Ficha de la providencia
Sentencia SL2197-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2197-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2197-2022
Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz
22 de junio de 2022
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
Magistrado ponente
SL2197-2022
Radicación n.°82889
Acta 22
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintidós (2022).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS - FEDEARROZ, contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el 23 de agosto de 2018, en el proceso que promovió JANETH HUÉRFANO GUTIÉRREZ e ISABELINA RIVERA contra la recurrente y ACTIVOS SA, al que fue llamada en garantía SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA y como litisconsorte necesaria MCRT representada por ROSAURA TRIANA DÍAZ.
ANTECEDENTES
Janeth Huérfano Gutiérrez solicitó se declarara que la sociedad Activos SA y la Federación Nacional de Arroceros - Fedearroz son responsables del fallecimiento de su compañero permanente Miguel Ángel Rivera, que ocurrió el 16 de enero de 2004, a causa de un accidente de trabajo. En consecuencia, reclamó el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante consolidado y futuro) y los perjuicios morales; la indemnización moratoria «por el no pago oportuno de las indemnizaciones, según el Decreto 797 de 1949», la indexación, lo ultra y extra petita y las costas del proceso.
Relató que Miguel Ángel Rivera, fue vinculado por la empresa de servicios temporales Activos SA, que fungía como contratista de la Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz, para que desarrollara actividades como «ayudante en la reparación del techo» en sus instalaciones; que el último salario que devengó fue de $389.150; que las labores que ejecutó fueron las de «ayudante de reparación, mantenimiento, trasteaba bultos, semillas y en general oficios varios»; que en cumplimiento de sus funciones y con el mínimo de seguridad, sufrió un accidente de trabajo que le causó la muerte instantáneamente; que el demandado no tomó las medidas necesarias ni le suministró los elementos de protección suficientes, que le hubieran evitado el siniestro; que se encontraba afiliado a la ARP Colpatria por medio de Fedearroz.
Narró que el fallecido fue su compañero permanente por más de tres años, que le profesaba cariño y afecto y velaba económicamente por ella y por sus menores hijas GIOH y MAOH; que su pareja al momento de la muerte contaba 25 años de edad y que su fallecimiento los dejó desamparados (fs.°2 a 6 y 26).
Activos SA se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió que contrató a Miguel Ángel Rivera como trabajador en misión para que laborara en la Federación Nacional de Arroceros, «pero como obrero de planta» y la afiliación a la ARP. Indicó que el último salario correspondió a $358.000 y que las funciones que realizó «no eran de competencia de la demandada ACTIVOS S.A.». Aceptó la ocurrencia del accidente de trabajo y rechazó cualquier injerencia en el desarrollo de las actividades del trabajador en misión, dada la «potestad subordinante de la Empresa usuaria». Advirtió que las menores de edad no eran hijas del fallecido, según los registros civiles de nacimiento.
En su defensa, expuso que celebró con Fedearroz un acuerdo para el suministro de trabajadores en misión y que, por ello, se encargó únicamente de la contratación y pago de los emolumentos prestacionales. Insistió en que la asignación de funciones y su desarrollo, correspondió a la empresa usuaria.
Propuso las excepciones previas de falta de integración del «litis consorcio necesario» e indebida representación de la demandante, y de fondo, las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción y buena fe de la demandada (fs.°45 a 50 cdno. 2 rad. 2007-00349).
La Federación Nacional de Arroceros - Fedearroz, se opuso al éxito de las peticiones; en cuanto a los hechos, afirmó que celebró un acuerdo con Activos SA, en el que dicha sociedad le envió a Miguel Ángel Rivera «como obrero en planta», no obstante, negó que se tratara de su trabajador. Admitió las labores que aquel realizó y aclaró que el día del accidente no se encontraba programado ni existía orden alguna tendiente a subir al techo; que pese a ello lo hizo, de manera que era inexplicable «su presencia en alturas»; que le suministró capacitación y los implementos necesarios para su protección.
En su defensa, manifestó que el accidente se debió a un acto imprudente y negligente del señor Rivera. De los demás supuestos fácticos, indicó que no le constaban.
Formuló las excepciones de inexistencia de las obligaciones, falta de legitimación en la causa de la demandante, cobro de lo no debido, ausencia de solidaridad, buena fe de la demandada, prescripción y compensación (fs.°104 a 113 cdno. 2 rad. 2007-00349).
Tras ser llamada en garantía, Seguros de Vida Colpatria SA, contestó que la sociedad que tomó el seguro contra accidentes de trabajo fue Activos SA, lo que conllevó que procediera a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes en un 50% a favor de la menor «MCRT», y que el 50% restante lo haría una vez se definiera la controversia. También se opuso a las pretensiones y en relación con los hechos del escrito inaugural, indicó que no le constaban.
Propuso la excepción previa de «IMPROCEDENCIA DEL LLAMADO EN GARANTÍA» y como de fondo, las de ausencia de obligaciones, cobro de lo no debido, «LIMITE DE LA EVENTUAL OBLIGACIÓN A CARGO DE SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES» y prescripción (fs.°270 a 277 cdno. 2 rad. 2007-00349).
El juez del caso, decidió la acumulación de procesos (fs.°266 y 267 cdno. 2 idem), con el de Isabelina Rivera madre del fallecido, quien también demandó a las accionadas con el fin de que se declarara que entre ellas y Miguel Ángel Rivera, existió un contrato de trabajo. Solicitó las mismas pretensiones.
Manifestó que el 16 de enero de 2004, siendo aproximadamente las 10:00 am, el jefe inmediato le ordenó a su hijo que barriera y aseara el tejado de la bodega 01 de la planta de tratamiento de semilla de arroz; que al llevar a cabo esa labor se cayó aproximadamente de una altura de 6.50 metros; que ese día también se encontraban otros trabajadores que desempeñaban igual actividad; que cuando se le dio la orden a su hijo, no contaba con línea de vida, ni se le proporcionaron los implementos de trabajo y seguridad necesarios, pese a que el día anterior había ocurrido un accidente en la misma tarea. Resalta que hacer aseo no hacía parte de las funciones (fs.°15 a 22 cdno 3 rad. 2005-00035).
