Ficha de la providencia
Sentencia SL2302-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2302-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2302-2019
Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura
26 de febrero de 2019
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL2302-2019
Radicación n.° 64902
Acta 06
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CONSUELO DEL SOCORRO VANEGAS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 28 de junio de 2013, dentro del proceso adelantado por ella en contra del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
ANTECEDENTES
Consuelo del Socorro Vanegas, presentó demanda en contra del Departamento de Antioquia, con el fin de que se declarara que está obligado a reconocerle una pensión vitalicia de jubilación a partir del 28 de noviembre de 2005 equivalente al 100% del promedio mensual de los salarios devengados en el último año de servicios, incluyendo los conceptos de salario ordinario, trabajo suplementario, dominical y festivo; viáticos; las primas de navidad, de vida cara, de vacaciones, de clima; y el subsidio de transporte. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se le condenara a una mesada pensional por valor de $1.066.048 o el mayor valor probado, junto con las mesadas de junio y diciembre, así como los reajustes legales; y al valor de la diferencia resultante entre la pensión que goza por valor de $852.839 y el valor citado, que es que le corresponde.
Como fundamento de sus peticiones señaló que estuvo vinculada al Departamento de Antioquia desde el 21 de octubre de 1977 hasta el 27 de noviembre de 2005 en calidad de trabajadora oficial, desempeñando el oficio de «aseadora». Informó que cumplió 50 años el 19 de marzo de 2005, que se encontraba afiliada al Sindicato de Trabajadores y Empleados del Departamento de Antioquia (Sintradepartamento) y fue beneficiaria de las convenciones colectivas suscritas entre éste y la entidad territorial. Manifestó que el estatuto extralegal suscrito el 25 de noviembre de 1965 disponía que «[…] toda ordenanza o ley dictada que favorezca a los trabajadores, se aplicará a los trabajadores de obras públicas y agricultura con carácter convencional y por lo tanto, irrenunciable» y que la Ordenanza 4 de 1975 del Departamento de Antioquia dispuso el reconocimiento para los servidores departamentales que acreditaran 25 años de servicio continuo o discontinuo y 50 años de edad, una pensión de jubilación equivalente al 100% del promedio mensual de los salarios devengados en el último año de servicios.
Continuó indicando que aquella norma fue integrada a la Convención Colectiva como consta en recopilación realizada posteriormente y se mantiene vigente, por lo que es ésta la aplicable en tanto completó 25 años de servicio al Departamento el 21 de octubre de 2002 y 50 años el 19 de marzo de 2005, y no, la pensión convencional que actualmente goza que sólo alcanza el 80% del promedio de salarios del último año de servicios ($1.066.048) y que le fue otorgada por completar 20 años de labores y 50 años de edad según Convención Colectiva del año 2005; todo lo cual reclamó administrativamente con resultado adverso.
El Departamento de Antioquia contestó oponiéndose a las pretensiones de la demanda. Aceptó la existencia de la relación laboral, pero aclaró que su posesión se dio el 4 de noviembre de 1977 y que si bien es cierto desempeñó el cargo de «aseadora», fue adscrita a la Secretaría de Educación para la Cultura y fue declarada trabajadora oficial mediante sentencia del 23 de agosto de 2000 confirmada el 7 de noviembre del mismo año por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín. Precisó que se le hizo un reconocimiento pensional vigente que se efectuó con base en la cláusula décimo quinta de la Convención Colectiva de Trabajo del 20 de septiembre de 1972, en concordancia con el artículo 7º de la del 30 de noviembre de 1978.
Explicó que el artículo convencional al que se refiere la demandante, tiene un campo de aplicación que se reduce a las secretarías de Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Agricultura, Servicios Administrativos, Departamento Administrativo de Valorización «[…] y otras dependencias que en el futuro puedan crearse, cuyo objetivo sea la construcción y el sostenimiento de obras públicas».
Así mismo, dijo que la Ordenanza 4 de 1975 no está incorporada a la Convención Colectiva de Trabajo como puede comprobarse en la recopilación de normas convencionales y laudos desde 1945 hasta el año 2000, de lo cual se deduce que los requisitos de la pensión de jubilación son 20 años de servicios y 50 años de edad para un 80% del promedio salarial del último año de servicios y que sólo tras haber completado 30 años de servicio, podría la cuantía de la pensión ascender al 100% de aquel.
