Ficha de la providencia
Sentencia SL2515-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2515-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2515-2022
Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz
13 de julio de 2022
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
Magistrado ponente
SL2515-2022
Radicación n.° 83574
Acta 25
Bogotá, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 6 de septiembre de 2018, en el proceso que promovió LUIS GUSTAVO LÓPEZ ALZATE contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, al que se vinculó como litisconsorte necesario el Ministerio recurrente.
ANTECEDENTES
Luis Gustavo Gómez Alzate, llamó a juicio a las mencionadas administradoras de pensiones, con el fin de que se declarara la «nulidad» de su vinculación al de ahorro individual con solidaridad (RAIS), administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. y el realizado posteriormente a PROTECCIÓN S.A., «toda vez que en las mismas medió vicio en el consentimiento al haber omitido información por parte de los fondos sobre las reales consecuencias que acarrearía el traslado de régimen pensional y los verdaderos efectos sobre la cuantía de la mesada».
En consecuencia, se declarara la «afiliación permanente» al régimen de prima media con prestación definida (RPM) administrado por Colpensiones, «sin solución de continuidad por el tiempo de cotización al sistema general de pensiones»; a PROTECCIÓN S.A., a trasladar los aportes con sus rendimientos financieros; que se ordenara a Colpensiones, a reconocerle en calidad de beneficiario del régimen de transición, la pensión de vejez a partir del 30 de marzo de 2013, fecha en que cumplió 62 años de edad y reunidas las semanas de cotización requeridas; además, el pago de las mesadas adicionales anuales, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en su defecto la indexación, lo extra o ultra petita que se encontrare probado y las costas del proceso.
Como petición «subsidiaria primera» relacionó las anteriores, salvo el reconocimiento de la pensión de vejez, las mesadas adicionales, los intereses de mora o en su defecto la indexación; y, como «subsidiaria segunda», que se condenara a PROTECCIÓN S.A., a «pagarle la pensión de vejez que fue reconocida mediante la Resolución con fecha 25 de junio de 2015 VEJ-CC.6300174 Rad Imágenes 433308, de manera retroactiva desde el momento del reconocimiento mismo (sic)»; lo extra o ultra petita que se hallare probado y las costas del proceso.
Como fundamento de sus pretensiones, relató que nació el 30 de marzo de 1953, que se afilió al ISS hoy Colpensiones por los riegos de IVM, es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y mantuvo dicho beneficio a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, por tener reunidas más de 750 semanas de cotización al 29 de julio de ese año; que el 12 de julio de 1999, se trasladó a Porvenir S.A., «cambio que obedeció a una asesoría irregular, incompleta, fragmentada, parcial y sesgada» que le brindó el asesor, en cuanto le informó que:
[…] el RPM estaba en vía de extinción, que en el RAIS podía pensionarse antes de la edad que le era exigida en el ISS -60 años- sin explicarle los demás aditamentos de dicha opción, que su mesada sería superior en el RAIS a la que lograría obtener en el ISS hoy COLPENSIONES, soslayando que era beneficiario del régimen de transición y por ende, su expectativa era hacerse con una mesada pensional bastante generosa e inigualable por cualquier otro sistema o régimen pensional.
Manifestó que suscribió el formulario, pero sobre la base de que Porvenir S.A., le suministró información incompleta y carente de veracidad, pues omitió el deber que le asistía como entidad financiera de brindarle de manera integral y profesional, la información requerida y «mostrarle los beneficios, ventajas, inconvenientes, perjuicios y efectos» para tomar la decisión de traslado.
Agregó que, a partir del 19 de septiembre de 2005, se trasladó a PROTECCIÓN S.A., «únicamente por razones de servicio al cliente» y porque «tenía el respaldo de un grupo económico de gran envergadura». Que esta AFP, al momento de su traslado, tampoco le brindó la información requerida, por lo que también incumplió con el deber del buen consejo, asesoría completa y veraz, que ninguno de los fondos privados, lo «ilustró sobre el limite decenal que le impedía regresar al RPM una vez cumpliera 50 años y lo más grave, jamás le advirtieron que perdería el régimen de transición».
Señaló que los anteriores errores viciaron su consentimiento, que su traslado es «nulo» y le asiste el derecho a que se le reconozca la pensión de vejez con base en el «Decreto 758 de 1990»; que intentó retornar al RPM mediante la presentación de derechos de petición y acciones de tutela, pero no fue posible por faltarle menos de 10 años para cumplir la edad mínima para pensionarse y no contar con 15 años de servicios al 1 de abril de 1994; precisó que lo aquí pretendido «no es el retorno al RPM por las normas que así lo permiten», sino la «nulidad de la afiliación al RAIS» por la información deficiente que lo indujo a error.
