Ficha de la providencia
Sentencia SL2203-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2203-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2203-2022
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
15 de junio de 2022
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL2203-2022
Radicación n.°89869
Acta 19
Bogotá, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022).
Decide la Sala revisión solicitada por NURIA MARINA OLAVE DE CARVAJAL contra la sentencia del 7 de mayo de 2019, proferida por SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MANIZALES y la sentencia del 18 de marzo de la misma anualidad del JUZGADO TERCERO LABORAL de igual circuito, dentro del proceso ordinario que la recurrente promovió contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, FANNY GUTIÉRREZ PELÁEZ y AMPARO DE JESÚS ESTRADA DE ESCOBAR.
I. ANTECEDENTES
Nuria Marina Olave de Carvajal, presentó recurso extraordinario de revisión de las sentencias aludidas, con el fin de:
1. Que se anule la sentencia proferida por la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior de Manizales, de mayo 7 del 2010, con ponencia del Honorable Magistrado Gildardo Muñoz Cardona, la cual confirmo la sentencia proferida por la Juez Tercera Laboral del Circuito de Manizales, dentro del radicado 2017-019 promovido a instancias de Nuria Marina Olave contra Colpensiones, Fanny Gutiérrez Peláez y Amparo Estrada de Escobar.
2. Que se ordene al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales dictar sentencia mediante la cual se reconozca y pague la pensión de sobreviviente de Rodrigo Escobar, en favor de Nuria Marina Olave.
3. Comunicar a Colombiana [sic] de Pensiones Colpensiones la orden de ingresar a Nuria Mariana [sic] Olave en la nómina de pensionados y pagar el retroactivo pensional a febrero 1 del 2016 fecha del fallecimiento de Rodrigo Escobar.
Para su procedencia invoca 2 causales de revisión:
5.1) la contemplada en el Numeral 1 del artículo 31 de la Ley 712 2001, esto es la existencia de documentos, que no se aportaron al proceso, y que cambiarían la decisión de los jueces tanto de primera como de segunda instancia. Estos documentos son las certificaciones de la oficina de emigración del Aeropuerto El Dorado, donde evidencian la entrada y salida del país de Fanny Gutiérrez Peláez, en dos ocasiones, con su compañero afectivo porque no convivía con Rodrigo Escobar. La Sra. ocultó estos hechos para faltar a la verdad, indicando que había convivido todo el tiempo con Rodrigo Escobar en forma ininterrumpida, como lo demostraré en el trámite del presente recurso. Hechos que fueron conocidos por Nuria Marina después de la sentencia y lógicamente NO FUERON APORTADOS al proceso por culpa de Fanny […]
5.2) La segunda causal, es la contemplada en los numerales 1 y 2 del artículo 355 del Código General del Proceso. La sentencia se profirió con fundamento en declaraciones falsas de testigos que faltaron a la verdad, y la callaron totalmente manifestando que Fanny Gutiérrez había convivido con Rodrigo Escobar hasta el final de sus días.
Fundamenta su ataque en que es ella la verdadera beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que se genera por el óbito de su compañero, el señor Rodrigo Escobar, con quien convivió hasta el día 1 de febrero de 2016, día de su muerte, la cual fue ocasionada por un accidente de tránsito que sufrió a dos cuadras de la casa que compartían. Precisa que, fue la persona que lo auxilió y llevó al hospital para su atención médica. Afirma, además, que «[p]or ello es totalmente falso que Fanny convivía con Rodrigo hasta el final de sus días como falsamente[sic] lo manifestó, y por ello adjunto fotocopia de los documentos personales de Rodrigo. A Fanny se le llamó cuando Rodrigo quedó hospitalizado, como también lo afirman los declarantes».
Expone que su compañero estuvo casado con la señora Amparo Estrada y procrearon a Larry Escobar Estrada y que se separaron al poco tiempo de casados; después de ello, convivió con Fanny Gutiérrez Peláez, tuvieron dos hijos; Manuel Alejandro Escobar Gutiérrez y Carlos Andrés Escobar Gutiérrez; refiere que la unión con la citada señora finalizó en el año de 2003, momento en el que esta se fue a trabajar a Panamá en compañía de su nuevo compañero sentimental, en efecto, «[v]iajó en dos ocasiones por fuera del país, dado que la relación con Rodrigo se había acabado en forma definitiva. Hecho que conoció Nuria Marina recientemente y que de haberse conocido y tenido certificación de las salidas del país, hubiera cambiado las sentencia del Juzgado Tercero y Tribunal Superior»; como prueba de ello, anuncia la «certificación que expedirá la [O]ficina de [E]migración del [A]eropuerto [E]l Dorado» y pruebas testimoniales que aporta.
