Ficha de la providencia
Sentencia SL2522-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2522-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2522-2019
Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa
9 de julio de 2019
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Magistrado ponente
SL2522-2019
Radicación n.° 63033
Acta 022
Bogotá D. C., nueve (9) de julio de dos mil diecinueve (2019).
Decide la sala el recurso de casación interpuesto por ALFREDO MUNÉVAR CANO contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta el 25 de julio de 2012, en el proceso promovido en contra de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN Y DIAGNÓSTICO «FERNANDO TROCONIS».
ANTECEDENTES
Alfredo Munévar Cano demandó a la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación y Diagnóstico «Fernando Troconis», pretendiendo, que previa la declaratoria de que sufrió un accidente de trabajo, se le condenara al pago de los perjuicios materiales, morales y fisiológicos causados a él y a su hija Michelle Munévar Cogollo.
Como fundamento de sus pretensiones, adujo que nació el 7 de noviembre de 1964 y que es el padre de Michelle Munévar Cogollo; que prestó sus servicios a la demandada en el cargo de operario de servicios generales, desempeñándose como trabajador oficial, desde el 16 de diciembre de 1999 hasta el 13 de octubre de 2005, fecha en la que se le canceló el contrato sin tener en cuenta su estado de salud, y sin intentar una reubicación; que durante el último año de servicios devengó la suma de $673.000; que a su ingreso se le practicó el respectivo examen, en el cual se le encontró en buen estado de salud; que no se le suministraron los elementos de protección para desempeñar sus labores, consistentes en el mantenimiento de las instalaciones, el aseo de jardines y la recolección de basuras.
Señaló que el 15 de julio de 2005, en horas de la mañana, cuando se encontraba realizando labores de limpieza en los jardines de la ESE, sufrió un accidente de trabajo, cuando el jefe de Recursos Humanos le ordenó podar unos arbustos llamados «single», frente a lo cual le comentó que las tijeras de podar estaban en mal estado y que no había limas para afilarlas, no obstante, el funcionario insistió en que debía realizar el trabajo con los implementos con que se contaba en ese momento, en consecuencia, al tratar de podar una rama, una de las espinas le traspasó uno de los guantes de dotación que estaban sucios porque eran utilizados para recoger los desechos hospitalarios, además, deteriorados por su uso, lo que le generó una infección en el tercer dedo de la mano izquierda; que al comentarle al jefe de personal lo sucedido, fue enviado a la oficina de salud ocupacional para reportar el accidente de trabajo; que estaba afiliado a la ARP Colpatria y a la EPS Saludcoop; que la demandada incumplió con el deber contractual de brindarle seguridad; que el 28 de septiembre de 2005 se realizó, sin éxito, conciliación extrajudicial ante la Procuraduría n.° 43 en lo Judicial - Asuntos Administrativos; y que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena, lo calificó con una pérdida de capacidad laboral del 11,35%.
La Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación y Diagnóstico «Fernando Troconis», al contestar la demanda se opuso a las pretensiones. Aceptó el contrato de trabajo celebrado con el demandante, los extremos temporales en que se desarrolló, su calidad de trabajador oficial, el examen de ingreso practicado, el último salario devengado, su afiliación a la ARP y a la EPS, el accidente de trabajo sufrido y la conciliación extrajudicial celebrada.
Expresó que la desvinculación del trabajador se produjo, pero no por las razones aducidas por él; que al actor se le dotó de los elementos de protección necesarios para el desarrollo de las actividades propias de su cargo; que el trabajador no desconocía la forma como debía realizar sus funciones, habida cuenta de la gran experiencia que tenía en el desempeño de las mismas, ya que tenía 6 años de laborar en esa entidad, en el mismo cargo; y que al trabajador se le proporcionaron los mecanismos de protección adecuados, y las herramientas con las cuales realizaba sus labores se encontraban en perfecto estado.