Formuló las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, cobro de lo no debido, inexistencia del derecho y la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad de la Ordenanza 4 de 1975.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, profirió fallo el 31 de mayo de 2011, por medio del cual resolvió absolver a la entidad demandada. Fundó el fallo en que a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 dejó sin efecto la expectativa pensional que para aquel momento tenía.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Por apelación de la parte demandante conoció del asunto la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que en sentencia del 28 de junio de 2013 confirmó la decisión apelada.
Como sustento del fallo expuso que aún si fuera del caso tomar la regla prevista en la Ordenanza 4 de 1975 como parte integral de la Convención Colectiva de 1965, de todas maneras, no aparece en el texto de la citada norma que la cuantía de la pensión ascendiera a un 100% del salario promedio del último año; máxime que el mismo acuerdo limitó el campo de aplicación a los trabajadores de las secretarías de Agricultura y de Obras Públicas, en tanto la actora prestó sus servicios a la Secretaría de Educación y a la Dirección de Descentralización Educativa.
En igual sentido, indicó que la regla para adquirir un derecho pensional sobre el 100% del promedio salarial del último año sólo se lograría después de cumplir un tiempo de 30 años de servicios como lo establece la Convención Colectiva de Trabajo de 1970, disposición recogida en los acuerdos posteriores. Luego, comoquiera que la demandante alcanzó un tiempo de servicios de 28 años, 1 mes y 6 días, su situación pensional le permitía acceder a la prestación establecida en el artículo 7º de la Convención Colectiva 1979-1988, recogida en acuerdos posteriores y que fijaba el monto de 80% que efectivamente se reconoció. Finalmente afirmó que la actora tampoco podría acceder a un derecho pensional convencional a partir del 28 de noviembre de 2005 con fundamento en la Convención de 1970 dado que para entonces ya se encontraba vigente el Acto Legislativo 01 de 2005 que limitó la vigencia de tales acuerdos, los cuales sólo estarían vigentes hasta que expirara su vigencia y en todo caso, hasta el 31 de julio de 2010.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque la providencia de primer grado y acceda a las pretensiones de la demanda.
Con tal propósito formuló un cargo por la causal primera de casación, por la vía indirecta, el cual tras haber sido replicado, pasa a ser examinado por la Corte.
CARGO ÚNICO
Acusó la sentencia recurrida de violar la ley sustancial por la vía indirecta, por
[…] FALTA DE APLICACIÓN de las siguientes disposiciones, bajo la modalidad de APLICACIÓN INDEBIDA, tal como lo ha admitido la Alta Corporación en Sentencia del 14 de junio de 2006, dictada en proceso radicado bajo el número 258979, de los artículos 18, 21 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 4º del Decreto 2127 de 1945; artículo 5º del Decreto 3135 de 1968; artículo 233 del Decreto 1222 de 1986; en relación con el artículo 53 de la Constitución Política, lo que condujo a la VIOLACIÓN INDIRECTA por INDEBIDA APRECIACIÓN del artículo vigésimo de la Convención Colectiva de Trabajo del 25 de noviembre de 1965, visible a folio 39, como del artículo 1º de la Ordenanza 4 de 1975, obrante a folios 305, como del artículo 12 de la convención colectiva de trabajo del 1970, obrante a folios 52, el 7 de la convención de 1979-88, visible a folios 110, y la sustentación del recurso de apelación así como la FALTA DE APRECIACIÓN de las sentencias proferidas el 23 de agosto de 2000 por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín y el 7 de noviembre de 2000 por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín en virtud de la cual se CONFIRMÓ, la dictada por el citado Juzgado, mediante los cuales, la recurrente fue clasificada como trabajadora oficial, de la otra, la respuesta al HECHO SEGUNDO de la demanda.
Como errores ostensibles de hecho, describió:
1. No dar por demostrado, estándolo, que a la recurrente, como trabajadora oficial, judicialmente declarada y que lo era al momento del retiro del servicio, le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión convencional de jubilación consagrada en la Ordenanza 4 de 1975, emanada de la Asamblea Departamental de Antioquia, en suma equivalente al cien por ciento (100%) del promedio mensual de salarios percibidos en el último año de servicio, conforme lo establece el artículo vigésimo de la convención colectiva de trabajo del 25 de noviembre de 1965, en virtud del cual dicha ordenanza, adquirió para los trabajadores de obras públicas y de agricultura del Departamento de Antioquia el carácter de norma convencional.
