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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2510-2021

Fecha
16 de junio de 2021
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2510-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de abril de 2009, dentro del proceso ordinario laboral promovido por RUTH URREGO HOYOS contra EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P. En sede de instancia, REVOCA la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali, en sentencia del 28 de febrero de 2008 y, en su lugar, se dispone que la demandada debe reajustar la pensión convencional, monto que para el año 2021 asciende a $4.947.835,19. En atención a los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 inciso 3.º del Decreto 692 de 1994, la demandada deberá realizar las deducciones para cotización en salud respecto de las difrencias que le sean pagadas a la actora, con destino a la EPS a la que esté afiliada la demandante. Téngase en cuenta, en los términos de la respectiva decisión constitucional, que el reconocimiento del precitado reajuste tendrá alcance constitutivo desde el 10 de junio 2021, data en que adquirió firmeza la sentencia de tutela. Así como, lo decidido en la providencia CSJ ATC764-2021. Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2510-2021

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

16 de junio de 2021

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL2510-2021

Radicación n.° 41359

Acta 22

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Procede la Corte a darle cumplimiento a la providencia de tutela CSJ STC5659 del pasado 21 de mayo, proferida por la Sala de Casación Civil homóloga, mediante la cual ordenó «a la Sala de Casación Laboral accionada que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, deje sin efectos la sentencia CSJ SL, 23 nov. 2010, rad. 41359 y que emita una nueva, dentro de los veinte (20) días posteriores, a través de la cual resuelva el recurso extraordinario, con observancia de lo previsto en esta determinación y en los precedentes ampliamente reseñados, por su identidad temática con el presente asunto. En el evento de reconocerse el derecho respectivo, se deberá observar la prescripción trienal que rige para esta clase de prestaciones económicas, afectando las mesadas causadas y teniendo en cuenta la ejecutoria de este pronunciamiento, pues es desde esta decisión que la prestación puede adquirir alcances constitutivos».

Así, resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de RUTH URREGO HOYOS contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de abril de 2009, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la recurrente contra EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

ANTECEDENTES

En lo que interesa al recurso extraordinario, la demandante pidió se condene a la demandada a liquidar el monto de la pensión de jubilación con las primas de antigüedad y de vacaciones devengadas durante el último año de servicios, que no fueron incluidas (artículo 48 convención colectiva) y el reconocimiento y pago del valor real de los intereses a las cesantías (artículo 38 convención colectiva).

Expuso que estuvo vinculada a la demandada por contrato de trabajo desde el 31 de enero de 1990 hasta el 22 de febrero de 2005, en el cargo de operadora II de daños; que por haber prestado servicios durante más de 15 años y cumplir los requisitos establecidos en la Convención Colectiva, EMCALI le reconoció pensión de jubilación a partir del 22 de febrero de 2005; que durante el último año de servicios devengó la suma de $3.183.777,oo por prima de antigüedad y $2.815.190,oo por prima de vacaciones, que no fueron tenidas en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión, conforme con el artículo 48 de la Convención Colectiva 2004-2008, Anexo 1; que cuando solicitó la pensión estaba amparada por el régimen de transición establecido en la Convención Colectiva suscrita entre la empresa y su sindicato de trabajadores; agotó la reclamación administrativa, con respuesta negativa.

La accionada al contestar la demanda se opuso a las pretensiones; adujo que el acuerdo convencional 2004-2008 formalizó expresamente las nuevas prestaciones y beneficios convencionales a raíz del proceso financiero de crisis y la realidad económica de la empresa, que obligó a que la Superintendencia de Servicios Públicos tomara posesión desde el año 2000, situación que persiste en la actualidad; admitió los extremos de la relación y el reconocimiento de la pensión convencional, que para la liquidación de la prestación se aplicó la Convención Colectiva de Trabajo 2004–2008; que el parágrafo 1º del artículo 28 que excluyó como factor salarial las primas de vacaciones y de antigüedad, prohibición que se ratificó en los artículos 32, parágrafo 1º y 33 y en el anexo 2; que las citadas primas fueron canceladas después de firmada la convención; propuso las excepciones de «inexistencia de la obligación, pago de lo no debido, inexistencia de prima de vacaciones y prima de antigüedad como factor salario en la convención colectiva de trabajo vigente 2004–2008» y la «innominada».

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali, en sentencia del 28 de febrero de 2008 declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación, «pago de lo no debido e inexistencia de prima de vacaciones y prima de antigüedad como factor salario en la convención colectiva de trabajo vigente 2004–2008» y absolvió a la demandada de las pretensiones. Le impuso costas a la demandante (folios 164-173).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por sentencia del 30 de abril de 2009, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, confirmó la de primer grado. Fijó costas a cargo de la actora (folios 135 a 143 C. del Tribunal).

El ad quem, transcribió los artículos 48 y 28 de la Convención Colectiva 2004-2008 y señaló que nada se dijo sobre la forma cómo se debía liquidar la pensión, y menos se habló de los factores salariales «que esta incluye»; consideró que:

De acuerdo a la norma en comento, las partes instituyeron una regla general, una excepción a la regla, y una transición: la primera dijo qué se entendería como factor salarial a partir de la fecha de la convención; la segunda exceptuó de tal concepto los rubros de prima de vacaciones y de antigüedad y el tercer parágrafo transitorio, conservó como factor salarial éstas primas bajo dos condiciones: i) “que hayan sido pagados al trabajador antes de la firma de la presente Convención Colectiva de trabajo” y ii) para todos las liquidaciones que se efectúen dentro del año inmediatamente siguiente a la fecha en que se efectuó el pago.

En el caso sub-lite no se configura la primera condición del parágrafo transitorio en comento, como lo destaca la parte demandada, porque la prima de vacaciones y la prima de antigüedad fueron reconocidas y pagadas al demandante el día 12 de abril de 2005 (F.16 a 18) es decir, después de la fecha de la firma de la convención que fue el 4 de mayo de 2004 (f. 46), quedando excluidos dichos guarismos para liquidar el monto de la pensión.

Y es que no otra interpretación se le puede dar al contrato colectivo en estudio, pues si el espíritu del artículo 28 es traslúcido y por ello la colegiatura se atiene a la intención que tuvieron los contratantes, echándole mano a una regla de interpretación del código civil, pero que también puede ser utilizada por los jueces del trabajo, en uso de la libre apreciación de la prueba.

Concluyó que la decisión de instancia sería confirmada en todas sus partes.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte,

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que se case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, se condene a la entidad demandada a calcular el monto de la pensión de la demandante con todas las primas legales y extralegales, devengadas durante el último año de servicio.

CARGO ÚNICO

Con tal propósito presenta un cargo que denominó “CARGO PRIMERO” fundado en la causal primera de casación laboral, el cual fue replicado oportunamente.

En forma expresa señala:

Acuso la sentencia recurrida por Violación Indirecta de la Ley Sustancial consistente en no dar por probado, a pesar de estarlo, de que en la Convención Colectiva de Trabajo 2004/2008 suscrita entre EMCALI EICE ESP y SINTRAEMCALI, cuando se aseveró que es (sic) éste documento nada se dijo acerca de la forma como se debía calcular el monto de la pensión de jubilación de los trabajadores que estuvieran amparados por el Régimen de Transición, hecho que no es cierto, pues el Artículo 48, Anexo 1 Jubilaciones, Artículo 104, si se determinó la forma de hacerlo, lo que hizo incurrir al Tribunal Superior de Cali, Sala de Descongestión Laboral en Error de Hecho, el que se evidencia de modo manifiesto en el proceso y que lo llevó indirectamente a la violación de las normas sustanciales……CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, ARTÍCULOS: 1, 13, 14, 18, 19, 21, 467, 468, 469, 470 Y 471. CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO, ARTÍCULO 27. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ARTÍCULO 53; LEY 6ª DE 1945 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 2127 DE 1945, ARTÍCULO 19”; le endilga los siguientes errores de hecho:

“ - El ad quem incurrió en la violación indirectamente anotada, a causa de no haber dado por probado, a pesar de estarlo, que en el documento Convencional vigencia 2004/2008, si se definió la forma de calcular el monto de la pensión de los trabajadores oficiales, que como la accionante, se encontraban en el período de transición convencional:

El ad quem no dio por demostrado, a pesar de estarlo, que la consecuencia inmediata del reconocimiento que EMCALI EICE ESP le hizo a la demandante del derecho a la jubilación pactada en la Convención Colectiva de Trabajo 2004/2008 de 1999/2000, Artículo 48, Anexo 1 de la Convención de 2004/2008, era calcular el monto de la (sic) su mesada con el “…90% del promedio de los salarios y primas de toda especie devengados por el trabajador dentro de su último año de servicio¨¨”.

Al confrontar el fallo incoado con las normas convencionales arriba transcritas -prueba documental pertinente en éste proceso-, se puede advertir y evidenciar que el ad quem, no obstante haber dado por probado dentro del proceso que la accionante era beneficiaria del “Régimen de Transición especial y exceptuado de jubilación”, incurrió en el error de hecho por mala apreciación de la prueba, de no reconocerle el derecho reclamado, cuando aseveró tajantemente que en esa disposición (Anexo 1, Jubilaciones) “¨¨nada se dijo sobre la forma como se debía liquidar la pensión y menos habla de factores salariales¨¨”. Esta aseveración no es veraz, pues de la simple lectura integral del Artículo 48 en su Anexo 1, Artículo 104, se colige que allí si está determinada no solo la forma, sino que además se indica cuáles son los factores salariales a tener en cuenta para dicho cálculo, que no son otros que los salarios y las primas de toda especie que el trabajador hubiere devengado durante su último año de servicio.

Afirma que los yerros se cometieron como consecuencia de no haber apreciado la Convención Colectiva de Trabajo 2004-2008 suscrita ente EMCALI EICE ESP y el Sindicato de Trabajadores SINTRAEMCALI, particularmente el artículo 48.

Al sustentar la acusación, afirma que el Tribunal en su sentencia no tuvo en cuenta el contenido, alcance y las condiciones fijadas en la Convención Colectiva de Trabajo 2004-2008, particularmente el capítulo VII régimen de jubilación, artículo 48 Anexo 1, pues allí se acordó la forma como se debía calcular el valor de la mesada para los trabajadores amparados por el régimen de transición; que al proceso se incorporó el acuerdo convencional en el que las partes pactaron una serie de disposiciones encaminadas a mejorar las condiciones mínimas legales, entre ellas la forma de calcular el monto de la pensión de jubilación, en el citado acuerdo se acredita (artículo 48 anexo 1) el régimen transitorio, especial y exceptuado de jubilación a quienes entre el 1º de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2007 cumplieran 50 años de edad y 20 de servicios, el monto de la pensión con el 90% de los salarios y primas de toda índole devengados en el último año de servicios y mantener las condiciones de jubilación indicadas en la Convención 1999-2000. Señala que el ad quem al resolver la controversia «no valoró en debida forma la prueba documental denominada Convención Colectiva de Trabajo 2004/2008, Artículo 48, Anexo 1 Jubilaciones, incurriendo en error de hecho, ya que solo limitó a apreciar o analizar la misma de manera fragmentaria y selectiva, desconociendo el que las pruebas deben analizarse en su conjunto y no de manera fragmentaria. El ad quem solo analizó del Anexo 1, lo dispuesto en los Artículos 98 (edad y tiempo de servicio para la jubilación); 100 (permisos sindicales); 103 (pago de las pensiones) pero obvió y omitió analizar el contenido del Artículo 104 de ese Anexo 1. El error del ad quem consistió en no apreciar en su integridad o en su totalidad el Anexo 1 del artículo 48, particularmente, el Artículo 104, en el que se indicaba la forma de calcular el monto de la pensión de jubilación del actor».

Manifiesta que se quebrantó indirectamente el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 19 del Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la Ley 6 de ese año, referidos al principio de favorabilidad, pues al confrontar dos disposiciones que en teoría chocan entre sí en lo tocante al tema de los factores salariales el fallador aplicó la más restrictiva y desfavorable como es el parágrafo 1 del artículo 28 de la Convención 2004-2008, en detrimento de las más favorable contenida en el artículo 48, Anexo 1 jubilaciones, artículo 104 que ordena incluir como factor de salario todas las primas que devengue el trabajador dentro del último año de servicio.

Agrega que lo pactado en la convención (artículo 48 Anexo 1, Jubilaciones artículo 104), si bien no es una norma sustancial, no es menos cierto que ello constituye un imperativo que deben cumplir cuando su texto es claro y preciso que no admite bajo ninguna circunstancia interpretación alguna; que es evidente que el Tribunal incurrió en error «cuando interpretó el canon contractual y consideró que las referidas primas de vacaciones y de antigüedad no eran factor de salario para los que se jubilaran bajo el “Régimen de Transición, especial y exceptuado” de manera que la apreciación del sentenciador de segundo grado es altamente desacertada, por lo que también se debe quebrantar la sentencia», razones por las que se debe casar el fallo de segundo grado y revocar el del a quo.

LA RÉPLICA

Aduce que el cargo está llamado al fracaso toda vez que no resulta procedente dar cabida al principio de favorabilidad en tanto se trata de un derecho convencional que supera los mínimos legales y que fue el Sindicato y la Empresa quienes acordaron que a partir de la firma de la convención colectiva 2004-2008 le quitarían el carácter de factor salarial tanto a la prima de antigüedad como a la de vacaciones.

CONSIDERACIONES

Como se recuerda, en la sentencia de tutela mencionada, CSJ STC5659 del pasado 21 de mayo, proferida por la Sala de Casación Civil homóloga, ordenó «a la Sala de Casación Laboral accionada que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, deje sin efectos la sentencia CSJ SL, 23 nov. 2010, rad. 41359 y que emita una nueva, dentro de los veinte (20) días posteriores, a través de la cual resuelva el recurso extraordinario, con observancia de lo previsto en esta determinación y en los precedentes ampliamente reseñados, por su identidad temática con el presente asunto. En el evento de reconocerse el derecho respectivo, se deberá observar la prescripción trienal que rige para esta clase de prestaciones económicas, afectando las mesadas causadas y teniendo en cuenta la ejecutoria de este pronunciamiento, pues es desde esta decisión que la prestación puede adquirir alcances constitutivos».

Para llegar a esa conclusión, en síntesis, dicha Colegiatura estimó que la postura de esta Sala, en cuanto ha avalado por razonabilidad las distintas posiciones asumidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, en unos casos, admitiendo la inclusión de las primas de antigüedad y de vacaciones en la liquidación de la pensión de jubilación convencional de los beneficiarios -con fundamento en la citada cláusula- y, en otros, negando la inclusión de dichas primas -conforme el artículo 28 convencional-, son contrarias y excluyentes entre sí.

En consecuencia, estimó que frente a esas dos interpretaciones disímiles se debe aplicar la más favorable al trabajador, en atención al principio de igualdad y a la función de unificación de la jurisprudencia que recae sobre esta Corporación.

Entonces, sin necesidad de mayores disquisiciones, y en acatamiento a lo decidido en el fallo de tutela ya referenciado, se casará la sentencia fustigada.

Sin costas.

SENTENCIA DE INSTANCIA

En sede de instancia, teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia, con fundamento en la decisión de tutela, se dispondrá la revocatoria de la decisión emitida por el juzgador de primer grado.

En su lugar, se dispondrá la reliquidación de la pensión de jubilación de la demandante, incluyendo para tales efectos el valor devengado durante el último año de servicios por concepto de primas de antigüedad y de vacaciones.

Revisada la liquidación elaborada para la fecha en que se reconoció la pensión de jubilación (folio 17), el desprendible de nómina (folio 19), la contestación de la demanda, referente a los hechos 5 y 8 enunciados en el libelo genitor (folios 77 a 79), se observa que para obtener el ingreso base de la liquidación no se incorporó el valor pagado por prima de vacaciones y de antigüedad devengado entre el 22 de febrero de 2004 y el 21 de febrero de 2005.

Entonces, si partimos de la base de que el promedio del último año fue de $30.391.315, no controvertido por las partes y a ello le adicionamos lo correspondiente a las primas de vacaciones y antigüedad, a la luz de lo ordenado en la tutela referida, arrojaría una mesada inicial de $2.729.271,15, según se explica enseguida:

Liquidación de primera mesada de pensión de jubilación

Concepto

Valor

Monto base liquidado por EMCALI (1)

$ 30.391.315,00

Prima de antigüedad (2)

$ 2.987.165,00

Prima de vacaciones (3)

$ 2.815.190,00

Prima proporcional de antigüedad (4)

$ 196.612,00

Monto base de ingresos (1+2+3+4) -> (5)

$ 36.390.282,00

Promedio mensual de ingresos (5) /12 -> (6)

$ 3.032.523,50

Porcentaje de pensión sobre ingresos (7)

90%

Valor primera mesada pensional (6 * 7)

$ 2.729.271,15

Lo anterior, primero porque la demandada aceptó no haberlas incluido en el cálculo de la pensión y, segundo, porque se desconoce a cuáles prestaciones hace referencia la accionada cuando al determinar la base de liquidación adujo “otras primas” pero, se itera, sin indicar cuáles eran.

Empero lo precedente, al haberse solicitado por la promotora del proceso que la mesada fuera de $2.626.235,55, pues estimó el ingreso anual de $35.016.474,oo, monto implorado no solo en el escrito inaugural del proceso, sino también al sustentar el recurso de alzada, este será al que se acudirá para proferir la condena.

Al punto, la Corte, en sentencia CSJ SL3850-2020, recordó la providencia CSJ SL2808-2018, respecto a las facultades extra y ultra petita establecidas en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la de Seguridad Social, en la que se explicó:

[…] El artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dispone que: «el juez de primera instancia podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que estas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas».

Así, la facultad extra petita -por fuera de lo pedido- requiere rigorosamente que los hechos que originan la decisión (i) hayan sido discutidos en el proceso, y (ii) que estén debidamente acreditados, a fin de no quebrantar frontalmente los derechos constitucionales al debido proceso con violación de los derechos de defensa y contradicción de la llamada a juicio.

Y por su parte, la ultra petita -más allá de lo solicitado- exige que la súplica impetrada en el escrito inicial, (i) sea inferior a la estatuida en la norma laboral, y que (ii) que no emerja del juicio que el mayor valor hubiese sido cancelado al trabajador acreedor.

Dichas facultades radican en cabeza de los jueces laborales de única y de primera instancia, y el juez de segundo grado, en principio, no puede hacer uso de ellas, salvo cuando se trate de derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, siempre y cuando (i) hayan sido discutidos en el juicio y (ii) estén debidamente probados, conforme lo dispuesto en la sentencia C-968-2003 y tal y como lo ha señalado esta Sala en forma reiterada desde la providencia SL5863-2014. (Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-662-98 del 12 de noviembre de 1998).

En el asunto bajo examen no es dable echar mano de la facultad ultra petita, porque el mayor monto de la pensión no fue debatido durante el proceso, pues, se insiste, la actora siempre sostuvo que la prestación ascendía a $2.626.235,55.

Ahora bien, en lo que respecta a la evolución del valor de las mesadas desde el año 2005 hasta el 2021, se tiene:

Vigencia

Mesada pretendida por recurrente

2005

$ 2.626.235,55

2006

$ 2.753.607,97

2007

$ 2.876.969,61

2008

$ 3.040.669,18

2009

$ 3.273.888,51

2010

$ 3.339.366,28

2011

$ 3.445.224,19

2012

$ 3.573.731,05

2013

$ 3.660.930,09

2014

$ 3.731.952,13

2015

$ 3.868.541,58

2016

$ 4.130.441,85

2017

$ 4.367.942,25

2018

$ 4.546.591,09

2019

$ 4.691.172,69

2020

$ 4.869.437,25

2021

$ 4.947.835,19

En este orden de ideas, la mesada correspondiente al 2021 equivale a la suma de $4.947.835,19.

En atención a los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 inciso 3.º del Decreto 692 de 1994, la demandada deberá realizar las deducciones para cotización en salud respecto de las diferencias que le sean pagadas a la actora, con destino a la EPS a la que esté afiliada la demandante.

Una cosa debe quedar muy clara y es que se señalará tener en cuenta, en los términos de la respectiva decisión constitucional, que el reconocimiento del precitado reajuste tendrá alcance constitutivo desde el 10 de junio de 2021, data en que adquirió firmeza la sentencia de tutela.

Aquí es menester traer a colación la providencia CSJ ATC764-2021, en la cual la Sala Civil homóloga, al resolver una petición de aclaración formulada por la apoderada de la actora RUTH URREGO HOYOS, en torno a la sentencia de tutela STC5659-2021, que esta Sala está cumpliendo, razonó:

Ahora bien, analizadas las reclamaciones formuladas, no se observa que se requiera aclaración sobre algún punto definido en la providencia de esta Sala, contenido en su parte resolutiva o con incidencia en ella, pues no hay duda o insuficiencia que demande tal proceder.