Por auto de julio 22 de 2013, se dio por no contestada la demanda por parte de la litisconsorte necesaria MCRT representada por Rosaura Triana Díaz (f.°203 cdno. 4 rad. 2009-00477).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Villavicencio, en sentencia de 17 de noviembre de 2017 (fs.°318 a 340 cdno. principal), resolvió:
PRIMERO: DECLARAR que entre MIGUEL ANGEL RIVERA y la demandada ACTIVOS S.A., existió un contrato de trabajo desde el 18 de noviembre de 2003 hasta el 16 de enero de 2004, devengando un salario mínimo legal mensual vigente.
SEGUNDO: DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION, frente a la demandante JANETH HUERFANO por las razones expuestas en este proveído.
TERCERO: CONDENAR a la demandada ACTIVOS S.A., a pagar en favor de ISABELINA RIVERA (madre del fallecido trabajador), de manera indexada por los siguientes conceptos así:
Cesantías: $17.760
Intereses a las cesantías: $94
Prima de servicios: $17.760
Vacaciones: $7.955
CUARTO: DECLARAR que existió CULPA PATRONAL en la ocurrencia de accidente de trabajo acaeció (sic) al trabajador MIGUEL ANGEL RIVERA el día 16 de enero de 2004, por la NEGLIGENCIA E INOBSERVANCIA DE LEYES, REGLAMENTOS, ÓRDENES o DISCIPLINAS por parte de la demandada FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS "FEDEARROZ".
QUINTO: DECLARAR que la demandada FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS "FEDEARROZ", es responsable de todas y cada una de las condenas impuestas que emanen como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el 16 de enero de 2004.
SEXTO: CONDENAR a la demandada FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS "FEDEARROZ", a pagar en favor de ISABELINA RIVERA por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante consolidado, futuro) el valor de $21.601.687.
SEPTIMO: CONDENAR a la demandada FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS "FEDEARROZ", a pagar en favor de MCRT por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante consolidado, futuro) un valor de $108.262.894.
OCTAVO: RECONOCER en favor de la señora JANETH HUÉRFANO, en su condición de compañera permanente de MIGUEL ÁNGEL RIVERA (q.p.e.d), pensión de sobreviviente en un 50% a partir del 31 de julio de 2009, y mientras subsistan las condiciones que ameritaron esta declaratoria con cargo a SEGUROS COLPATRIA S.A.
NOVENO: ABSOLVER a las demandadas de las demás pretensiones de la demanda.
DECIMO: DECLARAR no probadas las demás excepciones formuladas por las demandadas.
DECIMO PRIMERO: CONDENAR en Costas a la parte demandada ACTIVOS S.A. en favor de la demandante ISABELINA RIVERAM (sic), […]
DECIMO SEGUNDO: CONDENAR en Costas a la parte demandada FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS, en favor de MCRT, agencias en derecho por valor de $10'900.000.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, al resolver las apelaciones que interpusieron las demandadas y la llamada en garantía, mediante fallo de 23 de agosto de 2018 (cd f.°26 cdno. ad quem), resolvió:
Primero: Reformar la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2017 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Villavicencio, para los siguientes efectos:
Primero: Revocar el ordinal 3, para en su lugar, absolver a la demandada Activos SA del pago de las prestaciones sociales y vacaciones. Lo demás continuará incólume.
Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la demandada Federación Nacional de Arroceros en favor de la señora Isabelina Rivera. Se fijan como valor de las agencias en derecho en esta instancia para cada una (sic), el equivalente a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018, que ascienden a la suma de $2.343.726; costas que se liquidarán de manera concentrada por el Juzgado de primera instancia (artículo 366 del CGP).
Tercero: Condenar en costas de segunda instancia a la demandada Federación Nacional de Arroceros en favor de la señora ROSAURA TRIANA quien actúa en representación de MCRT. Se fijan como valor de las agencias en derecho en esta instancia para cada una (sic), el equivalente a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018, que ascienden a la suma de $2.343.726; costas que se liquidarán de manera concentrada por el Juzgado de primera instancia (artículo 366 del CGP).
Cuarto: Condenar en costas de segunda instancia a la llamada en garantía Seguros de Vida ARP Colpatria SA, en favor de la señora Janeth Huérfano Gutiérrez. Se fijan como valor de las agencias en derecho en esta instancia, el equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018, que ascienden a la suma de $1.562.484; costas que se liquidarán de manera concentrada por el Juzgado de primera instancia (artículo 366 del CGP).
[…]
En lo que interesa estrictamente al recurso extraordinario, resolvió la responsabilidad de las demandadas de cara a las condenas impuestas, como consecuencia del accidente de trabajo en el que falleció Miguel Ángel Rivera.
A fin de definir esa responsabilidad, trajo a colación lo previsto en el art. 77 de la Ley 50 de 1990 que definió el concepto de empresa de servicios temporales y advirtió que estas solo podrían contratar labores ocasionales, accidentales o transitorias cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad y para atender incrementos en la producción, transporte, ventas de productos o mercancías, períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de 6 meses prorrogable hasta por 6 meses más.
Indicó que de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, las empresas usuarias que utilizaran los servicios de empresas de servicios temporales, deben incluir a los trabajadores en misión dentro de su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, brindar inducción y los elementos de protección personal del puesto de trabajo. Destacó que, sin embargo, esa misma norma prescribió que, ese cumplimiento no constituye vínculo laboral alguno entre la usuaria del servicio y el trabajador en misión.
