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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2083-2022

Fecha
4 de mayo de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2083-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

X. DECISIÓN En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida por Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 15 de agosto de 2019, en el proceso que promovió ELVIA IRENE CUELLO MORALES en contra del FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA que fue sucedido procesalmente por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP -, LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. En sede de instancia, se dispone: CONFIRMAR la sentencia del 22 de mayo de 2017 proferida por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en precedencia. Costas conforme se dijo en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2083-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

4 de mayo de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL2083-2022

Radicación n.° 90528

Acta 15

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ELVIA IRENE CUELLO MORALES, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 15 de agosto de 2019, en el proceso que instauró contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA que fue sucedido procesalmente por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP -, LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.

I. ANTECEDENTES

Elvia Irene Cuello Morales llamó a juicio a las demandadas, para que se declarara que le asistía el derecho al reconocimiento y pago de la pensión convencional que Álcalis de Colombia S.A. le otorgó a su difunto esposo Hernán Morales Mejía en su totalidad, al no ser compartida con la de vejez a cargo de Colpensiones; como consecuencia, se condene a restituir el 100% del valor inicialmente reconocido al causante «a partir de la fecha en que se comparte dicha prestación», los reajustes periódicos anuales, las mesadas adicionales, el retroactivo y su indexación, lo que se encontrara ultra y extra petita y las costas del proceso.

Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que: el causante laboró para Álcalis de Colombia Ltda. entre el 30 de agosto de 1963 y el 15 de julio de 1983, por espacio de 19 años, 7 meses y 27 días; mediante la Resolución No. 064 del 14 de diciembre de 1983, dicha entidad otorgó al mencionado una pensión convencional y continuó pagando las cotizaciones para cobertura de los riesgos a la entidad de previsión; el Instituto de Seguros Sociales reconoció pensión de vejez al fallecido por Acto Administrativo 02241 del 26 de abril de 1982, la cual no tenía carácter de compartible con la extralegal.

Señaló que Morales Mejía falleció el 9 de mayo de 1985, quedando como sustituta de su pensión, a quien se le reconoció ese derecho por Resolución 0985 del 1 de octubre de 1985 por Álcalis de Colombia Ltda., en la suma de $12.909.04, a partir del óbito de su cónyuge; de igual manera, por Acto Administrativo 08131 del 5 de diciembre de 1985, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la sustitución pensional de la prestación legal. Por decisión unilateral de la empresa, ha venido compartiendo la pensión de jubilación convencional con la de vejez a cargo de la administradora pública.

Al extender la contestación a la demanda, el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, aceptó la mayoría de los hechos, se opuso a todas las pretensiones y propuso las excepciones de falta de título y causa, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, pago, incompatibilidad entre la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes, prescripción, la genérica, compensación, buena fe, presunción de legalidad de los actos administrativos.

Por su parte, la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público - propuso como excepciones: inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva y Prescripción.

Se dio por no contestada la demanda por la Nación -Ministerio de Comercio, Industria y Turismo-.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió conocer en primera instancia, mediante fallo del 22 de mayo de 2017, dispuso lo siguiente:

PRIMERO.- DECLARAR que la pensión de jubilación extralegal o convencional que reconoció ALCO LIMITADA al señor HERNAN MORALES MEJIA, es compatible con la pensión de vejez que reconoció el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en consecuencia,

SEGUNDO.- CONDENAR a las demandadas a pagarle a la demandante señora ELVIA IRENE CUELLO DE MORALES, la pensión de jubilación convencional de manera completa desde el 9 de mayo de 1985.

TERCERO.- CONDENAR a las demandadas a pagar un retroactivo por diferencias en cuantía de CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($52.549.577.00), que corresponden a las diferencias causadas entre el 21 de marzo de 2010 y el 30 de abril de 2017, fecha en que se concreta la condena.

CUARTO.- DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por las demandadas.

