Ficha de la providencia
Sentencia SL2414-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2414-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2414-2022
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
18 de mayo de 2022
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL2414-2022
Radicación n.°90383
Acta 17
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, contra la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 28 de julio de 2020, en el proceso ordinario que MARTHA INÉS SEVILLANO PEÑA instauró en su contra y en el que fueron vinculados como litisconsortes necesarios el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO en nombre propio y como administrador del FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES FONPET; HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVENTURA E.S.E. y DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
I. ANTECEDENTES
Martha Inés Sevillano Peña demandó a Colpensiones para que previas las declaraciones de rigor se le condene al pago de la pensión de vejez de forma vitalicia, a partir del 31 de diciembre de 2003, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente; el retroactivo desde la misma fecha hasta que se verifique el pago; los intereses moratorios y las agencias en derecho.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: nació el 19 de mayo de 1942, contaba con 70 años de edad a la data de interposición de la demanda; trabajó de manera ininterrumpida para el Hospital Departamental Buenaventura E.S.E., desde el 15 de abril de 1987 hasta el 31 de diciembre de 2003, esto es, 874 semanas; que elevó en diferentes oportunidades solicitud de pensión de vejez al I.S.S., las cuales, a pesar de que la entidad informó que el término de respuesta a su petición era de 4 meses, a la data en que se instauró la acción no se había proferido acto administrativo que la resolviera de fondo.
Colpensiones se opuso a las pretensiones, aceptó la edad de la accionante y de los restantes hechos manifestó que no le constaban. En su defensa propuso las excepciones de carencia del derecho e inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe, la que denominó innominada o genérica y la de imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas.
Por auto del 3 de diciembre de 2013, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, decidió integrar como litisconsorte necesario al Hospital Departamental de Buenaventura E.S.E., entidad frente a la que se informó que mediante Decreto Departamental 1091 de 2013 se ordenó la suspensión y liquidación de la empresa.
Que, ante la nulidad decretada de todo lo actuado en Auto N°. 090 del 8 junio de 2017, vinculó como litisconsortes necesarios al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento del Valle del Causa y al Fondo de Pensiones Territoriales F.O.N.P.E.T.
El Ministerio de Hacienda, en nombre propio, solicitó desestimar las pretensiones; en cuanto a los hechos manifestó que no le constaban o no eran ciertos y, en su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la relación laboral, el Ministerio de Hacienda no era una entidad de previsión social, falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción de los derechos que se reclaman en las pretensiones de la demanda.
El Departamento del Valle del Cauca, también se opuso a los pedimentos de la accionante, aceptó la edad de aquella, en lo demás indicó que no le constaba y, como excepciones de fondo, formuló las de inexistencia de la obligación a cargo de la demandada, prescripción y la que denominó «GENÉRICA O INNOMINADA».
El Ministerio de Hacienda, como administrador del F.O.N.P.E.T., se ratificó en: la solicitud de desestimar las pretensiones, que la situación fáctica no le constaba o no era cierta y formuló como defensa las excepciones de inexistencia de la relación laboral, el Ministerio de Hacienda no es una entidad de previsión social, falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción de los derechos que se reclaman en las pretensiones de la demanda.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 8 de marzo de 2019, resolvió:
PRIMERO ABSOLVER al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de todas las pretensiones que en su contra formuló MARTHA INES SEVILLANO PEÑA
SEGUNDO. CONDENAR al DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA a emitir el respectivo bono pensional respecto del periodo comprendido entre el 15 de abril de 1987 al 31 de diciembre de 1993, con recursos del Patrimonio Autónomo creado para cubrir el pasivo social del Hospital Departamental del Valle del Cauca y con recursos propios para el periodo comprendido del 01 de enero de 1994 al 04 de septiembre de 1994, a favor de la señora MARTHA INES SEVILLANO PEÑA ante COLPENSIONES.
TERCERO. CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer la pensión de vejez a partir del 01 de enero del año 2004.
CUARTO: DECLARAR probada la excepción denominada prescripción respecto de todo lo que se haya causado con anterioridad al 01 de febrero del año 2007.
