelantar acciones de cobro de aportes en pensión contra el empleador CONTRUCCIONES HR LT.D.A.

Errores que se derivan de la errada apreciación de:

1. Certificación de la EPS FAMISANAR sobre pago de aportes en salud (folios 34 y 35).

2.Relación histórica de movimientos expedida por PORVENIR S.A. (folios 31 a 33, repetido a folios 117 a 119).

3. Consulta Historia laboral elaborada por PORVENIR S.A. (folios 122 A 128).

4. Cuadros informativos de planillas y empleadores (folios 129 a 134).

5. Fallo de tutela del Juzgado Octavo Laboral de Pequeñas Causas de Bogotá, parte resolutiva (folio 47).

Afirma que no está en discusión que fue calificado con una pérdida de capacidad laboral de 62.21% estructurada el 9 de noviembre de 2016, por lo que el punto central de discusión se centra en si dentro de los 3 años anteriores a la data de estructuración del estado de invalidez -9 de noviembre de 2016- hay semanas en mora que, sumadas a las efectivamente pagadas, superan las 50 requeridas.

La censura para desarrollar el cargo, considera errada la conclusión del juez colegiado relativa a que la información de los documentos obrantes a folios 117 a 134, demuestran que dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de la situación de invalidez, los espacios en que no aparecen pagados aportes, obedecen a que existió novedad de retiro, lo que se traduce en falta de afiliación y, por tanto, la administradora demandada no responde por la mora en esos lapsos, correspondiendo al empleador a través del pago del cálculo actuarial. En su entender:

[…] los documentos contenidos en los folios 117 a 134 merecen el siguiente análisis:

En la relación histórica de movimientos expedida por PORVENIR S.A. (folios 31 a 33, repetido a folios 117 a 119) se reconocen pagos así:

2014 ciclos 07, 08, 09, 10 y 12. El ciclo 11 no aparece pagado.

2015 ciclos 01 y 02. Los ciclos 03 a 12 no aparecen pagados.

2016 ciclos 08, 09, 10 y 11. Los ciclos 01 a 07 no aparecen pagados.

Con ese documento no puede afirmarse que los ciclos no pagados corresponden a anotaciones de retiro del sistema porque el pago de los aportes al sistema de seguridad social se hace a través de la PLANILLA INTEGRAL DE LIQUIDACION DE APORTES (PILA) y en ese documento es donde deben registrarse las novedades correspondientes, de manera que la certificación de la EPS FAMISANAR (folios 34 y 35), debe analizarse y en ella se registran pagos así:

2014 ciclos 09, 10 y 11. Los ciclos 07, 08 que no aparecen pagados en salud, si lo está en el documento de PORVENIR sobre pensiones. El ciclo 11 que está pagado en salud no lo está en pensiones. El ciclo 12 no está pagado en salud pero si en pensiones.

2015 están pagados todos los ciclos excepto el 02 y el 03.

2016 están pagados todos los ciclos.

Reitera que, conforme lo disponen los artículos 1°, 5° del Decreto 1465 de 2005 y los artículos 1° a 3° del Decreto 1931 del 2006, el retiro debe hacerlo el empleador a través de la planilla P.I.L.A.; por lo que la comparación necesaria entre los dos documentos no prueba que los aportes en pensiones no pagados dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez obedezcan a novedades de retiro; para dar fuerza al argumento destaca que de los ciclos del año 2015 la AFP Porvenir solo reconoce como pagados los 2 primeros, mientras que en la EPS «están el 01 y del 04 al 12»; mismo análisis que desarrolla para el año 2016 «donde del ciclo 01 al 09 fueron pagados en salud al paso que en pensiones solo lo fueron del 08 al 11».

En cuanto a los documentos aportados por la accionada – folios 122 a 131-, cuestiona su valor probatorio de un lado, para efectos de acreditar novedades de retiro y, de otro, porque es una copia del pantallazo que aparece en el sistema de la propia demandada y si esta quería acreditar novedades de retiro para justificar no realizar acciones de cobro contra Construcciones HR L.T.D.A., debió aportar la certificación del operador de la PILA «y no fabricarse su propia prueba».

Respecto a la consideración del colegiado que carecía de relevancia la acción de tutela del Juzgado Octavo Laboral de Pequeñas Causas de Bogotá, cuya parte resolutiva se observa en el folio 47, en la que exhortó al fondo para realizar acciones de cobro contra Construcciones HR L.T.D.A., porque no existía mora sino registros de novedad de retiro, indica que es contrario a la conclusión del juez de primer grado y el de tutela que entendieron que «por existir mora en el pago de los aportes a pensiones el Fondo demandado ha debido realizar acciones de cobro, lo cual es un imperativo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993».

