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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2337-2020

Pensión de sobrevivientes

Fecha
8 de julio de 2020
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
28 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2337-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Los beneficiarios del afiliado fallecido podían obtener la pensión de sobrevivientes bajo la condición más beneficiosa en el tránsito entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003?

Reglas

  1. La pensión de sobrevivientes se define, como regla general, conforme a la norma vigente al momento de la muerte del afiliado o pensionado.

    «la regla general es la de que la contingencia está cobijada por la norma de seguridad social de la prestación pensional correspondiente vigente al momento de su ocurrencia»
  2. Si al entrar en vigor la Ley 797 de 2003 el afiliado cotizaba, la situación concreta protegible por condición más beneficiosa exige al menos 26 semanas cotizadas en cualquier tiempo.

    «la situación jurídica concreta emerge si el afiliado para el momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, (i) estaba cotizando al sistema»
  3. Si al cambio legislativo el afiliado no cotizaba, la situación concreta protegible exige 26 semanas o más cotizadas durante el año inmediatamente anterior.

    «la situación jurídica concreta aflora si el afiliado para el momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, (i) no estaba cotizando al sistema»
  4. Sin esos requisitos de cotización al tránsito legislativo no existe situación jurídica concreta que habilite la condición más beneficiosa.

    «no tenía una situación jurídica concreta que se deba proteger a través de la condición más beneficiosa»

Decisión

No casó la sentencia del Tribunal que negó la pensión de sobrevivientes, al concluir que el causante no reunía los requisitos de la situación jurídica concreta para aplicar la condición más beneficiosa.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 28 de octubre de 2011, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario adelantado por MARISOL VÁSQUEZ GONZÁLEZ, en nombre propio y en representación de su hijo JJ, contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. Costas como se indicó.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2337-2020

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

8 de julio de 2020

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL2337-2020

Radicación n.° 55256

Acta 24

Bogotá, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veinte (2020).

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 28 de octubre de 2011, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario adelantado por MARISOL VÁSQUEZ GONZÁLEZ, en nombre propio y en representación de su hijo JJ, contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

ANTECEDENTES

Marisol Vásquez González, en nombre propio y en representación de su hijo JJ, demandó en proceso laboral a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías -PORVENIR S.A.-, para que les sea reconocida y pagada la pensión de sobrevivientes a que tienen derecho por el fallecimiento de su compañero y padre Jorge Iván Pérez Saavedra, a partir del 16 de octubre de 2004, las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 del mismo estatuto de la seguridad social y las costas del proceso.

Como sustento de sus peticiones, argumentaron que Marisol Vásquez González convivió con Jorge Iván Pérez Saavedra en unión libre desde el 10 de septiembre de 1999 hasta el 16 de octubre de 2004, «compartiendo techo, lecho y mesa»; que de dicha unión fue procreado el menor JJ, quien nació el 28 de mayo de 2003; que dependían económicamente del causante; que Jorge Iván Pérez Saavedra falleció, víctima de accidente de tránsito, el 16 de octubre de 2004; que al momento del deceso se encontraba vinculado en el Fondo demandado «y con anterioridad a la fecha de la muerte había cotizado […] más de 26 semanas»; y que les fue negada la pensión impetrada.

La sociedad convocada al proceso, al dar contestación al escrito generatriz de la controversia, se opuso al éxito de las pretensiones incoadas y propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación, no aplicación del principio de la condición más beneficiosa, imposibilidad de imponer intereses moratorios y de condenar en costas, prescripción y compensación.

En su defensa arguyó que el causante no cotizó el número necesario de semanas para que los beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes deprecada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Uno Laboral del circuito de Cali Adjunto al Juzgado 11 laboral del circuito de Cali, puso fin a la primera instancia mediante sentencia calendada 29 de abril de 2011, en la que absolvió al demandado y declaró probadas las excepciones de cobro de lo no debido, falta de cumplimiento de los requisitos legales para acceder al beneficio pensional y falta de causa en las pretensiones de la demanda. Condenó en costas a la parte vencida.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la demandante, con sentencia del 28 de octubre de 2011, confirmó el fallo de primer grado.