Así mismo, informa que en paralelo a la unión con Fanny Gutiérrez Peláez, su compañero procreó dos hijas: Lina María Escobar y Diana Escobar, «lo que demuestra que la convivencia con Fanny no fue bajo el mismo techo, ni en la forma continua, ni interrumpida como falsamente declaró ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales. Fanny, conocía la relación con la mamá de Lina María y Diana Escobar. Prueba de ello son las declaraciones de la propia hija de Rodrigo Escobar: LINA MARIA ESCOBAR [sic], la cual se allega y se pide su ratificación».
En cuanto a la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del pensionado advierte que, la señora Fanny Gutiérrez Peláez presentó solicitud ante Colpensiones, y allí indicó que había convivido con Rodrigo por espacio de 30 años, hasta el febrero del 2016, con sustento en declaraciones de personas que faltaron a la verdad. «La propia Colpensiones concluyó que Fanny había faltado a la verdad y dio noticia criminal para que se investigara la conducta de la citada, porque el resultado de la investigación administrativa arrojo que no era cierta la convivencia con Rodrigo Escobar. La investigación esta [sic] vigente y ya Nuria Marina adjunto todo el material probatorio». Además de la mentada señora y ella, presentó también petición de pago de la prestación, la señora Amparo Estrada de Escobar, en calidad de cónyuge.
Colpensiones, definió la situación de Fanny Gutiérrez, Amparo Estrada y Nuria Marina Olave, mediante Resolución SUB-186089 de Julio 16 del 2019 otorgando la pensión de sobreviviente en proporción del 71.10% y el 28.90% «para Amparo de Jesús Estrada y Nuria Marina, respectivamente. Y niega a Fanny Gutiérrez Peláez, porque no demostró la convivencia, y ordena dar cuenta a la justicia penal para que se investigue la conducta penal de Fanny Gutiérrez Peláez».
Informa que frente a los documentos de los clientes del causante como contador era «totalmente falso que Fanny Gutiérrez, tuviera los documentos del trabajo de Rodrigo, como lo afirmó en el interrogatorio de parte, absuelto ante el Juez Tercero Laboral del Circuito de Manizales indicando falsamente que convivía con él.» pues fue ella quien los suministró a uno de los hijos del causante; para lo cual aporta «documento autenticado por Manuel Alejandro donde Nuria Marina le entrega los documentos de trabajo de Rodrigo».
Como antecedentes relevantes, relata que Nuria Marina Olave de Carvajal demandó ante la justicia ordinaria laboral a Colpensiones, Fanny Gutiérrez y Amparo Estrada, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes que se generó por la muerte de su compañero permanente, el señor Rodrigo Escobar, en cuya contestación la señora Gutiérrez «allegó fotografías donde se observa Rodrigo compartiendo con sus hijos y las manipuló colocándoles fechas que no coinciden con la verdad, para sustentar una convivencia inexistente en las épocas que manipula las fotos». Indica que su compañero era sociable y amoroso con sus hijos, «y por ello se observan en diferentes actos sociales con ellos, sin que se pueda colegir la convivencia con las respectivas madres, como si lo hizo Fanny colocando fecha en las fotos que no son ciertas».
La sentencia proferida por el Juzgado Tercero laboral del Circuito de Manizales, que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal de mismo circuito ordenó «el reconocimiento y pago de la pensión en favor de Fanny Gutiérrez Peláez en forma vitalicia y en el 100%, en forma indexada y retroactiva, dándole plena validez al dicho de Fanny, quien estaba faltando a la verdad y desconociendo el derecho de Nuria Marina».
Finalmente, pone de presente que ante el incumplimiento en el pago de la pensión, Fanny Gutiérrez Peláez promueve proceso ejecutivo laboral, mediante el que logró el pago de la mesada junto con su respectivo retroactivo y que «la Resolución mediante la cual Colpensiones acata la decisión de la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior fue notificada a Nuria Marina Olave, sin que contra la misma se concedieran recursos, esto es para Julio del 2020».
Como sustento jurídico, afirma que un testigo falso tiene la vocación de «arruinar la vida de quien se le ha mutilado la verdad, o se ha callado total o parcialmente» y que es una práctica en los estrados judiciales, lo que genera un doble dilema: saber que el testigo está faltando a la verdad y no tener forma de demostrarlo o que, teniendo la certeza que miente no se tiene la suerte de comprobarlo ante el juez en audiencia.