QUINTO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a las mesadas pensionales que se causen a partir del 01 de febrero de 2007, en las cuantías establecidas por el despacho. A partir del 01 de enero del año 2010 en la cuantía del salario mínimo legal siempre a razón de 14 mesadas por año. La cuantía de la obligación al 28 de febrero del año 2019 es de cien millones trescientos cincuenta mil cuatrocientos treinta y ocho pesos ($100.350.438).
SEXTO- CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a reconocer y pagar intereses moratorios a partir del 2 de junio del año 2010 y hasta que se efectué el pago.
SÉPTIMO- CONDENAR en costas a la parte vencida en juicio ténganse por secretaría del juzgado incluyendo como AGENCIAS EN DERECHO la suma de diez millones de pesos (10.000.000) a favor de la demandante y a cargo de COLPENSIONES.
OCTAVO. AUTORIZAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a descontar del retroactivo generado por concepto de diferencias pensionales ordinarias el monto de los aportes al sistema de Seguridad Social en Salud que le corresponde a la señora MARTHA INES SEVILLANO PEÑA y remitirlos de manera directa a la EPS a la cual se encuentra afiliada.
Dispuso la consulta de la sentencia de no ser apelada.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo del 28 de julio de 2020, al resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones y el grado jurisdiccional de consulta, resolvió:
PRIMERO: Modificar para efectos de actualizar la condena, el numeral QUINTO de la Sentencia apelada, en el sentido de indicar que el monto por retroactivo pensional es de $117.310.298,56, causado entre el 1 de febrero de 2007 y el 31 de julio de 2020 sobre la base de 14 mesadas anuales.
La mesada a partir de agosto de 2020 es de $877.803.00.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral SEXTO de la sentencia apelada, en el sentido de CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PNSIONES COLPENSIONES, a pagar a la demandante MARTHA INES SEVILLANO PEÑA la indexación sobre el retroactivo pensional aquí liquidado; y reconocer y pagar los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
TERCERO: En todo lo demás se confirma la decisión […]
CUARTO. COSTAS en esta instancia a cargo de COLPENSIONES por no prosperarle el recurso […]
En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, el Colegiado estableció como problema jurídico «Determinar si resulta procedente reconocer la pensión de vejez a la señora MARTHA INES SEVILLANO PEÑA con fundamento en el Acuerdo 049/90, por virtud del régimen de transición dando aplicación a la tesis desarrollada por la Corte Constitucional de acumulación de tiempos públicos y privados».
El juzgador defendió la tesis de viabilidad de acumular tiempos laborados en el sector público y semanas cotizadas al I.S.S., para el reconocimiento y liquidación de una pensión del régimen de transición conforme a lo previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990. Bajo este entendimiento, encontró que los periodos cotizados al ISS, los tiempos públicos laborados y los aportes en mora, permitían a la accionante consolidar su pensión con el cumplimiento de las 500 semanas exigidas en el acuerdo mencionado en virtud del régimen de transición y su extensión hasta el 31 de diciembre de 2014.
Para arribar a ese entendimiento acudió primero a la norma aplicable que lo era al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagró tanto los condicionamientos para ser beneficiario del régimen de transición, además, de recordar la garantía de mantener la aplicación del régimen anterior en cuanto a edad, semanas y tasa de remplazo; segundo, a las sentencias CC T370 de 2016, CC SU370 de 2016 y a la CSJ SL1947-2020 en la que esta Sala modificó su postura permitiendo para acceder a la garantía del tránsito normativo la sumatoria de tiempos aportados al I.S.S., como los laborados, con lo que concluyó que era viable obtener la pensión a la luz del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad «aun cuando no se presente afiliación al ISS antes de la entrada en vigencia de la Ley 100, pero si se cuente con una vinculación anterior en el sector público».
Encontró acreditado que: la demandante nació el 19 de mayo de 1942 y, por tanto, era beneficiaría del régimen de transición por tener 51 años al 1 de abril de 1994; prestó sus servicios de manera ininterrumpida al Hospital Departamental de Buenaventura del 15 de abril de 1987 a 30 de abril de 2002; desde el inicio de su vinculación y hasta el 4 de septiembre de 1994 no efectuó cotizaciones a ninguna caja o fondo de seguridad social; que solo se afilió al Instituto de Seguros Sociales el 5 de septiembre de 1994 y realizó cotizaciones con su empleador hasta el 31 de diciembre de 2003.
