Ficha de la providencia
Sentencia SL2341-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2341-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2341-2020
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
8 de julio de 2020
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL2341-2020
Radicación n.° 77512
Acta 24
Bogotá, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veinte (2020).
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la UNIDAD AMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES UGPP contra la sentencia del 12 de marzo de 2011, proferida por la Sala Décima de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario instaurado por SILVIA EUGENIA PUYO DE MESA contra CAJANAL EICE – EN LIQUIDACIÓN.
Téngase al doctor Esteban Puyo Posada, identificado con T.P. 142.670 del C.S.J., como apoderado de la parte opositora, conforme al escrito visible a folio 9 del cuaderno de la Corte.
ANTECEDENTES
De manera sintética, y para lo que interesa a la acción, ha de precisarse que en criterio de la UGPP el fallo acusado no se encuentra acorde con el ordenamiento jurídico en tanto ordenó reliquidar la pensión de vejez a favor de Puyo de Mesa en cuantía superior a la que le correspondía, esto es, con la inclusión de todo lo devengado en el último año de servicio, desatendiendo los parámetros que sobre el particular fija el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y los factores del Decreto 1158 de 1994, lo cual provocó a favor de aquella una prestación en cantidad superior a la que legalmente le concernía.
Precisa que de acuerdo con literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es viable este tipo de acción «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables»; por lo que solicita se revoque la sentencia de segunda instancia impugnada y, en su lugar, se declare que a la demandada no le asiste el derecho a que su pensión de vejez se liquide con la totalidad de los factores devengados en el último año de servicio y, por el contrario, la prestación debió concederse a la luz de las previsiones del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 conforme a lo dispuesto en las sentencias CC C- 258 de 2013 y CC SU 230 de 2015 de la Corte Constitucional.
Para dar respaldo a las anteriores súplicas exhibió como fundamentos fácticos los siguientes: i) que la señora Silvia Eugenia Puyo de Mesa, solicitó a Cajanal el reconocimiento de una pensión de vejez, para lo cual acreditó más de 20 años de servicio oficial en la Rama Judicial desde el 1º de enero de 1974 al 27 de agosto de 1975, del 16 de marzo de 1976 al 30 de noviembre de 1977, y a la Procuraduría General de la Nación del 1º de diciembre de 1977 al 30 de noviembre de 2000, cuyo último cargo desempeñado fue el de procurador judicial II; ii) que mediante Resolución No. 10609 de 4 de mayo de 2001, Cajanal reconoció y ordenó el pago vitalicio de la prestación solicitada, aplicando el 75% sobre el promedio de lo devengado en los últimos 6 años, 8 meses, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía equivalente a $3.875.122.33, efectiva a partir del 1º de diciembre de 2000, con efectos una vez acreditado el retiro efectivo del servicio. Acto administrativo recurrido por la señora Puyo de Mesa, y que fue confirmado en su integridad por Resolución No. 4061 de 16 de agosto de 2001.
Que el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, ante la acción de tutela adelantada por la señora Puyo de Mesa, el 19 de noviembre de 2001, ordenó a la Caja accionada a efectuar la reliquidación de la pensión de la accionante conforme lo establece el artículo 6o del Decreto 546 de 1971, orden cumplida por Cajanal con la Resolución No. 963 de 18 de febrero de 2002, en la que reliquidó la pensión de la señora Puyo de Mesa, teniendo en cuenta todos los factores devengados en el último año de servicios, elevando la cuantía de la pensión a $5.619.187.95, desde el 1º de diciembre de 2000, condicionada a que se acreditara el retiro definitivo del servicio. Dicho retiro se dio mediante Decreto 471 de 16 de abril de 2002, en el que la Procuraduría General de la Nación aceptó renuncia a la señora Silvia Eugenia Puyo de Mesa, a partir del 1º de junio de 2002.
