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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2271-2023

Fecha
26 de julio de 2023
Magistrado ponente
Marjorie Zuñiga Romero
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2271-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín profirió el 30 de octubre de 2020, dentro del proceso ordinario laboral que ÓSCAR DE JESÚS BLANDÓN MOLINA promueve contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, en cuanto determinó que no era procedente la sumatoria de tiempos públicos y privados, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, a fin de reliquidar la mesada pensional de una persona beneficiaria del régimen de transición. No se casa en lo demás. Previo a proferir la decisión de instancia y para mejor proveer, se dispone que por Secretaría de la Sala se oficie a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES para que dentro los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la respectiva comunicación: Certifique cuál es la historia laboral válida actualizada, para lo cual deberá allegar los soportes correspondientes. Relación de las mesadas percibidas y precisar la fecha a partir de la cual dispuso de la prestación. Cuando se remita la información requerida a las partes, por Secretaría se correrá traslado de ello a cada una, por el término de tres (3) días hábiles y, una vez ello se cumpla, el expediente pasará al despacho para lo pertinente. Sin costas en sede casacional.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2271-2023

Magistrado ponente: Marjorie Zuñiga Romero

26 de julio de 2023

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Magistrada ponente

SL2271-2023

Radicación n.° 91248

Acta 27

Bogotá D. C., veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023).

La Sala decide el recurso de casación que ÓSCAR DE JESÚS BLANDÓN MOLINA interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín profirió el 30 de octubre de 2020, en el proceso que adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

El actor presentó demanda ordinaria laboral con el fin de que se declarara que era beneficiario del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que se le debía aplicar el Decreto 758 de 1990. Adicionalmente, que la causación del derecho pensional se otorgara desde el «16 de marzo de 2011». En consecuencia, solicitó que se condenara a Colpensiones al reconocimiento y pago del reajuste de la pensión de vejez a partir del «1. ° de noviembre de 2017», con una tasa de reemplazo del 90% del IBL, el retroactivo pensional, el incremento pensional por cónyuge a cargo, los intereses sobre las sumas adeudadas o, subsidiariamente, la indexación, y las costas procesales.

En respaldo de sus pretensiones, afirmó que nació el 16 de marzo de 1951; que fue afiliado por primera vez al Régimen de Prima Media con Prestación Definida el 21 de julio de 1975; que cotizó «430,7» semanas en el sector privado; que el 30 de enero de 1985 empezó a trabajar en Empresas Varias de Medellín E.S.P. durante más de «30 años»; que mediante Resolución n. ° 0041 de 28 de marzo de 2005, dicha entidad pública le concedió la pensión de jubilación a partir del 2. ° de febrero de 2004 y que continuó cotizando al entonces Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

Agregó que previa solicitud de Empresas Varias de Medellín E.S.P. de 23 de agosto de 2016, Colpensiones le otorgó la prestación de vejez con fundamento en la «Ley 33 de 1985» de carácter compartido, a través de acto administrativo GNR 368655 de 6 de diciembre de 2016, por valor de «$909.020» en 2013, con un Ingreso Base de Liquidación de «$1.212.026» y una tasa de reemplazo del «75%».

Refirió que, inconforme con la decisión, el 26 de julio de 2017 pidió la reliquidación pensional con base al Decreto 758 de 1990. Por ello, Colpensiones ajustó el IBL a «$1.203.255» con una tasa de reemplazo del «75%» y una primera mesada de «$1.199.798», por medio de la Resolución SUB 217099 de 5 de octubre de 2017.

Señaló que contra dicha determinación, interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, que fueron resueltos negativamente mediante actos administrativos SUB 258526 de 16 de noviembre de 2017 y DIR 22102 de 4 de diciembre del mismo año. En la reposición, la entidad aceptó que la tasa de reemplazo era del «84%» y, en la alzada, afirmó que: (i) «no se generaron valores a favor del pensionado»; (ii) «acreditó un total de 1185» semanas al Instituto de Seguros Sociales; (iii) «razón por la cual solo le aplicaba una tasa de reemplazo del 84%», conforme al Decreto 758 de 1990; y (iv) que «el peticionario causó el derecho el 16 de marzo de 2011», es decir, a los 60 años (f. ° 7 del c. del Juzgado).

Añadió que el retroactivo causado a partir del 23 de agosto de 2013 se sufragó directamente a Empresas Varias de Medellín E.S.P., quien por Resolución n. ° 000161 de 28 de diciembre de 2017 retiró al accionante de la nómina de pensionados, comoquiera que con la nueva mesada no existía un mayor valor que pagar por parte de esa entidad.

Al concluir, manifestó que a pesar de estar casado con Georgina Garcés de Blandón desde el 25 de julio de 1970, con quien convive y depende económicamente de él, lo cierto es que no le fue otorgado el incremento pensional por cónyuge a cargo (f.os 4 a 21 del c. del Juzgado).

Colpensiones se opuso a lo pretendido. En relación con los hechos aceptó la fecha de nacimiento del actor; la pensión que estuvo a cargo de Empresas Varias de Medellín E.S.P.; la reclamación del derecho ante la entidad y sus respuestas; la cotización de más de «1185» semanas al Instituto de Seguros Sociales y la tasa de reemplazo del 84%; que el señor Blandón Molina contrajo nupcias con Georgina Garcés; pero, aclaró que no le constaba si convivían y si existía dependencia económica o no.

En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer incrementos pensionales por persona a cargo y los intereses de mora, prescripción, compensación, buena fe, imposibilidad de condena en costas, ausencia de causa para demandar, y la innominada o «genérica» (f.os 80 a 85 del c. del Juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo de 8 de abril de 2019, la Jueza Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín resolvió (f.º 111 del c. del Juzgado):

PRIMERO. DECLARAR PROBADA oficiosamente la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RE LIQUIDAR [sic] LA PENSIÓN DE VEJEZ, y la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER INCREMENTOS PENSIONALES POR PERSONAS A CARGO propuesta por COLPENSIONES [sic] […].

SEGUNDO: ABSOLVER a […] COLPENSIONES de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por el señor OSCAR [sic] DE JESÚS BLANDÓN MOLINA […].

TERCERO. CONDENAR en costas a la parte demandante […].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En virtud de la apelación que el mandatario del accionante presentó, a través de sentencia de 30 de octubre de 2020, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín confirmó la decisión de primer grado y condenó en costas al demandante (f.º 148 del c. del Tribunal).

Al empezar, determinó como problemas jurídicos a resolver si: (i) Óscar de Jesús Blandón Molina tenía derecho a la reliquidación de su pensión, de acuerdo con el Decreto 758 de 1990, en atención a lo establecido por la jurisprudencia, y (ii) si procede el incremento pensional solicitado por cónyuge a cargo.

Para el efecto, recordó que en el caso bajo estudio el actor requirió la aplicación de la norma antes citada, con el fin de fijar la tasa de reemplazo de su mesada pensional en un 90% y, asimismo, para que se le tuvieran en cuenta todos los tiempos cotizados y servidos.

Acotó que la Corte Constitucional en sentencia CC SU-769-2014 permitió la sumatoria de tiempos públicos no cotizados con las semanas con aportes al entonces Instituto de Seguros Sociales, con el propósito de alcanzar el derecho pensional, tesis que esta Sala amplió en providencias CSJ SL1947-2020, CSJ SL1981-2020 y CSJ SL2557-2020, con fundamento en el «artículo 13 de la Ley 100 de 1993, al encontrarse inmerso el régimen de transición dentro de la dinámica de acumulación de tiempos que propugnó la Ley de Seguridad Social».