El juzgador inicialmente sostuvo que estaba fuera de discusión: i) que el deceso del señor JORGE IVAN PÉREZ SAAVEDRA, se produjo el 16 de Octubre de 2004, ii) que la norma que gobierna la prestación implorada en principio es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que trata sobre la pensión de sobrevivientes, precepto que al momento mismo del deceso del afiliado exigía de este «un mínimo de cincuenta (50) semanas de cotización antes de su fallecimiento y un mínimo de cotización del 20% entre el momento que cumplió veinte años y la fecha del deceso».

Así, identificó que el problema jurídico a resolver «se circunscribe en determinar si el causante IVAN PÉREZ SAAVEDRA, en vida consolidó los requisitos del Articulo 12 de La ley 797 de 2003 que modificó el Artículo 46 de la ley 100 de 1993, para dejar causado a los miembros de su grupo familiar una pensión de sobrevivientes, y en el evento que sea negativa la respuesta si en virtud del principio de condición más beneficiosa, es posible aplicar el Artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original para así determinar si acreditó en vida los requisitos de este precepto normativo, para finalmente determinar si la señora MARISOL VÁSQUEZ GONZÁLES en nombre propio y en representación del menor […], ostentan la condición de beneficiarios de la prestación post mortem aquí deprecada».

Enseguida indicó que si en el asunto bajo examen está claro que el causante «falleció el 16 de Octubre de 2004 situación que permite establecer de manera preliminar que el suceso se produjo en vigencia del Articulo 46 de la ley 100 de 1993 modificado por la ley 797 de 2003 del 29 de enero de 2003, publicada en el diario oficial 45.079 de la misma fecha, norma que en su artículo 12 exigía como requisitos para el acceso a una pensión de sobrevivientes, esto es haber "cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento" y una proporción de cotizaciones relacionadas con la edad del afiliado o también denominada "fidelidad al sistema", esto es que haya cotizado "el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento"».

Luego de referirse a la sentencia CC C - 556 de 2009, adujo que «aunque las sentencias de Constitucionalidad por virtud de la ley estatutaria de administración de justicia indican que estas tienen efectos a futuro a menos que modulen su fallo y dispongan otro efecto, no se puede desconocer que los argumentos esbozados por la Corte Constitucional para sustentar la inexequibilidad del aparte son de tal magnitud que hacen imposible su exigencia por ser abiertamente inconstitucionales, incluso desde que nacieron a la vida jurídica, y que permanecieron durante toda su vigencia pues atentaban flagrantemente contra la Carta Política y del principio de progresividad de las leyes de seguridad social».

Al respecto concluyó que «aunque el causante falleció antes de la declaratoria de inexequibilidad del requisito de fidelidad, no tiene impedimento la sala para que se pretermita tal requisito, máxime si como se anotó, desde que nació era abiertamente inconstitucional. Por lo anterior, la sala verificara si el causante acreditó como único requisito para la prestación deprecada, un mínimo de cincuenta semanas entre el 16 de Octubre de 2001 al 16 de Octubre de 2004».

A renglón seguido acotó que en el plenario «se puede establecer que el causante se afilió al Sistema de Seguridad Social en Pensiones el 18 de mayo de 2000 (fl 12), y que a partir de esa afiliación y hasta el 30 de Abril de 2005 acreditó una densidad de semanas equivalente a 313 días o 44.7 semanas de cotización (fls 9 y 10)».