Por último, indicó que las mesadas a recibir del RAIS, serían ínfimas en comparación con las que podría recibir de Colpensiones (f.°4 a 20).
La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., se opuso al éxito de las pretensiones. De los hechos, admitió el traslado del actor a esa AFP libre y voluntario; sobre los demás dijo que no le constaba si estuvo afiliado al ISS hoy Colpensiones; de los demás, señaló que no eran ciertos.
En su defensa, arguyó que no existe vicio alguno en la afiliación del actor a esa administradora, que es improcedente la solicitud de nulidad, en tanto suscribió el acto de vinculación de manera libre y voluntaria, que los motivos de traslado solo los conocía el afiliado, «ya que rememorar la conversación que sostuvo con el asesor de la AFP 17 años atrás y con la versión de una sola de las partes no garantiza la fidelidad de lo ocurrido»; que el asesor solo facilitó los medios para que lo hiciera acorde con su voluntad, como se prueba con el formulario de afiliación que suscribió.
Adicionó que conforme a las sentencias CC C-789-2002, C-1024-2004 y SU-130-2013, el demandante no tenía derecho a retornar al RMP porque a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no tenía cotizadas 750 semanas cotizadas, ni 15 de años de servicios.
Propuso como excepciones de fondo, la de falta de causa para pedir, buena fe, inexistencia de las obligaciones demandadas, prescripción de la acción que pretende atacar la nulidad de la afiliación, ausencia de responsabilidad atribuible a la demandada y pago (f.°94 a 129).
La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías - Protección S.A., rechazó las peticiones del demandante. Admitió la fecha de nacimiento, su afiliación al ISS, la de su traslado a Porvenir y a esa AFP, los derechos de petición elevados y la acción constitucional que instauró; los demás hechos los negó.
Expuso en su defensa, que su traslado de régimen pensional fue libre y voluntario, que contaba «con capacidad de discernimiento dado su grado de escolaridad, que al momento de su afiliación ocupaba el cargo de gerente general de la empresa ATI Colombia S.A.», posición que le permitió tomar la decisión con plena autonomía, que no existió omisión de información y tampoco indebida asesoría; que si bien el actor presentó derechos de petición promovió acciones para retornar al régimen de prima media administrado por Colpensiones, ello no era posible legal ni jurisprudencialmente, pues había perdido el beneficio de la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuando se trasladó al RAIS.
Precisó que en el mes de marzo de 2015, optó por acceder a las prestaciones económicas que el RAIS ofrece y solicitó la pensión de vejez, anexando los documentos requeridos; que la prestación le fue reconocida por tener reunidos los requisitos y notificada el 25 junio de 2015; que el monto de su pensión, se determinó teniendo en cuenta el capital ahorrado compuesto por los aportes, los rendimientos financieros generados y el valor del bono pensional, «para un total de capital acumulado en la cuenta de ahorro de $421.552.886, discriminado por concepto de aportes obligatorios y rendimientos financieros, la suma de $181.203.802 y por bono pensional $240.548.000».
Agregó:
El monto de la pensión bajo la modalidad de retiro programado se determinó en la suma de $1.807.420 para el año 2015 con 13 mesadas pensionales al año; el primer pago incluye el retroactivo contado a partir del 31 de marzo de 2015, fecha en la que se efectuó la solicitud de pensión al Fondo hasta el 30 de junio de 2015, por un valor de $5.422.261.
No obstante lo anterior, y habérsele notificado al demandante sobre el reconocimiento de la pensión de vejez a la que tiene derecho, a la fecha no se ha acercado a las oficinas de Protección S.A., ha (sic) culminar su trámite pensional, contándose entre el mismo, la escogencia de modalidad de pensión bajo la cual se administrará su mesada pensional, lo cual puede realizar en el momento que considere pertinente. (Subrayas fuera del texto original).
Como medios exceptivos alegó cumplimiento de los requisitos formales en la afiliación; asesoría adecuada y correcta; acto existente jurídico y válido; ausencia de vicios del consentimiento; ausencia de causa para pedir; ausencia de responsabilidad atribuible a la codemandada Protección S.A.; prescripción de la acción de nulidad del acto jurídico; incumplimiento del requisito de 15 años de servicios cotizados por el demandante; buena fe; y, prescripción (f.°147 a 180).
La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, al contestar, se opuso a la prosperidad de las declaraciones y pretensiones; de los hechos, aceptó la fecha de nacimiento del actor, la de su afiliación a esa administradora y la del traslado a Porvenir S.A. y la petición incoada a Protección S.A. para retornar al RPM; en relación con los demás hechos, dijo que no le constaban.
