Ficha de la providencia
Sentencia SL2096-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2096-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2096-2019
Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura
5 de junio de 2019
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL2096-2019
Radicación n.° 57088
Acta 17
Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ROBERTO DEL CRISTO BENÍTEZ SALCEDO, contra la sentencia proferida el 19 de abril del 2012, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Laboral, en el proceso instaurado en su contra por las sociedades FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. -FIDUAGRARIA S.A.- y FIDUCIARIA POPULAR S.A. -FIDUCIAR S.A.- como integrantes del CONSORCIO DE REMANENTES TELECOM constituyente del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM –PAR TELECOM-.
ANTECEDENTES
Las sociedades Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. -Fiduagraria S.A.- y Fiduciaria Popular S.A. -Fiduciar S.A.-, integrantes del Consorcio de Remanentes Telecom, administrador del Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom -PAR Telecom-, presentaron demanda en contra de Roberto del Cristo Benítez Salcedo con el fin de que se declarara la nulidad del acta de conciliación celebrada entre las partes ante el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá y como consecuencia de ello, la «[…] ineficacia y/o invalidez de la citada acta de conciliación y por ende sin virtualidad alguna de producir efecto jurídico alguno». A continuación requirieron el reintegro de las sumas canceladas al señor Benítez del Cristo en virtud de la mencionada acta, debidamente indexadas a la fecha en que se realizara la restitución del dinero.
De manera subsidiaria, solicitaron que se declarara la «[…] INOPONIBILIDAD a las entidades demandantes, al Consorcio que conforman y por ende al PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES – PAR» respecto de las obligaciones derivadas de la mencionada conciliación.
Como fundamento de sus pretensiones señalaron que, mediante el Decreto 1615 de 2003 se ordenó la supresión y liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom; que para desarrollar dicha decisión se designó como entidad liquidadora a la Fiduciaria La Previsora S.A.; que en el mencionado decreto se le dio la facultad a quien hiciera las veces de liquidador, de constituir un patrimonio autónomo de remanentes con los bienes y recursos no afectados a la prestación de servicios utilizando la figura del contrato de fiducia mercantil.
Afirmaron que una de las funciones de Par Telecom era atender los procesos judiciales, arbitrales o reclamaciones en curso al momento de la terminación del proceso de liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones; que Roberto del Cristo Benítez Salcedo interpuso «[…] proceso especial de Fuero Sindical, pretendiendo el reintegro», contra Fiduciaria la Previsora, en calidad de agente liquidador de Telecom, el Consorcio de Remanentes Telecom integrado por Fiduagraria S.A. y Fiduciara Popular S.A. para la constitución de Par Telecom, y contra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom en liquidación, por la terminación de su contrato el 1 de febrero de 2006; que el demandado tuvo vigente su contrato de trabajo hasta el último día en que Telecom en liquidación S.A. existió jurídicamente.
Agregaron que mediante sentencia de segunda instancia se ordenó el reintegro del señor Benítez Salcedo, igualmente al pago de salarios y prestaciones hasta que se hiciera efectivo su vinculación; que en este caso no existió solución de continuidad entre la terminación del contrato de trabajo del demandado y el último día de existencia jurídica de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom, que se dio el 21 de enero de 2006; que se realizó conciliación laboral respecto de la sentencia de segunda instancia del proceso especial de fuero sindical por la cual se le generó el pago acordado en ese momento.
Resaltaron que la conciliación cuya nulidad pretenden se realizó «[…] (i) sin que existiera capacidad de apoderado general del PAR para conciliar de la manera como se hizo, (ii) sin que existiera la posibilidad de otorgar un poder a un tercero para conciliar; y (iii) sin que existiera causa de los cientos de millones otorgados al ahora demandado».
Aseguraron que mediante escritura pública n.° 3620 emitida por la Notaria Primera del Circuito de Bogotá «[…] las Doctoras MARIA FERNANDA ZUÑIGA CHAUX, en representación de FIDUAGRARIA S.A. y LUZ EUGEINIA SARMIENTO ACEVEDO, en representación de FIDUCIARIA POPULAR S.A., otorgaron poder general, amplio y suficiente al doctor LUIS ALEJANDRO ACUÑA GARCÍA», para que en el marco de unas estrictas facultades otorgadas, actuara como apoderado en nombre y representación de Par Telecom; que de acuerdo con lo establecido, para llevar a cabo una conciliación se requería instrucción previa del comité fiduciario y la representación de Par Telecom debía ejercerse directamente por el apoderado de esta, es decir por Luis Alejandro Acuña García.
Manifestaron que la conciliación se llevó a cabo sin que existieran autorización o instrucciones del comité, además fue efectuada por Carlos Enrique Murcia González a quien Luis Alejandro Acuña García, extralimitando sus facultades le sustituyó poder, dado que dicha facultad no se podía delegar. Plantearon que debido a que la conciliación de Roberto del Cristo Benítez Salcedo fue celebrada con extralimitación de funciones del apoderado, esta se encontraba viciada de nulidad «[…] ya que no existe capacidad para obligar a la entidad en conciliación sin que previamente se contara con las instrucciones del citado comité fiduciario, además la misma tampoco se llevó a cabo por el apoderado general del PAR, sino que este otorgó un poder autónomo para el efecto en contravía de sus facultades»; que en la conciliación se pretendió negociar el reintegro del demandado a la extinta «TELECOM».
Destacaron que,
[…] sin existir facultad para que el apoderado general del PAR, pudiera hacerlo, se otorgaron poderes a CARLOS ENRIQUE MURCIA GONZALEZ, con base en los cuales se realizaron conciliaciones laborales. Para el caso del señor ROBERTO DEL CRISTO BENITEZ SALCEDO, la conciliación, sin facultad para hacerla comprometió el reconocimiento de salarios y prestaciones sociales desde el 01 de febrero de 2006 (fecha posterior a la liquidación definitiva de TELECOM que fue el 31 de enero de 2006) hasta el 18 de marzo de 2009, esta última data estimativa al azar y que considerando las partes que por este concepto se debía pagar al ex trabajador la suma de $146’763.111. Como si fuera poco, “por la imposibilidad del reintegro” se comprometió el reconocimiento de la suma de $259’466.237 para un total de $406’229.338.
Reiteraron que la conciliación suscrita entre las partes debía ser declara nula debido a que el apoderado que la llevó a cabo no contaba con la capacidad para comprometer a la entidad, ya que incumplió con los requisitos jurídicos y facticos.
Al dar respuesta a la demanda Roberto del Cristo Benítez Salcedo se opuso a todas las pretensiones. Frente a los hechos aseguró que en su mayoría estos constituían apreciaciones de la parte demandante; que todas las diligencias tendientes a dar cumplimiento a la sentencia a su favor se hicieron directamente ante el Par Telecom, al igual que las actuaciones para dar por terminado el fuero sindical del cual gozaba.
Señaló que contrario a lo dicho por los demandantes, la sentencia de primera instancia proferida el 28 de marzo de 2008 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sincelejo, confirmada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de esa misma ciudad, «[…] en ninguno de sus numerales de la parte resolutiva condenó al REINTEGRO del ahora demandado, ni al pago de salarios ni prestaciones hasta el reintegro, como equivocadamente lo dice el apoderado de las demandantes», por lo que el hecho plantado por la parte actora resultaba falso, ya que la palabra reintegro no existió en la parte resolutiva de las sentencias de fuero sindical proferidas.
Manifestó que el apoderado del Par Telecom en la conciliación citada actuó dentro de los parámetros legales y de acuerdo con las facultades del poder conferido; que, por el contrario, no le constaba que Luis Alejandro Acuña García ostentara la calidad de apoderado de dicha institución. Afirmó en cuanto a la suscripción de la conciliación que «Según la exposición que se viene haciendo y las razones de la defensa, no era necesario recibir autorización o instrucciones previas del denominado comité fiduciario. En caso de haber sido necesarias, la responsabilidad no puede recaer sobre la parte débil, que en este caso es el trabajador», y continuó agregando que no aparecía prueba en el proceso de la carencia de las instrucciones mencionadas por la parte demandante.