De la situación fáctica y el precedente jurisprudencial, halló que la demandante tenía derecho a que la pensión de vejez se estudiara a la luz del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, pues a pesar de que no tenía afiliación al ISS con anterioridad al 1 de abril de 1994, sí presentaba una vinculación en el sector público y, en su caso particular, lo que pretendía era la acumulación de dichos tiempos, requisitos que encontró cumplidos.
Frente al primer requisito indicó que la accionante arribó a los 55 años el 19 de mayo de 1997 y, en cuanto al número de semanas, que prestó sus servicios al Hospital departamental de Buenaventura, sin cotizaciones al ISS durante 2.700 días equivalentes a 385.72 semanas; en el ISS cotizó 465.29 semanas, conteo en el que incluyó los periodos en mora que se reflejaban con la observación de «”pago aplicado a periodos anteriores” y “su empleador presentada(sic) deuda por no pago”».
En consecuencia, acumulando el tiempo laborado en el HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVENTURA no cotizado al ISS, con las semanas cotizadas al ISS, la demandante reúne un total de 851 semanas en toda su vida laboral, dentro de las cuales 526.86 semanas fueron cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad esto es, entre el 19 de mayo de 1977 y el 19 de mayo de 1997, lo que quiere decir, que la demandante logra cumplir el requisito mínimo exigido en el acuerdo 049 de 1990.
En virtud de lo anterior, concluye la Sala que la señora MARTHA INES SEVILLANO PEÑA tiene derecho a la pensión de vejez, pues reúne los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta para el efecto la tesis de acumulación de tiempos públicos y privados […]
Así fulminó condena a la entidad conforme a la resolutiva.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por Colpensiones, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el censor que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoque la de primer grado y, como consecuencia, sea absuelta de todas las pretensiones de la demanda y determine la condena en costas como corresponda.
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual no fue objeto de réplica.
VI. CARGO ÚNICO
La recurrente denuncia la violación directa en la modalidad de interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 «lo que condujo a la aplicación indebida de los artículos 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 13 y 33 de la Ley 100 de 1993».
Aduce como razones del ataque que no es aplicable el Acuerdo 049 de 1990 cuando la totalidad de las cotizaciones corresponden a tiempos públicos y, en segundo lugar, por cuanto no existió expectativa legítima para pensionarse bajo este régimen pensional.
Dada la vía de ataque seleccionada no se discute que: la señora Martha Inés Sevillano Peña, cumplió la edad de 55 años el 19 de mayo de 1997, que es beneficiaria del régimen de transición a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; la totalidad de cotizaciones las realizó como empleada del Hospital Departamental de Buenaventura; durante el periodo del 15 de abril de 1987 a 04 de septiembre de 1994, sus aportes no fueron cotizados a Cajas o fondos Previsión Social; la afiliación al sistema general de pensiones ISS se efectuó el 5 de septiembre de 1994.
La censura considera que hay una improcedencia del reconocimiento pensional bajo el Acuerdo 049 de 1990, puesto que la afiliación al régimen de prima media con prestación definida R.P.M., de los trabajadores no vinculados con anterioridad a la Ley 100 de 1993, no cambia la naturaleza de los tiempos privados como entendió el colegiado. Agrega que:
Si bien es cierto el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consagra la posibilidad de computar tiempos privados y públicos cotizados o no al Seguro Social. Y tal posición ha sido reiterada entre otras en la sentencia SU-769 de 2014, que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados para acceder a la pensión del acuerdo 049 de 1990, estos no pueden extenderse a campos sobre los cuales nada se manifestó al respecto y menos extenderlos hasta el acuerdo 049 de 1990 como equivocadamente concluyó el Tribunal quien reconoció a la demandante el derecho a la pensión de vejez exclusivamente con tiempos de cotización en el sector público.
En voces de la recurrente, el fallador de segundo grado confunde la sumatoria de tiempos públicos y privados con la sumatoria de tiempo cotizados y no cotizados al ISS lo que se traduce en que no es aplicable el acuerdo en comento sino la Ley 33 de 1985 dada la naturaleza del servicio desempeñado y «la cotización en todo momento de tiempos públicos».