En su defensa formuló las excepciones que denominó culpa exclusiva imputable a la víctima, ausencia de responsabilidad de la entidad demandada, e inexistencia de nexo de causalidad entre la lesión sufrida y los perjuicios reclamados.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Tercero Laboral del Distrito Judicial de Santa Marta mediante sentencia del 2 de diciembre de 2011, condenó a la demandada a reconocer y pagar al demandante las sumas de $31.402.750,50 por indemnización de perjuicios materiales, $30.000.000 por perjuicios morales, y $30.000.000 por perjuicios morales a favor de su hija Michelle Andrea Munévar Cogollo; y las costas del proceso.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada, a través de sentencia del 25 de julio de 2012, revocó la decisión de primer grado, en su lugar absolvió a la accionada de las pretensiones y condenó al demandante a pagar las costas del proceso.
Partió de que el problema jurídico se orientaba a determinar si hubo culpa patronal en el accidente de trabajo sufrido por el demandante, de conformidad con lo previsto en el art. 216 del CST.
Afirmó que uno de los supuestos que consagra la norma, es la acreditación de la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente, y los perjuicios sufridos; al respecto transcribió apartes de la sentencia de esta corporación CSJ SL 19513, 18 mar. 2003.
Señaló que en los accidentes de trabajo surgen dos responsabilidades, una, la del Sistema General de Riesgos Profesionales, que en caso de afiliación a la seguridad social, es la entidad respectiva la que responde por las contingencias que se presenten en el ejercicio laboral; y otra, la que emerge del accidente de trabajo, que se edifica sobre la culpa del empleador, quien tiene la obligación de indemnizar al trabajador de acuerdo con la magnitud del daño que se le produce a él o a sus beneficiarios.
Expresó que el a quo concluyó la existencia de culpa patronal en el accidente de trabajo, por no existir prueba de que el actor hubiere recibido los elementos de dotación para realizar las tareas propias de su labor; por no existir constancias o actas de asistencia a seminarios o charlas de salud ocupacional, ni manual de instrucciones para ejecutar las labores a su cargo; además, por el hecho de que el trabajador utilizara los mismos guantes, tanto para recoger los desechos hospitalarios, como para atender labores de jardinería.
Se refirió a la sustentación del dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena del 30 de junio de 2006, así como a las declaraciones de Armando Rafael Bermúdez Manjarrés (f°. 214) y Edgardo Antonio Velásquez Cuéllar (f.° 215), compañeros de trabajo del demandante; y manifestó:
En efecto, del acervo probatorio se puede establecer que el empleador ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN FERNANDO TRONCONIS, durante la vigencia del contrato de trabajo tuvo debidamente afiliado al trabajador al sistema general de seguridad social y en particular a las contingencias por riesgos profesionales, y si bien, el origen de su disminución de capacidad laboral fue el accidente de trabajo según dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez de tales probanzas no resulta probada la referida culpa patronal.
Transcribió los supuestos bajo los cuales soportó el señor Munévar Cano, la culpa patronal en el accidente de trabajo, contenidos en los hechos sexto, décimo y décimo primero del libelo introductorio, a saber, que no se le suministraron los elementos de protección necesarios; que no se le dio capacitación ni instrucciones para llevar a cabo sus labores, consistentes en el mantenimiento de las instalaciones, en el aseo de los jardines y en la recolección de basuras; que la demandada incumplió el deber contractual de brindarle seguridad; y que al momento del accidente, la empleadora no le había suministrado los implementos necesarios para realizar la labor encomendada, además, de que no tenía la preparación requerida para la realización de dicha labor.
Dijo que la parte actora deriva la culpa patronal en el accidente de trabajo, de dos circunstancias, la falta de elementos de protección, y de capacitación e instrucción necesarias para desempeñar la labor para la cual fue contratado.