2. Dar por demostrado, sin estarlo, que a la actora no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión convencional de jubilación en cuantía del cien por ciento (100%) del promedio mensual de salarios percibidos en el último año de servicio, por cuanto de una parte, el artículo 1 de la Ordenanza Departamental 4º de 1975 no contempla expresamente ese porcentaje del promedio salarial, de la otra, porque sólo se aplica a los trabajadores de Obras Públicas y Agricultura y no a los de la Secretaría de Educación y a la Dirección Descentralizada Educativa, además por cuanto, a partir del 28 de noviembre de 2005, no podría accederse a ningún derecho pensional con carácter convencional ni siquiera el consagrado en el artículo 12 de la convención colectiva de trabajo de 1970 y el artículo 7º de la convención colectiva de trabajo 1979/88, por estar vigente el Acto Legislativo 01 de 2005.
Como pruebas mal apreciadas, indicó el
[…] artículo vigésimo de la convención colectiva de trabajo del 25 de noviembre de 1965 (folios 39); artículo 1º de la ordenanza 4 de 1975 (folios 305; artículo 12 de la convención colectiva de trabajo de 1970 (folio 152); artículo 7º de la Convención Colectiva de Trabajo 1979/88 (folio 110), así como la sustitución del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado.
Como pruebas no apreciadas, señaló:
Las sentencias proferidas sentencias proferidas el 23 de agosto de 2000 por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín y el 7 de noviembre de 2000 por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín en virtud de la cual se CONFIRMÓ, la dictada por el citado Juzgado, mediante los cuales, la recurrente fue clasificada como trabajadora oficial, así como la respuesta al HECHO SEGUNDO de la demanda.
En la demostración del cargo sostuvo que el Tribunal se equivocó al apreciar que la Ordenanza 4 de 1975 adquirió un carácter de norma convencional y que era aplicable a la demandante dado que se trataba de una trabajadora oficial que cumplía funciones de construcción y mantenimiento de obras públicas, por lo que es restrictivo entenderla como sólo aplicable para los trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas. Afirmó también, que esa norma que adquirió el carácter convencional, no limitó el porcentaje del promedio del salario para integrar la pensión por lo que se debe tomar su valor mensual y que, en todo caso, era más favorable que la norma que le fue aplicada por la entidad territorial y que correspondió al artículo 7 de la Convención Colectiva 1979/88.
Finalizó indicando que su expectativa pensional no estaba limitada por la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 dado que consolidó su derecho el 19 de marzo de 2005 cuando cumplió los 50 años de edad habiendo contado previamente con 25 años de servicios, mientras que la mencionada reforma constitucional entró en vigencia el 29 de julio de 2005, esto es, con posterioridad a la consolidación del derecho.
CONSIDERACIONES
Comienza la Sala por aclarar, como lo ha dicho con antelación, que cuando el ataque se dirige por la vía directa se violenta la ley sustancial, ya sea (i) por infracción directa, cuando una norma que gobierna el caso en concreto deliberadamente no se aplica por el ad quem por rebeldía o ignorancia; (ii) por interpretación errónea, cuando el sentenciador le adjudica un espíritu o significado a la norma que no ostenta; o, (iii) por aplicación indebida, cuando activa la norma a un caso que no regula, o le da un alcance que no tiene (CSJ SL, 28 agosto 2012, radicación 43009).
Por la vía indirecta, a su turno, como sucede en el cargo único del ataque sub examine, la Corte ha dejado claro que el concepto de violación de la ley sustancial corresponde ordinariamente al de aplicación indebida y excepcionalmente, a aquel de la infracción directa, como se destaca en sentencia CSJ SL, 14 junio 2006, radicado 26564, reiterada en la CSJ SL14329-2017, cuando la Corte mencionó:
Como es sabido, un cargo por la vía indirecta implica siempre la aplicación indebida de la ley, por lo que no pueden darse ni la infracción directa ni la interpretación errónea. Sin embargo, se ha aceptado por esta Sala, la acusación por falta de aplicación de una norma, como modalidad de aplicación indebida, pero solo en el entendido que el cargo esté encaminado por la vía indirecta y bajo el supuesto de que el error manifiesto de hecho atribuido a la decisión atacada, pueda originar que se deje de aplicar la disposición legal que convenía al caso.
