Ficha de la providencia
Sentencia SL2387-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL2387-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2387-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2387-2020
Magistrado ponente: Jorge Luis Quiroz Alemán
17 de junio de 2020
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
Magistrado ponente
SL2387-2020
Radicación n.° 75971
Acta 21
Bogotá, D.C, diecisiete (17) de junio de dos mil veinte (2020).
Decide la Sala el recurso de casación que interpuso BLANCA OLIVA ARANGO ARANGO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 28 de junio de 2016, en el proceso ordinario laboral que adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
I. ANTECEDENTES
La citada recurrente llamó a juicio a la demandada, con el propósito de que se le condene al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, mesadas adicionales, intereses moratorios, indexación y las costas procesales.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 6 de diciembre de 1957, cumpliendo los 55 años de edad el mismo día y mes del año 2012; que cotizó al Sistema General de Pensiones en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida más de 1128,46 semanas en toda su vida laboral; que solicitó ante Colpensiones la pensión de vejez, la cual le fue negada mediante Resolución n.º 021992 de marzo 4 de 2013, con fundamento en que no reunía la densidad de aportes requeridos en el artículo 9.º de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, normativa que le era aplicable al perder su régimen de transición por disposición del Acto Legislativo 01 de 2005.
La entidad accionada, al dar respuesta a la demanda, se opuso a la totalidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, manifestó ser ciertos los relacionados con la fecha de nacimiento, la solicitud pensional y su respuesta negativa. En su defensa, propuso las excepciones de ausencia de causa para pedir o petición en abstracto; inexistencia de la obligación; improcedencia del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; improcedencia de la indexación de las condenas; imposibilidad de condena en costas; prescripción, compensación y pago.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Veinte Laboral del Circuito Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 19 de junio de 2015, condenó a la demandada al reconocimiento de la pensión de vejez a favor de la actora.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al conocer del proceso, por apelación de las partes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín profirió la sentencia que se recurre en casación, mediante la cual revocó la dictada por el a quo y, en su lugar, absolvió a Colpensiones.
El colegiado definió como problema jurídico determinar si la demandante es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, atendiendo las modificaciones que al mismo introdujo el AL 01/2005.
Refirió que dicha reforma constitucional varió las condiciones para efectos de establecer qué normativa se aplicaría a la afiliada, ya que cumplió 55 años de edad con posterioridad al 31 de julio 2010, concretamente, el 6 de diciembre de 2012, dado que nació el mismo día y mes del año 1957; y que, al efectuar el cálculo pertinente, a la entrada en vigencia del acto legislativo en mención, la demandante sólo contaba con 704 semanas de las 750 necesarias, razón por la que no era dable examinar la viabilidad de la prestación a la luz de lo dispuesto en el Decreto 758/1990.
Precisó que el régimen de transición no se equipara a un derecho adquirido y expuso la definición hecha por la Corte Constitucional en la sentencia SU-130 de 2013, respecto de este, de la mera expectativa y de la expectativa legítima, citando un aparte de dicha providencia.
Advirtió que el artículo 4.º de la Constitución Política «...es un imperativo para toda autoridad pública, y constituye el control difuso de constitucionalidad establecido en la Carta Magna y que le da su soberanía; no obstante siempre se ha entendido que la comparación entre la norma que sea inaplicará y la Constitución, parte de que la norma mencionada sea de inferior jerarquía...», por lo que concluyó que no resultaba atendible dejar de aplicar una norma de rango constitucional como el artículo 48, modificado por el acto legislativo referido, ni aun acudiendo al bloque de constitucionalidad, ya que ello comportaría una inseguridad jurídica grave, pues a su juicio «...el operador jurídico no puede establecer un rango de constitucionalidad entre una norma y otra para dejar de aplicarla a un caso concreto, como se pretende en el asunto debatido; más si se ve que el acto legislativo ha sido examinado por la Corte Constitucional, que es la llamada guardiana de la Constitución, y no ha sido declarada inexequible ninguna de sus disposiciones».
