CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada ponente
SL2206-2021
Radicación n.° 69645
Acta 19
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021).
Procede la Corte a proferir el fallo de instancia en el proceso ordinario laboral que HUMBERTO LEÓN HOYOS ZAPATA adelanta contra EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP – EE.PP.M ESP y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
ANTECEDENTES
Humberto León Hoyos Zapata llamó a juicio a Empresas Públicas de Medellín ESP y a Colpensiones, con el propósito de que se condenara a la primera al giro del cálculo actuarial o, en subsidio, al pago de la diferencia pensional, y a la segunda, a recibir el cálculo actuarial y reliquidar su pensión de vejez, junto con los intereses moratorios «y/o» la indexación.
En este asunto, es preciso recordar que el demandante laboró en Empresas Públicas de Medellín ESP del 28 de enero de 1975 al 14 de abril de 2008, y que a partir de noviembre de 2007 y hasta la fecha de su desvinculación, la empleadora unilateralmente suspendió los aportes pensionales con destino al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, toda vez que el trabajador ya tenía cumplidos los requisitos mínimos para acceder a la prestación.
Los fallos de primera y segunda instancia fueron desfavorables a las pretensiones del actor. Mediante providencia CSJ SL2556-2020 de 8 de julio del mismo año, esta Sala casó la sentencia del Tribunal con el argumento de que «si bien el empleador puede dejar de cotizar al sistema general de pensiones cuando el trabajador cumple los requisitos pensionales, está en la obligación de informarle previamente a fin de que este decida si desea o no hacer uso de la opción de continuar cotizando» prevista en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993.
Así pues, a criterio de la Corte, los empleadores, antes de suspender el pago de aportes pensionales, tienen el deber de informarle al trabajador y además hacerle saber que dicho procedimiento podría «alterar la cuantía de la prestación», de modo que este pueda hacer uso de su potestad de seguir cotizando al sistema o, por el contrario, no hacerlo, avalando la decisión del empleador.
Para mejor proveer, la Sala ordenó a la Secretaría oficiar «a Empresas Públicas de Medellín, a fin de que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, remita copia del certificado oficial de emisión del bono pensional tipo B, con la constancia de los factores salariales que se tuvieron en cuenta para la convalidación del periodo 02/07/1987 a 30/06/1995», obligación que la empresa acató allegando la documental visible a folios 91 a 96 del cuaderno de la Corte, de la cual se corrió traslado a las partes por el término de tres (3) días, sin obtener pronunciamiento alguno.
CONSIDERACIONES
En el caso bajo estudio, cuando Hoyos Zapata cumplió los requisitos pensionales, Empresas Públicas de Medellín ESP decidió unilateralmente suspender los aportes a pensión desde noviembre de 2007 hasta el 14 de abril de 2008, de modo que aquel no pudo ejercer su derecho a decidir si continuaba o no cotizando a pensiones, tal como se lo permite el artículo 17 de la Ley 100 de 1993.
Por consiguiente, se ordenará a Empresas Públicas de Medellín ESP girar un cálculo actuarial a Colpensiones, cuyo valor represente los aportes a pensión que dejó de sufragar en el periodo de noviembre de 2007 hasta el 14 de abril de 2008, teniendo en cuenta los salarios relacionados en el reporte «histórico de pagos mes a mes desde enero de 1982 hasta abril de 2008» que obra a folios 13 a 65, tal como se observa a continuación:
Periodo dejado de aportar
Salarios con factores de ley
01/11/2007
30/11/2007
$ 2.344.909,00
01/12/2007
31/12/2007
$ 1.912.259,00
01/01/2008
31/01/2008
$ 2.499.202,00
01/02/2008
29/02/2008
$ 1.846.378,00
01/03/2008
31/03/2008
$ 2.163.900,00
01/04/2008
14/04/2008
$ 923.189,00
Como en este caso se solicita el reajuste de la pensión que reconoció el entonces Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución n.º 5628 de 28 de febrero de 2008, prestación que fue otorgada conforme a la Ley 33 de 1985, aplicable en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la Sala únicamente tendrá en cuenta aquellos factores salariales permitidos por el Decreto 1158 de 1994 y no la totalidad de los pagos realizados, como lo pretendía el apoderado de Hoyos Zapata en la cuantía que estimó en su demanda inicial.
Ahora bien, en la medida que el demandante es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y que desde la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones establecido en esta normativa y el momento en que cumplió los requisitos pensionales transcurrió un lapso superior a los 10 años, es procedente calcular la pensión con los últimos 10 años de cotizaciones o con toda la vida laboral, en los términos del artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Lo anterior, teniendo en cuenta además que Hoyos Zapata supera ampliamente las 1.250 semanas de aportes.