En ese aspecto, se precisa que la Corte, en el inciso dos del ordinal segundo del citado fallo, resolvió puntualmente que, al momento de proveerse de nuevo sobre lo reclamado por la querellante y «En el evento de reconocerse el derecho respectivo» se observaría la prescripción trienal regente para la prestación económica pretendida. Así mismo, se estableció que dicha figura debía aplicarse teniendo en cuenta la ejecutoria de la sentencia, toda vez que solo desde ese momento puede estimarse exigible la prestación solicitada.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU168 de 2017, en un caso con algunas similitudes, en el cual antes de ese pronunciamiento no había certeza en relación con la prestación laboral reclamada, expuso: «[…] [E]sta Corporación ponderó los intereses encontrados, no sólo de los derechos fundamentales de los tutelantes, sino también de los principios de seguridad jurídica y sostenibilidad financiera y fiscal del sistema pensional, y adoptó una fórmula que constituye regla para todos los casos similares que se resuelvan con posterioridad, tanto en la jurisdicción constitucional como en la laboral ordinaria. Por estas razones, la determinación del término de prescripción está condicionada por el momento en que se tiene certeza del derecho, interpretación que concuerda con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, la Corte manifestó que: “(…) pese al carácter universal del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, la divergencia interpretativa sobre su procedencia en aquellas causadas con anterioridad a 1991, hace que sólo a partir de esta decisión de unificación se genere un derecho cierto y exigible (…)”

En igual sentido, mediante sentencia T-036-18, sostuvo: «[…] 6. Imprescriptibilidad de los derechos pensionales y prescripción de las mesadas pensionales. Reiteración de jurisprudencia. 6.1. El artículo 48 de la Constitución Política establece -entre otras cuestiones- que el derecho a la seguridad social es imprescriptible. Por su parte, el artículo 53 Superior dispone -en relación con las pensiones- que corresponde al Estado la garantía del derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de estas prestaciones. Con base en los anteriores mandatos constitucionales, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que el derecho a la pensión es imprescriptible. 6.2. No obstante, si bien el derecho a la pensión no prescribe, esto no abarca las prestaciones periódicas o mesadas que de él se Radicación nº 11001-02-04-000-2020-00913-01 5 deriven y que no hayan sido cobradas, pues en tal caso, estas acreencias se encuentran sometidas a la regla general de tres (3) años de prescripción (subraya fuera de texto). Al respecto, la Corte ha precisado que “la certeza del derecho es el momento a partir del cual se debe determinar el término de prescripción”. Ello se encuentra en concordancia con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo que señala que ‘Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible […]»

Así las cosas, no se estima necesario efectuar aclaración alguna sobre lo resuelto en el fallo emitido por esta Sala, pues no hay punto oscuro u ambiguo que impida su materialización. Lo anterior, amén de señalar que será la Sala de Casación Laboral la que deberá determinar la procedencia del reconocimiento del derecho reclamado en el caso concreto.

Sin costas, en segunda instancia. Las de la primera a cargo de la demandada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de abril de 2009, dentro del proceso ordinario laboral promovido por RUTH URREGO HOYOS contra EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

En sede de instancia, REVOCA la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali, en sentencia del 28 de febrero de 2008 y, en su lugar, se dispone que la demandada debe reajustar la pensión convencional, monto que para el año 2021 asciende a $4.947.835,19.

En atención a los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 inciso 3.º del Decreto 692 de 1994, la demandada deberá realizar las deducciones para cotización en salud respecto de las difrencias que le sean pagadas a la actora, con destino a la EPS a la que esté afiliada la demandante.

Téngase en cuenta, en los términos de la respectiva decisión constitucional, que el reconocimiento del precitado reajuste tendrá alcance constitutivo desde el 10 de junio 2021, data en que adquirió firmeza la sentencia de tutela. Así como, lo decidido en la providencia CSJ ATC764-2021.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Aclara Voto

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

Aclara Voto

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Aclara Voto

FERNANDO CASTILLO CADENA

Aclara Voto

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Ausencia Justificada

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Aclara Voto

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Aclara Voto

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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