Ficha de la providencia
Sentencia SL2369-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2369-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2369-2023
Magistrado ponente: Jorge Prada Sanchez
4 de octubre de 2023
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Magistrado ponente
SL2369-2023
Radicación n.° 81677
Acta 35
Bogotá, D. C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
La Sala procede a emitir fallo de instancia dentro del proceso seguido por GUILLERMO ARRIERO TAVERA contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, UGPP.
ANTECEDENTES
Mediante sentencia CSJ SL5013-2021, esta Sala casó la proferida el 29 de noviembre de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en cuanto confirmó el fallo del a quo. Se concluyó que el juez ad quem incurrió en un desacierto jurídico por haber dispuesto el reajuste de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, con base en el promedio de lo devengado en el último año de servicios; además, incluyó en esa base la «bonificación por recargo de diciembre», que no está enlistada en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.
Para mejor proveer, se ordenó requerir a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, para que certificara el tiempo laborado por el trabajador y la relación de salarios de toda la vida laboral.
El 19 de noviembre de 2021, la apoderada de la entidad allegó constancias de tiempo de servicios (fls. 143 a 147). El demandante mostró conformidad con la información allegada (fls. 150 y 150).
El 26 de abril de 2022, antes de proferir sentencia de instancia, la Sala advirtió que los documentos allegados por la encartada eran insuficientes para reliquidar la prestación. Se explicó que era necesario contar con información sobre «el valor de la asignación básica y la prima de antigüedad que devengó entre el 31 de marzo de 1985 y el 31 de marzo de 1995, en tanto al faltarle menos de diez años para adquirir el derecho (…), el IBL será el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciera falta para ello». Se dio un nuevo plazo de 10 días hábiles.
El 9 de mayo de 2022, en cumplimiento a la orden anterior, la UGPP adjuntó nueva documentación. Advirtió que, a pesar haber asumido la función de administradora de nómina de los pensionados y jubilados, no contaba con las historias laborales, ni son los encargados de certificar los factores salariales, ni de información salarial. La contraparte no se pronunció (fl. 193).
El 22 de mayo de 2022, la UGPP aclaró su respuesta y allegó nueva información, en tanto la anterior «no correspondía a lo solicitado por el Despacho» (fls. 195 a 111). Tampoco hubo pronunciamiento del actor (fl. 214).
El 6 de junio de 2022, la Corte hizo un llamado a la encartada para que remitiera «información legible» a fin de dar trámite a la sentencia de instancia (fl. 215). El 22 de junio de 2022, la apoderada de la demandada, envió nuevamente la información y argumentó que no contaba con respaldo de historias laborales, ni certificaciones (fls. 219 a 226). El accionante guardó silencio.
El 30 de agosto de 2022, la Sala requirió nuevamente a la entidad para que expidiera la documentación según parámetros mínimos, so pena de incurrir en la sanción contemplada en el artículo 44 del Código General del Proceso. El 1 de septiembre de 2022, la encausada dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala. Allegó información mediante correo electrónico, complementada 15 y 16 de septiembre siguientes.
El 12 de diciembre de 2022, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, intervino en defensa de los intereses litigiosos de la Nación, para solicitar se negaran las pretensiones de reliquidación de la pensión de jubilación del demandante.
CONSIDERACIONES
El a quo estimó procedente el reajuste de la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, con fundamento en los factores salariales del artículo 3 ibidem. Anunció que el cálculo se realizaría tomando el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, en aplicación de los principios de favorabilidad e inescindibilidad de la norma.
Explicó que tomadas las sumas devengadas en el último año de servicio (abril 1/94 y marzo 30/95), se obtenía un ingreso base de liquidación (IBL) de $345.068. Entonces, dedujo que, con una tasa de reemplazo del 75%, se arribaba a $258.801 y tras indexarlos hasta la fecha de la concesión de la pensión, 1 de enero de 2004, la primera mesada quedaba en $752.384.
Calculó el retroactivo causado del 27 de julio de 2008 al «31 de junio de 2016» en $41.061.488 y, a partir del día siguiente, dedujo una mesada reajustada de $1.248.404. Dispuso la indexación de lo adeudado hasta el pago efectivo.
Para proveer como fallador de segundo grado, en virtud de la apelación del accionante y de la UGPP y en grado jurisdiccional de consulta en favor de la última, es suficiente lo considerado en casación para colegir la procedencia de la reliquidación de la pensión de jubilación, con inclusión de la prima de antigüedad. Se dará aplicación al inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL3209-2020).
Así deberá procederse porque a pesar del esfuerzo desplegado por la Sala, la información allegada por la entidad se exhibe ilegible, y el actor no mostró interés para obtener una solución distinta (art. 167 C.G.P).
No debe perderse de vista que la carga de la prueba no reposa exclusivamente en el dispensador de justicia, sino que las partes deben contribuir al impulso del proceso y acercarse a una verdadera justicia material. En sentencia CSJ STL1940-2020, se acotó:
En relación al tema, en la sentencia C-086 de 2016 la Corte Constitucional realiza un análisis conciso referido a la carga de la prueba, lo que le permitió declarar exequible la expresión “podrá” contenida en el inciso 2º del artículo 167 de la ley 1564 de 2012.
Refiere la Corte en la sentencia Ibídem, que la carga de la prueba no se encuentra irrestrictamente en cabeza del Juez, en la medida [en] que los ciudadanos también tienen el deber de colaborar con la Justicia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de 1991, Artículo 95 numeral 7º. Respecto al tema señaló la Corte:
En la configuración de los procesos judiciales, el Legislador no solo ha de tener presente la misión del juez en un Estado Social de Derecho. También debe evaluar si las cargas procesales asignadas a las partes son razonables y proporcionadas.
En efecto, el proceso, como mecanismo a través del cual se materializa el derecho de acceso a la administración de justicia, inexorablemente conlleva la existencia de ciertas obligaciones de índole procesal o sustancial que la ley puede distribuir entre las partes, el juez o incluso terceros intervinientes, “ya sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite procesal, proteger a las mismas partes e intervinientes o bien para prevenir situaciones que impliquen daño o perjuicio injustificado a todos o algunos de ellos”. Teniendo en cuenta que el ejercicio de todos los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, ello no es más que una concreción del mandato previsto en el artículo 95-7 de la Carta Política, según el cual son deberes de la persona y del ciudadano “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”., Sentencia C-1104 de 2002. Ver también C-1512 de 2000, C-662 de 2004 y C-279 de 2013, entre otras.
Bajo este escenario, y máxime si se trata de la defensa de los intereses de una de las partes, correspondería a la misma formular las controversias oportunas a fin de desvirtuar lo que se pretenda en un juicio ordinario, sin embargo considera esta Sala bajo las premisas previamente expuestas, que no es dable eximirse de responsabilidad dejando la carga de la prueba sobre una sola de las partes, esto generaría el desconocimiento de sus propios derechos, y ejecución de las medidas que se pueden alegar para el libre acceso a la administración de Justicia».
Como en casación quedó definido que el actor es beneficiario del régimen de transición y que, a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, le faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el monto se calculará según lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sobre 3512 días de aportes, así:
Claramente, la primera mesada de la pensión arroja un monto inferior al obtenido por el a quo, de suerte que se modificará para dejar la mesada inicial en $686.569. En 2023, asciende a $1.630.435 y el retroactivo por las diferencias hasta el 30 de septiembre del año que transcurre, asciende a $68.826.771. Prescribieron las mesadas anteriores al 27 de julio de 2008, pues así quedó definido en primera instancia y se corrobora con la fecha de presentación del escrito de reclamación administrativa y de la demanda inicial (fls. 4 y 37 vto).
Como lo dispuso el juzgador de la instancia inicial se indexará el mayor valor de cada una de las mesadas, dado que es necesario compensar el efecto inflacionario que sufre el valor de las diferencias pensionales por el transcurso del tiempo, conforme la siguiente fórmula:
VA= VH x IPC Final
IPC Inicial
Donde:
VA= Valor actualizado
VH= Valor histórico correspondiente al mayor valor de cada mesada pensional
IPC Final= Índice de precios al consumidor del mes en que se efectuará el pago
IPC Inicial= Índice de precios al consumidor del mes de causación de cada diferencia pensional mensual
Sin costas en la alzada. En primera, a cargo de la demandada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, Resuelve: Modificar los numerales primero y tercero de la sentencia proferida el 11 de julio de 2016, por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, para CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, UGPP, a reliquidar la pensión de jubilación de GUILLERMO ARRIERO TAVERA, en cuantía inicial de $686.569 a partir del 1 de enero de 2004. El retroactivo causado desde el 27 de julio de 2008 hasta el 30 de septiembre de 2023, asciende a $68.826.771. En lo demás, se confirma.
Costas, como se dijo.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
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