Al realizar la liquidación de la pensión con ambas alternativas, la Corte observa que al actor le conviene más la liquidación de la prestación con base en lo cotizado en los últimos 10 años, puesto que con esta fórmula el IBL asciende a $1.920.310,72, mientras que con toda la vida laboral arroja una cifra de $1.414.641,89. Para mayor claridad a continuación se plasman ambas liquidaciones:
IBL con toda la vida laboral
FECHAS
N.° DE
N.° DE
SALARIO
SALARIO
SALARIO
DESDE
HASTA
DÍAS
SEMANAS
DEVENGADO
INDEXADO
PROMEDIO
28/01/1975
31/01/1975
4
0,57
$ 2.430,00
$ 630.050,40
$ 211,98
01/02/1975
28/02/1975
28
4,00
$ 2.430,00
$ 630.050,40
$ 1.483,84
01/03/1975
31/03/1975
31
4,43
$ 2.430,00
$ 630.050,40
$ 1.642,83
01/04/1975
30/04/1975
30
4,29
$ 2.430,00
$ 630.050,40
$ 1.589,83
01/05/1975
31/05/1975
31
4,43
$ 2.430,00
$ 630.050,40
$ 1.642,83
01/06/1975
30/06/1975
30
4,29
$ 2.430,00
$ 630.050,40
$ 1.589,83
01/07/1975
31/07/1975
31
4,43
$ 2.430,00
$ 630.050,40
$ 1.642,83
01/08/1975
31/08/1975
31
4,43
$ 2.430,00
$ 630.050,40
$ 1.642,83
01/09/1975
30/09/1975
30
4,29
$ 2.430,00
$ 630.050,40
$ 1.589,83
01/10/1975
31/10/1975
31
4,43
$ 3.300,00
$ 855.624,00
$ 2.231,00
01/11/1975
30/11/1975
30
4,29
$ 3.300,00
$ 855.624,00
$ 2.159,03
01/12/1975
31/12/1975
31
4,43
$ 3.300,00
$ 855.624,00
$ 2.231,00
01/01/1976
31/01/1976
31
4,43
$ 3.300,00
$ 737.606,90
$ 1.923,27
01/02/1976
29/02/1976
29
4,14
$ 3.300,00
$ 737.606,90
$ 1.799,19
01/03/1976
31/03/1976
31
4,43
$ 3.300,00
$ 737.606,90
$ 1.923,27
01/04/1976
30/04/1976
30
4,29
$ 3.300,00
$ 737.606,90
$ 1.861,23
01/05/1976
31/05/1976
31
4,43
$ 3.300,00
$ 737.606,90
$ 1.923,27
01/06/1976
30/06/1976
30
4,29
$ 3.300,00
$ 737.606,90
$ 1.861,23
01/07/1976
31/07/1976
31
4,43
$ 3.300,00
$ 737.606,90
$ 1.923,27
01/08/1976
31/08/1976
31
4,43
$ 3.300,00
$ 737.606,90
$ 1.923,27
01/09/1976
30/09/1976
30
4,29
$ 3.300,00
$ 737.606,90
$ 1.861,23
01/10/1976
31/10/1976
31
4,43
$ 4.410,00
$ 985.711,03
$ 2.570,19
01/11/1976
30/11/1976
30
4,29
$ 4.410,00
$ 985.711,03
$ 2.487,28
01/12/1976
31/12/1976
31
4,43
$ 4.410,00
$ 985.711,03
$ 2.570,19
01/01/1977
31/01/1977
31
4,43
$ 4.410,00
$ 772.584,32
$ 2.014,48
01/02/1977
28/02/1977
28
4,00
$ 4.410,00
$ 772.584,32
$ 1.819,53
01/03/1977
31/03/1977
31
4,43
$ 4.410,00
$ 772.584,32
$ 2.014,48
01/04/1977
30/04/1977
30
4,29
$ 3.300,00
$ 578.124,32
$ 1.458,80
01/05/1977
31/05/1977
31
4,43
$ 3.300,00
$ 578.124,32
$ 1.507,43
01/06/1977
17/06/1977
17
2,43
$ 3.300,00
$ 578.124,32
$ 826,66
01/07/1977
31/07/1977
$ -
$ -
01/08/1977
31/08/1977
31
4,43
$ 3.300,00
$ 578.124,32
$ 1.507,43
01/09/1977
30/09/1977
30
4,29
$ 3.300,00
$ 578.124,32
$ 1.458,80
01/10/1977
31/10/1977
31
4,43
$ 4.410,00
$ 772.584,32
$ 2.014,48
01/11/1977
30/11/1977
30
4,29
$ 4.410,00
$ 772.584,32
$ 1.949,49
01/12/1977
31/12/1977
31
4,43
$ 4.410,00
$ 772.584,32
$ 2.014,48
01/01/1978
31/01/1978
31
4,43
$ 4.410,00
$ 608.204,68
$ 1.585,86
01/02/1978
28/02/1978
28
4,00
$ 4.410,00
$ 608.204,68
$ 1.432,39
01/03/1978
31/03/1978
31
4,43
$ 4.410,00
$ 608.204,68
$ 1.585,86
01/04/1978
30/04/1978
30
4,29
$ 4.410,00
$ 608.204,68
$ 1.534,71
01/05/1978
31/05/1978
31
4,43
$ 4.410,00
$ 608.204,68
$ 1.585,86
01/06/1978
30/06/1978
30
4,29
$ 4.410,00
$ 608.204,68
$ 1.534,71
01/07/1978
31/07/1978
31
4,43
$ 4.410,00
$ 608.204,68
$ 1.585,86
01/08/1978
31/08/1978
31
4,43
$ 4.410,00
$ 608.204,68
$ 1.585,86
01/09/1978
30/09/1978
30
4,29
$ 4.410,00
$ 608.204,68
$ 1.534,71
01/10/1978
31/10/1978
31
4,43
$ 5.790,00
$ 798.527,23
$ 2.082,12
01/11/1978
30/11/1978
30
4,29
$ 5.790,00
$ 798.527,23
$ 2.014,96
01/12/1978
31/12/1978
31
4,43
$ 5.790,00
$ 798.527,23
$ 2.082,12
01/01/1979
31/01/1979
31
4,43
$ 5.790,00
$ 670.192,50
$ 1.747,49
01/02/1979
28/02/1979
28
4,00
$ 5.790,00
$ 670.192,50
$ 1.578,38
01/03/1979
31/03/1979
31
4,43
$ 5.790,00
$ 670.192,50
$ 1.747,49
01/04/1979
30/04/1979
30
4,29
$ 5.790,00
$ 670.192,50
$ 1.691,12
01/05/1979
28/05/1979
28
4,00
$ 5.790,00
$ 670.192,50
$ 1.578,38
01/06/1979
30/06/1979
30
4,29
$ 5.790,00
$ 670.192,50
$ 1.691,12
01/07/1979
31/07/1979
31
4,43
$ 5.790,00
$ 670.192,50
$ 1.747,49
01/08/1979
31/08/1979
31
4,43
$ 7.470,00
$ 864.652,50
$ 2.254,54
01/09/1979
30/09/1979
30
4,29
$ 7.470,00
$ 864.652,50
$ 2.181,81
01/10/1979