QUINTO.- CONDENAR EN COSTAS de la acción a las partes demandadas. Tásense.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En virtud de los recursos de apelación interpuestos por las demandadas y en grado jurisdiccional de consulta la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, conoció el asunto y, mediante sentencia del 15 de agosto de 2019, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, absolvió a la llamada a juicio de las pretensiones incoadas en su contra.

El colegiado comenzó por establecer que el problema jurídico a resolver, se contraía a analizar si la prestación de carácter extralegal reconocida a Hernán Morales Mejía era compatible con la de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales. Indicó que no había discusión sobre la fecha en la que se otorgó la prestación de jubilación y la de vejez al causante, luego de lo cual consideró:

En lo que interesa al fondo del asunto, esto es, si la pensión convencional que reconoció el extinto Alcalis de Colombia Ltda. es compatible con la pensión de vejez que le reconoció el entonces Instituto de Seguros Sociales; considera oportuno la Sala tener en cuenta que de conformidad con el dicho de la parte actora que se encuentra en el libelo genitor, entre los aportes sobre los cuales se dispuso el reconocimiento de la pensión de vejez, se tuvieron en cuenta los que el propio Alcalis efectuó en su favor durante la vigencia de la relación laboral, por el período comprendido entre el 30 de agosto de 1963 y el 15 de julio de 1983.

Ahora bien, conforme con los anteriores supuestos, y en tanto el tiempo de servicios respecto de los que se reconoce una y otra prestación, incluye el periodo en que el causante prestó servicios personales al extinto Álcalis, considera la Sala oportuno indicar que tanto la Constitución Política de 1991 en su artículo 128, como la Carta Política de 1886 en su artículo 64, proscriben la posibilidad de que se perciba doble asignación proveniente del erario público.

Preceptos cuyo propósito, conforme lo ha reconocido la máxima Corporación de Justicia Laboral, no es otro que preservar la moralidad y el decoro administrativos, impidiendo de esta forma que los servidores valiéndose de privilegios, obtengan doble beneficio a cargo del Estado.

Bajo tal perspectiva, considera esta Sala de Decisión, rectificando cualquier criterio contrario, que a pesar de que la pensión extralegal se cause con anterioridad al 17 de octubre de 1985, no es procedente considerarla compatible con aquellas de origen legal que se causan con ocasión a la misma prestación de servicios, por cuanto contravienen los preceptos constitucionales, previamente referidos.

Ahora, no desconoce la Sala que los recursos pensionales a cargo del Instituto de Seguros Sociales y que actualmente administra Colpensiones, no son en sí mismos de naturaleza pública; no puede pasar desapercibido esta Sala que en el presente asunto, los aportes sobre los cuales se reconoce la pensión de vejez de origen legal, sí provienen de una empresa con participación estatal y que los periodos que se tuvieron en cuenta para su reconocimiento resultan ser los mismos a aquellos respecto de los que se otorgó la pensión extralegal; por lo tanto, conforme al criterio acá sentando una y otra prestación no resultan compatibles, y no se puede otorgar un doble beneficio pensional por cuenta de la misma prestación de servicios, por lo que tampoco es procedente la compatibilidad pretendida respecto de la sustituta del derecho pensional".

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia acusada y, en sede de instancia, «acceda a todas y cada una de las súplicas formuladas por el demandante en la demanda, por lo que, deberá en consecuencia CONFIRMARSE la Sentencia proferida por el A quo, proveyéndose en las costas que correspondan según se determinen por esta Honorable Corporación».

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual mereció réplica por la UGPP.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia, de quebrantar por

[…] la VIA DIRECTA en la MODALDAD DE INFRACCIÓN DIRECTA, establecida en el Afiículo(sic) 60 del Decreto 528 de 1964, en relación con el Artículo 5 0. del Decreto 2879 del 17 de octubre de 1985, que aprobó el Acuerdo 029 de fecha 26 de septiembre de 1985 del Instituto de los Seguros Sociales; en armonía con el Artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo».