Luego, habiendo sido el cargo elevado por la senda de los hechos, resultó suficiente que el recurrente atacara la norma sustancial criticada por el opositor bajo el espectro de la aplicación indebida, con abstracción de que la hubiera citado como falta de aplicación lo que en la práctica correspondería a una infracción directa; o como o falta de apreciación, lo que verdaderamente se predica de un medio de prueba y no de una norma legal; todo lo cual conjuntamente, pese a ser un error, resulta salvable en la medida en que la demostración del cargo permite cumplir con el propósito del cargo.
En claro lo anterior, el problema jurídico planteado por la censura se concentró en establecer si el Tribunal se equivocó al considerar que la pensión de jubilación consagrada en la Convención Colectiva de 1965 que incorporó el contenido de la Ordenanza n.° 4 de 1975 de la Asamblea Departamental de Antioquia, no era aplicable a la demandante.
Al efecto, la recurrente parte de la base de criticar del Tribunal que valoró indebidamente el texto de las convenciones colectivas de 1965, 1970 y las vigentes entre 1977 y 1988, así como la naturaleza de la actora como trabajadora oficial según decisiones judiciales del año 2000, todo ello, en función de lo previsto en el artículo 1º de la citada Ordenanza.
Comoquiera que el cargo está formulado por la vía indirecta, la Corte entiende que la discusión planteada por la censura tiene que ver no con el régimen jurídico propiamente dicho que aplicable a la demandante para su expectativa pensional, sino, con la valoración específica de las convenciones colectivas que, en tanto pruebas acreditadas en el expediente (CSJ SL1600-2018; CSJ SL2000-2018; CSJ SL378-2018; CSJ SL2179-2018; CSJ SL2392-2018 y CSJ SL21982-2017), están llamadas, a su juicio, para fundar el régimen pensional extralegal que le resultara aplicable.
La precisión precedente resulta trascendente para el análisis del cargo comoquiera que el artículo 20 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1965 suscrita por el gobierno departamental de Antioquia y el sindicato que allí hacía presencia, consagró con claridad que «[…] toda ordenanza o Ley dictada que favorezcan a los trabajadores, se aplicará a los trabajadores de obras públicas y agricultura con carácter de convencional y por lo tanto irrenunciable».
Posteriormente, el estatuto extralegal suscrito entre iguales partes en 1970, dispuso en la cláusula 12:
El Gobierno departamental continuará reconociendo la pensión de jubilación a todos sus trabajadores al cumplir veinte (20) años de trabajo y cincuenta (50) años de edad. Parágrafo.- Igualmente reconocerá pensión vitalicia de jubilación en cuantía equivalente al ciento por ciento (100%) del promedio mensual de los salarios devengados en su último año de servicio al trabajador amparado por esta Convención que cumpla o haya cumplido cincuenta (50) años de edad y que labore treinta (30) años o más, continuos o discontinuos, exclusivamente al servicio del Departamento de Antioquia.
A su turno, el artículo 1º de la Ordenanza n.° 4 de 1975 emanada de la Asamblea Departamental de Antioquia, que fue acreditada en el expediente en tanto no corresponde a una norma de alcance nacional, estableció:
Artículo 1º. La pensión mensual y vitalicia de jubilación para los servidores departamentales vinculados dentro de la vigencia de esta Ordenanza y que cumplan o hayan cumplido cincuenta (50) años de edad y veinticinco (25) o más de servicios, continuos o discontinuos, exclusivamente al Departamento de Antioquia, será equivalente al promedio mensual de los salarios devengados por el servidor en el último año de labores.
Finalmente, la Convención Colectiva suscrita en 1978 para vigencia a partir del 1º de enero de 1979, consagra,
Artículo 7º. La pensión mensual y vitalicia de jubilación para los trabajadores del Departamento vinculados, a partir de la presente convención, será equivalente al 80% del promedio mensual de los salarios devengados por el trabajador en el último año de labores.