Indicó que le asistía razón a la demandada en el recurso de alzada, pues, a su juicio, no podía aplicársele a la accionante el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por ende, su pensión solo podía ser reconocida a la luz de lo regulado en el artículo 9.º de la Ley 797 de 2003, respecto del cual no cumplía la densidad de semanas mínima requerida.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
El recurso extraordinario de casación lo interpuso la demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, confirme la providencia de primer grado.
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación laboral, los cuales fueron replicados y se estudiarán en conjunto, dado que persiguen el mismo fin, su proposición jurídica versa sobre idéntico elenco normativo y su argumentación se complementa.
VI. CARGO PRIMERO
Acusa la sentencia del Tribunal por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos: «[…] 48 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 1 de 2005, artículo 1, parágrafo 4, infracción directa de los artículos 36, 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993, artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990) en relación con los Convenios 100 y 111 de la 0.I.T. aprobados por Leyes 54 de 1962 y 22 de 1967, artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 53, 58, 93 Constitución Nacional.»
Para demostrarlo, después de realizar una transcripción literal de las consideraciones del Tribunal, indica que de una manera totalmente antitécnica se incluyeron en la Constitución Política normas que regularon materias pensionales, por lo que esas disposiciones podían ser objeto de interpretación e incluso de inaplicación, cuando vulneraban otras normas que hacían parte del bloque de constitucionalidad.
Aduce que el artículo 53 superior no debe interpretarse como protector solo de los derechos adquiridos, sino también de la categoría intermedia de derechos específicos en materia pensional, que la Corte Constitucional denominó expectativas legítimas; que normas posteriores no pueden implementar medidas regresivas que disminuyan la protección de derechos de estirpe social, que protegen grupos de personas por razones de edad y de posibilidad de acceso a un empleo y que, por ello, merecen un grado de protección preferente.
Afirma que se ha acuñado por la Corte Constitucional una sólida línea jurisprudencial sobre la protección de las expectativas legítimas, al punto de tener como verdadero derecho adquirido el de acceder al régimen de transición, por lo que «el Acto Legislativo No. 1 de 2005 que pone término al régimen de transición merece inaplicarse si es del caso y si, como se demostrará, va en contravía de instrumentos internacionales que Colombia introdujo a su legislación interna»; y que es por ello que a esta Corporación le corresponde dar el alcance a la norma, «fijando una interpretación que se corresponda con los postulados del Estado Social de Derecho y con los particulares de la seguridad social que propenden por una interpretación amplia y garantista de los derechos sociales allí contemplados».
Considera que «el operador judicial no puede ser un convidado de piedra ni un aplicador maquinal de las normas y mucho menos en estos casos donde se discuten derechos que tienen relevancia jurídica, es por ello que, se insiste, los cambios pensionales no pueden menoscabar la dignidad humana (Art. 272 Ley 100 de 1993) para aquellos casos en que el afiliado venia construyendo una pensión al crisol de un régimen precedente que lo abrigaba y regía antes del cambio normativo».
Menciona que el Convenio 128 de la OIT, «que no ha sido ratificado por Colombia», alude a la preservación de «los derechos en curso de adquisición» y cita apartes de la sentencia de esta Corporación del 25 de julio de 2012, radicado 38674.
Agrega que el principio de progresividad de los derechos sociales, económicos y culturales y la prohibición concomitante de la regresividad de estos derechos se encuentra consagrado en el artículo 48 de la C.P. y, a su vez, en las normas de derecho internacional, en tratados que Colombia ha ratificado y que hacen parte de la legislación interna. Al respecto, cita la sentencia CC C-228 de 2011.
Alega que el principio de confianza legítima «...implica el respeto de las reglas de juego que se habían fijado para los asociados respecto del acceso a un derecho, y hunde sus raíces en otro no menos importante que es el de la seguridad jurídica» y arguye que «la modificación introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005 tiene como único fin salvaguardar el principio de economía y sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones [...] Entonces, ponerle término anticipado al tránsito de legislación y proponer la negativa de la pensión, por una interpretación restrictiva y regresiva del acto legislativo, afecta, en general los principios de confianza legítima, no regresividad y seguridad jurídica, y en concreto el acceso de la demandante a la pensión de vejez, habida cuenta que con la modificación introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005, se le cambiaron unas reglas de juego pensionales a quien arraigaba una expectativa legitima de acceder a una prestación de vejez en unas condiciones más favorables, lo que nos indica que fue interpretado erróneamente y ello impone la quiebra del fallo y en instancia proceder como se pidió al fijar el alcance de la impugnación».
Concluye que «si el telos de la reforma pensional que provocó la expedición del acto legislativo 01 de 2005 fue preservar la sostenibilidad fiscal y financiera del sistema, ello contraviene el postulado constitucional consagrado de manera expresa en el acto legislativo 003 de 2011 desarrollado por la Ley 1695 de 2013 y que reformó el art. 334 superior [...] De tal suerte, que la sostenibilidad financiera no puede ser un obstáculo insalvable, que trunque las aspiraciones legítimas que tienen los afiliados para acceder a la pensión de vejez [...]».
VII. CARGO SEGUNDO
Ataca la sentencia de segunda instancia por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del:
[…] artículo 48 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 1 de 2005 artículo 1, parágrafo 4, en armonía con el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, e infracción directa de los artículos 33 y 36 de la Ley 100 de 1993, 50, 141 y 142 ibidem; artículos 12, 20 y 21 del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990); e infracción directa del artículo 53, 58, 93 Constitución Nacional.
Al demostrar el cargo, nuevamente transcribe las consideraciones del Tribunal y, enseguida, aduce que la Ley 797/2003 determinó que a partir del 1.º de enero de 2005 se aumentarían las semanas cotizadas y la edad desde el 1.º de enero de 2014.
Advierte que si el Acto Legislativo 01 de 2005 establece que el régimen de transición se mantiene inicialmente para un contingente de afiliados hasta el 31 de julio de 2010 y que solo lo conserva hasta el año 2014 quien a julio 29 de 2005 tenga 750 semanas, ello indica que el aumento de semanas que implementó la Ley 797 de 2003 solo va a cobrar vigor a partir del año 2011, en el entendido que estaba en suspenso por haber sido regulado el tema por una norma superior, y que, «en consecuencia, en estricto rigor, se podrán pensionar con 1.000 semanas quienes tuvieren la edad y las semanas hasta el año 2010, pues el aumento no inicia en el año 2005, como se dijo en precedencia, sino en el 2011, se insiste, por haber estado en suspenso esa norma (La Ley 797 de 2003) en el interregno de vigencia de la mencionada reforma Constitucional».
VIII. RÉPLICA
La opositora precisa que no existe antinomia o colisión entre los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, ni entre los preceptos constitucionales y los convenios de la OIT citados por la recurrente, debido a que estos están catalogados en el mismo rango y actúan en virtud del bloque de constitucionalidad.
Expone que no puede inaplicarse el artículo 48 ibidem, pues la excepción de inconstitucionalidad solo operaba cuando una norma de inferior jerarquía infringía la Constitución Política.
Sostiene que el único motivo de inconstitucionalidad de un acto legislativo se derivaría de vicios formales y no podría realizarse un análisis de fondo de su contenido y de los tratados de la OIT, debido a que hacen parte del bloque de constitucionalidad; y recuerda que el estudio de la sustitución de la Constitución es una tarea de la Corte Constitucional, cuando se presenta una demanda de inexequibilidad donde se afirme que se presentó una violación a aquella.
Concluye que la vulneración del principio de confianza legítima no puede extenderse a una reforma constitucional, porque implicaría un examen de fondo del acto legislativo y el único análisis válido sería el formal.
Indica que es incuestionable que el aumento de semanas contenido en el artículo 9.º de la Ley 797 de 2003, el cual modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, operó desde 2011.
IX. CONSIDERACIONES
Dada la vía escogida por la censura, no se discute en sede de casación ninguno de los supuestos de hecho fundamento de la decisión del Tribunal, a saber: i) que la demandante nació el 6 de diciembre de 1957 y cumplió 55 años de edad en el mismo mes y día del año 2012, por lo que en un comienzo era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y ii) que al 29 de julio de 2005 tenía 704 semanas sufragadas y, por tanto, no acreditó las 750 semanas necesarias para mantener la posibilidad de adquirir el derecho pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
De acuerdo con lo anterior, es claro que no le asiste razón al recurrente al aseverar que el Tribunal infringió directamente los artículos 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y 36 de la Ley 100 de 1993, pues indudablemente sí los tuvo en cuenta, no obstante que, de manera acertada, no les hizo producir mayores efectos jurídicos, en tanto de ellos mismos se desprendía que la demandante no cumplió la condición de su aplicación, ya que a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 no había adquirido el derecho pensional, dado que la edad la cumplió el 6 de diciembre de 2012 y no contaba con 750 semanas de cotización, para conservar el régimen de transición que inicialmente le beneficiaba.
Dicho de otra manera, no era posible subsumir los hechos del proceso en los supuestos fácticos establecidos por el citado parágrafo para mantener vigente respecto a la demandante la transición que en un comienzo la cobijaba, con lo cual tampoco el Tribunal aplicó indebidamente esta última disposición.
Según lo expresado, el ad quem no cometió algún yerro jurídico en la labor interpretativa, pues su criterio se ajusta al que ha sostenido esta Corporación, en punto a que los derechos pensionales se regulan por la normativa vigente al momento de su causación y el juzgador solo puede apartarse de ésta cuando se trata de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, como excepción al de retrospectividad de la ley, el cual no resulta pertinente en este caso, toda vez que acá no se discute la falta de régimen de transición sino la preservación del mismo.
Con relación al Acto Legislativo 01 de 2005 y los derechos pensionales adquiridos para la data de su vigencia, en sentencia CSJ SL4074-2018, entre otras, esta Sala expuso:
No encuentra la Corte que el propósito del constituyente al reformar el artículo 48 de la Carta Política fuese el de eliminar los derechos pensionales de naturaleza extralegal adquiridos antes del 31 de julio de 2010, pues en la exposición de motivos siempre se hizo referencia a los regímenes pensionales y en el texto presentado a consideración del Congreso, que se mantuvo en la norma finalmente aprobada, se habló de las reglas especiales en materia pensional. Un derecho no puede ser confundido con un régimen o con una regla. Y ese entendimiento resulta acorde con el propósito del constituyente de garantizar los derechos adquiridos, pues una cosa es la vigencia de un acto jurídico creador de un derecho, para este caso una regla, y otra, diferente, la vigencia de ese derecho una vez que ha sido adquirido por cumplir el destinatario de la norma con los requisitos establecidos en dicho acto.
Desde luego, la existencia del derecho y su exigibilidad no dependen del aliento jurídico de la norma que lo creó, pues lo que interesa es que se haya causado o consolidado, esto es, entrado al patrimonio del titular, mientras esa norma rigió. Así secularmente se ha entendido la tradicional doctrina de los derechos adquiridos y obviamente ello no podía ser cambiado por el Acto Legislativo 01 de 2005.
Aceptar la interpretación efectuada por la censura equivaldría a admitir que el constituyente señaló una vigencia temporal a derechos legítimamente adquiridos, lo que, sin duda, supondría una suerte de expropiación de esos derechos que no se corresponde con el real propósito de la reforma del artículo 48 de la Constitución.
Una vez más, la Corte precisa que los derechos adquiridos al abrigo de acuerdos jurídicos vigentes cuando entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, permanecen indemnes y, por tanto, no pueden ser negados o transgredidos.
Así las cosas, como la recurrente no acreditó que contaba con un derecho adquirido para la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, ni con 750 semanas de cotización, no erró el Tribunal al concluir que no tenía derecho a la pensión de vejez establecida en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
De otra parte, en lo que tiene que ver con el argumento según el cual, debido a las previsiones del Acto Legislativo 01 de 2005 respecto del régimen de transición, el aumento de semanas previsto en el artículo 9.º de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, solo puede cobrar vigor a partir del año 2011 y no desde el 1.º de enero de 2005, ya la Corte ha negado su validez, mediante decisiones como la CSJ SL2185-2019 por la cual rememoró la SL7039-2017, en la que se sostuvo:
Con la modificación de 2003, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, quedó del siguiente tenor:
ARTÍCULO 9o. El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.
A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
Según la literalidad de este precepto, para que a un afiliado se le reconozca la pensión de vejez bajo el esquema vigente desde el 1 de abril de 1994, antes del 31 de diciembre de 2013, además de contar 60 años de edad debe demostrar que ha cotizado 1000 semanas, antes del 31 de diciembre de 2004. Si no logró cotizar a esa fecha, las 1000 semanas, el número de semanas se incrementa de la siguiente manera:
Año 2005: 1050 semanas
Año 2006: 1075 semanas
Año 2007: 1100 semanas
Año 2008: 1125 semanas.
Año 2009: 1150 semanas
Año 2010: 1175 semanas
Año 2011: 1200 semanas
Año 2012: 1225 semanas
Año 2013: 1250 semanas
Año 2014: 1275 semanas
Año 2015, en adelante: 1300 semanas.
Es este el sentido natural y obvio que emana de una lectura desprevenida de la norma jurídica, según la cual la adquisición del derecho a la pensión de vejez, está supeditada a la satisfacción de los 2 requisitos allí consagrados, por manera que hasta tanto no los cumpla, no puede decirse que el derecho ha nacido, ni que el cumplimiento de uno de ellos, permite que el afiliado conserve invariable, per sécula seculorum, la condición faltante, en los términos en que estaba concebida cuando satisfizo la otra exigencia.
A no ser que la norma legal lo prevea, mientras no se satisfagan los requisitos previstos en la norma legal, el derecho subjetivo no nace a la vida jurídica a favor de una persona en concreto, ni se genera una especie de latencia del mismo que permita atribuir a quien no es aún titular del derecho, algún tipo de prerrogativa especial que le genere la petrificación del requisito que está pendiente de cumplir.
En términos generales puede decirse que el principio de retrospectividad de las normas laborales y de seguridad social impone entender que estando en curso una determinada situación jurídica, la expedición de una norma que modifique los requisitos para la adquisición de un derecho, comporta su aplicación inmediata, de suerte que si no se han satisfecho todos los requisitos, la consolidación del mismo queda subordinada al cumplimiento de las nuevas exigencias derivadas de la vigencia del nuevo precepto legal, toda vez que, en principio, la protección que brinda la Constitución y la Ley, no se extiende a las expectativas creadas a partir de la vigencia de una norma cuyo vigor expiró, sin que la persona terminara de completar los requerimientos previstos.
Por antonomasia, la retrospectividad excluye no solo la retroactividad, sino también la ultractividad, lo que implica que una vez se presente la derogatoria expresa o tácita, la norma pierde su vigencia, con la necesaria incidencia que ello comporta sobre los procesos de adquisición del derecho que se encontraren en curso.
Lo anterior, para significar que quienes antes del 29 de enero de 2003 no habían adquirido el derecho a la pensión de vejez, pues habían satisfecho los requisitos consagrados en el artículo 33 original de la Ley 100 de 1993, quedaron sometidos a las exigencias del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, según la cual los afiliados que no alcanzaron a cotizar 1000 semanas antes de que terminara el año 2005, deben acreditar la densidad de aportes con los incrementos que estatuyó dicha regla de derecho.
En conclusión, el ad quem no cometió los yerros endilgados, por lo que los cargos no resultan fundados.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante. Se fija como agencias en derecho la suma de $4.240.000 m/cte., que se incluirá en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
X. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 28 de junio de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en el proceso ordinario laboral que BLANCA OLIVA ARANGO ARANGO adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
Costas como se dijo en la parte motiva.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
IVAN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ANGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
centercenter00
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL2387-2020 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.