Para el desarrollo del cargo, sostiene que la finalidad de la compartibilidad es la subrogación total o parcial de una obligación en cabeza del empleador que, al reunirse los requisitos legales pertinentes, es asumida por la entidad de seguridad social, la cual fue reglamentada por el artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año a cuyo tenor literal se remite.

Acota que de lo precedente refulge claro que la prestación otorgada por el empleador Álcalis de Colombia Ltda. al señor Hernán Morales Mejía, no estaba vigente dicha normativa, la cual no puede ser aplicada por el principio de irretroactividad de las normas del derecho laboral en los términos del artículo 16 del CST, por lo que el colegiado transgredió la ley al aplicar una figura que no estaba contemplada en el ordenamiento jurídico cuando se causó la pensión el 16 de julio de 1983.

Afirma que el sentenciador también incurre en yerro al señalar que no se puede percibir doble asignación que provenga del Tesoro Público, por cuanto la pensión de jubilación de origen convencional fue otorgada al causante antes del 17 de octubre de 1985, que corresponde a la vigencia del Decreto 2879 de esa anualidad, por lo que las prestaciones de vejez y extralegal resultan compatibles. Niega también que el origen de los recursos de estas pensiones sea público, por cuanto la convencional deriva de un conflicto colectivo de trabajo que beneficia a los trabajadores, cuyos recursos provienen de la misma fuerza laboral y añade que:

[…] Las cotizaciones que se sufragan al I.S.S., hoy Colpensiones, o a cualquier fondo de pensiones, pertenecen al trabajador, en la medida que las mismas constituyen el retorno o reintegro de muchos años de labores, materializados en una pensión o en una indemnización sustitutiva o devolución de aportes, por lo que la Nación simplemente es un garante del cumplimiento o está a cargo de administrar esos recursos, pues esos dichos aportes pensionales no le pertenecen, y sí son el respaldo para la vejez del trabajador.

Posteriormente, se remite a las sentencias: CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 32951, a la CSJ SL, a oct. 2014, rad. 50134 y a la CSJ SL, 3 oct. 2017, rad. 53501, luego de lo cual sostiene que, es evidente que la decisión confutada es contraria al criterio de la Corte sobre la materia por lo que debe prosperar el cargo y, como consecuencia, proceder de conformidad con el alcance de la impugnación.

VII. RÉPLICA UGPP

Estima que la demanda de casación no debe prosperar por cuanto la pensión convencional reconocida por Álcalis y la de vejez a cargo del ISS no son compatibles porque el mismo texto del acuerdo extralegal lo menciona y, así mismo, se estipuló en el artículo 14 del acto administrativo que otorgó la citada prestación, por lo que considera que el Tribunal no incurrió en yerro alguno. Se remite a lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución Política de 1986 que establecía la prohibición de devengar un doble pago proveniente del tesoro público. Además de lo anterior, considera relevante que se tenga en cuenta que los aportes para pensión corresponden al mismo tiempo para otorgar la prestación por parte de Álcalis, lo que conlleva a que se mantenga la sentencia y, por tanto, a la improsperidad del cargo.

VIII. CONSIDERACIONES

Dado que el ataque se orienta por la senda directa, en el presente asunto no se encuentra sometido a discusión que: (i) el ISS reconoció pensión de vejez a Hernán Morales Mejía mediante Resolución n.° 02241 del 26 de abril de 1982, a partir del 1 de agosto de 1981; (ii) Álcalis de Colombia Ltda., posteriormente, le confirió una pensión convencional de jubilación, mediante la Resolución 064 del 14 de diciembre de 1983, a partir del 16 de julio de 1983 con carácter compartida con la de vejez; (iii) el documento que sirvió de estribo al reconocimiento pensional fue la Convención Colectiva de Trabajo 1977; (iv) el pensionado falleció el 9 de mayo de 1985 por lo que la entidad demandada la reconoció la sustitución pensional a Elvia Irene Cuello de Morales mediante la Resolución n.° 0985 del 1 de octubre de 1985.

