Ficha de la providencia
Sentencia SL2200-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2200-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2200-2022
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
15 de junio de 2022
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL2200-2022
Radicación n.° 91984
Acta 19
Bogotá, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022)
Decide la Sala la revisión interpuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, contra la sentencia proferida el 31 de julio de 2020 por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por BETTY MONROY DE SALAMANCA contra la hoy solicitante.
I ANTECEDENTES
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP presenta ante esta Corporación, solicitud de revisión de la sentencia proferida el 31 de julio de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral instaurado en su contra por Betty Monroy de Salamanca. Para tales efectos, relaciona como pretensiones:
PRIMERO: Infirmar totalmente la sentencia expedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –Sala Laboral, el 31 de julio de 2020 dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por Betty Monroy de Salamanca contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP radicado No. 11001310503420180064300, en cuanto modificó los ordinales segundo y tercero de la sentencia del A-quo, generando un doble pago pensional comprendido entre el 21 de noviembre de 2015 y hasta el 23 de abril de 2018, equivalente a la suma de $117.825.505.87.
SEGUNDO: Confirmar la sentencia del Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá de fecha 13 de diciembre de 2019, que ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, el retroactivo pensional causado a favor de Betty Monroy de Salamanca en calidad de cónyuge supérstite, en un porcentaje equivalente al 100% de la mesada pensional que percibía la hija del causante, Carolina Salamanca Licona, a partir del 24 de abril del 2018, fecha en la que cumplió 25 años de edad.
TERCERO: Declarar que a la señora Betty Monroy de Salamanca no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en un 50% desde el 19 de julio de 2010, junto al retroactivo pensional reconocido por prescripción desde el 21 de noviembre de 2015 y hasta el 23 de abril de 2018, en virtud a que éstas mesadas pesionales[sic] le fuerón[sic] legalmente reconocidas y pagadas a la beneficiaria del causante Carolina Salamanca Licona en su calidad de hija al 100%, como da cuenta las Resoluciones Caprecom Nos. 1888 de 2010, y 1853 de 2011.
TERCERA[sic]: Ordénese a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes al 100%, a favor de Betty Monroy de Salamanca en calidad de cónyuge supérstite del causante Darío Gilberto Salamanca Cortes, a partir del 24 de abril del 2018, y en el evento de haber recibido el pago del retroactivo mencionado en la pretensión anterior, se le ordene el reintegro total.
Como sustento de sus pretensiones señala, en síntesis, que el señor Darío Gilberto Salamanca Cortés, prestó sus servicios a la extinta Telecom desde el 12 de febrero de 1968 al 31 de diciembre de 1993 y el último cargo desempeñado fue el de Técnico VI, en la ciudad de Bogotá: mediante Resolución n.° 1187 del 22 de junio de 1993, Caprecom reconoció una pensión de jubilación a favor del señor Salamanca Cortés, en cuantía equivalente a $367.264,27, a partir de la fecha de su retiro, prestación que fue reajustada mediante Acto Administrativo Resolución n.° 0213 del 16 de febrero de 1994, a $937.590,69 efectiva a partir del 1º de enero de tal anualidad; el señor Darío Salamanca falleció el 19 de julio de 2010, por lo que Caprecom «ordenó el traspaso de la pensión del causante a favor de la joven Carolina Salamanca Licona» en un 100%, ello, a través de la Resolución n.° 1888 del 14 de septiembre de 2010; por Resolución n.° 01853 del 29 de julio de 2011, la otrora Caprecom negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada por las señoras Betty Monroy de Salamanca, en calidad de cónyuge y, Nancy del Carmen Licona Vargas, en condición de compañera permanente, al no haber sido acreditado por ellas el tiempo de convivencia de 5 años con el pensionado Salamanca Cortés; la orden de pago de la prestación económica a favor del joven Salamanca Licona fue dispuesta hasta el día 22 de abril de 2011, fecha en que cumplía sus 18 años o bien, «hasta el 23 de abril de 2018, cuando cumple los 25 años de edad, siempre y cuando demuestre su condición de estudiante»; la señora Betty Monroy Salamanca, en calidad de cónyuge supérstite, promovió demanda ordinaria laboral en contra la UGPP, en la búsqueda de obtener la prestación económica de sobrevivencia; el proceso judicial fue tramitado ante el Juzgado 34 Laboral del Circuito de Bogotá, dependencia que accedió a las pretensiones de la demanda y la consideró como beneficiaria de la pensión referida, por lo que dispuso su reconocimiento, a partir del 24 de abril de 2018; por recursos de apelación que fueren interpuestos, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió en providencia del 31 de julio de 2020, modificar el fallo impugnado en el sentido de condenar al pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Monroy de Salamanca, desde el año 2010, pero por efectos de la prescripción su pago sería desde el 21 de noviembre de 2015 en un 100%; la decisión quedó ejecutoriada el 25 de agosto de 2020, y la UGPP dio cumplimiento a la misma, mediante la Resolución n°. 0243 del 6 enero de 2021.
