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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2469-2023

Fecha
23 de agosto de 2023
Magistrado ponente
Marjorie Zuñiga Romero
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2469-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali profirió el 30 de junio de 2021, en el proceso que MARÍA LUISA MONTAÑO y RÓMULO FERNANDO ALBÁN ANGULO, litisconsorte necesario por activa, adelantan contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. Sin costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2469-2023

Magistrado ponente: Marjorie Zuñiga Romero

23 de agosto de 2023

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Magistrada ponente

SL2469-2023

Radicación n.° 96139

Acta 31

Bogotá D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

La Sala decide el recurso de casación que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali profirió el 30 de junio de 2021, en el proceso que MARÍA LUISA MONTAÑO y RÓMULO FERNANDO ALBÁN ANGULO, en calidad de litisconsorte necesario por activa, adelantan en su contra.

ANTECEDENTES

La actora presentó demanda ordinaria laboral con el fin de que, como pretensiones principales, se declarara como beneficiaria de la pensión de sobreviviente en calidad de madre supérstite de Robert Fernando Albán Montaño. En consecuencia, pidió que se condenara a la administradora pensional al pago del derecho a partir del «1 de enero de 2016» en un monto de 1 SMMLV; los reajustes y mesadas adicionales de ley; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; lo ultra y extra petita; y las costas. Como subsidiaria, sufragar la prestación, debidamente indexada (f.os 68 a 75 del c. del Juzgado).

En respaldo de sus peticiones, afirmó que Robert Albán Montaño cotizó en Porvenir S.A. desde «enero de 2013» hasta el 1. ° del mismo mes en 2016, fecha en que falleció. Por tal razón, reclamó el derecho el 23 de febrero del mismo año; no obstante, el fondo privado negó su petición el 22 de marzo de la misma calenda, en tanto no se probó la subordinación financiera respecto al causante.

Agregó que convivía con su hijo y con su compañero permanente, Salvador Moreno Sánchez, que eran los únicos que aportaban monetariamente al sostenimiento de la familia, dado que no podía trabajar por «su enfermedad vascular de miembros inferiores». A su vez, precisó que su compañero devengaba un salario mínimo, con el que velaba por el amparo de su otra hija menor Valeria Moreno Montaño y una parte de los egresos del hogar «insuficientes para suplir todos los gastos».

Señaló que si bien «la dependencia económica […] no era absoluta», sus contribuciones eran «indispensables» para la subsistencia material, debido a que eran permanentes, periódicas y necesarias.

Al concluir, manifestó que le requirió a la demandada copia de la investigación administrativa en que fundamentó su negativa; sin embargo, nunca recibió respuesta, por lo que desconoce los motivos de su resolución.

Porvenir S.A. se opuso a todo lo pretendido. De los hechos, aceptó la fecha de afiliación y los periodos de cotización de Robert Albán Montaño, la data de su muerte, la reclamación del derecho y su respuesta negativa. Los demás los negó o dijo que no le constaban.

En su defensa, propuso como excepción previa la de falta de integración del litisconsorte necesario y de mérito las de prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda, falta de acreditación de los requisitos legales para reconocer la pensión de sobrevivencia, carencia de acción y ausencia de derecho sustantivo, compensación, buena fe y la innominada o «genérica» (f.os 134 a 147 del c. del Juzgado).

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Cali, a través de auto de 3 de julio de 2018, ordenó la vinculación al proceso de Rómulo Fernando Albán Angulo, en calidad de litisconsorte necesario por activa (f. ° 148 del c. del Juzgado), quien aceptó todos los supuestos del escrito inicial, no se opuso a ninguna pretensión ni alegó propias (f.os 162 a 167 del c. del Juzgado).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo de 1. ° de septiembre de 2020, el juez de conocimiento resolvió (f.os 284 a 285 del c. del Juzgado):

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por la demandada PORVENIR S.A., […].

SEGUNDO: CONDENAR a […] PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a la señora MARIA [sic] LUISA MONTAÑO, la pensión de sobreviviente a partir del 01 de enero de 2016, fecha del fallecimiento del señor ROBERT FERNANDO ALBAN [sic] MONTAÑO HOYOS, en la suma de un salario mínimo legal mensual vigente, a razón de 13 mesadas anuales junto con los incrementos de ley. Lo adeudado por concepto de mesadas pensionales causadas […].

TERCERO: CONDENAR a […] PORVENIR S.A reconocer y pagar a favor de la señora MARIA [sic] LUISA MONTAÑO, los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre la totalidad de las mesadas insolutas las cuales constituyen el capital; intereses que se generan a partir del 24 de abril de 2016 […].

CUARTO: AUTORIZAR a PORVENIR S.A. a descontar del retroactivo generado por concepto de mesadas pensionales ordinarias, el monto de los aportes al sistema de seguridad social en salud […].

QUINTO: LAS COSTAS quedan cargo de la parte vencida en el proceso, PORVENIR S.A. por haber sido vencida en juicio y a favor de la parte actora […].

SEXTO: ABSOLVER a PORVENIR S.A. de la totalidad de las pretensiones incoadas por el señor ROMULO [sic] FERNANDO ALBAN [sic] ANGULO, […].

SEPTIMO: SIN COSTAS a cargo del señor ROMULO [sic] FERNANDO ALBAN [sic] ANGULO, […].

OCTAVO: REMITIR el presente proceso en CONSULTA ante el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala laboral [sic], a favor del señor ROMULO [sic] FERNANDO ALBAN [sic] ANGULO a razón de haber sido esta providencia contraria a sus intereses.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de la demandada y en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor del litisconsorte necesario, a través de sentencia de 30 de junio de 2021, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali modificó la decisión de primer grado, en cuanto actualizó la condena del retroactivo, y la confirmó en todo lo demás. Con costas a favor de la actora (f.° 71 del c. del Tribunal).

