Finalmente, la Cooperativa de trabajo Asociado Comuna, al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos los negó en su totalidad. Aclaró que el demandante suscribió convenios de trabajo asociado con la sección de trabajo asociado de la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna.
En su defensa propuso las excepciones de prescripción, inexistencia del contrato laboral, inexistencia de las obligaciones pretendidas, terminación por un modo legal, pago, compensación y prescripción de la eventual responsabilidad solidaria.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá D.C., al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 11 de diciembre de 2017 (fls.1480-1481). Decidió declarar que entre el demandante y la Universidad Cooperativa de Colombia, bajo el principio de la primacía de la realidad sobre las formas existieron los siguientes contratos de trabajo por los siguientes períodos:
Entre el 17 de enero de 1983 hasta el 16 de junio de 1984
Entre el 16 de enero de 1995 al 15 de febrero de 1999
Y, adicionalmente, los siguientes contratos:
Desde el 12 de febrero de 1996 hasta el 26 de junio de 1996
Desde el 27 de enero de 1997 hasta el 31 de mayo de 1997
Desde el 28 de julio de 1997 hasta el 13 de diciembre de 1997
Desde el 2 de febrero de 1998 hast1 el 12 de junio de 1998
Desde el 21 de julio de 1998 hasta el 7 de noviembre de 1998
Desde el 1 de febrero de 1999 hasta el 25 de agosto de 1999
Desde el 21 de julio de 1999 hasta el 26 de noviembre de 1999
Desde el 31 de enero de 2000 hasta el 24 de junio de 2000
Desde el 24 de julio de 2000 hasta el 16 de diciembre de 2000
Desde el 28 de enero de 2001 hasta el 8 de junio de 2001
Desde el 22 de julio de 2001 hasta el 14 de diciembre de 2001
Desde el 26 de septiembre de 2001 hasta el 4 de octubre de 2001
Desde el 28 de septiembre de 2001 hasta el 29 de junio de 2002
Desde el 23 de mayo de 2002 hasta el 30 de mayo de 2002
Desde el 22 de julio de 2002 hasta el 13 de diciembre de 2002
Desde el 2 de agosto de 2002 hasta el 3 de octubre de 2002
Desde el 3 de octubre de 2002 hasta el 22 de noviembre de 2002
Desde el 8 de noviembre de 2002 hasta el 15 de noviembre de 2002
Desde el 5 de diciembre de 2002 hasta el 16 de diciembre de 2002
Desde el 27 de enero de 2003 hasta el 27 de junio de 2003
Desde el 6 de marzo de 2003 hasta el 30 de mayo de 2003
Desde el 25 de marzo de 2003 hasta el 30 de mayo de 2003
Desde el 21 de julio de 2003 hasta el 16 de diciembre de 2003
Desde el 14 de agosto de 2003 hasta el 21 de noviembre de 2003
Desde el 31 de enero de 2004 hasta el 1 de junio de 2004
Desde el 6 de julio de 2004 hasta el 18 de diciembre de 2004
Desde el 19 de julio de 2004 hasta el 30 de noviembre de 2004
Desde el 11 de enero de 2005 hasta el 25 de junio de 2005
Desde el 24 de enero de 2005 hasta el 25 de junio de 2005
Desde el 4 de abril de 2005 hasta el 25 de junio de 2005
Desde el 16 de enero de 2006 hasta el 30 de junio de 2006
Desde el 1º de febrero de 2006 hasta el 24 de junio de 2006
Desde el 10 de julio de 2006 hasta el 16 de diciembre de 2006
Desde el 1º de agosto de 2006 hasta el 16 de diciembre de 2006
Desde el 15 de enero de 2007 hasta el 30 de junio de 2007
Desde el 1 de febrero de 2007 hasta el 23 de junio de 2007
Desde el 9 de julio de 2007 hasta el 21 de diciembre de 2007
Desde el 1 de septiembre de 2007 hasta el 15 de diciembre de 2007
Desde el 14 de enero de 2008 gasta el 30 de junio de 2008
Desde el 1 de febrero de 2008 hasta el 30 de junio de 2008
Desde el 7 de julio de 2008 al 20 de diciembre de 2008
Desde el 13 de enero de 2009 hasta el 30 de junio de 2009
Desde el 2 de febrero de 2009 25 de junio de 2009
Desde el 13 de julio de 2009 al 19 de diciembre de 2009
Desde el 27 de julio de 2009 al 15 de diciembre de 2009
Desde el 18 de enero de 2010 el 30 de junio de 2010
Desde el 1 de febrero de 2010 hasta el 26 de junio de 2010
Desde el 6 de julio de 2010 hasta el 18 de diciembre de 2010
Desde el 26 de julio de 2010 hasta el 12 de diciembre de 2010
Desde el 17 de enero de 2011 hasta el 17 de diciembre de 2011
Desde el 17 d enero de 2011 hasta el 17 de diciembre de 2012
Desde el 1 de febrero de 2011 hasta el 12 de junio de 2011
Desde el 1º de septiembre de 2011 hasta el 10 de diciembre de 2012
Desde el 23 de enero de 2012 hasta el 15 de diciembre de 2012
Desde el 1º de febrero de 2012 hasta el 16 de junio de 2012
Precisó al respecto que existe concurrencia de contratos.
