Ficha de la providencia
Sentencia SL2287-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2287-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2287-2023
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
28 de junio de 2023
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL2287-2023
Radicación n.° 92525
Acta 23
Tumaco, (Nariño), veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. – ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. (Patrimonio Autónomo Foneca), contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el 20 de mayo de 2021, en el proceso ordinario laboral que le promovió MATILDE GONZÁLEZ SALINAS.
I. ANTECEDENTES
Matilde González Salinas llamó a juicio a Electricaribe S.A. E.S.P. para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en su condición de cónyuge del señor Alcides Antonio Marriaga Orozco, a partir del 17 de septiembre de 2011, en cuantía inicial de $741.123 mensuales o el mayor que resulte, junto con los aumentos legales, las mesadas adicionales y el ajuste anual de la misma, incluyendo el retroactivo, la indexación de las mesadas causadas, los intereses de mora, lo que resulte extra o ultra petita y las costas.
En sustento de sus pretensiones, afirmó que: (i) la Electrificadora del Cesar S.A. E.S.P. hoy en liquidación, le reconoció pensión de jubilación de carácter convencional al señor Alcides Antonio Marriaga Orozco, mediante Resolución No. 459 del 05 de septiembre de 1994; (ii) dicha entidad fue liquidada y adquirida por la demandada asumiendo esta, el pago de la pensión hasta el fallecimiento del causante; (iii) el otrora Instituto de Seguros Sociales le reconoció a Alcides Antonio Marriaga Orozco, pensión de vejez, mediante Resolución No. 1757 de 2004; (iv) el mencionado falleció el 16 de septiembre de 2011; (v) a partir del mes de agosto de 2004 la llamada a juicio comenzó a cancelarle a Marriaga Orozco el mayor valor no reconocido por el I.S.S., por concepto de pensión de jubilación; (vi) contrajo matrimonio con el causante el 16 de diciembre de 1995 y desde esa fecha convivió y procreó hijos con el pensionado hasta su fallecimiento, y (vii) elevó la reclamación administrativa.
Electricaribe S.A. E.S.P. se opuso a todas las pretensiones incoadas en su contra por cuanto consideró que la prestación de sobrevivientes estaba a cargo exclusivo del sistema de seguridad social. Propuso como excepciones las de buena fe, prescripción, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones, pago legal y oportuno, compensación y la innominada o genérica. Denunció el pleito a la Electrificadora del Cesar S.A. E.S.P.
La Electrificadora del Cesar S.A E.S.P. en liquidación, al dar respuesta a la demanda, adujo atenerse a lo que se probara en el proceso y no propuso excepciones «por no encontrarse elementos capaces de debilitar la acción incoada a favor[sic] de la demandada».
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, mediante sentencia de 6 de octubre de 2014, condenó a la accionada a continuar pagando a la demandante, a título de sustitución pensional, la pensión de jubilación convencional en forma completa que en vida recibía el causante, a partir del 16 de septiembre 2011, en adelante en cuantía de $741.123 y, desde la fecha de la sentencia, en cuantía de $ 802. 803.oo. También a cancelar por las mesadas la suma de $32’437.688, más la indexación de cada una de las mesadas liquidadas, sin perjuicio de las deducciones a que hubiere lugar por los pagos parciales que por ese concepto realizó la demandada a favor de la actora. En lo sucesivo continuará pagando la pensión convencional completa con los respectivos ajustes de ley, más las mesadas adicionales.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el 20 de mayo de 2021, dispuso:
PRIMERO: Modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia de fecha 06 de octubre de 2014, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, los cuales quedarán así: PRIMERO: Condenar a la empresa Electrificadora del Caribe SA ESP "ELECTRICARIBE SA ESP'' a pagar a la señora MATILDE ELIZABETH GONZÁLEZ SALINAS, a título de sustitución pensional, el mayor valor de la pensión de jubilación convencional que en vida recibía el señor ALCIDES ANTONIO MARRIAGA OROZCO, a partir del 16 de septiembre de 2011.