Para los fines que interesan al recurso de casación, el juez de segundo grado estimó que no era objeto de debate que María Luisa Montaño y Rómulo Fernando Albán Angulo eran padres de Robert Fernando Albán Montaño; que falleció el 1. º de enero de 2016; que cotizó «99» semanas durante su vida laboral desde enero de 2013; que la madre presentó la reclamación de la prestación el 23 de febrero de 2006; que el 22 de marzo del mismo año el fondo privado le negó su petición porque no acreditó la subordinación monetaria respecto del finado; y que la accionante tenía casa propia (f.° 63 del c. del Tribunal).

En el estudio del caso, determinó como problemas jurídicos a resolver si a María Luisa Montaño y Rómulo Fernando Albán Angulo les asistía el derecho a la pensión de sobreviviente, con ocasión del fallecimiento de su hijo.

Para el efecto, acotó que no se controvertía que Robert Albán dejó causada la prestación y recordó que el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, exige que los padres que pretendan ser beneficiarios deben ser económicamente dependientes del fenecido. Sin embargo, no se requería que dicha dependencia fuera de forma tal y absoluta, conforme a la providencia CC C111-2016, razón por la cual los jueces deben estudiar las circunstancias fácticas para establecer si son autónomos monetariamente.

A su vez, rememoró que esta Sala, en proveídos CSJ SL30847-2008, CSJ SL8406-2015, CSJ SL14539-2016 y CSJ SL52951-2016, definió como criterios para el análisis de estos casos, que:

1. Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna. 2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica 3. No constituye independencia económica recibir otra prestación. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993. 4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional. 5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes. 6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica. (f. os 64 a 65 del c. del Tribunal).

De ese modo, consideró que la subordinación material no desaparece por el hecho de que los progenitores perciban un «ingreso adicional fruto de su trabajo o actividad», siempre que el mismo no los convierta en autosuficientes. De manera que debe probar tal situación, mientras que a la accionada le corresponde desvirtuar tal sujeción (CSJ SL, 24 nov. 2009, rad. 36026, reiterada en CSJ SL6390-2016).

Al revisar los medios de convicción, estimó que María Montaño afirmó que convivía con el causante, su pareja y dos hijas, una menor de edad y la otra «recién empleada»; y que el hogar se sostenía, «en partes iguales», por los aportes de su compañero y su hijo fallecido, Robert Albán, puesto que ella no podía trabajar por problemas de salud. Asimismo, que tales circunstancias las acreditó a través de los testimonios de sus vecinas Elizabeth Sandoval y Jennifer Paola Grajales.

Por su parte, Porvenir S.A. allegó al líbelo un documento de consulta al FOSYGA, en el que constaba que la promotora del proceso era beneficiaria de Salvador Moreno Sánchez, con quien mantenía una unión marital, y agregó que por tal razón era su dependiente. A su vez, aportó un certificado de tradición y libertad en el que constaba que la convocante era la propietaria de la vivienda común. Sin embargo, el juez plural manifestó que dichos documentos no eran indicadores de la autonomía alegada.

Anotó que en la investigación administrativa del fondo pensional se evidenció que el fallecido vivía en la casa materna, no tenía pareja, que su padre estaba privado de la libertad, que compartía los gastos de la vivienda con el compañero sentimental de María Luisa Montaño y que sus contribuciones eran «necesarias y esenciales al sostenimiento del grupo familiar».

En consonancia, señaló que «si bien el gasto del hogar no recaía bajo la responsabilidad absoluta» de Robert Albán, sí entregaba aportes significativos que correspondían al «50% de los gastos» comunes, de modo que «los ingresos» de Salvador Moreno Sánchez «no eran suficientes» para garantizar condiciones de vida digna para la actora, sin importar que el inmueble donde cohabitaban era propio. Por consiguiente, concluyó que era beneficiaria de la prestación.

Por último, razonó que el padre del causante no presentó ninguna reclamación; luego, no podía acceder a la pensión en su favor.

RECURSO DE CASACIÓN

El recurso extraordinario de casación lo formuló la demandada, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, se revoque la del juzgado, con el fin de que se absuelva a Porvenir S.A. de todas las pretensiones.

Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, que no fue objeto de réplica.

CARGO ÚNICO

Por la vía directa, le atribuye a la providencia controvertida la aplicación indebida «del artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y por la infracción directa de los artículos 28 del Código Civil, 29 y 230 de la Carta Magna y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005».

Acepta las conclusiones probatorias del juez plural; pero, no así las consecuencias jurídicas que derivó de ellas. Refiere que el colegiado estimó que Robert Albán y Salvador Moreno Sánchez tenían ingresos individuales por valor de 1 SMMLV y que cada uno entregaba la mitad para atender los gastos del hogar de la actora, de manera que es evidente que con las ganancias completas de uno solo era suficiente para sostener la vivienda.

En ese sentido, manifiesta que el compañero permanente de la convocante devengaba mensualmente una suma de dinero idónea para mantener a la familia, siempre y cuando destinara el 100% de tales recursos a las necesidades de la familia; luego, las contribuciones del fallecido no eran indispensables y María Luisa Montaño gozaba de independencia económica.

En consonancia, aduce que tales razonamientos acreditan que no se corroboró el cumplimiento del requisito establecido en la ley y que las valoraciones del juez de alzada están «en contravía de un entendimiento natural de las pruebas», debido a que del expediente se determina que María Montaño era propietaria de la casa, que su pareja le garantizaba el acceso a la seguridad social en salud y proveía los recursos para atender las obligaciones monetarias.