Coligió que «sin que haya lugar a dudas que desde la muerte del causante 16 de Octubre de 2004, y en retrospectiva a tres años desde ese suceso o el 16 de Octubre de 2001, únicamente acredita 106 días o 15, 14 semanas de cotización. Por lo antedicho, en principio aparece ajustada a derecho la negativa de LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FODOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A [en adelante PORVENIR S.A] y del a quo de no reconocer la pensión de Sobrevivientes deprecada pues de acuerdo con la normatividad reinante para la fecha de muerte del causante Ley 797 de 2003 esté no acreditaba los requisitos de esta preceptiva, dada su precaria frecuencia en materia de cotizaciones».

Dijo que la apelante, en su ideal de acreditar la prestación económica «insiste en que el causante en virtud del principio de condición más favorable, entiéndase [condición más beneficiosa] puede invocar la aplicación de los requisitos que en materia de pensión de Sobrevivientes trae el artículo 46 de la ley 100 de 1993 en su redacción original, esto es que al momento mismo del deceso del afiliado un mínimo de veintiséis (26) semanas al momento de la muerte en el evento que se encontrare cotizando, o la misma densidad de semanas pero en el año inmediatamente anterior al momento de la muerte en el evento que hubiere dejado de cotizar».

Afirmó que frente a «tal petitum esta Sala, en aquellos casos que el causante acredita en vida los requisitos de el (sic) Articulo 46 de la ley 100 de 1993 en su redacción original, ha considerado, y así se ha pronunciado, que siendo que el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 incluye exigencias más gravosas que la primera de las normas traídas a cita en virtud del principio de progresividad, el principio de condición más beneficiosa aquí invocado, y reconocido constitucionalmente, es factible aplicar el artículo 46 de la ley 100 de 1993 en su redacción original».

Añadió que «aún aplicando la condición más beneficiosa, tampoco el causante cumple los requisitos del Articulo 46 de la Ley 100 de 1993 en su redacción original para causar el derecho deprecado, al tener 106 días o 15, 14 semanas de cotización entre el 16 de Octubre de 2004 al 16 de Octubre de 2003, insuficientes a las veintiséis (26) que exige la Norma, situación que en si misma desvirtúa el dicho del apelante en el sentido que el causante alcanzó a cotizar 226 o 32 semanas días en ese lapso».

Así, concluyó que ninguno «de los argumentos del apelante fueron de prosperidad, situación que condujo a que esta sala confirmara la decisión tomada por el a quo, en tanto que está plenamente acreditado que no le asiste el derecho a la pensión de invalidez deprecada, en la forma y términos del Artículo 12 de la ley 797 de 2003, ni tampoco bajo los lineamientos del Artículo 46 de la ley 100 de 1993 en su redacción original aplicable bajo aplicación del principio constitucional de condición más beneficiosa opción que aplica esta Sala para asuntos similares pero que en el particular no es de prosperidad dada la precaria densidad de cotizaciones del causante».

RECURSO DE CASACIÓN

Lo interpuso la parte demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, el cual se procederá a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Conforme se lee en el alcance de la impugnación, la recurrente pretende se «REVOQUE, la Sentencias de Primera Instancia No. 34 del 29 de abril de 2011 y CASE la sentencia No, 253 del 28 de octubre de 2011 proferida por EL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE CALI - SALA LABORAL».

Con tal propósito formula un cargo, que fue replicado.

CARGO ÚNICO

Acusa el fallo de violar la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de «Aplicación indebida del artículo 46 de la ley 100 de 1993».