Insistió en que el objeto de la conciliación y de las sentencias de primera y segunda instancia del proceso de fuero sindical, no se referían a la obligación de reintegro, sino al pago de derechos laborales; que las cifras contenidas en el acta de conciliación fueron el resultado de dos liquidaciones realizadas de la siguiente forma:
La liquidación de la sentencia, desde el 1° de febrero de 2006 con corte a 28 de febrero de 2009 (por acuerdo entre las partes) la suma reconocida por concepto de bonificación indemnizatoria, resultante de la liquidación de dos años y nueve meses de todos los derechos laborales a favor del aforado, contados desde el 1° de marzo de 2009 hasta el 30 de noviembre de 2001, tal como aparece en el proyecto de liquidación elaborado por el señor GUILLERMO LEÓN SUAREZ MORENO, coordinador de la unidad de personal del PAR en aquel entonces.
Destacó que el dinero percibido no fue en virtud de la imposibilidad del reintegro, tal como lo estableció la parte actora, sino por la decisión de finalizar el vínculo que existía entre las partes.
En su defensa propuso las excepciones falta de competencia y cosa juzgada.
Posteriormente Roberto del Cristo Benítez Salcedo presentó demanda de reconvención en contra de las sociedades Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y Fiduciaria Popular S.A., integrantes del Consorcio de Remanentes Telecom, administrador del Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom, con el propósito de que en caso que se declarara la nulidad del acta de conciliación que fue atacada desde el principio del pleito, se ordenara al Par Telecom dar cumplimiento a la parte resolutiva de la sentencia proferida el 28 de marzo de 2008, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sincelejo. Es decir:
[…] que se condene al Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR, a través del Consorcio de Remanentes Telecom, integrado por Fiduagraria S.A. y Fiduciar S.A., a pagar todos los salarios, con los incrementos salariales impuestos por la ley o la convención colectiva, desde el 1° de febrero de 2006 hasta la fecha en que quede en firme la sentencia que ordene el levantamiento del fuero sindical o hasta cuando se produzca la cancelación de la personería jurídica de la organización sindical USTC-SECCIONAL SUCRE.
Seguidamente solicitó que se efectuara un «cruce de cuentas» entre la liquidación de esta sentencia y los dineros que recibió en virtud de la conciliación; y que en caso de que resultara un saldo a su favor se le hiciera entrega del mismo en forma inmediata, y se le continuaran cancelando los salarios de forma ininterrumpida hasta que se cumpliera con las condiciones de la sentencia. Agregó que, si en el ejercicio mencionado resultaba un saldo favorable al Par Telecom, este se encargaría de devolverle dicho valor a través de descuentos que se efectuarían a los salarios que siguiera percibiendo.
Sustentó sus pretensiones indicando que, mediante demanda ordinaria laboral instaurada por las sociedades integrantes del Par Telecom se pretendía la declaración de nulidad del acta de conciliación celebrada entre las partes; que mediante esta se pretendía el reintegro de las sumas de dinero que fueron canceladas al demandado por el Par Telecom. Manifestó que, la conciliación que pretendían anular se celebró ante un juez de la República, quien dejó claro que el documento suscrito hacía tránsito a cosa juzgada.
Reiteró que el fundamento de la conciliación fue la sentencia proferida el 28 de marzo de 2008 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sincelejo en la que se condenó al Par Telecom a pagarle los salarios dejados de cancelar desde el 1° de febrero de 2006 hasta la fecha en que se ordenara el levantamiento del fuero sindical o cuando se produjera la cancelación de la personería jurídica del sindicato, estos con sus respectivos incrementos legales y convencionales; que se celebró la conciliación con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en la providencia.
Agregó que mediante la conciliación el Par Telecom se obligó a cancelar una suma de dinero a cambio de que renunciara a cualquier vínculo que tuviera con la entidad; que ambos manifestaron voluntariamente su consentimiento y así quedó plasmado en el acuerdo conciliatorio, así como que las liquidaciones fueron elaboradas directamente por la sociedad.
Concluyó mencionando que, «[…] de no haberse celebrado la conciliación, obligatoriamente el PAR tenía que seguir cancelando los salarios desde el 1° de febrero de 2006 hasta cuando se dieran las condiciones que la misma sentencia de fuero sindical estableció en el numeral tercero de la parte resolutiva».
Al dar respuesta a la demanda de reconvención, el consorcio administrador del Par Telecom se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, se pronunció señalando que «[…] el fundamento de lo pretendido es que la nulidad se deriva de la ausencia de consentimiento y la ausencia de causa de la conciliación de la demandada»; que debido a que lo pagado se derivó de un acto nulo se debía producir la restitución del valor cancelado; que el acuerdo sí se encontraba viciado de nulidad por ausencia de consentimiento y «[…] ausencia de causa de la conciliación demandada», razón por la cual no se configuraba cosa juzgada respecto de este.
Afirmó que lo expuesto por el señor Benítez Salcedo era falso ya que «[…] desconoce que de las sentencias descritas no se convalidan las sumas indebidamente pagadas en la conciliación viciada de nulidad», tanto por ausencia del consentimiento, como por ausencia de causa de los pagos. Finalizó manifestando que, lo planteado por el señor Benítez Salcedo desconocía las reglas jurídicas derivadas de fueros sindicales ante entidades inexistentes.
En su defensa propuso las excepciones que denominó como inepta demanda por falta de requisitos formales, falta de competencia, trámite diferente para las pretensiones de la demanda de reconvención, pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto, «Las sentencias aludidas en las pretensiones no recobran fuerza ejecutoria con la nulidad pretendida en la demanda de este proceso», «imposibilidad de cumplimiento de las pretensiones de la demanda de reconvención», prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y buena fe.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito Judicial de Bogotá profirió fallo el 1º de diciembre de 2011 por medio del cual resolvió declarar probada la excepción de cosa juzgada formulada por la parte demandada con relación a las pretensiones de la demanda principal, debido a que, el demandante no desvirtuó la legalidad del acto conciliatorio, no presentó plena prueba que diera constancia de la vulneración de derechos ciertos e indiscutibles, o la existencia de vicios del consentimiento de quienes suscribieron el acuerdo. Seguidamente, decidió declarar probada la excepción de cosa juzgada con relación a las pretensiones de la demanda de reconvención, como consecuencia de la anterior declaración.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. mediante providencia del 19 de abril del 2012 al resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, revocó la decisión del a quo y en su lugar condenó a la parte demandada a restituir los valores recibidos debidamente indexados. Absolvió a la sociedad demandante de las pretensiones elevadas en su contra en la demanda de reconvención.
Para el Tribunal, el problema jurídico consistió en determinar si el apoderado general del consorcio administrador del Par Telecom, de acuerdo con lo estipulado en la escritura pública n.° 3620 «[…] tenía o no facultades para conciliar con el demandado, y si contaba o no con facultad de otorgar poder especial a otro abogado, y si dicho poder se encontraba conforme a derecho a fin de celebrar conciliación, o si por el contrario del apoderado General del par Luis Alejandro Acuña García carecía de tal potestad».
Aclarado lo anterior, seguidamente debía establecer si la conciliación suscrita entre las partes se encontraba o no viciada de nulidad y si había lugar o no a las pretensiones planteadas por el demandante en reconvención, esto último en desarrollo del grado jurisdiccional de consulta.
Encontró acreditados los siguientes hechos:
Mediante Sentencia Judicial emitida el 28 de marzo de 2008, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Sincelejo, dentro del proceso especial de Fuero Sindical Acción de Reintegro, promovido por él aquí demandado y otros, en contra de los también aquí demandantes. Confirmada mediante Sentencia del 12 de noviembre de 2008, pronunciada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, se declaró que el demandado fue trabajador oficial al servicio de Telecom, amparado por fuero sindical, condición que siguió ostentando hasta el 31 de enero de 2006 cuando se produce su despido sin sujeción a las normas que regulan el fuero sindical.
Que el Par Telecom debe atender las obligaciones que tenía a su cargo l a extinta Telecom, como consecuencia de lo anterior condenó al Par Telecom a pagar al aquí demandado los salarios dejados de percibir por causa del despido, con los incrementos salariales impuestos por ley o la convención colectiva de trabajo a partir del primero de febrero de febrero de 2006, hasta la fecha en que quede firme la sentencia que ordene el levantamiento del fuero sindical del demandado, o hasta cuando se produzca la cancelación de la personería jurídica del sindicato. Momento en el cual desaparece jurídicamente el fuero sindical que gozaba el mismo, o sea el demandado en este proceso al momento del despido, e impuso costas a cargo del Par Telecom.