Por último, indica que las alusiones de carácter fáctico no afectan la vía escogida, es decir, la directa, en razón a que no se discuten las inferencias en las que el juez de segundo grado basó su proveído, sino los efectos normativos que les hizo producir, conforme al precedente CSJ SL10507-2014.

CONSIDERACIONES

Al margen de las falencias técnicas, la Corte entiende que la recurrente presenta argumentos jurídicos que pueden ser estudiados en esta sede, como pasa a verse.

Dada la senda seleccionada, no se discuten en casación los siguientes hechos:

Que Robert Fernando Albán Montaño estaba afiliado a Porvenir S.A., murió el 1. º de enero de 2016 y dejó cumplidos los requisitos para reconocer la pensión de sobrevivientes, en caso de existir beneficiarios;

Que el fallecido no tuvo descendientes, cónyuge, compañero o compañera permanente, y sus padres son María Luisa Montaño y Rómulo Fernando Albán Angulo;

Que la madre solicitó la prestación y Porvenir S.A. la negó, al no hallar probada la subordinación financiera;

Que el padre no manifestó interés alguno en el litigio, por estar plenamente desvinculado del núcleo familiar;

Que María Luisa Montaño tiene casa propia, no trabaja, y los egresos del hogar los sufragaban su compañero permanente y su hijo fallecido.

En el caso, el juez plural estimó, al valorar el acervo probatorio, que los aportes del causante correspondían al «50% de los gastos comunes», por ende, de acuerdo con la jurisprudencia, era procedente aplicar la norma que preveía que la madre podía ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, toda vez que existía dependencia económica, la cual no era absoluta; pero, sí determinante.

Por su parte, la recurrente presenta dos argumentos principales: i) que en el juicio se demostró que Salvador Moreno Sánchez, compañero permanente de la actora, devengaba un salario mínimo con el que podía satisfacer las necesidades del hogar, toda vez que solo aportaba la mitad de este, y, a pesar de la muerte de Robert Alban, con la otra parte de sus ingresos tenía la posibilidad de sufragar la totalidad de los gastos familiares; y ii) que la actora tenía recursos financieros, por lo que era autónoma monetariamente, conforme lo dispone la ley, por lo cual, no había lugar a acceder a lo pretendido.

Así las cosas, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si el Tribunal incurrió en error en el entendimiento y la aplicación de las normas que gobiernan los requisitos para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, especialmente, en lo que concierne a la dependencia económica, cuando se trata de los padres del causante.

Para empezar, la Corte advierte que el primer dislate no prospera, puesto que el colegiado no infirió lo que la recurrente afirma respecto a las contribuciones que entregaban Salvador Moreno y Robert Alban, es decir, la sociedad impugnante efectúa una aseveración que no fue propuesta en el fallo.

Lo anterior, por cuanto lo que el juez plural concluyó fue que ambos, compañero permanente e hijo fallecido, aportaban cada uno el dinero suficiente para cubrir el 50% de los gastos de la demandante; pero, jamás se demostró si tenían ingresos adicionales dirigidos a otros fines, como la recurrente lo aduce.

En tal sentido, es evidente que el cargo luce desenfocado en cuanto a las verdaderas inferencias que el Tribunal estableció. Ahora, si la censura, consideraba que hubo un error en la valoración probatoria acerca del sostenimiento del hogar, debió fundar el ataque por la vía indirecta, y no por la de puro derecho como lo hizo.

Por otra parte, se recuerda que la segunda tesis de la recurrente estriba en que en el proceso se probó que María Luisa Montaño gozaba de recursos monetarios y, por ende, de suficiencia financiera; no obstante, a pesar de tales circunstancias y la regulación que gobierna el asunto, el colegiado le reconoció el derecho.

Sobre tal argumento, el juez plural tampoco incurrió en el error enrostrado, por cuanto su raciocinio se fundó en el entendimiento que esta Sala dio al concepto de dependencia económica. Así, en su labor interpretativa, principalmente, coligió que la contribución de Robert Albán fue preponderante para la supervivencia de la accionante, pues su aporte constituía el 50% de los gastos del núcleo familiar, pese a la existencia de otro ingreso equivalente por parte de su compañero permanente.

Al respecto, esta Corporación ha explicado que el hecho de que existan otras contribuciones o rentas en favor de los padres del afiliado fallecido no excluye su derecho a obtener una pensión de sobrevivientes. La única condición que debe cumplirse es que esos ingresos no sean suficientes para garantizar su supervivencia en condiciones mínimas, dignas y decorosas. Así, la Corte señaló que:

[…] esta exigencia debe analizarse en cada caso particular y concreto, para que el juzgador establezca si los ingresos que reciben los progenitores tienen la virtualidad de hacerlos autosuficientes desde el punto de vista económico, al permitirles la satisfacción de sus necesidades en condiciones dignas (CSJ SL386-2023).

En efecto, el juez colegiado no descartó el aporte proveniente de la pareja de la demandante, solo que estimó que el causante sufragaba el 50% de los gastos del hogar, lo cual era determinante para la subsistencia de su madre, configurandose el requisito establecido en la Ley para acceder al beneficio pensional. Lo anterior, tal como la Sala adoctrinó en la providencia CSJ SL2800-2014, reiterada en CSJ SL1759-2020:

“Y la circunstancia que independientemente de la posterior declaración de inexequibilidad contenida en la sentencia C-111 del 22 de febrero de 2006, el ad quem a re[n]glón seguido haya estimado que pese a lo consagrado originalmente en el citado literal d) del artículo 13, que incorporó al ordenamiento la expresión ‘total y absoluta’, debía entenderse que la dependencia allí exigida no podía tener tal connotación, en la medida que en su sentir aquella se configura cuando los beneficiarios de la prestación, no son autosuficientes económicamente así tengan un ingreso o patrimonio, y cuando para poder subsistir dignamente ‘se hallan supeditados al ingreso proveniente del de cujus’; tampoco esas aserciones constituyen un error jurídico, dado que tales razonamientos están acordes a los parámetros jurisprudenciales que de tiempo atrás la Sala de Casación Laboral ha adoctrinado sobre esta precisa temática, antes y después de la expedición de la norma de marras, e incluso mientras estuvo en vigor el enunciado ‘de forma total y absoluta’, en el sentido de que el requisito de la dependencia económica, está concebido bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para poder subsistir, con la precisión de que ‘no descarta que aquellos puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo o actividad, siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente, desapareciendo así la subordinación que predica la norma legal’, como se puede ver en la sentencia del 11 de mayo de 2004 radicado 22132, reiterada en decisiones del 7 de marzo de 2005 y 21 de febrero de 2006 con radicación 24141 y 26406 respectivamente.