Sostuvo que la afiliación del demandante al RAIS está revestida de legalidad, por lo cual debe pensionarse con el cumplimiento de los requisitos de la Ley 797 de 2003.
Formuló las excepciones de mérito de falta de causa para demandar, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar intereses de mora, compensación, buena fe e imposibilidad de condena en costas (f.°242 a 246).
El a quo, mediante proveído calendado 24 de noviembre de 2016 (f.°264), ordenó vincular en calidad de litis consorte necesaria por pasiva, a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales, entidad que, al responder la demanda, se opuso a todas las pretensiones. Sobre los hechos, admitió la fecha de nacimiento del actor, la afiliación al ISS, la fecha y traslado al RAIS a través de Porvenir S.A., de conformidad con la historia laboral reportada a la Oficina de Bonos Pensionales, por el extinto ISS hoy Colpensiones, sobre los demás supuestos, dijo que no le constaban.
Argumentó que el Ministerio emitió concepto relacionado con el demandante, en el que indicó que se encontraba vinculado al RAIS desde el 12 de julio de 1999 cuando suscribió el formulario de afiliación con la AFP Porvenir S.A. y posteriormente se trasladó a la AFP Protección S.A.; que desconocía las circunstancias en que se produjo el traslado del RPM al RAIS y por consiguiente la asesoría que le brindaron para efectuarlo.
Precisó que como consecuencia de la afiliación del accionante al RAIS desde la fecha indicada, emitió a su favor un bono pensional tipo A modalidad 2, por haberse traslado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y «tener una historia laboral de cotización al ISS o a cajas públicas superior a 150 semanas»; que de acuerdo con la liquidación provisional generada por el sistema interactivo en respuesta a la petición de la AFP Protección, el 12 de mayo de 2015, «concurre como emisor y único contribuyente la NACIÓN».
Explicó que la redención normal del bono pensional tuvo lugar el 30 de marzo de 2015, fecha en la que el demandante alcanzó los 62 años de que trata el literal a) del artículo 20 del Decreto 1748 de 1995; dicho bono fue emitido y redimido (pagado) mediante Resolución 14076 del 25 de mayo de 2015 por solicitud de Protección a través del sistema interactivo, debido a que ya se había causado la fecha de redención, sin que al momento de la contestación, existiese algún trámite pendiente relacionado con dicho beneficio.
Aclaró que la emisión de bono pensional solo procede cuando su beneficiario ha manifestado previamente y por escrito a la AFP a la cual se encuentra afiliado, «la ACEPTACION de la liquidación», conforme al artículo 7 Decreto 3798 de 2003; bajo ese entendido, la entidad «presume» que la AFP Protección cuenta con la aceptación de liquidación provisional del bono pensional por parte del demandante; sin embargo, en caso de que se declarara la «nulidad» de su traslado del RPM al RAIS, la AFP o en su defecto el demandante, deberá «reintegrar los valores reconocidos por concepto de bono pensional tipo A», reconocidos única y exclusivamente a los afiliados a este último régimen pensional.
Propuso como excepciones de fondo, las de inexistencia de la obligación a cargo de ese Ministerio y la «GENÉRICA» (f.°289 a 293).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo dictado el 2 de junio de 2017 (f.°319 CD), resolvió:
PRIMERO: ABSOLVER a las codemandadas ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., de todas las súplicas de la demanda interpuesta por el señor LUIS GUSTAVO LÓPEZ ÁLZATE […], toda vez que no se acreditó la existencia de vicios en el consentimiento, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ABSTENERSE de pronunciarse frente a la pretensión subsidiaria segunda propuesta por la parte demandante, toda vez que el FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., ya reconoció la prestación, por lo que se requiere al demandante para que proceda a escoger bajo qué modalidad quiere pensionarse.
TERCERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por las demandadas como se dijo en la parte motiva de esta sentencia. Las demás excepciones quedan implícitamente resueltas.
CUARTO: Sin costas, como se dijo en la parte motiva.
QUINTO: En caso de no ser apelada la presente decisión remítase al honorable Tribunal Superior […] para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.
[…].