Luego expresó:
Pues bien, tales afirmaciones carecen de respaldo probatorio, y para este propósito no resulta suficiente el testimonio rendido por los señores ARMANDO RAFAEL BEMUDEZ MANJARRES EDGARDO y ANTONIO VELASQUEZ CUELLAR se concluye que al momento del accidente de trabajo, el demandante sí tenía como elemento de protección acorde con la labor a desarrollar los guantes, y el hecho del deterioro o mal estado de los mismos no fue lo que sostuvo el actor en la demanda. Sin embargo y en gracia de cualquier discusión, los guantes en mal estado o porque con ello ejercía el demandante las otras labores de aseo, lo que produce es la infección normal, pero el hecho del accidente de trabajo es previo a dicha infección. Por otra parte, el hecho de que las tijeras estuvieran sin filo, o en mal estado, además de que tampoco fue puesta (sic) a la palestra en los hechos de la demanda, como origen o causa del accidente de trabajo, los testigos en forma expresa no se refieren a esta circunstancia, pues sólo responden a una pregunta formulada de manera capciosa, cuando en ninguna de las respuestas anteriores a las preguntas que le venían siendo formuladas se refieren a este hecho. Veamos: “Diga si a usted le consta que el día del accidente de trabajo el Jefe de Recursos Humanos de la empresa exigió al demandante que realizara la labor con los elementos de trabajo que tenía en ese momento, valer decir, con las tijeras sin filo y los guantes deteriorados y contaminados” “si lo hizo porque el jefe le dijo, que si no lo hacía lo podía suspender, eso me informó mi compañero Alfredo Munévar» (fl. 215).
Advirtió que el argumento según el cual, no estaban probadas las instrucciones y capacitaciones recibidas por el trabajador para el ejercicio de sus labores, no es de recibo, al no demostrarse, que el hecho de que aquel no hubiere recibido capacitación o instrucción para la poda de unos árboles, tuviera relación de causalidad con el accidente, pues no puede perderse de vista que aquel no tenía poco tiempo en el ejercicio de la labor desempeñada, ya que venía laborando desde seis años atrás, tiempo suficiente para tomar experiencia y adiestramiento en la misma.
Transcribió apartes de la sentencia de esta corporación CSL SL 22 abr. 2008.
Concluyó que no se probó suficientemente en el proceso, la culpa patronal en el accidente de trabajo.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que se case la sentencia del tribunal, y que en sede de instancia se confirme la decisión de primer grado.
Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formuló dos cargos que no fueron objeto de réplica, y que se resolverán en forma conjunta, pues se refieren al mismo compendio normativo, y comparten tanto los argumentos como la finalidad, cual es derruir la decisión de segundo grado, relacionada con la negativa de acceder a la indemnización de perjuicios por el accidente de trabajo sufrido por el trabajador.
CARGO PRIMERO
Acusó la sentencia de violar «[…] la ley sustancial, a causa de la aplicación indebida […]», de los arts. 66A del CPTSS, 9, 21 literales c) y g) y 63 del Decreto 1295 de 1994, y 216 del CST.
En la demostración del cargo expresó, que el tribunal no consideró el principio de consonancia previsto en el art. 66A del CPTSS, aplicable respecto de la sentencia de segunda instancia.
Luego de relacionar lo que establecen las normas mencionadas en la proposición jurídica, señaló, que el empleador al obviar la atención y el cuidado del trabajador, deberes que estaban a su cargo, generó culpa activa en el accidente de trabajo, por haber incurrido en imprudencia, negligencia y descuido, por violación de las normas de salud ocupacional, lo que pasó por alto el ad quem sin examen o juicio persuasivo racional.
Afirmó que el Comité Paritario de Salud Ocupacional, no ejecutaba sus funciones en la entidad, en la época en que tuvo lugar el accidente, lo que quedó acreditado en el proceso, ya que no hubo reuniones ni citaciones para él; y que el jefe de Recursos Humanos, en uso de su poder subordinante, lo expuso al accidente de trabajo.