La entidad recurrente afirma que se presenta una inexistencia de expectativa legítima para acceder a la pensión de vejez del Acuerdo 049 contenido en el Decreto 758 de 1990, por cuanto conforme al desarrollo jurisprudencial del alcance del régimen de transición la protección de las expectativas legítimas de los afiliados que se encuentran cotizando a determinado régimen pensional y que son afectados por la expedición de una norma que modifique o perjudique el derecho que han venido consolidando, por ello en el caso de la señora Sevillano Peña, debía verificarse si tenía una expectativa legitima de pensionarse bajo el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año; régimen con el que no contaba, «por el simple hecho que durante toda su vida laboral desempeñó actividades del sector público por tanto su derecho pensional se encontraba regulado por la Ley 33 de 1985».
En línea de lo argumentado acusa al juez de alzada de interpretación errónea de la sumatoria de tiempos públicos y privados, lo que conllevó a la aplicación indebida del régimen pensional de que trata el Acuerdo 049 de 1990, por cuanto el correcto entendimiento del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 habría avalado la acumulación de tiempos cotizados y no cotizados al Seguro Social para el reconocimiento pensional, pero según la norma «a la cual se encontraba cotizando como es la Ley 33 de 1985, siendo estos motivos suficientes para quebrar la sentencia acusada».
Agrega que a la señora Sevillano Peña no le asiste derecho a ningún reconocimiento pensional toda vez que como lo tuvo por probado el Juez Plural al 31 de diciembre de 2014 no había reunido un total de 1.000 semanas que le permitiera accederá la pensión de jubilación de que la Ley 33 de 1985.
VII. CONSIDERACIONES
Dada la vía por la que se encausa el cargo no se encuentran en discusión las conclusiones fácticas del fallador, esto es, que la demandante nació el 19 de mayo de mayo de 1942, tenía 51 años al 1 de abril de 1994, por ende, era beneficiaria de la garantía de la transición; prestó sus servicios de manera ininterrumpida al Hospital Departamental de Buenaventura del 15 de abril de 1987 al 30 de abril de 2002; no efectuó cotizaciones a ninguna caja o fondo de seguridad social hasta el 4 de septiembre de 1994; se afilió al Instituto de Seguros Sociales el 5 de septiembre de 1994 y realizó cotizaciones con su empleador hasta el 31 de diciembre de 2003; cotizó un total 851 semanas en toda su vida laboral, incluyendo las que debieron ser objeto de acciones de cobro por parte de Colpensiones.
Cuestiona el censor que la actora no tenía una expectativa legítima de beneficiarse de la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 por cuanto el régimen que siempre tuvo fue el de sector público, esto es, el correspondiente a la Ley 33 de 1985.
Ha sido criterio reiterado de la Sala que para que una persona beneficiaria del régimen de transición pueda ampararse en el régimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, debe haber estructurado una expectativa legítima, que no se presenta si se afilia al sistema con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Esta Sala, en un asunto de similares contornos al presente, en la providencia CSJ SL4392-2020, explicó:
En armonía con lo expuesto, la Sala en la sentencia CSJ SL2129-2014, reiterada en las decisiones SL13154-2016, SL21790-2017, ha expresado para que una persona pueda ser beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, rigurosamente debe haber estado afiliada al sistema precedente con el que pretende pensionarse, que genere una expectativa legítima susceptible de protección legal, que es por demás la garantía de remisión, preservación y aplicación de regímenes pensionales anteriores que subyace a esa figura legal.
En la referida sentencia CSJ SL2129-2014, la Corte indicó:
Lo que sí es objeto de polémica en casación, es determinar si a pesar de que a 1 de abril de 1994 la demandante tenía más de 35 años, ésta sola circunstancia por sí misma la hace merecedora del régimen de transición regulado por el artículo 36 acusado por su errónea interpretación, y por consiguiente, se le aplique el régimen pensional anterior del ISS, esto es, el Acuerdo 049 de 1990.
Válido es rememorar que los cambios legislativos en materia de derechos sociales, y la pensión de vejez lo es por antonomasia, en algunas ocasiones modifican los requisitos que la ley anterior establecía para acceder a esta prestación, tornándolos más rigurosos, por ejemplo, frente a la tasa de reemplazo, el número de semanas de cotización o del tiempo de servicios y, en cuanto a la edad, lo cual, por supuesto, dificulta a las personas alcanzar ese logro, no obstante la expectativa legítima que tienen en relación con la normatividad anterior.
Para evitar que estas personas vean truncadas sus aspiraciones, el mismo legislador tiene la obligación de establecer los mecanismos tendientes a garantizar a este grupo poblacional próximo a cumplir los requisitos para su pensión de vejez, que efectivamente se le respete esa expectativa.
En efecto, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 protegió dicha expectación, y en tal virtud dispuso que estas personas conservarían su derecho a pensionarse conforme al régimen anterior, el cual en la mayoría de los casos seguramente resultaba más favorable, eso sí, en la medida en que acreditaran el cumplimiento de las reglas previstas para ello, es decir, que a 1 de abril de 1994 fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones, su edad fuera de 40 o 35 o más años de edad tratándose de hombres o mujeres, respectivamente, o tuvieran 15 o más años de servicios o cotizados.
Nótese que la razón de ser para implementar un régimen de transición cuando opera un cambio legislativo en materia pensional, no es otra que la de proteger a quienes estuvieren próximos a pensionarse, respetándoles los requisitos que les exigía el sistema pensional que les aplicaba con antelación al nuevo, sin que ello signifique que para beneficiarse de esta garantía sea necesario estar cotizando en ese momento.
Para que lo anterior justifique su operatividad, es decir, que se aplique el beneficio del régimen de transición, es presupuesto fundamental que ese grupo poblacional, frente al cambio legislativo, tenga en ese momento una expectativa legítima de que su pensión será producto de aplicar el sistema o régimen pensional anterior del cual es beneficiario, sin que sea menester tener la condición de cotizante activo, en este caso, para el 1 de abril de 1994.
Por tanto, llegar al aserto al que arribó el Tribunal en cuanto que la demandante no encaja dentro de los presupuestos de la norma acusada, es totalmente atinado, pues para la data de entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones, la señora Molina de Vélez no tenía ninguna expectativa de pensionarse con un régimen anterior a la Ley 100, verbigracia, el previsto para los trabajadores afiliados en pensiones al ISS, en tanto sólo ingresó por primera vez al sistema pensional el 10 de octubre de 1994.
Este ha sido el criterio de esta Corte, y así en reciente sentencia CSJ SL, 13 nov. 2013, rad. 49148, se dijo:
Puestas así las cosas, bien debe concluirse que el juez de la alzada no incurrió en desafuero alguno al entender que la titularidad a un régimen pensional por vía de transición impone, como mínimo, que se haya estado afiliado al mismo durante su ordinaria vigencia, pues sólo puede accederse al derecho pensional si se cumplen los supuestos de hecho que la particular norma que lo regula exige, el primero de los cuales es, obviamente, que se hubiere tenido la condición de afiliado al mismo, ello por cuanto no es dable derivar un derecho de una condición que nunca se tuvo.
Así lo ha entendido la jurisprudencia de la Sala al sostener que el predicamento del régimen pensional inmediatamente anterior al previsto por la Ley 100 de 1993, que exige el artículo 36 de la misma para amparar a ciertos sectores de la población trabajadora que tenían una expectativa pensional conforme a las disposiciones que en ese momento regían, y que por su vigencia fueron derogadas, solamente se puede hacer respecto de quienes hubieran tenido las condición de afiliados a los diversos regímenes pensionales que para esa época subsistían, pues, la afiliación posterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, del 1º de abril de 1994, se entiende efectuada al respectivo régimen por el que se hubiere optado, es decir, al de prima media con prestación definida o al de ahorro individual con solidaridad.
Y en sentencia CSJ SL, 22 mayo 2013, rad. 42779, entre otras, sostuvo la Corte lo siguiente:
[…]
Es más, la propia Corte Constitucional en sentencia C- 597 del 20 de noviembre de 1997, al declarar exequible la expresión “a la cual se encuentren afiliados” del parágrafo segundo del artículo 36 precedentemente copiado, precisó sobre el particular:
“En efecto, como arriba se dijo, quienes a la fecha de entrada en vigencia de la ley se encontraban trabajando y adscritos a un determinado régimen pensional, no tenían propiamente un derecho adquirido a pensionarse según los requisitos establecidos por ese régimen; tan solo tenían una expectativa de derecho frente a tales condiciones o exigencias. No obstante, la nueva ley de seguridad social les concedió el beneficio antes explicado, consistente en la posibilidad de obtener la pensión según tales requisitos. Obviamente, la Ley 100, justamente en la expresión demandada, exigió que los acreedores a tal beneficio estuvieran afiliados a algún régimen pensional. No podía ser de otra forma, porque de lo contrario, se pregunta la Corte: ¿Cuáles serían los requisitos o condiciones más favorables que se harían prevalecer frente a las exigencias de la nueva ley? Si la persona no estaba vinculada a ningún régimen pensional, no existía ni siquiera la expectativa de derecho a pensionarse según determinados requisitos, que por simple sustracción de materia eran imposibles de precisar.
Luego, por elementales razones de lógica jurídica, era necesario establecer el condicionamiento de estar afiliado a algún régimen pensional para efectos de ser acreedor al beneficio derivado del régimen de transición, consistente en poder pensionarse de conformidad con los requisitos y condiciones previstos para el régimen anterior”.
Y en cuanto a si los trabajadores no afiliados a un determinado sistema de pensiones al momento de la entrada en vigencia del nuevo régimen se ven discriminados frente a los que si lo estaban, son también pertinentes los siguientes criterios sentados por la jurisprudencia de esta Corporación, según los cuales no se vulnera el principio de igualdad, por cuanto no es la misma situación jurídica la de quienes tenían una expectativa de derecho, que la de quienes ni aún tal expectativa tenían:
“Recuérdese que la igualdad formal no es ajena al establecimiento de diferencias en el trato, fincadas en condiciones relevantes que imponen la necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos distintos; esta última hipótesis expresa la conocida regla de justicia que exige tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales en forma desigual” (Sentencia C-168 de 1995). (Subraya y resalta la Sala).
En igual sentido en la sentencia SL4165-2020, al constituirse la Corte en Tribunal de instancia expresó:
Así, la Corte advierte que en el presente asunto no es aplicable el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, toda vez que el empleador afilió a la accionante al Instituto de Seguros Sociales después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1.º de julio de 1995 (f.º 28 a 30) y la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que si se pretende la aplicación del mencionado Acuerdo en virtud del beneficio de transición es necesario contar con este régimen pensional desde antes del inicio de la ley de seguridad social.
Puestas en esa dimensión las cosas, para que el accionante se apropie de la titularidad de un régimen pensional por vía de transición impone, como mínimo, que se haya estado afiliado al mismo durante su ordinaria vigencia (Acuerdo 049 de 1990), pues sólo puede accederse al derecho pensional si se cumplen los supuestos de hecho que la particular norma que lo regula exige, el primero de los cuales es, obviamente, que se hubiese consolidado éste con la calidad de afiliado al mismo, ello por cuanto no es dable derivar un derecho de una condición que nunca se tuvo.
Por consiguiente, si bien es cierto, no se desconoce la calidad de beneficiario de la transición del demandante de las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, también lo es, que el actor no estuvo afiliado antes de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 al ISS, no es procedente analizar su derecho pensional a la luz de Acuerdo 049 de 1990, en consecuencia, se llegaría a la misma conclusión del tribunal, pero por las razones aquí expuestas.
Por las razones anotadas el Tribunal incurrió en error al considerar que la demandante podía beneficiarse de la aplicación del régimen previsto en los reglamentos del ISS para acceder al derecho pensional pese a que no estuvo afiliada antes de la Ley 100 de 1993, por lo que prospera el cargo por este aspecto concreto.
En ese orden, se quebrará la sentencia del juez colegiado únicamente en cuanto a las condenas impartidas a Colpensiones, relacionadas con el reconocimiento y pago de la pensión de vejez en virtud del régimen de transición bajo el Acuerdo 049 de 1990. Valga decir, que no se casará en cuanto confirmó la condena impuesta al Departamento del Valle del Cauca a emitir el bono pensional respecto del periodo comprendido entre el 15 de abril de 1987 al 31 de diciembre de 1993, con recursos del Patrimonio Autónomo creado para cubrir el pasivo social del Hospital Departamental del Valle del Cauca y con recursos propios para el periodo comprendido del 01 de enero de 1994 al 04 de septiembre de 1994, en favor de la señora Martha Inés Sevillano Peña ante COLPENSIONES, como quiera que la inexistencia del derecho pensional deprecado, no se opone a los demás derechos eventuales que por el tiempo de servicios y de aportes puedan surgir en cabeza de la accionante, como lo es, la posibilidad de continuar cotizando y, de no acceder a la pensión del régimen general, la correspondiente indemnización sustitutiva. Lo anterior, dado que dicha condena proferida en contra del Departamento del Valle del Cauca no fue objeto del recurso de casación.
Sin costas en el recurso extraordinario, dado que el ataque salió victorioso.
En sede de instancia, bastan los argumentos expuestos en la esfera casacional para concluir que la actora no es beneficiaria de la pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, por cuanto no estuvo afiliada durante su vigencia al ISS y, la accionante no contaba con el tiempo exigido por la Ley 33 de 1985, ni la Ley 71 de 1988, para acceder a la pensión bajo tal normativa, pues no se verificó el requisito de tener 20 años de servicio exigido por dicha ley al límite temporal del Acto Legislativo 01 de 2005, época para la que contaba con 851 semanas; esto sin perjuicio de que pueda continuar cotizando para acceder a la pensión bajo las condiciones del régimen general de pensiones.
Sin costas en la alzada.
VIII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali del 28 de julio de 2020, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARTHA INÉS SEVILLANO PEÑA instauró en su contra y en el que fueron vinculados como litisconsortes necesarios el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO en nombre propio y como administrador del FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES FONPET; HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVENTURA E.S.E., y el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ÚNICAMENTE en cuanto: a) EL NUMERAL PRIMERO que modificó el numeral Quinto de la sentencia de primer grado para actualizar la condena, por retroactivo pensional y el valor de la mesada pensional a partir de agosto de 2020; b) EL NUMERAL SEGUNDO que modificó el numeral sexto de la providencia de primera instancia en cuanto a condenar a la administradora de seguridad social al pago de la indexación sobre el retroactivo pensional y reconocer y pagar los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, a partir de la ejecutoria de la presente providencia; c) EL NUMERAL TERCERO que confirmó el numeral Tercero de la sentencia apelada en la condena a COLPENSIONES a reconocer la pensión de vejez peticionada a partir del 01 de enero del año 2004, el numeral Cuarto que declaró la excepción de prescripción de todo lo causado antes del 01 de febrero del año 2007, el numeral Quinto que condenó a COLPENSIONES a pagar a las mesadas pensionales causadas a partir del 01 de febrero de 2007, en las cuantías establecidas por el fallador de primer grado y, a partir del 01 de enero del año 2010 por valor de un salario mínimo legal a razón de 14 mesadas por año, el numeral Sexto en cuanto condenó a la Administradora pensional a reconocer y pagar intereses moratorios, a partir del 2 de junio del año 2010 y hasta que se efectuara el pago, en numeral Séptimo en cuanto condenó en costas a COLPENSIONES y, el numeral Octavo que autorizó de las mesadas ordenadas el descuento respectivo al subsistema de salud. NO CASA en lo demás, esto es, el NUMERAL TERCERO en cuanto confirmó los numerales Primero, Segundo y Octavo de la sentencia de primer grado que ABSOLVIÓ al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de todas las pretensiones que en su contra formuló MARTHA INES SEVILLANO PEÑA, CONDENÓ al DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA a emitir el bono pensional respecto del periodo comprendido entre el 15 de abril de 1987 al 31 de diciembre de 1993, con recursos del Patrimonio Autónomo creado para cubrir el pasivo social del Hospital Departamental del Valle del Cauca y con recursos propios para el periodo comprendido del 01 de enero de 1994 al 04 de septiembre de 1994, a favor de la señora MARTHA INES SEVILLANO PEÑA ante COLPENSIONES, y CONDENÓ en costas a la parte vencida, respectivamente.
En sede de instancia se dispone:
REVOCAR los numerales TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO de la parte resolutiva de la sentencia dictada por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, el 8 de marzo de 2019 y, en su lugar, se ABSUELVE a COLPENSIONES de las pretensiones incoadas en la demanda inicial por MARTHA INÉS SEVILLANO PEÑA.
Costas como se indicó en la parte motiva de esta providencia.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
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