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, por apelación del demandante, profirió sentencia el 6 de septiembre de 2018 (f.°332), mediante la cual revocó la del a quo y en su lugar, dispuso:
REVOCAR la sentencia de primera instancia dictada por la Juez Diecisiete laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral promovido por LUIS GUSTAVO LÓPEZ ALZATE contra PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES, al que se vinculó el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, para en su lugar:
PRIMERO: Declarar la ineficacia del traslado a PORVENIR S.A., ordenando a PROTECCIÓN S.A. dónde en la actualidad se encuentra afiliado al actor, y a PORVENIR S.A., a devolver a COLPENSIONES todos los valores que hubiera recibido con motivo a la afiliación del actor, esto es las cotizaciones, bonos pensionales en caso de haberse reunido, cuotas cobradas por administración y sumas adicionales de las aseguradoras con todos sus frutos e intereses; y, a COLPENSIONES, a tenerlo como su afiliado, validando estas cotizaciones para efectos pensionales.
SEGUNDO: CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor LUIS GUSTAVO LÓPEZ ALZATE la pensión de vejez, por el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990 (sic), a partir del 30 de marzo de 2013, en cuantía inicial de $9.303.211.
TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor LUIS GUSTAVO LÓPEZ ALZATE, la suma de $717.302.297, por concepto de retroactivo pensional generado entre el 30 de marzo de 2013 y hasta el 31 de agosto de 2018; a partir del 1º de septiembre 2018 deberá COLPENSIONES, continuar pagando al actor una mesada pensional mensual de $11.553.866 a razón de 13 mesadas por anualidad.
CUARTO: CONDENAR a COLPENSIONES a indexar las mesadas adeudadas al demandante debiendo utilizar para el efecto la fórmula expuesta en la parte motiva.
QUINTO: AUTORIZAR a COLPENSIONES a descontar del valor del retroactivo el 12% sobre las mesadas ordinarias, por cuanto sobre las mesadas adicionales no proceden descuentos de conformidad con el Decreto 1073 del año 2002.
Costas, en esta instancia a cargo de Porvenir SA, las agencias se fijan en la suma de $1.562.484. En la primera se revocan las impuestas (sic), para en su lugar CONDENAR a PORVENIR S.A., al pago de las mismas en favor de la parte actora.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal, indicó que los problemas jurídicos consistían en determinar:
[…] si el acto jurídico de afiliación al RAIS, administrado por Porvenir S.A., era ineficaz; en consecuencia, si Protección S.A., entidad a la cual se encontraba afiliado actualmente el actor, debía trasladar todos los valores recibidos con motivo de la afiliación a Colpensiones y esta tenerlo como su afiliado. En caso de que se declare que la afiliación válida es la realizada a Colpensiones, establecer si cumple con los requisitos establecidos para acceder a la pensión de vejez, determinar el IBL, tasa de reemplazo, exigibilidad de la prestación, si hay obligación de efectuar aportes al sistema de seguridad social en salud y la procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 o, la indexación de las condenas.
Dejó por fuera de controversia, los siguientes supuestos fácticos que halló demostrados: i) que Luis Gustavo López Alzate, nació el 30 de marzo de 1953 (f.°37 y 38); ii) se afilió al ISS hoy Colpensiones el 24 de febrero de 1982 y cotizó un total de 875 semanas hasta el 31 agosto de 1999 (f.°286 a 287); iii) que el 12 de julio de 1999, suscribió formulario de traslado del RPM administrado por el ISS, al fondo de pensiones Porvenir S.A., con fecha de efectividad, 1 de septiembre de 1999 (f.°132); y, iv) que el 19 septiembre 2005 se trasladó a Protección S.A. (f.°182 y 183).
Precisó que,
el concepto a estudiar no es el de nulidad por vicio en el consentimiento como inicialmente lo indica el apoderado en su demanda, línea argumentativa que siguió la juez en su sentencia, sino el de ineficacia como privación de cualquier efecto jurídico de un negocio, por no cumplirse una exigencia legal, en este caso la de suministrar una información detallada, clara y documentada a cargo de la administradora.
Se remitió a las inconformidades del apelante en cuanto afirmó que de acuerdo con la línea jurisprudencial de esta Corte, correspondía a las administradoras de pensiones, demostrar que cumplieron con el deber de suministrar información veraz y completa y por tanto, «las demandadas debieron probar que le informaron al actor que en caso de trasladarse de régimen perdería el beneficio de la transición pensional consagrado en el artículo 36 dela ley 100 de 1993».
Recordó con fundamento en las sentencias proferidas por esta Corte, CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989 y CSJ SL, 6 dic. 2011, rad. 31314, que cuando los fondos privados omiten suministrar información al usuario que le permita la selección de régimen de forma libre y voluntaria, la consecuencia del acto indebido es «no producir sus efectos propios»; que de acuerdo con el pronunciamiento de esta Sala, CSJ SL17597-2018 «del 18 de octubre de 2017», las AFP deben brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, completa, clara y comprensible que permita al afiliado tomar una decisión, de acuerdo a lo consagrado en el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
Dijo que sobre la eficacia del acto jurídico de afiliación en el sub lite, la carga de la prueba correspondía a Porvenir S.A., en la fecha de su vinculación 12 de julio de 1999 cuando suscribió el formulario de vinculación (f.°103), lo cual no encontró probado y tampoco la advertencia de las consecuencias por la pérdida del beneficio de la transición pensional que cobijaba al demandante.
Concluyó la ineficacia del traslado del RPM al RAIS, que el demandante tenía los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez por tener reunidos los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 que se extendió conforme al Acto Legislativo 01 de 2005, por contar con 985 semanas cotizadas a su vigencia.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte, case parcialmente el fallo impugnado, por cuanto el ad quem,
[…] al resolver al declarar (sic) la ineficacia del traslado del régimen pensional, omitió disponer el reintegro del valor del Bono Pensional Tipo A, que en su momento fue liquidado, emitido, redimido y pagado por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES, a la Administradora de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. en favor del señor LUIS GUSTAVO LÓPEZ ALZATE.
Y luego constituida en sede de instancia, revoque la sentencia de primera instancia, como en efecto se dispuso, pero al emitir la condena que en derecho corresponde, disponga el reintegro de las sumas pagadas a la Administradora de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES, por concepto de Bono Pensional Tipo A, en favor del señor LUIS GUSTAVO LÓPEZ ALZATE. Sobre costas proveerá como corresponda.
Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados y se decidirán conjuntamente, dada la similitud de las normas denunciadas, la argumentación sobre la cual se soportan y perseguir igual objetivo.
CARGO PRIMERO
Denuncia la sentencia recurrida por violación directa en la modalidad de infracción directa «de los artículos 113, 115 y 121 de la Ley 100 de 1993; 1º del Decreto 1748 de 1995; 17 (inciso 4º) de la Ley 549 de 1999; y 17 (inciso 2º) del Decreto 3798 de 2003».
Para su demostración, sostiene que el Tribunal al declarar la ineficacia del traslado del RPM administrado por Colpensiones, omitió disponer el reintegro del valor del bono pensional tipo A, que en su momento fue liquidado, emitido, redimido y pagado por la Oficina de Bonos Pensionales de ese Ministerio, a la Administradora de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., a favor del demandante, como lo solicitó en su respuesta al libelo introductor.
Precisó que lo anterior, bajo el entendido de que, si había lugar a declarar la «nulidad» del traslado de Luis Gustavo López Alzate al RAIS efectuado a través del Fondo PORVENIR y se ordenara su regreso al RPM administrado por COLPENSIONES, desaparecía el hecho generador del bono pensional Tipo A expedido por la Nación, lo que imponía el reintegro de las sumas pagadas por ese concepto.
Indica que a pesar de que lo expuesto fue claro y contundente, el juez colegiado al decidir la apelación del demandante, resolvió revocar la decisión del a quo, para en su lugar acceder a los pedimentos de la demanda primigenia, pero se abstuvo de resolver favorablemente la petición de reintegro del valor correspondiente al bono pensional tipo A emitido.
Aduce que le correspondía al sentenciador plural, acudir a lo dispuesto en los artículos 1 del Decreto 1748 de 1995; 17 (inciso 4º) de la Ley 549 de 1999; y 17 (inciso 2º) del Decreto 3798 de 2003, normas sobre las cuales fundamentó la petición de reintegro contenida en la contestación de la demanda, que aluden puntualmente a la «naturaleza, fuentes y finalidades de los Bonos Pensionales Tipo A, y que se atacan por infracción directa».
Tras reproducir las normas denunciadas, destaca que es necesario advertir cuál es la fuente u origen de los bonos pensionales, que el artículo 113 de la Ley 100 de 1993, establece que cuando los afiliados RPM se trasladen al RAIS, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales en los términos previstos en el mismo estatuto, por lo que es claro que para que nazca el derecho a la emisión, liquidación y pago de los bonos pensionales, debe existir efectivamente un traslado de régimen, por lo cual, si no se da o se retrotrae el efectuado en contravía de la ley, deviene inexistente el fundamento del título, como se corrobora con lo previsto en los artículos 115 y 121 ibídem, que de haberlos aplicado en este caso, le habrían permitido al fallador, advertir que ante la declaratoria de ineficacia de la afiliación del actor al fondo Porvenir S.A., y su regreso a Colpensiones, emergía «el reintegro del Bono Pensional Tipo A, emitido en su favor «precisamente por las cotizaciones hechas en su momento al Seguro Social (sic)».
Señala que no tiene sentido, que al haberse dispuesto el regreso a Colpensiones, se incorpore también el bono pensional tipo A emitido, liquidado y pagado por la Nación, porque su fundamento fue el traslado al RAIS, y al mutar tal situación, su fuente desparece; por ende, debían ser reintegradas las sumas ya canceladas en virtud de ese título de deuda pública.
Para finalizar, advierte que el Tribunal, al percatarse que la pensión en el régimen administrado por Colpensiones no se financiaría con el mencionado bono, pues se trata de un instrumento de deuda pública que se emite en favor de las personas que se trasladan a los fondos privados para ayudar al financiamiento de la pensión, debió disponer inmediatamente el reintegro del valor de las sumas pagadas, pues ese título hace parte del presupuesto general de la Nación, «y no ordenar su reintegro, supone un enriquecimiento sin justa causa y un detrimento del erario público (sic)».
CARGO SEGUNDO
Denuncia la violación indirecta por aplicación indebida de idénticas normas jurídicas acusadas en precedencia.
Asegura que la infracción normativa endilgada al juzgador colegiado, conllevó la comisión de los siguientes errores de hecho:
No dar por demostrado, estándolo, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desde la contestación de la demanda solicitó que en el evento en que se accediera a la nulidad del traslado de régimen pensional, se ordenara el reintegro de las sumas pagadas por concepto de Bono Pensional Tipo A, en favor del señor LUIS GUSTAVO LÓPEZ ALZATE.
No dar por demostrado, estándolo, que mediante Resolución No. 14076 de 25 de mayo de 2015, se liquidó, emitió, redimió y pagó por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES, a la Administradora de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., el valor del Bono Pensional Tipo A en favor del señor LUIS GUSTAVO LÓPEZ ALZATE, por la suma de $240.548.000.
Dar por demostrado, sin estarlo, que la declaratoria de ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad para el caso del señor LUIS GUSTAVO LÓPEZ ALZATE, no aparejaba correlativamente el reintegro del valor del Bono Pensional Tipo A, que en su momento fue liquidado, emitido, redimido y pagado por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES, a la Administradora de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A.
No dar por demostrado, estándolo, que al declararse la ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad para el caso del señor LUIS GUSTAVO LÓPEZ ALZATE, necesariamente debía ordenarse el reintegro del valor del Bono Pensional Tipo A, que en su momento fue liquidado, emitido, redimido y pagado por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES, a la Administradora de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A.
Dice que los mencionados yerros se derivaron de falta de apreciación de: i) la contestación de demanda (f.°289 a 293); y, ii) la Resolución n.° 14076 de 25 de mayo de 2015, por medio de la cual «se liquidó, emitió, redimió y pagó por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICINA DE BONOS PENSIONALES, a PORVENIR S.A. el valor del Bono Pensional Tipo A en favor del señor LUIS GUSTAVO LÓPEZ ALZATE, por la suma de $240.548.000» (f.° 302 a 304).
En sustentación del cargo, arguye que solo cuestiona lo que resultó desfavorable a la impugnante en casación, en cuanto a la petición formulada desde la respuesta al libelo inicial, en el sentido de que en caso de que se accediera a decretar la «nulidad» del traslado de régimen pensional del actor, se ordenara el reintegro de las sumas pagadas por concepto del bono pensional expedido a su favor; que el fallador «pasó por alto», «desatendió» e ignoró como prueba, la aludida resolución, mediante la cual la OBP del Ministerio, «liquidó, emitió redimió y pagó» a la AFP PORVENIR S.A., por la suma de $240.548.000 y al momento de impartir condena, se abstuvo de ordenar de acoger la solicitud.
Adicionalmente trajo a colación los mismos razonamientos que soportaron la anterior acusación.
RÉPLICA
Colpensiones manifiesta que conforme a los argumentos expuestos por la recurrente y lo pretendido en la demanda de casación, carece de legitimación en la causa por pasiva, ya que en modo alguno modificaría la decisión del ad quem; que el tema objeto de impugnación «no la vincula como parte dentro del proceso», ni su conducta constituye violación de derechos.
Porvenir S.A., señala que el recurso está llamado al fracaso, toda vez que desde el año 2005, fecha para la cual el demandante se trasladó a PROTECCION S.A., trasladó todos los valores acumulados en la cuenta del afiliado más sus rendimientos; que el bono pensional fue redimido y pagado a esta AFP, el 30 de marzo de 2015, razón por la cual no le corresponde realizar reintegro del mencionado bono.
Por su lado, PROTECCION S.A., advierte que en el proceso quedó demostrado que el referido bono pensional fue liquidado y redimido en el año 2015 cuando el accionante alcanzó los 62 años, lo que permitió a esa administradora, reconocerle la pensión de vejez; sin embargo, el actor «no escogió la modalidad de pago de la misma y se abstuvo de aceptarla».
Indica que estaba obligada a cumplir lo ordenado en la sentencia de segunda instancia en el sentido de entregar a Colpensiones todos los dineros habidos en la cuenta de ahorro individual del afiliado López Alzate, incluidos los provenientes de la redención del bono pensional, pero si en gracia de discusión, esta Corte acoge las pretensiones de la recurrente, «estará en disponibilidad de acatar la instrucción» y hará devolución de una parte de los recursos de la mencionada cuenta de ahorro individual a Colpensiones y lo que corresponda a la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el bono pensional; y solicita se mantenga incólume el fallo atacado.
Luis Gustavo López Alzate, advierte «NO es pensionado», que «NO ha sido objeto de reconocimiento pensional alguno tal como lo acepta Protección en su escrito de oposición, y como se dejó acreditado en el proceso»; que si bien, inició el trámite pensional ante la AFP, desistió del mismo al percatarse del engaño del que había sido objeto al perder los beneficios propios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por una asesoría inexistente; que su cuenta de ahorro individual no ha sufrido ningún tipo de «desacumulación», por el contrario, ha estado generando rendimientos en el tiempo y el bono pensional está en condiciones de ser reintegrado, si así lo determina la Sala.
CONSIDERACIONES
El Tribunal al declarar la ineficacia del traslado del RPM al RAIS deprecada por el demandante, dispuso revocar el fallo de primera instancia y ordenó a las AFP Protección S.A. a la que encontraba últimamente vinculado el actor, al igual que Porvenir S.A., la devolución de todos los valores recibidos con motivo de su afiliación, «esto es, las cotizaciones, bonos pensionales en caso de haberse redimido, cuotas cobradas por administración y sumas adicionales de las aseguradores con todos sus frutos e intereses y a Colpensiones tenerlo como afiliado, validando estas cotizaciones para efectos pensionales». (Subrayas de la Sala).
La censura objeta la decisión del Tribunal solo en cuanto omitió ordenar como consecuencia inmediata de la ineficacia de traslado de régimen declarada, el reintegro de la suma correspondiente al bono pensional tipo A emitido por la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a favor del demandante, como consecuencia de la falta de apreciación del escrito de contestación de la demanda y del acto administrativo que expidió –Resolución n.° 14076 del 25 de mayo de 2015-, por $240.548.000, toda vez que en su criterio, dicha suma debe retornar a las arcas de la Nación, dada la desaparición de la fuente que le dio origen, esto es, el reconocimiento de la pensión del accionante como afiliado del RAIS, a través de Protección S.A.
Para resolver el cuestionamiento de la censura, la Sala observa que, en efecto del escrito de contestación de la demanda inicial se extrae que la recurrente manifestó que por solicitud de Protección «a través del sistema interactivo», había procedido a expedir el bono pensional; que presumía que la AFP Protección contaba con la aceptación de liquidación provisional del mismo, por parte del demandante, pero que en caso de que se declarara la «nulidad» de su traslado del RPM al RAIS, la AFP o en su defecto el actor, debía «reintegrar los valores reconocidos por concepto de bono pensional tipo A», mediante la Resolución 14076 del 25 de mayo de 2015 (f.°289 a 293 y 302 a 304).
Los artículos 113, 114 y 115 de la Ley 100 de 1993, son disposiciones que consagran los traslados entre regímenes y lo concerniente a los bonos pensionales y sus trámites que, en todo caso, deben asumir interna y administrativamente las entidades administradoras de pensiones.
Es decir, que al declararse la ineficacia del traslado del actor del RPM al RAIS y como consecuencia de ello se ordenó la devolución de aportes a pensión realizados por el afiliado, los rendimientos, frutos, intereses, cuotas de administración, «bonos pensionales» entre otros, es menester precisar, que como quiera que el título pensional fue emitido, liquidado y redimido su valor de $240.548.000 y consignado en la cuenta de ahorro individual a favor del afiliado, dicho monto integra los recursos, cuya finalidad es la financiación de la prestación de vejez del actor en el RPM administrado por Colpensiones, objetivo del proceso y de la condena impuesta por el Tribunal, no es posible el reintegro del referido valor representado en el aludido bono pensional.
De la mencionada orden contenida en el fallo cuestionado, no se desprende ningún yerro del juez de segunda instancia, y tampoco la imposibilidad para que Protección S.A., cumpla con lo decidido por dicha autoridad judicial, pues en manera alguna se desconoció que para la financiación de la pensión de vejez del demandante, a quien se le habían trasladado sus aportes mediante el título pensional emitido por la OBP del Ministerio recurrente a la AFP Protección S.A., esta debía remitir a Colpensiones el valor de $240.548.000, representados en el bono pensional liquidado y remitido que recibió, por haber ingresado a la cuenta de ahorro individual del actor de la que hace parte, además de las cotizaciones y demás emolumentos, que se efectuaron durante el tiempo en que estuvo vinculado a aquella.
En línea con lo expuesto, esta Corte en sentencia CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989 reiterada en CSJ SL4989-2018, señaló:
Sobre las consecuencias de la nulidad del traslado entre regímenes esta Sala en sentencia SL, del 8 de sep. 2008, rad. 31989, reiterada en varias oportunidades, adoctrinó:
[…]
“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.
El criterio expuesto fue reiterado en las sentencias CSJ
SL4175-2021 y SL1565-2022, en los siguientes términos:
Por tal razón, esa declaratoria obliga a las entidades del RAIS a devolver todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual del titular, ya que los mismos serán utilizados para la financiación de la prestación pensional a que tenga derecho el afiliado en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones del saldo de la cuenta individual, sus rendimientos y los bonos pensionales, los valores cobrados por los fondos privados a título de gastos de administración y comisiones, incluidos los aportes para el fondo de garantía de pensión mínima y las primas de los seguros previsionales, sumas debidamente indexadas, pues, desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al RPMPD administrado por Colpensiones (CSJ SL2877-2020, CSJ SL5595-2021).
[…].
Y en la CSJ SL1499-2022, también se dijo:
[…].
En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.
Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal.
[…].
Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima» (Subrayas fuera de texto).
De todo lo discurrido, colige esta Sala, que no se encuentran demostrados los yerros jurídicos ni fácticos enrostrados por la censura, toda vez que la sentencia atacada fue proferida bajo los criterios de Corte, razón por la cual los cargos resultan infundados.
Las costas a cargo de la recurrente, por cuanto hubo oposición. Se fijan como agencias en derecho, la suma de $9.400.000 que será liquidada proporcionalmente a favor de los replicantes, en el Juzgado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 366-6.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 6 de septiembre de 2018, en el proceso que promovió LUIS GUSTAVO LÓPEZ ALZATE contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, al que se vinculó como litisconsorte necesaria a LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
Costas como se indicó.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
ACLARACIÓN DE VOTO
Magistrado ponente: DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
Radicación n.° 83574
De: Luis Gustavo López Alzate vs COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Con mi acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, expongo las razones que me llevan a aclarar el sentido de mi voto.
Coincido con la mayoría en que el recurso extraordinario no está llamado a prosperar. Sin embargo, considero que para resolver en ese sentido, no era necesario ni pertinente invocar los precedentes en punto a las consecuencias prácticas que se derivan de la ineficacia del traslado.
Desde luego, no hay discusión de que en casos como el estudiado, la administradora del RAIS tiene el deber de entregar a Colpensiones todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como es el caso de los bonos pensionales. Empero, la discusión que plantea el Ministerio recurrente es otra. Apunta a que si las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban con anterioridad al traslado, lo razonable es que el bono pensional que emitió y pagó a la AFP también se retrotraiga, lo que conllevaría que los recursos representados en ese título vuelvan a las arcas del Estado.
La razón para desestimar ese argumento, en mi criterio, consiste concretamente en que dichos recursos fueron objeto de disposición en el marco de la condena al pago de la pensión de vejez a cargo de Colpensiones, y este extremo del litigio quedó resuelto en las instancias y no está en discusión a esta altura del proceso.
Dicho de otro modo, la jurisdicción consolidó o materializó la situación pensional del demandante, reconociendo el derecho bajo el régimen de prima media. De esta suerte, los recursos trasladados por el Ministerio de Hacienda, otrora destinados a la financiación de una pensión en el RAIS que no se perfeccionó, quedaron comprometidos bajo este nuevo escenario; además de que ya cumplieron su finalidad legal, no pueden reintegrarse como lo pretende esa entidad, sin dejar desfinanciada la prestación, en perjuicio del sistema.
La sentencia de casación no profundizó realmente en esa problemática, por lo que dejo consignadas en forma breve las razones que me condujeron a acompañar la decisión de no casar la providencia impugnada.
Fecha ut supra,
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Magistrado
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