Aludió a la sentencia CSJ SL, 12 mar. 1997, rad. 8978 y señaló que en la ocurrencia de un accidente o enfermedad laboral por culpa patronal, no estaba consagrada la responsabilidad solidaria entre la empresa de servicios temporales y la empresa usuaria, pero eventualmente procedía, según lo expuesto en fallo CSJ SL, 30 may. 2018, rad. 46364, cuando:
i) La empresa de servicios temporales no cumple con las exigencias para su funcionamiento.
ii) No se trata de las actividades establecidas en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990.
iii) El trabajador sufre un siniestro al momento de ejecutar labores para cuales no fue enviado.
iv) Cuando se supera el plazo máximo de un año en el contrato.
v) Cuando la labor realizada es conexa con la actividad misional de la empresa beneficiaria y lo que se buscó fue ocultar el vínculo que existía previamente con el trabajador.
Con sustento en «las pruebas analizadas dentro del expediente», encontró que Activos SA registró su existencia y representación legal como una sociedad que prestaba servicios temporales a terceros beneficiarios, mediante la labor desarrollada por personas naturales (fs.°39 a 41 cdno. 2), y que en tal condición, el 18 de noviembre de 2003, suscribió con Miguel Ángel Rivera contrato laboral para que se desempeñara como obrero en planta en misión, en la Federación Nacional de Arroceros, «atendiendo el aumento de producción» (f.°65 cdno. 2).
Refirió que conforme «el folio 67 del Cuaderno 2 (Rad.2007-00349-00)» y el formato de investigación del suceso, se hizo el reporte ante la Administradora de Riesgos Laborales Seguros de Vida Colpatria, donde se plasmó que el trabajador no utilizaba implementos de seguridad ni de protección personal. Observó de la Resolución 0649 de diciembre 21 de 2004 (fs.°63 a 67 cdno. 3 (Rad. 2005-00035-00), que el Ministerio de la Protección Social, previa investigación, consideró que si bien la empresa de servicios temporales tenía a su cargo la capacitación y dotación de elementos de protección a sus trabajadores en misión, la usuaria sería responsable de las mismas exigencias,
[…] cuando disponga el cambio de labores para las cuales fue contratado y en el presente caso, el fallecido trabajador recibió la orden de ejecutar una labor en alturas sin que se hubieran tomado las medidas preventivas de seguridad; fundamento con base en el cual decidió sancionar a la Federación Nacional de Arroceros por el "incumplimiento de las normas de seguridad y prevención del Sistema General de Riesgos Profesionales".
Esta consideración fue aceptada y corroborada en las primeras declaraciones rendidas en diligencia de interrogatorio de parte por los representantes legales de las demandadas.
Practicada nuevamente la diligencia el día 22 de mayo de 2013 dentro del proceso con radicado 2009-00477-00, quien representó a "FEDEARROZ", expresó no constarle o no recordar las circunstancias de los hechos o las medidas adoptadas por la empresa y manifestó estarse a lo que la ley dispusiera.
Se refirió a la defensa de Activos SA, y con lo manifestado por el testigo Jaime Humberto Piñeros Martínez, concluyó que esa sociedad conservó «por mandato legal», la calidad de empleador con todas las implicaciones que ello conllevaba,
[…] sin perjuicio de la subordinación que pudiere ejercer la empresa beneficiaria; pero que, siendo esta la que ordenó la ejecución de la labor, conociendo las condiciones en las que lo hacía y habida cuenta que, la Federación Nacional de Arroceros no logró acreditar i) la relación de las funciones propias del cargo para el cual fue contratado el trabajador fallecido, con las que fueron asignadas posteriormente; ii) la efectividad del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo (Salud Ocupacional) que se encontraba vigente para la época de la ocurrencia del suceso y iii) no acreditó cumplir con las medidas de salud ocupacional y seguridad industrial que debió adoptar para el ejercicio de las labores del trabajador en alturas; debe responder por las condenas que fueron impuestas en primer grado, como consecuencia del accidente laboral en que feneció el señor Miguel Ángel Rivera […].
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la Federación de Nacional de Arroceros Fedearroz, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende que se case la sentencia del Tribunal, para que en sede de instancia, se revoque la de primer grado, y en su lugar se absuelva de todas las condenas impuestas.
Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado solo por Activos SA.
CARGO ÚNICO
Ataca la sentencia por la vía indirecta, por aplicación indebida la trasgresión de los arts. 75, 76, 77, 79, 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, en relación con los arts. 34, 35, 56, 57, 216 del CST; 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1072 de 2015; 11 del decreto 1530 y 63, 1603, 1604, 1612, 1617, 1757 y 2341 del CC «por mandato del artículo 19 del CST».
Como errores de hecho, enlista los siguientes:
Haber dado por demostrado, sin estarlo, que fue la Federación Nacional de Arroceros la que ordenó al causante Miguel Angel (sic) Rivera la ejecución de la labor en alturas en la que perdió la vida.
En cambio, no haber dado por demostrado, estándolo, que fue la Empresa de Servicios Temporales ACTIVOS S.A. la empleadora del trabajador fallecido, la que por conducto de uno de sus supervisores, el señor Gerardo Guzmán, dio tal orden.
Haber dado por demostrado, sin estarlo, que el trabajador fallecido señor Miguel Angel (sic) Rivera, estaba desarrollando cuando cayó, caída que le produjo la muerte, unas labores diferentes para las cuales fue enviado en misión a la entidad usuaria.
En cambio, no haber dado por demostrado estándolo, que Miguel Angel (sic) Rivera cuando sufrió la caída que le produjo la muerte, estaba realizando labores de limpieza que eran propias de su cargo de "obrero en planta"
No haber dado por demostrado, estándolo, que aún en el caso, de que las labores de aseo que estaba realizando cuando encontró la muerte, no fueran parte de las funciones de su cargo de "obrero en planta", fue su propio empleador ACTIVOS S.A. que por conducto de uno de sus representantes le impartió la orden de realizar esa labor.