Explicó que a partir de las circunstancias fácticas no había lugar a modificar el fallo de primer grado, toda vez que el accionante recibió desde los 52 años una pensión de jubilación convencional a cargo de Empresas Varias de Medellín E.S.P., por acumular 20 años de servicios con la entidad, la cual adquirió el carácter de compartida con Colpensiones, y después pasó a ser solo de vejez por serle más favorable respecto de la cuantía.

Frente al argumento del actor relativo a que Colpensiones en los actos administrativos reconoció que el Acuerdo 049 de 1990 le era más favorable, acotó que a este le correspondió una tasa de reemplazo del 84%, esto es, superior al tope máximo contemplado en la Ley 33 de 1985 del 75%, aunado a que obtuvo la prestación a sus 55 años, situación que no habría sido posible con la primera disposición, en tanto exige el cumplimiento de 60 años de edad.

En tal sentido, corroboró que conforme a la Resolución GNR 368.655 de 6 de diciembre de 2016 que Colpensiones emitió, al demandante se le concedió el estatus de pensionado desde el 16 de marzo de 2006, cuando cumplió los 55 años; no obstante, comoquiera que reclamó hasta el 2016, prescribieron las mesadas anteriores al 23 de agosto de 2013.

Resaltó que aunque la Ley 33 de 1985 fue la que «gobernó el derecho pensional del accionante» (f. ° 146 del c. del Tribunal), existen otras disposiciones que le permitían acceder a una mesada pensional más alta y estas contemplan una edad más gravosa, de modo que el conjunto legal aplicado fue más favorable.

Por otro lado, analizó que en la sentencia CC SU-140-2019, que reemplazó la CC SU-310-2017, el Alto Tribunal Constitucional determinó que los incrementos pensionales previstos en el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 fueron derogados desde el 1.º de abril de 1994 y que la prescripción no podía predicarse respecto de derechos que dejaron de existir, por cuanto la persona no se pensionó antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Afirmó también, que mantener dichas prerrogativas era contrario a los fines del Acto Legislativo 01 de 2005, que introdujo en la Carta Magna el principio de sostenibilidad financiera. Concluye que, no era dable analizar si su cónyuge dependía o no económicamente de él, debido a que la norma deprecada no estaba en vigor.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

El recurso extraordinario de casación lo formuló el demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, se revoque la del juzgado, con el fin de que se acceda a las pretensiones formuladas contra Colpensiones.

Con tal propósito, formula tres cargos por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica. La Sala, por cuestiones de método, empezará por el estudio del tercero, luego el primero y el segundo de manera conjunta dado que se dirigen por la misma vía y acuden a iguales argumentos.

VI. CARGO TERCERO

Por la vía directa, le atribuye a la providencia controvertida la interpretación errónea «de los artículos 12, 20, 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990, art. 36 de la Ley 100 de 1993 y 48 y 53 de la Carta Política. Para finalizar, los art. 488 del CST y 151 del CPT» (f.° 18 del c. digital de la Corte).

Advierte que el juzgador de segundo grado, según el fallo CC SU-140-2019, «determinó la prescriptibilidad de los incrementos previstos por el artículo 21 del Decreto 758 de 1990» (f. º 18 del c. digital de la Corte). En ese orden, aunque el «artículo 22» del «Acuerdo 049 de 1990» previó que los incrementos no integran la pensión de vejez, ello no implica que solo pudieran solicitarse dentro de los tres años posteriores al reconocimiento pensional, pues la prescripción solo afecta las mesadas no reclamadas.

Señala que, conforme proveído CSJ SL, 5 dic. 2007, rad. 29751, la Corte refirió que la Ley 100 de 1993 mantuvo la vigencia de los aumentos por persona a cargo, en tanto no se dio una derogatoria expresa o tácita del mismo, dado que el artículo 31 consagró que al Régimen de Prima Media con Prestación Definida se le aplicarían las disposiciones vigentes para el seguro de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en dicha legislación.

Así, estima que tales incrementos siguen en vigor, si se cumple con los requisitos exigidos, esto es, que la pareja no disfrute de una pensión y dependa económicamente de quien ostenta el derecho.

Por ello, afirma que la decisión del Tribunal violó sus derechos fundamentales al debido proceso, confianza legítima, acceso a la administración de justicia e igualdad, que son garantías sustanciales y procedimentales, de acuerdo con lo dicho por la Corte Constitucional en CC T-529-2016.

A su vez, señala que el Juzgador plural ignoró los precedentes de las jurisdicciones constitucional y ordinaria laboral, que reconocen el incremento por persona a cargo del artículo 21 del «Decreto 758 de 1990» a los beneficiarios del régimen de transición, y que conforme al artículo 230 de la Constitución Política son criterio auxiliar de la actividad judicial.

Alega que la decisión CC SU-140-2019 tiene efectos inter partes; pero, que su ratio dedidendi rige a futuro, como si se tratara de una sentencia de control abstracto. En tal sentido, es aplicable también para los procesos promovidos con anterioridad a su promulgación, como lo es el que la demandante incoó.

Del mismo modo, destaca que la confianza legítima y el trato igualitario se vulneran si los jueces no tienen en cuenta las lineas jurisprudenciales y los criterios de interpretación uniformes en una misma materia, cuando se trata de circunstancias fácticas y jurídicas análogas.

Concluye, que conforme a las determinaciones CSJ SL2711-2019 y CC SU-140-2019, los pensionados en el régimen de transición tienen derecho al incremento de la mesada por persona a cargo, en virtud del «Decreto 758 de 1990».

VII. RÉPLICA

Colpensiones propone la desestimación del cargo, porque considera que el Tribunal sí basó su fallo en la providencia CC SU-140-2019, que estableció unas reglas sobre el alcance del Acuerdo 049 de 1990, esto es: (i) que su artículo 21 fue derogado por la Ley 100, y (ii) que los incrementos pensionales, que se oponen al Acto Legislativo 01 de 2005, no hacen parte del régimen de transición si la pensión se causa luego del 1. ° de abril de 1994.

Indica que, como el actor se pensionó con la Ley 33 de 1985 y su derecho se consolidó con posterioridad a la fecha señalada, no es posible acceder al aumento solicitado. De modo que la decisión debe permanecer incólume.

VIII. CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde determinar como problema jurídico a resolver si es procedente el incremento a la mesada por cónyuge a cargo, la cual entiende que solicita de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990.

Al respecto, sea lo primero señalar que el Tribunal acertó al interpretar la norma, debido a que la disposición que regulaba el asunto fue derogada por la Ley 100 de 1993, lo que llevó a su desaparición del ordenamiento jurídico, salvo derechos adquiridos antes del 1. º de abril de 1994. Así, lo adujo la Corte Constitucional en el proveído CC SU-140-2019:

En efecto, como se ha explicado a lo largo de esta providencia, el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado mediante el Decreto 758 de ese mismo año, dejó de existir con ocasión de la derogatoria tácita que sobre este implicó expedición de la Ley 100 de 1993. Como se señaló bajo el numeral 3 supra, con dicha Ley 100 el Legislador previó una nueva regulación integral de la generalidad del sistema de seguridad social, incluyendo para el caso que ahora ocupa a la Corte, dicho sistema en su dimensión pensional. Tal derogatoria, además de estar respaldada por la doctrina especializada (ver supra 3.2.2.), ha sido respaldada por la propia Corte a través de la línea jurisprudencial que se esbozó bajo el numeral 3.2.3 supra y suficientemente explicada a la luz del particular objeto del régimen de transición que previó el artículo 36 de la mentada Ley 100 (ver supra 3.2.8-3.2.11).