La censura, en esencia, acusa la labor del colegiado cuando dio aplicación a las previsiones del Acuerdo 029 de 1985 aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, pese a que la prestación se reconoció con anterioridad a su vigencia.

Aun cuando el colegiado no invocó en su decisión la anotada disposición, lo cierto es que de sus consideraciones se puede establecer que tuvo en cuenta la fecha de vigencia de dicha regulación (17 de octubre de 1985) para entender que pese a que la pensión extralegal fue reconocida con anterioridad a aquélla, no era procedente la compatibilidad pues ambas prestaciones se causan con ocasión a la misma prestación de servicios, lo cual contraviene los preceptos constitucionales que proscriben la posibilidad de recibir doble asignación proveniente del erario público.

Atendiendo las acusaciones planteadas por el censor, esta Sala, recientemente, en la sentencia CSJ SL1722-2021, al analizar un asunto de idénticos contornos, señaló:

No obstante lo anterior, con respecto a la falta de aplicación, que entiende la Sala se refiere a la infracción directa, es necesario señalar que el Tribunal si se refirió expresamente al Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, pues aunque incurrió en un lapsus al señalar en su intervención el «Acuerdo 049 de 1985», es fácilmente deducible que se refería a la primera norma mencionada, pues expresamente alude que a partir de allí se estableció la compartibilidad pensional por disposición legal, pues antes de su vigencia, la regla general era la compatibilidad y excepcionalmente el pago compartido, siempre y cuando así se hubiera pactado en la fuente del derecho pensional, y trajo como sustento decisiones de esta Corporación sobre la materia que contienen el criterio actual de la sala en esos mismos términos.

La Corte, recientemente en la sentencia CSJ SL889-2021, señaló:

El citado acuerdo lo aprobó el Decreto 2879 de 1985, el cual entró en vigencia el 17 de octubre de igual año. Así, la Sala ha adoctrinado de forma pacífica y uniforme que las pensiones de origen extralegal causadas antes de dicha calenda, por regla general, son compatibles con las que reconozca el ISS y, contrario sensu, serán compartidas con el referido instituto si se causan después de tal data y no existe pacto expreso en contrario (CSJ SL 18144, 10 sep. 2002; CSJ SL 24938, 30 jun. 2005; CSJ SL 27311, 15 jun. 2006; CSJ SL 35281, 9 sep. 2009, CSJ SL 45403, 8 may. 2013, CSJ SL6114-2014, CSJ SL1688-2017 y CSJ SL7104-2017).

Lo anotado resulta suficiente para reiterar que las pensiones de carácter extralegal reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 2879 de 1985, tiene carácter de compatibles con la legal de vejez, salvo que en la norma extralegal se hubiera pactado la compartibilidad, criterio que como quedó anotado ha sido reiterado por la Corte de manera pacífica.

Con respecto a la infracción de la norma constitucional que proscribe la doble erogación proveniente del erario, la Sala considera pertinente recordar su línea pensamiento en cuanto a que, por tesoro público, se concibe el proveniente de La Nación, de las entidades territoriales y las descentralizadas y, por tanto, una pensión de jubilación convencional otorgada por un empleador oficial, no es incompatible con la percepción de la pensión de vejez proveniente de la administradora pública de pensiones. Lo anterior por cuanto el Estado no aporta recursos para la financiación del fondo de pensiones administrado por el ISS hoy Colpensiones y, por ello, las prestaciones que tal entidad otorga no tienen el carácter de asignación proveniente del erario.

La Corte, en sentencia CSJ SL2170-2019, razonó:

Lo anterior, si se tiene en cuenta que las pensiones de vejez reconocidas por el ISS hoy Colpensiones no son una asignación proveniente del erario, por ser este un mero administrador de modo que la prohibición del artículo 128 de la Constitución Política no aplica en estos eventos (CSJ SL 24062, 14 feb. 2005, CSJ SL4413-2014, CSJ SL16083-2015, CSJ SL10671-2016).