SEGUNDO: Condenar a la empresa Electrificadora del Caribe SA ESP «ELECTRICARIBE SA ESP» a cancelar a la señora MATILDE ELIZABETH GONZÁLEZ SALINAS la suma de $7.375.072 que corresponde al mayor valor de las mesadas causadas entre el 16 de septiembre de 2011 y el 31 de marzo de 2021, más la indexación de cada una de las mesadas liquidadas, sin perjuicio de las deducciones a que hubiere lugar por los pagos parciales que por ese concepto hubiere[sic] realizado la demandada a favor de la actora. En lo sucesivo continuará pagando el mayor valor de la pensión convencional con los respectivos ajustes de ley, más las mesadas adicionales.
TERCERO: Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
Como fundamento de su decisión, el Tribunal determinó como problemas jurídicos: (i) si era compatible la pensión de jubilación convencional reconocida al señor Alcides Antonio Marriaga Orozco con la de vejez otorgada por el Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, y (ii) si la señora Matilde Elizabeth González Salinas tenía derecho a la sustitución de la pensión de jubilación convencional, que en vida devengó el señor Alcides Antonio Marriaga Orozco, como beneficiaria en su condición de cónyuge.
El juzgador, inicialmente, para dar respuesta a los mismos sostuvo que no fue objeto de discusión en el proceso, al haber sido aceptado por las partes en la demanda y su contestación, además, por estar acreditados en el plenario, los siguientes hechos: a) que la Electrificadora del Cesar S.A. reconoció al señor Alcides Antonio Marriaga Orozco pensión de jubilación de carácter convencional en cuantía de $307.196, a partir del 16 de julio de 1994, mediante Resolución No. 459 del 5 de septiembre de 1994. (fls. 16 y 1 7); b) que el otrora ISS hoy Colpensiones reconoció al señor Alcides Antonio Marriaga Orozco pensión por vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990 en cuantía de $297.220 desde el 2 de septiembre de 1998, (fis. 19 y 20), y c) que la Electrificadora del Caribe S.A. ESP comenzó a cancelarle al señor Alcides Antonio Marriaga Orozco el mayor valor de la pensión de jubilación desde el mes de agosto de 2004 (hecho que fue aceptado por la demandada).
Enseguida, tras referirse a las figuras de la compatibilidad y compartibilidad pensional, adujo que:
[…] teniendo en cuenta que al señor Alcides Antonio Marriaga Orozco le fue reconocida la pensión de jubilación convencional a partir del 16 de julio de 1994, fecha posterior al 17 de octubre de 1985 y que en la convención colectiva de trabajo tenida en cuenta para su reconocimiento, no se dispuso que las pensiones en ellos reconocidas no serían compartidas con el Instituto de Seguros Sociales, no existe duda que dicha prestación es compartible con la pensión de vejez otorgada por el otrora ISS, máxime si se tiene en cuenta que la Electrificadora del Cesar S.A. subrogó parcialmente la obligación pensional del trabajador al efectuar las cotizaciones a la entidad de seguridad social para que este cumpliera con los requisitos legales, para el reconocimiento de la pensión de vejez, como en efecto sucedió.
En consecuencia, se concluye que la pensión de jubilación convencional reconocida al señor Alcides Antonio Marriaga Orozco por la Electrificadora del Cesar S.A. ESP es compartible con la de vejez otorgada por el Instituto de Seguros Sociales.
En lo atinente al segundo problema jurídico, esto es, si ¿tiene derecho la señora Matilde Elizabeth González Salinas a la sustitución de la pensión de jubilación convencional que en vida devengó el señor Alcides Antonio Marriaga Orozco, por ser beneficiaria en su condición de cónyuge?, la sala sentenciadora, respondió que:
[…] acertó el fallador en su razonamiento, habida cuenta que la sustitución pensional constituye una derecho derivado y no originario, por lo que no es válido afirmar, en los términos del apelante, que el derecho que el causante adquirió en vida no pueda ingresar al patrimonio de sus beneficiarios con posterioridad a su deceso, de hecho, lo hace en los mismos términos y condiciones que lo consagra el acto de reconocimiento […]
Por lo anterior, la pensión de jubilación convencional reconocida al señor Alcides Antonio Marriaga Orozco es susceptible de transmitirse por causa de muerte, toda vez que en la norma convencional que originó el derecho pensional no se pactó lo contrario. En consecuencia, la señora Matilde Elizabeth González Salinas tiene derecho a la sustitución de la pensión de jubilación convencional, por ser beneficiaria en su calidad de cónyuge del causante tal y como lo definió el fallador de primera instancia.
Así, modificó la decisión de primera instancia en los términos mencionados.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. (Patrimonio Autónomo Foneca), concedido por el Tribunal, fue admitido por la Corte.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Solicita la recurrente la casación de
[L]a sentencia acusada en cuanto confirmó la sustitución en favor de la actora, de la pensión que en vida se le reconoció por la demandada al Sr. Alcides Antonio Marriaga Alfonso, para que en sede de instancia, se REVOQUE la condena derivada de la declaratoria de derecho a la sustitución de la pensión en cuestión y en su lugar, se absuelva totalmente a mi mandante. Sobre costas se resolverá de conformidad con el resultado del proceso».
Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica y procede la Sala a resolver.
VI. CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea
[D]e los artículos 260, 467 del C.S.T.; por aplicación indebida de los artículos 11, 13, 36, 46, 47 de la ley 100 de 1993 (arts. 12, 13 ley 797 de 2003); 1º del A. L. No. 1 de 2005; por infracción directa de los artículos 230 de la Constitución; 1494, 1495, 1501, 1502, 1508, 1602, 1618, 1619, 1741 del C.C.; 76 de la ley 90 de 1946; 259 del C.S.T. Igualmente por aplicación indebida los artículos 29 de la Constitución, 5º del acuerdo 049 de 1990 (decreto 758 de 1990).
El cargo se centra en establecer el error del juzgador de segundo grado, en la medida en que estima que la pensión que le fue reconocida al señor Marriaga y la concedida a la demandante en las decisiones de instancia, no es la misma, por lo que le solicita a esta Corporación modificar la postura conceptual sobre el particular.
En esa dirección realiza un paralelo entre la pensión de jubilación convencional y la solicitada en el escrito genitor de la contienda, en cuanto a que la primera nace de un contrato o acuerdo de voluntades, obedeció a la prestación de servicios por un tiempo de 20 años, en razón a su afiliación al sindicato; mientras que la segunda no está prevista en el instrumento colectivo, la actora no prestó servicios a la demandada ni fue afiliada a la organización sindical.
Siendo ello así, afirma que la pensión reclamada en la demanda no está dirigida a cubrir el riesgo de debilitamiento de la capacidad para trabajar sino a cubrir la pérdida del ingreso económico que antes de morir proveía el pensionado, por lo que en septiembre de 2011 que es cuando se causa la que reclama la actora, estaba en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que no le puede ser concedida.
De esta manera, afirma que el Colegiado
[N]o atiende los argumentos de la entidad, en el sentido de que no hay disposición legal ni convencional que respalde las condenas impuestas, sin distinguir si se trata de una pensión legal a cargo de la seguridad social y una convencional a cargo del empleador, pese a que acepta que el instrumento colectivo no hace ninguna referencia a la sustitución de la pensión y, aun cuando se apoya en decisiones de esta Corporación, solicita un nuevo estudio de la cuestión dadas las diferencias entre las mencionadas prestaciones.
Señala que la pensión de vejez y el desamparo por muerte constituyen riesgos diferentes, por tanto, están sometidos a requisitos distintos. Así, «la pensión de jubilación otorgada al causante proviene de la convención colectiva que como institución jurídica de derecho privado se rige por el Código Civil, salvo lo relativo a las normas especiales de esta clase de vínculo jurídico y la sentencia confutada, se apoya en decisiones que tienen sustento en la regulación sobre la seguridad social».
Se remite a la normatividad civil sobre los contratos y arguye que, las partes solamente quedan sujetas a lo acordado expresamente, sin que nada se hubiera dispuesto sobre la sustitución pensional impuesta en la decisión judicial, la que tampoco se deriva de la ley.