31/10/1979
31
4,43
$ 7.470,00
$ 864.652,50
$ 2.254,54
01/11/1979
30/11/1979
30
4,29
$ 7.470,00
$ 864.652,50
$ 2.181,81
01/12/1979
31/12/1979
31
4,43
$ 7.470,00
$ 864.652,50
$ 2.254,54
01/01/1980
31/01/1980
31
4,43
$ 7.470,00
$ 672.507,50
$ 1.753,53
01/02/1980
29/02/1980
29
4,14
$ 7.470,00
$ 672.507,50
$ 1.640,40
01/03/1980
31/03/1980
31
4,43
$ 9.480,00
$ 853.463,33
$ 2.225,36
01/04/1980
30/04/1980
30
4,29
$ 9.480,00
$ 853.463,33
$ 2.153,58
01/05/1980
31/05/1980
31
4,43
$ 9.480,00
$ 853.463,33
$ 2.225,36
01/06/1980
30/06/1980
30
4,29
$ 9.480,00
$ 853.463,33
$ 2.153,58
01/07/1980
31/07/1980
31
4,43
$ 9.480,00
$ 853.463,33
$ 2.225,36
01/08/1980
31/08/1980
31
4,43
$ 11.850,00
$ 1.066.829,17
$ 2.781,71
01/09/1980
30/09/1980
30
4,29
$ 11.850,00
$ 1.066.829,17
$ 2.691,97
01/10/1980
31/10/1980
31
4,43
$ 11.850,00
$ 1.066.829,17
$ 2.781,71
01/11/1980
30/11/1980
30
4,29
$ 11.850,00
$ 1.066.829,17
$ 2.691,97
01/12/1980
31/12/1980
31
4,43
$ 11.850,00
$ 1.066.829,17
$ 2.781,71
01/01/1981
31/01/1981
31
4,43
$ 11.850,00
$ 844.084,62
$ 2.200,91
01/02/1981
28/02/1981
28
4,00
$ 11.850,00
$ 844.084,62
$ 1.987,92
01/03/1981
31/03/1981
31
4,43
$ 11.850,00
$ 844.084,62
$ 2.200,91
01/04/1981
30/04/1981
30
4,29
$ 11.850,00
$ 844.084,62
$ 2.129,91
01/05/1981
31/05/1981
31
4,43
$ 11.850,00
$ 844.084,62
$ 2.200,91
01/06/1981
14/06/1981
14
2,00
$ 11.850,00
$ 844.084,62
$ 993,96
01/07/1981
31/07/1981
31
4,43
$ 11.850,00
$ 844.084,62
$ 2.200,91
01/08/1981
31/08/1981
31
4,43
$ 11.850,00
$ 844.084,62
$ 2.200,91
01/09/1981
30/09/1981
30
4,29
$ 11.850,00
$ 844.084,62
$ 2.129,91
01/10/1981
31/10/1981
31
4,43
$ 11.850,00
$ 844.084,62
$ 2.200,91
01/11/1981
30/11/1981
30
4,29
$ 14.610,00
$ 1.040.681,54
$ 2.625,99
01/12/1981
31/12/1981
31
4,43
$ 14.610,00
$ 1.040.681,54
$ 2.713,53
01/01/1982
31/01/1982
31
4,43
$ 14.610,00
$ 830.719,47
$ 2.166,06
01/02/1982
28/02/1982
28
4,00
$ 14.610,00
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$ 1.108.422,00
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01/09/1987
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01/02/1988
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01/03/1988
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01/04/1988
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01/05/1988
31/05/1988
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01/06/1988
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01/05/1989
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01/11/1989
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01/02/1990
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01/03/1990
31/03/1990
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$ 162.023,00
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01/04/1990
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$ 137.183,00
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01/09/1996
30/09/1996
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31/08/2007
30
4,29
$ 2.193.000,00
$ 2.317.793,25
$ 5.848,58
01/09/2007
30/09/2007
30
4,29
$ 1.811.000,00
$ 1.914.055,44
$ 4.829,81
01/10/2007
31/10/2007
30
4,29
$ 1.901.000,00
$ 2.009.176,91
$ 5.069,84
01/11/2007
30/11/2007
30
4,29
$ 2.344.909,00
$ 2.478.346,67
$ 6.253,71
01/12/2007
31/12/2007
30
4,29
$ 1.912.259,00
$ 2.021.076,61
$ 5.099,87
01/01/2008
31/01/2008
30
4,29
$ 2.499.202,00
$ 2.499.202,00
$ 6.306,34
01/02/2008
29/02/2008
30
4,29
$ 1.846.378,00
$ 1.846.378,00
$ 4.659,04
01/03/2008
31/03/2008
30
4,29
$ 2.163.900,00
$ 2.163.900,00
$ 5.460,26
01/04/2008
14/04/2008
14
2,00
$ 923.189,00
$ 923.189,00
$ 1.087,11
TOTAL
11.889
1.698,43
$ 1.414.641,89
IBL con los últimos 10 años
FECHAS
N.° DE
N.° DE
SALARIO
SALARIO
SALARIO
DESDE
HASTA
DÍAS
SEMANAS
DEVENGADO
INDEXADO
PROMEDIO
04/04/1998
30/04/1998
27
3,86
$ 1.136.726,00
$ 2.359.352,52
$ 17.695,14
01/05/1998
31/05/1998
30
4,29
$ 833.504,00
$ 1.729.994,53
$ 14.416,62
01/06/1998
30/06/1998
30
4,29
$ 874.917,00
$ 1.815.950,05
$ 15.132,92
01/07/1998
31/07/1998
30
4,29
$ 1.072.940,00
$ 2.226.960,32
$ 18.558,00
01/08/1998
31/08/1998
30
4,29
$ 769.082,00
$ 1.596.282,27
$ 13.302,35
01/09/1998
30/09/1998
30
4,29
$ 792.090,00
$ 1.644.036,95
$ 13.700,31
01/10/1998
31/10/1998
30
4,29
$ 1.031.527,00
$ 2.141.004,81
