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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2266-2019

Fecha
13 de marzo de 2019
Magistrado ponente
Jorge Luis Quiroz Alemán
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2266-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE PRIMERO: Anular parcialmente la cláusula contenida en el artículo 2 de la parte resolutiva del laudo arbitral proferido por el 3 de mayo de 2018, en cuanto estableció límites a las sanciones con desconocimiento de los fijados en la ley, como quedó explicado en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: Anular las cláusulas contenidas en los artículos 4, 7 y 9 de la parte resolutiva del laudo arbitral proferido el 3 de mayo de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. TERCERO: Modular el contenido de la cláusula contenida en el artículo 6 de la parte resolutiva del laudo arbitral proferido el 3 de mayo de 2018, dando el alcance y entendimiento plasmados en la parte motiva de esta decisión. CUARTO: No anular las demás cláusulas impugnadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Sin costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2266-2019

Magistrado ponente: Jorge Luis Quiroz Alemán

13 de marzo de 2019

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

Magistrado ponente

SL2266-2019

Radicación n.° 81530

Acta 9

Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Sala el recurso de anulación interpuesto por la organización sindical SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO SINALTRAINAL, en contra del laudo arbitral proferido el 3 de mayo de 2018, con ocasión del conflicto colectivo que provocó el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y SOCIALES “SINTRAIONGS”.

ANTECEDENTES

El 3 de mayo de 2018 se profirió un laudo arbitral que resolvió sobre la totalidad de los puntos del pliego de peticiones, con el que la organización sindical “SINTRAIONGS” provocó un conflicto colectivo de trabajo a la organización sindical empleadora “SINALTRAINAL”.

El laudo fue impugnado por el apoderado de la organización sindical que actúa como empleadora, con el objeto de que la Corte anule en su integridad el mencionado laudo.

RECURSO DE ANULACIÓN

La solicitud del recurrente puede resumirse en dos capítulos: i) en el que se pretende demostrar que no es posible la negociación colectiva entre dos organizaciones sindicales, y ii) en el que se atacan por razones de desproporcionalidad del laudo y extralimitación de facultades de los árbitros, las decisiones contenidas en los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 de la parte resolutiva de la decisión arbitral.

LA RÉPLICA

La Sala avocó conocimiento del recurso de anulación y corrió traslado del mismo, sin que se presentara pronunciamiento alguno.

CONSIDERACIONES

La Corte se pronunciará en su orden sobre los argumentos propuestos por la recurrente, de la siguiente manera:

Sobre la solicitud de anular en su integridad el laudo arbitral con sustento en que no es posible la negociación colectiva entre dos organizaciones sindicales.

Para dar fundamento a la solicitud, el recurrente plantea en síntesis, que la organización sindical que afronta el conflicto colectivo de trabajo, no tiene el carácter de empresa ni le asiste ánimo de lucro y en consecuencia no está obligada a atender el pliego de peticiones que se le propone.

Para atender este primer señalamiento la Sala recuerda que entre sus competencias está la de pronunciarse sobre la regularidad del laudo, como reiteradamente lo ha establecido, entre otras en la sentencia CSL-SL-21863-2017, es la siguiente:

Y respecto de la competencia de la Corte en la revisión de un laudo arbitral proferido por un tribunal de arbitramento obligatorio, en la sentencia CSJ SL 9317-2016, reiterada en la CSJ SL 17421–2016, entre muchas otras, dijo:

…las precisas facultades que le concede el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dentro del denominado actualmente por la ley procesal recurso de anulación, se limitan a: (i) verificar la regularidad del laudo y otorgarle fuerza de sentencia, si el Tribunal de Arbitramento no extralimitó el objeto para el que se le convocó, o anularlo en caso contrario, ello respecto de los puntos que quedaron por fuera de los acuerdos logrados entre las partes en la etapa de arreglo directo, y que cobijen la totalidad de los aspectos que son materia del diferendo; (ii) verificar que el pronunciamiento del Tribunal no afecte derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo; y (iii) disponer la anulación de disposiciones del laudo que sean manifiestamente inequitativas y en forma excepcional, puede adoptar la decisión de modular las cláusulas del Laudo para eliminar o suprimir aspectos que de mantenerse puedan generar una ilegalidad de las normas o una inequidad, por cuanto entran en contradicción con el orden jurídico y con los mínimos estándares de equidad. Todo lo anterior, dentro del marco de las potestades propias de los árbitros para decidir conflictos de intereses económicos.

En atención a la facultad que tiene la Sala para pronunciarse sobre la regularidad del laudo, resulta oportuno hacerlo frente a la tesis del sindicato empleador SINALTRAINAL, que plantea que no es posible la negociación colectiva entre dos organizaciones sindicales, para lo cual resulta pertinente citar los marcos normativos que desvirtúan tal argumento a saber:

El artículo 11 del convenio 87 de la OIT, ratificado por Colombia, establece:

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación.

Por otra parte, el convenio 98 de la OIT, también ratificado por Colombia, expresa:

1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: (a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; (b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo. Artículo 2 1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración. 2. Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo, principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Artículo 3 Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en los artículos precedentes. Artículo 4 Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo

Entre tanto, la Constitución Política de Colombia, garantiza los derechos de asociación y negociación colectiva, en los siguientes preceptos:

Artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo proceden por vía judicial.

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.

Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.

Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.

Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.

Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.

El Código Sustantivo del Trabajo, al incorporar a la legislación los derechos de asociación y negociación, dispone:

ARTICULO 353. DERECHOS DE ASOCIACIÓN. 1. De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política, los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos; estos poseen el derecho de unirse o federarse entre sí.

2. Las asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes, a las normas de este título y están sometidos a la inspección y vigilancia del Gobierno, en cuanto concierne al orden público.

Los trabajadores y empleadores, sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a éstas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.