Frente a la naturaleza de los recursos administrados por Colpensiones, esta Sala en sentencia CSJ SL 5792 de 2014, reiterada en CSJ SL4538-2018, dijo que:

(…) en relación a si la accionante no puede recibir dos pensiones del erario público, esta Corporación ha dicho que las prestaciones que tienen su fuente en el sistema general de pensiones, no provienen del tesoro público, pues sus recursos ostentan la condición de parafiscales, ya que los mismos son un patrimonio de afectación, es decir, los bienes que lo conforman se destinan a la finalidad que indica la ley; en tal sentido, sobre esos patrimonios no puede ejercerse disposición alguna, razón por la cual, solo se otorga el carácter de administradoras a las entidades que conforman los diferentes regímenes (artículos 52 y 90 de la ley (sic) 100 de 1993), a quienes se confía su gestión.

De tal manera, aun cuando el Instituto de Seguros Sociales, es el encargado de reconocer y pagar las pensiones de vejez, invalidez o sobrevivientes, esta es una situación que no apareja la propiedad del fondo económico con el que se financian esas prestaciones, pues se reitera, solo actúa como su administrador; además, aun cuando en la Constitución Política se hace una distinción de las entidades que contribuyen a conformar el tesoro público, entre ellas, las descentralizadas (de las que hace parte el ISS, por ostentar el carácter de empresa industrial y comercial del estado), solo integran dicho erario los bienes y valores que le sean propios, y como las reservas pensionales, no son de su propiedad, no hacen parte de ese concepto. Al efecto puede consultarse las sentencias CSJ SL, 27 Feb (sic) 2003, Rad. 37453, CSJ SL, 6 Mayo (sic) 2010, Rad. 37453, y CSJ SL, 19 Nov. (sic) 2013, Rad. 41306.

De conformidad con lo anterior, tampoco le asiste razón al Tribunal al considerar que al concederle al demandante la pensión legal de vejez se vulnera el artículo 128 de la Constitución Política de 1991 y 64 de la Carta de 1986, por lo que en su concepto resulta improcedente el pago de la pensión convencional, con mayor razón si se tiene en cuenta que la discusión en el proceso versaba sobre la compartibilidad de las prestaciones y no sobre su legalidad, con lo cual también desvió su atención al objeto de litigio y con ello transgredió el ordenamiento jurídico.

Por lo anterior, el cargo sale avante.

Sin costas en el recurso de casación.

IX. SENTENCIA DE INSTANCIA

En sede de instancia, además de los argumentos expuestos en la esfera casacional, es necesario agregar que la compatibilidad pensional con anterioridad al 17 de octubre de 1985 solamente puede ser desvirtuada por acuerdo expreso entre las partes celebrado en la convención colectiva de trabajo aplicable. En el presente asunto, la jueza determinó que, dado que no se incorporó el citado acuerdo extralegal, no procede la exoneración reclamada, y reitera la sala que la estipulación unilateral en el acto administrativo no es válida para entender dicho pacto. Al respecto en la providencia CSJ SL2802-2020, la Corte explicó:

Así se definió en sentencia CSJ SL, 9 ag. 2005 rad. 26035, reiterada en la CSJ SL, 25 may. 2010, rad. 37217. De igual modo, en la CSJ SL, 17 may. 2005, rad. 25251 al resolver un asunto de similares características, esta Sala razonó:

De conformidad con lo anterior, queda claro que la jurisprudencia de esta Sala, ha entendido que las pensiones de jubilación extralegales concedidas con anterioridad a la vigencia Decreto 2879 de 17 de octubre de 1985 que aprobó el Acuerdo 029 de ese año, son por regla general compatibles con las de vejez reconocidas por el seguro social, salvo cuando las partes o el empleador en caso de pensiones voluntarias, hubieran dispuesto otra cosa.