En lo referente al art. 216 del CST, indicó que «La culpa del accidente de trabajo, es a cargo del empleador «[…] con fundamento al principio de la responsabilidad objetiva, solo le es suficiente el hecho perjudicial que se le presentó por causa u ocasión del trabajo, elementos componentes de la responsabilidad».
CARGO SEGUNDO
Acusó la sentencia de violar por la vía indirecta, el mismo grupo normativo mencionado en el primer ataque.
En la demostración del cargo expresó, que la aplicación del derecho es función procesal del juez, y un deber legal que no puede eludirse, lo que significa que es cuestión del conocimiento del orden jurídico por el juez, quien debe aplicar solo las normas existentes, hayan sido o no alegadas por las partes al desarrollar los fundamentos de derecho de la acción o de su excepción; de donde se colige, que el juzgador ha de ceñirse a la realidad del orden jurídico, sin que pueda crear una regla de derecho inexistente, aunque la afirmen las partes, u omitir una norma existente, aunque no la mencionen.
Como errores de hecho manifiestos, le atribuyó al tribunal los siguientes:
Dar por demostrado sin estarlo la consonancia, principio aplicable para la sentencia de segunda instancia, el ad-quem quien tiene la obligatoriedad de mostrar las razones de su sentencia.
Artículo 21 ordinales c-g artículo 63 Decreto 1295 de 1994.
Ordinal c, pretender dar por demostrado sin estarlo, (sic) tiene como finalidad principal la organización, promoción, control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos profesionales, desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo.
Ordinal g, no dar por demostrado a pesar de estarlo. (sic) El de la responsabilidad de los empleadores la prevención de los riesgos profesionales para tal fin se está a su cargo la inducción y capacitación a los trabajadores evitando que ocurra accidente de trabajo. No cumple la empresa tal ordenamiento o prescripciones con el sistema de riesgos profesionales.
Artículo 63 Decreto 1295 de 1994. No dar por demostrado, pese a estarlo. El llamado hoy comité paritario de salud ocupacional, sus funciones están señaladas en la resolución 2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio de Trabajo. Aparece manifiesto en los autos para la época de haber ocurrido el accidente de trabajo, no desempeñaba sus funciones el susodicho comité paritario, debido a que, no se había reglamentado el comité, lo cual se vino a efectuar a partir de mayo de 2007. Error del ad.-quem producto de la equivocación, apreciación de los documentos vistos en el cuaderno de primera instancia (folio 194).
Artículo 9 Decreto 1295 de 1994. No dar por demostrado a pesar de estarlo. El día de la ocurrencia del accidente de trabajo el jefe de recursos humanos de la sociedad demandada, le impartió la orden al trabajador, que podara los arbustos llamados “single”, que el trabajador tenía que realizarlo con los implementos que tenía, en su efecto la orden instituye accidente de trabajo, cuando se produce bajo la ejecución de la orden impartida por el agente del empleador jefe de recursos humanos, lo que aparece bien claro en el legajo procesal ordinario, lo cual ha sido producto de equivocada apreciación que hizo el Tribunal del haz probatorio al decidir la apelación de la parte demandada contra la sentencia de primera instancia y por darle aplicación indebida a los testimonios de ARMANDO RAFAEL BERMUDEZ MANJARREZ y EDGARDO ANTONIO VELASQUEZ CUELLAR, en su falta de apreciación racional persuasiva de la sana crítica.
Artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Tratar de improbar lo que está probado, AL NO DAR POR ESTABLECIDO QUE HUBO CULPA SUFICITEMENTE (sic) DEMOSTRADA DEL EMPLEADOR EN EL ACCIDENTE LABORAL. Con los testimonios recepcionados a los señores ARMANDO RAFAEL BERMUDEZ MANJARREZ y EDGARDO ANTONIO VELASQUEZ CUELLAR, suministran la verificación de comprobación de que las tijeras de podar no tenían filo, los guantes están deteriorados, no aptos como elemento de labor para la protección de evitar accidente de trabajo quienes son enfáticos en afirmar que la empresa tenía conocimiento de tales hechos. Por la maña interacción de su agente de recursos humanos de la empleadora, le dio la orden al trabajador que podara unos arbustos llamados “single”, el trabajo tenía que realizarlo con los implementos que se encontraban en mal estado y contaminados, por lo cual se demuestra suficientemente la culpa de la empresa en la ocurrencia del accidente de trabajo.