ARTICULO 414. DERECHO DE ASOCIACIÓN. El derecho de asociación en sindicatos se extiende a los trabajadores de todo servicio oficial, con excepción de los miembros del Ejército Nacional y de los cuerpos o fuerzas de policía de cualquier orden, pero los sindicatos de empleados públicos tienen sólo las siguientes funciones: …

ARTICULO 373. FUNCIONES EN GENERAL. Son funciones principales de todos los sindicatos:

1). Estudiar las características de la respectiva profesión y los salarios, prestaciones, honorarios, sistemas de protección o de prevención de accidentes y demás condiciones de trabajo referentes a sus asociados para procurar su mejoramiento y su defensa.

2). Propulsar el acercamiento de {empleadores} y trabajadores sobre las bases de justicia, de mutuo respeto y de subordinación a la ley, y colaborar en el perfeccionamiento de los métodos peculiares de la respectiva actividad y en el incremento de la economía general.

3). Celebrar convenciones colectivas y contratos sindicales; garantizar su cumplimiento por parte de sus afiliados y ejercer los derechos y acciones que de ellos nazcan.

4). Asesorar a sus asociados en la defensa de los derechos emanados de un contrato de trabajo o de la actividad profesional correspondiente, y representarlos ante las autoridades administrativas, ante los {empleadores} y ante terceros.

5). Representar en juicio o ante cualesquiera autoridades u organismos los intereses económicos comunes o generales de los agremiados o de la profesión respectiva, y representar esos mismos intereses ante los {empleadores} y terceros en caso de conflictos colectivos que no hayan podido resolverse por arreglo directo, procurando la conciliación.

6). Promover la educación técnica y general de sus miembros;

7). Prestar socorro a sus afiliados en caso de desocupación, enfermedad, invalidez o calamidad;

8). Promover la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas, cajas de ahorros, préstamos y auxilios mutuos, escuelas, bibliotecas, institutos técnicos o de habilitación profesional, oficinas de colocación, hospitales, campos de experimentación o de deportes y demás organismos adecuados a los fines profesionales, culturales, de solidaridad y previsión contemplados en los estatutos;

9). Servir de intermediarios para la adquisición y distribución entre sus afiliados de artículos de consumo, materias primas y elementos de trabajo a precio de costo; y

10). Adquirir a cualquier título y poseer los bienes inmuebles y muebles que requieran para el ejercicio de sus actividades.

Bajo las anteriores premisas normativas, procede concluir que en Colombia está garantizado el derecho de asociación sindical, y el derecho de la negociación colectiva de trabajo, con las excepciones y limitaciones previstas para las fuerzas armadas y de policía, y respecto de la celebración de convenciones colectivas de trabajo para los empleados públicos.

En el caso que nos ocupa, los antecedentes de la convocatoria al tribunal de arbitramento que obra a folios 1 a 4, 19 y 20 del expediente que compila la documental aportada, da cuenta de lo siguiente:

Que el conflicto colectivo de trabajo lo promueven trabajadores particulares vinculados al servicio de la organización sindical denominada SINTRAINAL, la cual atendió el pliego de peticiones presentado por sus trabajadores afiliados a SINTRAONGS.

Que agotada la etapa de arreglo directo sin acuerdo sobre los puntos del pliego, se convocó al tribunal de arbitramento obligatorio por parte del Ministerio de Trabajo, con el objeto de dar solución al conflicto.

Que las partes designaron el árbitro que los representó, y una vez integrado el tribunal con el tercero nombrado por el Ministerio de Trabajo, se profirió el laudo arbitral, sin que hasta ese momento se presentara recurso alguno contra el objeto, la convocatoria, integración y decisión del tribunal.

Que proferido el laudo arbitral, la organización sindical empleadora SINALTRAINAL, salvó voto con el argumento de que no era posible promover un conflicto colectivo de trabajo cuando la empleadora es una organización sindical, fundamento que trae como pábulo en el recurso de anulación.

En consecuencia, este primer sustento presentado para lograr la anulación propuesta, se desestima por la Sala, en síntesis, porque en Colombia los trabajadores particulares pueden asociarse dentro de los límites previstos en la ley; promover conflictos colectivos de trabajo, aun cuando el empleador sea una organización sindical; beneficiarse de una convención o de un pacto colectivo de trabajo, u obtener un pronunciamiento arbitral; presupuestos que resultan aplicables y están cumplidos en el presente caso sometido a consideración de la Corte, siendo oportuno resaltar que sea una organización sindical la que se oponga al ejercicio de los derechos de asociación y negociación colectiva, garantizados como quedó expuesto, por los convenios de la OIT, por la Constitución Política, y por nuestro ordenamiento legal.

Sobre la solicitud de anular el artículo 2 del laudo que se titula “PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO”.

El artículo enuncia lo siguiente:

Artículo 2.- PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. El empleador observará el debido proceso y se abstendrá de imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en las disposiciones legales, en el reglamento interno o en los contratos individuales de trabajo.

Las faltas cometidas por el trabajador contra sus obligaciones especiales o sus prohibiciones laborales, que no constituyan motivo suficiente y justo para dar por terminado el contrato de trabajo, serán sancionadas con llamado de atención por escrito, por primera vez. Después de la primera llamada de atención, las faltas serán sancionadas con una suspensión hasta de seis (6) días cuando se trate de la primera suspensión, no superior a veinte (20) días en la siguiente suspensión.

Para la comprobación de faltas y aplicación de sanciones se observará el debido proceso, teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

Antes de aplicar cualquier sanción disciplinaria, y dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que el superior jerárquico o quien haga sus veces recibió el reporte de la falta, deberá notificarle por escrito, al trabajador de los hechos que motivan la citación, le correrá traslado de las pruebas y le informará sobre su derecho a presentar descargos respectivos en los cinco (5) días calendario siguientes. La notificación deberá señalar la falta que se le imputa y el día y la hora en que debe entregar respuesta.