También está demostrado que, las partes el 18 de marzo de 2009 ante el Juzgado 18 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, resolvieron conciliar extrajudicialmente las condenas reseñadas, para lo cual llegaron a un acuerdo sobre el monto de los salarios con los incrementos legales y convencionales del caso, que ascendía a la suma de $146.763.111 pesos. Así mismo convinieron en una suma de $259.496.237 pesos a título de bonificación indemnizatoria imputable a cualquier diferencia o derecho que se haya dejado de pagar por parte de la extinta Telecom, derivada de la relación laboral que existió entre las partes para un total de la suma de $406.229.348, pago que recibió el demandado en la última semana del mes de abril de 2009 según manifestó en los fundamentos de la defensa de la contestación de la demanda.
También está demostrado que la citada conciliación extrajudicial fue suscrita nombre del Par Telecom por el Doctor Carlos Enrique Murcia González, en calidad de apoderado especial según poder que le otorgó el Doctor Luis Alejandro Acuña García, en su calidad de apoderado general del mismo par Telecom.
Inició el análisis indicando que conforme al artículo 2142 del Código Civil, el mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, quien se debía hacer cargo de ellos por cuenta de la primera, situación que se encontraba vinculada a la facultad de representar, conforme al artículo 2144 del mismo Código.
Por lo tanto, el mandatario debía ceñirse a los términos del mandato y para salirse de esos términos necesitaba poder especial, según lo establecen los artículos 2157 y 2158 de la misma normativa. Por ello, si el mandatario actuó dentro del marco del mandato conferido, el mandante estaba obligado a cumplir con las obligaciones que a su nombre contrajo el mandatario, de acuerdo con lo expresado en el artículo 2186 del Código Civil. Igualmente se estableció en el artículo 1505 de la mencionada normativa que, cuando una persona ejecutó a nombre de otra una actividad estando facultado para ello, su actuar producía respecto del representado iguales efectos que si hubiere contratado él mismo.
Afirmó que si el mandante actuó con extralimitación, su gestión fue realizada en calidad de agente oficioso, y su gestión sólo obligaba al representado si el resultado era provechoso para éste o había sido ratificado. Frente al caso en concreto la entidad demandante mediante escritura pública n.° 3620 del 4 de julio de 2007, le otorgó poder general a Luis Alejandro Acuña García para que ejerciera las funciones de apoderado en nombre y representación del Par Telecom y en especial para que ejecutara las siguientes actividades:
“7. Proceder a celebrar acuerdos de pago o conciliaciones, así como ordenar el pago correspondiente de los acuerdos conciliatorios de los contratos de joint venture, previa instrucción del comité”.
[…]
“9. del poder general: otorgar poderes especiales para la representación del patrimonio autónomo de remanentes Par en proceso y/o diligencia determinada, y en general para la defensa de los intereses del patrimonio autónomo en todos los campos y con relación a todos los recursos ordinarios y extraordinarios establecidos en las normas procedimentales dentro de los límites del contrato de fiducia mercantil”.
[…]
“16. del mandato general: representar al patrimonio autónomo de remanentes par ante cualquier corporación funcionario o empleado de los órdenes legislativo ejecutivo judicial y contencioso, en cualquier petición, actuación, acto, o diligencia en que tenga que intervenir directa o indirectamente sea como demandante, demandado, interesado o como coadyuvante de cualquiera de las partes para iniciar o seguir tales peticiones, juicios actuaciones, actos, diligencias o gestiones, y para constituir apoderados especiales para el efecto.
Explicó que del citado poder general se podía concluir que el apoderado tenía facultad para conciliar en representación de la entidad, pero dicha actividad sólo podía realizarse previa «[…] instrucción del comité, órgano de administración y dirección del fideicomiso con funciones de supervisor del debido cumplimiento del contrato de fiducia mercantil por parte de la fiduciaria contratista». Así pues, en sentido contrario a lo manifestado por el juez de primera instancia, por la forma en que quedó redactado el numeral 7 del poder general, era necesaria la instrucción previa del comité fiduciario ya que condicionaba tanto la celebración de acuerdos de pago como las conciliaciones.
Aseguró que en el expediente no se encontró evidencia de que la parte demandante hubiese ratificado el actuar de su apoderado general. Si bien el apoderado general tenía la facultad de otorgar poderes especiales para la representación del demandante en procesos o diligencias determinadas, estos debían estar relacionados con la defensa de los intereses del Par Telecom en cualquier campo, sin embargo, no se realizó mención alguna de que dicho otorgamiento de poderes especiales también podía hacerse para efectos de realizar conciliaciones a nombre de está, facultad que además debía ser expresa.
Agregó que frente a la conciliación lograda y cuestionada, no se proporcionó evidencia que demostrara el beneficio a favor del mandante quien en este caso actuó como el demandante. Así las cosas, no quedó duda de que el apoderado general del Par Telecom al otorgar poder especial a otra persona para efectuar la conciliación prejudicial con el hoy demandado, lo hizo extralimitando sus facultades.
Apoyó su argumento en apartados de las sentencias CSJ SL del 6 de julio de 1992, radicado 4624 y CSJ SC del 26 de abril de 1995, radicado 4193.
A renglón seguido destacó que la falta de poder en quien hizo las veces de mandatario de un tercero, no generaba la nulidad del acto o contrato en que intervino aduciendo tal calidad, ni cualquier otro vicio. Por el contrario, se generó el fenómeno de la inoponibilidad del negocio frente al supuesto mandante.
Determinó que,
[…] la conciliación alcanzada el 18 de marzo de 2009 entre el hoy demandante y demandado, no es que se anula sino inoponible (sic) a la parte demandante, como quiera que el demandante pretende de manera principal que se declara la nulidad de la citada acta de conciliación y con ello su ineficacia y/o invalidez, y de manera subsidiaria la inoponibilidad de la misma, se denegará la nulidad deprecada, y en su lugar se declarará la inoponibilidad peticionada.
Seguidamente declaró no probada la excepción planteada por el demandado denominada cosa juzgada, derivada de la conciliación, debido a que, como quedó dicho, tal acto era inoponible a la parte demandante.
Frente a la buena fe alegada por el demandado, ella podía ser reclamada a la persona que supuestamente actuó como mandatario de la parte demandante pero no a la parte aquí demandante, en tanto que, como quedó dicho, al mismo le era inoponible como quedó dicho el acuerdo conciliatorio. Con todo, «[…] la parte demandada tuvo a su alcance el contenido tanto del poder general, como del poder especial varias veces comentado, con el que aparentemente actuaba la parte demandada de la conciliación impugnada, y a pesar de ello, y de la falencia que se observa habiéndola podido conocer» expresó su consentimiento, consecuentemente revocó el numeral primero de la sentencia de primera instancia.
Acerca de los efectos de la inoponibilidad al demandante de la conciliación realizada entre las partes, recordó el artículo 2313 del Código Civil, en el que se estableció la figura de la acción de repetición, y señaló sus supuestos, los cuales eran «[…] 1. exigir el pago del demandante al demandado, 2. que dicho pago carezca de todo fundamento jurídico real o presunto, 3. que el pago obedezca error de quien lo hace aun cuando sea de error de derecho».
Señaló que en el presente caso la parte demandante en su momento creyó ser deudor de la parte demandada, en virtud de la conciliación suscrita, con lo cual se cumplió uno de los requisitos de dicha figura. Quedó claro que dicho acuerdo conciliatorio le era inoponible a la parte demandante por cuanto su apoderado judicial actuó extralimitando su poder, lo que pone de manifiesto que el pago que el demandante efectuó demandado supuestamente el cumplimiento de la conciliación alcanzada carecía de fundamento jurídico real, con lo que se demuestra el segundo de los elementos, y con ello el tercero, pues el pago se fundó un error de la parte demandante.
Precisó que como la conciliación celebrada entre las partes en conflicto implicó la entrega por la demandante y el recibo de una suma de dinero por parte del demandado, y dado que se solicitó el reintegro de dicho valor, se debía condenar a la parte demandada a restituir al demandante el citado valor debidamente indexado.
Frente a las pretensiones de la demanda de reconvención, se pronunció de la siguiente manera:
[…] como quiera que lo que pretende el demandado con la contrademanda es que se ordene al demandante dar cumplimiento a las sentencias judiciales emitidas por la Justicia Laboral en la ciudad de Sincelejo, dentro del proceso especial de Fuero Sindical, acción de reintegro. Seguido entre las mismas partes previo cruce de cuentas entre los adeudado por la sentencia indicada y la restitución, y que se ordenará la ejecución de la sentencia, este proceso ordinario no es el idóneo para ello. Por esto se revocará el numeral 2° de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, y en su lugar se absolverá a la demandada en reconvención de las pretensiones incoadas en su contra.
Las razones anteriormente expuestas fueron suficientes para revocar la sentencia del a quo.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente y revoque la sentencia proferida «[…] POR LA HONORABLE SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, con fecha de 19 de abril de 2012, que revoca el fallo absolutorio que profirió el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá», y en sede de instancia, declare probada «[…] la excepción de mérito de cosa juzgada propuesta en la contestación de la demanda en la primera instancia, excepto el numeral relacionado con la demanda de reconvención».
Subsidiariamente solicitó que, si la Sala no encontraba acorde a derecho su pretensión, esta en sede de instancia:
[…] modifique al numeral primero del fallo de la primera instancia proferido por el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá, en cuanto a la absolución de las pretensiones del demandante, ya no por la declaración de dar por probada la excepción de mérito de cosa juzgada, sino por la ratificación de la agencia oficiosa por parte del PAR TELECOM a sus mandatarios.
Por último, requirió a la Sala:
CASAR Y REVOCAR EN TODA SU INTEGRIDAD EL FALLO PROFERIDO POR LA HONORABLE SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, con fecha de 19 de abril de 2012, que revoca el fallo absolutorio que profirió el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá a favor del aquí demandante, dentro del proceso ordinario que impetró el aquí demandado PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR TELECOM, contra el señor ROBERTO DEL CRISTO BENITEZ, de fecha 01 de diciembre de 2012, bajo el radicado 11001310502820100095100, como consecuencia de declarar la incompetencia del juez de primera instancia y como consecuencia de la excepción previa propuesta en la contestación de la demanda de primera instancia y que fue denegada, tanto por la primera instancia como por la segunda instancia.
Con tal propósito formuló tres cargos, los cuales tras haber sido oportunamente replicados, pasan a ser examinados por la Corte de forma conjunta dado que contienen argumentación complementaria entre sí.
PRIMER CARGO
Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta:
[…] AL INCURRIR LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA EN DOS ERRORES DE HECHO AL DAR PRIMERAMENTE POR ESTABLECIDO UN HECHO, CUANDO NO LO FUE, A TRAVES DE UNA MALA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA DEL PODER GENERAL OTORGADO POR EL PAR TELECOM A SU APODERADO GENERAL Y COMO SEGUNDO POR NO DAR POR PROBADOS VARIOS HECHOS HABIENDO ESTOS OCURRIDO, ESTO A TRAVES DE LA FALTA DE APRECIACIÓN DE ALGUNAS PRUEBAS DECRETADAS EN EL PROCESO DE PRIMERA INSTANCIA.
Inicio la demostración del cargo señalando que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en su providencia, incurrió en la violación de la ley sustancial por vía indirecta, «[…] concretamente del artículo 28 de la Ley 640 de 2001 en concordancia con los artículos 64 y subsiguientes de la Ley 446 de 1998 y el artículo 78 del Código Procesal del Trabajo», ya que configuró un error de hecho al «DAR POR ESTABLECIDO UN HECHO CUANDO NO LO ES». Esto, a través de una mala apreciación de la prueba del poder general otorgado por el Par Telecom al apoderado general en sus numerales 7, 9 y 16 del mismo.
Recordó que el Tribunal en sus consideraciones dejó dicho que el apoderado general se extralimitó en sus funciones en dos ocasiones, las cuales fueron «[…] (i) haber aprobado la conciliación cuando en el numeral 7, debía contar con una autorización previa del comité fiduciario para haberla celebrado, y no la tenía y (ii) otorgar un poder especial a un mandatario cuando para efectos de celebrar una conciliación el apoderado general, no gozaba de dicha facultad».
Destacó que el ad quem basó su fallo revocatorio en la consideración de una sola prueba, la cual fue el poder general otorgado a Luis Alejandro Acuña, en el que encontró que el apoderado actuó extralimitando sus funciones y como consecuencia de ello se generó el fenómeno de la agencia oficiosa. Por lo tanto, la conciliación impugnada era inoponible, es decir que no nació a la luz de la realidad jurídica, y que sólo quien se obligó frente a terceros fue el apoderado general, no su mandante el Par Telecom.
Continuó explicando que el ad quem determinó que en el numeral 7 del poder general que le fue otorgado a Luis Alejandro Acuña mediante escritura pública n.° 3620 existía una limitante para celebrar conciliaciones en nombre del Par Telecom y era contar con la instrucción previa por parte del comité fiduciario. Indicó que dicha restricción no procedía únicamente para la orden de pagos correspondientes a los acuerdos conciliatorios por los contratos de «JOINT VEN TURE», sino también para todos los acuerdos de pago y conciliaciones que llegare a celebrar en nombre del PAR.
Afirmó que el Tribunal «[…] incurre en un yerro de hecho al extender en la apreciación de la prueba, ya que da por probado el hecho que existe una limitante en el poder general otorgado al Señor LUIS ALEJANDRO ACUÑA, para celebrar conciliaciones, y es que debe contar con previa instrucción del comité fiduciario, cuando no lo es así». Aseguró que en dicho documento se podía verificar que la facultad del apoderado general para celebrar acuerdos de pago y conciliaciones en representación del Par Telecom, no contenía ninguna limitante al momento de la realización de dichos actos.
Frente a los numerales 9 y 16 del mencionado poder general mencionó que el Tribunal en sus consideraciones comentó que no le estaba permitido al apoderado general otorgar poderes especiales para que otro celebrara en nombre del Par Telecom conciliaciones, ya que solo tenía dicha facultad para los actos en favor de los intereses de este, y por ello hubo una segunda extralimitación por parte del apoderado general, como también ocurrió con el apoderado especial, que acudió en nombre de la entidad a la audiencia de conciliación donde suscribió el acta impugnada.
Planteó que al verificar el contenido de los mencionados numerales contenido en el poder general se podía vislumbrar que el error en el que incurrió el ad quem, toda vez que en el numeral 9, se observaba que el apoderado entre sus facultades podía:
[…] (i) otorgar poderes especiales para la representación del PAR en procesos y en diligencias determinadas, como lo es por ejemplo una audiencia de conciliación. Ya posterior a este contenido el numeral extiende las facultades de otorgar especiales para actividades en general distintas de las ya mencionadas que vayan en defensa de los intereses del PAR.
Igualmente, en el numeral 16 referido se observaba que el Par Telecom «[…] facultaba al apoderado general para constituir poderes especiales para pedir, actuar, hacerse parte en diligencias, o intervenir de forma directa o indirecta como demandado, interesado o coadyuvante ante cualquier entidad, o funcionario de todas las ramas del poder pública».
Terminó la primera parte de la exposición del cargo concluyendo que el apoderado general del Par Telecom siempre gozó de facultades plenas para comprometer a la entidad en la celebración del acta de conciliación realizada entre el trabajador y el mandatario especial que destinó el apoderado general para tal efecto. Así mismo, agregó que, sí tenía facultades para otorgar poderes especiales para que actuaran en representación de la entidad, ante cualquier clase de diligencia entidad o funcionario de las ramas del poder público.
En la segunda parte de la exposición el cargo indicó que el ad quem incurrió en una:
[…] VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANCIAL POR VIA INDIRECTA AL INCURRIR LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA EN UN SEGUNDO ERROR DE HECHO AL NO DAR POR PROBADOS VARIOS HECHOS HABIENDO ESTOS OCURRIDO ESTO A TRAVES DE LA FALTA DE APRECIACION DE ALGUNAS PRUEBAS DECRETADAS EN EL PROCESO DE PRIMERA INSTANCIA.
Recordó que el Tribunal para determinar su sentencia se basó en la apreciación de una sola prueba la cual fue el poder general otorgado por el Par Telecom hacia Luis Alejandro Acuña. También tuvo en cuenta la presunta omisión probatoria del demandado, al no ingresar como prueba del expediente la instrucción previa del comité fiduciario, que demostrara que el apoderado general celebró la audiencia de conciliación impugnada con plenas facultades.
Adujó que el ad quem realizó una ponderación de pruebas con un criterio exegético y,
[…] extendiendo interpretaciones inexistentes en los numerales 7, 9 y 16 del poder general otorgado por el PAR, y no hizo la interpretación de dicha prueba, integrándola con las demás que existen y han sido decretadas dentro del proceso, ni tampoco las adecuó conforme a las reglas de la sana crítica, toda vez que en el acervo probatorio allegado se demuestra que se hicieron de manera conjunta entre el trabajador y el PAR TELECOM unos actos preparatorios previos a la conciliación: como lo fueron las solicitudes de pago de la sentencia del proceso de fuero sindical proferido por el Juzgado 1 Laboral del Circuito de Sincelejo y ratificado por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, las proyecciones de la liquidación que se hicieron internamente por las jefaturas de personal y jurídica de la entidad, solicitudes del PAR hacia el trabajador para que allegara copias de la sentencia, entre otras, igualmente, unos actos conciliatorios que fueron proyectados por la Jefatura Jurídica de la entidad y que fue aprobada por un Juez Laboral de Categoría del Circuito en la ciudad de Bogotá donde se celebró la audiencia, y unos actos post-conciliatorios como el pago de dicha conciliación, que permiten así brindar un grado de certeza suficiente para concluir que al apoderado general sí contaba con las facultades necesarias para celebrar dicha conciliación y además otorgar poder especial a mandatario especial para que en nombre del PAR celebrara dicha conciliación en el despacho judicial donde fue surtida, y que en ningún momento, tanto los actos preparatorios, conciliatorios y post-conciliatorios, fueron objetados o prohibidos o denunciados, ni por los órganos de control de la entidad, ni por la Contraloría General de la República, órgano de control del orden nacional que tiene competencia para realizar la vigilancia fiscal de la operación del patrimonio autónomo.
Esbozó en las pruebas que, a su juicio, el Tribunal no integró en el estudio del poder general, y que, por falta de apreciación de ellas, emitió un fallo que violó las normas sustanciales aquí recurridas.
Afirmó que el Par Telecom, previo a la realización del pago proveniente de la conciliación, debió surtir pasos de carácter interno y que en ningún momento fueron objetados por adolecer de la previa instrucción del comité fiduciario. En este sentido, estimó que, desde el mismo momento de su «aprovisionamiento» como de su pago, el comité fiduciario tuvo conocimiento pleno que se estaba adelantando una gestión de conciliación, que en ninguna de sus etapas fue objetada por este.
Determinó que la falta de apreciación del material probatorio violentó la norma sustancial aducida, y que, de haber realizado un análisis adecuado de la ley, hubiera decretado la validez de la conciliación celebrada entre las partes. Por lo tanto, en este caso debió operar la excepción de cosa juzgada, salvaguardando así la consecuencia legal otorgada a las conciliaciones que se celebraron en debida forma, como así lo fue la conciliación impugnada.
Concluyó que el apoderado general siempre gozó de facultades plenas para comprometer a la entidad a través de una conciliación. Además, durante la celebración de los actos pre conciliatorios, conciliatorios y post conciliatorios como el pago, entre otros, todas las áreas directivas del Par Telecom pudieron intervenir, sin embargo, dichas entidades de control no se pronunciaron de forma negativa al respecto, por lo tanto, el Tribunal desconoció estos hechos que integraban la prueba, vulnerando así la norma sustancial ya peticionada.
SEGUNDO CARGO
Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta por:
[…] VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANCIAL POR VIA INDIRECTA AL INCURRIR LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA EN UN ERROR DE HECHO POR NO DAR POR PROBADOS VARIOS HECHOS HABIENDO ÉSTOS OCURRIDO A TRAVÉS DE LA FALTA DE APRECIACION DE ALGUNAS PRUEBAS DECRETADAS EN EL PROCESO DE PRIMERA INSTANCIA.
Inició la demostración del cargo indicando que, el Tribunal incurrió en la violación de la ley sustancial por vía indirecta, concretamente del artículo 2186 del Código Civil.
Recordó que, el Tribunal fundamentó su decisión en la apreciación de una sola prueba, el poder general otorgado por el Par Telecom hacia Luis Alejandro Acuña, y la presunta omisión probatoria del demandado al no ingresar como prueba del expediente la instrucción previa del comité fiduciario para que el apoderado general pudiera celebrar con plenas facultades la audiencia de conciliación impugnada.
6801305764168470254883656009Reiteró los argumentos expuestos en el primero de los cargos, ratificando que el Tribunal realizó una ponderación de pruebas bajo un criterio puramente exegético y extendió interpretaciones inexistentes en los numerales 7, 9 y 16 del poder general otorgado por el Par Telecom. Resaltó que, el Tribunal no consideró el pago de la conciliación como ratificación del mandato, sino como error conforme lo establecido en el artículo 2313 del Código Civil, en el que se declaró que quien por haga un pago y prueba que no lo debía, tiene derecho a su devolución, mediante la acción de repetición.
12890501226469Sostuvo que, el error del ad quem consistió en la falta de apreciación de las pruebas, porque desconoció las actuaciones que ya se encontraban probadas, y que tenían carácter continuo y sucesivo, que demostraban sin duda alguna que, tal mandato fue ratificado por la aceptación tácita de cada una de las acciones que dieron consumación a la conciliación impugnada, incluyendo el pago de ésta.
Mencionó que no podía pretender el Tribunal dar por probado que el Par Telecom,
[…] obró bajo un convencimiento falso, y que todos sus actos en los que participó desde el inicio hasta la consumación de la conciliación, lo hizo desconociendo el requisito que a juicio de este fallador debió cumplir y no lo hizo y que aún hasta el momento del pago actuó bajo error y que no debía ningún valor al trabajador cuando la misma sentencia da prueba fidedigna que el PAR sí adeudaba valores al trabajador.
Estimó que el ad quem le endilgó al trabajador demandado la carga de revisar, tanto el poder general como el especial, para entender las facultades de los apoderados, y en igual forma, lo responsabilizó, aduciendo que este tuvo la oportunidad de abstenerse de firmar la conciliación.
Aclaró que el Tribunal incurrió en errores de hecho, por no tener en cuenta pruebas que demostraban hechos que sí existieron, vulnerando así la norma sustancial aducida. Que de haber estudiado acorde a derecho el caso, hubiera encontrado la ratificación de los actos de agencia oficiosa que realizó el apoderado del Par Telecom, y que lo comprometían con la conciliación celebrada. Concluyó indicando que el apoderado general contó con las ratificaciones del mandato, y gozó de facultades plenas en todo momento para comprometer a la entidad en la celebración de la conciliación mencionada.
TERCER CARGO
Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa «[…] AL INCURRIR LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ EN INAPLICACIÓN DE LA LEY».
Apoyó el cargo indicando que el Tribunal incurrió en la violación de la ley sustancial por vía directa, en la modalidad de falta de aplicación del artículo 11 del Código Civil. Con ello, manifestó que, el Tribunal realizó una interpretación errónea de la norma sustantiva, ya que en el auto de fecha de 31 de agosto de 2011, rechazó de plano incidente de nulidad propuesto por la parte demandada contra el auto de fecha 31 de mayo de 2011 proferido por el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá, que denegó la excepción previa denominada falta de competencia propuesta en la contestación de la demanda.
Consideró que en las instancias los jueces no tuvieron en cuenta que, además de aplicar indebidamente una norma sustancial como lo era el artículo 11 del Código Civil, relacionada con la aplicación de la ley en el tiempo,
[…] ambos falladores erraron en darle competencia a un juez aplicando una reforma adjetiva que sufrió el código de procedimiento laboral que se promulgó con posterioridad a la promulgación, ya que al momento de radicarse la demanda estaba en vigencia la modificación al artículo 5 del CPT, establecido por el artículo 3 de la ley 712 de 2001, y no la modificación del artículo 45 la ley 1395 de 2010, artículo que hoy en día ha sido declarado inexequible por la Corte Constitucional.
Concluyó indicando que se debía declarar la nulidad de todo lo actuado.
RÉPLICA
Señaló la oposición que a lo largo del recurso se presentaron insubsanables errores de técnica. Inició mencionando que, en el acápite de alcance de la impugnación, que fue denominado «pretensiones del recurrente»,
[…] solicita un verdadero imposible fáctico y jurídico que en su sentir debe acometer la Honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ya que le pide: "CASAR Y REVOCAR EN TODA SU INTEGRIDAD EL FALLO PROFERIDO POR LA HONORABLE SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA lo que a todas luces refleja un insalvable error de técnica y de fondo, teniendo en cuenta que, en lógica, si se casa una sentencia, el derrocamiento de la misma impide de suyo, posteriormente revocar la misma.
Evidenció que al casar una sentencia, esta dejaba de existir y ante ello no era posible revocar la providencia extinta por haber sido previamente casada. Por lo tanto, era a todas luces imposible casar y posteriormente revocar la misma.
Seguidamente observó que en la forma en que se presentó el petitum existió otro error, dado que «[…] solicita el recurrente en el numeral 1 que se case en toda su integridad la sentencia del tribunal, manifestando finalmente: "excepto el numeral relacionado con la demanda de reconvención».
Anotó que, en dicho planteamiento se incumplió otro requisito como lo era,
[…] expresar de forma clara, precisa y concreta lo pretendido, circunstancia ésta que el recurrente pasó por alto, pues pareciera, según la confusa redacción de su escrito que lo solicitado en los términos expresados no corresponde a una casación "íntegra" del fallo del tribunal sino a una casación parcial, y de ser así, no indica qué actuación debe seguir la Corte como sede de instancia respecto de esta última (la que solicita como excepción), pues si bien manifiesta el deseo de que se confirme en su integridad el fallo de primera instancia, lo cierto es que no indica si lo que finalmente solicita es que se condene o absuelva de las pretensiones de la demanda de reconvención y es evidente que la Sala no tiene ni el don ni la facultad legal para adivinar que pretende el recurrente que deba hacer la Sala a ese respecto.
Posteriormente el recurrente requirió: «[…] "como consecuencia de lo anterior se confirme en su integridad el fallo de primera instancia». Al respecto indicó que, si en la exposición del recurso se solicitaba que se case en su integridad el fallo del Tribunal, excepto el numeral relacionado con la demanda de reconvención, significa que esta parte de dicho fallo debía quedar sin modificación alguna, por lo que solicitar posteriormente que se confirmara el fallo de primera instancia constituía un contrasentido insalvable; teniendo en cuenta que el numeral segundo de este fallo no fue favorable a sus pretensiones al absolver a la entidad demandante de los cargos incoados en la demanda de reconvención.
Acerca de la petición de «[…] "declarar la ratificación de la agencia oficiosa por parte del PAR TELECOM a los mandatarios por ratificación en actos pre-conciliatorios, conciliatorios y pos-conciliatorios, entre ellos el pago de la conciliación celebrada"», consideró que era inadmisible puesto que a lo largo del proceso no se planteó la existencia de una supuesta agencia oficiosa y en ninguna de las instancias se expresó tal figura. Únicamente el Tribunal hizo alusión «[…] obiter dicta a la misma al referir que las gestiones verificadas del mandatario con extra limitación de poderes no constituyen gestión o negocio sino agencia oficiosa, y que el agente oficioso obliga al interesado frente a terceros sólo cuando la gestión redunda en provecho de éste o sean ratificados, de lo contrario son inoponibles».
Continuó exponiendo otra solicitud del recurrente en la que planteó una modificación del numeral primero del fallo primera instancia indicando que «[…] "ya no por la declaración de dar por probada la excepción de mérito de cosa juzgada, sino por la ratificación de la agencia oficiosa por parte del PAR TELECOM a sus mandatarios"». Al respecto anotó que, el recurrente omitió lo que debía hacer la Corte, actuando como tribunal de instancia respecto de los demás numerales contenidos en la sentencia, pues únicamente manifestó lo que se debía hacer respecto del primer numeral.
Por último, frente a este mismo acápite de alcance de la impugnación recordó lo peticionado con respecto a que:
[…] se case y revoque la sentencia del tribunal "como consecuencia de declarar la incompetencia del juez de primera instancia y como consecuencia de la excepción previa propuesta en la contestación de la demanda de primera instancia y que fue denegada tanto por la primera instancia como por la segunda". Solicitando como consecuencia de lo anterior que "se decrete la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso en primera instancia y que fue denegada, tanto por la primera instancia como por la segunda
9484812672872Categorizó como inapropiada la formulación del alcance de la impugnación planteado por el recurrente puesto que su petición era extemporánea e improcedente en cuanto a la autoridad a la que se dirigió. Recordó que el recurso extraordinario de casación no es una herramienta para enmendar las eventuales irregularidades que, en su sentir afectaron el proceso, máxime si estas ya fueron estudiadas y resueltas en las oportunidades procesales previstas legalmente para ello.
Insistió en que el alcance de la impugnación formulado por el recurrente contenía numerosas contradicciones, falta de precisión y claridad, así como errores de técnica, equivocaciones que, tratándose de un recurso extraordinario resultaban insalvables, «[…] pues no se puede pasar por alto que por esta naturaleza del recurso lo perseguido por el censor debe enmarcarse dentro de las normas que gobiernan su aplicación».
Frente a los cargos planteados por el recurrente, señaló que en el primero,
Acusa al Tribunal de violar la ley sustancial por la vía indirecta CUANDO NI SIQUIERA SE REFIERE A LOS PRECEPTOS DE LA LEY SUSTANCIAL SUPUESTAMENTE VIOLADA. El recurrente tiene una carga mínima de señalar sobre cuales leyes sustanciales recayó la violación y tan elemental denuncia fue omitida íntegramente en este deficiente cargo. Así siendo imposible para la Corte, recorrer oficiosamente el universo jurídico para adivinar cuáles leyes son a (sic) las que se refiere el demandante en el defectuoso cargo, el mismo es imposible de ser examinado. El recurrente cito (sic) tres normas, dos de las cuales definen la conciliación, es decir los artículos 28 de la ley 640 y 64 de la ley 446 (una en materia laboral y a otra en términos generales, respectivamente) y el artículo 78 del CPT y SS que es una norma adjetiva (es sabido que la ley sustancial invocada en su causal de casación no permite denunciar disposiciones procesales a menos que se acusen por violación medio en relación con las de carácter sustancial). La alusión normativa ha debido referirse al artículo 1502 del CC y a las normas del mismo código referidas al mandato, cuando menos, que fueron sobre las que redundó el tribunal. Adicionalmente ha debido indicar, si seleccionó la vía indirecta, que ellas fueron aplicadas indebidamente, pero nada de eso desarrollo el primer cargo.
En el desarrollo del cargo primeramente denunció que el error se produjo por la interpretación que le dio el Tribunal al numeral 7 de la escritura pública n.° 3620, ya que a su parecer la instrucción previa del comité fiduciario solo era necesario para contratos «JOINT VENTURE», y no para las conciliaciones. Sin embargo, el ad quem no cometió desacierto alguno ya que, de acuerdo con lo consagrado en dicha escritura pública, la realización de conciliaciones también estaba sujeta a la instrucción previa del comité fiduciario.
Agregó que en el desarrollo del cargo, el recurrente también pretendió controvertir las conclusiones del fallo respecto a que el apoderado del Par Telecom no podía sustituir el poder general a efecto de realizar conciliaciones, por lo que se refirió a los numerales 9 y 16 de la misma escritura pública n.° 3620. Para esto, incluyó «POR VÍA DE EJEMPLO», las conciliaciones, dentro de las facultades que el apoderado general puede sustituir, sin embargo, quedó claro a lo largo de las intervenciones del Tribunal que la representación del Par Telecom en una conciliación debía ser directa y no era susceptible de sustituirse.
Insistió en que el censor incurrió en un insalvable error pues las normas y la jurisprudencia que gobiernan el recurso extraordinario de casación imponen al recurrente la demostración del error protuberante en la valoración de la prueba, requisito que no cumplió en su planteamiento. Señaló que el recurrente formuló un apartado «B» en el desarrollo de ese mismo cargo, en el que igualmente se presentaron errores de técnica.
Destacó que el cargo no contenía la parte indicativa de la normativa sustancial que a su juicio fue vulnerada al tiempo que recordó que el recurso extraordinario se encontraba sometido al cumplimiento de requisitos, «[…] sin que sea dable esbozar un conjunto de pruebas y hechos con alegaciones tendientes a convencer a un juzgador, sin la técnica estatuida para ello».
Observó que el recurrente hizo mención a varias pruebas que consideró no valoradas por el Tribunal, sin embargo,
[…] de ellas jamás indica donde acreditan que existió una expresa instrucción previa del comité fiduciario en relación con la conciliación objeto del proceso, ni donde se acredita una ratificación del PAR sobre lo conciliado, ni tampoco donde esas pruebas acreditan que se habilitó al apoderado general para sustituir su poder al realizar conciliaciones, de manera que su ataque, que es más un alegato, en nada desacredita el fallo recurrido.
Por lo tanto, consideró que el cargo no debía prosperar.
En la oposición al segundo cargo anotó que este carecía del indicativo de modalidad de violación. De manera que siendo la vía indirecta la escogida, en la exposición de los argumentos se debió denunciar explícitamente la aplicación indebida indicando los preceptos a lugar.8691662620009 Encontró que el censor incurrió nuevamente en errores de técnica al categorizar su petición como subsidiaria ante lo expuesto en el cargo anterior.
Agregó que,
[…] las normas y la jurisprudencia que gobiernan en el recurso extraordinario de casación indican que cualquier infracción que se denuncie a través de este recurso solamente será válida si encaja en uno de los motivos previstos en la ley. Recuérdese que si la casación es un recurso extraordinario, con fundamento constitucional expreso, no puede confundírsele con una tercera instancia. En efecto, tiene por objeto el estudio de legalidad de la sentencia de segunda instancia y no del caso concreto que le dio origen, Como tiene sentado la jurisprudencia, sólo cuando el tribunal de casación ha encontrado que, evidentemente, el juez de instancia incurrió en un error de aplicación, apreciación o interpretación de la norma sustancial que se alega, y casa la sentencia, podrá pronunciarse sobre el caso concreto, actuando ya no como tribunal de casación sino como juez de instancia, razón por la cual resulta a todas luces inadmisible que tenga en cuenta la corte que si no acoge la declaratoria de una excepción acoja otra tesis: la de la agencia oficiosa, máxime cuando la misma no fue objeto de litigio.
Culminó exponiendo que el recurrente se pronunció sobre una serie de pruebas que acusó como no valoradas, pero no indicó de qué manera estas acreditaban que existió una ratificación expresa o tácita de la conciliación realizada.
Por último frente al desarrollo del tercer cargo resaltó que el recurrente lo formuló a través de la causal de violación directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 11 del Código Civil. Cuestionó que la denuncia se dirigió a la interpretación errónea de la norma, ya que en las respectivas instancias se rechazó un incidente de nulidad mediante el cual perseguía la declaratoria de incompetencia del juzgado, todo ello en el marco de una segunda pretensión subsidiaria.
Manifestó que,
[…] semejante galimatías impide un estudio de fondo ya que la Corte con ese rumbo trazado en el deficiente cargo, simplemente no tiene parámetros para determinar qué se censura del fallo ya que no se tuvo en cuenta que las modalidades de violación de la ley sustancial son independientes u no penden de la absurda interdependencia que presenta el cargo es decir, no penden de que la inaplicación de la ley (que además no existe como modalidad de violación) dependa de una interpretación indebida (de otra norma que ni siquiera se denuncia).
Concluyó que el cargo perseguía una finalidad distinta a la del recurso de casación, la cual era debatir la legalidad de un auto, ya que su verdadera función era determinar la legalidad de una decisión definitiva de segunda instancia.
CONSIDERACIONES
Son varios los errores de técnica que acompañan la demanda de casación, los que, no obstante su entidad, permiten a la Sala su estudio en un ejercicio hermenéutico de la misma y comoquiera que se rescatan los elementos mínimos de la acusación.
En efecto, comienza la Sala por aclarar que el recurrente cometió una falta en la formulación del alcance de la impugnación, que corresponde al petitum de la demanda y que traza la línea de competencia de la Corte para la providencia que corresponda. Allí, omitió indicar con precisión a la Sala cuál era la decisión que debía adoptarse en el evento de salir avante su reproche y que necesariamente estaría referida a la suerte de la sentencia de primer grado.
Si bien, de su argumentación puede deducirse que se busca la confirmación de la sentencia del a quo y el consiguiente fracaso de las pretensiones de la demanda, desconoce que la Corporación actúa principalmente como tribunal de casación y que es la sentencia del a quo la que se estudia excepcionalmente cuando la Corte asume la condición de tribunal de instancia. Ello, por cuanto es necesario reclamar con claridad lo que habría de hacerse con la sentencia de primer grado una vez llegare a dejarse por fuera del mundo jurídico la providencia del Tribunal, lo que, en todo caso, no podría comportar la formulación de «pretensiones» en la sede extraordinaria que no fueran pedimentos encaminados a la confirmación, modificación o revocación del fallo de primera instancia, dado el caso.
De otro lado, conforme a lo establecido en el artículo 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ha reiterado con antelación la Corte que, en tratándose de un recurso como el extraordinario de casación, es necesario que en su formulación se cumpla con la técnica que lo caracteriza y concretamente con el citado artículo, según el cual «[…] el recurrente deberá plantear sucintamente su demanda, sin extenderse en consideraciones jurídicas como en los alegatos de instancia». Lo dicho, dado que como lo señala la ley y tantas veces lo ha dicho la Corte, en sede de casación se confrontan la sentencia de segunda instancia y la ley no las partes en litigio y sus argumentos (CSJ SL2517-2017).
La técnica de casación exige, además, el enfrentamiento total del fallo atacado con la ley que se alega debió ser la aplicada o interpretada de otra forma, asunto que resulta confuso en el sub lite, comoquiera que el intrincado recurso extraordinario el recurrente lo hizo consistir en apreciaciones que por momentos, tuvieron el cariz de alegaciones de instancias. Al respecto recuerda la Sala que este recurso extraordinario no le permite a la Corte juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón habida cuenta que su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia impugnada con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto (CSJ AL1292-2017). La dialéctica de la casación, en síntesis, no reside en desplegar interpretaciones discordantes u opuestas de las del ad quem, sino en acreditar sus yerros (CSJ AL1932-2017; CSJ SL841-2013; CSJ SL, 28 agosto 2012, radicado 43009).
En lo correspondiente al tercer cargo, por su parte, cabe decir que resulta improcedente por completo hacer uso del recurso extraordinario de casación para discutir situaciones procesales que, por su naturaleza, fueron o debieron ser discutidos en las instancias. De allí que no sea dable acudir a la sede casacional para proponer una nulidad procesal que, además, corresponde en su contenido exclusivamente a discusiones sobre la competencia del juez del trabajo para decidir el núcleo del litigio, lo que fue oportunamente analizado y discutido por los falladores del caso.
Sobre este tópico se pronunció la Sala de Casación Laboral en la sentencia CSJ SL5464-2018, en la cual razonó así:
En este orden, los dos aspectos que son el soporte de las acusaciones, constituyen un hecho nuevo, lo cual está proscrito en casación laboral, como de manera pacífica y consistente lo ha adoctrinado esta Corte, señalando, que este recurso extraordinario no puede ser utilizado por los sujetos procesales para plantear asuntos que las partes pretermitieron abordar en las instancias o pudieron darle solución a través de los instrumentos procesales correspondientes, tal y como se ha dicho, entre muchas otras, en la sentencia CSJ SL653-2018, en donde se reiteró la CSJ SL8546-2017.
Con todo y a pesar de los descritos yerros de la demanda extraordinaria, como se dijo, de la acusación que integran los cargos primero y segundo, es posible colegir que el recurrente ataca la providencia del ad quem por la vía indirecta, al considerar que el Tribunal cometió sendos errores de hecho al tener por ineficaz e inválida la conciliación suscrita por las partes en el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, por la cual se había acordado el pago de unos créditos laborales asociados al cumplimiento de una providencia judicial dictada en un proceso especial de fuero sindical y el pago de una bonificación imputable a cualquier diferencia existente entre las partes.
Todo lo anterior, con ocasión de la presuntamente equivocada valoración del documento correspondiente al poder general otorgado al abogado Luis Alejandro Acuña mediante escritura pública del 4 de julio de 2007.
Pues bien, comienza la Corte por señalar que el poder general que fue otorgado al profesional en derecho citado, ciertamente contempló las siguientes atribuciones especiales, que son las que encierran el núcleo del litigio:
7. Proceder a celebrar acuerdos de pago o conciliaciones, así como ordenar el pago correspondiente a los acuerdos conciliatorios por los contratos de JOINT VENTURE, previa instrucción del Comité Fiduciario.
[…]
9. Otorgar poderes especiales para la representación del Patrimonio Autónomo de Remanentes –PAR en procesos y/o diligencias determinadas y, en general, para la defensa de los intereses del Patrimonio Autónomo en todos los campos y con relación a todos los recursos ordinarios y extraordinarios establecidos en las normas procedimentales, dentro de los límites y bajo presupuestos del contrato de Fiducia mercantil.
[…]
16. Representar al Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR ante cualquier corporación, funcionario o empleado de los órdenes legislativo, ejecutivo, judicial o contencioso, en cualquier petición, actuación, acto, diligencia o gestión en que éste tenga que intervenir directa o indirectamente, sea como demandante, demandado, interesado o como coadyuvante de cualquiera de las partes, para iniciar o seguir tales peticiones, juicios o actuaciones, actos, diligencias o gestiones y para constituir apoderados especiales para el efecto.
En claro lo anterior, advierte la Sala que el recurrente no discute que no existió una previa «instrucción del Comité Fiduciario» para llevar adelante su conciliación, puesto que concentra su ataque en que el ad quem presuntamente dejó de ver que aquella «instrucción» no sólo no era necesaria a la luz de la literalidad de la facultad establecida en el numeral 7º del poder general sino que, en todo caso, podía deducirse válidamente de los actos «preparatorios de la conciliación» y «postconciliación».
Sobre el particular, encuentra la Corte que, contrario a lo sostenido por la censura, es la puntualidad de las atribuciones antes transcritas y que alinderaban las facultades especiales que tenía el apoderado general de la sociedad demandante, lo que imponía que su actividad para el caso de la gestión de conciliaciones, estuviera precedida por una «instrucción» o autorización del comité fiduciario de la entidad. En este sentido, el entendimiento que el fallador de segundo grado le otorgó a la potestad del numeral 7º del poder general de marras, no desbordó lo que naturalmente de este fluía, es decir, la necesidad de contar con aquel visto bueno institucional que debía ser no sólo previo, sino preciso.
No está discutido que las conciliaciones judiciales o extrajudiciales era al menos una de las estrategias de gestión jurídica que podía adelantar la entidad demandante a través de sus apoderados generales o especiales, todo encaminado a la solución autónoma de un conflicto suscitado con algún trabajador en el marco de la liquidación de la sociedad. Sin embargo, resulta claro para la Sala que la adopción y puesta en marcha de las conciliaciones que debieran ser promovidas para aquellos fines, debían contar con requisitos de forma específicos adicionales a los aplicables por ministerio de la ley, lo que para el sub lite se tradujo en la mentada «instrucción del Comité Fiduciario».
La puntualidad con que la atribución séptima del apoderado general está dispuesta, no deja dudas a la Sala en torno a que debía existir un trámite previo a la suscripción de un acuerdo conciliatorio, el cual no podía ser tácito, implícito o confuso, dada la naturaleza del acto mismo y la importancia del mismo respecto del procedimiento liquidatorio adelantado en contra del pagador. Dicho de otra forma, si la situación jurídica de la entidad demandante para el momento de la suscripción de los acuerdos conciliatorios era de la complejidad acreditada en el proceso dada su liquidación en curso, no resulta razonable que la «instrucción» requerida para llegar a un acuerdo conciliatorio en cabeza del apoderado general pudiera suplirse de una forma distinta a la formal y solemne. De allí que el ad quem no hubiera cometido los yerros que se le atribuyen.
Lo dicho cobra importancia en la medida en que, a la luz de la literalidad de la facultad 7º mencionada, la ordenación del pago de «los acuerdos conciliatorios por los contratos de JOINT VENTURE» estaba sometida a la misma instrucción previa del Comité Fiduciario que la celebración de «acuerdos de pago o conciliaciones», comoquiera que la pieza lingüística que une aquellas hipótesis con el requerimiento de la «instrucción» es nada menos que «así como», expresión que denota unión, simultaneidad, enlace o conjunción.
A esta interpretación se remite la Sala con inspiración del artículo del artículo 28 del Código Civil que a la sazón reza: «Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal». De allí, que el ad quem no hubiera cometido los yerros que se le atribuyen.
Con todo, es del caso anotar por la Sala que en el plenario no obra documento alguno del cual pudiera comprobarse la existencia de documentación alguna por parte del comité fiduciario de la entidad demandante que permitiera siquiera la confrontación de lo dicho por el ad quem a la luz de la valoración criticada por la censura, de modo que pudiera la Corte, al menos, verificar si realmente podía colegirse de actuación alguna de aquel comité la «instrucción», siquiera tácita para la gestión de la conciliación en la que participó el actor, tales como aprobación de presupuestos discriminados con aquellos fines, etc., como lo ha hecho esta Sala en otras oportunidades (CSJ SL094-2018, CSJ SL717-2019 y CSJ SL4971-2018).
De esta forma, no se muestra desacertada la conclusión del Tribunal en el momento en que decidió restarle mérito a la conciliación suscrita entre las partes cuando se actúa sin capacidad o voluntad o en el evento en que la referida actuación verse sobre un objeto o causa ilícita, con la salvedad del reconocimiento de sumas periódicas o de pensiones de cualquier naturaleza impuestas al tesoro público o a un fondo de naturaleza pública, por cuenta de ese mecanismo de autocomposición, como lo ha explicado la Corte en providencias CSJ SL, 14 junio 2011, radicación 38314; CSJ SL, 24 enero 2012, radicación 44039; CSJ SL10507-2014; CSJ SL4716-2017 y, particularmente en la CSJ SL18096-2016, reiterada más recientemente en providencias CSJ SL11339-2017, CSJ SL15072-2017, CSJ SL8301-2017 y CSJ SL8564-2017; en la que se dijo que,
En un acuerdo conciliatorio, bien presentado ante un juez o ante un funcionario administrativo o delegado por ley para esas funciones, para que él imparta su aprobación en relación con el cuidado que debe tenerse respecto a que no se violentaron derechos ciertos e indiscutibles, pueden tocarse temas del derecho laboral ordinario donde se acuerden puntos específicos de orden legal, convencional o voluntariamente concedidos por el empleador o relacionados con la Seguridad Social. Pero, de todas formas, que hacen tránsito a cosa juzgada.
Son las partes, y solo ellas, las que llegan al acuerdo, el funcionario le imprime su aprobación formal y en adelante el documento que lo contiene, goza de la presunción de validez. La aprobación del funcionario se supedita a verificar que lo consignado fue lo que realmente se acordó y si no se violan derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, de manera que si considera que no se presenta la dicha violación, debe aprobar el pacto y hacer las advertencias sobre los efectos de cosa juzgada que desde ese momento lo amparan.
Cuando se dice que el acta de conciliación hace tránsito a COSA JUZGADA, se está asegurando que no podrá adelantarse contra ella acción judicial posterior con el fin de revivir los asuntos conciliados. De hacerse, el juez deberá declarar probada, aún de oficio, la excepción de cosa juzgada. Esto debido a que el acta de conciliación tiene la misma fuerza obligante de una sentencia.
Sin embargo, puede ordenarse judicialmente la nulidad de un acta de conciliación cuando se afecte cualquiera de los elementos de un contrato, es decir, cuando se actúa sin capacidad o voluntad o cuando la referida actuación verse sobre un objeto o causa ilícita, salvo cuando se trate de la revisión del reconocimiento de sumas periódicas o de pensiones de cualquier naturaleza impuestas al tesoro público o a un fondo de naturaleza pública, situaciones en las que el mecanismo apto para la enervación de las transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, es la revisión contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Es decir, si la parte que firmó el acuerdo considera que en el contenido de la conciliación existe un vicio del consentimiento, un objeto o una causa ilícitos –con las salvedades anotadas- o una violación de derechos ciertos e indiscutibles, podrá acudir ante la jurisdicción mediante un proceso ordinario de competencia del Juez Laboral según las reglas que fija el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Las razones expuestas son suficientes para dar al traste con los cargos formulados.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente, comoquiera que su recurso no salió avante y fue replicado. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el diecinueve (19) de abril mil doce (2012), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. dentro del proceso ordinario laboral seguido por las sociedades FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. -FIDUAGRARIA S.A.- y FIDUCIARIA POPULAR S.A. -FIDUCIAR S.A.- como integrantes del CONSORCIO DE REMANENTES TELECOM constituyente del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM –PAR TELECOM- en contra de ROBERTO DEL CRISTO BENÍTEZ SALCEDO.
Costas como quedó dicho con antelación.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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