La recurrente, tras referirse a los requisitos de ley para acceder a la pensión de sobrevivientes, asevera que la «sentencia No. 34 del 29 de abril de 2011 fallada por El Juzgado Treinta y Uno Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito de Cali, absolvió a la parte demandada. Apreciándose que hubo una APLICACIÓN INDEBIDA, porque el Juzgador de Primera Instancia niega de plano la aplicación de la norma o ley más favorable, fundamentándose para ello, en la sentencia de La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral del 11 de febrero de 2009, radicación 35080 M.P. Luis Javier Osorio López, en esta sentencia se protegió el derecho de los beneficiarios que al entrar a regir la ley 100 de 1993 ya tenían cumplidos los requisitos con la ley anterior, como es el caso del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 de 1990. Pero el caso de la demandante es similar porque se trata de dar aplicación a la norma inmediatamente anterior, en protección a la ley más favorable, como lo es la ley 100 de 1993 que exigía como uno de los requisitos que el afiliado se encontrara cotizando al sistema pensional al momento del fallecimiento y con anterioridad hubiere cotizado 26 semanas al sistema. O en caso de no encontrase cotizando para la fecha del fallecimiento, hubiere cotizado 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior (16 de octubre de 2004 al 16 de octubre de 2003), requisito que, sí se cumplía y no fue aplicado por el Juzgado de Primera Instancia, por lo menos el contenido del literal A del artículo 46 de la ley 100 de 1993, por ser la norma más favorable de acuerdo al artículo 53 de la Constitución Política de Colombia».

Acota que el Tribunal «mediante la sentencia No. 253 del 28 de octubre de 2011, igualmente incurre en la causal de APLICACIÓN INDEBIDA, porque si bien es cierto el causante no dejó cumplido el derecho con base en el artículo 12 de ley 797 de 2003, sí lo es que el fallecido cumplió con uno de los requisitos exigidos en el artículo 46 de la ley 100 de 1993, concretamente el literal A. como quiera que al momento del fallecimiento se encontraba vinculado en el FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y con anterioridad había cotizado 313 día que equivalen a 44,71 semanas, las que son superiores a las 26 exigidas, pero los Señores Magistrados […] dieron una aplicación indebida al manifestar que en el año anterior (16 de octubre de 2004 a 16 de octubre de 2003) el causante sólo había cotizado 15.14 semanas, pero no se refirieron a la otra condición que indica que si está cotizando al momento del deceso, basta con haber cotizado un mínimo de 26 semanas con anterioridad».

LA RÉPLICA

Al confutar el cargo aduce que carece de los requisitos de la técnica de casación, pero sin embargo el Tribunal no se equivocó puesto que aplicó correctamente la norma que regula el asunto debatido, cual es, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

CONSIDERACIONES

Es cierto, tal como lo destaca la oposición, que la demanda no es propiamente un modelo, pero la Corte entiende que lo pretendido por la censura es la aplicación de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Este tema fue resuelto, por mayoría, mediante sentencia SL4650-2017, de la siguiente manera:

Sobre la norma aplicable en los eventos del reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes

Esta Corte de vieja data ha sostenido que la primera investigación, que debe hacer el juez al dictar el acto jurisdiccional, consiste en la selección de la norma aplicable, o sea, determinar la existencia y validez de esta. Será necesario entonces que considere los problemas de la ley en el tiempo y en el espacio, precisando los límites personales, temporales y espaciales de la disposición jurídica.

En ese horizonte, es criterio reiterado de esta Corporación que la regla general es la de que la contingencia está cobijada por la norma de seguridad social de la prestación pensional correspondiente vigente al momento de su ocurrencia, esto es, para la pensión de sobrevivientes, la que está en vigor a la calenda de la muerte del afiliado o pensionado.

Cumple a ese propósito memorar que la Corte en sentencia CSJ SL7358-2014, del 11 de jun. 2014 rad. 46780, sostuvo que «tal como lo tiene señalado la jurisprudencia de esta Sala, la regla general es que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado. (CSJ SL 10 Jun 2009, Rad. 36135; 1° Feb 2011, Rad. 42828; 23 Mar 2011, Rad. 39887; y 3 de May 2011, Rad. 37799, entre otras)».

Es claro que, además de ampararse el instituto jurídico del derecho adquirido, esta premisa respeta tanto el amplio margen de configuración que tiene sobre el sistema el Congreso de la República como las razones de necesidad, oportunidad y equidad que motivan la necesidad de un cambio legislativo.