Para los descargos el trabajador podrá ser asesorado por dos (2) compañeros o dos (2) representantes de la organización sindical a la cual pertenezca, si lo estima conveniente.

La administración tomará una decisión motivada, la cual comunicará por escrito al trabajador, lo anterior se hará en un término no superior a diez (10) días hábiles posteriores a recibir la explicación de descargos.

Cuando la sanción disciplinaria fuere suspensión, el empleado podrá apelar la misma, por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación. La apelación se surtirá ante la junta o ante quien ésta delegue. La decisión deberá tomarse dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la apelación.

La sanción disciplinaria que se imponga no producirá efecto alguno sin el cumplimiento estricto de éste trámite.

PARAGRAFO: Una vez comunicada la sanción disciplinaria al trabajador, el empleador notificará inmediatamente al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y SOCIALES “SINTRAONGS” vía correo electrónico. Para tal efecto, el sindicato deberá informar por escrito al empleador su correo electrónico. Así mismo deberá comunicarle cualquier cambio en el mismo.

La solicitud de anulación de la cláusula transcrita radica, en síntesis, en que una cosa es que los árbitros fijen un procedimiento previo a la imposición de sanciones, y otra que se tasen las sanciones y consecuencias de la conducta, en forma diferente a la establecida en la ley.

CONSIDERACIONES

La Sala de manera reiterada ha establecido que es facultad de los árbitros pronunciarse sobre la implementación de un procedimiento previo, para la imposición de sanciones disciplinarias.

Sin embargo, entiende la Sala que el motivo de inconformidad con la cláusula recurrida, radica en el hecho de haberse establecido unos límites a la escala de sanciones, diferentes a los previstos en la ley.

El artículo 106 del C.S.T. establece que el empleador puede adoptar el reglamento interno de trabajo sin intervención ajena, salvo lo dispuesto en pacto, convención colectiva de trabajo, fallo arbitral o acuerdo con sus trabajadores.

Por su parte el artículo 108 ibídem, al establecer el contenido del reglamento interno de trabajo, incluye en el numeral 16), el establecimiento de una escala de faltas disciplinarias y el procedimiento para su comprobación.

Entre tanto, el artículo 112 del mencionado código, señala:

Cuando la sanción consista en suspensión del trabajo, ésta no puede exceder de ocho (8) días por la primera vez, ni de dos (2) meses en caso de reincidencia de cualquier grado.

Las normas precedentes establecen la autonomía del empleador en la adopción del reglamento interno de trabajo, siempre que se garantice la participación de los trabajadores, según se dispuso en el examen de constitucionalidad del artículo 106 del C.S.T., que en lo pertinente, la sentencia C-934-04, dijo:

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 106 del Código Sustantivo del Trabajo siempre y cuando se entienda que en aquellas disposiciones del reglamento de trabajo que afecten directamente a los trabajadores, como son las escalas de sanciones y faltas y el procedimiento para formular quejas, debe el empleador escuchar a los trabajadores y abrir el escenario propio para hacer efectiva su participación.

Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 118 del Código Sustantivo del Trabajo bajo el entendido de que el Ministerio de la Protección Social o la autoridad encargada deberá solicitar a los trabajadores su criterio en relación con la aprobación del reglamento de trabajo en materias que pueden afectar sus derechos, independientemente si hay investigación o no

La Ley 1429 de 2010, en su artículo 17 modificó el artículo 119 del C.S.T. al disponer:

ARTÍCULO 17. OBJECIONES AL REGLAMENTO DE TRABAJO. Se modifica el artículo 119 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así:

“El Empleador publicará en cartelera de la empresa el Reglamento Interno de Trabajo y en la misma informará a los trabajadores, mediante circular interna, del contenido de dicho reglamento, fecha desde la cual entrará en aplicación.

La organización sindical, si la hubiere, y los trabajadores no sindicalizados, podrán solicitar al empleador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes los ajustes que estimen necesarios cuando consideren que sus cláusulas contravienen los artículos 106, 108, 111, 112 o 113 del Código Sustantivo del Trabajo.

Si no hubiere acuerdo el inspector del trabajo adelantará la investigación correspondiente, formulará objeciones si las hubiere y ordenará al empleador realizar las adiciones, modificaciones o supresiones conducentes, señalando como plazo máximo quince (15) días hábiles, al cabo de los cuales el empleador realizará los ajustes so pena de incurrir en multa equivalente a cinco (5) veces el salario mínimo legal mensual vigente.

Bajo las anteriores premisas, encuentra la Sala que si bien es permitido a los árbitros establecer un procedimiento disciplinario previo a la imposición de sanciones, no ocurre lo mismo con la escala de las mismas, pues ésta tiene los límites legales que señala el artículo 112 del C.S.T., cuya adopción debe tener desarrollo en los reglamentos internos de trabajo, bajo la premisa de participación de los trabajadores, en la forma señalada por la Corte Constitucional y por el artículo 119 del C.S.T.

En consecuencia se anulará parcialmente la cláusula contenida en el artículo 2 del laudo, en cuanto redujo a 6 días la suspensión cuando fuera aplicada por primera vez y no superior a 20 días para la siguiente, en cuanto es facultad de las partes que debe ejercerse dentro de los limites señalados en la ley, anulación que recae sobre la expresión: “ Después de la primera llamada de atención , las faltas serán sancionadas con una suspensión hasta de seis (6) días cuando se trate de la primera suspensión , no superior a veinte (20) días en la siguiente suspensión”, dejando sentado que la escala aplicable de sanciones es la prevista en el artículo 112 del C.S.T.

En cuanto al parágrafo de la misma cláusula, cuya nulidad se solicita sin argumento alguno, que prevé la notificación de la sanción disciplinaria a la organización sindical “SINTRAONGS”, no encuentra la Sala razón para su anulación pues no se trae ninguna por el recurrente y no resulta contraria a la ley.

Sobre la solicitud de anular el artículo 4 del laudo que se titula “AUXILIO ÓPTICO”.

El auxilio quedó consagrado en la decisión arbitral de la siguiente manera:

ARTICULO 4. AUXILIO ÓPTICO. SINALTRAINAL reconocerá y pagará a sus trabajadores un auxilio óptico correspondiente a un valor equivalente al 50% de un salario mínimo legal vigente por una vez al año previa presentación de la factura correspondiente.

El recurrente, en síntesis, sostiene que no hubo motivación alguna por parte de los árbitros para conceder este beneficio, señalando adicionalmente que el hecho de anualizarlo en un monto de medio salario mínimo, sin indicar quién debe prescribir la fórmula, hace del auxilio una decisión inequitativa.

CONSIDERACIONES

La Corte, dijo sobre este particular, en la sentencia SL17368-2015, lo siguiente:

Pese a que son varios los cuestionamientos que eleva el recurrente frente a este beneficio, para dar paso a la nulidad de la disposición conforme lo solicita el recurrente, basta señalar que el Tribunal al otorgar tal prerrogativa, omitió precisar aspectos fundamentales para su procedencia, lo que a juicio de la Corte no responde a los criterios de razonabilidad y equidad a que ha hecho alusión de manera reiterada la jurisprudencia de esta Sala.

En efecto, el Tribunal se limitó a señalar que la empleadora «sufragará el 100% del valor de las gafas de buena calidad, cuando sean formuladas al trabajador», empero no explicó ni mucho menos limitó el alcance del beneficio, pues la expresión «de buena calidad» no se compadece con la claridad que debe ofrecer una disposición de tal naturaleza para su debida aplicación.

Así mismo, conforme lo aduce la empresa empleadora, el artículo objeto de estudio no hace distinción en cuanto a la entidad o profesional de la salud de quien debe provenir la formulación de las gafas, pues simplemente refiere «cuando sean formuladas al trabajador».

Lo anterior, pone de presente con meridiana claridad que la disposición arbitral no ofrece la claridad necesaria para su aplicación, ambigüedad que por ser contraria al sentido de la equidad que debe darse al interior de las relaciones laborales subordinadas, conduce a la anulación.

Sobre la importancia de que las cláusulas del laudo arbitral sean lo suficientemente claras, se pronunció la Corte en la sentencia SL8693-2014, rad. N° 59713, que a su vez trajo a colación la providencia CSJ SL, 28 feb. 2012, rad. 49867, en la que si bien se trató un tema diferente al que ahora ocupa la atención de la Sala, se impone su recordación, dado que ante las cláusulas ambiguas o indeterminadas, adoctrinó:

La textura de la disposición luce tan genérica e indeterminada que para nada facilita precisar las particulares circunstancias de su aplicación. Así, cualquier lectura que se haga sobre quiénes deben ser los destinatarios de la aludida bonificación no resultaría manifiestamente equivocada (trabajadores sindicalizados, trabajadores no sindicalizados, personal vinculado, jefes de familia, trabajadores con hijos, trabajadores estudiantes, trabajadores con hijos estudiantes, trabajadores con hijos menores estudiantes, etc.), como tampoco la que se dé sobre los tiempos de su aplicación (por todo el año, cada año, semestral, trimestral, mensual, por calendarios escolares, etc.), e inclusive sobre conceptos como la modalidad escolar (regular o formal, informal, presencial, semipresencial, no presencial, superior, media, elemental, preescolar, universitaria, técnica, tecnológica, etc.). Por ende, la evidente ambigüedad e indeterminación de la disposición atacada, que contraria (sic) el sentido de la equidad debida a las relaciones laborales subordinadas, imponen su anulación.

Puesto en otras palabras, como el Tribunal al dictar el inciso primero del artículo tercero, no aclaró qué se debe entender por «de buena calidad», ni especificó de quién debía provenir la formulación de las gafas, evidente resulta que tal disposición es abierta e indeterminada y, por tanto, contraria a los criterios de equidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Atendiendo el precedente transcrito, si bien los supuestos de hecho no son idénticos, es posible concluir razonablemente que el auxilio cuestionado resulta vago e indefinido, y en consecuencia inequitativo, pues no se indica quién debe prescribir la fórmula, se desconoce si el auxilio opera para gafas formuladas o de sol, su periodicidad resultaría anualizada sin atender la necesidad, dejando la posibilidad de que una factura legitime el cobro a pesar de las imprecisiones señaladas, todo lo cual conlleva acceder a su anulación y así se dispondrá.

Sobre la solicitud de anular el artículo 5 del laudo que se titula “PRIMA EXTRALEGAL DE NAVIDAD”.

La prima fue concedida por el laudo arbitral así:

ARTICULO 5. PRIMA EXTRALEGAL DE NAVIDAD. SINALTRAINAL pagará a cada uno de los trabajadores afiliados en el mes de diciembre de cada año de vigencia del presente Laudo Arbitral, una prima extralegal de vacaciones equivalente a medio salario mínimo legal mensual vigente.

El fundamento de la solicitud de anulación de esta cláusula, en síntesis, es la falta de claridad en la redacción, indicando que una cosa es la causación de una prima de vacaciones y otra la de navidad, conceptos que utilizados indistintamente en la concesión del beneficio, lo hacen confuso respecto a su naturaleza y destinatarios, además de calificarla de desproporcionada.

CONSIDERACIONES

Efectivamente la Sala advierte que en el pliego de peticiones aparece el artículo 21 titulado “PRIMA EXTRALEGAL DE NAVIDAD” y en el enunciado del mismo: “SINALTRAINAL pagará a cada uno de sus trabajadores en el mes de diciembre de cada año, una prima extralegal de vacaciones equivalente a un mes de salario de cada trabajador y trabajadora.”.