Que ante la solicitud de la señora Silvia Eugenia Puyo de Mesa de reliquidación de la pensión de vejez al retiro definitivo del servicio, Cajanal mediante Resolución No. 7521 de 14 de abril de 2003, reliquidó la prestación con el promedio de lo devengado en el último año de servicios, elevando la cuantía de la pensión a $6.588.109,88 pesos, efectiva a partir del 1 de junio de 2002; que posteriormente, profirió la Resolución No. 18447 de 18 de mayo de 2009, en la cual se reliquidó la pensión por nuevos tiempos de servicio, elevando la cuantía a $6.605.940.59 a partir del 1º de junio de 2002, «pero con efectos fiscales a partir del 28 de noviembre de 2004 por prescripción trienal», que por Resolución No. 3678 de 30 de marzo de 2010, se modificó la Resolución No. 18447 de 18 de mayo de 2009, para ajustar el valor de la mesada pensional al límite previsto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, por valor de $6.180.000 pesos, efectiva a partir del 1º de junio de 2002, «pero con efectos fiscales a partir del 28 de noviembre de 2004 por prescripción trienal», que la última fue adicionada con la Resolución No. UGM 40650 de 29 de marzo de 2012, ordenando descontar de las mesadas atrasadas y futuras la suma de $434.850 pesos, «por concepto de aportes para la pensión de los factores de salario no efectuados».
Que la señora Silvia Eugenia Puyo de Mesa promovió proceso ordinario laboral contra la extinta Cajanal Eice en Liquidación, para que fuera declarado que la entidad accionada debía reliquidarle la pensión reconocida con el promedio de los sueldos y factores salariales y la asignación mensual más elevada del último año de servicios y el valor total de la bonificación por servicios prestados, conforme lo establecido en el Régimen Especial de los empleados de la Rama Judicial; pretensión a la que no accedió el Juzgado Segundo Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, como quiera que en sentencia del 10 de diciembre de 2010, absolvió a la Caja demandada, bajo el fundamento de que al estar la demandante en régimen de transición se le respetaba del régimen anterior, esto es el Decreto 546 de 1971, la edad, tiempo y monto, sin que el IBL fuera objeto de transición y que al mismo le correspondían las reglas del sistema general de pensiones. Decisión que fue apelada por la afiliada a la Caja Nacional, y que fue resuelta favorablemente por la Sala Décima de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante providencia del 12 de marzo de 2011, revocando la decisión de primera instancia y, en consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión de vejez incluyendo todos los factores devengados en el último año de servicios, así como la bonificación por servicios en una doceava parte y no en el 100%.
En adición señala que el fundamento de la decisión del Juez de segundo grado se soportó en que a la actora le era aplicable el régimen especial del Decreto 546 de 1971, que disponía que la pensión debía ser reconocida con el 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, que no solo trae dispuesta la edad, tiempo de servicio y monto de la prestación, sino que indica los factores y el lapso de tiempo a tener en cuenta para calcular el IBL, decisión que quedó ejecutoriada el 4 de abril de 2011; que la UGPP dio cumplimiento a la orden impartida por el Colegiado mediante la Resolución No. RDP 009393 de 17 de septiembre de 2012, reliquidando la pensión de vejez de la señora Puyo de Mesa, en cuantía de $8.392.024, efectiva a partir del 1 de junio de 2002, «pero con efectos fiscales a partir del 18 de diciembre de 2006, por prescripción trienal».
La sentencia proferida por la Sala Décima de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín (f.° 1003-1019 y 1256-1263) dispuso que «la liquidación de la pensión tomándose como base el 75% de la asignación mensual más elevada en el último año de servicio, incluyendo todos los factores constitutivos de salarios para los empleados de la Rama Judicial, la bonificación especial por servicios, la que considera, debe incluirse en su valor total y también la bonificación por gestión judicial creada por el decreto 4040 de 2004» , frente a la que concluyó:
[…], las normas especiales aplicables a dicho grupo de personas son los decretos 546 de 1971 y 1660 de 1978, normas de las que claramente se extrae que no solamente los requisitos de edad, tiempo y monto para acceder a la pensión referida, sino de las que claramente se advierte cuáles son los factores salariales y el lapso de los mismos a tener en cuenta para el cálculo de IBL
Con sustento en ello, determinó el valor real de la pensión original de la demandante, incluyendo todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios incluida la bonificación por gestión creada en el Decreto 4040 de 2004, la bonificación por servicios la concedió por doceavas. Declaró probada la prescripción parcial de algunos reajustes.