De manera condensada, y para lo que interesa a la revisión, ha de precisarse que, en criterio de la UGPP, la sentencia acusada no se encuentra acorde con el ordenamiento jurídico en tanto se configura la causal consignada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, puesto que tal decisión judicial
[I]ncurre en una flagrante irregularidad al ordenar el pago del 50% desde el 21 de noviembre[sic] y hasta el 23 de abril de 2018, a sabiendas que por dicho periodo la pensión se encontraba reconocida en un 100% a una hija beneficiaria. El despacho sobre este aspecto, insinúa un descuido por parte de la administración de Caprecom al no haber suspendido el 50 % de la pensión de sobrevivientes por la presunta controversia entre beneficiarias en aplicación del Art. 6 de la Ley 1204 de 2008, pero lo que no advierte esta instancia judicial es que la negación en sede administrativa no fue precisamente el hecho de existir controversia entre beneficiaria y compañera permanente, sino porque ninguna de las dos en sede administrativa, logró acreditar el requisito de la convivencia para acceder el derecho; de manera que, no se justifica el razonamiento del Tribunal en su apreciación frente a la efectividad que le otorgó al reconocimiento pensional, pasando por alto que con esa decisión se está afectando de manera injustificable el patrimonio público.
Continúa su relato, al afirmar que, con la sentencia adoptada y hoy cuestionada, se afecta el principio de la sostenibilidad financiera, puesto que se dispone el doble pago de una pensión de sobrevivientes. Para reforzar su consideración, acude a apartes de la sentencia CSJ SL3276-2018, la que transcribe.
Concluye con la afirmación relativa a que la conducta asumida por la convocada en revisión, es un «abuso del derecho», lo que afecta «en gran medida los recursos públicos».
Betty Monroy de Salamanca, al contestar, se opone a la prosperidad de la solicitud presentada, por cuanto «la sentencia que es materia del ataque en casación se encuentra ajustada a la [l]ey respecto a la UGPP y es concordante con los hechos que aparecen establecidos en el expediente».
Y bajo esta premisa, desarrolla su réplica al indicar que, conforme lo expone la Ley 100 de 1993, acreditó (i) la calidad de cónyuge; (ii) el hecho de haber convivido con el causante más de cinco años, y (iii) mantener vigente su vínculo matrimonial, por lo que es beneficiaria de la prestación concedida, a partir de la muerte del causante.
En efecto, sobre este particular, explica que, si bien el despacho judicial de primera instancia reconoce el derecho a partir del 23 de abril de 2018, dada su inconformidad, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, modifica tal decisión y dispone que ello tenga lugar desde la fecha del deceso del causante, pero que, en razón a la prosperidad parcial de la excepción de prescripción, el pago de mesadas debía verificarse, a partir del 21 de noviembre de 2015.
Cita en apoyo de sus alegaciones, los pronunciamientos de esta Sala que identifica como «CSJ-SL 41637, 24 enero 2012; CSJ-SL7299-2015; CSJ-SL6519-2017; CSJ-SL16419-2017; CSJ-SL1399-2018; CSJ-SL 5046- 2018; CSJ-SL2010-2019; CSJ-SL2232-2019, CSJ-SL4047-2019 y SL5169- 2019».
Agrega que, de aceptarse la teoría del presunto doble pago, ello conlleva la infracción del artículo 48 de la Constitución Política por cuanto «no [se] puede renunciar y ceder un legítimo derecho fundamental, cual es el acceso a una pensión de sobrevivientes, para favorecer a otra beneficiaria que lo ha gozado en detrimento suyo y que ni siquiera comparte lazos consanguíneos». Con lo anterior, indica que la pensión de sobrevivientes debe pagarse «desde el momento de la muerte del afiliado o causante, y es precisamente en este instante, que la prestación nace al mundo jurídico y se causa[sic]» y ello, solo puede modularse con el fenómeno de la prescripción, el cual fue declarado próspero -de forma parcial- en la sentencia que se cuestiona en revisión.
Insiste en que la entidad que promueve la revisión, fue «negligente y omisa», por cuanto, ante la existencia de controversia del derecho entre dos presuntas beneficiarias, lo prudente era suspender el pago de ese 50% y reconocer únicamente el porcentaje restante a la hija beneficiaria, pero, contrario a ello, dispuso el pago del 100% a esta última.
Concluye al precisar que, en el presente asunto, no se verifica el pago de una suma superior a aquella que le corresponde a la señora Betty Monroy de Salamanca, por cuanto sería «la primera vez» que recibe el pago, por demás, su actuación siempre se ha enmarcado bajo el amparo de la buena fe, de tal manera, que no se encuentra en la obligación de devolver sumas de dinero.
II. CONSIDERACIONES
Resulta pertinente memorar que como mecanismo excepcional al principio de la cosa juzgada y con el propósito de proteger el erario cuando aquel se viera afectado por una decisión judicial o administrativa, que le imponga el reconocimiento de una prestación por encima del valor que legal o convencionalmente le correspondiera al titular, o sin al respeto al debido proceso, el legislador consagró la acción de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 del tenor siguiente:
Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
[…]
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
Cuando el reconocimiento de haya obtenido con violación al debido proceso, y
Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención que le eran legalmente aplicables. (Apartes tachados inexequibles CC C-835-2003).
De otra parte, ha de acotarse que, el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que la demanda instaurada en ejercicio de las facultades otorgadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, debe ser presentada dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia por controvertir, lapso que no se encuentra vencido en el presente asunto, por cuanto el documento introductor se recibe por esta Corporación el 9 de noviembre de 2021 y la ejecutoria de la providencia cuestionada tiene lugar el día 7 de septiembre de 2020.
En primer término, debe esta Sala recordar que la pensión de sobrevivientes está instituida para menguar las consecuencias económicas que se ocasionan por el fallecimiento de un afiliado o pensionado, a aquel núcleo familiar que conforme a lo dispuesto por el legislador está sujeto a la protección. Así, indicó quiénes son las personas del grupo familiar del causante con vocación para ser considerados acreedores de la garantía del sistema pensional, bajo qué condiciones acceden y la forma en que se materializa la prestación; si es un único pago – devolución de saldos o, indemnización sustitutiva- o periódicos -pensión, desde cuándo se causa y su cuantía y, es esto lo que el operador judicial toma de báculo al analizar una contienda relacionada con la sobrevivencia, conforme a la normativa vigente a la fecha del deceso y que en el caso bajo revisión se acató en ambas instancias.
Ahora bien, son hechos no controvertidos para esta Sala que: (i) ante la negativa pensional de la UGPP a la señora Betty Monroy de Salamanca, esta última promovió un proceso ordinario laboral en su contra; (ii) en el expediente judicial quedó acreditado, que había lugar al reconocimiento a su favor de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor Darío Gilberto Salamanca Cortés, dado el cumplimiento de los requisitos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y, así se desprende de la sentencia del Tribunal; (iii) sobre la fecha desde la cual se reconocería el derecho pensional, el juzgado de primera instancia consintió en que ello tendría lugar desde el año 2018; sin embargo, por apelación que interpusiere la señora Monroy de Salamanca, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá consideró que tal hito sería la fecha del deceso del causante-año 2010-, pero dado el acaecimiento del fenómeno de la prescripción, convino en que el pago de mesadas se verificaría desde el mes de noviembre de 2015.
El reproche principal a la providencia objeto de revisión, se centra en que el juez de alzada, cuando ordena el reconocimiento de la pensión desde el 21 de noviembre de 2015 y dispone un retroactivo pensional hasta el 23 de abril de 2018, mismo interregno durante el cual la hija del finado Salamanca disfrutó de la totalidad de la pensión de sobrevivientes, concreta un doble pago que impacta el tesoro público.
Afirma, entonces, que lo correcto es disponer la efectividad del reconocimiento, conforme lo consintió el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, ello es, a partir del 24 de abril de 2018, momento en el cual, la precitada beneficiaria dejó de percibir la prestación económica generada por el deceso de su señor padre.
Memoremos en primer lugar, que el Tribunal expuso, para edificar su decisión sobre la modificación de la fecha a partir de la cual se reconocería el derecho a favor de la convocada en revisión, que:
[…] en punto a la fecha de reconocimiento de la prestación, considera la Sala le asiste razón al apoderado de la parte demandante, pues el derecho pensional se causó con ocasión a la muerte del pensionado, el 19 de julio de 2010 y no existe negligencia de la parte demandante en su reclamo, pues conforme se advierte en el acto administrativo en que se le negó la prestación, solicitó su reconocimiento el 8 de noviembre de 2010.
Bajo tal perspectiva resulta procedente el reconocimiento del derecho pensional a favor de la demandante desde el 19 de julio de 2010, sin embargo, en tanto se advierte la existencia de una hija del causante, a quien se reconoció el derecho por parte de la entidad accionada, corresponde ordenar el reconocimiento[sic] de la prestación a favor de la señora Betty Monroy en un 50% hasta el 23 de abril de 2018, data en la que aquella perdió la condición de beneficiaria del derecho pensional, momento a partir del cual[,] el derecho pensional se debe reconocer a la demandante en un 100% del monto que percibió el causante.
Pese a lo anterior, dado que la accionada propuso la excepción de prescripción, corresponde señalar al tener de lo dispuesto en el artículo 151 del CPT Y SS, en concordancia con el artículo 6º de la misma obra, las mesadas adeudadas con anterioridad al 21 de noviembre de 2015 se encuentran prescritas, pues el derecho se causó el 19 de julio de 2010, se reclamó el 8 de noviembre de la misma anualidad, el acto administrativo mediante el que se resolvió dicha solicitud data del 29 de julio de 2011 y la demanda se presentó tan solo hasta el 21 de noviembre de 2018.
De manera que, si a las voces del colegiado, es la muerte aquel momento que define el inicio del disfrute de la pensión de sobrevivientes, pues nada puede reprocharse a tal consideración, por cuanto la misma se acompasa con la línea de pensamiento de esta Sala. En efecto, recientemente en la providencia CSJ SL1019-2021, en un caso de contornos similares, la Corte razonó que:
[…] la data de la muerte marca el inicio de la causación de las prestaciones a sus beneficiarios, sin que el estatuto pensional integre una previsión relativa a que, ante la presentación de uno nuevo o, ante la declaratoria judicial, que lo tiene como tal, se vea afectada la fecha de causación para acceder a la garantía pensional y, por este hecho solo sea efectivo a la ejecutoria de la sentencia. Esto es ante un posible nuevo beneficiario, se reitera, corresponde la aplicación del marco vigente sin que su presentación tardía afecte la existencia del derecho desde la calenda en que se difiere el mismo, que precisamente es la del fallecimiento; la consecuencia de la extemporaneidad en la reclamación, no es otra que la prescripción sobre los efectos económicos del mismo.
Así las cosas, la solución jurídica que quiere dar el recurrente, de que la pensión a la compañera permanente debe ser a partir de la ejecutoria de la sentencia de segundo grado, no se acompasa con nuestra legislación y esa es la razón para afirmar que ni siquiera se contempló por parte del funcionario de la justicia y, en línea con lo expuesto, la consecuencia, ante la presentación extemporánea, se materializó en la declaratoria de prescripción de las mesadas pensionales anteriores a abril de 2008. En este punto no resulta menor agregar que la pensión de sobrevivientes comporta un contenido mínimo e irrenunciable y, por ende, no puede ser afectado, desconocido o disminuido, pues esto conllevaría a su renuncia, lo que no está permitido en nuestra constitución.
De igual manera, en la precitada decisión, se recuerda lo considerado en la providencia CSJ SL226-2021, donde esta Sala, al enfrentarse a un evento donde un beneficiario recibió un porcentaje mayor dada la concurrencia posterior de otro con vocación, consideró que ello no podía ser causal de limitación del derecho de este último, por cuanto «el nuevo beneficiario no puede correr con las consecuencias de ese tipo de estudio o que le imponga una carga adicional, como es, que tenga que perseguir por su cuenta los dineros entregados al beneficiario inicial, porque el Estado cuenta con las herramientas necesarias para sanear las finanzas de las cuales se provee el sistema pensional».
Siendo lo anterior así, no se desconoce que la presencia de nuevos beneficiarios, en eventos como el presente, genera efectos en la asunción de las obligaciones pensionales que puedan afectar el sistema pensional y contrariar el principio de sostenibilidad financiera; sin embargo, para solventar tal coyuntura, en el pronunciamiento antes referido, la Sala expuso que:
[…] el legislador permitió a la entidad que asume el reconocimiento de la pensión, compensar las sumas de dinero con las mesadas que a futuro reciban quienes inicialmente fueron aceptados como beneficiarios iniciales, o en su defecto, iniciar las acciones de recuperación de esos rubros pagados sin justificación, muy a pesar de que al principio los reclamantes lo hubieran hecho de buena fe o creyendo que los hechos y el momento respaldaban su solicitud.
Así, debe traerse a mención el artículo 5° de la citada Ley 1204 de 2008, en que la recurrente respalda su cuestionamiento:
ARTÍCULO 5o. TÉRMINOS PARA DECIDIR LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL DEFINITIVA. Si no se presentare controversia, la sustitución, de manera definitiva, se resolverá dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término del edicto emplazatorio. En caso de controversia se resolverá dentro de los veinte (20) días siguientes.
En caso de que los beneficiarios iniciales tuvieren que hacer compensaciones a los nuevos por razón de las sumas pagadas, así se ordenará en el acto jurídico y lo ejecutará la entidad pagadora.
Las compensaciones se harán descontando el valor correspondiente de las futuras mesadas. (Subrayado fuera del original).
Esta norma opera de pleno derecho, y no es necesario que el operador judicial acuda a ella en el instante de resolver una controversia entre beneficiarios de la prestación pensional, para que la entidad se encuentre habilitada a recuperar aquellas sumas de dinero que perdieron su causa, y en aquellos casos en que no es posible esa compensación, pueda ejercer la acción judicial pertinente ante el enriquecimiento sin causa de aquellas personas que perdieron la calidad de beneficiarios y recibieron unas mesadas sin respaldo normativo alguno.
De manera que existe un mecanismo para evitar una doble erogación a cargo del Estado cuando se presentan nuevos beneficiarios, como es la compensación, que significa, como se ha venido explicando, que los beneficiarios iniciales deben ir devolviendo los dineros percibidos en el pasado, hasta lograr que se ajusten los porcentajes definitivos desde el momento en que se causó el derecho pensional, lo cual aplica no solo por decisión propia de la administración sino incluso cuando el asunto es resuelto definitivamente por la jurisdicción.
Es de aclarar que aun cuando el parámetro se fijó a partir de la norma que regula la sustitución por la muerte de un pensionado, lo cierto es, que ésta, junto con la situación que regula la muerte del afiliado, constituyen dos vías de acceso a la garantía, la primera permite al núcleo familiar continuar recibiendo la prestación que venía disfrutando el pensionado por vejez o invalidez y, la segunda, ocurrida la muerte, no se está ante la trasmisión de la titularidad de la pensión pero sí ante la cobertura del riesgo de muerte del afiliado. Y es que en esta última, se exige el cumplimiento de requisitos de cotización, lo que se traduce en la verdadera diferencia entre ambos supuestos; sin embargo, para ser considerado beneficiario, la preceptiva que fija los parámetros, en el caso que nos ocupa la Ley 100 de 1993, es lo que justifica plenamente que se acuda a las figuras descritas para que las administradoras recuperen las sumas que perdieron su sustento legal «con las mesadas que a futuro reciban quienes inicialmente fueron aceptados como beneficiarios, o en su defecto, iniciar las acciones de recuperación de esos rubros pagados sin justificación, muy a pesar de que al principio los reclamantes lo hubieran hecho de buena fe o creyendo que los hechos y el momento respaldaban su solicitud» (CSJ SL226-2021.)
En igual sentido, esta Corte, en sentencia CSJ SL870-2018, concluyó:
Sin embargo, el hoy recurrente pretende que el reconocimiento de la sustitución pensional en cabeza del demandante, se haga efectivo “a partir de la ejecutoria de la sentencia”, y no desde la fecha de fallecimiento del causante, como en efecto corresponde, por el hecho de haber sustituido desde la muerte del pensionado fallecido, y en su totalidad, la prestación pensional, en favor de la señora Clemencia Jaramillo Ordoñez.
Además de lo anterior, a pesar de que las pruebas documentales que menciona el fondo recurrente puedan dar cuenta de que Jaramillo Ordoñez tenía la condición de cónyuge supérstite del causante, designada por aquél como su beneficiaria pensional en caso de muerte, que es lo que se reclama en el cargo, lo cierto es que, como lo determinó el juzgador de segundo grado, a partir de “la evidencia que se aportó al expediente”, se podía determinar que el señor Fabio Alberto Nieto Gutiérrez también reclamó la pensión administrativamente, no obstante lo cual la entidad actuó de manera ligera e imprudente al no acudir a la potestad que le confería la ley de dejar en suspenso el reconocimiento de la pensión hasta tanto la justicia ordinaria definiera quién tenía mejor derecho.
Por lo mismo, pese a advertir la existencia de otro posible beneficiario, con pruebas plausibles que soportaban su reclamo, la entidad mantuvo su decisión de reconocer la pensión a la cónyuge supérstite, de manera que no pudo haber actuado con buena fe exenta de culpa, y en esa medida, la conclusión a la que arribó el Tribunal, de que no era posible “descontar de las sumas pagadas a la compañera permanente del causante el valor de la pensión que corresponde a su hijo inválido”, resulta acertada.
Así las cosas, se tiene que el fondo demandado infirió que la pensión reclamada correspondía a la voluntad de las partes y no a la persona que la ley estipulara, como cuando alegó que el propio causante “en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 44 de 1980, mediante escrito designó a su compañera permanente Clemencia Jaramillo Ordoñez, como su beneficiaria pensional en caso de su muerte”.
Pues bien, el artículo 1 de la Ley 44 de 1980, modificado por el artículo 1 de la Ley 1204 de 2008, prevé que:
Artículo 1°. El artículo 1 de la Ley 44 de 1980 quedará así:
Artículo 1°. Para simplificar el trámite de sustituciones pensionales, ante cualquier operador, sea público, privado o de un empleador que tenga a su cargo el reconocimiento de pensiones, sean estas legales o convencionales y asegurar el pago oportuno de la mesada pensional y prestación del servicio de salud a quienes tienen derecho a ello, el pensionado al momento de notificarse del acto jurídico que le reconoce su pensión, podrá solicitar por escrito, que en caso de su fallecimiento, la pensión le sea sustituida, de manera provisional, a quienes él señale como sus beneficiarios, adjuntando los respectivos documentos que acreditan la calidad de tales.
Para efectos de determinar el grado de invalidez de un beneficiario, se requiere la evaluación ante la junta médica de invalidez, con cargo a la EPS, si se trata de un afiliado o con cargo a la administradora de la pensión, si se trata de una persona no afiliada.
Parágrafo 1°. La solicitud deberá presentarse por duplicado, cuyo original se adjuntará al acto jurídico a través del cual se reconoció la pensión y la copia se devolverá al solicitante con la constancia de su presentación.
Parágrafo 2°. El hecho de que el pensionado no hubiere modificado, antes de su fallecimiento, el nombre de su cónyuge supérstite o compañero (a) permanente, establecen a favor de estos o estas la presunción legal de no haberse separado de él o ella por su culpa.
Tal como se dijo en los antecedentes del proceso, el fondo recurrente manifestó que el causante en “los dos escritos presentados”, señaló a la señora Clemencia Jaramillo Ordoñez, como beneficiaria de la pensión de que aquél disfrutaba. Empero, sobre el alcance del texto legal en precedencia, se ha pronunciado esta Sala de la Corte, mediante sentencia de 4 de julio de 2012, radicado 40639, en la que indicó:
[…] la posibilidad de la sustitución pensional está circunscrita, en principio, al momento en que se le notifica al pensionado el acto jurídico de reconocimiento de la prestación, pues es en ese instante cuando debe hacer la manifestación en favor de las personas que señale como beneficiarios, sin perjuicio de que pueda realizarlo posterior y antes de su muerte, acreditando con los respectivos documentos su calidad.
Como se observa al rompe, la situación fáctica que aquí acontece, no encaja dentro de las previsiones del artículo 1º de la ley 1204 de 2008, pues una cosa es el otorgamiento de un testamento abierto, y otra muy distinta la hipótesis que contempla dicho texto legal de permitir la sustitución provisional de una pensión para los beneficiarios que el pensionado considere como tales en el momento en que se le notifica el acto de reconocimiento de la prestación, para lo cual debe acompañar los documentos que acrediten esa condición.
Y debe advertirse que en la situación regulada por el precepto legal en comento, la sola manifestación del pensionado y la acreditación de los documentos correspondientes, no confiere per se la titularidad del derecho, pues el reconocimiento de la sustitución es apenas provisional, de manera que podría ser enervado posteriormente si se demuestra que los beneficiarios designados no ostentaban esa calidad de acuerdo con la ley.
Por tanto, no se evidencia que el Tribunal hubiere infringido directamente la norma legal tantas veces mencionada, por lo que el cargo no prospera.
Con todo, importa a la Sala destacar que con apoyo en los principios de la buena fe y de la confianza legítima, la doctrina y la jurisprudencia tanto foráneas como patria, han desarrollado la “teoría de los actos propios”, conforme la cual, en líneas generales, no es dable a nadie contradecir, sin justificación atendible, sus propias actuaciones anteriores, cuando ese cambio de conducta afecta las expectativas válidamente adquiridas por otro u otros con base en el comportamiento pretérito del que lo realiza.
Así lo enseñó la Sala de Casación Civil de esta Corporación, entre otras, en sentencia de 24 de enero de 2001, Rad. No. 2001-00457-01:
[…] referir a la doctrina de los actos propios, es reclamar la exigencia de un comportamiento coherente; de ahí que, la concreción de una u otra conducta, según su extensión y efectos, vista en retrospectiva, permite precisar si lo cumplido estaba en la misma línea de lo que, otrora, se ejecutó. Realizado este ejercicio, si lo acaecido no correspondió a lo que en el pasado inmediato tuvo lugar; si no hay puentes comunicantes entre una y otra conducta que le mantengan en su esencia, significa que el acto propio no fue respetado y, contrariamente, el proceder desplegado contradijo su inmediato antecedente, esto es, vulneró el principio analizado.
[…]
[…] Las reseñas verificadas, con todo y las variables incorporadas en cada región o normatividad, respecto de las cuales no entra la Corte a establecer categorizaciones o ligeras generalizaciones, ponen de presente la teoría de los actos propios o ‘venire contra factum proprium non valet’, que en definitiva conclusión, puede anunciarse que es la coherencia exigida en el comportamiento de las personas, de tal forma que lo realizado en el pasado, que ha servido, a su vez, como determinante o referente del proceder de otras o que ha alimentado, objetivamente, ciertas expectativas, no pueden ser contrariadas de manera sorpresiva, caprichosa o arbitraria, si con ello trasciende la esfera personal y genera perjuicio a los demás.
[…]
Empero, cumple resaltar que el objetivo último, no es, en verdad, salvar la contradicción del acto o impedir la incoherencia de un determinado comportamiento; el fin, esencial, por lo demás, es evitar que con ese cambio de actitud, con esa rectificación se genere un perjuicio a quien despertó alguna expectativa válida por la conducta desplegada anteriormente, es, en otras palabras, dejar incólume la confianza fundada en ese antecedente.
Acorde con lo expuesto, no se observa, en la motivación de la sentencia recurrida, que el Tribunal hubiera incurrido en los yerros que con el carácter de ostensibles le atribuye la censura; por el contrario, la apreciación que hizo de las pruebas allegadas y la conclusión que de las mismas extrajo, se muestran razonables y formalmente admisibles.
En este punto, es menester aclarar que, si bien se reconoce la no afectación del derecho del nuevo beneficiario, esta Sala ha establecido, de acuerdo con las particularidades de cada caso, el efecto liberatorio de la obligación de la administradora respecto de cada una de las mesadas canceladas previamente y, con ello, habilitar la posibilidad de que, aun cuando el derecho se causa al momento de la fecha de fallecimiento, el pago de la misma, se inicie en fecha diferente.
Ciertamente, así lo efectuó esta Sala en reciente pronunciamiento, CSJ SL540-2021, donde analizó el caso de un cónyuge y padre de los hijos beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, quien, como representante de los mismos, solicitó tal prestación en un 100% solo para sus descendientes y, posteriormente reclamó su derecho; aquí, se convino en el efecto liberatorio de las mesadas pensionales ya canceladas, bajo el entendimiento de que:
[…] la entidad demandada pagó íntegramente y de buena fe el valor de la prestación, a partir de la fecha de fallecimiento de la causante, 16 de noviembre de 2005, a quien creyó deberla en su momento, que eran los hijos entonces menores de aquella, como consta en la comunicación expedida por la Jefatura Regional Central de Gestión de Personal de Ecopetrol, fechada el 08 de febrero de 2006.
Más aún, la pensión reconocida la recibió y administró el actor […], en su condición de padre y representante legal de sus hijos beneficiarios, como consta a f.° 382 a 384, en virtud de la solicitud que él mismo elevara en nombre de sus hijos, pidiendo el «[…] reconocimiento para ellos del 100% […]».
Y, con sustento en ello, reiteró la postura de esta Corte, en el sentido de que:
[…] la Sala se ha pronunciado en diversas oportunidades, no sólo en las sentencias invocadas por la censura, sino, además, por ejemplo, en la providencia CSJ SL4627-2016 y, más recientemente, en la CSJ SL4604-2019, en la que se dijo:
Sobre el particular vale resaltar que Porvenir S.A. canceló a la menor hija de la actora -también beneficiaria de la prestación- la totalidad del crédito a su cargo; esto es, en un 100%, proceder que por considerarse válido, produce efectos liberatorios de la obligación de la administradora respecto de cada una de las mesadas canceladas; en consecuencia, mal podía ordenarse el reconocimiento del 50% a favor de la accionante a partir de la fecha de la expedición de la sentencia, pues con ello se desconocerían dos circunstancias: (i) que contra tal decisión procedían los recursos de ley y (ii) si el pago del porcentaje en disputa -50%- se suspendió o no.
[…]
De lo anterior, se advierte que no resulta dable generar un doble pago de la prestación por parte del fondo demandado, teniendo en cuenta que durante el reconocimiento –de buena fe- del 100% de su valor a la menor hija del causante, la demandante la administró en su calidad de representante legal.
En tal dirección, erró el Tribunal al confirmar la decisión de primer grado únicamente en cuanto estableció que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, procedía a partir de la expedición de la sentencia de primer grado e impuso intereses de mora a partir de dicha calenda. En consecuencia, se casará la sentencia impugnada en cuanto a tal aspecto.
Expuesta entonces la línea de pensamiento de esta Sala, salta a la vista, que no nos encontramos frente al caso, como el expuesto, que permite entender que las mesadas pagadas tienen un efecto liberatorio. En consecuencia, se reitera que la aplicación normativa por parte del colegiado, se encuentra ajustada a derecho, pues recuérdese que la hoy convocada en revisión, (i) solicitó la prestación en su nombre, (ii) su solicitud fue negada por la entidad previsional, quien a pesar de conocer su interés, que por demás, se encontraba en discusión con una presunta compañera permanente, concedió la totalidad de la pensión a la descendiente del causante, y (iii) fue en la instancia judicial, donde al acreditar los requisitos que permitían el acceso a la prestación-cuya acreditación no está en discusión en esta sede-, se le reconoce finalmente la vocación para recibir la prestación económica pretendida.
Baste agregar que la situación fáctica expuesta no se asemeja a aquella en la que el cónyuge o compañero, en calidad de padre o madre de los hijos beneficiarios de la pensión la recibe y, por ende, genera los efectos liberatorios de las mesadas pagadas; en el caso en estudio, nos encontramos genuinamente ante una beneficiaria que reclama su prestación de manera independiente a la joven con respecto a quien no predica ningún tipo parentesco y a la que se le otorgó el 100% de la mesada; por ello, no es posible desconocer que su derecho nace desde el mismo momento de la muerte del causante, estando solo afectada su prestación por el fenómeno extintivo de la prescripción.
Conforme a las consideraciones expuestas, la sala sentenciadora acata en debida forma el marco normativo que regía el asunto, sin que lo dispuesto para el reconocimiento y pago de la pensión desbordara el contenido normativo, la cuantía o porcentaje que conforme a la ley corresponde.
Siendo coherentes con lo discurrido, la solicitud de revisión no saldrá avante, al no encontrarse acreditada la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Dada la falta de prosperidad del recurso, las costas quedan a cargo de la entidad recurrente y a favor de la señora Betty Monroy de Salamanca. Se imponen como agencias en derecho la suma de Nueve Millones Cuatrocientos Mil Pesos ($9.400.000,oo) M/cte.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA las causales de revisión previstas en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-contra la sentencia proferida el 31 de julio de 2020, por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ.
SEGUNDO: En firme el proveído, archívense las presentes diligencias.
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
No firma por ausencia justificada
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
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