El texto de la decisión arbitral como lo demuestra su transcripción, presenta la misma redacción, ya que en el título enuncia “PRIMA DE NAVIDAD” y en el texto hace referencia a una prima extralegal de vacaciones.

En reciente decisión de la Sala, contenida en la sentencia SL4865-2017, en un caso de similares contornos se adoctrinó:

Así pues, lo que en realidad decidió y quedó estipulado en la cláusula objeto de estudio, es la concesión de una prima convencional pagadera en el mes de diciembre conforme lo reclamó el sindicato en la etapa de arreglo directo. Luego lejos está el Tribunal de Arbitramento de haber desbordado su competencia como lo alega la recurrente, pues el cambio de nombre o denominación del beneficio no desdibuja su sentido obvio y natural.

En el presente asunto resulta aplicable lo ya enunciado por la Sala, en la medida en que salta a la vista que estamos ante un lapsus calami o error al escribir, pero que el verdadero sentido de la petición acorde con el título, es el reconocimiento de una prima de navidad, pagadera como se indica en el mes de diciembre.

Superado el cuestionamiento anterior, y en la medida en que la calificación de desproporcionada se limitó a la mera afirmación del recurrente, no se accederá a su anulación en el entendido de que se trata de una prima extralegal de navidad.

Sobre la solicitud de anular el artículo 6 del laudo que se titula “AUMENTO SALARIAL”.

El aumento de salario fue concedido en la parte resolutiva del laudo arbitral de la siguiente manera:

ARTICULO 6. AUMENTO SALARIAL. Durante la vigencia del presente laudo arbitral, SINALTRAINAL realizará incrementos salariales de la siguiente manera:

A partir del 1° de mayo de 2018 un incremento del IPC del año 2017 más dos (2) puntos. Este incremento será imputable al incremento que se haya dado en enero de 2018.

A partir del 1° de enero de 2019 un incremento del IPC o del incremento del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), dependiendo del que sea mayor entre los dos.

A partir del 1° de enero de 2020, un incremento del IPC o del incremento del SMLMV, dependiendo del que sea mayor entre los dos.

La solicitud de anulación la sustenta el recurrente, en síntesis, en lo siguiente: i) que el laudo aunque tiene una vigencia máxima de dos años, y sin embargo, la cláusula de incremento salarial lo desconoce; ii) que en la forma en que se resolvió el punto se hacen tres incrementos salariales en dos años que exceden la vigencia del laudo, y iii) que se evidencia la falta de racionalidad y proporcionalidad con lo cual se hace manifiesta la inequidad del aumento salarial.

CONSIDERACIONES

La Sala considera que la redacción de la cláusula de incremento salarial no es afortunada, pero que excepcionalmente el sometimiento de la misma al estudio de la Corte a través de la solicitud de anulación, se puede traducir en la modulación que permita eficacia y claridad en su aplicación.

Para el efecto, no se encuentra desproporcionado que el aumento salarial tenga como referente el IPC o el aumento del SMLMV como lo establece el laudo. Tal desproporción no está demostrada por el recurrente, pues su argumentación se queda en la mera afirmación sin sustento alguno.

Superado el cuestionamiento anterior, en principio y por la deficiente redacción de la cláusula, puede aceptarse que los aumentos salariales desconocen el límite temporal del laudo, pues para el año 2020 se expresó el aumento sin delimitarlo; aspecto que puede resolverse acudiendo a lo dispuesto en la cláusula sobre vigencia, contenida en el artículo 11 de la parte resolutiva que enuncia “El presente laudo arbitral tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir de la firma.” La fecha de firma de la decisión arbitral es el 3 de mayo de 2018, lo cual no deja duda de que sus efectos van hasta el 3 de mayo de 2020.

La temporalidad del laudo así establecida, permite interpretar y dar una adecuada aplicación a la cláusula de aumento salarial, que efectivamente prevé incrementos salariales por años calendario, por lo que aparece el aumento desde mayo de 2018, a partir de enero y hasta diciembre de 2019, y de enero de 2020 en adelante. En aras de dar un entendimiento que permita eficacia a la cláusula, en la medida en que la anulación genera un desequilibrio económico que resulta evidente por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, la Corte en ejercicio excepcional de la facultad de modular y dar una lectura ajustada a la intención de los árbitros, que rescate la equidad y legalidad de su pronunciamiento, considera que la adecuada a tales fines es la siguiente: i) los aumentos salariales dispuestos para el año 2018 empiezan a partir del 1° de mayo y hasta el mes de diciembre en el equivalente al IPC del año 2017 más 2 puntos, teniendo en cuenta que si hubo aumento en el mes de enero de 2018, solamente se reconocerá la deferencia que resulte respecto del fijado en el laudo; el previsto para el 2019 será en el equivalente al IPC fijado para el 2018 o el índice de incremento del SMLMV, dando aplicación al que resulte más favorable a los trabajadores; el aumento a partir de enero de 2020 y hasta la expiración de la vigencia del laudo el 3 de mayo del mismo año, será el índice de aumento del IPC fijado para el año 2019 o el de aumento del SMLMV, aplicando el que resulte más favorable a los trabajadores.

La interpretación anterior salvaguarda el derecho al aumento salarial y el respeto al término legal de vigencia del laudo, por lo que la aplicación de la cláusula contenida en el artículo 6 de la parte resolutiva no se anulará, pero quedará sometida a la lectura que se ha plasmado en esta decisión.

Sobre la solicitud de anular el artículo 7 del laudo que se titula “PERMISOS SINDICALES”.

Los permisos sindicales se establecieron en la parte resolutiva del laudo de la siguiente manera:

ARTICULO 7. PERMISOS SINDICALES. Durante la vigencia del presente Laudo Arbitral, SINALTRAINAL otorgará a los trabajadores sindicalizados dos (2) días de permiso sindical al mes, los cuales no serán acumulables, y se otorgará siempre que medie solicitud escrita de SINTRAONGS CON UNA ANTELACIÓN NO MENOR DE DOS (2) días. Para el otorgamiento de los mencionados permisos sindicales se deberá tener en cuenta el criterio de razonabilidad.

El recurrente plantea como fundamento de la solicitud de anulación, en síntesis, que no se enuncia el objeto de los permisos, es decir, no se determina si están vinculados al desarrollo de actividades sindicales, no se justifican habida cuenta que los dos trabajadores destinatarios, no tienen condición de directivos sindicales que imponga representación alguna de la organización, y que por la forma como fueron concedidos evidencien inequidad por falta de razonabilidad.

CONSIDERACIONES

La Sala se ha pronunciado de manera reiterada frente a los permisos sindicales, entre otras en las siguientes sentencias:

En la CSJ-SL22177-2017 en la que se rememora:

Los árbitros están facultados para pronunciarse sobre su otorgamiento para atender las responsabilidades inherentes a la ejecución del derecho de asociación y libertad sindical, siempre que la decisión consulte criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

El desarrollo jurisprudencial en esta materia puede concretarse, en los siguientes postulados, bajo cuyo examen se determinará la viabilidad del beneficio aquí discutido: i) que no se afecte el desarrollo normal de las actividades de la empresa; ii) que no sean permanentes; iii) que sean para atender responsabilidades derivadas de los derechos de asociación y de libertad sindical; iv) que tengan plena justificación, y v) que consulten criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Bajo la premisa anterior, la Sala encuentra que los permisos otorgados en el laudo arbitral no determinan el objeto para el cual se conceden, aspecto que es de la mayor relevancia y que no puede deducirse la condición de los beneficiarios, pues va dirigido simplemente a trabajadores sindicalizados con independencia de que representen o no a la organización, u ocupen alguna dignidad sindical que haga obvia su necesidad.

Sin embargo la Sala recuerda, que la ausencia de una norma en el laudo que regule este aspecto, no exime al empleador de conceder los permisos sindicales remunerados que sean indispensables para atender de manera eficaz los deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes a la organización sindical, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Política y los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT.

En consecuencia, hay razones suficientes para acceder a la anulación de la cláusula contenida en el artículo 7 de la parte resolutiva del laudo arbitral.

Sobre la solicitud de anular el artículo 8 del laudo que se titula “AUXILIO SINDICAL”.

El auxilio sindical se estableció en la parte resolutiva del aludo de la siguiente manera:

ARTICULO 8, AUXILIO SINDICAL. SINALTRAINAL otorgará a SINTRAONGS un auxilio de UN MILLON DE PESOS M7CTE ($1.000.000) por cada año de vigencia del presente laudo arbitral, para el fortalecimiento de la actividad sindical, desarrollo de actos conmemorativos, entre otros. Para el primer año de vigencia este auxilio será entregado a la Tesorería Nacional de SINTTRAONGS dentro de los primeros 30 días de vigencia del presente laudo arbitral. Para el segundo año de vigencia deberá entregarse dentro de los primeros quince (15) días del mes de mayo de 2019.

El recurrente considera que es inequitativo conceder un auxilio económico de tal cuantía, habida cuenta que la organización empleadora solo tiene dos trabajadores afiliados beneficiarios del laudo, y que el giro de su actividad y objetivo no tiene ánimo de lucro.

CONSIDERACIONES

Sobre este particular la Sala tuvo oportunidad de pronunciarse en la CSJ-SL21863-2017, en la que se asentó:

Respecto al auxilio sindical que se dispuso fuera por una sola vez, se observa que la inconformidad de la empresa radica en que no tiene trabajadores afiliados al sindicato-Sintrafarquim- por lo que no existen beneficiarios de ello.

Como lo enseña la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, la existencia de sindicatos y la permanencia de estos, es una necesidad transcendental dentro de la organización democrática de un Estado, es el resultado del derecho de asociación, pues es el motor del esfuerzo para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores a través de convenciones colectivas de trabajo y de laudos arbitrales.

Por lo anteriormente dicho, no hay duda alguna que uno de los modos más importantes para contribuir a la subsistencia de los sindicatos es el establecimiento de las cuotas sindicales que deben dar quienes se benefician con las funciones y ejecutorias de estas asociaciones, y los auxilios económicos sindicales a cargo del empleador por pacto convencional o disposición arbitral (sentencia CSJ SL, del 29 de oct. de 1988, Radicación 9120, criterio reiterado en la CSJ SL7779 del 31 may. 2017, rad. 76223).

En el caso bajo examen, la Sala considera que el presente auxilio único económico no se exhibe inequitativo o injustificado, teniendo en cuenta que según lo anotado en el Acta n.°002, se encuentran afiliados dos (2) trabajadores al sindicato, por lo que en tal sentido, no se observa un trato discriminatorio frente a la empresa, en la medida que el rubro a cancelar a la firma del laudo, se hizo en perspectiva al número de empleados que la conforman.

Por lo tanto, no se anulará esa disposición.

En los términos del precedente jurisprudencial, el cual tiene similares contornos, la cláusula no resulta inequitativa, razón por la que no se anulará.

Sobre la solicitud de anular el artículo 9 del laudo que se titula “PUBLICACIÓN”.

El laudo consagró el punto de la siguiente manera:

ARTICULO 9. PUBLICACION. SINALTRAINAL publicará en su página web el texto completo del presente laudo arbitral.

El recurrente fundamenta la solicitud de nulidad, en síntesis, en que la página WEB de la organización sindical es un espacio pagado por la misma, y un juez no puede obligar a que la organización establezca enlaces con otra persona natural o jurídica; indica que la publicidad del laudo debe hacerse como lo indica la ley, con el depósito ante el Ministerio de Trabajo y la entrega de un ejemplar a las partes.

CONSIDERACIONES

La Corte encuentra que una página web tiene como objetivo, el de constituirse en una imagen corporativa, de una persona natural o jurídica, cuya creación le da derechos de autor y le permite su utilización para los fines que le son propios y convenientes a su actividad.

La página web tiene una identificación que le permite el uso exclusivo a su titular y le genera responsabilidades sobre sus publicaciones, frente a sus destinatarios y en general a quienes acceden a ella.

Por lo anterior resulta improcedente que una decisión arbitral imponga la publicación del laudo en el dominio de la organización sindical empleadora, interfiriendo en la autonomía sobre los contenidos a publicar, con lo que se invade la órbita de sus derechos, razones por las cuales se anulará la cláusula.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: Anular parcialmente la cláusula contenida en el artículo 2 de la parte resolutiva del laudo arbitral proferido por el 3 de mayo de 2018, en cuanto estableció límites a las sanciones con desconocimiento de los fijados en la ley, como quedó explicado en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Anular las cláusulas contenidas en los artículos 4, 7 y 9 de la parte resolutiva del laudo arbitral proferido el 3 de mayo de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: Modular el contenido de la cláusula contenida en el artículo 6 de la parte resolutiva del laudo arbitral proferido el 3 de mayo de 2018, dando el alcance y entendimiento plasmados en la parte motiva de esta decisión.

CUARTO: No anular las demás cláusulas impugnadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y en firme esta providencia, remítase el expediente al Ministerio de Trabajo para los fines legales pertinentes.

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Recurrente: Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario –Sinaltrainal-

Opositor: Sindicato de Trabajadores de las Organizaciones No Gubernamentales y Sociales –Sintraiongs-

Radicación: 81530

Magistrado Ponente: Jorge Luis Quiroz Alemán

Como lo manifesté en la Sala correspondiente, estoy en desacuerdo con la manera en que se moduló la cláusula de aumento salarial y con la anulación de la disposición denominada «publicación». Lo anterior por las siguientes razones:

Aumento salarial

ARTICULO 6. AUMENTO SALARIAL. Durante la vigencia del presente laudo arbitral, SINALTRAINAL realizará incrementos salariales de la siguiente manera:

A partir del 1° de mayo de 2018 un incremento del IPC del año 2017 más dos (2) puntos. Este incremento será imputable al incremento que se haya dado en enero de 2018.

A partir del 1° de enero de 2019 un incremento del IPC o del incremento del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), dependiendo del que sea mayor entre los dos.

A partir del 1° de enero de 2020, un incremento del IPC o del incremento del SMLMV, dependiendo del que sea mayor entre los dos.

No obstante que la Corte tenía la intención de modular la cláusula de incremento salarial, a fin de darle más claridad y despejar algunas disonancias contenidas en la norma, al modularla complicó aún más su sentido. Para demostrar mi punto es suficiente con dar lectura a estos dos párrafos del fallo:

Superado el cuestionamiento anterior, en principio y por la deficiente redacción de la cláusula, puede aceptarse que los aumentos salariales desconocen el límite temporal del laudo, pues para el año 2020 se expresó el aumento sin delimitarlo; aspecto que puede resolverse acudiendo a lo dispuesto en la cláusula sobre vigencia, contenida en el artículo 11 de la parte resolutiva que enuncia “El presente laudo arbitral tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir de la firma.” La fecha de firma de la decisión arbitral es el 3 de mayo de 2018, lo cual no deja duda de que sus efectos van hasta el 3 de mayo de 2020.

La temporalidad del laudo así establecida, permite interpretar y dar una adecuada aplicación a la cláusula de aumento salarial, que efectivamente prevé incrementos salariales por años calendario, por lo que aparece el aumento desde mayo de 2018, a partir de enero y hasta diciembre de 2019, y de enero de 2020 en adelante. En aras de dar un entendimiento que permita eficacia a la cláusula, en la medida en que la anulación genera un desequilibrio económico que resulta evidente por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, la Corte en ejercicio excepcional de la facultad de modular y dar una lectura ajustada a la intención de los árbitros, que rescate la equidad y legalidad de su pronunciamiento, considera que la adecuada a tales fines es la siguiente: i) los aumentos salariales dispuestos (sic) 2 puntos, teniendo en cuenta que si hubo aumento en el mes de enero de 2018, solamente se reconocerá la deferencia que resulte respecto del fijado en el laudo; el previsto para el 2019 será en el equivalente al IPC fijado para el 2018 o el índice de incremento del SMLMV, dando aplicación al que resulte más favorable a los trabajadores; el aumento a partir de enero de 2020 y hasta la expiración de la vigencia del laudo el 3 de mayo del mismo año, será el índice de aumento del IPC fijado para el año 2019 o el de aumento del SMLMV, aplicando el que resulte más favorable a los trabajadores.

Como se puede advertir, pareciera que para la Sala, los incrementos salariales aplicados a partir del 1º de enero de 2020, únicamente tienen vigencia hasta el 3 de mayo de 2020, fecha de expiración del laudo. Lo anterior, desde luego, es un error, porque una vez aplicado el incremento sobre el salario base, el valor resultante de esta operación viene a ser el salario del trabajador para todo el año 2020 y las anualidades subsiguientes, a menos que en el año 2021 se acuerden nuevos aumentos salariales.

Es que de acogerse la lectura que de alguna manera sugiere el texto de la sentencia, cabría la posibilidad de que a partir de mayo de 2020 a los trabajadores les reduzcan su salario, bajo el pretexto de que el aumento va hasta esa fecha. Para ponerlo con un ejemplo: si un trabajador devenga un sueldo de $1.000.000 y como consecuencia del incremento del año 2020 este asciende a $1.100.000, una lectura exegética del fallo de anulación le permitiría a la empresa, en el mes de mayo de ese año, disminuir nuevamente el salario a $1.000.000.