Así las cosas, al contrario de lo que asevera la censura, en ningún momento el Tribunal pasó por alto el condicionamiento que introdujo la mencionada disposición legal, lo que ocurrió fue que a la misma le impartió una inteligencia y alcance, que por lo atrás dicho, se aviene a su genuino y cabal sentido, interpretación que se repite, en últimas coincide con la postura inveterada de la Corte.

Adicionalmente, cabe agregar que como también lo ha expresado la Sala, esa dependencia económica en los términos que se acaban de delinear, indudablemente se erige como una situación que sólo puede ser definida y establecida para cada caso concreto, pues si los ingresos que perciben los padres fruto de su propio trabajo o los recursos que éstos obtengan de otras fuentes, son suficientes para satisfacer las necesidades básicas o relativas a su sostenimiento, no se configura el presupuesto de la norma para poder acceder al derecho pensional, y es por esto, que se ha puntualizado jurisprudencialmente que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del buen hijo, no siempre es indicativo de una verdadera dependencia económica, y en esta eventualidad no se cumpliría las previsiones señaladas en la ley.

En tal sentido, ante este tipo de eventos, el juzgador está obligado a analizar las circunstancias particulares, la relevancia de los aportes del fallecido en el gasto del hogar y la afectación de la economía común en la ausencia de aquel (CSJ SL964-2023), tal y como la Corte adoctrinó en el fallo CSJ SL18517-2017, reiterado en el proveído CSJ SL529-2020:

Puesto en otros términos, no significa que es cualquier estipendio, ayuda o colaboración que se otorgue a los progenitores, el que tiene la virtualidad de configurar la subordinación económica que se requiere para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, sino aquel que tiene la connotación de ser relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia, en tanto la finalidad prevista por el legislador para obtener la referida prestación, es la de servir de amparo a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba, realmente, a mantener unas condiciones de vida determinadas (CSJ SL18517-2017).

De modo que el Tribunal analizó correctamente los precedentes judiciales en la definición de la vía normativa a través de la cual resolvió el asunto, y no, como la censura lo pretendía, un simple silogismo jurídico del que derivó que por el hecho de tener determinados recursos monetarios esto equivalía a una independencia económica y, en consecuencia, estaba excluida de la pensión.

En suma, el juez de segundo grado no aplicó indebidamente los preceptos cuya violación acusa la impugnante, ni desconoció los lineamientos que sobre la materia ha establecido la Corporación, los cuales están contenidos, entre otras, en las citadas providencias; además, destacó que la dependencia económica no tiene que ser total o absoluta y, en esa perspectiva, encontró acreditado, con base en el material probatorio analizado, que la accionante era beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, premisas fácticas que, se itera, por demás no se atacaron por la vía indirecta y que, por tanto, permanecen incólumes.

Por lo anterior, el Tribunal no incurrió en el yerro propuesto, razón por la cual la acusación no prospera.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación, por cuanto no hubo réplica.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali profirió el 30 de junio de 2021, en el proceso que MARÍA LUISA MONTAÑO y RÓMULO FERNANDO ALBÁN ANGULO, litisconsorte necesario por activa, adelantan contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

Sin costas.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

Salvo voto

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Magistrada Ponente

SALVAMENTO DE VOTO

Radicación n°96139

REFERENCIA: MARÍA LUISA MONTAÑO y RÓMULO FERNANDO ALBÁN ANGULO vs. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito salvar el voto, en estricto rigor, sobre el alcance de la dependencia económica en tratándose de los padres del causante, por lo siguiente:

Objeto y cobertura de la seguridad social integral.

En la Sentencia CSJ SL3312-2020, se expuso que a través de la seguridad social integral se pretende la cobertura de toda la población colombiana, tal como lo indica expresamente el preámbulo de la Ley 100 de 1993 al definir la seguridad social como ese conjunto de,

[…] normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.

De allí, que su diseño se integra por los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, hoy laborales, y los denominados servicios sociales complementarios, a través de los cuales se llega a la población de escasos recursos. Al respecto la sentencia referida señaló:

El sistema integral incluyó dentro del ámbito de aplicación a aquellas personas que no cuentan con capacidad de pago, así en el subsistema de salud que, como su nombre indica, se ocupa de la prestación del servicio de salud de la población a través de planes para el efecto instituidos, en dos regímenes: el contributivo dirigido a aquellas personas con ingresos, esto es, los trabajadores y, el subsidiado, para aquellos de bajos ingresos.

En lo tocante a los subsistemas de Riesgos Laborales y de Pensiones, debe precisarse que los mismos están dirigidos a la cobertura de contingencias de los trabajadores, de un lado ocasionadas en el trabajo y, de otro, la denominada de origen común, esto es, que su causa no está en la labor desempeñada, y que en la actualidad incluye tanto a dependientes como a independientes.