Para atenuar de alguna manera los efectos de un cambio abrupto en las reglas de juego, dada una reforma legal, se estila en las leyes sociales implementar regímenes de transición. Dado que los cambios legislativos en materia de derecho social, que obedecen a la necesidad de ajustar los parámetros de acceso y en algunas ocasiones de revaluar el alcance de los elementos esenciales del derecho en respuesta a los cambios económicos, sociales y aún culturales, establecen requisitos más exigentes de acceso a las prestaciones, la justificación de establecer un régimen de transición aparece lógico para lograr un tránsito armónico y pacífico que minimice las consecuencias que pudieran resultar tanto en la población que tenía una expectativa legítima, frente al acceso al derecho, como en el proveedor del derecho, en este caso el Estado, por ejemplo en su necesidad de hacer sostenible financiera y económicamente el sistema de derechos prestacionales.

No obstante lo anterior, en algunas ocasiones escapan al legislador ciertas consecuencias indeseables, por injustas e inequitativas, derivadas del tránsito legislativo, que ameritan, tanto desde el punto de vista constitucional como legal, la aplicación de los principios con venero en el orden jurídico, como el de la condición más beneficiosa, para resolver el problema social que se ocasiona por la implementación del nuevo ordenamiento.

Hechas las anteriores precisiones la Sala procede a estudiar el principio de la condición más beneficiosa.

En torno a los elementos característicos del principio de la condición más beneficiosa

Esta Corporación ha estimado que el postulado de la condición más beneficiosa tiene las siguientes características:

Es una excepción al principio de la retrospectividad.

Opera en la sucesión o tránsito legislativo.

Procede cuando se predica la aplicación de la normatividad inmediatamente anterior a la vigente al momento del siniestro.

Entra en vigor solamente a falta de un régimen de transición, porque de existir tal régimen no habría controversia alguna originada por el cambio normativo, dado el mantenimiento de la ley antigua, total o parcialmente, y su coexistencia en el tiempo con la nueva.

Entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas, que, si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia –expectativas legítimas- habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada.

Respeta la confianza legítima de los destinatarios de la norma.

Expliquemos cada uno de ellos:

1. Excepción a la retrospectividad de la ley

La condición más beneficiosa, a no dudarlo, se entiende como un mecanismo que permite atenuar la rigurosidad del principio de la aplicación general e inmediata de la ley, pues permite que la disposición derogada permanezca vigente en presencia de una situación concreta, materializada en una expectativa legítima conforme a la ley anterior.

Opera en sucesión o tránsito legislativo

La pregunta relevante es ¿qué se entiende por tránsito legislativo? El tránsito legislativo es un momento único, que se da, en forma simple cuando se sanciona y promulga una nueva ley.

Los efectos del tránsito legislativo, como ya se dijo, por regla general son inmediatos. Existen, desde luego, excepciones, como la que rigen para los impuestos anuales, caso en el cual las normas tributarias, por ejemplo, sobre impuesto de renta, rigen a partir del siguiente año fiscal; o las que protegen derechos adquiridos que no se pueden violar en virtud del artículo 58 de la Constitución Política. (aunque puede obrar la expropiación).

En el caso de derechos sociales, el tránsito legislativo lleva a prever en la norma reformatoria, la protección a los derechos adquiridos y, en algunas ocasiones, regímenes de transición; en otras no: por ejemplo, la Ley 797 de 2003 que reformó la manera de determinar el monto y cuantía de la pensión de vejez para los afiliados al régimen de prima media no estableció régimen de transición alguno para salvaguardar estos aspectos.