Como la pensión de que aquí se trata fue concedida en el año 1983 y tuvo su fuente en la convención colectiva tal como lo dio por demostrado el tribunal, para que pudiera ser compartida con la de vejez del seguro social, era menester que tal previsión hubiese sido hecha en el mismo acuerdo colectivo, vale decir, en el acto de donde emana el derecho, y no en una decisión posterior adoptada por el patrono, como lo es una resolución que por su propia naturaleza, constituye una manifestación unilateral de voluntad.

Así las cosas, no puede tenerse como acuerdo entre las partes, la previsión sobre compartibilidad pensional contenida en el artículo 6º de la Resolución 112 de 10 de enero de 1983, mediante la cual se reconoció la pensión de jubilación convencional al actor, ni tampoco puede aceptarse como tal, la autorización de descuento del valor de la pensión de jubilación lo recibido por concepto de prestación de vejez, ni la circunstancia de que este no hubiese interpuesto recursos contra esa decisión, por no ser en estricto sentido estas actuaciones la materialización de un acuerdo libre de voluntades.

En decisión bastante reciente, de 3 de mayo del presente año, radicación 24014, la Sala al resolver un asunto similar al presente adelantado contra la misma entidad demandada, anotó lo siguiente:

En cuanto a la declaración de compartibilidad contenida en la resolución del ISS que reconoció la pensión de vejez, debe decirse que ese no es el acto jurídico idóneo para hacer tal declaración pues si el origen de la pensión extralegal fue la convención colectiva es allí donde debió pactarse la compartibilidad. En ese orden de ideas, la circunstancia de que el demandante no haya impugnado oportunamente la parte de la resolución de la empresa que reconoció el derecho donde se dice que el pensionado queda obligado a tramitar la pensión de vejez ante el ISS y el Banco entra a cancelar la diferencia, ni la resolución que determinó descontar el monto de la pensión de vejez de la convencional, incluso ni siquiera el hecho de que haya autorizado los descuentos de los mayores valores pensionales cancelados por el Banco, en modo alguna significa que haya consentimiento de su parte acerca de la compartibilidad de la pensión, pues para que este aspecto cobrara efectividad era menester que quedara establecido de manera expresa y clara en la convención colectiva y no en otro acto coetáneo o posterior al otorgamiento del derecho. Amén de que las anotadas actitudes del demandante no constituyen en rigor un acuerdo entre las partes, máxime si se tiene en cuenta que al agotar el procedimiento gubernativo y después iniciar acción judicial el hoy actor manifestó su inconformidad con la actuación del Banco.

Dicha tesis ha sido reiterada en las sentencias CSJ SL, CSJ SL701-2013, CSJ SL 13666-2014, CSJ SL4365-2016, CSJ SL8654-2016, entre muchas otras.

De modo que es solo en el específico caso en que las partes acuerden de manera explícita en la propia convención o en otro acto la compartibilidad de las pensiones, en el que se aplica esta figura, sin que en el sub lite se advierta la ocurrencia de tal situación. Dicho en otras palabras: la carga de la prueba en aras de acreditar que la prestación convencional concedida antes del 17 de octubre de 1985 era compartida con la del ISS, recaía sobre el empleador que concedió la prestación o en la entidad que haga sus veces, como en este caso el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

De acuerdo con lo anotado y dado que la entidad apelante no demostró que existiera un acuerdo de voluntades contenido en la Convención Colectiva de Trabajo en virtud de la cual se entendiera que la pensión allí consagrada tenía el carácter de compartida con la de vejez a cargo del ISS, no queda otro camino que confirmar la decisión de primer grado en el aspecto analizado.

Con respecto a la obligación a cargo de la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

En la misma providencia arriba citada CSJ SL2802-2020, la Corte abordó el estudio de la obligación a cargo de la entidad apelante y señaló que su obligación deriva de lo dispuesto en el artículo 1.º del Decreto 805 de 2000 que establece lo siguiente:

En virtud del presente decreto la Nación asume las obligaciones pensionales a cargo de Alcalis de Colombia Ltda. en liquidación a partir del año 2000 respecto de las personas que figuran en el cálculo actuarial aprobado por la Superintendencia de Sociedades en el mes diciembre de 2000, correspondiente a la vigencia de 1999, y en los términos previstos en el mismo, así como los aportes futuros al ISS por estas personas, para efecto de la compartibilidad de pensiones. Este cálculo deberá ser actualizado y entregado como lo dispone el artículo 2o del presente decreto.

Esta asunción excluye cualquier otra obligación de Alcalis de Colombia Ltda. en liquidación que esté determinada o pueda determinarse en el futuro, así como las obligaciones pensionales que no hubiesen sido incluidas en el cálculo actuarial aprobado en la fecha indicada en el inciso anterior, las cuales serán de cargo de la empresa en liquidación y de sus socios de acuerdo con la Ley.

Por su parte, el artículo 3.º del Decreto 805 de 2000, también fue modificado por el artículo 3.º del Decreto 2601 de 2009 que previó que mientras se implementaba la UGPP, «el Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia reconocerá las pensiones que estaban a cargo de Álcalis de Colombia en Liquidación así como las cuotas partes pensionales que correspondan (…)».

Y, más adelante,estatuyó:

(…)

Las mesadas y demás obligaciones pensionales de las personas que no figuren en el cálculo actuarial inicial ni en el complementario después de finiquitada la liquidación de la Entidad, solo serán atendidas a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, FOPEP y/o por quien corresponda, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que se acredite ante la entidad que tenga la competencia de reconocimiento de las pensiones el derecho a estar incluidos en el cálculo y a recibir el pago de sus pensiones o ante quien administre las demás obligaciones pensionales.

2. Que el cálculo actuarial correspondiente a las personas que acrediten el derecho, sea elaborado por el Fondo de Pasivo Social del Ferrocarriles Nacionales de Colombia y que dicho cálculo sea aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin perjuicio de la responsabilidad por no haberlos incluido en el cálculo inicial, que podrían tener los funcionarios que en su momento lo elaboraron.

Parágrafo. 1°. El valor de dicho cálculo será cubierto con los recursos que para el efecto destine el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Así, la Sala estima que el juez de primer grado no erró al disponer que el reconocimiento también quedara a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en los términos señalados en la aludida disposición, sin perjuicio de la obligación surgida a cargo de la UGPP, a partir de que asumió el pago de las pensiones de jubilación otorgada a los ex trabajadores de Álcalis de Colombia.

Prescripción

Atinente a la prescripción, se observa que la liquidación efectuada por el a quo se ajusta a los términos legales, al declarar su prosperidad con respecto a las mesadas causadas con anterioridad al 21 de marzo de 2010, dado que en esa misma fecha del año 2013 se presentó reclamación administrativa como da cuenta el escrito visible a folios 15 a 17, y si bien es cierto el criterio de la Sala es que las mesadas se causan en su totalidad en la siguiente mensualidad (CSJ SL1011-2021), lo cierto es que como tal aspecto no fue apelado y no puede ser objeto de modificación contra los intereses de las entidades con respecto a las cuales se surte el grado jurisdiccional de consulta, se impone confirmar la decisión de primera instancia.

Las demás excepciones quedan resueltas con base en las consideraciones expuestas a lo largo de esta providencia.

Por lo antes expuesto se confirma la condena en costas en primera instancia y las de alzada quedan a cargo de las apelantes.

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida por Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 15 de agosto de 2019, en el proceso que promovió ELVIA IRENE CUELLO MORALES en contra del FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA que fue sucedido procesalmente por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP -, LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.

En sede de instancia, se dispone:

CONFIRMAR la sentencia del 22 de mayo de 2017 proferida por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en precedencia.

Costas conforme se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

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