Finalmente, afirma que si el Tribunal no hubiera cometido tales errores, habría concluido que hubo mora en el pago de aportes por parte del empleador y estos debían sumarse a los efectivamente cotizados para determinar el derecho pensional, por lo tanto, la sentencia debe ser casada.

VII. RÉPLICA

La opositora refiere que no le asiste razón al recurrente pues, la evaluación de las pruebas por el colegiado fue atinada y de ella no emerge un error con la fuerza que lleve a casar la sentencia; indica que la historia laboral -folios 122 a 125 -está expresada en términos de las diferentes situaciones que a lo largo del tiempo se presentaron como la vinculación inicial, el pago de aportes o la terminación de los distintos vínculos, expresados en retiros y que concuerdan con la historia laboral visible a folios 120 a 121 que, desde otro ángulo, muestra los periodos, los montos aportados y el salario devengado, entre otros aspectos. Indica que las mismas, contrario a lo argüido por el demandante, evidencian que no dio cumplimiento al requisito de cotización exigida para acceder al derecho pretendido, consecuencia de la inexistencia de vínculos laborales que, por virtud de la ley, obligan al pago del aporte y no en la existencia de una mora pensional.

De otro lado, enfatiza en que el actor nunca tachó como falsas las historias laborales allegadas al expediente con lo que dio su aceptación tácita a su contenido; agrega que era imprescindible que presentara pruebas que confutaran lo allí establecido y demostrar que efectivamente existieron vínculos laborales reales y no imaginarios, de manera que evidenciara la falta de diligencia de la entidad para adelantar un diligente recaudo de los aportes no pagados.

Así, al no aportar elemento de juicio que corroborara la mora patronal, habida cuenta de las fechas de ingreso y retiro reportadas por los empleadores a Porvenir S.A., nunca hubo lugar a que esta tuviera que adelantar la cobranza de las cotizaciones insolutas.

VIII. CONSIDERACIONES

Se duele la cesura de que el Tribunal no haya contabilizado los ciclos sin aportes de su último empleador, sobre los que la administradora debía ejercer las acciones de cobro para su recuperación, por estimar que existían novedades de retiro reportadas por la empresa, lo cual es consecuencia de la errada valoración de los documentos acusados y que trae como corolario, no alcanzar el requisito de las 50 semanas para acceder a la pensión de invalidez peticionada.

Se recuerda que el Tribunal para arribar a su decisión frente al objeto de acusación en casación concluyó que la administradora no estaba obligada a iniciar el cobro por el reporte de las novedades de retiro por parte del empleador, pues esto permitía suponer la terminación de la relación laboral y al no haber mediado la afiliación o inscripción en pensiones, no surgía la cotización, luego no era posible a la A.F.P., ejercer las acciones de recuperación de aportes como dicta la ley.

Con relación a la Certificación de Famisanar acusada, adujo que la misma no le permitía esclarecer el asunto pues evidencia que las cotizaciones inician en 2014, no son ininterrumpidas y no eran suficientes para configurar la existencia de la relación laboral conforme a la línea de esta Sala.

Relativo a la acción de tutela encontró que de la misma no se desprendía certeza del vínculo laboral ininterrumpido desde julio de 2014 hasta julio de 2017, para asignar responsabilidad directa del empleador, el cual no fue convocado al presente proceso a pesar de que era su deber por haber sido exhortado por el juez de la acción de amparo, al no existir documento, certificación laboral, desprendible de nómina o contrato de trabajo que evidenciara las condiciones de dicha relación.

Con ello el problema jurídico se concreta en establecer si el Tribunal incurrió en un yerro evidente en la valoración probatoria que lo llevara a descartar como periodos en mora ciclos entre de los años 2014 a 2016, con ello la inexistencia del deber de la administradora pensional de adelantar las acciones de cobro por los mismos por la existencia de reportes de novedades de retiro del empleador y, por ende, si procede contabilizarlos para el requisito de las 50 semanas que da acceso a la pensión de invalidez.