$ 17.841,71
01/11/1998
30/11/1998
30
4,29
$ 875.000,00
$ 1.816.122,32
$ 15.134,35
01/12/1998
31/12/1998
30
4,29
$ 1.114.000,00
$ 2.312.183,16
$ 19.268,19
01/01/1999
31/01/1999
30
4,29
$ 974.000,00
$ 1.733.516,75
$ 14.445,97
01/02/1999
28/02/1999
30
4,29
$ 911.000,00
$ 1.621.389,90
$ 13.511,58
01/03/1999
31/03/1999
30
4,29
$ 833.000,00
$ 1.482.566,17
$ 12.354,72
01/04/1999
30/04/1999
30
4,29
$ 1.303.000,00
$ 2.319.068,09
$ 19.325,57
01/05/1999
31/05/1999
30
4,29
$ 959.000,00
$ 1.706.819,88
$ 14.223,50
01/06/1999
30/06/1999
30
4,29
$ 1.006.000,00
$ 1.790.470,07
$ 14.920,58
01/07/1999
31/07/1999
30
4,29
$ 1.234.000,00
$ 2.196.262,49
$ 18.302,19
01/08/1999
31/08/1999
30
4,29
$ 1.006.000,00
$ 1.790.470,07
$ 14.920,58
01/09/1999
30/09/1999
30
4,29
$ 1.141.000,00
$ 2.030.741,90
$ 16.922,85
01/10/1999
31/10/1999
30
4,29
$ 993.000,00
$ 1.767.332,78
$ 14.727,77
01/11/1999
30/11/1999
30
4,29
$ 1.006.000,00
$ 1.790.470,07
$ 14.920,58
01/12/1999
31/12/1999
30
4,29
$ 1.282.000,00
$ 2.281.692,48
$ 19.014,10
01/01/2000
31/01/2000
30
4,29
$ 959.000,00
$ 1.562.261,37
$ 13.018,84
01/02/2000
29/02/2000
30
4,29
$ 932.000,00
$ 1.518.276,95
$ 12.652,31
01/03/2000
31/03/2000
30
4,29
$ 1.121.000,00
$ 1.826.167,88
$ 15.218,07
01/04/2000
30/04/2000
30
4,29
$ 1.324.000,00
$ 2.156.865,54
$ 17.973,88
01/05/2000
31/05/2000
30
4,29
$ 1.057.000,00
$ 1.721.908,52
$ 14.349,24
01/06/2000
30/06/2000
30
4,29
$ 1.360.000,00
$ 2.215.511,44
$ 18.462,60
01/07/2000
31/07/2000
29
4,14
$ 1.109.000,00
$ 1.806.619,25
$ 14.553,32
01/08/2000
31/08/2000
30
4,29
$ 1.264.000,00
$ 2.059.122,39
$ 17.159,35
01/09/2000
30/09/2000
30
4,29
$ 1.004.000,00
$ 1.635.568,74
$ 13.629,74
01/10/2000
31/10/2000
30
4,29
$ 1.057.000,00
$ 1.721.908,52
$ 14.349,24
01/11/2000
30/11/2000
30
4,29
$ 1.360.000,00
$ 2.215.511,44
$ 18.462,60
01/12/2000
31/12/2000
30
4,29
$ 1.167.000,00
$ 1.901.104,30
$ 15.842,54
01/01/2001
31/01/2001
30
4,29
$ 1.167.000,00
$ 1.748.207,53
$ 14.568,40
01/02/2001
28/02/2001
30
4,29
$ 1.062.000,00
$ 1.590.913,80
$ 13.257,61
01/03/2001
31/03/2001
30
4,29
$ 1.410.000,00
$ 2.112.230,18
$ 17.601,92
01/04/2001
30/04/2001
30
4,29
$ 1.298.000,00
$ 1.944.450,20
$ 16.203,75
01/05/2001
31/05/2001
30
4,29
$ 1.371.000,00
$ 2.053.806,79
$ 17.115,06
01/06/2001
30/06/2001
30
4,29
$ 1.281.000,00
$ 1.918.983,59
$ 15.991,53
01/07/2001
31/07/2001
30
4,29
$ 1.281.000,00
$ 1.918.983,59
$ 15.991,53
01/08/2001
31/08/2001
30
4,29
$ 1.341.000,00
$ 2.008.865,73
$ 16.740,55
01/09/2001
30/09/2001
30
4,29
$ 1.166.000,00
$ 1.746.709,50
$ 14.555,91
01/10/2001
31/10/2001
30
4,29
$ 1.224.000,00
$ 1.833.595,56
$ 15.279,96
01/11/2001
30/11/2001
30
4,29
$ 1.371.000,00
$ 2.053.806,79
$ 17.115,06
01/12/2001
31/12/2001
30
4,29
$ 1.281.000,00
$ 1.918.983,59
$ 15.991,53
01/01/2002
31/01/2002
30
4,29
$ 1.371.000,00
$ 1.907.862,17
$ 15.898,85
01/02/2002
28/02/2002
30
4,29
$ 1.096.000,00
$ 1.525.176,47
$ 12.709,80
01/03/2002
31/03/2002
30
4,29
$ 685.000,00
$ 953.235,29
$ 7.943,63
01/04/2002
30/04/2002
30
4,29
$ 1.043.000,00
$ 1.451.422,50
$ 12.095,19
01/05/2002
31/05/2002
29
4,14
$ 1.337.000,00
$ 1.860.548,30
$ 14.987,75
01/06/2002
30/06/2002
30
4,29
$ 1.386.000,00
$ 1.928.735,94
$ 16.072,80
01/07/2002
31/07/2002
30
4,29
$ 1.386.000,00
$ 1.928.735,94
$ 16.072,80
01/08/2002
31/08/2002
29
4,14
$ 1.483.000,00
$ 2.063.719,62
$ 16.624,41
01/09/2002
30/09/2002
30
4,29
$ 1.260.000,00
$ 1.753.396,31
$ 14.611,64
01/10/2002
31/10/2002
30
4,29
$ 959.000,00
$ 1.334.529,41
$ 11.121,08
01/11/2002
30/11/2002
30
4,29
$ 949.000,00
$ 1.320.613,57
$ 11.005,11
01/12/2002
31/12/2002
30
4,29
$ 1.323.000,00
$ 1.841.066,12
$ 15.342,22
01/01/2003
31/01/2003
29
4,14
$ 1.483.000,00
$ 1.929.120,21
$ 15.540,14
01/02/2003
28/02/2003
30
4,29
$ 1.261.000,00
$ 1.640.337,55
$ 13.669,48
01/03/2003
31/03/2003
30
4,29
$ 1.323.000,00
$ 1.720.988,56
$ 14.341,57
01/04/2003
30/04/2003
30
4,29
$ 1.414.000,00
$ 1.839.363,44
$ 15.328,03
01/05/2003
31/05/2003
30
4,29
$ 1.421.000,00
$ 1.848.469,20
$ 15.403,91
01/06/2003
30/06/2003
30
4,29
$ 1.386.000,00
$ 1.802.940,40
$ 15.024,50
01/07/2003
31/07/2003
30
4,29
$ 1.421.000,00
$ 1.848.469,20
$ 15.403,91
01/08/2003
31/08/2003
30
4,29
$ 2.085.000,00
$ 2.712.215,53
$ 22.601,80
01/09/2003
30/09/2003
30
4,29
$ 1.349.000,00
$ 1.754.809,95
$ 14.623,42
01/10/2003
31/10/2003
30
4,29
$ 1.354.000,00
$ 1.761.314,07
$ 14.677,62
01/11/2003
30/11/2003
30
4,29
$ 1.483.000,00
$ 1.929.120,21
$ 16.076,00
01/12/2003
31/12/2003
30
4,29
$ 1.483.000,00
$ 1.929.120,21
$ 16.076,00
01/01/2004
31/01/2004
30
4,29
$ 1.638.000,00
$ 2.000.662,52
$ 16.672,19
01/02/2004
29/02/2004
30
4,29
$ 1.437.000,00
$ 1.755.159,98
$ 14.626,33
01/03/2004
31/03/2004
30
4,29
$ 1.508.000,00
$ 1.841.879,78
$ 15.349,00
01/04/2004
30/04/2004
30
4,29
$ 1.793.000,00
$ 2.189.980,40
$ 18.249,84
01/05/2004
31/05/2004
30
4,29
$ 1.354.000,00
$ 1.653.783,31
$ 13.781,53
01/06/2004
30/06/2004
29
4,14
$ 1.717.000,00
$ 2.097.153,57
$ 16.893,74
01/07/2004
31/07/2004
30
4,29
$ 1.722.000,00
$ 2.103.260,60
$ 17.527,17
01/08/2004
31/08/2004
30
4,29
$ 1.579.000,00
$ 1.928.599,59
$ 16.071,66
01/09/2004
30/09/2004
30
4,29
$ 1.548.000,00
$ 1.890.736,01
$ 15.756,13
01/10/2004
31/10/2004
30
4,29
$ 1.508.000,00
$ 1.841.879,78
$ 15.349,00
01/11/2004
30/11/2004
30
4,29
$ 1.579.000,00
$ 1.928.599,59
$ 16.071,66
01/12/2004
31/12/2004
30
4,29
$ 1.761.000,00
$ 2.150.895,42
$ 17.924,13
01/01/2005
31/01/2005
30
4,29
$ 1.508.000,00
$ 1.745.821,75
$ 14.548,51
01/02/2005
28/02/2005
30
4,29
$ 1.437.000,00
$ 1.663.624,58
$ 13.863,54
01/03/2005
31/03/2005
30
4,29
$ 1.867.000,00
$ 2.161.438,47
$ 18.011,99
01/04/2005
30/04/2005
30
4,29
$ 1.518.000,00
$ 1.757.398,82
$ 14.644,99
01/05/2005
31/05/2005
30
4,29
$ 1.596.000,00
$ 1.847.699,95
$ 15.397,50
01/06/2005
30/06/2005
30
4,29
$ 1.788.000,00
$ 2.069.979,64
$ 17.249,83
01/07/2005
31/07/2005
30
4,29
$ 1.636.000,00
$ 1.894.008,22
$ 15.783,40
01/08/2005
31/08/2005
29
4,14
$ 1.607.000,00
$ 1.860.434,72
$ 14.986,84
01/09/2005
30/09/2005
29
4,14
$ 1.649.000,00
$ 1.909.058,40
$ 15.378,53
01/10/2005
31/10/2005
29
4,14
$ 1.607.000,00
$ 1.860.434,72
$ 14.986,84
01/11/2005
30/11/2005
30
4,29
$ 1.676.000,00
$ 1.940.316,49
$ 16.169,30
01/12/2005
31/12/2005
30
4,29
$ 1.725.000,00
$ 1.997.044,12
$ 16.642,03
01/01/2006
31/01/2006
30
4,29
$ 1.699.000,00
$ 1.876.135,95
$ 15.634,47
01/02/2006
28/02/2006
30
4,29
$ 1.624.000,00
$ 1.793.316,52
$ 14.944,30
01/03/2006
31/03/2006
30
4,29
$ 1.887.000,00
$ 2.083.736,63
$ 17.364,47
01/04/2006
30/04/2006
28
4,00
$ 1.821.000,00
$ 2.010.855,54
$ 15.639,99
01/05/2006
31/05/2006
30
4,29
$ 1.756.000,00
$ 1.939.078,71
$ 16.158,99
01/06/2006
30/06/2006
30
4,29
$ 2.337.000,00
$ 2.580.653,15
$ 21.505,44
01/07/2006
31/07/2006
30
4,29
$ 1.886.000,00
$ 2.082.632,37
$ 17.355,27
01/08/2006
31/08/2006
29
4,14
$ 2.079.000,00
$ 2.295.754,34
$ 18.493,58
01/09/2006
30/09/2006
30
4,29
$ 1.717.000,00
$ 1.896.012,61
$ 15.800,11
01/10/2006
31/10/2006
30
4,29
$ 1.803.000,00
$ 1.990.978,88
$ 16.591,49
01/11/2006
30/11/2006
30
4,29
$ 2.119.000,00
$ 2.339.924,70
$ 19.499,37
01/12/2006
31/12/2006
30
4,29
$ 1.845.000,00
$ 2.037.357,75
$ 16.977,98
01/01/2007
31/01/2007
30
4,29
$ 1.992.000,00
$ 2.105.355,29
$ 17.544,63
01/02/2007
28/02/2007
30
4,29
$ 1.688.000,00
$ 1.784.056,09
$ 14.867,13
01/03/2007
31/03/2007
30
4,29
$ 2.102.000,00
$ 2.221.614,87
$ 18.513,46
01/04/2007
30/04/2007
30
4,29
$ 2.018.000,00
$ 2.132.834,83
$ 17.773,62
01/05/2007
31/05/2007
30
4,29
$ 2.193.000,00
$ 2.317.793,25
$ 19.314,94
01/06/2007
30/06/2007
30
4,29
$ 2.050.000,00
$ 2.166.655,80
$ 18.055,46
01/07/2007
31/07/2007
30
4,29
$ 1.933.000,00
$ 2.042.997,88
$ 17.024,98
01/08/2007
31/08/2007
30
4,29
$ 2.193.000,00
$ 2.317.793,25
$ 19.314,94
01/09/2007
30/09/2007
30
4,29
$ 1.811.000,00
$ 1.914.055,44
$ 15.950,46
01/10/2007
31/10/2007
30
4,29
$ 1.901.000,00
$ 2.009.176,91
$ 16.743,14
01/11/2007
30/11/2007
30
4,29
$ 2.344.909,00
$ 2.478.346,67
$ 20.652,89
01/12/2007
31/12/2007
30
4,29
$ 1.912.259,00
$ 2.021.076,61
$ 16.842,31
01/01/2008
31/01/2008
30
4,29
$ 2.499.202,00
$ 2.499.202,00
$ 20.826,68
01/02/2008
29/02/2008
30
4,29
$ 1.846.378,00
$ 1.846.378,00
$ 15.386,48
01/03/2008
31/03/2008
30
4,29
$ 2.163.900,00
$ 2.163.900,00
$ 18.032,50
01/04/2008
14/04/2008
14
2,00
$ 923.189,00
$ 923.189,00
$ 3.590,18
TOTAL
3.600
514,29
$ 1.920.310,72
Ahora, al aplicar al mayor IBL una tasa de reemplazo del 75%, ello arroja un monto de $1.440.233,04, que corresponde al valor de la mesada pensional al 15 de abril de 2008.
Puesto que existe un mayor valor entre esta cifra y la reconocida por Colpensiones ($1.422.253), se establecen las siguientes diferencias pensionales:
Entonces, como se puede observar, Colpensiones deberá no solo reajustar la pensión en la cuantía aquí determinada, sino también reconocer las diferencias pensionales retroactivas causadas hasta febrero de 2021, en un valor de $3.881.256,62, y por indexación de esas mesadas atrasadas tendrá que pagar $939.457,29. Lo anterior, sin perjuicio de las mesadas y la indexación que se cause hasta la fecha de su pago efectivo.
No se accede a los intereses moratorios toda vez que la administradora de pensiones no incurrió en mora en el reconocimiento de las diferencias pensionales, cuya condena se ordenó a partir de este proveído con el pago del cálculo actuarial a cargo del empleador.
En cuanto a la propuesta excepción de prescripción, se declara infundada porque el giro del cálculo actuarial es imprescriptible, según lo ha definido esta Corporación al señalar que se trata de «[…] aportes pensionales que constituyen capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación y, como consecuencia, están ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado» (CSJ SL738-2018). En cuanto a la prescripción de las diferencias pensionales, no es procedente su declaración, toda vez que el demandante reclamó a las dos accionadas en el año 2009 y en enero de 2010 presentó la demanda. Por consiguiente, no transcurrió el término trienal de prescripción.
Las costas de la primera instancia estarán a cargo de Empresas Públicas de Medellín ESP. Sin costas en la alzada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo que el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín profirió el 16 de febrero de 2011, en el proceso ordinario laboral que HUMBERTO LEÓN HOYOS ZAPATA adelanta contra EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP – EE.PP.M ESP- y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES. En su lugar, dispone:
PRIMERO: Condenar a Empresas Públicas de Medellín ESP a pagar, a entera satisfacción de Colpensiones, un cálculo actuarial en los términos indicados en esta providencia.
SEGUNDO: Condenar a Colpensiones a reajustar la pensión de jubilación de Humberto León Hoyos Zapata en cuantía de $1.440.233,04, a partir del 15 de abril de 2008.
TERCERO: Condenar a la citada entidad a pagar al demandante las diferencias pensionales retroactivas causadas hasta febrero de 2021, en un valor de $3.881.256,62, y por indexación $939.457,29. Lo anterior, sin perjuicio de las mesadas y la indexación que se cause hasta la fecha de su pago efectivo.
CUARTO: Negar las restantes pretensiones de la demanda.
QUINTO: Declarar infundadas las excepciones que propusieron las demandadas.
SEXTO: Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Salvo voto Parcial
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Aclaro Voto
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
No firma por ausencia justificada
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
No firma por ausencia justificada
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada Ponente
SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL
Radicación n.° 69645
REFERENCIA: HUMBERTO LEÓN HOYOS ZAPATA vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y OTRO.
Con el acostumbrado respeto por la decisión mayoritaria de nuestra Sala, en esta ocasión me permito salvar el voto toda vez que considero que el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 4 de la Ley 797 de 2003, es claro al señalar que la obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente.
Al estudiar dicha disposición, bajo el principio de solidaridad, la Corte Constitucional en sentencia CC C529-2010 la halló exequible, bajo los siguientes argumentos, los cuales siempre he compartido:
4.2. La extinción de la obligación de cotizar al sistema pensional cuando se reúnen los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez no vulnera el principio constitucional de solidaridad.
Para la Corte, la regla jurídica contenida en el segundo inciso del artículo 4º de la Ley 797 de 2003, según la cual la obligación de cotizar a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas, cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, no vulnera el principio constitucionalidad de solidaridad.
Como se vio en acápites anteriores, la concreción del principio constitucional de solidaridad corresponde principalmente al legislador, el cual cuenta con una amplia libertad de configuración para definir con precisión cuáles son los derechos y las obligaciones específicas que en el ámbito de seguridad social se derivan de dicho principio. El papel de la Corte Constitucional consiste en evaluar si al concretar dicho principio solidario, el legislador lo ha desconocido o vulnerado sin justificación, pero no le es dable determinar el sentido particular en que dicho principio ha de desarrollarse.
[…]
En ese orden de ideas, existe un marco legal que -a través de mecanismos como la garantía a los afiliados del reconocimiento y pago de una pensión mínima en los dos regímenes pensionales, o la existencia de un Fondo de Solidaridad Pensional cuyo propósito es ampliar la cobertura a los grupos de población que no tienen acceso al sistema-, desarrolla el principio de solidaridad. Esto ha llevado a la Corte a afirmar que, en términos generales, el actual diseño legislativo del sistema pensional contiene claros e importantes componentes solidarios. Es a la luz de ese contexto general del sistema, y de sus rasgos solidarios, constitucionalmente avalados, que debe analizarse la conformidad de disposiciones específicas del sistema con el principio solidario.
La norma demandada en el presente caso no introduce una limitación excesiva o injustificada al desarrollo del principio de solidaridad. Establece una regla sobre la extinción de la obligación de cotizar al sistema, que precisamente presupone que la persona ha hecho sus cotizaciones durante el término previsto en la ley, y por tanto, ha cumplido con los deberes solidarios que el sistema, en desarrollo de la Constitución, le impone. La causal por la cual se extingue la obligación no luce ni desproporcionada ni irrazonable, pues consiste, justamente, en haber cumplido los requisitos para acceder a la pensión, esto es, para pasar de aportante al sistema, a beneficiario del mismo. Cosa distinta sucedería si la extinción de la obligación de cotizar al sistema ocurriera por razones no justificadas, antes del tiempo exigido para acceder a la pensión, o en virtud de hechos ajenos a la configuración misma del sistema.
Como se explicó anteriormente, en los casos en los que la Corte ha removido del ordenamiento jurídico una norma por violación del principio de solidaridad en el sistema de seguridad social, lo ha hecho por que no encuentra en la restricción o el privilegio legalmente otorgado una justificación razonable o proporcional. No es esta la situación frente a la norma demandada, toda vez que ella extingue la obligación de cotizar al sistema a todo aquel que cumpla los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, sin distingos o excepciones inexplicables.
Por lo demás, el sistema contempla mecanismos para hacer efectivo el principio de solidaridad, incluso en cabeza de las personas ya pensionadas, pues está previsto que los pensionados que devenguen una mesada superior a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta veinte contribuirán con el 1% a la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, y los que devenguen más de veinte salarios mínimos contribuirán con el 2%. (art. 8 de la Ley 797 de 2003)
Adicionalmente, el artículo demandado contempla la posibilidad de que el empleador o el afiliado puedan seguir haciendo aportes voluntarios, aun si se han reunido los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez. Esta posibilidad permite que quienes opten por esa alternativa, sigan contribuyendo al sistema, no sólo en su propio beneficio, sino a favor de sus esquemas solidarios. En tal evento, lo harán, ya no obligatoriamente, sino por decisión propia, lo que es consecuente con el hecho de que ya se han satisfecho los requisitos para acceder a la pensión y han pasado, legítimamente, a ser beneficiarios del sistema.
Como se explicó en el acápite anterior, el legislador presupone, como regla general, que quien ha reunido los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez deja, por ese hecho, de tener un vínculo laboral o contractual. De ahí que la ocurrencia de ese evento constituya justa causa para terminar la relación laboral, y constituya también el supuesto de hecho para que se extinga la obligación de cotizar al sistema. No escapa a la Corte que puede ocurrir la situación en la que el afiliado siga devengando ingresos, a pesar de haber reunido tales requisitos. Pero el legislador, como ya se analizó, previó esa hipótesis y de hecho, la reguló, estableciendo para ella una consecuencia jurídica: que el afiliado o el empleador puedan seguir haciendo aportes, pero no ya obligatorios, sino voluntarios.
La circunstancia de que a un afiliado que reciba ciertos ingresos se le exima de la obligación de cotizar al sistema –por haber reunido los requisitos para acceder a la pensión-, y otro afiliado, que no ha reunido aún los requisitos y tenga los mismos ingresos, siga obligado a cotizar, se explica porque respecto del primero se predica la circunstancia de satisfacción de los requisitos, y por lo tanto de cumplimiento con los deberes mínimos hacia el sistema, circunstancia que no se predica del segundo. Desde la perspectiva del principio de solidaridad, la Corte encuentra que esa diferenciación está plenamente justificada, en la medida en que distingue entre personas que ya cumplieron sus deberes de solidaridad para con el sistema de quienes aún no los han cumplido.
En síntesis, la Corte encuentra que la disposición demandada, al establecer como causal de extinción de la obligación de cotizar a los regímenes del sistema general de pensiones el que se hayan reunido los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, constituye un ejercicio cabal de la facultad que la Constitución le otorga al legislador para configurar los elementos específicos del principio solidario en el sistema de seguridad social. La medida presupone que los afiliados han cumplido con el tiempo y las semanas de cotización, y han llegado a la edad legalmente exigida, o han acumulado el capital suficiente para satisfacer sus necesidades mínimas vitales, y por lo tanto han satisfecho de manera suficiente su deber de solidaridad para con el sistema y ya se han hecho acreedores de sus beneficios. La medida encaja razonablemente dentro de la libertad de diseño de que goza el Congreso en esta materia, y teniendo en consideración los distintos componentes solidarios del actual sistema pensional colombiano, se concluye que no constituye una medida que afecte el principio solidario, lo desconozca, o lo atenúe de manera injustificada. Nada obsta para que el legislador, dentro de la competencia amplia que la Constitución le otorga en esta materia, opte por establecer otro régimen de nacimiento y extinción de la obligación de cotizar al sistema pensional. Pero el régimen actualmente vigente es una opción legislativa entre varias posibles, y desde el punto de vista del principio de solidaridad, no vulnera la Constitución, en la medida en que la exención que crea es a favor de personas que ya cumplieron con sus deberes hacia el sistema, hasta el punto que, realizado el supuesto, pueden ser sus beneficiarios, especialmente teniendo en cuenta que la legislación vigente, en ambos regímenes, les permite continuar cotizando voluntariamente.
Es importante señalar que la cesación de la obligación de cotizar al ocurrir el supuesto establecido en la norma acusada –que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez-, no se extiende a las obligaciones derivadas del sistema de seguridad social en salud o del sistema general de riesgos profesionales. Las causales de extinción de la obligación de cotizar a estos sistemas se rigen por reglas distintas, y la cesación de la obligación de cotizar de que trata la norma demandada, sólo se circunscribe al sistema pensional. En consecuencia, la declaratoria de exequibilidad de ella no implica que quienes sigan vinculados laboralmente, o por contrato de prestación de servicios, queden eximidos de sus obligaciones para con el sistema de salud o de riesgos profesionales. Por el contrario, deben seguir aportando a dichos sistemas, en la medida en que así lo impone la continuada existencia de su relación laboral, legal, reglamentaria o contractual.
En ese orden, imponerle al empleador una carga no prevista por el legislador, esto es, que continúe con el pago de las cotizaciones resulta desproporcionada, máxime cuando lo que prevé la norma es la posibilidad de que el trabajador decida de manera voluntaria continuar efectuando los aportes, luego de reunir los requisitos previstos en la ley para acceder a la pensión de vejez, de lo que se deriva que dicha decisión le corresponde exclusivamente al empleado quien debe informar a su empleador su intención de continuar cotizando bajo esa modalidad, y esa es precisamente la razón de ser del artículo 2.2.3.1.1 del Decreto 1833 de 2016 cuando dispone que: «En el caso del régimen solidario de prima media con prestación definida, la obligación de cotizar cesa cuando el afiliado cumpla los requisitos para obtener su pensión de vejez o cuando el afiliado se pensione por invalidez. No obstante haber cumplido los requisitos para la pensión de vejez, el afiliado podrá continuar cotizando, a su cargo, para aumentar el monto de su pensión», que la Sala decidió no aplicar.
Menester es aclarar que aunque se estampó la firma con la consigna de que era salvamento de voto parcial, la primera razón para hacerlo es que en sede de casación salvé voto por los motivos arriba expuestos, los cuales reafirmo en sede de instancia.
Finalmente, reitero nuestra postura de que no se ha explicado con suficiencia los motivos para aplicar el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en algunas de las pensiones de vejez que se otorgan con base en el artículo 36 de este cuerpo normativo, es decir, aquellas que se reconocen en sede de transición del sistema de pensiones, así como la aplicación del principio de favorabilidad que aplicaría frente al mismo, para lo cual me remito a lo expuesto en la aclaración de voto realizada en el proceso con radicación 52148.
Fecha ut supra
FERNANDO CASTILLO CADENA
ACLARACIÓN DE VOTO
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrado ponente
Radicación n.° 69645
Ref: HUMBERTO LEÓN HOYOS ZAPATA contra EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP – EE.PP.M ESP, y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
Como lo dejé asentado en la Sala respectiva, aun cuando estoy de acuerdo con el fallo de instancia adoptado en el presente asunto, debo aclarar mi voto en cuanto toca con el argumento expuesto por la mayoría, y que se contrae a que, en palabras de la providencia:
«[…]en la medida que el demandante es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y que desde la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones establecido en esta normativa y el momento en que cumplió los requisitos pensionales, transcurrió un lapso superior a los 10 años, es procedente calcular la pensión con los últimos 10 años de cotizaciones o con toda la vida laboral, en los términos del artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Lo anterior teniendo en cuenta además que Hoyos Zapata supera ampliamente las 1.250 semanas de aportes».
Lo dicho, por cuanto el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, encuentra su regulación íntegra en él, incluido lo relativo al IBL. Y cuál es ese IBL de la citada Ley 100 de 1993 que se debería utilizar?, he aquí el motivo de mi aclaración.
La Sala ha sido de la opinión, que el régimen de transición protege solo la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y el monto consagrado en el régimen anterior; asimismo, ha considerado que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso base que determina la cuantía de la pensión.
En lo que interesa al presente escrito, dispone la norma en comento:
&$ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas (sic) años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
En cuanto a la interpretación y alcance del IBL, aunque ha habido un entendimiento de que dicho precepto no comprende a quienes les faltaba más de 10 años para adquirir el derecho, es donde reside el núcleo central de mi aclaración, pues, esa lectura no es afortunada y la misma fue propiciada, entre otros motivos, por virtud de la declaratoria de inexequibilidad del apartado que figuraba a renglón seguido y que redondeaba, de manera precisa, la explicación sobre la aplicación del IBL, en el artículo 36:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Indice (sic) de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos. (Subrayas propias. El texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-168 de 1995).
Así las cosas, aceptando el hecho de que el mentado artículo 36 reguló íntegramente el tema y que el IBL que allí se dispone es especial, diferente al general contemplado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, la consecuencia que se deriva es que habían tres grupos diferenciados, según la proximidad de cada uno de ellos con el momento de la pensión: i) a quienes les faltaban 1 ó 2 años, dependiendo de si eran servidores públicos o trabajadores del sector privado; ii) a quienes les faltaban menos de diez años; y iii) a quienes teniendo derecho a la transición, les faltaban más de diez años.
Para cada uno de ellos, el inciso ofrecía una solución gradual y progresiva atendiendo la mayor o menor proximidad al momento de pensionarse. Lo que ocurrió, fue que la declaratoria de inexequibilidad desquició la arquitectura propia del precepto legal y, a partir de allí, ha sido difícil encontrar una solución que satisfaga a todos, propiciando toda suerte de interpretaciones, en veces contradictorias.
La lectura que propongo a la problemática planteada, armoniza con el hecho de considerar que el régimen de transición tiene por objeto aminorar el impacto que supone un cambio abrupto de sistema, y que se preserven las condiciones más favorables del régimen anterior.
Sobre el particular, en ejercicio de la acción de constitucionalidad, la Corte Constitucional al revisar el contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, expresó en sentencia C-168-1995 que:
En punto a la aplicación del principio de favorabilidad en materia de régimen pensional, considera la Corte que esta es labor que incumbe al juez en cada caso concreto, pues es imposible, en juicios de constitucionalidad, confrontar la norma acusada que es genérica, con cada una de las distintas normas contempladas en los diferentes regímenes pensionales que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 existían en el sector privado y en el público, para establecer cuál resulta más favorable a determinado trabajador. (Subrayas propias).
Así pues, la solución que más se aviene con lo hasta ahora dicho, consiste en considerar que la norma contrasta los dos grupos que subsistieron luego de la declaratoria de inexequibilidad de la última parte del inciso, y el resultado final que se obtiene es que:
i) para el grupo de los que les faltaban menos de diez años para adquirir el derecho el IBL «será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello», es decir, para tener el estatus de pensionado;
ii) en tanto que, cuando la norma señala «si éste fuere superior» está hablando, precisamente, del tiempo «que les hiciere falta para ello» de la frase anterior, con lo cual es claro que se refiere, por oposición, a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho», quedando claro entonces que, como se señala a continuación;
iii) a los que les faltaban más de diez años, la regla que aplica en materia de IBL, será la del promedio cotizado durante todo el tiempo que les haga falta para adquirir el derecho.
Bajo esa óptica interpretativa, contraria a la que ha venido sosteniendo mayoritariamente la Sala, en mi sentir, resultaría problemático concluir que por virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hay una especie de remisión directa al artículo 21 de la misma normativa, pues en este análisis, ello no es consecuencia inmediata de que al trabajador le falten más de diez años para pensionarse, cuando dicha disposición comenzó a regir y porque, en síntesis, considero que el artículo 36 contiene, en principio, todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez.
Habrá, por supuesto, algunos casos especiales que escapen a esta regla general, por lo que, excepcionalmente, podrá acudirse a otras normas, en aplicación de los principios de favorabilidad y equidad que rigen el derecho del trabajo, si a ello hubiere lugar.
Por tanto, en el caso sub examine no procedía calcular el IBL con base en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. En los términos antedichos dejo expresado mi pensamiento respecto de la aludida afirmación contenida en la providencia en cita.
Fecha ut supra.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Magistrado