Dado que estos subsistemas son netamente contributivos y se dirigen a la protección del trabajador, esto es, de aquel que tiene capacidad de pago atado a la fuerza laboral, se estableció como componente de la Seguridad Social Integral, los servicios sociales complementarios, focalizados a las personas de escasos recursos y que por la relevancia de los sujetos de protección en el Acto Legislativo 01 de 2005, se delegó en el legislador la posibilidad de crear beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo para la protección a ese grupo poblacional, que precisamente por presentar bajos ingresos, no lograran los requerimientos de acceso a una pensión.

La Ley 1328 de 2009, desarrolló el mandato constitucional y creó el vehículo de ahorro para la obtención de BEPS, de aquellos que, por sus condiciones de ingresos, no podían afiliarse o permanecer en el Sistema General de Pensiones, y como incentivo a dicho ahorro serían beneficiarios de un subsidio estatal, con los que, sumados, se busca primordialmente la obtención de una renta con carácter vitalicia que permita un ingreso en la vejez.

Con ello encontramos que dentro del sistema de seguridad social integral la protección a la vejez se materializa bajo diferentes pilares de acuerdo con la capacidad de ingresos de la persona; así el sistema pensional, dentro de su ámbito de aplicación personal tendrá al trabajador con capacidad de pago que le permite con su aporte contribuir a la financiación de la prestación que del mismo logre; de otro lado, a través de los denominados BEPS dirigidos a personas de escasos recursos, encuentran la manera de lograr algún ahorro, que sumado al subsidio estatal les permita principalmente algún ingreso para la vejez.

Ahora, la seguridad social no dejó de lado a las personas sin ingresos, de tal manera que, con cargo al Fondo de Solidaridad Pensional, creó el auxilio monetario para el adulto mayor que no cuente con recursos para su ancianidad, programa que busca la ampliación del número de personas que sean beneficiarias del mismo.

Lo descrito nos permite inferir que el sistema de seguridad social integral busca la cobertura de los servicios y prestaciones que de acuerdo con la ley ofrece cada uno de los subsistemas, a los sujetos objeto de protección de manera que son complementarios para lograr la protección integral.

Pues bien, para efectos de definir qué cubre la seguridad social, es importante reconocer que su objeto se encamina a la calidad de vida a través de la cobertura integral de los riesgos citados, apuntando al bienestar individual y a la integración de la comunidad; de allí que comporta un doble contenido, social e individual. Esto nos lleva a un segundo aspecto para tener en cuenta, que es el imperativo de analizar no solo el contenido individual sino su efecto frente a lo social que comporta.

La filigrana de la seguridad social implica la integración de sus componentes y determinar el alcance de la protección según el grupo poblacional y la norma que lo cobija. De allí surge que conceptos como el mínimo vital, el umbral de pobreza - línea de pobreza y pobreza extrema- cobren un significado relevante en la definición del contenido mínimo a proteger, de manera progresiva, que permita aumentar la calidad de vida de toda la población como política de estado.

No se puede dejar de lado que, ante la existencia de escasos recursos para atender todas las necesidades de los habitantes del territorio, se deben distribuir de la manera más eficiente, para lograr en toda la población un nivel de vida adecuado. Dado que existen diferentes grupos poblacionales con distintas necesidades la seguridad social busca la superación del umbral de pobreza y frente aquellos con capacidad económica que tengan cubierta la congrua subsistencia.

Esta última comprendida en el concepto de nivel de vida adecuado se refiere a un mínimo de ingresos y condiciones del sustento básico de una persona y su familia, lo cual, si bien comporta un aspecto jurídico, posee un carácter económico, basado en la evaluación de los costos y, se insiste, las necesidades básicas de los sujetos en su ámbito de protección.

La seguridad social busca contrarrestar las consecuencias que genera la materialización de los riesgos que menoscaban la salud y la capacidad económica, mas no suplir las condiciones socioeconómicas preexistentes. Esto es, tiene un alcance resarcitorio o de superación de umbrales de pobreza más no remuneratorio y en el pilar contributivo encuentra piso de cobertura en ese mínimo vital.

Así, uno de los componentes que conforman a la protección social integral es el subsistema de pensiones, cuyo ámbito cobija a aquellas personas con trabajo dependiente o, independiente que se encuentran obligados a vincularse y aportar al mismo.

El Sistema General de Pensiones y su piso mínimo de protección.

El sistema general de pensiones, como uno de los componentes de la seguridad social integral, busca proteger a los trabajadores de las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y muerte, mediante el reconocimiento de prestaciones económicas, previó el cumplimiento de los requisitos que el legislador ha establecido para ello.

Debe resaltarse y, para continuar en la línea que se viene discurriendo que, tratándose del reconocimiento de pensiones, la Constitución de 1991 establece el piso mínimo monetario de protección al introducir que ninguna mesada pensional podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente y, por esta máxima, en el diseño del sistema, desde la obligatoriedad de afiliación y aportes se circunscribe al mismo. Por manera que, este es el referente del piso de protección en materia pensional, lo que nos lleva a validar qué cubre.

Mínimo vital y móvil - Salario Mínimo

La protección al mínimo vital como derecho fundamental de un trabajador (Art 53 C.P.) está en la definición y en el diseño del salario mínimo mensual, cuya confección se basa en reconocer que los trabajadores, además de las propias responsabilidades y necesidades individuales, deben atender las de su núcleo familiar (artículo 145 C.S.T.), Es por ello que la cobertura de este propende por garantizar un nivel mínimo de bienestar, enfocado en superar la pobreza.

Esta finalidad, contemplada en diversos instrumentos internacionales ratificados por Colombia, reafirma que la remuneración por la prestación del servicio es para cubrir las necesidades mínimas del colaborador, con especial énfasis en incluir las de su familia y, la importancia de tener en cuenta factores económicos para la fijación del salario, teniendo en cuenta, claro está, las condiciones particulares de cada país.