Añade que no se puede entender como una obligación consustancial a la pensión, pues si así fuera, «no hubiera sido necesaria la expedición de todas las normas que regulan la pensión de sobrevivientes en los dos regímenes del Sistema General de Pensiones y en las cuales se establece cuándo se transmite una pensión por la muerte del pensionado y a quiénes […]».
Sostiene que la prestación convencional no abarca el riesgo de vejez por estar cubierto por el sistema de seguridad social en los términos del artículo 76 de la Ley 90 de 1946 y 259 del CST, además, que su objeto es conceder un beneficio complementario por el extenso tiempo de servicio. En el caso, refiere que la demandante no trabajó para la demandada y el riesgo de desamparo está en cabeza de Colpensiones, por lo que reitera la existencia de un error, cuando se estima que la pensión de sobrevivientes «no es un derecho nuevo sino el mismo que disfrutaba el fallecido a quien se le había reconocido la pensión de vejez».
Acota que el juzgador no aplicó el artículo 1619 del CC, de acuerdo con el cual «por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado» y, en el caso, solamente se pactó una pensión de jubilación en la convención «que tiene por objeto proveer al trabajador de un recurso para cuando no puede generarlo con su trabajo» y no la de sobrevivencia reconocida a la demandante.
Por lo anotado, solicita reconsiderar la postura jurisprudencial que invoca el colegiado en apoyo de su decisión y se acoja la que propone; como consecuencia, se case la sentencia y, en su lugar, revoque la decisión de primer grado y absuelva a la demandada de todas las pretensiones de la demanda.
VII. RÉPLICA
Arguye, en esencia, que
[L]a actual interpretación jurisprudencial refiere a que hay normas de carácter legal que reconocen la trasmisión del derecho a los causahabientes, bien sea definida como pensión de sobrevivientes o sustitución pensional, máxime cuando la transmisibilidad de la pensión por causa de muerte del pensionado es de la misma naturaleza de las pensiones de jubilación o de vejez, ya sean de carácter legal o extralegal».
VIII. CONSIDERACIONES
Teniendo en cuenta que la acusación se dirige por la vía directa, se tienen por establecidos los siguientes supuestos fácticos: a) que la Electrificadora del Cesar S.A. reconoció al señor Alcides Antonio Marriaga Orozco pensión de jubilación de carácter convencional en cuantía de $307.196, a partir del 16 de julio de 1994, mediante Resolución No. 459 del 5 de septiembre de 1994. (fls. 16 y 1 7); b) que el otrora ISS hoy Colpensiones reconoció al señor Alcides Antonio Marriaga Orozco pensión por vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990 en cuantía de $297.220 desde el 2 de septiembre de 1998, (fis. 19 y 20), y c) que la Electrificadora del Caribe S.A. ESP comenzó a cancelarle al señor Alcides Antonio Marriaga Orozco el mayor valor de la pensión de jubilación desde el mes de agosto de 2004.
La recurrente cuestiona la sentencia con fundamento en que:
[L]a pensión de jubilación tuvo como fuente jurídica la convención colectiva de trabajo y, en ella, no se estableció el derecho a una sustitución para los beneficiarios del causante; la que no se puede derivar de dicho convenio al no haber sido una obligación expresamente asumida; la prestación extralegal no asume el riesgo de muerte del pensionado y este se encuentra a cargo del sistema de seguridad social.
Propone, entonces, que la Corporación modifique su criterio en torno al tema.
Puestas en esa dimensión las cosas, el problema jurídico que le corresponde a la Corte elucidar estriba en determinar si la sala sentenciadora incurrió en dislate al concluir que la pensión de jubilación convencional reconocida por Electricaribe es transmisible o sustituible, pese a que en el texto convencional no se consagró expresamente esa posibilidad.
Como primera medida, la Corporación recordará su criterio en lo atinente al derecho a la sustitución de las pensiones de jubilación de naturaleza convencional, la cual se ha reiterado en casos de similares contornos a este y contra la misma entidad demandada y, a continuación, determinará si hay lugar al cambio que propone el censor.
La Corte ha adoctrinado que las pensiones de carácter convencional pueden sustituirse en los términos de ley, salvo que la norma colectiva haya previsto lo contrario, esto es, su intransmisibilidad, por cuanto el derecho a la sustitución pensional se deriva de la pensión extralegal, por lo que no es un derecho autónomo o nuevo independiente de aquél.
En ese sentido se pueden consultar, entre muchas, las decisiones CSJ SL16026-2017, CSJ SL2437-2018, CSJ SL3168-2018, CSJ SL1420-2019, CSJ SL4353-2019, CSJ SL5140-2019, CSJ SL1984-2019 y CSJ SL4275-2020, última en la que se razonó así:
[…] la Sala ha adoctrinado de manera pacífica que las pensiones de carácter convencional son susceptibles de sustituirse, lo cual implica que se transfiere o traslada, no solo la prestación en cuanto tal, sino también sus elementos definitorios, tal y como lo hizo esta Sala en la sentencia CSJ SL8294-2014, al establecer:
Al abordar la Sala el fondo de la acusación, basta con decir, para tener por fundado el cargo, que el Tribunal se equivocó al negar la sustitución pensional de una pensión convencional, basado en un error puramente jurídico o «juris in judicando», con el argumento de no haber estado pactada en los acuerdos extralegales entre las partes.
Lo anterior, porque las pensiones de jubilación de origen convencional son susceptibles de transmitirse por causa de muerte, como de tiempo atrás tiene establecido la jurisprudencia de la Sala, con base en lo legalmente dispuesto, «en cuanto atañe a la repercusiones y alcances de ese derecho con posterioridad al fallecimiento de su titular», pero debe precisarse igualmente que ello es así, salvo que convencionalmente se pacte lo contrario, esto es, que se estipule que no fuese sustituible, lo cual corresponde al principio de autocomposición de las partes.
Por ello, en el presente caso, en defecto de disposición convencional, en aplicación de los principios de complementariedad y subsidiaridad, se siguen los parámetros legales, con base en normas como las contenidas en las leyes 33/1973, 12/1975, 4/1976, 44/1980; 113/1985, y más recientes como la L. 100/1993 y 797/2003. Destacándose al efecto, que la L. 71/1988, en su art. 11 prescribió:
Esta ley y las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a. de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de Previsión Social del Sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas, que reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez (Destaca la Sala).
La anterior tesis fue concebida por esta Corporación desde la sentencia CSJ SL, 27 jun. 2002, rad. 17900, y reiterada en múltiples providencias como la CSJ SL, 3 jun. 2011, rad. 41329, CSJ SL, 8 nov. 2011, rad. 43794, CSJ SL870-2013, CSJ SL6138-2015, CSJ SL4365-2016, CSJ SL4285-2017, CSJ SL4927-2017, CSJ SL16026-2017, entre otras.
De igual modo, la Corporación ha establecido que la sustitución pensional no constituye un derecho originario sino derivado, como de ello da cuenta la sentencia CSJ SL 41137, 30 nov. 2010, reiterada en CSJ SL 47928, 19 jul. 2011, CSJ SL870-2013 y CSJ SL13267-2016, en la que indicó: […] Respecto del tema de la transmisibilidad de las pensiones, tanto convencionales como voluntarias, manifestó la Sala en sentencia 22699 de 14 de febrero de 2005”.
De otro lado, como también lo ha determinado la Corte, en el caso de los pensionados, la pensión de sobrevivientes susceptible de transmisión no configura un derecho nuevo a favor de los beneficiarios, sino un derecho derivado, valga decir, una verdadera “sustitución pensional” del mismo derecho adquirido, que conduce a que no sea de recibo la argumentación de la censura en el sentido de haber nacido, con la muerte del señor…, un derecho diferente sujeto a nuevos condicionamientos” (negrillas fuera del texto).
Ahora bien, el recurrente manifiesta que la pensión de jubilación convencional no puede ser sustituida a los beneficiarios del pensionado fallecido, dado que su origen es contractual y no puede otorgársele los mismos efectos de las pensiones legales, frente a lo cual es menester manifestar que es precisamente el carácter de derecho derivado de la sustitución pensional lo que le da la calidad de transmisible a este tipo de prestaciones, como ya lo determinó esta Colegiatura en la reciente sentencia CSJ SL757-2018, en la que señaló:
En realidad, lo que le da el carácter de transmisible a este tipo de prestaciones, sin perjuicio de que su reconocimiento provenga de la ley, de una convención colectiva, de un acto de liberalidad del empleador o de una colectiva, o de una sanción que le fue impuesta, es precisamente el hecho de que la sustitución pensional no constituye un derecho originario sino derivado, cuyas condiciones de consolidación, eventual compatibilidad o compartibilidad e inclusive vocación de transmisibilidad, constituyen elementos arraigados del derecho principal.
Así las cosas, y trasladando los argumentos de puro derecho expuestos en el citado precedente jurisprudencial al asunto bajo escrutinio, se tiene que la pensión de jubilación convencional puede ser sustituida a sus beneficiarios, por lo que es claro que el tribunal no incurrió en equívoco cuando así lo dispuso en su providencia. Debiéndose precisar, que la orden de sustitución solo comprendió el mayor valor que continuó a cargo de la entidad demandada.
Allí también se reiteró lo enseñado por la Corte en torno a la cobertura del sistema de seguridad social en los términos de los artículos 76 de la Ley 90 de 1946 y 259 del CST, de la siguiente manera:
De otra parte, en lo referente en punto a que el riesgo de la muerte está cubierto por la seguridad social en desarrollo de lo previsto en los artículos 76 de la Ley 90 de 1946 y 259 del CST, razón por la cual no es el empleador quien debe asumirlo, no le asiste razón a la censura en la medida que tales disposiciones se refieren a la pensión legal que estaba a cargo del empleador, por lo que en el sub lite al tratarse de una pensión convencional no se ve afectada por el contenido de tal normativa. Así ya lo había precisado esta Corporación en la sentencia CSJ SL SL3275-2018 donde se precisó:
[…] Igualmente, se equivoca la impugnante al afirmar que no es viable la transmisión de la pensión de jubilación convencional, dado que el riesgo se encuentra protegido por la seguridad social de conformidad con lo establecido en los artículos 76 de la Ley 90 de 1946 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo, porque si bien dichos preceptos consagran, respectivamente, que «el seguro de vejez a que se refiere la Sección Tercera de esta ley, reemplaza la pensión de jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior» y que «las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida colectivo obligatorio dejaran de estar a cargo de los {empleadores} cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto de los Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto», lo cierto es que ellas hacen referencia a la pensión legal que estaba a cargo del empleador, pero en este caso se trata de una prestación convencional que no se ve afectada por el contenido de la normativa en referencia.
Con respecto a la presunta vulneración del artículo 1619 del CC, que dispone: «Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado» (subraya la Corte), si bien la censura considera que en la convención los protagonistas sociales únicamente pactaron lo concerniente a la pensión de jubilación que se genera por el trabajo y, por contera, nada se dijo sobre la sustitución de esa prestación, lo cierto es que no se evidencia una transgresión a la disposición sustantiva, toda vez que, como quedó explicado, la transmisión del derecho pensional a los beneficiarios del trabajador, no constituye una materia distinta o una nueva prestación, por lo que no requiere su estipulación específica. Caso distinto ocurre cuando se pretende el efecto contrario, esto es, que la pensión no se sustituya, evento en el cual, como también es afirmado por la Sala en el precedente arriba citado, ese querer debe pactarse de manera inequívoca.
En el horizonte trazado, los argumentos que esgrime la parte demandada no son diferentes a los que ya han sido objeto de estudio por parte de esta Corporación y que no expone razones adicionales que conduzcan a una nueva línea de pensamiento, debe concluirse que la sala sentenciadora, al conceder el derecho a la sustitución de la pensión de jubilación convencional a cargo de la demandada a la actora, no incurrió en el yerro jurídico que se le endilga.
Entonces, siendo coherentes con lo discurrido, el cargo no sale victorioso.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de diez millones seiscientos mil pesos ($10.600.000.oo) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el 20 de mayo de 2021, en el proceso ordinario laboral que le promovió MATILDE GONZÁLEZ SALINAS a la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. (Patrimonio Autónomo Foneca).
Costas como se dijo en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
No firma por ausencia justificada
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
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