La censura insiste en que a pesar de haber sido reconocida una pensión a favor de la demandante con base en el último de los artículos citados, le era aplicable la Ordenanza n.° 4 de 1975 no por mérito autónomo sino por haber sido incorporada al instrumento extralegal de la Convención Colectiva de 1965 en virtud de lo previsto en el artículo 20 de aquella. El ad quem, por su parte, tras aceptar con alguna reticencia que la norma departamental fue efectivamente incorporada al texto convencional, desechó de todas maneras la alternativa de aplicación a la recurrente por considerar, principalmente, que (i) no había mención a la tasa de reemplazo aplicable, (ii) no hacía parte de su campo de aplicación y, en todo caso, (iii) el influjo del Acto Legislativo 01 de 2005 sobre las prestaciones pensionales consagradas en normas extralegales minó su vigencia.
Pues bien, la Sala advierte equivocado el primero y el tercero de los asertos del Tribunal, no así el segundo, lo que impide la prosperidad del recurso.
En efecto, dijo el fallador que la disposición convencional «[…] no le otorga el pretendido derecho a obtener la reliquidación pensional con el 100% del promedio salarial del último año. Un primer reparo que descarta esa posibilidad, es que la mencionada ordenanza no contempla expresamente que deba aplicarse ese porcentaje al promedio salarial». Sin embargo, el texto de la ordenanza departamental es claro en cuanto establece que la pensión allí prevista «[…] será equivalente al promedio mensual de los salarios devengados por el servidor en el último año de labores». Luego, el entendimiento razonable del alcance de la norma sí corresponde a que el promedio mensual de salarios devengados sea, precisamente, el 100% del mismo, y no a un porcentaje inferior.
De otro lado, el ad quem razonó que no podía hacer reconocimiento alguno de derechos pensionales con origen en una convención colectiva con posterioridad al 29 de julio de 2005 por la vigencia del Acto Legislativo 01 del mismo año, en la medida en que la pretensión estuvo fundada en la declaratoria del disfrute de la pensión a partir el 28 de noviembre de 2005. Sin embargo, dejó de ver el Tribunal que la fecha citada correspondió a la calenda en la que la trabajadora cesó en el servicio activo y por ende, su derecho resultaba exigible, y no, a la fecha en la que bajo la tesis de la censura, se causó el derecho.
Ello es así por cuanto bajo la óptica de la recurrente, su derecho pensional se causó el 19 de marzo de 2005, fecha que coincidió con el cumplimiento de los 50 años de edad, una vez completó 25 años de servicios desde el 21 de octubre de 2002. Luego, si el derecho se consolidó el día del cumplimiento de la edad (19 de marzo de 2005), la discusión respecto de la pérdida de vigencia del régimen pensional extralegal no alcanzó a estar cobijada por el imperio de la reforma constitucional.
Sobre este particular, ya la Corte ha sentado de tiempo atrás su postura, por la que concluye que el entendimiento de los efectos del Acto Legislativo 01 de 2005 sobre las previsiones pensionales extralegales corresponde a la salvaguarda de los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de los trabajadores beneficiarios de aquellas prerrogativas, básicamente así: a) si se consolidaron con antelación a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, y, b) si fueron negociados por primera vez antes de la vigencia del mencionado acto, pero se consolidaron durante la vigencia de éste, dependiendo de la vigencia inicial.
Así lo ha tenido claro la Sala en diversas providencias donde se ha discutido su alcance, entre otras, en CSJ SL15583-2017, CSJ SL14075-2017, CSJ SL13756-2017, CSJ SL12498-2017; CSJ SL12420-2017; CSJ SL4927-2017; CSJ SL13649-2017; CSJ SL6116-2017; CSJ SL4285-2017; CSJ SL4963-2016; CSJ SL13267-2016; CSJ SL4963-2016; CSJ SL1409-2015; CSL SL642-2013; CSJ SL, 24 abril 2012, radicado 39797; CSJ SL, 20 octubre 2009, radicado 34044; CSJ SL, 23 enero 2009, radicado 30077; CSJ SL, 3 abril 2008, radicado 29907; CSJ SL, 31 enero 2007, radicado 31000; y así lo expresó en sentencia CSJ SL12498-2017, reiterada en las recientes providencias CSJ SL2257-2018, CSJ SL836-2018, CSJ SL726-2018, CSJ SL1400-2018, CSJ SL110-2018, CSJ SL314-2018, CSJ SL459-2018, CSJ SL461-2018, CSJ SL703-2018, CSJ SL1428-2018, CSJ SL1286-2018, CSJ SL1495-2018, CSJ SL1799-2018, CSJ SL1961-2018, CSJ SL1996-2018, CSJ SL2094-2018, CSJ SL2407-2018, CSJ SL2417-2018, CSJ SL2413-2018, CSJ SL2677-2018, CSJ SL602-2018.