Pues bien, en nuestro caso la determinación del salario mínimo general (rural y urbano) debe ser concertada, y tiene en cuenta «que se debe garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia» y para cuantificarlo deben incluirse factores como la inflación, el costo de vida, el crecimiento económico, la productividad, el nivel de empleo y las necesidades básicas para la garantía de subsistencia. Resulta indispensable buscar la protección de los trabajadores con la sostenibilidad económica.

En el evento de no lograr dicha concertación, y de manera subsidiaria, la competencia de establecerlo queda en el ejecutivo que deberá obligatoriamente consultar,

[C]omo parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto (PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC)».

Este artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y, la facultad subsidiaria, junto con los parámetros a consultar por el ejecutivo, fue declarado exequible en la sentencia CC C-815-1999 bajo el entendimiento que,

[E]l Gobierno deberá motivar su decreto, atendiendo, con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros: la inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor; la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el incremento del producto interno bruto (PIB); y con carácter prevalente, que habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del trabajo (art. 25 C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); la función social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos constitucionales de la dirección general de la economía a cargo del Estado (art. 334 C.P.), uno de los cuales consiste en "asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos

De lo asentado se puede extraer que las variables que se aplican para la definición del SMLMV están concebidas de tal manera que cubra las necesidades básicas del trabajador extendidas a su entorno familiar, para con ello, cumplir los cometidos estatales contenidos en la constitución.

Con esta premisa en mente, debe ser analizado el alcance de la pensión de sobrevivientes objeto de análisis.

Pensión de sobrevivientes y su finalidad

La pensión de sobrevivientes tiene como finalidad menguar las consecuencias económicas que se generan en el núcleo familiar por la intempestiva muerte de uno de sus miembros, afiliado o pensionado al Sistema General de Pensiones, que contribuye de manera sustancial a su sostenimiento; esto con el fin de paliar el cambio abrupto de las condiciones de subsistencia de aquellos que dependían del causante y que han sido considerados beneficiarios de esta protección por la propia ley de seguridad social

Ello es así que, el estatuto pensional determina cuáles personas del núcleo familiar del afiliado o pensionado tienen la vocación de ser beneficiarios, es decir, no cualquiera de ellos tiene tal connotación. La Ley 100 de 1993, en sus artículos 47 y 74, contemplan como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes al cónyuge y/o compañero (a) permanente, a los hijos menores del causante y los mayores de edad hasta los 25 años, que dependían de aquel por razón de estudios. A falta de éstos la ley habilita que los padres supeditados económicamente puedan ser beneficiarios de la pensión y, en un siguiente orden, se establece a los hermanos inválidos con la misma relación de dependencia, mientras permanezcan las circunstancias de la invalidez.

3.1. Dependencia económica de los padres para ser considerados beneficiarios de una pensión de sobrevivientes

En cuanto a la protección de los padres a la luz de la Ley 100 de 1993, ha de señalarse que ha existido una evolución.

Inicialmente el Decreto 1889 de 1994, estableció que existía dependencia económica cuando los ingresos de los progenitores eran equivalentes a medio salario mínimo, norma declarada nula por el Consejo de Estado, por exceder la potestad reglamentaria ya que:

El art. 47 de la Ley 100 de 1993 [...] no exige que el beneficiario no tenga ingreso o si los llegare a tener que éstos sean inferior a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente como lo hace el acto acusado, motivo por el cual se suspendieron provisionalmente sus efectos. Este razonamiento sería suficiente para que la Sala procediera a declarar la nulidad del acto acusado por desbordar la potestad reglamentaria. // Adicionalmente se precisa que el recto entendimiento de la dependencia económica prevista en los literales b, c y d del art. 47 de la Ley 100 de 1993 no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos. // La dependencia económica, para efectos de la pensión de sobrevivientes, debe ser examinada armónicamente con los postulados constitucionales y legales que orientan la seguridad social tales como la protección especial a aquéllas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las personas de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia y solidaridad entre otros. // Desde esa perspectiva, aparece absurdo que el Decreto reglamentario circunscriba el concepto de dependencia económica, a la carencia de ingresos (indigencia) o que estos sean inferiores a la mitad del salario mínimo legal mensual, cantidad ésta última que de todas maneras coloca a la persona en situación de pobreza absoluta.// Las anteriores breves razones llevan a la Sala a concluir que el Decreto acusado, al fijar los alcances del concepto de ‘dependencia económica’ para acceder a la pensión de sobrevivientes, so pretexto de reglamentar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no solo establece unas condiciones no previstas en la norma que reglamenta, sino que limita dicho concepto a situaciones extremas desbordando la potestad reglamentaria e incurriendo en contracción[sic] con los principios que orientan el régimen de seguridad social integral en pensiones”[i]. (Subrayado por fuera del texto original). CE SC, 11 abr. 2002, rad. 2361-98.

Posteriormente, con la Ley 797 de 2003, se calificó la dependencia como total y absoluta, condicionamiento que también fue expulsado del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-111-2006, toda vez que tal exigencia desconocía los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana. En esa oportunidad explicó el Tribunal constitucional que:

[…] si la finalidad de la pensión de sobrevivientes es suplir la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado, y por ende, evitar que el deceso implique un cambio sustancial en las condiciones mínimas de subsistencia de los beneficiarios, ello no descarta la posibilidad de que los padres puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo, de una actividad privada o de una pensión autónoma (v.gr. pensión de vejez o de invalidez), siempre y cuando éstas no los conviertan en autosuficientes económicamente, desapareciendo así la subordinación material que da fundamento a la citada prestación.