Condenó además el pago de las cotizaciones al fondo de pensiones Colpensiones por los períodos discriminados así:
INICIO
FINALIZACIÓN
VALOR
16/01/1995
1 /12/1995
1.200.000
12/02/1996
|
26 /05/1996
$227.500
27/01/1997
13/12/1997 A
$276.850
28/07/1997
12/06/1998
$276.850
02/02/1998
12/06/1998
$332.000
21/07/1998
07/11/1998
$332.000
01/02/1999
25/08/1999
$996.000
21/07/1999
25/08/1999
$1.192.275
31/01/2000
24/06/2000
$357.000
24/07/2000
16/12/2000
$894.512
29/01/2001
8/06/2001
$357.000
Absolvió de las restantes pretensiones.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Séptima Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo de 1 de noviembre de 2018, al resolver el recurso de apelación de la parte demandante, el Tribunal condenó a la Universidad Cooperativa de Colombia al pago de los aportes a pensión del demandante, del período comprendido entre el 1 de enero de 1996 al 15 de febrero de 1999, con un salario equivalente a la suma mensual de $1.200.000 y, de acuerdo con el cálculo actuarial que Colpensiones le presente a la demandada, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal estableció como problemas jurídicos a resolver los siguientes: i) si entre las partes existió un contrato único de trabajo y ii) si se encontraba el demandante amparado por fuero circunstancial y, por consiguiente, si le asiste o no el derecho al pago de la totalidad de las acreencias laborales.
Como premisas normativas tuvo en cuenta lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 del CST, en lo que tiene que ver con la definición de contrato de trabajo, sus elementos esenciales y la presunción. También hizo alusión a lo dispuesto en el artículo 159 del CST, Ley 115 de 1994, artículo 96, que establece el régimen laboral aplicable para los establecimientos educativos privados, el cual precisa que será el señalado en el Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 101 del CST que regula el contrato de trabajo con profesores, el cual se entiende celebrado por el año escolar, el artículo 16 del Decreto 4588 de 2006, el artículo 53 de la C.P. que establece la primacía de la realidad, el artículo 432 del CST, y el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965.
El Tribunal, de conformidad con las pruebas recaudadas decidió confirmar la decisión del juez de primera instancia en relación con la multiplicidad de contratos celebrados y que los mismos no fueron continuos, los cuales fueron liquidados y pagados, además, confirmó lo relativo a la excepción de prescripción, la cual fue declarada como probada.
El juez de apelaciones concluyó que no existió una única relación de trabajo, y que se celebraron distintos contratos en los cuales se encuentra probado que el demandante no solo trabajó como docente, sino que desempeñó otros cargos en la Universidad, tales como el de asesor de rectoría.
Precisó la segunda instancia que se encontró probada una vinculación iniciada el 1 de enero de 1996 que finiquitó el 15 de febrero de 1999, y posteriormente, se contrató como docente de conformidad con el artículo 101 del CST, tal y como los desglosó el a quo.
Así mismo encontró que había lugar a declarar probada la excepción de prescripción respecto de las prestaciones sociales y vacaciones como quiera que el término prescriptivo fue interrumpido por el actor en la fecha de presentación de la demanda el 9 de julio de 2015, luego las prestaciones causadas con anterioridad al 8 de julio de 2012 se encontraban prescritas, y las causadas entre el 23 de enero al 15 de diciembre de 2012, fecha de la finalización del último contrato de trabajo, fueron pagadas de conformidad con la documental que obra a folios 1035 a 1042 del expediente.
Por otro lado, el Tribunal concluyó que el demandante no estaba amparado por fuero circunstancial, pues: 1) Renunció a la organización sindical y, 2) La finalización del vínculo ocurrió mediante un modo legal de terminación. Además de lo decidido el juez de segundo grado, decidió modificar lo atinente al pago de aportes de pensión del período comprendido entre el 1 de enero de 1996 al 15 de febrero de 1999, atendiendo lo solicitado en el recurso de apelación el cual se concretó a solicitar la condena por dicho periodo.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia que profirió la segunda instancia, para que, en sede de instancia, modifique la decisión dictada por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá y, en consecuencia, «se declare la existencia de un contrato de trabajo entre el demandante y la Universidad Cooperativa de Colombia entre el 17 de enero de 1983 y el 16 de junio de 1984 y del 16 de enero de 1995 al 15 de diciembre de 2012». Se condene a la Universidad Cooperativa de Colombia y solidariamente a la Cooperativa de Trabajo Asociado Comuna a pagar el cálculo actuarial de las cotizaciones a pensión entre el 17 de enero de 1983 al 16 de junio de 1984, así como el período del 1 de enero de 1995 hasta el 1 de enero de 2001 a su favor y ante la administradora de pensiones a la cual se encontraba afiliado o la que elija conforme a la liquidación.
Solicitó además «se declare que es beneficiario del fuero circunstancial y en consecuencia, la ineficacia de la finalización del contrato laboral el 15 de diciembre de 2012» y, en virtud de lo anterior, se ordene su reintegro, el pago de los salarios dejados de percibir desde el 15 de diciembre de 2012 hasta el momento del reintegro, el pago de las cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios, vacaciones, indemnización por la no consignación de cesantías, la declaratoria del despido injusto, la ineficacia de los convenios de trabajo y, por consiguiente, el pago de cesantías causadas desde el 1º de enero de 1995 hasta el 15 de diciembre de 2002, el pago de la sanción moratoria y la indemnización por despido sin justa causa.
Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados. Por razones metodológicas se analizarán los cargos segundo y tercero de manera conjunta.