[…]

7. Conclusiones

De lo expuesto en esta providencia se concluye que, salvo que se trate de derechos adquiridos antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el derecho a los incrementos pensionales que previó el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 desapareció del ordenamiento jurídico por virtud de su derogatoria orgánica; todo ello, sin perjuicio de que de todos modos tales incrementos resultarían incompatibles con el artículo 48 de la Carta Política luego de que éste fuera reformado por el Acto legislativo 01 de 2015.

De ese modo, no es cierto lo que la censura advierte al afirmar que existen diferencias de postura entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, por cuanto, como se observa en el fallo CSJ SL4334-2022, es claro que la Sala Laboral interpreta tal disposición en consonancia con la citada providencia de unificación.

A su vez, tampoco son plausibles los argumentos relativos a la presunta violación de sus derechos fundamentales al denegarse el incremento debido al valor que corresponde otorgar al precedente judicial, la confianza legítima y el trato igualitario, por cuanto el asunto se resuelve con el análisis de vigencia de la norma, en la medida en que es diáfano que tal prestación no se concedió porque al momento de su causación dicha preceptiva estaba derogada.

De esta forma, la acusación es improcedente.

IX. CARGO PRIMERO

Por la vía directa, le atribuye a la providencia controvertida la aplicación indebida «de los artículos 33, 34 y 36 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones a los dos primeros preceptos realizadas a través de la Ley 797 del 2003, y el art. 19 de del Código Sustantivo del Trabajo. Así mismo, la infracción de los artículos 13, literal f), 31 y el parágrafo del citado artículo 36; arts. 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990; y arts. 48 y 53 de la Constitución Política» (f. º 8 del c. digital de la Corte).

Refiere que el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, del cual es beneficiario el actor, es únicamente aplicable a los requisitos de edad, tiempo y monto previstos por la norma anterior y, por ello, de la lectura del literal f) del artículo 13 de la misma legislación, es posible sumar tiempos de servicio con semanas cotizadas, indistintamente si fueron en el sector público o privado, ante cualquier caja, fondo o el Instituto de Seguros Sociales.

En consonancia, indica que al demandante se le aplicó lo reglado en el «Decreto 758 de 1990», y que el «Acuerdo 049 de 1990» no señala nada respecto a la acumulación de semanas exigidas por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, de modo que corresponde efectuar dicha sumatoria en aplicación de la Ley 100 de 1993.

Lo anterior, en virtud de una interpretación finalista e histórica, dado que la preceptiva referida «buscó crear un sistema integral de seguridad social que permitiera acumular semanas o tiempos de trabajo laborados frente a distintos patronos, públicos o privados, para que los[as] trabajadores[as] tuvieran posibilidades reales de cumplir con el número de semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez» (f. º 10 del c. digital de la Corte), lo que antes no se posibilitaba de manera «injusta».

Adicionalmente, sostiene que la Sala en las sentencias CSJ SL1947-2020 y CSJ SL1981-2020, luego de reexaminar su postura acerca de la imposibilidad de sumar semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales con las aportadas a otras cajas de previsión para los beneficiarios del régimen de transición que aspiraban a la aplicación del «Acuerdo 049 de 1990», cambió su tesis y definió que con el propósito de obtener la pensión de vejez era posible contabilizar todas las semanas laboradas, sin importar en qué sector o a quién se le sufragaron las cotizaciones.

Además, recuerda que aunque los precedentes citados abordaron solamente el reconocimiento pensional, en los proveídos CSJ SL2557-2020, CSJ SL2192-2021, CSJ SL2776-2021, CSJ SL2283-2021 y CSJ SL599-2022, esta Corte precisó que tal criterio jurisprudencial también debía tenerse en cuenta para la reliquidación de las mesadas, cuando se acudiera al «Acuerdo 049 de 1990», por lo que le era aplicable la tasa de reemplazo del 90%, postura que acompasó la jurisprudencia constitucional en fallo CC C177-1998.

Así, resalta que el error del Colegiado fue desconocer la sentencia CSJ SL2557-2020 «que avala la suma de tiempos públicos para efectos de reliquidar una pensión, lo que implica una transgresión a los derechos al acceso efectivo a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la igualdad y la seguridad jurídica» (f. º 12 del c. digital de la Corte) y que fue reafirmada en la CSJ SL599-2022.

X. CARGO SEGUNDO

Por la vía directa, le atribuye a la providencia controvertida la interpretación errónea «de los artículos 7, 10, 13 y sus literales c), f) y h), parágrafo 1° del artículo 33, los arts. 34, 36 y su inciso segundo, todos de la Ley 100 de 1993, con las respectivas modificaciones realizadas a través de la Ley 797 del 2003. Así mismo, la infracción de los 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990; y arts. 48 y 53 de la Constitución Política» (f. º 13 del c. digital de la Corte).

Para demostrarlo, acude a los mismos argumentos expuestos en el primer cargo y, adiciona que, según la CSJ SL2879-2019, cuando la decisión que se impugna se sustenta en el alcance que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia le ha dado a una norma a través de pronunciamiento jurisprudencial, el ataque se debe enderezar por la senda directa y la modalidad de interpretación errónea.

XI. RÉPLICA

Colpensiones considera que el asunto se resolvió conforme a derecho, porque la jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional (CC SU-769-2014) hace referencia a la acumulación de tiempos públicos y privados para alcanzar la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990; pero, no para la reliquidación de la prestación económica. Además, que tal interpretación del acuerdo fue residual, pues solo podía aplicarse si la persona no cumplía con los requisitos que establecían los regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993, con el fin de proteger el derecho a la seguridad social y al mínimo vital del pensionado y su familia, como retribución a su vida laboral.

Igualmente, anota que el régimen de transición protege las expectativas legítimas; que antes de la última preceptiva referida existía una pluralidad de regímenes pensionales que establecían diferentes requisitos, lo cual se intentó corregir con el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que creó el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, entidad que con el propósito de ampliar la cobertura y subrogar en el pago a un mayor número de empleadores fijó requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez.

Del mismo modo, manifiesta que se planteó un conjunto de disposiciones genéricas para servidores públicos en la Ley 33 de 1985, junto a otros especiales en diferentes compendios normativos. Además, también se consagró que había trabajadores que laboraron en el sector público y privado, sin alcanzar los requisitos previstos para cada caso, de manera que se expidió el artículo 7. ° de la Ley 71 de 1988. Luego, no fue en el Acuerdo 049 de 1990, sino en la última ley precitada, donde se estableció la posibilidad de acumular semanas cotizadas a otras entidades para obtener la pensión de jubilación por aportes.

Asimismo, acota que el régimen de transición se aplica a quienes tenían una expectativa legítima por estar cerca de pensionarse, y que para el 1. ° de abril de 1994 el accionante estaba próximo a adquirir tal derecho bajo la Ley 33 de 1985, que contemplaba un requisito etario más favorable a sus intereses.

En la misma línea, precisa que se deben respetar los principios de inescindibilidad y legalidad, de modo que la escogencia de determinada disposición obliga a que la prestación económica se otorgue de acuerdo con todos sus parámetros, en este caso, la edad más baja y favorable de la citada ley, impedía acudir al Acuerdo 049 de 1990 para fijar el monto de la mesada o la acumulación de semanas, porque este únicamente aplica para los tiempos cotizados al Instituto de Seguros Sociales.

Así, la pensión dada por Colpensiones, como el juez de alzada afirmó, se fundamentó en la Ley 33 de 1985, regulación que era más favorable a los intereses del accionante.

XII. CONSIDERACIONES

Pese a la vía elegida, no se discuten en casación los siguientes supuestos fácticos:

Que el demandante nació el 16 de marzo de 1951 y cumplió 55 y 60 años, respectivamente, el mismo día y mes de 2006 y 2011.

Que es beneficiario del régimen de transición pensional establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Que cotizó «430,7» semanas en el sector privado y que desde el 30 de enero de 1985 trabajó en Empresas Varias de Medellín E.S.P. durante más de «30 años».

Que mediante Resolución n. ° 0041 de 28 de marzo de 2005, dicha entidad pública le concedió la pensión de jubilación convencional a partir del 2 de febrero de 2004 y que continuó cotizando al entonces Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, por los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

Que previa solicitud de Empresas Varias de Medellín E.S.P. de 23 de agosto de 2016, Colpensiones le reconoció una pensión de vejez, de carácter compartida, la cual era de mayor valor que la de jubilación, a partir del mismo día y mes del año 2013, es decir, cuando el actor tenía 62 años.

Por tanto, a la Corte le corresponde dilucidar como problema jurídico si el actor, que es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a la sumatoria de tiempos públicos y privados para obtener la reliquidación de su pensión de vejez, la cual entiende que solicita conforme al Acuerdo 049 de 1990.

Importa recordar que el Tribunal advirtió que no desconocía los precedentes relacionados con la sumatoria de tiempos públicos y privados. Sin embargo, consideró que la pensión se amparó en la Ley 33 de 1985, que estimó era más favorable por tener un requisito de edad inferior. Tal hecho, a su juicio, le impedía beneficiarse de otro conjunto normativo diferente y que en el cálculo de la mesada se utilizaran periodos trabajados fuera del sector estatal.

No obstante, el recurrente sostuvo que, contrario a lo que concluyó el Colegiado, Colpensiones sí le aplicó el Acuerdo 049 de 1990, al ser beneficiario del régimen de transición, y que a efectos de precisar su pensión no se tuvieron en cuenta los tiempos públicos y privados trabajados, de modo que se fijó un monto inferior al que legalmente le correspondía.

En este orden, el Juez de segundo grado acertó al aseverar que la prestación otorgada bajo la égida de la Ley 33 de 1985 no se puede reliquidar a partir de la valoración conjunta de periodos laborados en el sector público y privado. No obstante, el fallador omitió que antes de llegar a tal resolución, era necesario determinar el estatuto jurídico que gobernaba el derecho, de acuerdo con las circunstancias fácticas del actor y con el propósito de definir cuál le era el más favorable.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que Colpensiones analizó la procedencia del derecho luego de la solicitud que Empresas Varias de Medellín E.S.P. elevó el 23 de agosto de 2016, entidad encargada del pago de la pensión de jubilación de carácter compartido, momento en el cual el demandante cumplía con los requisitos establecidos en varias normas, a saber, las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, y el Acuerdo 049 de 1990.

Lo descrito, conforme la Corte adoctrinó en proveído CSJ SL6004-2017, en el cual puntualizó que cuando una persona puede obtener el reconocimiento de la prestación a partir de diferentes disposiciones, tiene la posibilidad de escoger la que estime más favorable para sus intereses:

[…] desde el punto de vista legal, en una misma persona puede concurrir varios regímenes pensionales, situación que le permite seleccionar el que más le convenga, y no aplicarle de manera inexorable e irrestricta el «régimen anterior al cual se encuentran afiliados al momento en que empezó en vigor el sistema general de pensiones, como lo entendió el fallador, en la medida en que el régimen de transición "busca mantener unas condiciones de favorabilidad para un conjunto de beneficiarios"» (ver sentencias CSJ, SL 27 may. 2009, rad. 33140, y SL 14 jul. de igual año, rad. 34143). Entonces, es viable jurídicamente contar con dos o más regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993, como, por ejemplo, los estatuidos en la Ley 33 de 1985, la Ley 71 de 1988 o el Acuerdo 049 de 1990.

Así las cosas, se observa que para la fecha en que la petición se elevó, el 23 de agosto de 2016, el accionante tenía 65 años y era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De modo que el análisis del derecho no podía reducirse, como lo hizo el Juez plural, a afirmar que le era más conveniente la Ley 33 de 1985 por la circunstancia de acceder a esta con 55 años, pues era evidente que en el caso debía definirse el conjunto normativo que más le favorecía, de acuerdo con las circunstancias fácticas en que aquel lo solicitó, esto es, superadas las condiciones de edad establecidas en diferentes regulaciones en la materia.

En consecuencia, el Tribunal erró al concluir que el recurrente solo podía obtener su pensión a partir de la aplicación de la Ley 33 de 1985, pues, se itera, cumplía con las exigencias fijadas en distintos estatutos jurídicos, los cuales estaba obligado a estudiar para escoger el que le era más beneficioso. Además, tal yerro es manifiesto, en tanto la entidad de seguridad social reconoció el derecho pretendido con el Acuerdo 049 de 1990 y con una tasa de reemplazo del 84%, de acuerdo con el acto administrativo DIR22102 de 4 de diciembre de 2017, porcentaje que era inalcanzable con la Ley 33 de 1985, dado que el límite en ella impuesto es el 75%.

Tanto así que, en el citado acto administrativo, la entidad afirmó que:

[…] de acuerdo a lo anterior, se verificó la historia laboral del peticionario, donde se constata que acreditó un total de l.185 semanas cotizadas al ISS Y COLPENSIONES, correspondiéndole una tasa de reemplazo del 84% […] Que para el caso en concreto el peticionario causó el derecho 16 de marzo de 2011.

Corolario de lo anterior, el Acuerdo 049 de 1990 era la disposición que gobernaba la prestación por ser la más favorable. De esa manera, tal como el censor lo afirmó, es procedente la reliquidación de la mesada con la sumatoria de tiempos públicos y privados.

Lo dicho, lleva al convencimiento de que el Juez plural cometió la equivocación que se le atribuye, pues cuando la prestación se origina en cabeza de un afiliado es posible que concurran varios regímenes pensionales, lo que implica para la entidad de seguridad social o al juez optar por la que más convenga a sus intereses, y en el caso de acudir al Acuerdo 049 de 1990 es viable la suma de tiempos públicos y privados al momento de la concesión del derecho y la liquidación de la mesada.

En consecuencia, los cargos primero y segundo son fundados, por lo que la sentencia se casará únicamente en cuanto el Tribunal consideró que no era posible acudir a la sumatoria de tiempos tratándose de la reliquidación de la prestación económica bajo el Acuerdo 049 de 1990, pues como se advirtió anteriormente es procedente la aplicación de la preceptiva citada bajo el régimen de transición. No se casa en lo demás.

Sin costas en sede casacional.

Previo a proferir la decisión de instancia, y teniendo en cuenta la existencia de diversas inconsistencias en las resoluciones de reconocimiento pensional obrantes al plenario, que dan cuenta de un número disímil de semanas cotizadas por el actor y, por ello, de diferentes historias laborales, la Corte ordenará para mejor proveer, que por Secretaría de la Sala se oficie a la Administradora Colombiana de pensiones - Colpensiones para que dentro los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la respectiva comunicación:

Certifique cuál es la historia laboral válida actualizada, para lo cual deberá allegar los soportes correspondientes.

Relación de las mesadas percibidas y precisar la fecha a partir de la cual dispuso la prestación.

Cuando se remita la información requerida, por Secretaría se correrá traslado de ello a las partes por el término de tres (3) días hábiles y, una vez ocurra, el expediente pasará al despacho para lo pertinente.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín profirió el 30 de octubre de 2020, dentro del proceso ordinario laboral que ÓSCAR DE JESÚS BLANDÓN MOLINA promueve contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, en cuanto determinó que no era procedente la sumatoria de tiempos públicos y privados, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, a fin de reliquidar la mesada pensional de una persona beneficiaria del régimen de transición. No se casa en lo demás.

Previo a proferir la decisión de instancia y para mejor proveer, se dispone que por Secretaría de la Sala se oficie a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES para que dentro los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la respectiva comunicación:

Certifique cuál es la historia laboral válida actualizada, para lo cual deberá allegar los soportes correspondientes.

Relación de las mesadas percibidas y precisar la fecha a partir de la cual dispuso de la prestación.

Cuando se remita la información requerida a las partes, por Secretaría se correrá traslado de ello a cada una, por el término de tres (3) días hábiles y, una vez ello se cumpla, el expediente pasará al despacho para lo pertinente.

Sin costas en sede casacional.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Salvo voto

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

Salvo voto

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Salvo voto

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Magistrado ponente

SALVAMENTO DE VOTO

Radicación n.º 91248

Oscar de Jesús Blandón Molina Bolaños contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me aparto de la postura adoptada, pues aunque se reitera lo definido en las sentencias CSJ SL6004-2017, a través de la cual esta Corte ilustró que cuando una persona puede obtener el reconocimiento de la pensión a partir de diferentes normas, tiene la posibilidad de escoger la que estime más favorable a sus intereses, reitero, que en esta oportunidad se pasó por alto lo previsto en el artículo 230 constitucional, que estipula «los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales de derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial».

Expongo lo anterior, en tanto la Sala omitió analizar un punto crucial en la sentencia, y es que el Acuerdo 049 de 1990, no prevé la posibilidad de acumular tiempos públicos con semanas cotizadas al extinto Instituto, a fin de obtener la reliquidación pensional, tal y como lo persiguió la censura.

En mi criterio, es claro que, si bien la Ley 100 de 1993 unificó los regímenes pensionales en un sistema global, negó expresamente la posibilidad de mezclar sus preceptos, con otros anteriores que traten sobre la misma materia.

En ese orden, me aparto del argumento expuesto en el fallo de la referencia, según el cual, es viable sumar tiempos públicos con semanas sufragadas al ISS, a fin de reliquidar la prestación económica de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 049 de 1990, pues si los requisitos de edad, tiempo y monto se rigen por las disposiciones anteriores, no resulta acertado que a la forma de computarlo se le imprima el mismo tratamiento.

En resumen, lo que hace la rectificación jurisprudencial que ahora llama la atención, es hacer una mixtura de la regulación legal que contiene el Acuerdo 049 de 1990, con las Leyes 33 de 1985, 71 de 1988 y 100 de 1993, en pleno desconocimiento a los postulados constitucionales y legales referidos.

En los anteriores términos consigno mi salvamento de voto.

Fecha ut supra,

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Magistrado Ponente

SALVAMENTO DE VOTO

Radicación n.° 91248

REFERENCIA: ÓSCAR DE JESÚS BLANDÓN MOLINA vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

Con el acostumbrado respeto por la decisión mayoritaria de nuestra Sala, en esta ocasión me permito salvar el voto toda vez que considero que con ella se quiebra una línea jurisprudencial sólida y consolidada, la cual no se aviene al concepto de justicia que se deriva de los objetivos de universalización, eficiencia y progresividad que persigue el servicio público de la seguridad social, por las razones que a continuación paso a explicar.

Estimo que la posición mayoritaria incurre en un inadecuado entendimiento del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que la lleva a darle un alcance que no tuvo ni tiene el régimen de transición propiamente dicho. Obsérvese que este precepto no se dedica única y exclusivamente a las normas de tránsito entre la legislación derogada y la vigente, lo que conocemos como régimen de transición, sino que también hace alusión a los derechos adquiridos y a los cambios normativos ordinarios dentro del Sistema General de Pensiones. Veamos:

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993

Un primer ejercicio nos invita a revisar la estructura original del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta las reformas legales posteriores ni las declaratorias de inexequibilidad realizadas:

ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.

PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.

De una lectura desprevenida aflora que la norma tiene diferentes objetivos de protección. Me permito revisarlos uno a uno:

Derechos Adquiridos

El inciso 6 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, señala:

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.

Aunque técnicamente los derechos adquiridos no pueden ser modificados ni derogados por la ley posterior, por tanto, no deben hacer parte de los regímenes de transición, este inciso reafirma lo establecido en el artículo 11 del mismo marco normativo. A nuestro juicio, lo más importante es que reconoce que el derecho se adquiere con el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o vejez.

Régimen de transición

Los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo 36, indican:

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

Estos incisos del artículo 36 regulan el régimen de transición entre la normatividad inmediatamente anterior y la nueva que configura el Sistema General de Pensiones. Dado que se trataba de integrar en un solo texto todos los esquemas pensionales de prestación definida vigentes con anterioridad al sistema general de pensiones, que no fueron exceptuados expresamente por el artículo 279, con el nuevo régimen de prima media con prestación definida, y la incompatibilidad que se genera por sus mecanismos financieros excluyentes (capitalización colectiva versus capitalización individual), la norma instituyó como renuncia voluntaria al régimen de transición el traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad; pero, además, para reafirmar esta consecuencia, se estableció expresamente que la transición no se recupera por un posterior nuevo traslado al régimen de prima media.

Cambios futuros legislados para el Régimen de Prima Media con Prestación Definida en relación con la pensión ordinaria de vejez

El inciso 1º y el parágrafo del artículo 36, enseñan:

ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.

El artículo 19 del Decreto 1650 de 1977 estableció como régimen financiero para las contingencias de invalidez, vejez y sobrevivientes, el de prima media escalonada. De ahí, que cuando se optó por unificar los regímenes pensionales preexistentes, todos de prestación definida, en torno al esquema financiero del seguro adoptado por el Instituto de Seguros Sociales, se definió uno solo denominado «Régimen de prima media con prestación definida». Atrás quedaron los sistemas de reparto. Ello explica por qué el artículo 52 de la Ley 100 de 1993, como regla general, dispuso que será administrado por el Instituto de Seguros Sociales.

Para este régimen, prima media con prestación definida, se adoptaron las edades mínimas para acceder a la pensión fijadas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 de 1990, que eran de 55 años para las mujeres y de 60 para los hombres, conforme se constata de la lectura del primigenio artículo 33 de la Ley 100 de 1993. No obstante, el parágrafo 4º ibidem dispuso que:

PARÁGRAFO 4º. A partir del primero (1o) de Enero del año dos mil catorce (2014) las edades para acceder a la pensión de vejez se reajustarán a cincuenta y siete (57) años si es mujer o sesenta y dos (62) años si es hombre.

Como se infiere claramente, la norma trazó un cambio futuro en la edad de pensión, razón por la cual el legislador debió reafirmar esta situación en el inciso 1º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues técnicamente se trata de un cambio normativo.

Pero, además siendo la norma consecuente con el parágrafo 1º del artículo 33 del texto normativo, que establece cuáles son los tiempos válidos para la pensión ordinaria de vejez del régimen de prima media, el parágrafo del artículo 36 replicó dichos tiempos válidos.

En otras palabras, el inciso 1º y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, regulan la edad y tiempos válidos de pensión que deben ser tenidos en cuenta para acceder a la pensión de vejez ordinaria del régimen de prima media con prestación definida, de que trata el artículo 33 de dicha normativa, dados los cambios que en las edades de pensión se establecieron para el año 2014.

En ningún caso estos preceptos regulan las edades ni los tiempos válidos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de transición pues, expresamente, el inciso 2º del multimencionado artículo consagró que la edad, el tiempo de servicio o semanas de cotización y el monto de la pensión serán las establecidas en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.

Para no dejar dudas sobre ello, el inciso 1º del artículo 3º del Decreto 813 de 1994, instituyó:

Artículo 3o. Beneficios. Las personas que cumplan algunos de los requisitos previstos en el artículo anterior, tendrán derecho al reconocimiento de la pensión de vejez o jubilación cuando cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas establecidos en las disposiciones del régimen que se les venía aplicando con anterioridad al 1° de abril de 1994. (Subrayas mías)

Es palmario entonces, que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 contiene diferentes objetivos de protección que no deben ser confundidos, como me temo que lo fueron, y menos ser mezclados para obtener un resultado paternalista, pues ello trae como consecuencia que la política pública de pensiones, y el concepto de justicia que subyace a la misma, no brinde el resultado esperado en términos del objetivo social que se persigue.

El régimen de los seguros sociales obligatorios

En primer lugar, es patente que para tener derecho a las prestaciones del seguro social obligatorio debía existir afiliación expresa a dicho instituto.

Los artículos 13 a 16 del Decreto 1650 de 1977, señalan:

Artículo 13. De la afiliación del régimen. Para tener derecho a exigir los servicios y prestaciones correspondientes a las contingencias que cubren los seguros sociales obligatorios, es requisito indispensable afiliarse al régimen.

Artículo 14. Del concepto de afiliación. La afiliación es la inscripción de un trabajador al régimen de los seguros sociales obligatorios y constituye la fuente de los derechos y obligaciones que de él se derivan.

Artículo 15. De la reglamentación de la afiliación. Los reglamentos generales de los seguros sociales obligatorios señalarán la forma y oportunidad de la afiliación, las sanciones por el incumplimiento en efectuarla y, en todo caso, el derecho del trabajador para exigirla por sí mismo.

Artículo 16. De los beneficios y derecho habientes. Son beneficiarios de los seguros sociales obligatorios y, por lo tanto, tienen derecho al reconocimiento y efectividad de las prestaciones económicas y de salud, las personas afiliadas al régimen y las que por su vinculación a un afiliado puedan recibir tal beneficio, según los reglamentos. Estas últimas reciben en este estatuto el nombre de derecho habientes.

La afiliación al Instituto de Seguros Sociales es entonces el instrumento que permite al ciudadano ser beneficiario de las prestaciones que este otorgaba.

El Decreto 3063 de 1989, que aprobó el reglamento en sus artículos 8 y 10, dice:

Artículo 8° AFILIADO. Se entiende por afiliado, la persona natural que encontrándose legalmente inscrita al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios cotiza para dicho régimen y es sujeto de los derechos y obligaciones que de él se derivan, de conformidad con los respectivos reglamentos.

Artículo 11. ASEGURADO. Se entiende por asegurado al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios, la persona natural que por haber cumplido con los requisitos establecidos en los respectivos Reglamentos se encuentra amparada contra las contingencias propias de los Seguros Sociales Obligatorios.

Así las cosas, es totalmente cristalino que, desde siempre, pero en especial a la vigencia del sistema general de pensiones, se entiende por afiliado el que cotiza al régimen de los seguros sociales obligatorios y por asegurado el que ha cumplido con los requisitos de los respectivos reglamentos, básicamente, tratándose de invalidez, vejez y muerte, las semanas de cotización a dicho Instituto, no a otras entidades.

Pero quizás lo más importante es que, para el Instituto de Seguros Sociales, como arriba se advirtió, se adoptó la técnica financiera de la prima media escalonada, propia del seguro social, que exige que los afiliados se encuentren asegurados y cotizando (pagando las primas de seguro) al ente asegurador. Entonces, el pago de las prestaciones se supedita al cumplimiento estricto del deber de sufragar el aporte por las semanas de cotización exigidas (pago de la prima), reitero, al asegurador. Así, la estructura técnica establecida para el seguro social niega cualquier posibilidad de administrar pensiones en régimen de reparto simple, dado que no se trata de «acumulación de tiempos» sino de cancelar verdaderas primas de seguro, a través de los aportes mensuales para asegurar el pago de las prestaciones que se derivan de los riesgos, en este asunto específico, de la invalidez, la vejez y la muerte.

El contexto trazado se desprende, sin esfuerzo alguno, de la lectura desprevenida de las siguientes normas del acuerdo inmediatamente referido.

Artículo 20. COTIZACION. Es el porcentaje del salario total del trabajador con que deben contribuir patronos y trabajadores para financiar un determinado seguro. […]

Artículo 21. APORTE. Es el valor que a cada patrono o trabajador corresponde cancelar al ISS para un determinado seguro, según el salario o ingreso real reportado. […]

Por último, los incisos 6 y 7 del artículo 79 del mencionado acuerdo, rezan:

Los aportes para los distintos seguros se liquidarán por semanas completas en cada período mensual de aportación.

Para la liquidación de las prestaciones económicas, el Instituto adoptará los mecanismos necesarios a fin de establecer las semanas cotizadas en un período determinado.

Así es como, finalmente, se instituye en términos de semanas de cotización al Instituto de Seguros Sociales los requisitos de acceso a cada una de las prestaciones que ofrece el seguro social, pero en especial, el seguro de invalidez, vejez y muerte -IVM.

A guisa de ejemplo, el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, establece:

Artículo 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.

De esta manera es claro que el régimen de los seguros sociales obligatorios se fundamenta en el pago de aportes para cubrir los riesgos asumidos por parte del asegurador. En caso alguno, la norma escindió o siquiera permitió que la actividad aseguradora se fraccionara entre varias aseguradoras para luego permitir la suma de tiempos cotizados entre ellas con el fin de cubrir el riesgo asumido, en este caso, la pensión de vejez.

En otras palabras, en el país, hasta 1988, no existía posibilidad alguna de tener en cuenta los tiempos de aportes o servicios al sector público para acceder a las prestaciones ofrecidas por el régimen de los seguros sociales obligatorios, ni de sumar las semanas cotizadas al ISS a los tiempos de servicios o aportes exigidos por las normas del sector público para acceder a las pensiones de jubilación vigentes.

La solución normativa: la pensión de jubilación por aportes

La imposibilidad legal de sumar los tiempos de cotización al Instituto de Seguros Sociales con los tiempos de aportes al sector público fue lo que dio origen a la pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988.

Al respecto la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 47 del 29 de marzo de 1990, sostuvo:

a) Para resolver la cuestión planteada, la Corte debe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, aunque sea su parágrafo solo lo demandado, porque entre una y otra parte de aquel, existe una estrecha relación de dependencia.

En efecto, el citado artículo 7º establece la posibilidad de adquirir el derecho a la pensión de jubilación por los empleados oficiales, es decir, trabajadores oficiales y empleados públicos y por los trabajadores particulares, en el evento de que estos acrediten la acumulación de veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo, en una o varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencia, comisariar o distrital, con los efectuados ante el Instituto de los Seguros Sociales; esto quiere decir que a partir de la vigencia de la Ley 71 de 1988, es posible acceder a la prestación jubilatoria, mediante la acumulación de aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual particular u oficial y la legal y reglamentaria, cuando la suma de aquellos equivalgan por 10 menos a veinte (20) años;

b) Sin embargo, dicha posibilidad jurídica de acumulación conforme a lo establecido en el citado artículo 7º, está condicionada, además, como presupuesto fundamental, al arribo a la edad de sesenta (60) años si el afiliado aportante es varón, y de cincuenta y cinco (55) si es mujer, puesto, que de no mediar dichos términos no es posible la acumulación que daría derecho a esta situación pensional especial;

c) De lo visto se colige que el trabajador vinculado por una relación laboral particular que no haya sufragado aporte o cotización alguna a una o varias entidades de previsión social, no queda cobijado por los efectos de la ley que establece la prerrogativa de la acumulación; en este mismo sentido se tiene que esta nueva disposición se restringe al ámbito de los trabajadores amparados mediante aporte o cotización por el régimen de seguridad social organizado en sustitución de los patronos, sean estos particulares u oficiales;

d) De otra parte, conviene advertir que esta nueva y especial regulación, de connotación evidentemente social, no modifica la aplicación de los regímenes ordinarios establecidos para regular la citada prestación jubilatoria, cuando a ella se tiene vocación dentro de cada sistema, particular u oficial, autónoma e independientemente considerados en cuyos casos, los presupuestos de edad y tiempo de servicios continúan siendo los que establecen las demás "normas de los regímenes actuales vigentes".

e) Por lo que hace al parágrafo cuestionado por la demanda, la Corte advierte que se trata de una disposición de carácter excepcional que ordena en determinadas hipótesis la aplicación de las disposiciones ordinarias; las que continuaran rigiendo para las personas que al entrar en vigencia la Ley 71 de 1988 ya hayan cumplido ciertas condiciones de edad y de tiempo de aportes como son las de tener 50 años o más de edad para los varones y 45 años o más para las mujeres; y en todo caso que unos y otras tengan diez (10) o más años de afiliación en una o varias entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, en todos los órdenes de la organización territorial. Si a la fecha de sanción de la ley estas personas ya habían arribado a estos límites de edad y de aportes no pueden acceder a la pensión de jubilación por la nueva vía de la acumulación, ni acogerse a ella;

f) Además, debe tenerse de presente que las normas de los regímenes actuales vigentes a las que hace relación la norma acusada son, principalmente, para el empleado oficial el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y sus decretos reglamentarios, y para los demás trabajadores, lo dispuesto por el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas complementarias como el Decreto 2218 de 1966.

Nótese que la providencia en el literal d), a la vez que reconoce una nueva forma de acceder a la pensión, reafirma que las normas vigentes del sector público y privado que regulan las pensiones preexistentes mantienen su autonomía y especialidad.

De igual manera, la Corte Constitucional en sentencia CC-C-012 de 1994 da cuenta del nuevo tipo de derecho pensional creado por la Ley 71 de 1988, en los siguientes términos:

Es evidente, que a través del inciso 1° del artículo 7° de la ley 71 de 1988 se consagró para "los empleados oficiales y trabajadores" el derecho a la pensión de jubilación con 60 años o más de edad, si es varón, y 55 años o más de edad, si es mujer, cuando se acrediten aportes durante 20 años, a diferentes entidades de previsión social y al ISS. Pero con anterioridad, los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían obtener el derecho a la pensión de jubilación en las condiciones descritas en la norma; es decir, no era posible acumular el tiempo servido en entidades oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun cuando si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido a diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades de previsión social oficial o al ISS.

En tal virtud, si como se afirmó antes, la norma en referencia creó un nuevo tipo de derecho pensional, no se puede hablar, como lo hace el demandante, de un derecho "causado", con base en la misma disposición; en otros términos, es inconcebible que el aparte de la norma acusada (parágrafo del artículo 7°), pueda violar el derecho que ella misma crea en el inciso 1°.

Así las cosas, es menester señalar que a la vigencia del Sistema General de Pensiones coexistían regímenes pensionales incompatibles entre sí, a decir: i) los regímenes del sector público, que otorgaban la pensión de jubilación (Ley 33 de 1985, Ley 6 de 1945 y otros); ii) el régimen de los seguros sociales obligatorios y en caso de ausencia de subrogación de los riesgos por parte del Instituto de Seguros Sociales el establecido en el Código Sustantivo del Trabajo; y iii) el régimen de acumulación de aportes y cotizaciones establecido por la Ley 71 de 1988, único y excluyente que permite la sumatoria de los tiempos aportados tanto en el sector público como en el privado.

El régimen de transición y la protección de expectativas

La Ley 100 de 1993 pretendió la unificación de los esquemas pensionales anteriormente vigentes en torno a un sistema de pensiones, configurado por los regímenes pensionales de prima media con prestación definida y ahorro individual con solidaridad.

Al buscar la universalización del servicio, conforme a las necesidades económicas y sociales identificadas, unificó en un primer momento, para el régimen de prima media con prestación definida, las edades mínimas de pensión en 55 años para las mujeres y 60 años para el hombre, buscando armonizar en el año 2014 las edades mínimas de pensión para ambos regímenes en 57 años para la mujer y 62 años para los hombres.

De igual manera consagró el requisito mínimo de 1000 semanas de cotización. Por razones de equilibrio en el sistema, este requerimiento fue dispuesto con desbalance en ambos regímenes; jamás se pretendió la equiparación del número de semanas de cotización para acceder a la pensión mínima, dadas las diferencias naturales de sus sistemas financieros.

El régimen de transición como vehículo, valga la redundancia de tránsito, entre la legislación anterior y la posterior, busca llevar a los ciudadanos en sus expectativas a la actual situación ordinaria creada por la nueva ley.

Sobre este punto, en aclaración de voto del expediente 47557, expliqué:

La segunda lectura propuesta es problemática desde el punto de vista de la equidad. Si un régimen de transición busca garantizar, en todo o parte, las mayores ventajas de favorabilidad del régimen precedente, es patente que las condiciones de acceso y cuantificación de la pensión, deben ser próximas a las de la legislación inmediatamente anterior para evitar cambios demasiado bruscos en la expectativa pensional del afiliado.

En este sentido, debe recordarse que los objetivos de la Ley 100 de 1993 eran en su orden i) proteger derechos adquiridos; ii) garantizar las expectativas; y iii) crear un nuevo régimen de pensiones para aquellos excluidos de transición y nuevos afiliados.

Ahora bien, por definición, cuando se salvaguardan expectativas, estas se traducen como un puente, soportado por el principio de favorabilidad entre la nueva legislación y la anterior, para amparar expectativas legítimas. Ello implica que la legislación anterior prima facie es más favorable que la nueva, lo cual deviene claro con la implementación del Sistema General de Pensiones, pues los requisitos de acceso y los elementos de cuantificación del derecho se tornan más exigentes para optar por la pensión.

De ello se sigue que el régimen de transición no busca reconocer pensiones más favorables que las consagradas en el mismo régimen anterior, ni menos favorables que las del nuevo ordenamiento.

Con todo, si para un afiliado con derecho a transición, el nuevo régimen ordinario le resulta más favorable por alguna razón, que lo puede ser, el artículo 288 del estatuto de la seguridad social le permite optar por la prestación consagrada en la nueva ley, a condición, eso sí, de que se someta íntegramente a sus disposiciones.

Aquí y ahora reafirmamos que, un régimen de transición, sobre todo cuando la nueva ley establece requisitos de acceso a los derechos más exigentes, no crea nuevos derechos, al contrario, o mantiene la expectativa legítima que trae el ciudadano, no protege la mera expectativa, o, como en el caso del artículo 36 en relación con el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones en transición, va tornando poco a poco más exigente la forma de determinarla, llevando a los grupos de población a lo querido por la nueva ley.

En nuestro criterio el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no creó nuevos derechos ni buscó instaurar nuevas formas para acceder a ellos; al contrario, estimó que los requisitos de edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto de la pensión de vejez serían los del régimen anterior. Y como arriba lo aduje, cada régimen precedente tiene su especificidad y autonomía, que hacen que la expectativa legítima de cada afiliado sea edificada conforme a la que venía construyendo; determinarlo de otra manera, sería no buscar la protección de una expectativa legítima, sino crear otras, que, como en el presente caso, no son acordes con el objetivo perseguido por la Ley 100 de 1993.

Se itera, el objetivo social que se busca con el régimen de transición propiamente dicho, y claramente delimitado, no es otro que el de protección de expectativas legítimas, conforme se venían desarrollando por el afiliado. Al aplicarse indebidamente la norma lo que se genera es regresividad en el sistema pensional. El principio de universalidad de la seguridad social requiere de requisitos de acceso uniformes para el grueso de la población, con ello se satisface a plenitud el principio de igualdad, dando contenido al concepto de justicia social. La Ley 100 de 1993 se implementó buscando este objetivo, por tanto, crear nuevas formas de acceso al derecho, contraviene gravemente el cometido estatal.

Como arriba lo asentamos el inciso 1º y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no regulan el régimen de transición; solo la edad y tiempos válidos para pensión del régimen ordinario determinado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Utilizar estos apartes normativos para justificar sumatorias de tiempo en el régimen de transición es aplicarlos indebidamente pues su real propósito no fue regular el régimen de transición. Al contrario, pretender utilizar dichos apartes normativos de esta manera, resulta contradictorio toda vez que limita el verdadero alcance de las expectativas que protegen los incisos 2, 3, 4 y 5 del mencionado artículo 36.

Así las cosas, insistimos en que las pensiones en régimen de transición, basadas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 de ese mismo año, se construyen a partir de los aportes realizados, única y exclusivamente, al Instituto de Seguros Sociales, respetando la autonomía y especificidad de dicho estatuto pensional.

Es mi convicción que el concepto de justicia social no abarca situaciones en las cuales la medida resulta injusta para el agregado; lo aparentemente justo para el individuo cuando deviene en injusto para la sociedad, se manifiesta como un privilegio de unos pocos en detrimento de la colectividad. Considero que la posición mayoritaria actual, adoptada después de la expiración del régimen de transición, en lugar de generar progresividad en el sistema de derechos engendra regresividad.

Básicamente, la interpretación de la posición mayoritaria lleva a que a los funcionarios públicos que tenían la expectativa, única y legítima, de acceder a un monto de pensión del 75% de la base de liquidación, dada la transición de la Ley 71 de 1988, se les conduzca injusta e indebidamente a una expectativa, que jamás tuvieron, no propia del régimen de los seguros obligatorios, de acceder a una pensión con un monto del 90%, como se mostró, sumando indebidamente tiempos del sector público y del privado. Pero además, afiliados que no tenían una expectativa de acceder al derecho, v.g. afiliados que no reunieron 500 semanas de cotización al ISS, terminen beneficiándose de una prestación, sobre la cual no tenían ninguna expectativa, sumando indebidamente tiempos públicos y privados, pues, se itera, esta posibilidad fue creada, en criterio nuestro, por la indebida aplicación del marco legal, excediendo la teleología y con ello el alcance del régimen de transición.

Estas son las razones por las cuales salvo el voto.

Fecha ut supra

FERNANDO CASTILLO CADENA

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Magistrada ponente

SALVAMENTO DE VOTO

Radicación n.° 91248

Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, salvo el voto frente a la determinación adoptada en este asunto, en la que se dispuso casar el fallo del Tribunal, en cuanto determinó que no era procedente la sumatoria de tiempos públicos y privados, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, a fin de reliquidar la mesada pensional de una persona beneficiaria del régimen de transición.

En la providencia de la que me aparto, la Sala precisó:

«Lo dicho, lleva al convencimiento de que el Juez plural cometió la equivocación que se le atribuye, pues cuando la prestación se origina en cabeza de un afiliado es posible que concurran varios regímenes pensionales, lo que implica para la entidad de seguridad social o al juez optar por la que más convenga a sus intereses, y en el caso de acudir al Acuerdo 049 de 1990 es viable la suma de tiempos públicos y privados al momento de la concesión del derecho y la liquidación de la mesada.

En consecuencia, los cargos primero y segundo son fundados, por lo que la sentencia se casará únicamente en cuanto el Tribunal consideró que no era posible acudir a la sumatoria de tiempos tratándose de la reliquidación de la prestación económica bajo el Acuerdo 049 de 1990, pues como se advirtió anteriormente es procedente la aplicación de la preceptiva citada bajo el régimen de transición. No se casa en lo demás».

Tal criterio adoptado por la Sala mayoritaria desde los proveídos CSJ SL1981-2020 y CSJ SL1947-2020, es el que en mi prudente juicio no procede, en razón a que esa sumatoria de tiempos públicos no aportados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, resulta improcedente bajo los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad, por cuanto dicha normativa no previó expresamente tal posibilidad, como es lo que aquí se decidió.

Así, cuando la Sala concluyó que «el Acuerdo 049 de 1990 era la disposición que gobernaba la prestación por ser la más favorable. De esa manera, tal como el censor lo afirmó, es procedente la reliquidación de la mesada con la sumatoria de tiempos públicos y privados», realiza una mixtura de la regulación legal que contiene el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad, con las Leyes 33 de 1985, 71 de 1988 y 100 de 1993, cuando, con pleno desconocimiento de los postulados del artículo 230 de la Constitución Nacional, habilita la sumatoria de tiempos públicos no aportados al Seguro Social a fin de obtener la reliquidación pensional deprecada.

Aunado a lo expuesto, considero que, la inclusión de mayores beneficiaros de los que la ley prevé, comporta una clara transgresión al principio de sostenibilidad financiera del sistema, el cual, en los términos del Acto Legislativo 01 del año 2005 que adicionó al artículo 48 de la Constitución Nacional, propende por el un buen uso económico y financiero de los recursos propios del sistema, con el fin de asegurar el pago oportuno y suficiente de los beneficios pecuniarios derivados del derecho a la seguridad social.

En los anteriores términos, dejo consignado mi salvamento de voto.

Fecha ut supra.

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