Haber demostrado, sin estarlo, que a la Federación Nacional de Arroceros como usuaria, por el hecho de no acreditar la efectividad del sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo (salud Ocupacional) y el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional relacionadas con la labor en alturas que realizó Rivera, se convertía en responsable, de la indemnización general de perjuicios provenientes del accidente de trabajo en el que perdió la vida el causante.
En cambio, no haber dado por demostrado, estándolo, que es al empleador, en este caso ACTIVOS S.A. a quien le corresponde toda la responsabilidad indemnizatoria por ser el empleador, aún en el caso de que el usuario no hubiera cumplido las reglas sobre salud ocupacional.
No haber dado por demostrado, estándolo, que en la Federación Nacional de Arroceros, no se dieron ni cumplieron, ninguno de los eventos que exige la jurisprudencia, para que sea el usuario o beneficiario y no la Empresa de Servicios Temporales la que como empleadora, el que responda por las indemnizaciones por la muerte del trabajador en misión en acccidente (sic) laboral.
No haber dado por demostrado, estándolo, que la EST ACTIVOS S.A. cumplía con las exigencias de funcionamiento; que cumplía en el contrato con FEDEARROZ una de las actividades establecidas en el artículo 77 de la ley 50/90 incremento en la producción; que al momento del siniestro el trabajadore (sic) en misión estaba realizando la labor para la que fue enviado; que cuando sufrio (sic) el accidente no superaba el plazo máximo de un año en la ejecución del contrato y que la labor que realizaba no era conexa con la actividad misional de la empresa.
Señala como pruebas erróneamente apreciadas, los interrogatorios absueltos por los representantes legales de la Empresa de Servicios Temporales Activos SA (f.°248) y «de la Demandada», el certificado de constitución y gerencia de Activos SA (fs.°39 a 41 cdno. 2), el contrato de trabajo suscrito entre esa empresa y el actor (f.°65 cdno. 2), el formato de Investigación del Accidente de Trabajo realizado por la ARL Seguros de Vida Colpatria (f.°67 cdno. 2), la Resolución 0649 de diciembre 21 de 2004 del Ministerio de la Protección Social (fs.°63 a 67 cdno. 3), y la declaración rendida por Humberto Piñeros Martínez.
Como pruebas no apreciadas, acusa la «Descripción del cargo obrero en planta desempeñado por Miguel Angel (sic) Rivera, en el cual se puede leer entre las funciones la [de] "realizar tareas de limpieza de las instalaciones y equipos de Planta["]» y la declaración de Jhon Delgado Liberatto «(folio 316 de abril 23/08; folios 436 de mayo 21/08)».
Afirma que el Tribunal desconoció las obligaciones que le competen al empleador temporal, «que incluyen las que devienen de la ocurrencia de un accidente de trabajo en el desempeño de la actividad misional, aún (sic) cuando el beneficiario no haya cumplido las obligaciones que por delegación o por acuerdo en el contrato civil de prestación de servicios, le correspondan», como lo ha «venido aceptando desde hace décadas» esta Corporación.
Resalta que es desconcertante que se haya comprometido el patrimonio de la Federación y condenarla al pago de «sumas cuantiosas» por una indemnización proveniente de un accidente de trabajo sufrido por el causante. Lo anterior lo sustenta así:
Y desconcierta porque el A quo, pese a aceptar y reconocer la relación laboral entre el trabajador fallecido y su genuino empleador la EST y declarar su responsabilidad general sin distingos, resuelve erigir como único responsable a la Federación basándose en la solidaridad que se desprende del artículo 34 del C S T, tal como se solicita en la demanda, que a todas luces es inaplicable porque Activos S.A. no es un contratista independiente a quienes se aplica el citado artículo sino una empresa de servicios temporales que como principio general resulta un estéril legal en la trasmisión de solidaridad, pero que si en gracia de discusión se aceptara esa posible extensión, lo que ya resulta extraño mas (sic) que desconcertante, es que no hubiera condenado al obligado principal cuando ambos transitaron por el proceso, sino únicamente al supuesto solidario.
Pero ante colosal dislate, el Ad quem, no es menos, pues si bien descarta como era apenas lógico, la condena por la solidaridad proveniente del artículo 34 del CST, impone la condena basándose en otra equivocación, pues si bien acepta explícitamente la relación laboral entre el fallecido y la EST, resuelve incrustar a la Federación Nacional de Arroceros entre las situaciones excepcionales en las cuales, el usuario partícipe en la relación civil de prestación de servicios, deja de serlo, porque incumple unos requisitos que lo sacan de ser usuario y lo convierten en verdadero empleador tal como lo ha señalado en diversas sentencias esa Superioridad al decir […].
Para la censura, dentro de la trilogía legítima de empresa de servicios temporales, trabajador en misión y usuario, no es posible que se dé esa trasmisión de responsabilidad, así el usuario no haya cumplido con las obligaciones referentes a la salud ocupacional con las reglas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, que equivocadamente se aplica cuando se invocó el Decreto 1072 de 2015, que no existía para la época en que ocurrió la muerte en 2004.
Después de reproducir las hipótesis que describió el sentenciador, afirma que ante la ocurrencia de cualquiera de estas, no puede hablarse de una relación contractual con una empresa de servicios temporales que,
[…] no se ha constituido como tal, no lo es, cualquier contrato que se haga con ella para prestar servicios temporales, no podrán ser; (sic) lo mismo cuando lo (sic) servicios que se contratan no está (sic) dentro (sic) taxativamente indicados; o cuando se realizan otras labores distintas para las que se le contrato (sic), porque en tal caso generará un contrato directo con el usuario; o cuando se sobrepasa el límite perentorio de un año que es lo que se considera temporal, porque ya no será trabajador de la EST sino del beneficiario al que le estaría prestando servicios.
Sostiene que con un simple cotejo entre la jurisprudencia y lo dicho por el Tribunal, no se vislumbra ninguna que indique que el usuario debe responder cuando se generan obligaciones en favor del trabajador en misión, ni siquiera cuando haya dado la orden para realizar la labor en cuya ejecución ocurrió el accidente, lo que no se aviene al caso, pues la Federación no dio la orden para ejecutar la labor, en cuyo ejercicio se dio la muerte «o porque la otra que si (sic) pudiera caber en el listado, la de estar realizando otro oficio diferente, no la trae para respaldar su decisión, porque tampoco ocurrió».
Reproduce en extenso los argumentos que expuso el juzgador plural del material probatorio, para aseverar que de «ninguna» de esas pruebas se puede extraer la responsabilidad y, que «la única que en gracia de discusión, podría atribuir responsabilidad por estar realizando otra función diferente para la cual fue enviado», es el contrato de trabajo; que no obstante allí referirse al cargo de obrero en planta, no se le dio esa connotación por cuanto se dijo «que era distinto al que estaba realizando el día del accidente», premisa que no fue tenida en cuenta y que al no hacerlo «se queda sin causal para atribuir responsabilidad a la usuaria», pues las «otras» no permiten trasladar esa responsabilidad. Destaca que el cargo en mención, no se opone a que dentro de sus funciones «no pueda estar la de hacer limpieza con base en su sola denominación», aunque se haya tratado de adjudicar a la actividad personal del fallecido, el aumento de la producción (art. 77 de la Ley 50 de 1990).
En ese orden, descarta que las labores de aseo que realizaba el fallecido en el techo cuando cayó, no pertenecieran a su cargo de obrero en planta, lo que se acredita con 2 pruebas dejadas de apreciar:
(i) el documento que proviene de la Federación denominado "descripción del cargo" precisamente la del Miguel Angel Rivera donde en dos espacios, el denominado "Resumen del cargo", donde se lee: "Oficios varios como tareas de limpieza de las instalaciones y equipos de la planta y el otro espacio denominado "Funciones" donde aparece en el número 3 "oficios varios, realizar tareas de limpieza de las instalaciones y equipos de planta" y (ii) La declaración rendida por Richard Jhon Delgado Liberatto, quien fungía como Director Ejecutivo de la Seccional de Villavicencio y quien en la segunda parte de su declaración rendida el 21 de mayo de 2008 a la pregunta de si "sabe o le consta si en las funciones contratadas por la empresa temporal con el señor Rivera, estuviera establecida la del aseo de los techos de las bodegas de Fedearroz" CONTESTO. SI
Asevera que con lo anterior, demuestra que el señor Rivera cuando sufrió el accidente mortal, sí estaba ejecutando una labor para la cual fue enviado a Fedearroz y desvirtúa lo que aparece en la Resolución del Ministerio de la Protección Social, para multar a la empresa por el accidente sufrido, pues
[…] Se trata de una prueba por demás deficiente para tener valor en este proceso porque se ignora como (sic) se recaudaron las pruebas que llevaron a esa conclusión, además que no es un documento en firme pues no tiene constancia de ejecutoria, además lo dicho allí no tiene porque (sic) aceptarse acá, para eso existe la figura de la prueba trasladada.
Para la censura, las funciones en cuyo desarrollo halló la muerte Miguel Ángel, «no eran distintas para las cuales fue enviado». Ratifica su postura con lo manifestado por Jairo Humberto Piñeros Martínez.
Insiste en negar que en uso del poder subordinante delegado por la temporal, hubiera ordenado al trabajador en misión que realizara la labor, que a la postre le causó la muerte y advierte que, aunque en estricto sentido tal hecho «no está dentro de las causales que pudieran trasladar esa responsabilidad de la EST al usuario, lo cierto es que eso tampoco es cierto». Y en que hay «prueba contundente representada en la confesión que rindió la Representante Legal de la firma ACTIVOS S.A.» cuando respondió a la pregunta n.°10 lo siguiente:
[…] Si bien es cierto el señor GERARDO GUZMAN, era empleado en misión de ACTIVOS S.A., en Fedearroz este tenía como cargo el de supervisor, hecho que le daba lugar a emitir órdenes a otros subalternos como el caso del señor MIGUEL ANGEL RIVERA además porque al ostentar el cargo de supervisor, cargo de dirección y manejo tenía la potestad de representar a la compañía usuaria en la subordinación y dependencia del señor MIGUEL ANGEL RIVERA quien también era trabajador en misión y tenía el cargo de obrero en planta dependiendo del supervisor GUZMAN.
Con lo anterior, dice que explica la razón por la cual en su declaración Richard Jhon Delgado Liberatto,
[…] cuando se le pregunta "En respuesta anterior usted manifestó que el señor Rivera se encontraba realizando una "labor no ordenada", sírvase explicar al Juzgado que significa esta afirmación. CONTESTO: El señor Miguel Angel (sic) Rivera se cae del tejado de la planta y a raíz de este accidente es que fallece y a lo que hago referencia es que el (sic) estaba en el techo de una de las partes de la planta y que iba a realizar una limpieza del tejado pero esta labor no había sido ordenada ni programada por el jefe de la planta".
Con la «confesión que hizo la representante legal de la EST», afirma que se debió concluir que la recurrente nunca le impartió esa orden y quien lo hizo «fue su propio empleador», de manera no es posible atribuirle responsabilidad alguna en la ocurrencia del «imprevisto».
Por último, en relación con el incumplimiento de las obligaciones de salud ocupacional, manifiesta que «aún en el caso de que fueran ciertas no tienen la virtud de trasladar responsabilidad al usuario porque ellas no están dentro de la lista»; y que la jurisprudencia ha reiterado que el responsable es la empresa de servicios temporales y no la beneficiaria. Se apoya en las sentencias CSJ SL15195-2017, SL2383-2018, SL2782-2019.
RÉPLICA
Activos SA hace un recuento de la actuación procesal y de la casación. Memora la sentencia CSJ SL3933-2019, que sirvió de soporte a la decisión recurrida y manifiesta que se debió atacar esa «conclusión fundamental» por la vía directa, que no por la indirecta, de manera que la demostración del cargo es insuficiente. Asevera que la sentencia se encuentra acorde a la normatividad y pruebas analizadas.
CONSIDERACIONES
En la demostración del único cargo dirigido por la senda de los hechos, se plantean divergencias de estirpe jurídica cuando se sostiene que, no era dable al Tribunal aplicar el Decreto 1072 de 2015 al no estar vigente al momento de los hechos, tópico que evidentemente es de puro derecho, o al aseverar que la jurisprudencia no enseña que la empresa usuaria debe responder cuando ni siquiera dio la orden para ejecutar la labor que dio lugar al accidente de trabajo. Estos desaciertos conllevan que la censura incurra en una mixtura de alegaciones fácticas y jurídicas, que no son admisibles en sede extraordinaria.
No obstante, al segregar los cuestionamientos jurídicos, en atención a que la recurrente confrontó lo que enseñan algunas pruebas con lo resuelto por el ad quem, la Sala se pronunciará de fondo.
Pese a la senda fáctica por la que se dirige la acusación, no es objeto de controversia que Miguel Ángel Rivera suscribió contrato de trabajo con la Empresa de Servicios Temporales Activos SA, el 18 de noviembre de 2003, con el propósito de desempeñarse como trabajador en misión al servicio de la Federación Nacional de Arroceros Fedearroz, en el cargo de obrero en planta y que falleció el 16 de enero de 2004, producto de un accidente de trabajo en las instalaciones de la empresa usuaria.
Conforme lo compendiado en los antecedentes y lo planteado por la censura, se debe resolver si el Tribunal se equivocó al considerar que Fedearroz como empresa usuaria era responsable del accidente de trabajo en el que perdió la vida Miguel Ángel Rivera, trabajador en misión de Activos SA.
Se atacó el contrato de trabajo con la finalidad de acreditar error en su valoración, pues en criterio de Fedearroz no tiene ninguna responsabilidad en el accidente de trabajo, dado que el cargo de obrero en planta no se opone a que el fallecido pudiera llevar a cabo labores de limpieza.
Es claro que el báculo que sirvió de apoyo al sentenciador de apelaciones, fue que las labores que cumplía el trabajador en misión no estaban concertadas, es decir, que hubo un cambio en lo convenido contractualmente, refiriéndose al trabajo en alturas, para lo cual dejó claro que no se tomaron las medidas preventivas y necesarias de seguridad y prevención, por parte de la empresa usuaria del servicio. Recuérdese que se remitió a la sentencia CSJ SL2383-2018, titulada por el ad quem SL, 30 may. 2018, rad. 46364, que reiteró la CSJ SL15195-2017, donde al efecto enseñó:
[…]
Eventualmente, se generaría responsabilidad de la empresa usuaria en los casos en que se trata de una empresa de servicios temporales que no cumple con las exigencias legales para su funcionamiento o no se trata de las actividades establecidas en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990; también, en los casos en que el trabajador sufre un siniestro al momento de ejecutar labores para las que no fue enviado por la E.S.T. por orden de la receptora del servicio, o en el evento en que se supera el plazo máximo de un año autorizado por la ley, pues se asume que la empresa usuaria ha desbordado el marco obligacional convenido con la empresa de servicios temporales.
En ese orden, si bien en el contrato de trabajo de folio 65, el cargo que aparece es el de obrero en planta, también lo es que allí no se especificaron las funciones que como tal debía desempeñar el causante. No obstante, si en el hipotético caso se coligiera que, el trabajador debía realizar aseo en las instalaciones de Fedearroz, en dicho documento tampoco aparece registrado ni es dable deducir que el cargo de obrero en planta era para ejecutarse en alturas.
La censura asegura que no se dio la connotación debida al cargo de obrero en planta, porque se indicó «que era distinto al que estaba realizando [el trabajador] el día del accidente». Tal planteamiento es equivocado, pues cargo y funciones si bien están íntimamente relacionados, en el presente caso, el juzgador fue más allá al señalar que, al ejecutarse la limpieza en alturas, se cambió la labor para la cual fue enviado, que no el cargo.
Ahora bien, se alude en la acusación al documento que «proviene de la Federación denominado descripción del cargo», donde se describe, a voces de la recurrente que, entre los oficios varios se encuentran las tareas de limpieza en las instalaciones y equipos de la planta. Pese a que no indicó su ubicación o foliatura, al revisar las documentales que conforman el expediente (15 cuadernos) no se encontró la prueba que según la censura contiene la descripción del cargo.
En ese orden, queda incólume la conclusión del juzgador cuando indicó que Fedearroz no cumplió con la carga de acreditar: «i) la relación de las funciones propias del cargo para el cual fue contratado el trabajador fallecido, con las que fueron asignadas posteriormente; ii) la efectividad del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo (Salud Ocupacional) que se encontraba vigente para la época de la ocurrencia del suceso».
En la Resolución del Ministerio de la Protección Social (fs.°63 a 67 vto cdno. 3 rad. 2005-00035), quedó consignado lo siguiente:
[…] Si bien es cierto la Representante de Fedearroz, manifestó que unas de las funciones del trabajador, era la de realizar trabajos de limpieza en las instalaciones incluidos los techos, lo que nos indica que a pesar de que no coincide con lo escrito en el contrato, con lo manifestado por los representantes de la empresa temporal y ARP, si válida (sic) el hecho de que el trabajador se encontraba ejecutando esta labor, y no como ella pretende demostrar en su versión que no se explica la razón, por la cual el trabajador se encontraba en el techo.
Con lo anterior, no se vislumbra yerro del juez de apelaciones. Por el contrario, su texto da cuenta de los hechos y razones que condujeron al Ministerio a imponer sanciones a la federación arrocera por el incumplimiento de las normas de seguridad y prevención del Sistema General de Riesgos Profesionales, son puntos que compaginan con lo que extrajo probatoriamente el sentenciador.
Cierto es que la recurrente formula un discurso referente a la «orden para ejecutar la labor», en cuya ejecución acaeció el accidente de trabajo, que lo sustenta con prueba no calificada (testimonio). De acuerdo a lo enseñado por esta Corporación no es posible descender a su análisis, sin que previamente se haya cumplido con la carga de demostrar un error fáctico del juzgador plural con una que sí tenga el carácter de apta, lo que no se observa hasta este momento.
También se ataca la «confesión» del representante legal de Activos SA, por ser una prueba «contundente» y la sustenta en la pregunta 10 y su respuesta. Se trae a colación la pregunta 10 y su respuesta:
Se dice que quien dio la orden al señor MIGUEL ANGEL RIVERA, de subir a limpiar el techo de las bodegas fue un trabajador de ACTIVOS S.A. llamado GERARDO GUZMAN que sabe al respecto.
CONTESTO: si bien es cierto el señor GERARDO GUZMAN era empleado en misión de ACTIVOS S.A. en fedearroz (sic), este tenía como cargo el de supervisor, hecho que le daba lugar a emitir ordenes (sic) a otros subalternos como el caso del señor MIGUEL ANGEL RIVERA, además porque al ostentar el cargo de supervisor, cargo de dirección y manejo, tenía la potestad de representar a la compañía usuaria en la subordinación y dependencia del señor MIGUEL ANGEL RIVERA, quien también era trabajador en misión y tenía el cargo de obrero en planta dependiendo del supervisor GUZMAN.
De la respuesta en comento, se extrae que el representante de Activos admitió que Gerardo Guzmán fue quien ordenó a Miguel Ángel Rivera que subiera y limpiara el techo en las instalaciones de Fedearroz y que el señor Guzmán eran el supervisor, cargo de dirección y manejo de la empresa usuaria, y que por ser trabajador también en misión, podía impartir órdenes al segundo.
No obstante tal aseveración, en virtud de lo establecido en el art. 195 del CPC hoy 191 del CGP, para que una manifestación de las partes tenga la calidad de confesión judicial deben observarse lo siguiente: i) el confesante tenga capacidad y poder dispositivo sobre el derecho confesado; ii) versar sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria; iii) recaer sobre hechos, respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba; iv) ser expresa, consciente y libre y, v) referirse a hechos personales del confesante o de los cuales tenga o deba tener conocimiento. Igualmente, el instituto de la confesión está regido por el principio de la indivisibilidad, que conlleva que la confesión deba aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, a menos que exista medio de convicción que la desvirtúe.
En armonía con lo anterior, lo confesado no afecta a la parte demandante, pues independientemente de quien haya dado la orden, el accidente de trabajo en efecto ocurrió y la responsabilidad es inminente. De esta manera, al analizar de manera ponderada y objetiva este medio de convicción, no es dable que Fedearroz pretenda beneficiarse del dicho del representante de Activos SA, pues finalmente no conlleva consecuencias adversas a su contraparte, es decir, los accionantes.
Se memora la sentencia CSJ SC3790-2021, donde la Sala Civil de Casación, indicó:
[…]
4.2. Confesar produce efectos jurídicos adversos para quien lo hace. El declarante, no obstante, puede anexar otro hecho que implica la modificación, aclaración o explicación de lo confesado (C.G.P., art. 196). Tales circunstancias, más que minimizar o justificar lo que se admite, conllevan en realidad a precisar su contexto para extraer la verdad fáctica del proceso.
Al respecto, afirmó esta Sala: «(…) es injusto y arbitrario, de cara a la anunciada unidad del hecho declarado, aceptar únicamente la parte que desfavorece o perjudica al declarante y no la que lo beneficia, o pueda llegar a beneficiarle, en la medida en que sirva de explicación causal. Al fin y al cabo, si ha de darse credibilidad al dicho del confesante, esto es, en su justa extensión explicativa, ha de aceptarse, in toto, su declaración, en orden a extraer de ella determinadas secuelas jurídicas, pues mal se procede al separar lo indispensable, para entender como veraz solo aquello que grava al confesante y negarle credibilidad a cuanto le favorece (…)».
Lo agregado por el confesante, en particular, lo que le beneficia, se debe aceptar junto con la confesión como un todo. Tal regla, conocida como indivisibilidad, obliga al juzgador acogerla con sus adicciones, esto es, no puede fraccionar los hechos para dar por demostrados los lesivos al confesante y rechazar los favorables.
Esta Corte, a propósito, señaló que «(…) asentir a tal hecho y agregar que se produjo en esta o en aquella forma, significa que quien le proporciona a su contrincante la prueba del hecho principal, tiene derecho a ser creído sobre la circunstancia adicional, la cual guarda relación directa y natural con aquél, y además, se ha producido al mismo tiempo, caracteres éstos que contribuyen a definir la calidad indivisible de la confesión (…)» (subrayas de esta Sala).
En cuanto al interrogatorio que absolvió el representante legal de la federación impugnante, se abstiene esta Corporación de su análisis, pues sabido es que el interrogatorio no es prueba calificada. Además, en la demostración del ataque no se señalaron los argumentos para su refutación.
Caso similar ocurre con el certificado de constitución y gerencia de Activos SA, por cuanto solo se enlistó y no se adelantó el necesario proceso de cuestionamiento, argumentación y confrontación; lo que se repite con el formato de Investigación de Accidente de Trabajo de la ARL.
En punto al tema, en proveído CSJ SL1980-2019, se discurrió:
En punto de debate, esta Sala en la sentencia CSJ SL17693-2016, reiterada en la CSJ SL925-2018, sostuvo:
Así las cosas, al dejar libre de ataque algunos pilares fundantes de la sentencia gravada, el impugnante no se aproxima al objetivo que se propuso en la formulación del alcance de la impugnación, en la medida en que las premisas inatacadas permaneces enhiestas en apoyo de la decisión del ad quem, con lo cual desatiende la carga de socavar los cimientos del fallo que viene precedido de la presunción de legalidad y acierto, propia de los que dicta un funcionario judicial en ejercicio de la potestad de juzgamiento que le confieren la Constitución Política y la Ley.
Conviene no olvidar que el recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia en la que la misión del juzgador consista en examinar de nuevo el expediente en perspectiva de decidir cuál de las partes está asistida de razón, sino que su concepción y naturaleza extraordinaria, imponen que la labor de la Corte se limite a la confrontación de la sentencia del Tribunal con el ordenamiento jurídico, siempre que el censor sepa encauzar su inconformidad, lo que no sucede en esta ocasión, por lo que se dejó explicado.
En lo que atañe a los testimonios, basta reiterar que no son prueba calificada en el recurso de casación, salvo que previamente se demuestre error sobre una que sí lo sea, es decir, documento auténtico, confesión o inspección judicial, lo que no ocurre en el presente caso.
Así las cosas, la Sala estima que la censura no logró derruir que el accidente de trabajo que produjo el fallecimiento del trabajador en misión, acaeció en el momento en que desarrollaba labores de limpieza, pero en alturas, actividad esta última para la que no fue contratado.
Se sustenta lo anterior con el Formato de Investigación de Accidente de Trabajo de Activos SA (fs.°68 a 74), documento que, si bien la censura decidió no atacar como dejada de apreciar, la Sala le da una mirada, y en ella se consigna que Miguel Ángel Rivera tuvo un accidente de trabajo al caer del techo, desde una altura aproximada de 6.5 metros.
Dado que la muerte del trabajador en misión acaeció por hacer un trabajo en alturas, se estima necesario reiterar la sentencia CSJ SL5154-2020, en la que se adoctrinó:
[…]
Ello inició con la expedición de las Resoluciones 2400 y 2413 de 1979, la aprobación del Convenio 167 de la Organización Internacional del Trabajo (1988) a través de la Ley 52 de 1993, sobre seguridad y salud en el trabajo del sector de la construcción, así como en los reglamentos técnicos de trabajo seguro en alturas por medio de las Resoluciones 3673 de 2008 y 1409 de 2012, y aquellos relativos a la acreditación de la idoneidad del personal que realiza estos trabajos riesgosos y la necesaria formación que debe impartirse para su ejecución, como puede leerse en las Resoluciones 0736 y 2291 de 2010, 1903 de 2013 y más reciente, las 3368 de 2014 y 1178 de 2017.
[…]
Nótese entonces que desde 1979 existe en Colombia una regulación en esta materia que pretendió que los empleadores cumplieran o hicieran cumplir al personal bajo sus órdenes, la obligación de instruir a sus trabajadores acerca de los riesgos inherentes al trabajo, suministrarles los equipos de protección adecuados y acordes a la naturaleza del riesgo de laborar en alturas y vigilar, inspeccionar y exigir el estricto cumplimiento de las normas de seguridad.
Incluso, según el convenio 167 de la OIT los empleadores deben «interrumpir las actividades» que comprometan la seguridad de las personas trabajadoras en caso que no se adopten las medidas correctivas, bajo la idea central que en el trabajo debe anteponerse la vida y la seguridad de los trabajadores frente a otras consideraciones (CSJ SL9355-2017).
(Subrayas fuera del texto original).
Corolario de lo expuesto, la sentencia recurrida continúa con la doble presunción de acierto y legalidad de la que viene revestida y, por consiguiente, no prospera el cargo formulado.
Costas en el recurso extraordinario de casación a cargo de la Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz y a favor de Activos SA, al no prosperar la acusación y haber formulado réplica. En su liquidación, el juzgado incluirá como agencias en derecho la suma de $9.400.000, conforme lo establece el art. 366 del CGP.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el 23 de agosto de 2018, en el proceso que promovió JANETH HUÉRFANO GUTIÉRREZ e ISABELINA RIVERA contra la FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS - FEDEARROZ y ACTIVOS SA, al que fue llamada en garantía SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA y como litisconsorte necesaria MCRT representada por ROSAURA TRIANA DÍAZ.
Costas como se dijo en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
ACLARACIÓN DE VOTO
Magistrado ponente: Donald José Dix Ponnefz
Radicación n.° 82889
De: Janeth Huérfano Gutiérrez e Isabelina Rivera vs Federación Nacional de Arroceros (FEDEARROZ); ACTIVOS S.A. y la llamada en garantía Seguros de Vida Colpatria; y la litis consorte necesaria MCRT, representada por Rosaura Triana Díaz.
Aunque comparto el sentido de la decisión final, con el respeto de siempre por las decisiones de la Sala, considero que el texto final de la providencia pudo haber ganado en claridad, si hubiera explicado que la improcedencia de connotar de confesión algunas de las respuestas emitidas por el representante legal de Activos S.A. al responder al cuestionario al que fue sometido, radicaba más en la forma en que quedó estructurada la relación jurídico procesal en
este juicio.
Ciertamente, las señoras Huérfano y Gutiérrez llamaron a responder a la sociedad mencionada y a la Federación Nacional de Arroceros. Claramente, estas personas jurídicas fungieron como parte demandada, de suerte que conformaron un litisconsorcio en el extremo pasivo del litigio. Sea que se les atribuya el carácter de voluntario o necesario, lo que una de ellas afirme y que pueda desfavorecer a las demandantes, no puede beneficiar a su litisconsorte, en la medida en que ello significaría tener por verdad lo que la propia parte afirma en su favor.
Tal solución repugna a la regla que enseña que nadie puede beneficiarse de su propio dicho. De esta suerte, la versión entregada por el representante legal de una las sociedades enjuiciadas se asimila más a un testimonio que, como bien se sabe, no es prueba apta para configurar un error de hecho manifiesto en casación.
Fecha ut supra,
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Magistrado
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