CARGO PRIMERO
Acusa la sentencia impugnada de incurrir en:
Violación Directa de la ley sustancial en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 25 del Decreto legislativo 2351 de 1965, en relación con el preámbulo de la Constitución Política, artículos 10, 21, y 23 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, convenios 87 y 98 de la OIT, artículo 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a los flagrantes y manifiestos errores juris in judicando, al expresar un entendimiento que no corresponde al genuino y cabal sentido, conforme a los contenidos materiales de la Constitución, que no corresponde a su genuino y cabal sentido, conforme los contenidos materiales de la Constitución que condujo al desconocimiento de la figura de la protección del trabajador durante la negociación colectiva y la vulneración de los artículos 57, 43, 64, 65, 189, 306, 249 del CST, igualmente los artículos 1 de la Ley 52 de 1975 y 90 de la Ley 50 de 1990.
Señaló la censura que de lo debatido en la contienda se estableció que la asociación sindical SINTRAUNICOL se encontraba pendiente por finiquitar el pliego de peticiones presentado a las demandadas. Así mismo, que era afiliado a dicha asociación sindical, como se desprende de las pruebas que obran en el expediente y de los hechos que fueron aceptados en la contestación de la demanda y, por tanto, dichos hechos fueron excluidos del debate probatorio.
Así mismo advirtió que se predica razonable deducir que los despidos ocurridos en la Universidad, se generaron en virtud de la negociación entre SINTRAUNICOL y las demandadas. Precisó además que de conformidad con lo dispuesto en las sentencias C-568 de 1995 y las sentencias CC C-016 de 1998, T-040 de 2001, T-1083 de 2007 y T-860 de 2010, al encontrarse afiliado a SINTRAUNICOL, luego de haber presentado el pliego de peticiones en debida forma a la Universidad y, mientras no se haya terminado el conflicto colectivo, pues no se había llegado a la firma de la convención o del pacto, como tampoco había quedado ejecutoriado ningún laudo arbitral sobre el particular, se encuentra protegido por el fuero circunstancial, razón por la cual no podía terminarse el contrato, aunque fuera a término fijo, pues cumplía con los supuestos establecidos por la Corte para que se le prorrogarán como se venía haciendo.
Transcribió además gran parte de la CC SU 342 -2015, para señalar que: i) fue desvinculado encontrándose vigente una negociación colectiva y, ii) su desvinculación se efectúo en desconocimiento del artículo 25 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, iii) no hubo cumplimiento del debido proceso, por cuanto las causas que se adujeron para la terminación del contrato no fueron puestas a disposición de la justicia laboral y, iv) existió un trato desigual frente a los demás trabajadores que fueron amparados y reintegrados por el fuero circunstancial promovido.
Citó además como fundamento del recurso, lo dispuesto en los artículos 10 y 21 del CST, bajo el entendido de que la forma de desvinculación no puede ser tenida en cuenta para el desagravio y vulneración del derecho a la igualdad del trabajador.
RÉPLICA
La Cooperativa de Trabajo Asociado la Comuna en su escrito manifestó que el Tribunal dio una correcta e íntegra interpretación al artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 pues el demandante había renunciado al sindicato y porque no fue despedido, ya que el último de los contratos celebrados se dio por terminado por un modo legal de terminación.
RÉPLICA DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA NACIONAL COMUNA
Teniendo en cuenta el precedente de la Corte Constitucional y la Corte Suprema, advirtió que el ad quem no interpretó equivocadamente lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, como tampoco los demás artículos relacionados al formular el cargo, en tanto arribó a la acertada decisión de no declarar que se había configurado la estabilidad reforzada en virtud de la garantía de fuero circunstancial, puesto que la terminación del contrato de trabajo se dio con el actor por un modo legal de terminación.
CONSIDERACIONES
El Tribunal fundamentó su decisión en que el demandante no se encontraba amparado por fuero circunstancial, pues: 1) Renunció a la organización sindical y, 2) La finalización del vínculo ocurrió mediante un modo legal de terminación.
La censura radica su inconformidad en que se encontraba afiliado a SINTRAUNICOL, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, entre estas, la contestación de la demanda, situación fáctica que afirma, fue excluido del debate probatorio. Cuestiona el hecho de que los despidos fueron fruto de la negociación colectiva y, como quiera que el conflicto colectivo no había llegado a su fin con la firma de la convención o pacto, como tampoco había quedado ejecutoriado laudo arbitral, se encontraba amparado por fuero circunstancial.
Pues bien, la Corte ha señalado en forma reiterada y de tiempo atrás, que la demanda de casación debe ajustarse a los requisitos de técnica establecidos en las normas procesales que la regulan a efectos de que la Sala pueda abordar su estudio de fondo.
Lo anteriormente expresado se torna vital en el caso objeto de estudio, pues al examinar el escrito que sustenta el recurso extraordinario interpuesto, encuentra la Sala que el mismo carece de las exigencias previstas en el artículo 90 del CPTSS, en concordancia con el Decreto 528 de 1964, art. 63, lo que comporta la imposibilidad de ser subsanado de oficio, como se explica a continuación.
Se advierte que la formulación del cargo es desacertada, puesto que el recurrente reprocha que el Tribunal desconoció por la vía directa aspectos probatorios y que tienen que ver con la afiliación al sindicato y, además, con la finalización del conflicto colectivo. Lo anterior, contradice lo ya dicho por la Corporación en el sentido de advertir que quien escoja como vía de ataque la directa, debe allanarse a las conclusiones fácticas contenidas en el fallo, así como al análisis probatorio realizado por el fallador para dar por establecidos los hechos del proceso y mantener la controversia en un plano estrictamente jurídico.