Los derechos adquiridos y los regímenes de transición, plenos o parciales, otorgan protección temporal, total o parcial a los ciudadanos. En materia del derecho adquirido el amparo es vitalicio o pleno; en el caso de los regímenes de transición es temporal, pero pueden ser pleno o parcial. En el evento de la aplicación directa de la Ley 33 de 1985 la garantía fue plena para quienes tenían 20 años de servicios, pues los cobija en su integridad el régimen anterior; mientras que en la Ley 100 de 1993 la protección es parcial porque, para construir el derecho a la pensión, solo se toman los parámetros de edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto del régimen anterior.

Entonces, es el legislador el que define qué protección concede y el lapso por el cual la otorga. Si no fija consecuencias temporales mediante medidas de protección, debe estarse, en principio, a la aplicación inmediata de la ley.

Aplicación de la normatividad inmediatamente precedente

No es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso. Es decir, el juez no puede desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la que haya precedido –a su vez- a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos «plusultractivos», que resquebraja el valor de la seguridad jurídica (sentencia CSJ SL, del 9 de dic. 2008, rad. 32642).

A falta de régimen de transición

Los regímenes de transición, por regla general, sólo protegen expectativas legítimas, es decir, se centran en la protección de aquellos grupos de población cercanos al cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación.

En la misma dirección la Corte Constitucional en fallo C-663/07, recalcó que los regímenes de transición, a) recaen sobre expectativas legítimas de los asociados y no sobre derechos adquiridos; b) su fundamento es el de salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de conformidad con el régimen anterior; c) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de transición; y d) es constitucionalmente legítimo que se utilice la figura del régimen de transición para evitar que una decisión relacionada con expectativas pensionales legítimas bajo la vigencia de una ley, se vea desvirtuada completamente por una ley posterior, en desmedro de quienes aspiraban a que sus derechos pudieran llegar a consolidarse bajo el régimen previo.

Conviene precisar que, en relación con las pensiones de invalidez y sobrevivientes, no ha existido un régimen de transición en nuestra historia legal. Ello no ha sido óbice para que el operador jurídico busque principios de favorabilidad a través, por ejemplo, de la definición de derecho adquirido recayendo en la fecha de estructuración, buscando normas de acceso más favorables que las que rigen al momento de la declaratoria.

La pregunta que surge es ¿por qué si han existido normas de protección para las pensiones de jubilación o vejez, a través de regímenes de transición, no han existido normas de protección para la invalidez y la muerte? Un principio de respuesta puede darse si se tiene en cuenta que la vejez, durante la vida laboral del individuo, es un hecho relativamente cierto mientras que, por ejemplo, la invalidez es relativamente incierto y poco probable. Dicho en otras palabras, el régimen de transición en las pensiones de vejez se da porque es viable considerar la mayor o menor aproximación a la edad y al total de cotizaciones exigidas bajo un régimen, para determinar el grupo de la población que eventualmente puede acceder a esa prestación (por el transcurso del tiempo – hecho determinable -, ya para completar cierta edad o para sumar un período de cotizaciones); mientras que en la de invalidez, por ejemplo, obedece a contingencias improbables de predecir y, por ende, no regulables por un régimen de transición (sentencia CSJ SL de 5 de jul. 2005, rad. 24.280).

De manera que, por regla general, en presencia de regímenes de transición, la condición más beneficiosa no puede aplicarse pues haría nugatorios todos los objetivos económicos y sociales que con una reforma pretenden lograrse y, desde el umbral, debe aplicarse en torno a normas de impacto mediato.

El destinatario posee una situación jurídica concreta- expectativa legítima-

En pensiones de siniestro, como las de invalidez y sobrevivientes, no es fácil establecer qué es una situación jurídica concreta. Empero, se ha entendido por la Jurisprudencia que la situación es concreta si se cumple en estos casos con la densidad de semanas de cotización, dentro del plazo estrictamente exigido por la normatividad aplicable

Así, por ejemplo, en el régimen de los seguros sociales obligatorios, la situación es concreta si el afiliado cotizó 300 semanas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, dado que la norma exigía ese número de semanas de cotización en todo el tiempo.

Con la vigencia de la Ley 100 de 1993, en parte puede existir una definición de situación concreta a estos efectos, dado que la norma precisa tal situación dependiendo de la cotización efectiva.

Del anterior mandato se desprende dos situaciones que dan acceso a la prestación:

Afiliado que se encontraba cotizando al sistema al momento del fallecimiento.

Requisito de semanas: haber cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de producirse la muerte, es decir, en cualquier tiempo.

Afiliado que no se encontraba cotizando al sistema al momento del fallecimiento.

Requisito de semanas: haber cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.

Nótese que a diferencia del Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049, el legislador del 93 estableció como criterio de acceso el hecho de la cotización efectiva al sistema, al momento de la muerte o invalidez, para estructurar el requisito de semanas de cotización. En efecto, mientras que la normativa anterior exigía haber cotizado 300 semanas en cualquier tiempo o 150 semanas dentro de los seis años anteriores al momento del siniestro, sin establecer el requisito de cotización al momento de la muerte o invalidez; en la legislación de 1993, el nivel de concentración de las semanas de cotización exigidas en un determinado lapso depende del hecho de la cotización efectiva al momento de la invalidez.

Teniendo en cuenta lo dicho, ¿Cómo se expresa la situación jurídica concreta en el cambio normativo de la Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003?

1. Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo

En este evento la situación jurídica concreta emerge si el afiliado para el momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, (i) estaba cotizando al sistema, y (ii) había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo.

Ello por cuanto no solamente se da eficacia, sino que también se satisface con la densidad de semanas de cotización efectuadas dentro del plazo estrictamente exigido por el mandato abolido.

Cumple a ese propósito dejar en claro, empero, que si el asegurado estaba cotizando para el 29 de enero de 2003 y no tenía en su haber 26 semanas de cotización en cualquier tiempo, no es poseedor de una situación jurídica concreta y, en consecuencia, se le aplica con rigurosidad la Ley 797 de 2003, en desarrollo del principio de la retrospectividad de la ley, pues repárese en que no tiene una expectativa legitima ni mucho menos un derecho adquirido. En resolución, en este caso no hay condición más beneficiosa.

2. Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo

En esta hipótesis la situación jurídica concreta aflora si el afiliado para el momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, (i) no estaba cotizando al sistema, (ii) pero había aportado 26 semanas o más dentro del año inmediatamente anterior a la data del tránsito legislativo, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y 29 de enero de 2003.

Ello, toda vez que se cumple con la densidad de semanas de cotización, dentro del interregno estrictamente exigido por el precepto derogado.

Si el afiliado no estaba cotizando para el 29 de enero de 2003 y no tenía 26 semanas o más de cotización dentro del año inmediatamente anterior a la data del tránsito legislativo, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y 29 de enero de 2003, no tiene una situación jurídica concreta y, por ende, también se aplica con todo el rigor la Ley 797 de 2003, en desarrollo del principio de la retrospectividad de la ley, pues no posee una expectativa legitima y mucho menos un derecho adquirido. En conclusión, tampoco hay condición más beneficiosa.

Caso concreto

En el asunto bajo examen se tiene que el causante al momento del tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, no estaba cotizando y no tenía 26 semanas en al año inmediatamente anterior, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y 29 de enero de 2003, luego brilla palmario que no tenía una situación jurídica concreta que se deba proteger a través de la condición más beneficiosa, pese a que este se encontraba cotizando.

Siendo lo anterior así, como efectivamente lo es, no hay méritos para casar el acto jurisdiccional recurrido, por tanto, el cargo no sale victorioso.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Fíjense las agencias en derecho en la suma de $4.240.000, las cuales liquidara el Juzgado de Primera Instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 28 de octubre de 2011, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario adelantado por MARISOL VÁSQUEZ GONZÁLEZ, en nombre propio y en representación de su hijo JJ, contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

Costas como se indicó.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

952500255968500IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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