De otra parte, esta Sala, en nutrida jurisprudencia, ha precisado que la dependencia económica que es exigida a los padres para acreditar la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, no implica que los mismos se encuentren en estado de mendicidad, con lo cual pueden contar con recursos propios u otras fuentes de recursos, no obstante los mismos no les permiten una autosuficiencia (sentencias CSJ SL9640-2014, CSJ SL9640-2014, SL8928-2014, CSJ SL30790-2007, CSJ SL22132-2004, CSJ SL24141-2005, CSJ SL26406-2006, CSJ SL30348-2007 y CSJ SL31205-2007).

Así, se entiende que la dependencia económica de los padres no tiene que predicarse de manera total y absoluta respecto de su hijo fallecido; no obstante, no se puede entender que esto habilitó que cualquier ayuda por parte de un hijo se convierte en dependencia económica CSJ SL 14539-2016, CSJ SL 4103-2016 y CSJ SL 16184 -2015 y, con ello, deben aplicarse criterios que permiten distinguir entre la simple ayuda o colaboración propia de la solidaridad familiar, de la dependencia real dirigida a que los ingresos que el hijo procuraba a sus progenitores eran de tal entidad que sin ellos tendrían un cambio sustancial en las condiciones de su subsistencia. Así fue reconocido de antaño por esta corporación cuando al referirse a la norma que regula los beneficiarios de pensión del estatuto de seguridad social dijo en la Sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991. que «simplemente exige la existencia de un vínculo de dependencia económica con éste, por consiguiente, no tendrán aptitud jurídica para aspirar a la prestación de supervivencia aquellos padres que fueren económicamente independientes o que dependieren en tal aspecto de otro miembro del grupo familiar». Negrilla fuera de texto.

Valga rememorar que en el mismo precedente (CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991) esta Corporación determinó:

Por manera que, vistas así las cosas, es la situación de necesidad a la que se ven expuestas las personas que dependían económicamente del causante al dejar de percibir lo que aquél les prodigaba para su subsistencia, y no propiamente los lazos de familia, lo que constituye el interés jurídicamente tutelado por el legislador a través de dicha figura de la seguridad social. Y siendo ello así, no cabe considerar dentro de esta modalidad de protección a otras personas o familiares del fallecido que pudieran servirse de manera indirecta o eventual de su patrimonio, pues es requisito sine qua non para que ella surja a la vida jurídica, la afectación inmediata y ostensible que a su supervivencia genera la interrupción del flujo de recursos económicos que regularmente el causante les proveía, la cual sólo es entendible de quienes en su núcleo familiar dependían directamente de éste de acuerdo al orden previsto en la ley.

Tal como había asentado este precedente, de un lado la dependencia económica conlleva el concepto de necesidad de esos padres que, al no contar con la manutención por parte del hijo ven afectada su subsistencia, bajo la garantía de nivel de vida adecuado y, de otro para determinar la supeditación, no pueden incluirse familiares que pudieran servirse de manera indirecta o eventual de su patrimonio

3.2 Ingresos propios y Salario Mínimo

El nivel de ingresos que percibe el padre o la madre se torna relevante para establecer si es o no dependiente en el sistema pensional.

Con sustento en las líneas antecedentes y con el convencimiento de que los recursos propios del padre o madre no descartan la supeditación a lo que proporcionaba el hijo fallecido, el suscrito, en consonancia con el contenido mínimo de protección en la pensión de sobrevivientes, en el marco de aquel que ve en riesgo su mínimo vital es el sujeto de protección, se encuentra que si las fuentes de ingresos al momento del deceso equivalen a un salario mínimo, no se está en condiciones de ser considerado beneficiario.

Ello es así, por cuanto el ascendiente que cuenta con un ingreso de salario mínimo, conforme a la manera en que este es definido, encuentra recursos que le permiten su subsistencia, que es cubrir sus necesidades básicas como son la alimentación, vivienda, vestimenta, salud, educación y otros gastos esenciales que promuevan un nivel de vida adecuado.

Se reitera que esta subsistencia económica, con protección constitucional y desarrollo legal, parten del derecho del trabajador a recibir una remuneración justa y equitativa que garantice las necesidades no solo de la persona que recibe el salario o ingreso, sea este dependiente o independiente, sino el de su familia. Por ende, si ya se cuenta con un piso mínimo de cobertura para tener unas condiciones de vida adecuadas, no es beneficiario, puesto que, a riesgo de fatigar, la finalidad de la prestación es hacer menos gravosa la carga económica que sus dependientes tendrían que soportar dada la supeditación al ingreso del hijo.

Aquí y ahora, surge pertinente diferenciar el nivel de vida de una persona y su familia, del concepto de dependencia mínima de subsistencia legal constitucionalmente hoy definida. Esto por cuanto el sistema pensional no entra a cubrir el estándar particular de vida que los padres del causante pudieran estar disfrutando al momento de su muerte, sino evitar que aquel que no cuenta con la cobertura de su subsistencia, se vea afectado en el núcleo duro de protección -mínimo vital y móvil- que debe ser garantizado. Es decir, la mirada de la protección es independiente de la posición o rol social es, en clave de derecho, proteger el contenido mínimo precisamente del derecho del ser humano y su dignidad. Expresado en los términos de la sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991:

En suma, no erró el Tribunal al concluir que la pensión de sobrevivientes no tiene por objeto acrecentar el patrimonio familiar, o que el miembro de la familia que en principio cuenta con aptitud jurídica o vocación para su reconocimiento, la pretenda pretextando la atención de las necesidades económicas de personas del mismo clan que están a su cargo o bajo su tutela. Se repite, en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la prestación por muerte tiende es a solventar y suplir el estado de necesidad en que quedan expuestas las personas que individual y directamente dependían económicamente del trabajador o pensionado fallecido al dejar, por ese hecho, de percibir los ingresos económicos con que aquél atendía su sostenimiento. Y como en este caso no hay discusión en que la recurrente es empleada judicial, afiliada a la seguridad social, con las prerrogativas que tal situación laboral apareja, no erró el Tribunal al considerar que su alegación de ser madre o mujer cabeza de familia no era suficiente para obtener la prestación reclamada.