En segundo lugar, la modulación de los incrementos del año 2018 es un poco oscura y difícil de comprender, ya que pareciera que el único parámetro de aumento del salario son 2 puntos del incremento del IPC, no obstante que los árbitros dieron un derecho superior a los trabajadores: un aumento equivalente al incremento del IPC, más 2 puntos.

Con ocasión de estas reflexiones, propuse en la Sala una nueva redacción de la modulación, sin embargo mis observaciones no tuvieron eco y por ello tomé la decisión de salvar mi voto en este punto.

Publicación

ARTICULO 9. PUBLICACION. SINALTRAINAL publicará en su página web el texto completo del presenta laudo arbitral

En relación con esta cláusula, estoy en desacuerdo con su anulación. En la sentencia SL5887-2016 la Corte hizo especial énfasis en que los árbitros tienen facultades para regular cuestiones relacionas con el ejercicio de la libre expresión, información y opinión de los sindicatos al interior de la empresa. En aquella oportunidad, precisó que el ejercicio de este derecho es consustancial a las organizaciones sindicales, ya que les permite a estos grupos transmitir tranquilamente su pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, en aras de promocionar la libre asociación sindical, la concertación, la defensa de los intereses comunes de sus miembros y, en general, de desarrollar todas las actividades inherentes a su objeto. Debido a ello, encuadra dentro del conflicto de interés, la resolución de estos puntos cardinales para el sindicalismo, pues sin duda la posibilidad de los sindicatos de difundir su programa de acción, acuerdos logrados, decisiones arbitrales y darlas a conocer a los trabajadores, es un componente trascendental de la libertad sindical.

Sobre el particular, reflexionó la Corte:

La presunta transgresión del derecho a la propiedad privada argüida por el recurrente, en cuanto el tribunal de arbitramento autorizó la publicación de carteleras en las instalaciones de la empresa, no tiene asidero. Uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho en la Constitución de 1991 es la prioridad del interés general sobre el interés privado, en cuya virtud las preferencias y los derechos de los sujetos individualmente considerados deben equilibrarse y armonizarse con los de la colectividad y promover su pleno desarrollo. Es esta dirección, el art. 58 de la C.P. prevé que «la propiedad es una función social que implica obligaciones».

Así, el derecho de propiedad del empresario y el ejercicio de su libertad económica debe consolidarse con otros bienes jurídicamente relevantes, como la protección al trabajo y las distintas figuras previstas en la Constitución y la ley para su defensa, promoción y protección.

Por ello, el empleador no puede disponer, sin límite alguno, de su capital y oponerlo para restringir el ejercicio de otros derechos constitucionales colectivos enteramente compatibles con su derecho individual. Tal es el caso de la libertad de expresión consustancial a las organizaciones sindicales, que les permite a estos grupos transmitir tranquilamente su pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, en aras de promocionar la libre asociación sindical, la concertación, la defensa de los intereses comunes de sus miembros y, en general, de desarrollar todas las actividades inherentes a su objeto.

Por lo anterior, la decisión del tribunal de arbitramento de destinar un espacio al interior de la empresa para que el sindicato pueda publicar carteleras relacionadas con su actividad «libre de agravios u ofensas», si bien comporta stricto sensu una restricción al derecho de propiedad del empleador, dicha limitación se encuentra justificada, en la medida que se entroniza con la función social que debe cumplir el capital, además de ser proporcional al fin que persigue y no lesionar otros derechos subjetivos del empresario.

Finalmente, no está por demás aclarar que la determinación del tribunal de ocupar un espacio al interior de la empresa, no obstante existir tecnologías de la información que pueden ser empleadas en su lugar, no es un motivo válido de anulación, debido a que los árbitros, en su propósito de buscar equilibrios en los intereses de ambas partes, pueden disponer de lugares en las instalaciones de la empresa a fin de que los sindicatos ejerzan sus actividades informativas. Claro está, tal decisión debe ser en todo caso razonable y proporcional, advertir la idoneidad del medio para satisfacer el fin que persigue y no afectar otros derechos del empleador, como su imagen en el mercado o sus operaciones.

En consonancia, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha subrayado que «la libertad de opinión y expresión constituye una de las libertades civiles básicas, esenciales para la normal expresión de los derechos sindicales».

Ahora bien, aunque la Corte se ha referido a instalaciones y espacios físicos al interior de la empresa, estas mismas consideraciones soportan la posibilidad de que los árbitros se pronuncien sobre la justicia de otorgar a las organizaciones sindicales un espacio, link o vínculo en la página web de las compañías o intranet, al que puedan acceder los trabajadores a fin de dar a conocer el texto del laudo arbitral producto de las luchas del movimiento sindical.

La Corte no puede pasar por alto que lo que antes eran las instalaciones físicas o infraestructura industrial, hoy, en pleno Siglo XXI, ha sido substituido por soportes virtuales. El peso del sector servicios, las transformaciones en la organización del trabajo y las revoluciones tecnológicas, son notorias en el entorno empresarial, al punto que hoy existen empresas digitales, desprovistas de la infraestructura de la industria tradicional, y otras avanzan hacia este proceso de digitalización de la producción.

Desde este punto de vista, la petición del sindicato de poder contar con un acceso y un cupo en la intranet, para publicitar el texto del laudo arbitral, cae dentro del ámbito decisional de los jueces arbitrales, pues es natural que los sindicatos, con la intención de mantenerse vivos en la organización del capital contemporánea, aspiren a participar en los canales de información o plataformas dispuestos por el empleador para difundir este tipo de información.

En los anteriores términos, salvo parcialmente el voto.

Fecha ut supra.

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada

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