Relata que, en su caso, la propia Colpensiones promovió acción penal contra Fanny Gutiérrez, como consecuencia del resultado de la investigación administrativa, donde se determinó que la precitada señora, no había vivido con Rodrigo Escobar, porque la compañera había sido Nuria Marina Olave; la hoy demandante, también denunció a Fanny Gutiérrez y a sus testigos ante la Fiscalía General de la Nación, «quienes no tuvieron dificultad en faltar a la verdad sobre la convivencia de Rodrigo y Fanny, manifestando que había convivido hasta el final y de esta manera llevar a engaño a la Juez tercera laboral del circuito[sic[ y al magistrado en segunda instancia quien confirmó la sentencia por encontrarla conforme a la ley».
Conforme a ello, y teniendo como báculo el «recurso extraordinario de revisión», el que define como una forma de conjurar la mala práctica social del falso testimonio, busca «[…]remirar la sentencia y los testimonios al interior de los procesos, […]»; a lo que adiciona la afirmación relativa a la dificultad de su situación dada la muerte de su compañero como consecuencia de un accidente y la pérdida de la pensión de sobrevivientes «a causa de un fraude procesal y falso testimonio cohonestado por Fanny y sus testigos».
Acude a las causales taxativas del artículo 355 del Código General del Proceso en concordancia con el numeral 1° del artículo de la ley 712 del 2002, como vehículo procesal para restablecer su derecho fundamental a la pensión de sobrevivientes, por cuanto:
Fanny Gutiérrez, manifestó haber sido la compañera permanente hasta el final de los días de Rodrigo Escobar. Por su parte Nuria se entera que Fanny con su compañero afectivo había salido en dos ocasiones de Colombia. Busco obtener la prueba a través[sic] de Migración Colombia, pero se le negó la información, de tal suerte que le rodeo circunstancia de fuerza mayor, no obstante, se está solicitando, porque de esta manera se allegaría un documento que aparece luego de la sentencia y con la cual se demostraría que la convivencia de Fanny y Rodrigo no fue continua, no hasta el final de los días, como falsamente lo afirmó ante juez tercero laboral del circuito de Manizales[sic].
Y es que siendo el falso testimonio delictual, el delito[sic] no puede generar derechos para Fanny Gutiérrez, es una conducta que merece reproche penal, social y tiene que verse reflejado sustancial y procesalmente.
La revisión fue admitida por esta Sala de la Corte, mediante providencia del 1° de septiembre de 2021, y notificada personalmente conforme lo tenía establecido el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, a la señora Amparo de Jesús Estrada de Escobar, la señora Fanny Gutiérrez Peláez y al presidente o, quien hiciera sus veces de Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones; surtido el trámite de rigor, se pronunciaron los opositores.
La señora Fanny Gutiérrez Peláez, al contestar la revisión se opone a su prosperidad al considerar que no es viable declarar la existencia de la causal 1° alegada, como quiera que: 1) aun en el caso de probar que salió del país en dos ocasiones acompañada de un hombre, «esto no sería prueba ni siquiera remota, de que dicho hombre fuera su compañero permanente y mucho menos, de que la señora GUTIERREZ PELAEZ [sic] no conviviera con el señor RODRIGO ESCOBAR hasta la fecha de su muerte», y 2) tampoco hay viabilidad de prosperidad en la causal segunda alegada, ya que no existe sentencia ejecutoriada de condena por falsos testimonios, ni le había sido notificada a ella o a sus testigos, denuncia penal vigente, mediante la cual se pretendiera dicha declaración.
La señora Amparo de Jesús Estrada de Escobar, presenta memorial en el que se dirige de manera personal y obrando en nombre propio, para notificarse como demandada y víctima en el proceso ordinario manifestando de «forma clara, categórica y concisa que se han violado todos los derechos al [d]ebido [p]roceso en las [s]entencias proferidas en 18 de marzo de 2019 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales y el 7 de mayo del mismo año por la Sala Laboral del Tribunal Superior del [D]istrito Judicial de la misma ciudad en cuanto a que me quitan el derecho legal y jurídico de recibir la pensión de mi difunto [e]sposo RODRIGO ESCOBAR, […]».
La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones en el término correspondiente guardó silencio frente a la revisión.
Procede la Sala a proferir la sentencia que en derecho corresponda, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Resulta pertinente memorar que el recurso extraordinario de revisión es un mecanismo excepcional frente al principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada la decisión que se ve afectada por hechos delictivos que invitan «a enmendar los errores o ilicitudes cometidas en su expedición, a efectos de restituir el derecho al afectado, mediante una nueva providencia» como de manera literal lo señala la Sentencia CSJ SL SL4540-2018, en el aparte que a continuación se trascribe:
Para resolver la controversia propuesta debe empezar la Corte por recordar, que el recurso extraordinario de revisión laboral, procede contra las sentencias ejecutoriadas y las conciliaciones aprobadas por los funcionarios competentes en esta especialidad, y tiene como propósito enmendar los errores o ilicitudes cometidas en su expedición, a efectos de restituir el derecho al afectado, mediante una nueva providencia fundada en razones objetivas, que resulten acordes con el ordenamiento jurídico.