No obstante lo anterior, el argumento central de la censura se concentró en advertir que mediante decisión judicial del 7 de noviembre del año 2000, la demandante fue considerada una trabajadora oficial, y por ende, hacía parte de la catalogación legal prevista en el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968 que consideraba como trabajadores oficiales a quienes prestaran servicios en la «construcción y sostenimiento de obras públicas». Allí finca la recurrente el presunto error cometido por el ad quem, comoquiera que le acusó de interpretar equivocadamente el texto de la Convención Colectiva de 1965 que incorporó la Ordenanza n.° 4 de 1975, cuando aseguró que el régimen de jubilación allí previsto aplicaría «[…] a los trabajadores de obras públicas y agricultura con carácter de convencional y por lo tanto irrenunciable».
El Tribunal, entonces, interpretó la norma convencional como dirigida exclusivamente a los trabajadores del Departamento de Antioquia en las secretarías de Obras Públicas y Agricultura, en tanto el recurrente razonó que la mención a obras públicas estipulada en el texto convencional, se refería a los trabajadores que se ocuparan de la construcción y sostenimiento de obras públicas.
Expuesto así el diferendo, entiende la Sala que lo que existe verdaderamente es una diferencia en el alcance del texto de la Convención en sí mismo, para lo que basta recordar que con antelación ha advertido la Corte que la convención colectiva de trabajo no es norma sustantiva de alcance nacional y constituye una prueba para los efectos del recurso de casación, en tanto los derechos que emanan de ella deben ser probados y acreditados en el proceso. De esta manera, tiene la virtud de ser apreciada por los falladores de cada instancia bajo el amparo del principio de la libre formación del convencimiento, por lo que la conclusión del juzgador al interpretarla es autónoma y debe ser respetada, mientras no se muestre irrazonable o insensata (CSJ SL11447-2017, CSJ SL10734-2017, CSJ SL7215-2016, CSJ SL45765-2013, CSJ SL, 28 febrero 2012, radicado 42947).
Así, la interpretación de las disposiciones de dichos acuerdos corresponde, en principio, a las partes y luego a los jueces de instancia (CSJ SL9291-2015), los cuales deben valorar la convención colectiva como la prueba que es. Si el censor pretende elevar reproche sobre la inteligencia del Tribunal, lo deberá hacer por la vía de los hechos con la identificación de los errores de hecho en los que estime que incurrió el ad quem en cada caso (CSJ SL11544-2017), lo que sólo habrá de prosperar si, se reitera, la interpretación del Tribunal resulta salida de cualquier lógica; lo que no sucedió en el caso sub examine.
La postura del Tribunal en modo alguno se muestra irrazonable, menos aun si se tiene en cuenta que el texto convencional que contiene la limitación de trabajadores de las secretarías de Obras Públicas y Agricultura, es anterior al Decreto 3135 de 1968 que introdujo el concepto de trabajadores asociados a la construcción y sostenimiento de obras públicas, por tanto, no podía preverse que el alcance de aquella expresión hiciera referencia al marco conceptual que aportó el citado Decreto. Bajo aquella óptica, tampoco se entendería, por ejemplo, por qué la norma convencional distinguió entre trabajadores «de obras públicas» y «agricultura» si no se tratara de la referencia específica a la división administrativa del gobierno departamental de Antioquia.
A esta altura del debate importa precisar por la Sala que el concepto de favorabilidad, cuyo análisis propone escuetamente la censura, se configura ante la duda en la interpretación o aplicación de dos o más normas aplicables, siempre que lo sean a la misma situación fáctica (CSJ SL16893-2016), lo que está lejos de suceder en el sub lite. Este principio, como ya ha tenido oportunidad de indicarlo la Sala con antelación (CSJ SL, 15 febrero 2012, radicado 40662), se caracteriza por ser procedente bajo las siguientes características: (i) la duda surge sobre la aplicación de dos o más normas, entendidas éstas como «[…] un enunciado hipotético al cual se enlaza una determinada consecuencia jurídica»; (ii) las disposiciones deben ser válidas y estar en vigor; (iii) deben regular la misma situación fáctica, y (iv) al emplearse, debe respetarse el principio de la inescindibilidad o conglobamento, es decir, la norma escogida no solamente se utiliza íntegramente, sino como un todo, como un cuerpo o conjunto normativo.