3.3 Calificación de la dependencia

El propósito normativo de establecer el requisito de acreditar la dependencia económica contiene un fin válido, dirigido a que la prestación llegue al real beneficiario del hijo fallecido, que no es otro que aquel, que ante la pérdida su filial, se vea de tal manera abandonado que esto atenta contra su subsistencia.

La dependencia parte de la necesidad de la protección del padre que se encuentra subordinado al ingreso que el hijo le procuraba para salvaguardar sus condiciones de subsistencia, con lo cual la ayuda económica del hijo se torna imprescindible para asumir los gastos ordinarios de los padres, ante la imposibilidad material de los mismos de costearlos para subsistir.

Ha sido claro que la imposibilidad material de los padres de suministrarse los medios para su propia subsistencia, no implica, como se señaló, el encontrarse en estado de mendicidad o la carencia total de recursos, por lo que la determinación de esta imposibilidad conlleva un juicio de autosuficiencia, entendida como aquella autonomía de generar fuentes de recursos que permitan la atención de necesidades básicas que permitan su sostenimiento económico.

Como consecuencia de ello, resulta pertinente efectuar la calificación de la dependencia para lo cual, la Corte ya ha indicado los parámetros que deben seguirse a efectos de establecer la existencia de dependencia económica de un afiliado o pensionado fallecido, partiendo de la premisa de que, si bien la dependencia no debe ser total y absoluta, la entrega de recursos a los familiares no puede ser tenida «como prueba determinante» de la dependencia (CSJ SL14539-2016 y CSJ SL1921-2019). Esto implica que la colaboración económica por parte de un hijo a sus padres no consagra una presunción de dependencia de los padres y, por lo tanto, debe verificarse la magnitud de dicho aporte.

Lo expuesto nos lleva a los criterios que deben ser analizados para calificar la dependencia, también abordado, entre otras, en las sentencias anotadas que reprodujeron la línea de pensamiento fijada en 2014, por esta Sala en la sentencia CSJ SL14923-2014, rad. 47676 y, que se recuerdan:

La dependencia económica debe ser:

Cierta y no presunta:

se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres.

Regular y periódica:

de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario.

Significativa, respecto al total de ingresos de beneficiarios:

se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia.

Y, en decisión CSJ SL18980-2017, se reiteró que las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de los beneficiarios, de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de este; por lo que tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente (CSJ SL529-2020 y CSJ SL704-2021), de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante o equivalentes al salario mínimo legal mensual vigente, no es dable hablar de dependencia.

En consecuencia, para el suscrito, para acceder a la protección del sistema de seguridad social en pensiones, los padres deberán, mediante los medios de convicción, acreditar, además, de i) su imposibilidad de autosuficiencia en la generación de fuentes de ingresos, ii) la sujeción material a los ingresos del hijo fallecido al momento del óbito del mismo, parámetros bajo los cuales se determina o no la existencia de la dependencia.

En este punto es importante nuevamente parar mientes en el concepto del deber de alimentos y su procedencia conforme a la ley civil que en su artículo 411 define frente a que personas y quiénes son sus deudores, pues no puede llegarse al punto de hacer nugatoria esta regulación y trasladar tal obligación a un afiliado o pensionado que fallece sin, como paso indispensable, buscar la verdad real frente a quien se es dependiente para el sistema general de pensiones.

Así las cosas, en el caso que nos ocupa, si bien la causante podría haber dado recursos que permitían cubrir determinados gastos, este solo dicho no desvirtuaba la no supeditación de la progenitora y tampoco constituye fundamento suficiente para aumentar la necesidad inminente del aporte del afiliado.

En el presente asunto, no fue objeto de discusión que el compañero permanente de la demandante devengaba ingresos equivalentes a un salario mínimo legal mensual vigente y que destinaba la mitad para los gastos del hogar que compartía con el afiliado fallecido. En ese orden, la subsistencia de la demandante estaba garantizada por los ingresos familiares de su compañero y, aun cuando el de cujus también aportaba al hogar, la mencionada ya contaba con un piso de protección mínimo que excluye la cobertura del sistema de seguridad social en pensiones, por lo que la decisión del tribunal debió ser casada y, como consecuencia, revocar la decisión de primera instancia y absolver a la demandada de todas las pretensiones.

Finalmente, no sobra insistir en que la protección de la seguridad social no está estructurada para cubrir cuando se «ha desmejorado la calidad de vida de ella», ya que su objetivo es menguar las consecuencias económicas del que es dependiente, que ve en riesgo su mínimo vital.

La sentencia CSJ SL, 11 dic. 2011, rad. 35991, así lo reconoció cuando explicó que:

Desde ya se advierte que el Tribunal no incurrió en los yerros jurídicos que le atribuye la censura, cuando aseveró que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 no preveía el mejoramiento del nivel de vida del grupo familiar, “porque se limita a la subsistencia de los padres, sin otro alcance, sin otra filosofía distinta de los parámetros objetivos del mínimo vital (…), la órbita de protección del efecto de sustitución pensional se circunscribe a los progenitores. Es lamentable que la familia sea pobre, pero no es ese estado de cosas el que pretende solucionar la norma. No verlo así sería tanto como desvirtuar por completo su sentido, sería como convertir a la persona sustituta en un puente para que la pensión, en realidad, beneficie a otros miembros de la familia no cobijados como órbita de protección por el artículo 47”.

Las razones anotadas conducen a apartarme de la decisión mayoritaria.

Fecha ut supra.

FERNANDO CASTILLO CADENA

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