De manera que, como de tiempo atrás lo ha advertido tanto la jurisprudencia como la doctrina, se trata de un mecanismo excepcional, que procede por unos especiales motivos previstos en la Ley, para evitar que prevalezca la injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia o conciliación injusta, y reabrir un proceso ya fenecido. Por lo que su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado.
No está demás traer a colación las sentencias CSJ SL944-2022 y SL5119-2020, que reiteraron lo considerado en la providencia CSJ SL2148-2017, y en las cuales, esta Sala sobre la promoción del mecanismo extraordinario de la revisión:
[H]a establecido que por ese conducto no es dable volver a discutir indefinidamente los extremos de un proceso resuelto a través de una decisión ejecutoriada, o suplir los medios de impugnación previstos por el legislador en cada procedimiento, sino que su finalidad concreta es la de evitar la expoliación de los recursos públicos, a partir de unas precisas causales que deben ser invocadas dentro de un marco serio y responsable.
Lo anotado refleja el contenido del artículo 28 de la Ley 712 de 2001, modificatorio del artículo 62 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social con la introducción, por parte del legislador, del recurso extraordinario de revisión en materia laboral en contra las sentencias ejecutoriadas de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, las Salas Laborales de los Tribunales Superiores y los Jueces Laborales del Circuito dictadas en procesos ordinarios, conforme al artículo 30 del mismo estatuto; mecanismo extraordinario del que puede echarse mano dentro de un término perentorio de 6 meses contados «desde la ejecutoria de la sentencia penal» y, en todo caso, sin exceder los 5 años a partir de la sentencia laboral o de la conciliación en las voces del artículo 32 de la norma adjetiva en comento.
Y en la línea en la que se viene discurriendo, dentro del margen de configuración normativa, en el artículo 31 de la misma ley se establecieron causales, taxativas, para su procedencia, a saber:
ART. 31 Causales de Revisión:
1.- Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida.
2.- Haberse cimentado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falsos testimonios en razón de ellas.
3.- Cuando después de ejecutoriada la sentencia se demuestre que la decisión fue determinada por un hecho delictivo del juez, decidido por la justicia penal.
4.- Haber incurrido el apoderado judicial o mandatario en el delito de infidelidad de los deberes profesionales, en perjuicio de la parte que representó en el proceso laboral, siempre que ello haya sido determinante en este.
PAR.- Este recurso también procede respecto de conciliaciones laborales en los casos previstos en los numerales 1°, 3° y 4° de este artículo (…).
Bajo el entendimiento expuesto, se tiene que la señora Nuria Marina Olave de Carvajal promueve la revisión con el fin de que se dejen sin efecto las decisiones proferidas en instancias por la justicia ordinaria laboral amparándose en la causal:
[…] contemplada en el [n]umeral 1 del artículo 31 de la ley 712 2001, esto es la existencia de documentos, que no se aportaron al proceso, y que cambiarían la decisión de los juez (sic) tanto de primera como de segunda instancia. Estos documentos son las certificaciones de la oficina de emigración del aeropuerto el Dorado, donde evidencian la entrada y salida del país de Fanny Gutiérrez Peláez, en dos ocasiones, con su compañero afectivo porque no convivía con Rodrigo Escobar. La Sra. ocultó estos hechos para faltar a la verdad, indicando que había convivido todo el tiempo con Rodrigo Escobar en forma ininterrumpida. Como lo demostraré en el trámite del presente recurso. Hechos que fueron conocidos por Nuria Marina después de la Sentencia y lógicamente NO FUERON APORTADOS al proceso por culpa de Fanny Estrada.
[…]
[…] contemplada en los numerales 1 y 2 del artículo 355 del código general del proceso. La sentencia de profirió con fundamento en declaraciones falsas de testigos que faltaron a la verdad, y la callaron totalmente manifestando que Fanny Gutiérrez había convivido con Rodrigo Escobar hasta el final de sus días.
Pues bien, un primer aspecto que hay que referir, se centra en que la causal consignada en el numeral 1° y que refiere la señora Olave de Carvajal, no corresponde a ninguna de las transcritas de manera antecedente, ya que el ordenamiento procesal laboral no contempla como tal, «la existencia de documentos, que no se aportaron al proceso, y que cambiarían la decisión de los juez [sic]»; es más, el primer motivo que habilita el mecanismo extraordinario, es que la justicia penal haya declarado falsos documentos decisivos en el pronunciamiento de la sentencia que se revisa; por manera que, ante la rigurosidad del recurso extraordinario de revisión, debe ser respetada la taxatividad establecida en la norma, sobre todo cuando se está ante la posibilidad de quebrar los efectos de la cosa juzgada.
El otro aspecto es de cara a fundamentar la revisión en los numerales 1° y 2° del artículo 355 del Código General del Proceso, ya que tal compendio no es aplicable en materia ordinaria laboral. Sea esta la oportunidad para reiterar que, al contar con una regulación propia en materia laboral, la remisión al Código anotado se torna improcedente (CSJ AL1313-2022, CSJ AL1086-2020, CSJ AL3432-2016).
Ahora bien, si con extrema laxitud y con sustento en la fundamentación dada por la señora Olave de Carvajal, se entendiera que se refería a los numerales 1° y 2° pero de la Ley 712 de 2001, tampoco se abriría paso el estudio puesto que las mismas requieren que la justicia penal haya declarado la falsedad del documento decisivo para el pronunciamiento de la sentencia objeto de revisión tratándose del numeral 1 de la Ley 712 o, falsos los testimonios en que se basó la misma, conforme al segundo de los numerales de la norma anotada; lo que claramente no se acredita con la demanda de revisión.
Del escrito introductorio se extrae que, lo que verdaderamente se cuestiona es la falsedad de la declaración de la señora Fanny Gutiérrez Peláez y sus testigos, aspecto que, sin lugar a duda, requiere la providencia de la jurisdicción penal ejecutoriada, que dé cuenta de la comisión de un delito como los que acá se refieren y no la simple manifestación de haber denunciado o que cursa un proceso que busca tal finalidad; esto a la luz de la doctrina sentada en la providencia CSJ SL 4540-2018, en la que se explicó:
Frente a ello, se debe indicar, que la causal 2ª de revisión tiene como propósito como es apenas lógico, revertir el error en que uno o varios declarantes hicieron incurrir al fallador, cuando sus manifestaciones fueron el cimiento de la decisión, y por ello, lo que el juzgador valoró no estuvo ceñido a la realidad, por haber sido desfigurada, pese al empeño o análisis que el operador jurídico realizó de sus manifestaciones, que a la postre, a través de la justicia penal fueron develadas como falsas.
En ese sentido, para anular una sentencia con fundamento en esta previsión normativa, se requiere: i) que después de haberse expedido dicha providencia, la justicia penal dicte condena de esta naturaleza contra quien(es) declaró(aron) en el proceso laboral donde aquella fue proferida, de manera que no basta con que exista denuncia, pues en ese evento, es claro que no existiría prueba del eventual ilícito penal que se erige en la fuente de cuestionamiento de la providencia del juez laboral; ii) que la sanción penal haya sobrevenido justamente por la falsedad de lo declarado por los agentes de la conducta punible en el proceso laboral donde esas versiones prestaron base a la sentencia atacada en revisión, y; iii) es indispensable que la declaración develada como falsa, sea el soporte de la decisión cuya revisión se intenta, porque si la sentencia mantiene sus conclusiones con base en otros medios de prueba, la existencia del falso testimonio se torna intrascendente frente a la misma, y como tal, insuficiente para considerar su invalidez.
Entonces, en armonía con lo discurrido se declara infundado el recurso extraordinario de revisión, y se condena en costas a la recurrente. Se estiman las agencias en derecho en la suma de Cuatro Millones Setecientos Mil Pesos ($4.700.000.00) M/cte., que se incluirá en la liquidación que haga la Secretaría, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la revisión propuesto por NURIA MARINA OLAVE DE CARVAJAL frente a la sentencia del 7 de mayo de 2019, proferida por SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MANIZALES y la sentencia del 18 de marzo de la misma anualidad del JUZGADO TERCERO LABORAL del mismo circuito judicial dentro del proceso ordinario que la recurrente promovió contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, FANNY GUTIÉRREZ PELÁEZ y AMPARO DE JESÚS ESTRADA DE ESCOBAR.
SEGUNDO: Condenar a la accionante a pagar las costas, las que deberán ser liquidadas conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP. Se estiman las agencias en derecho en la suma de Cuatro Millones Setecientos Mil Pesos ($4.700.000.00) M/cte.
TERCERO: En firme este proveído, por Secretaría envíese copia de la presente decisión para que se agregue a los respectivos expedientes, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de dicha ciudad.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y archívese.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
No firma por ausencia justificada
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
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