En efecto, si dos normas de igual categoría que gobiernan un mismo presupuesto de hecho están en conflicto, podrá optarse por aquella que resulte más favorable al trabajador, pero deberá ser aplicada en su integralidad, es decir, sin fraccionamientos (CSJ SL10215-2017, CSJ SL3012-2017 y CSJ SL7105-2017). Ello supone, entonces, la inaplicación de la norma calificada como desfavorable. En el sub lite la censura se limitó a lanzar genéricas denuncias de inaplicación de la favorabilidad que debe acompañar al trabajador en las leyes sociales, pasando por alto, entre otras cosas, que el raciocinio del Tribunal partió de la base de advertir que la norma convencional de 1965 no gobernaba la expectativa pensional de la actora. Luego, a pesar de tratarse de normas de igual categoría, válidas, presumiblemente en vigor, no gobernaban el mismo presupuesto de hecho y por ende, no se encontraban en conflicto.
Así las cosas, la Sala encuentra que ningún error sobre el particular cometió el ad quem, que, además, no hizo otra cosa sino llegar a conclusiones que se muestran ajustadas a derecho en el marco del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dado que en el marco de la autonomía judicial que acompaña sus decisiones, encontró que las hipótesis previstas en la Convención Colectiva de 1965 no regulaban el derecho pensional de la actora.
A ello apunta precisamente el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que confiere al juzgador la posibilidad de formar libremente su convencimiento «[…] inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes»; sin someterse a una tarifa legal para la valoración de las pruebas. La discrepancia, aún si fuere profunda, del litigante cuyas pretensiones o excepciones son desestimadas por la justicia en sede ordinaria, no supone per se un error que funde un cargo en casación.
Sobre este particular la Sala tuvo la oportunidad de afirmar con antelación en providencia CSJ SL, 1º febrero 2011, radicado 38336, que:
También se ha entendido que dentro del marco de libertad valorativa que el artículo 61 del ordenamiento adjetivo del trabajo le confiere, el fallador de instancia puede escoger cuáles de los elementos demostrativos incorporados al expediente le ofrecen mayor credibilidad, e incluso puede restarle todo mérito de convicción a otros, sin que ello comporte una decisión discrecional equivocada, ni arbitraria.
[…]
Dilucidar la Corte cuál de las pruebas aportadas al proceso tendría un mayor grado de convicción para el Tribunal respecto de los hechos litigiosos, desconocería la facultad de apreciar libremente las pruebas y formarse el convencimiento que tienen los falladores de instancia.
No debe pasarse por alto que el fin de la casación no es esclarecer la verdad de lo ocurrido, para de conformidad con ella juzgar el pleito habido entre los litigantes, sino cuidar de que la sentencia no viole la ley sustancial, bien sea por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, o en virtud de desatinos en la valoración probatoria, pues es a los jueces de instancia a quienes compete la función de establecer el supuesto de hecho al que deben aplicar la norma que mejor convenga al caso para su recta solución; y es por ello que mientras no se incurra en un desatino por decidir contra la evidencia que resulta de los hechos tal como realmente fueron probados en la causa, no le está permitido a la Corte, en su función de tribunal de casación, injerirse en la valoración de la prueba para reemplazar, con su propio convencimiento, el que el Tribunal se haya formado sobre la cuestión de hecho del proceso.
Colofón de lo expuesto, se reitera, ningún error cometió el Tribunal y menos aún ostensible, por lo que el cargo está llamado al fracaso. Frente a ello, importa recordar por la Sala que el error de hecho en materia laboral, precisamente, «[…] se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida» (CSJ SL, 11 febrero 1994, radicado 6043, reiterada en CSJ SL5988-2016 y en CSJ SL4032-2017).
Además, para que se configure, es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta (CSJ SL18164-2016); todo lo cual, no tuvo ocurrencia en el sub lite.
Las razones expuestas son suficientes para dar al traste con el cargo formulado.
Sin costas en casación comoquiera que el recurso no fue replicado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veintiocho (28) de junio de dos mil trece (2013) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por CONSUELO DEL SOCORRO VANEGAS contra el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
Sin costas.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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