Como primera medida, considera la Corte necesario memorar que se acude a la vía indirecta cuando el sentenciador estime erróneamente, o deje de contemplar algún medio de prueba relevante para la decisión. Tal proceder lo conducirá a incurrir en errores de hecho o de derecho, consistentes ambos, en tener por probado dentro del proceso algo que realmente no lo está, o, en no tener por acreditado lo que realmente sí lo está; los primeros, (conocidos como «de hecho»), se cometen –en la casación del trabajo- sólo respecto de las pruebas calificadas, estas son, la confesión judicial, la inspección judicial o el documento auténtico y, los segundos (llamados «de derecho»), sobre las pruebas solemnes.

También ha dicho la Corte que cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas (sentencia CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15.148).

Evidentemente, el cargo se dirige a cuestionar la valoración probatoria realizada por el Tribunal en torno a no reconocer dentro del interregno de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez, ciclos de aportes que, en su entender, corresponden a mora patronal, no obstante, de la documental acusada no se desprende que el colegiado le haya hecho decir algo diferente a lo que las certificaciones o la historia laboral reflejan.

El cotejo de los documentos emitidos por la administradora de pensiones acusados, como son las relaciones históricas de movimientos; relación de aportes y la que el recurrente llama «Cuadros informativos de planillas y empleadores» que es el reporte de novedades de la cuenta de ahorro individual del accionante reflejan:

Periodo de Pago

Novedad del sistema

Empleador

Días cotizados

Tiempo de pensión

2012-12

Pago dependiente(P) /Retiro (RET)

ALEJO GONZALEZ DUARTE

2014-07

Pago dependiente (P)

Construcciones H&R SAS

15

15

2014-08

Pago dependiente (P)

Construcciones H&R SAS

30

30

2014-09

Pago dependiente (P)

Construcciones H&R SAS

30

30

2014-10

Pago dependiente (P) /Retiro (RET)

Construcciones H&R SAS

1

1

2014-11

2014-12

Ingreso (ING) /Pago dependiente (P)

Construcciones H&R SAS

29

29

2015-01

Pago dependiente (P)

Construcciones H&R SAS

30

30

2015-02

Pago dependiente (P) /Retiro (RET)

Construcciones H&R SAS

1

1

2015-03

2015-04

2015-05

2015-06

2015-07

2015-08

2015-09

2015-10

2015-11

2015-12

2016-01

Exonerado pago de pensión (E.P.P)

Construcciones H&R SAS

2016-02

2016-03

2016-04

2016-05

2016-06

2016-07

2016-08

Pago dependiente (P)

Construcciones H&R SAS

30

30

2016-09

Pago dependiente (P)

Construcciones H&R SAS

30

30

2016-10

Pago dependiente (P)

Construcciones H&R SAS

30

30

2016-11

Pago dependiente (P)

Construcciones H&R SAS

30

9

Total Días

256

235

Semanas Para pensión

33,5714286

Puestas de este modo las cosas, no lucen desacertadas las conclusiones fácticas del Tribunal, cuando determinó que el momento en que el accionante ingresó con el empleador Construcciones HR L.T.D.A., fue el 14 de julio de 2014, pues nótese que antes de esta data, se refleja novedad de retiro para el año 2012; así mismo, resultan coincidentes los ciclos que reportó como efectivamente aportados y aquellos que presentaban una novedad que, finalmente, lo lleva al convencimiento de que no se reúnen las 50 semanas exigidas en la norma aplicable.

De la certificación de E.P.S., Famisanar, el juzgador no desconoció la información de los ciclos que de ella identifica, lo que señaló es que la misma no le permitía dilucidar la controversia. Situación diferente es que el recurrente, de la comparación con la certificación de E.P.S y de la información de la A.F.P. pretenda demostrar la existencia de un vínculo laboral, para dejar de lado la existencia del reporte de la novedad de retiro para el sistema general de pensiones.

Se insiste en que, el colegiado no le restó valor probatorio a la certificación de Famisanar, ni desconoció los periodos que ella reflejaba; lo que señaló de la misma es que no le permitía «dilucidar la controversia» por cuanto las cotizaciones registradas iniciaban en 2014, no eran ininterrumpidas añadiendo, además, que, conforme a la línea de esta Corporación, el solo pago de aportes a la seguridad social, no era suficiente para configurar la existencia del contrato laboral; aspecto de tipo jurídico que, no corresponde a la vía que se abordó y, no sobra señalar que no fue objeto de ataque, misma suerte corre el argumento relativo a que, solo es viable el reporte de retiro a través de la Planilla P.I.L.A, injerencia netamente de derecho que no fáctica y, por lo tanto, no es posible abordar por la senda de ataque a la que el recurrente acudió.