Silvia Eugenia Puyo de Mesa, se opone a cada una de las declaraciones y condenas solicitadas ya que cumplió a cabalidad con los presupuestos legales y demostró factores que por mandato legal tenía la UGPP obligación de incluirlos en el IBL para obtener el promedio del 75% de la asignación más elevada devengada en el último año de servició, lo cual fue acogido por el Tribunal; para ello aduce que:
No le asiste derecho a la -UGPP a demandar por cuanto, en su entender, no se configura abuso del derecho, como quiera que fueron tramitadas tanto el agotamiento de la vía gubernativa y las instancias judiciales con los rigorismos propios de la jurisdicción ordinaria laboral, sin que la entidad en comento hubiese objetado el procedimiento. Llama la atención en que no interpuso el recurso de casación y procedió con el cumplimiento a lo ordenado en segunda instancia, razón por la cual al no haber abuso del derecho, la acción se encuentra caducada.
Insiste en cuanto a que el recurso de casación no fue interpuesto, como quiera que no se cumplía con los requisitos legales para su interposición y señala que «se deja en claro que el Recurso Extraordinario de Revisión o la Acción de Revisión de Reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de Naturaleza Pública (Artículo 20 de la Ley 797 de 2003) es a todas luces improcedente, por cuanto se encuentra vencido el término para incoarla, ya que las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 solo se aplicarían a futuro, ya que los presupuestos de la norma citada son entre otros los siguientes».
Dice que está demostrado que se encuentra incursa en el Régimen de Transición del Art. 36 de la Ley 100 de 1993, siéndole aplicable el régimen judicial de los funcionarios de la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación consagrado en el Decreto Ley 546 de 1971, el Decreto reglamentario 1660 de 1978, para el acceso a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación, equivalente al 75% de la asignación más elevada que hubieren devengado en el último año de servicio, que fue una de las razones que tuvo la Caja Nacional de Previsión Social EICE para reconocer la pensión de vejez a la demandada. Sustenta su argumento en la existencia de providencias de altas cortes incluida la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado
Propuso como excepciones las de inepta demanda e inexistencia de la obligación
CONSIDERACIONES
Conviene recordar que el legislador previó la acción de revisión como un mecanismo excepcional al principio de la cosa juzgada, entre otras causales, cuando el erario se viera afectado por una decisión judicial o administrativa en la que se hubiere dispuesto el reconocimiento de una prestación por encima del valor que legal o convencionalmente le correspondiera al titular, todo ello a efecto de evitar el llamado abuso del derecho y a la vez proteger el bien común (CSJ SL351-2018).
Ahora bien, para establecer si le asiste razón a la accionante es preciso recordar que los siguientes soportes fácticos están incólumes: i) que Silvia Eugenia Puyo de Mesa Aranda laboró al servicio de la Rama Judicial desde el 8 de enero de 1974 al 27 de agosto de 1975, del 16 de marzo de 1976 al 30 de noviembre de 1977, y en la Procuraduría General de la Nación del 1 de diciembre de 1977 al 30 de noviembre de 2000 y del 1 de diciembre de 2000 al 30 de mayo de 2002 (f.°1117-1118) cuyo último cargo desempeñado fue el de procuradora 114 judicial II ii) que nació el 4 de agosto de 1950, iii) que era beneficiaria del régimen de transición, iv) que estructuró el derecho a la pensión en el año 2000, ya que para esa fecha cumplió los 50 años de edad y contaba con más de 20 años de servicios; v) que CAJANAL le reconoció pensión aplicándole al efecto el Decreto Ley 546 de 1971; y vi) que inconforme con la decisión administrativa, la pensionada presentó acciones de tutela y ordinaria que culminó con la sentencia aquí confutada en la que se dispuso la reliquidación de la prestación incluyendo para el efecto todos y cada uno de los valores devengados por la actora debiendo ser liquidado sobre el 75% de la asignación mensual más elevada del último año como quiera que el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no solo establece los requisitos de edad, tiempo y monto para acceder a la pensión pretendida sino que advierte cuáles son los factores salariales y el lapso de los mismos a tener en cuenta en el IBL.
Vale decir, que el específico punto en controversia es la integración de los factores que se deben incluir y el lapso de los mismos para efectos de hallar el IBL, aspecto sobre el cual la Sala ya se ha pronunciado en varios casos dándole razón a la aquí accionante por cuanto la consolidación del derecho pensional se materializó en el año 2000, es decir, en vigencia de la Ley 100 de 1993, entonces, es aplicable esta normativa, precisamente por estar cobijada la accionada por el régimen de transición.
La Corporación de tiempo atrás tiene definido que, en torno al régimen de transición previsto en la Ley de Seguridad Social, el legislador les respetó a sus beneficiarios solo 3 aspectos: a) la edad; b) el tiempo de servicio o número de semanas cotizadas, y c) el monto, que consignara la disposición anterior por aplicarles.
En ese horizonte, conveniente examinar en primer lugar, los elementos estructurales esenciales del derecho a la pensión por vejez y, en segundo término, fijar cuáles son los elementos estructurales que se protegen con el régimen de transición.
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, estatuyó en forma expresa los «cuatro elementos estructurales» esenciales del derecho a la pensión de vejez, dos relacionados con el acceso a la prestación, y dos con la cuantificación del derecho económico. Veámoslos:
De acceso a la prestación
Tratándose de prestaciones por jubilación o vejez, se instituyen dos requisitos de acceso: la edad y el tiempo de servicios, si es por jubilación, o las semanas de cotización, si es por vejez.
Para la cuantificación del derecho económico
Referente a la cuantificación del derecho económico, (contenido económico de la prestación), se establece en algunas ocasiones un parámetro y una variable y, en otras, dos variables, a decir, el monto de la pensión o tasa de reemplazo, y la base de liquidación o, expresado en términos técnicos actuales, el Ingreso Base de Liquidación –IBL.
El monto, como parámetro, es simplemente un factor único establecido en la ley. Por ejemplo, en el caso de los servidores públicos en transición la ley predetermina un monto del 75% para todos los casos de origen legal. A su vez, el monto como variable, implica la posibilidad de su integración a partir de otro dato conocido, como puede ser el número de semanas de cotización. A manera de ilustración, el monto variable de las pensiones del antiguo Instituto de Seguros Sociales, donde se fija un monto mínimo de pensión del 45% y se aumenta a razón del 3% por cada cincuenta semanas de cotización, adicionales a las primeras quinientas.
Concerniente a la base de liquidación o ingreso base de liquidación- IBL-, técnicamente se le tiene como variable porque depende de los ingresos del afiliado durante un lapso determinado por la ley, que puede o no ser objeto de actualización con base en la variación de precios.
Llegados a este punto del sendero, surge otra pregunta: ¿qué sucede con la pensión de vejez protegida por el régimen de transición?
Esta Sala al contestar el interrogante en precedencia ha sostenido, de manera invariable hasta hoy, que el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, «petrificó» para sus beneficiarios tres requisitos de la prestación, conforme al régimen pensional en que venían consolidando su expectativa: (i) la edad; (ii) el tiempo de servicios o cotizaciones; y (iii) el monto.
El cuarto, que corresponde a uno de cuantificación, a decir, la base de liquidación, el legislador decidió armonizarlo con la nueva normativa.
Recapitulando, las disposiciones del régimen anterior, en cuanto a monto, edad y tiempo de servicios o cotizaciones, únicamente se aplican, por remisión expresa, frente a estos puntuales supuestos.
Entonces, respecto al ingreso base de liquidación, esta Sala, por mayoría, tiene adoctrinado que tratándose de las personas beneficiarias del régimen de transición que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993 les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, se rige por lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 ibídem y, para aquellas que les faltare 10 años o más para consolidar su derecho, como en este asunto, se liquida de acuerdo con lo contemplado en el artículo 21 de la misma normativa (sentencia CSJ SL2510-2017).
Ahora bien, la Sala también tiene asentado, por mayoría, que para calcular el I.B.L. de toda la vida laboral a la luz de lo dispuesto en el artículo 21 del estatuto de la seguridad social, es presupuesto que el afiliado hubiera cotizado al menos 1250 semanas al sistema (sentencia CSJ SL 7263-2015).
De suerte que, en lo que atañe al ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con venero en el régimen de transición, esta Corporación ha sido enfática en que este se define a la luz de lo determinado expresamente por la Ley 100 de 1993, según las providencias citadas, y no con lo estipulado en la regulación precedente.
En cuanto a factores salariales, ha de precisarse que esta Corporación reiteradamente tiene asentado que solo son los conceptos previstos en el Decreto 1158 de 1994.
Por ejemplo, en sentencia CSJ SL1404-2020, se reiteró la CSJ SL3276-2018, en la que se dijo:
[…] En punto a los ingresos que deben tenerse en cuenta para calcular el monto de la mesada de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición, hay que tomar los salarios devengados y reportados como base de cotización -artículo 28 del Decreto 748 de 1995- y los factores salariales previstos en el artículo 1.° Decreto 1158 de 1994. En efecto, esta Corporación también de forma lineal y repetida, ha sostenido que los factores salariales a tener en cuenta para liquidar las pensiones de los servidores públicos que causaron sus prestaciones en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, son los consignados en el artículo 1.° Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6.° del Decreto 691 de 1994. Por ejemplo, en fallo CSJ SL, 26 feb. 2002, 17192, reiterado en CSJ SL, 29 mayo 2012, 44206, CSJ SL1851-2014 y CSJ SL4870-2017, expuso:
El artículo 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993, no define los elementos integrantes de la remuneración del afiliado sujeto al régimen de transición, que conforman el ingreso base para calcular el monto de las cotizaciones obligatorias al Sistema General de Pensiones, ni tampoco los que deben conformar el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez, sino que establece los periodos de remuneración que deben tomarse en cuenta para determinar este ingreso.
Por consiguiente, para los referidos efectos resulta indispensable remitirse a lo que dispone el artículo 18 de la ley de seguridad social en cuanto define que el salario mensual base de cotización para los trabajadores particulares será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y que el salario mensual base de cotización para los servidores del sector público será el que se señale, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992. Y no debe perderse de vista lo que precisaron las normas reglamentarias al respecto para trabajadores particulares y para servidores públicos.
Surge entonces de lo expuesto que el juzgador de segundo grado no se equivocó al aplicar en este caso el artículo 1º del Decreto Reglamentario 1158 de 1994 que señala los factores que determinan el salario mensual de base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos, dado que esta disposición forma parte de dicho régimen y en ella no se hace exclusión de ninguna clase
Siguiendo el derrotero antes referenciado, no cabe duda de que el Juez de alzada al ordenar la reliquidación de la pensión con la asignación básica mensual más alta del último año de servicio y al tener en cuenta todos y cada uno de los valores devengados por la pensionada, que legalmente no debían tomarse para obtener la base de liquidación erró y, con ello, afectó el erario.
En consecuencia se invalidará la sentencia dictada por la Sala Décima de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 12 de marzo de 2011, que contraviene el ordenamiento legal, puesto que el IBL a aplicar correspondía al contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 además que incluyeron factores salariales para liquidar la pensión de jubilación diferentes a los establecidos en el Decreto 1158 de 1994, que son los que constituyen la base de liquidación de la pensión de jubilación otorgada a la accionada.
Valga la pena acotar que la decisión que se adopta no significa en manera alguna la pérdida del derecho que acorde con la ley le corresponda a la accionada por haber prestado sus servicios al sector oficial por más de 20 años y contar con la edad requerida en la ley.
En otro orden de consideraciones no se dispondrá la devolución de las sumas de dinero que fueron pagadas en exceso, toda vez que no es posible imputar a la accionada una conducta desprovista de la buena fe, dado que la reliquidación de la pensión fue consecuencia de un pronunciamiento judicial que se encontraba en firme y amparado por la presunción de legalidad y acierto, que además fue producto del ejercicio legítimo del derecho de acción sin que se adviertan conductas indicativas de colusión o fraude (sentencia SL3276-2018).
De suerte que, al invalidarse la decisión de segunda instancia, no queda otro sendero que disponer confirmar la sentencia de primer grado que absolvió a CAJANAL.
Sin costas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR fundada la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegada por la parte actora.
SEGUNDO: INVALIDAR la sentencia proferida el 12 de marzo de 2011 por la Sala Décima de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso que SILVIA EUGENIA PUYO DE MESA instauró en contra de CAJANAL EICE – EN LIQUIDACIÓN. En remplazo se confirma la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2010, por el Juzgado Segundo Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito de Medellín en la que se absolvió a la Caja demandada de la reliquidación pensional pretendida por la señora SILVIA EUGENIA PUYO DE MESA.
TERCERO: ABSTENERSE de ordenar el reintegro de las sumas canceladas, por las razones esgrimidas en la parte motiva de la providencia.
CUARTO: En firme este proveído, por Secretaría envíese copia de la presente decisión para que se agregue a los respectivos expedientes, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de dicha ciudad.
Sin costas.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
952500255968500IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
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