En la demostración del cargo sostuvo, que al manifestar el ad quem que solo se pronunciaría sobre los puntos de inconformidad relacionados en el recurso de apelación, incumplió con el principio de consonancia previsto en el art. 66A del CPTSS, a través de lo cual llegó a una interpretación errónea, al aplicarle a la norma un alcance diferente al verdadero.
Indicó que el colegiado no tuvo en cuenta que la empleadora no cumplió con el programa permanente de salud ocupacional en los lugares de trabajo, que no le brindó información acerca de los riesgos a que estaba sometido en el desarrollo de su actividad laboral, que no efectuó cursos y programas educativos para la prevención de los riesgos profesionales, y que no programó su asistencia a los mismos con la finalidad de prevenir los riesgos profesionales.
Adujo que la empleadora incumplió con tales obligaciones para con el Sistema General de Riesgos Profesionales, y que era su responsabilidad procurar el cuidado cabal de su salud, así mismo, le asistía el deber de proporcionarle capacitación en el desempeño para el cargo, en las condiciones de su actividad de trabajo, lo que no le brindó para la época de la ocurrencia del accidente.
Dijo que el sentenciador al resolver el recurso de apelación, ignoró por completo, que a la ocurrencia del accidente de trabajo, la empleadora no ejercía el control en la prevención de los accidentes de trabajo, por no cumplir en forma correcta con las recomendaciones del Comité Paritario de Salud Ocupacional; que, por el contrario, quedó demostrado, que el comité no intervenía en sus funciones propias a la época de la ocurrencia del accidente de trabajo, desconociendo con ello el contenido del art. 63 del Decreto 1295 de 1994, incurriendo en vulneración directa de la ley.
Expuso que la sentencia también violó en forma directa el inciso segundo del art. 9 del Decreto 1295 de 1994, que consagra, que es accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador; y que frente a la orden dada por el jefe de Recursos Humanos de la empresa, para que podara unos arbustos llamados «single», le hizo ver al mismo, que las tijeras de podar estaban en mal estado, que no tenían filo, que los guantes como implementos de trabajo no eran aptos para desempeñar la labor encomendada por su deterioro y contaminación, y que, al reiterarle la orden de que el trabajo debía realizarlo con los implementos que tenía, ello fue el motivo que propició el accidente.
Alegó que el juez de primer grado al valorar en conjunto las declaraciones de Armando Rafael Bermúdez y Edgardo Antonio Velásquez Cuellar, les asignó un correcto valor probatorio, pues como testigos imparciales, presenciaron los hechos, informando, que las tijeras no tenían filo, además no estaban aptas para podar los arbustos, que los guantes estaban deteriorados y contaminados, y que, el jefe de Recursos Humanos le dio la orden de que realizara la labor con los elementos de trabajo que tenía.
Manifestó que la decisión del ad quem desconoció abiertamente el contenido del inciso tercero del art. 63 del Decreto 1295 de 1994, incurriendo en una infracción directa de las normas, al dejar de aplicarlas, debiendo hacerlo.
Agregó que los citados errores fueron producto de la equivocada apreciación que hizo el fallador de segundo grado, de las pruebas que señalan a la empleadora de ser culpable en el accidente de trabajo acaecido.
CONSIDERACIONES
Acusó el recurrente la aplicación indebida del art. 66A del CPTSS, norma de carácter procesal, que si bien por regla general no tiene la aptitud de configurar un cargo en casación, toda vez que únicamente tienen tal carácter las normas que son atributivas de derechos, sin embargo, la sala lo entiende como un ataque por violación medio, en razón a que igualmente se denunció la aplicación indebida de preceptos legales sustantivos del orden nacional, como el art. 216 del CST.
La norma procesal consagra el principio de consonancia, que consiste, en que, entre la sentencia de segunda instancia y el objeto del recurso de alzada, debe existir plena correspondencia, lo que significa que, en principio, al juzgador le está vedado apartarse de las materias que le propone el recurrente.
En el caso concreto, de entrada se advierte que el tribunal no incurrió en la aplicación indebida que le imputa la censura, en atención a que, uno de los aspectos objeto de reproche por la demandada al interponer el recurso de apelación, según se desprende del escrito obrante a folios 236 a 238 del cuaderno principal, fue el concerniente a la culpa patronal sentada por el fallador de primer grado, por ello no se infringió el mencionado postulado; simplemente que en atención a la facultad de la libre formación del convencimiento consagrada en el art. 61 del CPTSS, según la cual, el juez puede apreciar libremente los elementos probatorios para formar su convicción acerca de los hechos controvertidos, con fundamento en las pruebas que más los induzcan a hallar la verdad, el ad quem, luego de la valoración del dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena del 30 de junio de 2006, y de las declaraciones de Armando Rafael Bermúdez Manjárres y Edgardo Antonio Velásquez Cuellar, concluyó, que no existía ninguna prueba de la que se derivara la culpa suficientemente comprobada de la empleadora, cumpliendo con su obligación de mostrar las razones de su decisión.
En esa dirección, y a menos que sus apreciaciones se alejen de la lógica de lo razonable o atenten marcadamente contra la evidencia, el tribunal de casación no puede invadir el espacio de valoración asignado a los juzgadores, ya que, de hacerlo, se viola su ámbito de libertad legal (CSJ SL2049-2018, CSJ SL468-2019).
Igualmente acusó el recurrente la aplicación indebida del art. 216 del CST, bajo el argumento según el cual, «La culpa del accidente de trabajo, es a cargo del empleador con fundamento al principio de la responsabilidad objetiva, solo le es suficiente el hecho perjudicial que se le presentó por causa u ocasión del trabajo, elementos componentes de la responsabilidad».
Lo primero que debe advertirse, es que la norma aplicable dada la condición de trabajador oficial del demandante, es el literal a) del art. 12 de la Ley 6ª de 1945, y no el del Código Sustantivo del Trabajo, pues por expresa disposición del art. 4 del CST, «Las relaciones de derecho individual del Trabajo entre la Administración Pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado, no se rigen por este Código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten».
Sobre la responsabilidad del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo, debe tenerse en cuenta lo sentado por esta corporación, en la sentencia CSJ SL 42532, 30 jul. 2014, en la que se expresó:
[…] para que se cause la indemnización ordinaria y plena de perjuicios consagrada en el lit. b), art. 12 de la Ley 6ª de 1945 (sector oficial) y en el Art. 216 CST (sector particular), debe encontrarse suficientemente comprobada la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, de modo que su establecimiento amerita, además de la demostración del daño originado en una actividad relacionada con el trabajo, la prueba de que la afectación a la integridad o salud fue consecuencia o efecto de la negligencia o culpa del empleador en el acatamiento de los deberes que le corresponden de velar por la seguridad y protección de sus trabajadores (num. 1º y 2º art. 26 Decreto 2127 de 1945)». La causalidad, es decir, la relación de causa-efecto que debe existir entre la culpa patronal y el daño, además de ser un elemento sine qua non de la responsabilidad plena y ordinaria de perjuicios del empleador, es una pauta de justicia, en la medida que, nadie está obligado a resarcir un daño sino cuando ha dado causa o contribuido a él. De allí que la culpa exclusiva de la víctima o de un tercero, y el caso fortuito y la fuerza mayor (denominados por la doctrina causas ajenas), sean considerados en el derecho común como eximentes de responsabilidad, en tanto que, con su establecimiento, el nexo causal se rompe o quiebra, ante la imposibilidad de imputar el resultado dañino a quien se afirma lo cometió por acción u omisión culposa.
De esta manera, no se incurrió en ningún error jurídico por parte del colegiado, en cuanto a la aplicación de las normas relacionadas, resultando infundado el cargo.
En cuanto al cargo planteado por la senda indirecta, de conformidad con lo normado en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969 modificatorio del 23 de la Ley 16 de 1968, para que se configure el error de hecho, es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta; y además, aquel necesariamente debe provenir de la equivocada valoración o de la falta de apreciación de alguna de las tres pruebas calificadas en casación, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial, conforme a la restricción legal contenida en el citado artículo 7 de la Ley 16 de 1969.
Sobre el tema se pronunció esta corporación en la sentencia CSJ SL10560-2017, en la que dijo lo siguiente:
El artículo 7 de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1960, establece que el error de hecho será motivo de casación laboral, siempre y cuando provenga de «falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular», hoy judicial, es decir, de pruebas que la jurisprudencia ha denominado como «calificadas». Lo que significa que, respecto de otras, no es posible realizar un estudio de fondo, a menos que se demuestre un error protuberante proveniente de alguna prueba apta en casación.
Cuando el cargo se encamina por la vía de los hechos, el censor tiene la carga de acreditar, de manera razonada, la concreta equivocación en que incurrió la colegiatura en el análisis y valoración de los medios de convicción y su incidencia en la decisión impugnada, que lo llevó a dar por probado, lo que no está demostrado, y a negarle evidencia a lo que sí lo está; yerros que surgen, se reitera, a raíz de la prueba calificada.
En ese orden, no es cualquier desacierto el que puede dar lugar a la anulación de lo resuelto por el juez de segunda instancia, en tanto, son solo aquellos errores que provienen de la lectura abiertamente equivocada de un medio probatorio, esto es, que tenga la connotación de manifiesto y abiertamente contrario a lo que objetivamente muestran las pruebas del proceso.
Entre los supuestos fácticos que quedaron sentados en las instancias, se encuentran los siguientes: (i) que Alfredo Munévar Cano y la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación y Diagnóstico «Fernando Troconis», sostuvieron un contrato de trabajo desde el 16 de diciembre de 1999 hasta el 13 de octubre de 2005; (ii) que el citado señor se desempeñaba como operario de servicios generales, ostentando la condición de trabajador oficial; y, (iii) que el trabajador sufrió un accidente de trabajo el 15 de julio de 2005.
En el sub lite, el recurrente sustentó la pregonada aplicación indebida de las normas relacionadas en la proposición jurídica, en la configuración de seis errores de hecho, frente a los cuales solo enunció la equivocada apreciación de prueba respecto de los últimos tres, por lo que tratándose de los demás no se hará pronunciamiento alguno, por adolecer de sus elementos estructurales, ya que como lo exigen los arts. 87 y 90 del CPTSS, debe mencionarse prueba erróneamente apreciada o no valorada, pues lógicamente no habría forma de confrontar la conclusión que sobre los aspectos fácticos del proceso se formó el juzgador de segundo grado, y de los cuales discrepa el censor.
En el cuarto, expresado como «d) […] No dar por demostrado, pese a estarlo. El llamado hoy comité paritario de salud ocupacional, su funciones (sic) están señaladas en la resolución 2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio de Trabajo», indicó la equivocada apreciación del documento que obran a folio 194.
Observa la sala, que aquel, que hoy corresponde al folio 191, contiene una pieza procesal, el acta de la segunda audiencia de trámite celebrada dentro del proceso el 10 de agosto de 2010, en la cual, ante la manifestación del apoderado de la parte actora, según la cual, dentro de la documentación aportada por la demandada no se encontraba la constancia de registro del Acta de Comité Paritario ante el Ministerio de la Protección Social, se ordenó oficiar nuevamente a la accionada para que remitiera dicho documento.
El Comité Paritario de Salud Ocupacional es el organismo encargado de vigilar y promocionar las normas, reglamentos y demás disposiciones que tienen que ver con la salud ocupacional y con la seguridad dentro de la empresa, tiene como principal finalidad, buscar la reducción de los riesgos que se puedan presentar durante las actividades realizadas dentro de la empresa.
Si bien para la época en que tuvo lugar el accidente de trabajo, la empleadora tenía la obligación de registrar el comité ante el Ministerio del Trabajo, conforme al literal f) del art. 21 del Decreto 1295 de 1994, lo que informa la citada pieza procesal, es que se le ofició para que remitiera la constancia del registro del comité ante la autoridad administrativa competente, pero en modo alguno, de que aquel no se hubiere constituido en términos de ley, ya que ello, aunado a las piezas procesales que obran a folios 196 y 200, lo que informan, es que la accionada al no tener dicho documento en su poder, además de oficiar al Ministerio de la Protección Social para que expidiera copia del mismo, allegó comunicaciones que demuestran que en el período 2004 - 2005, que corresponde al de la ocurrencia del infortunio laboral, sí existía aquel en la ESE, así lo dan cuenta los documentos de folios 201 a 205; por lo que no puede predicarse incumplimiento de la demandada frente a sus obligaciones especiales de brindar seguridad y salud al trabajador, contenidas en el num. 2 del art. 26 del Decreto 2127 de 1945.
Por ende, no se configuró el error de hecho planteado, a partir de la pieza procesal referida, de naturaleza calificada.
Los desaciertos enumerados como quinto y sexto, relacionados con «No dar por demostrado a pesar de estarlo. El día de la ocurrencia del accidente de trabajo el jefe de recursos humanos de la sociedad demandada, le impartió la orden al trabajador, que podara arbustos llamados «single», que el trabajador tenía que realizarlo con los implementos que tenía […]», ante la «[…]» equivocada apreciación que hizo el Tribunal del haz probatorio al decidir la apelación de la parte demandada contra la sentencia de primera instancia […]» y «[…] NO DAR POR ESTABLECIDO QUE HUBO CULPA SUFICITEMENTE (sic) DEMOSTRADA DEL EMPLEADOR EN EL ACCIDENTE LABORAL. […]», fueron sustentados en la apreciación indebida de los testimonios de Armando Rafael Bermúdez Manjárres y Edgardo Antonio Velásquez Cuellar.
En virtud de lo señalado por el artículo 7 de la Ley 16 de 1969, el testimonio no es prueba calificada para fundar un cargo.
Así las cosas, no puede predicarse la existencia de los citados errores, ni consecuencialmente, una aplicación indebida de las normas relacionadas en la proposición jurídica del cargo.
En suma, la conclusión a la que arribó el ad quem, de que en el desarrollo del proceso no se probó suficientemente, la culpa patronal en el accidente de trabajo, es inmodificable, supuesto necesario para la procedencia de la deprecada indemnización de perjuicios, conforme a la facultad de libre formación del convencimiento, prevista en el art. 61 del CPTSS, respecto a la cual, se ha pronunciado esta Corporación; en sentencia CSJ SL4032-2017, se precisó:
Igualmente, cabe advertir, que son los sentenciadores de instancia quienes establecen el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley, y de allí que el artículo 61 del C.P.T. y S.S. les haya otorgado la facultad de apreciar libremente las pruebas, lo que implica que resulte inmodificable la valoración probatoria del Tribunal, mientras ella no lo lleve a decidir contra la evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en el proceso.
No se desvirtuó entonces, la presunción de legalidad y acierto que ampara la decisión del tribunal.
Colofón de lo anterior, el cargo no está llamado a prosperar.
Sin costas en el recurso extraordinario, por no haberse presentado réplica.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta el veinticinco (25) de julio de dos mil doce (2012), en el proceso promovido por ALFREDO MUNÉVAR CANO en contra de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN Y DIAGNÓSTICO «FERNANDO TROCONIS».
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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