Aquí y ahora vale traer a colación la sentencia CSJ SL 5677-2021 que, frente a la libre formación del convencimiento, indicó:

Así también ha dicho la Sala de Casación Laboral que la libre formación del convencimiento que tome el juez colegiado debe respetarse, siempre que no decida en contra de la evidencia. Así lo precisó en sentencias CSJ SL5624-2019, CSJ SL2447-2021 y CSJ SL3570-2021 en las que se ha dicho:

Finalmente, es oportuno recordar que con ocasión de lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los jueces de instancia gozan de la facultad de apreciar libremente los medios de convicción para formar su convencimiento acerca de los hechos controvertidos, con fundamento en los medios probatorios que más los induzcan a encontrar la verdad. En ese sentido, a menos que sus apreciaciones se alejen de la lógica de lo razonable o atenten seriamente contra la evidencia, el tribunal de casación no puede invadir su campo de apreciación, pues, de hacerlo, violaría su ámbito de libertad legal (ver sentencias CSJ SL4071-2019, SL3957-2019 y SL1399-2019, entre otras). Subraya fuera del texto original.

Y en cuanto al deber del recurrente en el sendero de ataque escogido, valga citar un aparte de sentencia CSJ SL, 14 Agos. 2012, rad. 39446, reiterada en las providencias CSJ SL10194-2017 y CSJ SL17547-2017, donde esta Corporación dejó por sentado que:

[…]

En verdad, existe un espacio de gestión probatoria del juez de instancia que, en principio, no es posible que la Corte invada, en la medida en que tal espacio comporta el ejercicio legítimo de un fuero de valoración probatoria que, dentro de ciertos límites, le otorga el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y que habilita válidamente al juez laboral para acoger unas probanzas en desmedro de otras.

Por lo tanto, el recurrente en casación no puede cuestionar la autonomía de que goza el Tribunal para evaluar y ponderar las pruebas. Su misión ha de estar orientada a demostrar que el juzgador abusó de tal atribución legal, en tanto sus conclusiones contradicen la evidencia probatoria. Subraya fuera de texto.

Atinente al cuestionamiento del valor probatorio de los reportes de historial de aportes emitidos por la A.F.P.– folios 122 a 131, por el accionante, dado que no es un error de las vistas del Tribunal, vale la pena tener presente que, conforme al pensamiento de esta Corte, el embate debe ser a través de la vía directa, violación de medio, al efecto, entre otras, la reciente sentencia CSJ SL781-2022 que reiteró la sentencia CSJ SL, 08 jul. 2009, rad. 35784 y dijo:

Lo manifestado en precedencia significa, ni más ni menos, que lo que se está discutiendo en el fondo es la aducción y validez del medio de convicción, con lo cual la senda escogida, esto es, la indirecta, resulta impropia, puesto que la discusión no es fáctica sino eminentemente jurídica, pues atañe al quebrantamiento de la normativa que regula esas circunstancias de índole procedimental, como violación medio, que conduce a la contravención de preceptos sustanciales,

Al respecto debe recordarse que la Sala ha establecido que los reportes de semanas de las entidades administradoras en principio, se presumen ciertos, veraces y vinculantes para la entidad, de allí que dentro de sus deberes, además del correlativo a la custodia y veracidad de la información, está el que no puedan efectuar modificaciones sin una justificación razonable (CSJ SL5170-2019), de manera tal que gozan de pleno valor probatorio, sin perjuicio que dentro del juicio puedan ser controvertidos, actuación que no se evidencia hubiera efectuado el hoy recurrente en casación y, por tanto, resulta extemporánea.

Finalmente, en cuanto a la valoración de la sentencia de tutela, lo primero que hay que resaltar es que fue aportada con la demanda, aspecto que se torna relevante, ya que, si bien no encaja como prueba trasladada, sí tiene la naturaleza de documento público auténtico y, conforme lo ha señalado esta Corporación, el mismo «acredita la naturaleza de la decisión, la clase de proceso, los intervinientes y la fecha en la que fue dictada»; no obstante no lo son, las consideraciones que llevaron a la decisión o inferencias del operador judicial de la misma como señaló en la sentencia CSJ SL557-2013:

Las inferencias judiciales de los jueces que conocieron de la interdicción del actor en las que se apoya el recurrente para criticar la decisión del tribunal, por no haberlas acogido tal cual, no se pueden tener en el presente proceso como hechos plenamente establecidos, menos cuando los litigantes de aquella vez no fueron los mismos de los del actual proceso. Sobre el particular ha dicho la Sala Civil de esta Corte Suprema, lo siguiente:

“Es claro que una sentencia, más propiamente, su parte resolutiva, pueda utilizarse en otro juicio aún contra terceros en calidad de prueba y no como cosa juzgada, para demostrar el derecho que reconoce a la parte favorecida, mientras no se le contraponga prueba en contrario que la desvirtúe. Así lo ha aceptado la Corte, como puede verse en la decisión de 3 de mayo de 1952, T. LXXII, pag.22. Más lo que sí resulta equivocado es admitir que los hechos tenidos como ciertos en la motivación de una sentencia, y mucho más cuando ella es pronunciada en juicio en que se utiliza la prueba sumaria, puedan darse como plenamente establecidos en otro juicio ordinario, aunque los litigantes sean los mismos. Eso determinaría en muchas ocasiones, como ocurre en la presente, situaciones incompatibles con principios básicos de derecho procesal, pues entonces no sería el juez de la causa a quien correspondería valorizar y analizar las pruebas para formar su propia convicción sobre los hechos controvertidos, desde luego estaría obligado a aceptar el juicio que sobre los mismos se formó otro juez, y las partes en el nuevo litigio no podrían contradecir la prueba ni intervenir en su producción”.

Lo correcto habría sido que el demandante hubiese formulado claramente la pretensión de nulidad de la conciliación por falta de capacidad legal para celebrar el acto, con la determinación de los hechos soporte de la reclamación y que hubiese pedido, en su oportunidad, el traslado de las pruebas pertinentes al presente proceso, o la práctica de otras pruebas que igualmente fueren conducentes, para que se hubiera dado la oportunidad de su contradicción en el sub lite y que el juez laboral competente para resolver la presente litis fuera el que juzgara su contenido y formara su propio convencimiento conforme a las reglas de la sana crítica, según el artículo 61 del CPT y SS.

Con sustento en la línea de pensamiento expuesta, al observar la pieza procesal acusada, encontramos que la condena impartida en primera instancia y, en segunda, se dirige al reconocimiento de «incapacidades» y, en cuanto a la orden impuesta a la administradora de fondos de pensiones, el Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas del Circuito de Bogotá en el numeral cuarto de la parte resolutiva, optó por exhortarla «para que de ser necesario en el término de 4 meses inicie proceso ejecutivo e inicie cobro coactivo respecto de la mora presentada por la empresa Construcciones HR L.T.D.A.», esta decisión no sufrió modificación alguna por parte de Juez Treinta y Seis Laboral del mismo circuito judicial.

De manera que, luego de analizar este documento público auténtico, no se desprende una inadecuada valoración por parte del Colegiado pues ante la evidencia de las novedades de retiro del sistema y requerir la validación de la existencia de un vínculo laboral, lo que estableció es que, el mismo no le otorgaba certeza del vínculo laboral con la constructora de manera ininterrumpida desde julio de 2014 hasta julio de 2017, para con base en ello derivar un incumplimiento de los deberes legales de la entidad de seguridad social; es más evidenció que el empleador no había sido convocado al proceso y, apoyado en la misma sentencia recordó que el juez de tutela había exhortado al hoy demandante a iniciar proceso ordinario laboral en contra de su empleador y discutiera «esos tiempos faltantes por cotizar con las empresas de salud».

Y no se debe dejar de lado que, el fallador precisamente echó de menos que se hubiera aportado un documento, que evidenciara las condiciones de la prestación del servicio, lo cual no fue objeto de reproche en el recurso.

Baste agregar que el colegiado efectuó un estudio de toda la plataforma probatoria para, en el ejercicio de la libre formación del convencimiento, llegar a su decisión, lo cual, como anteriormente se expuso, no puede ser objeto de reproche, de manera que no existen errores con la característica de protuberantes. Además, el recurrente dejó libre de ataque pilares de la decisión que hoy acusa, por lo que la providencia mantiene la doble presunción de legalidad y acierto con que llega ungida a la Corte.

De esta manera no se abre paso el ataque.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la demandante recurrente y en favor de la parte demandada. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones setecientos mil pesos ($.4.700.000) m/cte., las que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, del 4 de septiembre de 2019, en el proceso que MANUEL DARÍO MUÑOZ LINARES instauró en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del impugnante.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

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