Así se tiene que el recurrente mezcla aspectos jurídicos y fácticos en el cargo que se formula, resultando errado dado que no es posible hacer una mixtura de las vías directa e indirecta por violación de la ley sustancial, las cuales son excluyentes; la primera lleva a un error jurídico, mientras que la segunda, conduce a la existencia de uno o varios yerros fácticos, debiendo ser su análisis diferente, y su formulación por separado (CSJ SL3610-2021).
Se dice lo anterior dado que el demandante controvierte aspectos que precisamente tuvo que dilucidar el Tribunal, relativos a la afiliación del sindicato y a la renuncia del mismo por parte del demandante, y que controvierte el recurrente con sustento en pruebas que manifiesta no fueron tenidas en cuenta y que además afirma se trata de un aspecto excluido del debate probatorio, lo cual no corresponde a la realidad.
Debe recordarse que la casación como un juicio sobre la sentencia que es no puede entenderse como una oportunidad para revisar el proceso en su totalidad, en sus aspectos fácticos y jurídicos, sino como una fase extraordinaria, limitada y excepcional. De ahí que la acusación deba reunir no solo los requisitos meramente formales; también exige un planteo y desarrollo lógicos, entre ellos, el de la coherencia entre la vía seleccionada y el estatuto de valor que le es propio.
Inclusive, si en ánimo de interpretar la demanda se entendiera que el ataque se formuló por la vía indirecta, la sustentación respecto de los medios de prueba valorados por el juez de segunda instancia no logran precisar como ya se advirtió, en qué consistió el error del Tribunal al momento de su valoración, pues la sustentación del recurso se limita a señalar que existe prueba de la afiliación del actor, afirmando que fue aceptado en la contestación de la demanda, manifestación carente de veracidad, más aún cuando el fallo del Tribunal se sustenta precisamente en la renuncia del actor como afiliado del sindicato, de tal manera que al momento de la finalización de su vínculo laboral no tenía dicha calidad, aspecto que no se cuestionó en el recurso y que no fue excluido del debate probatorio. Así mismo, tampoco fue objeto del recurso la causal alegada y que dio lugar a la finalización del contrato de trabajo y que, en este caso, obedeció a un modo legal de terminación, como fue el vencimiento del término fijo convenido.
Por otro lado, si se hiciera abstracción de la discusión probatoria planteada y la Sala centrara su atención en el plano estrictamente jurídico que impone la vía directa, al analizar la interpretación que hiciera el Tribunal del fuero circunstancial, se observa que este tuvo en cuenta lo señalado por la jurisprudencia de la Corporación, primero en cuanto al ámbito de aplicación personal de la garantía de fuero circunstancial, la cual señala que este opera cuando el conflicto surge a instancias de una organización sindical, el fuero circunstancial únicamente protege a los afiliados al mismo; y la segunda, cuando quienes lo promueven son trabajadores no sindicalizados, evento en el que la protección solo se predica de quienes suscriben el pliego de peticiones (CSJ SL2020-2021).
De otra parte, cuanto a la aplicación de dicha figura uno de los presupuestos para ser beneficiario del amparo por fuero circunstancial previsto en el artículo 25 del Decreto 2351/65, es que el empleador haya tenido conocimiento de la afiliación del trabajador al sindicato que presenta el pliego de peticiones, como se ha sostenido por parte de esta Sala en la CSJ SL12995-2017, que reiteró la CSJ SL, 10 de jul. 2012, rad. 39453, SL2834-2021.
En virtud de lo expuesto, se desestima el cargo.
CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia impugnada de quebrantar indirectamente por aplicación indebida el artículo 46 del CST con relación a los artículos 1, 13, 18, 24, 43, 45, 47 y 140 del Código Sustantivo de Trabajo, 53 de la Constitución, lo que condujo a la valoración de los artículos num. 4 del 57, 64, 65, 189, 306 y 249 y los artículos 1º de la Ley 52 de 1975 y 90 de la Ley 50 de 1990.
Alegó el recurrente que no se discute que estuvo vinculado a la demandada Universidad Cooperativa de Colombia por una verdadera relación laboral.
Adujo como errores de hecho:
“No dar por demostrado estándolo que el demandante sostuvo un contrato laboral a término indefinido con la demandada Universidad Cooperativa de Colombia por primacía de la realidad sobre las formas desde el 16 de enero de 1995 hasta el 15 de diciembre de 2012.
No dar por demostrado estándolo que la demandada no realizó aportes pensionales desde el 17 de enero de 1983 hasta el 16 de junio de 1984.
No dar por demostrado estándolo que la demandada Universidad Cooperativa de Colombia no realizó los aportes pensionales del demandante desde el 16 de enero de 1995 hasta el 1º de enero de 2001.
No dar por demostrado sin estarlo que los contratos suscritos entre demandada Universidad Cooperativa de Colombia y el demandante para el periodo del año 2012 gozaban de validez jurídica.
Dar por demostrado sin estarlo que los contratos suscritos entre demandada Universidad Cooperativa de Colombia y el demandante para el período de 2012 gozaban de validez jurídica”.
Manifestó que no se puede desconocer la existencia de convenios de trabajo asociado, convenios que fueron certificados por las entidades demandadas y que fueron tenidos en cuenta como si se hubieren suscrito con la Universidad Cooperativa de Colombia, documentos que debían ser tenidos en cuenta si los suscriptores eran las mismas partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del CST.
Afirmó, además, que entre la Universidad Cooperativa de Colombia y él existió un contrato verbal a término indefinido.
Así mismo, señaló que existe una indebida aplicación del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo al otorgarle validez a los contratos a término fijo suscritos entre las partes, recurrente y demandada, para el año 2012, circunstancia que desconoce la primacía de la realidad sobre las formas, pues los contratos fueron celebrados desconociendo 17 años de servicios continuos que le prestó a la demandada, en consecuencia, las contrataciones efectuadas se encontraban viciadas e ineficaces. Para ello cita lo señalado en sentencia de 25 de mayo de 2020, rad.35790.
Advirtió además que existe una inadecuada apreciación de la historia laboral en atención que de la misma se evidencia que la demandada omitió directamente por intermedio de las cooperativas, realizar los aportes al sistema pensional desde el 17 de enero de 1983 hasta el 16 de junio de 1984, así como el periodo del 16 de enero de 1995 hasta el 15 de diciembre de 2012.
RÉPLICA
Señaló la opositora que de conformidad con la prueba documental obrante en el expediente entre las partes se suscribieron varios contratos de trabajo y si solo se tienen en cuenta las interrupciones teniendo en cuenta que los contratos celebrados fueron a término fijo, no puede hablarse de unidad contractual.
XII. RÉPLICA DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA NACIONAL COMUNA
Precisó la Universidad demandada que los artículos 23 y 24 del CST fueron aplicados debidamente por el Tribunal y que el error de hecho que se le imputa al fallo no es aplicable puesto que la relación se ajusta a las cláusulas pactadas en el contrato, por consiguiente, el Tribunal apreció de manera correcta los convenios de trabajo asociado, así como los contratos a término fijo.
Adicionalmente, y en lo que tiene que ver con el no pago de aportes a pensiones señaló la opositora que la controversia que se plantea en casación debe estar en consonancia con la esbozada en el recurso de apelación de allí que no podía incluir nuevas pretensiones, vulnerando el principio de consonancia. En este caso, la condena por aportes no estaba dentro del debate judicial, por cuanto el demandante se conformó con la decisión de primera instancia, situación que no puede superarse porque los derechos en controversia sean irrenunciables. Así mismo, pone de presente que el cálculo de aportes debió ordenarse a partir de las horas trabajadas.
En relación con la unidad contractual, se advierte debe tenerse en cuenta lo prescrito en el artículo 101 del CST, y, teniendo en cuenta que la relación laboral estipulada por las partes estuvo regida por dicha modalidad.
CARGO TERCERO
Acusa la sentencia por infracción directa de la ley sustancial en la modalidad de falta de aplicación de los artículos 1, 13, 18 y 43 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con el artículo 53 de la Constitución y los artículos 24 y 140 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que condujo a la vulneración de los siguientes artículos del CST, num. 4 del artículo 57, 64, 65, 189, 306 y 249, igualmente los artículos 1 de la Ley 52 de 1975 y 90 de la Ley 50 de 1990.
Insistió la censura que entre la Universidad Cooperativa de Colombia y el demandante existió una verdadera relación laboral y que el Tribunal se equivocó al darle valor a los contratos a término indefinido, razón por la cual declara probada la excepción de prescripción de todas las acreencias laborales.
Agregó además que, por intermedio de las cooperativas de trabajo asociado, desde el 16 de enero de 1995, prestó servicios para la demandada ejecutando distintos cargos sin solución de continuidad hasta el 15 de diciembre de 2012 y que el Tribunal desconoció la vinculación del demandante por más de 17 años de servicios.
Además se afirmó que el Tribunal omitió la aplicación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, pues los tiempos que no prestó el servicio, bajo las contrataciones a término fijo, no cuentan con eficacia pues dichos períodos se prestaron como consecuencia de una maniobra fraudulenta utilizada por la demandada, así pues fue el mismo empleador que por su actuar y disposición no permitió que el actor prestará el servicio, no obstante dicha circunstancia no relevaba a la demandada de cancelar las prestaciones y salarios que la norma sustancial describe a cargo del empleador.
Consideró que los convenios suscritos entre terceros no pueden tenerse como estudio para determinar la clase desvinculación entre las partes, como quiera que al no contarse con contratos escritos entre la encartada y el demandante, se debe establecer que el contrato laboral celebrado fue a término indefinido, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formas.
RÉPLICA
La Universidad demandada en su escrito manifestó que el censor se equivocó puesto que en la acusación plantea simultáneamente discernimientos jurídicos y fácticos que han debido plantearse por separado, a través de los senderos adecuados y siguiendo el rigor técnico que exige el recurso de casación, motivo por el cual se considera que el recurso está condenado al fracaso.
RÉPLICA DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA NACIONAL COMUNA
Consideró la opositora que este cargo presenta deficiencias técnicas por cuanto acusa por falta de aplicación una disposición por la vía indirecta y plantea la existencia de una infracción directa, haciendo consideraciones de tipo fáctico, lo cual impide su estudio de fondo.
XV. RÉPLICA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
En una réplica conjunta a los cargos señaló la opositora que la demanda no se ajusta a la técnica exigida en estos casos, pues consideró que estos deben atacar y destruir todos los soportes jurídicos, fácticos y probatorios pilares del fallo del Tribunal.
Precisó que en este caso el demandante renunció a la asociación sindical, luego no puede inferirse protección alguna y, la protección que señala la norma solo opera respecto de los miembros de la asociación sindical que presentó el pliego de peticiones. Así mismo, tampoco tiene en cuenta que la protección que otorga el fuero del artículo 405 del CST opera en forma diferente, y en el caso del fuero circunstancial, este no se configura si se acredita que para el despido medio una justa causa.
De otra parte, consideró que, en relación con el examen de los convenios, existe una contradicción pues solicita se tengan en cuenta y que además no se aprecie lo que dicen estos en virtud del principio de la primacía de la realidad.
Finalmente, respecto del cargo tercero precisa que no cumple los requerimientos técnicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del CPTSS, y la acusación parte de supuestos fácticos distintos de los que dio por demostrado el fallo y que tienen que ver con la prestación de servicios del demandante, pues no existen documentos que acrediten la vinculación a término indefinido que se alega por parte de la Universidad.
CONSIDERACIONES
Advierte la Sala que no salen avante los argumentos de la opositora en cuanto a los reparos técnicos del recurso, pues resulta claro de la exposición de la demanda que se pretende cuestionar el análisis probatorio que hiciera el juez de segundo grado respecto de la continuidad de los contratos asociativos de trabajo y el pago de los aportes a la seguridad social.
El Tribunal fundamentó su decisión en que conforme las pruebas recaudadas, no hay duda de que existieron múltiples contratos de trabajo, motivo por el cual no se puede concluir que existió una única relación de trabajo y decidió modificar la condena de aportes a la seguridad social para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1996 y el 15 de febrero de 1999.
La censura considera que existe una indebida valoración de los convenios y contratos aportados, desconociéndose el principio de la primacía de la realidad y, por tanto, no dar por probado que existió una única relación laboral por más de 17 años. De otra parte, considera que de la historia laboral se tiene que se omitió directamente por intermedio de las cooperativas, realizar los aportes al sistema pensional desde el 17 de enero de 1983 hasta el 16 de junio de 1984, así como el periodo del 16 de enero de 1995 hasta el 15 de diciembre de 2012.
Es así como el problema jurídico a dilucidar es si en efecto se desconoció el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades convenidas entre las partes en relación con la indebida valoración de los contratos aportados y el pago de aportes a la seguridad social.
En relación con el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades convenidas por los sujetos de la relación de trabajo que señala el recurrente fue desconocido al existir una indebida valoración probatoria de los contratos aportados. Se examinará lo relativo al citado principio. Se advierte además que en el alcance de la impugnación no se reclama la existencia de una única relación de trabajo, no obstante, en la demostración del cargo se sustenta tal solicitud, motivo por el cual la Sala estudiará dicho punto.
En efecto, como en múltiples oportunidades lo ha sostenido esta Sala, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades convenidas por las partes de la relación de trabajo, constituye un elemento cardinal de nuestro ordenamiento jurídico laboral, el que se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política y se extrae del artículo 23 del C.S.T., con sustento en el cual los jueces pueden dejar a un lado las formas convenidas por las partes de una relación contractual para darle prevalencia a lo que en verdad acreditan las condiciones bajo las cuales se desarrolla el negocio jurídico pactado, por lo que si de dichas circunstancias se evidencia el elemento de la subordinación característico de un contrato de trabajo, se impone derivar de ello, las consecuencias jurídicas que prevé la ley (CSJ SL2819-2021).
Pues bien, no cabe duda que, la inconformidad del demandante radica en el examen del juez de apelaciones sobre la continuidad que se desprende de los distintos contratos aportados, al respecto vale la pena recordar lo relativo a los extremos, las interrupciones y la continuidad del contrato de trabajo. Señaló la Sala en sentencia CSJ SL5595- 2019 (Se citan además en dicha sentencia (CSJ SL4816-2015 y CSJ SL981-2019, y se puede consultar entre otras la CSJ SL3616-2020):
Sobre los extremos en que se extiende una relación laboral, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, la significativa y considerable solución de continuidad impide que pueda predicarse la unicidad contractual (CSJ SL4816-2015 y CSJ SL981-2019,). Precisamente, en esta última providencia, la Sala señaló:
En torno al desarrollo lineal y la unidad del contrato de trabajo, resulta pertinente recordar que cuando entre la celebración de uno y otro contrato median interrupciones breves, como podrían ser aquellas inferiores a un mes, estas deben ser consideradas como aparentes o meramente formales, sobre todo cuando en el expediente se advierte la intención real de las partes de dar continuidad al vínculo laboral, como aquí acontece. Así lo ha sostenido la Corte, entre otras, en sentencia CSJ SL4816-2015:
“(…) esta Sala de la Corte ha expresado que las interrupciones que no sean amplias, relevantes o de gran envergadura, no desvirtúan la unidad contractual, ello ha sido bajo otros supuestos, en los que se ha estimado que «las interrupciones por 1, 2 o 3 días, e incluso la mayor de apenas 6 días, no conducen a inferir una solución de continuidad del contrato de trabajo real […]» (CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 40273). Sin embargo, ese análisis no puede hacerse extensivo a este caso en donde lo que está probado es que la relación tuvo rupturas por interregnos superiores a un mes, que, lejos de ser aparentes o formales se aduce, son reales, en tanto que ponen en evidencia que durante esos periodos no hubo una prestación del servicio; sin que, además, exista prueba eficiente de la intención de la demandada desde o con el demandante en esos periodos”.
En el caso que hoy ocupa la atención de la Sala debe advertirse que el demandante tuvo en efecto distintas vinculaciones con las entidades demandadas, las cuales obedecieron a distintos contratos a término fijo por duración del año lectivo y cuya duración estaba sujeta al período académico, como docente la mayoría del tiempo, como director de tesis (docente) y como asesor de la rectoría. Entre dichos contratos se observa existió solución de continuidad durante tiempos que oscilan entre 6, 45 días y hasta más de seis meses, y, en algunos casos se presentó concurrencia de contratos lo cual será analizado, atendiendo a los periodos en que se verifica la prestación de servicio por el demandante en varios servicios a la Universidad demandada con sujeción a diferentes contratos, en los cargos ya señalados y que a continuación se relacionan:
Desde
hasta
CARGOS
Contratación Directa con la Cooperativa
16 de enero de 1995
30 de junio de 1995
Secretario General
1 de julio de 1995
1 de diciembre de 1995
Secretario General
1 de febrero de 1996
26 de mayo de 1996
Catedrático
Solución de continuidad de 30 días
27 de enero de 1997
31 de mayo de 1997
Catedrático
Solución de continuidad de 8 meses
28 de julio de 1997
13 de diciembre de 1997
Catedrático
Solución de continuidad de 30 días
2 de febrero de 1998
12 de junio de 1998
Catedrático
Solución de continuidad de más de 30 días
Desde el 22 de febrero de 1999
22 de julio de 1999
21 de julio de 1999
25 de agosto de 1999
2 de diciembre de 1999
26 de noviembre de 1999
Catedrático
Solución de continuidad de más seis meses
Asesor de rectoría
catedrático
Desde el 17 de enero de 2000
16 de junio de 2000
Asesor de rectoría
46 días de solución de continuidad
Desde el 19 de junio de 2000
22 de diciembre de 2000
Contrato celebrado con la Cooperativa Multiactiva
Asesor de rectoría
Desde el 3 de julio de 2001
2 de julio de 2001
21 de diciembre de 2001
Contrato celebrado con la Cooperativa Multiactiva
26 de noviembre de 2001
Asesor de rectoría
Solución de continuidad más de seis meses
Catedrático
En este período se observa que existió una concurrencia de contratos como asesor y catedrático
Contratación Cooperativa Multiactiva
2 de julio de 2002
28 de enero de 2002
20 de diciembre de 2002
Contrato celebrado con la Cooperativa Multiactiva
29 de mayo de 2002
Asesor de rectoría
Solución de continuidad de más de seis meses
Catedrático
Solución de continuidad de más de 62 días
En este período se observa que existió una concurrencia de contratos como asesor y catedrático
16 de enero de 2003
25 de marzo de 2003
27 de enero de 2003
27 de junio de 2003
23 de mayo de 2003
27 de junio de 2003
Asesor de rectoría
Solución de continuidad de 28 días
catedrático
Catedrático
Solución de continuidad más de seis meses
En este período se observa que existió una concurrencia de contratos como asesor y catedrático
1 de julio de 2003
21 de julio de 2003
20 de diciembre de 2003
16 de diciembre de 2003
Catedrático
Asesor de rectoría
Catedrático
En este período se observa que existió una concurrencia de contratos como asesor y catedrático
31 de enero de 2004
6 de julio de 2004
19 de julio de 2004
1 de junio de 2004
18 de diciembre de 2004
30 de noviembre de 2004
Catedrático
Solución de continuidad 15 días
Asesor de rectoría
Solución de continuidad de más de seis meses
Catedrático
En este período se observa que existió una concurrencia de contratos como asesor y catedrático
CONTRATACIÓN COOPERATIVA COOMUNA
11 de enero de 2005
24 de enero de 2005
4 de abril de 2004
11 de julio de 2005
16 de enero de 2005
25 de julio de 2005
25 de junio de 2005
25 de junio de 2005
25 de junio de 2005
17 de diciembre de 2005
30 de junio de 2005
16 de diciembre de 2005
Asesor de rectoría. Cooperativa la Comuna
Solución de continuidad de más 24 días
Catedrático
Solución de continuidad de más 30 días
Catedrático
Asesor de rectoría
Solución de continuidad de más 11 días
Asesor de rectoría
Catedrático
En este período se observa que existió una concurrencia de contratos como asesor y catedrático
16 de enero de 2006
1 de febrero de 2006
10 de julio de 2006
1 de agosto de 2006
30 de junio de 2006
24 de junio de 2006
16 de diciembre de 2006
16 de diciembre de 2006
Asesor de rectoría
Solución de continuidad de 31 días
Catedrático Solución de continuidad de más 30 días
Catedrático
Catedrático
En este período se observa que existió una concurrencia de contratos como asesor y catedrático
15 de enero de 2007
1 de febrero de 2007
9 de julio de 2007
1 de septiembre de 2007
30 de junio de 2007
23 de junio de 2007
21 de diciembre de 2007
15 de diciembre de 2007
Asesor de rectoría
Solución de continuidad de más de seis meses
Catedrático
Asesor de rectoría
Solución de continuidad de más de seis meses
Catedrático
En este período se observa que existió una concurrencia de contratos como asesor y catedrático
14 de enero de 2008
1 de febrero de 2008
7 de julio de 2008
12 de enero de 2008
30 de junio de 2008
30 de junio de 2008
20 de diciembre de 2008
20 de diciembre de 2008
Asesor de rectoría
Solución de continuidad de 24 días
Catedrático
Asesor de rectoría
Catedrático
En este período se observa que existió una concurrencia de contratos como asesor y catedrático
13 de enero de 2009
2 de febrero de 2009
13 de julio de 2009
27 de julio de 2009
30 de junio de 2009
25 de junio de 2009
19 de diciembre de 2009
15 de diciembre de 2009
Asesor de rectoría
Solución de continuidad de 33 días
Catedrático
Solución de continuidad de más de 30 días
Catedrático
Catedrático
En este período se observa que existió una concurrencia de contratos como asesor y catedrático
1 de febrero de 2010
6 de julio de 2010
26 de julio de 2010
26 de junio de 2010
18 de diciembre de 2010
16 de diciembre de 2010
Catedrático
Asesor de rectoría
Solución de continuidad de más de un año
Catedrático
En este período se observa que existió una concurrencia de contratos como asesor y catedrático
17 de enero de 2001
1 de febrero de 2011
17 de diciembre de 2001
12 de junio de 2011
Asesor de rectoría
Solución de continuidad de 30 días
Catedrático
En este período se observa que existió una concurrencia de contratos como asesor y catedrático
1 de septiembre de 2011
1 de diciembre de 2012
Celebrado directamente con la U. Cooperativa
catedrático
Del cuadro que antecede solo se desprende que existe un período de tiempo en el que hubo continuidad y que inicia el 16 de enero de 1995 y finalizó el 15 de febrero de 1999, el cual tuvo en cuenta el ad quem. Los restantes tiempo de servicios como docente y asesor presentan solución de continuidad de año en año y concurrencia en la celebración de contratos como asesor y catedrático, en algunos casos de más treinta días y en los que se evidencian pocos días, se desprende que se trata del tiempo que coincide con la actividad académica del demandante en la entidad demandada, motivo por el cual puede concluir la Sala que resulta acertada la conclusión a la que llega el ad quem, en relación con que la duración de los mismos coincide con el tiempo del periodo lectivo previsto para los docentes (artículo 101 CST).
De otra parte, se advierte que a partir de 2004 se suscriben los convenios asociativos de trabajo con la Cooperativa Comuna y a partir de 2002 la vinculación se celebró con la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna.
De manera adicional, se advierte que los contratos suscritos con el demandante fueron celebrados a término fijo, término que se sujetó al periodo lectivo o académico, en algunos años con concurrencia en sus actividades de asesor en la parte administrativa y catedrático, no obstante, se encuentra que su duración fue estrictamente por un tiempo determinado, correspondiendo al periodo lectivo y con solución de continuidad entre un lapso y otro. Así las cosas, el Tribunal no incurrió en error al concluir que no era posible la declaratoria de una relación laboral única o lineal por todo el tiempo de servicio, como fue señalado en las consideraciones que anteceden.
En relación con los aportes a la seguridad social, encuentra la Sala que al demandante a través de Resolución 026150 de 13 de septiembre de 2004, le fue reconocida la pensión de jubilación por aportes a partir del 1 de enero de 2001, con retroactivo calculado a septiembre de 2004 (folios 1043 a 1045 folio digital). No obstante lo anterior la Sala no se pronunciará frente a dicha pretensión puesto que se observa que se evidencia que se trata de una decisión que reformó la condena en perjuicio del demandante, motivo por el cual en estos casos corresponde hacer uso de la causal segunda de casación, cuyo objeto es eliminar el defecto procedimental en que incurre el juzgador de segunda instancia al proferir una sentencia que vulnera el principio de la reformatio in pejus.
Es importante precisar que la Corte ha hecho énfasis en que la causal segunda de casación laboral, puede ser invocada cuando la sentencia de segunda instancia contiene decisiones que hacen más gravosa la situación de la parte que únicamente apeló la de primera instancia, o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Es así como su finalidad es eliminar el defecto procedimental en que incurre el juzgador de segunda instancia y se encuentra establecida para cuando el ad quem reforma la sentencia de primer grado en contra del único apelante, generándole mayores cargas o provocándole una situación más gravosa respecto de las determinaciones adoptadas por dicha decisión, desconociendo con ello el principio constitucional de la non reformatio in pejus que gobierna las actuaciones que debe surtir el juez de segundo grado CSJ SL417-2021, CSJ SL1704-2021 y CSJ SL5596 –2019, reiterada en sentencia 2617-2021).
En ese sentido se encuentra que el Tribunal modificó la condena en perjuicio del demandante y, como quiera que no fue presentado el recurso por la causal segunda el cargo es infundado.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente y a favor de la replicante, por lo que se fijan como agencias en derecho la suma de $4.700.000, que deberá incluirse en la oportunidad indicada en el artículo 366 del CGP.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, del 1º de noviembre de 2018, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ÁLVARO GODOY SUÁREZ contra la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA COMUNA y la COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA NACIONAL COMUNA.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente y a favor del replicante, por lo que se fijan como agencias en derecho la suma de $4.700.000, que deberá incluirse en la oportunidad indicada en el artículo 366 del CGP.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ACLARA VOTO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
ACLARACIÓN DE VOTO
Demandante: Álvaro Godoy Suárez
Demandado: Universidad Cooperativa de Colombia y otros.
Radicado: 85076
Magistrado Ponente: Ómar Ángel Mejía Amador
Con el acostumbrado respeto a mis colegas de Sala, y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, aclaro mi voto en la presente decisión, pues si bien estoy de acuerdo en no casar la providencia del ad quem, considero que era pertinente realizar consideraciones adicionales a las que sirvieron de fundamento a la sentencia.
En efecto, a mi juicio, en el fallo debió analizarse la no solución de continuidad del vínculo laboral alegada, no únicamente desde el punto de vista de los extremos temporales en que se ejecutó cada uno de los contratos suscritos entre las partes, sino también respecto de los cargos que desempeñó el promotor, con el fin de determinar con mayor claridad si existió o no la unicidad contractual que se planteó en la demanda, pues es evidente que en algunos períodos se entremezclaron cargos administrativos con labores de docencia.
En los anteriores términos dejo sentada mi aclaración de voto.
Fecha ut supra
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado