También informó el Colegiado que la sumatoria de tiempos públicos y privados, según el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sólo es posible con fundamento en los requisitos exigidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, esto como quiera que el parágrafo en comento hacía referencia en forma clara y excluyente al inciso primero del mismo artículo, «para señalar, que para el reconocimiento de la pensión de vejez allí referida, se tendrá en cuenta la suma de semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al I.S.S., a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicios como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio, pero no incluyó dentro de aquel supuesto de acumulación de tiempos y semanas de cotización de los diferentes regímenes que existían antes de entrar en vigencia la ley 100 de 1993, para el reconocimiento de las pensiones amparadas por el régimen de transición». Sustentó su postura en la Sentencia CSJ SL 4 nov, 2004. rad 23611; reiterada en sentencia CSJ SL 23 ago, 2006. rad 27.651
Adicionó el juez de alzada, que el régimen anterior que permitía la sumatoria de tiempos públicos y privados, era el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, cuya exigencia era que dichos tiempos hubieran sido aportados a alguna caja o fondo de cualquier naturaleza, lo que no encontró en el actor, por cuanto no obraba prueba de si el tiempo laborado por Valencia Paniagua según la Resolución 029738 de 2007, fue o no aportado, pues en dicho acto administrativo, el tiempo de FONPRENOR era reconocido por la Superintendencia de Notariado y Registro, sin que de la misma pudiera derivarse con claridad «si tal tiempo (01/02/1994 a 30/07/1997), fue objeto de aportes».
De otro lado, en cuanto a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, precisó que:
si bien aparece un número superior de semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, según historia laboral de folios 35 a 38, e incluso el actor sería beneficiario de la pensión por haber cotizado un número superior a 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para pensionarse, el monto con el que se resolvería esta prestación no le es más favorable que el concedido por el Seguro Social, porque teniendo en cuenta las 751 semanas cotizadas según historia laboral (fls. 27), el monto de la pensión de vejez sería del 60%, según reguló el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, porcentaje inferior al reconocido por la entidad al momento del reconocimiento de la prestación económica.
Con fundamento en todo lo expuesto, consideró el Tribunal que no existían razones jurídicas o probatorias que permitieran la revocatoria del fallo de primera instancia, por cuanto no era procedente la sumatoria de tiempos públicos y privados para aplicar el Acuerdo 049 de 1990, pretendido, ya que dando una aplicación correcta de dicha norma, el cálculo de la pensión no hubiera sido favorable frente a la previamente reconocida «y porque en todo caso, además de no haberse pretendido, no cumple el demandante con los supuestos fácticos contemplados en la Ley 71 de 1988».
Fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte y procede a resolverse.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, «en cuanto confirmó el fallo de primer grado y absolvió de las peticiones de la demanda», para que, en sede de instancia «REVOQUE la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Dieciséis Laboral del Circuito de Medellin y acoja las pretensiones de la demanda disponiendo el reajuste de la pensión de vejez del demandante».
Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica.
CARGO PRIMERO
Ataca la sentencia por la violación directa de la ley sustancial, en la modalidad de interpretación errónea de «los artículos 33 y 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990 y el literal f) del Art. 13 de la Ley 100 de 1993 y el Art. 31 ib.»
La censura estima que el problema se centra en determinar si para el reconocimiento de una pensión de vejez bajo régimen de transición bajo el Acuerdo 049 de 1990, es posible sumar a las semanas cotizadas por el al ISS el tiempo servido en el sector público y no cotizado al ISS.
Señala que el Tribunal equivocó el entendimiento del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en coherencia con el Acuerdo 049 de 1990, por cuanto la correcta interpretación hace posible efectuar sumatoria entre el tiempo cotizado por el afiliado al ISS y el tiempo laborado como servidor público sin cotizaciones al ISS, por cuanto cuando el derecho pensional se reconoce con base en el régimen de transición deben aplicarse en su integridad las normas de la Ley 100 de 1993, salvo lo relacionado con la edad, el tiempo y el monto de la pensión.
Con base en ello considera que al permitir la Ley 100 de 1993, la contabilización de cotizaciones efectuadas en cualquier caja, o fondo o entidad de seguridad social, al igual que los tiempos de servicio en el sector público, y dado que a las personas que se les reconoce su pensión de vejez en aplicación del régimen de transición consagrado en el Art. 36 de la Ley 100 de 1993 se les debe aplicar de manera íntegra dicha ley -salvo edad, el tiempo y el monto de la pensión- el Tribunal erró al negar la posibilidad de acumular a las semanas cotizadas en el ISS las laboradas por el actor en el sector público sin cotizaciones al demandado.
Señala que de haber interpretado de manera correcta el elenco normativo acusado habría permitido la sumatoria del tiempo laborado por el demandante en el sector público con las semanas cotizadas al ISS y con ello la procedencia del reajuste solicitado.
RÉPLICA
Acota, en suma, que el ad quem no se equivocó por cuanto la decisión está a tono con la jurisprudencia de esta Corporación.
CONSIDERACIONES
Dada la vía directa de los cargos, no existe discusión acerca de los siguientes supuestos fácticos: (i) que el señor Leonel Valencia Paniagua nació el 26 de mayo de 1946; y (ii) que es beneficiario del régimen de transición, pues al 1° de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad.
Le corresponde a la Corte dilucidar si a la luz de lo estatuido en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, es viable la sumatoria de tiempos públicos con las cotizaciones directas al ISS, para efectos de reconocer la pensión de vejez allí consagrada.
De manera reiterada ha sostenido esta Sala que a quien apoyado en el régimen de transición busca la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, no se le pueden sumar tiempos servidos en el sector oficial con las cotizaciones realizadas al sistema, por cuanto dicha disposición no prevé ese cómputo; de tal suerte que debe satisfacer la densidad de 1000 semanas en cualquier tiempo, pero se insiste, cotizadas al ISS, o 500 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima.
Así lo tiene dicho la jurisprudencia de la Sala, por ejemplo, en la sentencia SL, 10 mar. 2009, rad. 35792, en la que se razonó:
2. El recurrente plantea, con base en el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que hace parte de la norma que contempló el régimen de transición, que, a partir del 1º de abril de 1994, “para la aplicación de cualquier régimen de transición al que puede acogerse un beneficiario son acumulables o computables el tiempo de servicios en el sector público con las semanas cotizadas al ISS y más específicamente para casos similares a los de la actora quien estuvo afiliada y haciendo aportes a esta entidad antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993”.
No comparte la Sala esta apreciación de la censura, pues olvida que el régimen de transición comporta la aplicación de las normas anteriores a la vigencia del régimen de pensiones del Sistema Integral de Seguridad Social contemplado en la Ley 100 de 1993, en tres aspectos puntuales: edad, tiempo de servicios o cotizaciones y el monto de la pensión.
De suerte que estos tres precisos temas se gobiernan por las disposiciones vigentes con anterioridad, las que se aplicarán en su integridad, sin que sea posible acudir a las preceptivas de la Ley 100 de 1993, salvo que se opte por ésta, caso en el cual deberá aplicarse en su integridad, según lo establece con claridad su artículo 288.
A propósito, esta Sala de la Corte, en sentencia del 29 de marzo de 2001 (Rad. 15.493), adoctrinó:
“4) Adicionalmente, no tiene en cuenta la impugnación que la garantía que otorga el mencionado régimen de transición es la aplicabilidad de las normas que antecedieron a la Ley 100, respecto a la edad, el tiempo de servicios o cotizaciones y el monto de la pensión, pero en modo alguno se trata de dar paso a la propia legislación de 1993, como lo señala el impugnante al pretender que aquellos aspectos se rijan por el art. 33 de la citada Ley 100 de 1993 y que de allí la pensión del accionante se logre con 55 años de edad, que sea del caso advertir está señalada en dicho art. 33 solo para las mujeres, y 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo.
“Contrario a lo que señala el impugnante, los requisitos que prevé el mencionado art. 33 de la Ley 100 no se aplican para quienes quedaron en el régimen de transición, sino para los afiliados al régimen solidario de prima media con prestación definida, caso diferente al del señor Chavarría Pérez”.
Queda a salvo, como se dijo, el derecho de las personas de acogerse a cualquier norma de la Ley 100 de 1993, pero a condición del sometimiento a la totalidad de las disposiciones de esa ley, conforme viene consagrado en el artículo 288, del siguiente tenor literal:
“ARTÍCULO 288. Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley y en leyes anteriores. Todo trabajador privado u oficial, funcionario público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta ley”.
Por lo tanto, si, en desarrollo del régimen de transición, la demandante pretende que su derecho a la pensión, en cuanto a edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto, se rija por el Acuerdo 049 de 1990, deberá atenerse, en su integridad, a lo ahí previsto, sin que resulte admisible, a los efectos de completar las 500 semanas de cotización, acumular tiempo servido o cotizado en el sector oficial.
Y lo anterior es así porque, como lo ha explicado esta Sala de la Corte, el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se entiende referido a la pensión de vejez contemplada en el artículo 33 de dicha ley. Por consiguiente, no es aplicable a la pensión de vejez disciplinada en normas legales anteriores, concretamente en el Acuerdo 049 de 1990.
En efecto, en la sentencia del 4 de noviembre de 2004, radicación 23611, esto dijo la Corte: “El parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es del siguiente tenor:
Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1º) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio’
Aún cuando por hallarse ubicado en la norma legal que establece el régimen de transición pensional, podría pensarse en principio que el citado parágrafo alude a las pensiones que surjan de la aplicación de ese régimen, para la Corte es claro que ese entendimiento no se corresponde con el genuino sentido de la norma, porque en realidad hace referencia a “la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1º ) del presente artículo” y esa pensión no es otra que la consagrada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que exige al afiliado como requisitos para acceder a tal prestación el cumplimiento de 55 años de edad, si es mujer o 60 si es hombre y haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
Y ello es así porque el citado inciso 1º comienza señalando que la “edad para acceder a la pensión de vejez continuará”, con lo cual no cabe duda que se refiere en concreto a la pensión de vejez en los términos en que quedó concebida por la Ley 100 se 1993, pues para las pensiones del régimen de transición, la edad para acceder a la pensión correspondiente será la del régimen anterior al cual se encontrara afiliado el beneficiario de la transición. Por tal razón, en el inciso en comento se precisó que la edad para acceder a la prestación continuaría siendo la misma que la establecida en el régimen anterior, porque a partir del 2014 se incrementaría en 2 años, según la redacción del original artículo 36.
Así las cosas, lo que señala el parágrafo en comento, viene a ser una reiteración de lo que con antelación se establece en el parágrafo 1º del artículo 33, que dispuso que para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere tal artículo se tendría en cuenta el número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, el tiempo de servicio como servidores públicos remunerados o como trabajadores al servicio de empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y el número de semanas cotizadas a cajas provisionales del sector privado.
Previsión que, como surge de su texto, se halla en concordancia con el literal f) del artículo 13 de la Ley 100, que igualmente ha sido desarrollado por el parágrafo del artículo 36 de esa ley. Como es sabido, en dicho literal se precisa que “para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio”.
Cumple advertir que el precedentemente citado literal del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 alude con claridad a las pensiones contempladas “en los dos regímenes”, lo que indica que no tiene aplicación respecto de pensiones que no correspondan a cualquiera de esos dos regímenes, como lo sería la pensión por aportes a la que en realidad tiene vocación el actor, dada la forma como ha efectuado sus cotizaciones y los servicios que ha prestado.
Importa precisar, por otro lado, que el citado parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no puede ser interpretado de manera aislada del resto de este artículo. Y de ese modo, resulta que para un beneficiario del sistema de transición allí consagrado, el número de semanas cotizadas será el establecido en el régimen anterior al cual se encontrare afiliado, de tal suerte que ese requisito deberá regularse en su integridad por las normas que gobernaban lo pertinente en el régimen pensional que al beneficiario le resultaba aplicable. Régimen que, para un trabajador afiliado al Seguro Social, corresponde al regulado por el Acuerdo 049 de 1990, que, en lo pertinente, en su artículo 12 exige para tener derecho a la pensión de vejez un mínimo de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas o un número de 1000 semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.
Pero dichas cotizaciones se entiende que deben ser efectuadas al Seguro Social, por cuanto en el referido Acuerdo no existe una disposición que permita incluir en la suma de las semanas de cotización pertinentes las sufragadas a cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado o el tiempo trabajado como servidores públicos, como sí acontece a partir de la Ley 100 de 1993 para las pensiones que se rijan en su integridad por ella. Y si bien antes de la precitada norma se produjo una regulación normativa que permite la posibilidad de acumular los aportes sufragados a entidades de previsión social oficiales y los efectuados al Seguro Social, a través de lo que se ha dado en denominar pensión de jubilación por aportes, que ya se dijo es a la que en realidad aspira el actor, ello corresponde a una situación jurídica distinta de la planteada por el recurrente que, en todo caso, se halla regida por normas distintas al aludido Acuerdo 049 de 1990.
Para la Corte, el entendimiento sugerido por el recurrente, que dice apoyar en los principios que orientan la seguridad social en Colombia, resulta contraria al texto explícito del citado artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y supondría una excepción no contemplada en esa disposición, que fraccionaría la aplicación, en materia de semanas de cotización, del régimen anterior al cual se hallaba afiliado al beneficiario, pues supondría que para efectos de establecer el número de semanas cotizadas se aplicaría dicho régimen, pero para contabilizarlas se tomaría en cuenta lo establecido por la señalada ley 100, lo cual no resulta congruente.
Por lo anterior, cabe decir que no incurrió el Tribunal en la interpretación errónea que se le endilga, en relación con los efectos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto la hermenéutica adoptada consulta en un todo el sentido de esa disposición denunciada”.
Así las cosas, el Tribunal no cometió el error de puro derecho en cuanto concluyó que no era posible sumar tiempos oficiales a las cotizaciones directas del ISS, siendo esta la línea reiterada de la Sala.
CARGO SEGUNDO
Ataca la sentencia por la violación indirecta de la ley sustancial, en la modalidad de aplicación indebida del «artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 7o. y 8o. de la Ley 171 de 1961».
Dice que la violación del elenco normativo se produjo como consecuencia del error de hecho de «No dar por demostrado están dolo que el señor LEONEL VALENCIA PANIAGUA efectuó aportes para efectos pensionales al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y a cajas de previsión social por lapso superior a 20 años».
Atribuye el error de hecho a «la equivocada apreciación de la Resolución 029738 mediante la cual el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le concedió al demandante la pensión de vejez (fs. 8 a 12)».
Que al haber determinado el Tribunal en la parte inicial de su sentencia que no resultaba procedente el reconocimiento del reajuste de la pensión de vejez con base en la Ley 71 de 1988, por no haberse solicitado así en la demanda y posteriormente «de manera contradictoria» el Colegiado analizó el cumplimiento por parte del actor de los requisitos para la concesión de la pensión con base en la Ley 71 de 1988, pretensión que negó. Razón por la cual debía impugnar el fallo «para que se acoja el derecho reclamado, o en su defecto para que se deje sin efecto el pronunciamiento de fondo denegatorio del derecho, evitando así que se genere el efecto de cosa juzgada en relación con el reajuste pensional al que habría lugar con base en la normatividad citada».
Con ello y tras citar el entendimiento del Juez de alzada de que, la Ley 71 de 1988, exige que los tiempos fueran aportados a alguna caja o fondo de cualquier naturaleza, lo que consideró no ocurría en el caso del demandante por cuanto no obraba prueba de si el tiempo por él laborado , según la información que brindaba la Resolución 0297.18 de 2007, fue o no aportado, ya que en dicha resolución el tiempo de FONPRENOR es reconocido por la Superintendencia de Notariado y Registro, «sin que de la misma pueda derivarse, con claridad si tal tiempo (01/02/1994 a 30/07/1997), fue objeto de aportes».
Para el recurrente el fundamento del Tribunal es «manifiestamente equivocado producto de una apreciación errada de la Resolución en comento, por cuanto de la misma expresamente se hace constar que laboró como servidor público remunerado sin cotización al ISS en a) Superintendencia de Notariado y Registro tiempo a cargo de Cajanal del 27 de octubre de 1987 al 31 de enero de 1994. b) Fonprenor a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro desde el 1 de febrero de 1994 al 30 de julio de 1997». Y afirma frente a Cajanal y Fonprenor son cajas de previsión social a las los funcionarios públicos y los notarios han estado afiliados.
Con base en ello deja por sentado que de haber apreciado la resolución del ISS, el Colegiado habría advertido que dichos lapsos eran idóneos para la sumatoria permitida por la Ley 71 de 1988 por tratarse de periodos cotizados a entidades de seguridad social y con ello, hubiera impedido la negativa de que se le concediera la pensión de vejez bajo la Ley 71 de 1988, pues con el tiempo cotizado a Cajanal y Fonprenor, «más el tiempo cotizado al ISS (751 semanas, según lo admite el Tribunal) se completarían con holgura los 20 años de aportes exigidos por el artículo 7o de dicha normatividad».
Finaliza señalando que el error conduce a la casación de la sentencia para que en sede de instancia se reconozca el reajuste pensional por cumplir los requisitos de la pensión de vejez de la Ley 71 de 1988 del 75% del IBL
RÉPLICA
En esencia el opositor aduce que no «brilla al ojo» que en la Resolución del ISS acusada este dicho que los tiempos de Cajanal y Fonprenor, eran idóneos para la sumatoria de tiempos cotizados a entidades de seguridad social.
CARGO TERCERO
Ataca la sentencia por la violación directa de la ley sustancial, en la modalidad de infracción directa de «los artículos lo. y 2o. de la Ley 86 de 1988, los artículos lo y 6o del Decreto 1668 de 1997, los artículos lo. y 2o. del Decreto 2773 de 2001 y el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil en relación con los artículos 50 y 145 del Código Procesal del Trabajo, lo cual conllevó a la aplicación indebida del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 7o. y 8o. de la Ley 71 de 1988».
Tras repetir el cuestionamiento propuesto en el segundo cargo, adiciona que el razonamiento del Tribunal es equivocado por cuanto desconoció que Fonprenor fue una entidad de previsión social (artículo 1 Ley 86 de 1988), que reconocía las prestaciones sociales de los Notarios (artículo 2 Ley 86 de 1988), que fue liquidada (Decreto 1668 de 1997 ) y es por esa razón que la Superintendencia de Notariado y Registro asumió las obligaciones pensionales y de cuotas partes de dicha entidad (Decreto 2713 de 2001); de manera tal que si el Juez de alzada no hubiera ignorado las normas acusadas no habría desconocido que el tiempo de Fonprenor corresponde a aportes efectivamente efectuados a una entidad de seguridad social y asumidos por la Superintendencia en comento por disposición del Decreto 2713 de 2001 concordante con el Decreto 1668 de 1997.
Añade que dicho error llevó a que el Juez Colegiado negara la posibilidad de que fuera contabilizado el tiempo cotizado al ISS, a Cajanal y a Fonprenor para el reconocimiento de la pensión de vejez por aportes de la Ley 71 de 1988.
Por último, añadió que de no acogerse los argumentos expuestos, solicita a la Corte el análisis de argumentos que permitan casar la sentencia parcialmente en cuanto «esgrimió razones de fondo para negar el reajuste pensional de conformidad en la ley 71 de 1988», por no haberse formulado tal pretensión en la demanda.
Aduce que, aceptando que dicha pretensión no estaba en la demanda, y que no era susceptible de ser introducido en la apelación, el Juez de alzada carecía de competencia para pronunciarse de fondo respecto de si el actor reunía o no los requisitos para el reajuste pensional bajo la pensión de vejez por aportes. Razonamiento que acusa de incongruente y violatorio del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto, si el tema no hacía parte del litigio el Tribunal no podía pronunciarse de fondo sobre el mismo, como finalmente hizo el Tribunal.
En suma refiere que, no dejar sin efectos las consideraciones del Colegiado en cuento a la negativa con base en el reajuste bajo la Ley 71 de 1988, configura el fenómeno de cosa juzgada que le impediría una nueva reclamación con base en la norma en comento.
RÉPLICA
Dice que por la vía directa de violación de la ley, a la Sala no le está permitido examinar la prueba que sirvió al Juez colegiado para formar su convencimiento sobre el hecho relevante de la litis.
CONSIDERACIONES
Aun cuando se dirigen por vías diferentes, pero buscan el mismo fin se procederá a estudiar de manera acumulada los cargos segundo y tercero.
En lo que interesa estrictamente al análisis de los cargos 2 y 3, se recuerda que el Tribunal para arribar a la confirmación del fallo de primera instancia, que negó la reliquidación de la pensión del actor señaló:
Que el recurso de apelación no podía ser acogido, por incongruente respecto de las peticiones y fundamentos de la demanda (Ley 71 de 1988); no obstante, que al haber acudido en la apelación a la sumatoria de tiempos públicos y privados para el cálculo del monto de la pensión, aspecto negado en primera instancia, procedía su análisis.
Que el actor era beneficiario del régimen de transición, que el régimen anterior con el cual podían permitirse la suma de tiempos públicos y privados a través del régimen de transición era la Ley 71 de 1988, que exigía que los tiempos estuvieran aportados a alguna caja o fondo de cualquier naturaleza, y que no obraba prueba de si el tiempo laborado por el accionante con base en la resolución del ISS No. 029738 de 2007, por cuanto el tiempo de Fonprenor de dicha resolución es reconocido por la Superintendencia de Notariado y Registro sin que se desprenda de la Resolución si el tiempo del 1 de enero de 1994 al 30 de julio de 1997 fue objeto de aportes.
Tres son los cuestionamientos del impugnante frente a la sentencia del Tribunal: (i) la errada apreciación de la Resolución del ISS, de la cual, en voces del censor, se desprende que todos los tiempos aportados a Cajanal y a Fonprenor, eran idóneos para la sumatoria permitida por la Ley 71 de 1988, por tratarse de periodos cotizados a entidades de seguridad social; (ii) que desconoció el marco normativo que evidenciaba que Fonprenor fue una entidad de seguridad social, por lo que el tiempo a dicha entidad corresponde efectivamente a aportes efectuados a una entidad de previsión social y que dada su liquidación la Superintendencia de Notariado y Registro asumió el reconocimiento pensional y el pago de las cuotas partes respectivas y (iii) de no aceptar la Corte sus argumentos para casar la sentencia, y acogido al principio de congruencia, solicita la casación parcial de la misma dado que al no ser una pretensión de la demanda no era dable al Tribunal pronunciarse de fondo respecto de la Ley 71 de 1988, lo que genera efecto de cosa juzgada impidiendo al actor una reclamación con esta norma.
Así las cosas, corresponde a la Corte determinar si existe error del Tribunal al considerar que los tiempos de Fonprenor no podían ser tenidos en cuenta por cuanto no obra prueba de que los mismos hubieran sido efectivamente aportados para acceder a la reliquidación pensional.
Se considera pertinente en primera medida hacer referencia a que, conforme al actual criterio jurisprudencial consignado en la sentencia CSJ SL4457-2014, 26 marzo 2014 rad. 43904, cuando el afiliado cotizó al ISS y solicita la sumatoria de los tiempos de servicio públicos, el juez debe, en todo caso, buscar la norma que resulte aplicable al caso concreto, con independencia de la que hubiera invocado en su demanda.
En ese sentido se razonó de la siguiente manera:
Dicho de otro modo, las normas y argumentos jurídicos sostenidos en la demanda no son vinculantes para el fallador, puesto que corresponde al juzgador y no a los litigantes definir el derecho que se controvierte.
Ciertamente es conocido de tiempo atrás el aforismo «dadme los hechos y yo os daré el derecho», de manera que como lo ha reiterado esta Sala en múltiples ocasiones, le corresponde al juez al resolver el litigio a partir de los hechos acreditados en el plenario, subsumirlos en la norma que consagra el derecho en discusión, dado que conforme al mandato superior del artículo 230 constitucional «Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley…». Véanse entre otras las sentencias: CSJ SL, 21 jun. 2011, rad. 38224; CSJ SL, 14 oct. 2009, rad. 33352, CSJ SL, 03 dic. 2007, rad. 2962, y 21517 del 27 de julio de 2005.
[…]
Siendo ello así, indudablemente, las citadas probanzas daban cuenta que el demandante prestó servicios tanto en el sector público como en el privado y que en ambos sectores cotizó para efectos de su pensión, de modo que la normativa a la luz de la cual debía dilucidarse su situación pensional no es otra diferente a la Ley 71 de 1988, punto en el cual debe precisarse que el Tribunal erró al no acoger las reflexiones del a quo, quien así lo determinó.
Con otras palabras, si el accionante es beneficiario del régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y cotizó «válidamente» en cajas o entidades del sector público y en el ISS, el régimen que lo ampara, es el contemplado en la Ley 71 de 1988.
Con fundamentó en ello, sí correspondía a los falladores el estudio de las pretensiones de la demanda acudiendo a la revisión del régimen que, bajo transición, le era aplicable al actor.
Precisado lo anterior, debe señalarse que tal como acusa el censor existió error en la apreciación probatoria por parte del Tribunal por cuanto efectivamente la Resolución acusada establece:
Que según las pruebas obrantes en el expediente, específicamente los certificados laborales de entidades públicas allegados por el solicitante, se establece que el (la) asegurado(a) VALENCIA PANIAGUA ha laborado como servidor público remunerado (sin cotización al ISS) durante los periodos indicados a continuación:
ENTIDAD
PERIODO DESDE HASTA
TOTAL DIAS
INTERRUP. DIAS
SIMULTAN. DIAS
TOTAL
DIAS NETOS
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO TIEMPO A CARGO DE CAJANAL
27/10/1987
31/01/1994
2255
0
614
1641
FONPRENOR TIEMPO A CARGO DE LAS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
1/02/1994
30/07/1997
1260
121
0
1139
TOTAL DÍAS SECTOR PÚBLICO SIN COTIZACIÓN AL ISS
2.780
TOTAL SEMANAS SECTOR PÚBLICO SIN COTIZACIÓN AL ISS
397,14
A su vez, respecto de las entidades que entraban a financiar la pensión, consignó:
FINANCIACIÓN PENSIÓN DESDE LA FECHA DE CAUSACIÓN
ENTIDAD PÚBLICA EMPLEADORA (ENTIDAD DE PREVISIÓN)
TIEMPO (DÍAS)
FINANCIACIÓN
%
VALOR PENSIÓN
Seguro Social Pensiones
4.884
Cotizaciones
63,73
$1.689.106.00
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO TIEMPO A CARGO DE CAJANAL
1641
Bono Pensional
21,41
$567.453.00
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
1139
Bono Pensional
14,86
$393.851.00
TOTAL
7.694
100.00
$2.650.410.00
Pues bien, la Resolución del ISS evidencia que el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 1994 y el 30 de junio de 1997, corresponde a Fonprenor, con la indicación de que este tiempo es a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro. Así mismo, indica que los tiempos sin cotización al ISS, generan la obligación de emitir Bono B, a cargo de las entidades públicas empleadoras «o de la caja donde estuvo afiliado» y al establecer las entidades que financian la pensión relaciona por el tiempo antes aludido a la Superintendencia de Notariado y Registro.
De suerte que se evidencia que Fonprenor, en el periodo en comento, era la entidad de seguridad social a la que se encontraba vinculado el actor.
Ahora bien, no puede perderse de vista que Fonprenor era el Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro, creado por la Ley 86 de 1988, que tenía otorgadas las funciones establecidas en la ley para los organismos de seguridad social y, en su artículo 7 relativo al patrimonio, establece el pago de aportes a cargo, entre otros, de los notarios y funcionarios de las notarías, los cuales permitían la financiación de las diferentes prestaciones, incluyendo las de carácter pensional.
También resulta pertinente recordar que con la expedición de la Ley 100 de 1993, el artículo 12, se consagró la coexistencia de dos regímenes dentro del Sistema General de Pensiones, siendo uno de ellos el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y, justamente Fonprenor es una de las entidades que hace parte integrante de este régimen de prima media, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de dicho estatuto y 34 del Decreto 692 de 1994, por cuanto este régimen es el administrado por el Instituto de Seguros Sociales y las cajas, fondos o entidades de seguridad social, del sector público o privado, existentes al 31 de marzo de 1994 y mientras las mismas subsistieran, que para el caso de Fonprenor fue hasta la expedición del Decreto-Ley 1668 de 27 de junio de 1997.
Por ello, erró el Tribunal al no dar por sentado que el periodo de la entidad Fonprenor correspondía a aportes con lo cual dejó de tener en cuenta dichos tiempos para determinar si procedía la reliquidación pensional peticionada.
Considera la Sala importante hacer precisión de que el hecho de la liquidación de la entidad, en este caso el Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro Fonprenor aunado a que las obligaciones de naturaleza pensional, dada la liquidación, quedaran a cargo de otra entidad, en el presente, la Superintendencia de Notariado y Registro, no mutan la condición de que para dicho periodo se estaba bajo la obligatoriedad del aporte y, por ende, el lapso de Fonprenor debían ser tenidos en cuenta en la contabilización de las semanas, que además habían sido certificados y contabilizados para el reconocimiento pensional.
En todo, en el caso bajo escrutinio de esta Sala y con la línea sentada a partir de sentencia SL4457-2014, que establece la posibilidad de la sumatoria de tiempos servicio al sector oficial con los aportados al ISS para acceder a la pensión bajo ley 71 de 1988, también habría lugar a quebrar la sentencia.
Siendo coherentes con lo discurrido, el cargo sale victorioso.
DECISIÓN DE INSTANCIA
El objeto de inconformidad del actor con la providencia de primer grado, se centró en la absolución a la entidad accionada de reliquidar la pensión de vejez, como quiera que en su consideración, bajo el régimen de transición podía aplicarse el monto del 75% en virtud de la Ley 71 de 1988. Al respecto y tal como se señaló en la esfera casacional: i) corresponde al juez, cuando el afiliado cotizó al ISS y solicita la sumatoria de los tiempos de servicio públicos, buscar la norma aplicable al caso concreto, independiente de la que invocada en la demanda; y ii) que es posible la sumatoria de tiempos servicio al sector oficial con los aportados al ISS para acceder a la pensión bajo Ley 71 de 1988.
Con fundamento en ello, y de conformidad con los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 7º de la Ley 71 de 1988, al señor Leonel Valencia Paniagua le corresponde una tasa de remplazo del 75% de su IBL ($4.385.192,00, el cual nunca hizo parte del debate), teniendo en cuenta que contaba con el tiempo de servicio y aportes exigido por la norma como se desprende de las resoluciones de reconocimiento pensional emitidas por el ISS que obran en el plenario y que evidencian un total de 7.694 días. En consecuencia se procederá a revocar la sentencia de primer grado y, en su lugar, se ordenará la reliquidación de la pensión y el pago de las diferencias causadas con ocasión de las mismas, debidamente indexadas, hasta la fecha en que se verifique el pago, de conformidad con la siguiente liquidación a 31 de mayo de 2019:
PARÁMETROS PARA CÁLCULOS
Ingreso base de liquidación
$ 4.385.192,00
Tasa de reemplazo
75%
Fecha de pensión
21/05/2006
Mesadas pensionales al año
13
Primera mesada pensional según I.S.S.
$ 2.650.410,00
Fecha de corte para retroactivo e indexación
31/05/2019
CÁLCULO DE PRIMERA MESADA PENSIONAL LEY 71 DE 1988 A 21/05/2006
Ingreso Base de Liquidación
$ 4.385.192,00
Tasa de reemplazo (Ley 71 de 1988)
75%
Valor de la Mesada Pensional de Vejez
$ 3.288.894,00
CONSOLIDADO DE RETROACTIVO E INDEXACIÓN DE DIFERENCIA DE MESADAS PENSIONALES A 31/05/2019
FECHAS
VALOR DE TOTAL DE DIFERENCIA DE MESADAS PENSIONALES
VALOR DE LA INDEXACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE MESADAS PENSIONALES
Inicio
Final
22/05/2006
31/12/2006
$ 5.299.417,20
$ 3.599.987,38
01/01/2007
31/12/2007
$ 8.672.145,08
$ 5.234.434,05
01/01/2008
31/12/2008
$ 9.165.590,14
$ 4.566.942,34
01/01/2009
31/12/2009
$ 9.868.590,90
$ 4.339.512,39
01/01/2010
31/12/2010
$ 10.065.962,72
$ 4.095.132,86
01/01/2011
31/12/2011
$ 10.385.053,74
$ 3.739.535,13
01/01/2012
31/12/2012
$ 10.772.416,24
$ 3.394.733,97
01/01/2013
31/12/2013
$ 8.991.234,41
$ 2.634.330,19
01/01/2014
31/12/2014
$ 9.869.130,09
$ 2.525.662,95
01/01/2015
31/12/2015
$ 10.230.340,25
$ 1.994.048,89
01/01/2016
31/12/2016
$ 10.922.934,29
$ 1.230.888,07
01/01/2017
31/12/2017
$ 11.551.003,01
$ 770.943,70
01/01/2018
31/12/2018
$ 12.023.439,03
$ 400.287,16
01/01/2019
31/05/2019
$ 4.771.455,54
$ 39.952,72
TOTALES
$ 132.588.712,62
$ 38.566.391,80
De las anteriores sumas, la demandada deberá hacer la deducción de los aportes al sistema de seguridad social en salud, puesto que las entidades pagadoras de pensiones, por ministerio de la ley, están facultadas para efectuar tal descuento y consignarlo en los plazos estipulados a la correspondiente entidad promotora de salud a la cual se encuentre vinculado el pensionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994.
En cuanto a los intereses moratorios pretendidos, es suficiente referir que la postura de esta Sala es que tratándose de reliquidación de la mesada pensional, no hay lugar a los mismos, razón por la cual no se accede al pago de los mismos.
Respecto a las excepciones formuladas se declaran no probadas y en lo atinente a la de prescripción tampoco resulta procedente toda vez que no transcurrió más de tres años entre la data de la notificación del primer acto administrativo de fecha 27 de noviembre de 2007 y la presentación de la demanda, 13 de abril de 2010, teniendo en cuenta que esta se le notificó a la demandada el 3 de junio de 2010.
En las instancias las costas correrán por cuenta de la parte vencida.
XI DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley CASA la sentencia proferida por la Sala Segunda de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 30 marzo de 2012, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LEONEL VALENCIA PANIAGUA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.
En sede de instancia, REVOCA la sentencia emitida el 31 de enero de 2011, por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado 16 Laboral del Circuito Judicial de Medellín y, en su lugar, dispone:
PRIMERO: CONDENAR a la entidad demandada a la reliquidación de la mesada pensional del señor LEONEL VALENCIA PANIAGUA, aplicando una tasa de reemplazo del 75%, sobre un IBL de $4.385.192, lo que otorga como cuantía de la primera mesada la suma de $3.288.894 a partir del 21 de mayo de 2006.
SEGUNDO: CONDENAR al pago de las diferencias pensionales causadas desde el 21 de mayo de 2006 hasta el 31 de mayo de 2019, por valor de $132.588.712,62, cuya indexación a esta fecha asciende a $38.566.391,80, suma aquella que en todo caso deberá actualizarse hasta que se verifique el pago.
De las anteriores condenas, la demandada deberá hacer la deducción de los aportes al sistema de seguridad social en salud, puesto que las entidades pagadoras de pensiones, por ministerio de la ley, están facultadas para efectuar tal descuento y consignarlo en los plazos estipulados a la correspondiente entidad promotora de salud a la cual se encuentre vinculado el pensionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994.
TERCERO: ABSOLVER del pago de los intereses moratorios.
CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la accionada
QUINTO: ABSOLVER a la entidad demandada de las restantes pretensiones planteadas en la demanda.
Costas como se dijo en la parte motiva.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN