Ficha de la providencia
Sentencia SL2530-2018
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2530-2018
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2530-2018
Magistrado ponente: Rigoberto Echeverri Bueno
4 de julio de 2018
RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO
Magistrado ponente
SL2530-2018
Radicación n.° 51825
Acta 24
Bogotá, D. C., cuatro (04) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado del señor DAIRO DE JESÚS CASTAÑO DEL CORRAL, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 14 de febrero de 2011, dentro del proceso ordinario laboral que promovió contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES -.
ANTECEDENTES
El señor Dairo de Jesús Castaño del Corral presentó demanda ordinaria laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales, con el fin de obtener el reconocimiento de una pensión especial de vejez, en los términos establecidos en el parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, por tener un «…hijo inválido que depende económicamente de él…» Solicitó también el pago de las mesadas adicionales y los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Para fundamentar sus súplicas, señaló que estaba afiliado a la entidad demandada, en el régimen de prima media con prestación definida; que su hijo Juan Darío Castaño Cardona sufría de esquizofrenia residual, aproximadamente desde el año 1996, por lo que tenía la condición de «inválido»; que había solicitado el otorgamiento de la pensión especial, por contar con la densidad mínima de cotizaciones exigida legalmente; que la entidad demandada le había negado su petición, porque no tenía la edad mínima y no existía investigación administrativa en la que se determinara «…la dependencia económica del hijo inválido…»; que, contrario a ello, sí estaba demostrada la referida dependencia económica, por cuanto le suministraba a su hijo, de manera permanente, alimentación, servicios públicos y recreación, entre otros; y que, en esa medida, cumplía con los requisitos indispensables para obtener el reconocimiento de la prestación pedida.
La entidad convocada al proceso se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda. Admitió que el actor estaba afiliado a la institución, en el régimen de prima media con prestación definida, y que le había negado el otorgamiento de la pensión especial pedida. En torno a lo demás, expresó que no era cierto o que no le constaba. En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, imposibilidad de condena en costas, improcedencia de la indexación de las condenas, «…no se reconozcan intereses…» y prescripción.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Tramitada la primera instancia, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín profirió fallo el 2 de junio de 2009, por medio del cual absolvió a la entidad demandada de todas y cada una de las súplicas de la demanda.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través de la sentencia del 14 de febrero de 2011, confirmó la decisión emitida por el juzgador de primer grado.
Para justificar su decisión, el Tribunal hizo un recuento de las consideraciones hechas por la entidad demandada en las resoluciones nos. 26130 del 19 de enero de 2006, 47807 del 17 de julio de 2006 y 00952 del 25 de enero de 2007, por medio de las cuales dicha institución concluyó que, en este caso, no estaba acreditada la dependencia requerida legalmente para el otorgamiento de la prestación pedida, además de que ninguno de los padres se encontraba laborando. Reseñó también el registro civil de nacimiento de Juan Darío Castaño Carmona (hijo del demandante) y el dictamen de pérdida de su capacidad laboral en un 50.25%, por causas de origen común, con fecha de estructuración del 9 de junio de 2003.
Dicho ello, explicó que el parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 consagra una pensión especial de vejez, a cualquier edad, para la «…madre trabajadora cuyo hijo padezca invalidez debidamente calificada, hasta tanto permanezca en ese estado y continúe dependiendo de la madre…», siempre y cuando reúna la densidad de semanas mínima en el régimen de prima media con prestación definida, con la condición de que la prestación se suspenda si se reincorpora a la fuerza laboral. Igualmente, que la norma contempla el mismo beneficio para el padre que tenga la patria potestad del « hijo inválido».
En ese sentido, subrayó que la disposición exigía varios presupuestos para el reconocimiento de la pensión especial:
1) Que la madre (o el padre) haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez;
2) Que el hijo sufra invalidez física o mental, debidamente calificada;
3) Que la persona discapacitada sea dependiente de su madre – o de su padre, si fuere el caso;
4) Que el hijo afectado por la invalidez física o mental permanezca en esa condición – según certificación médica – y continúe como dependiente de la madre (o del padre); y
5) Que ésta (e) no se reincorpore a la fuerza laboral.
En este caso, precisó que el demandante había completado 1084 semanas, entre tiempo cotizado y no cotizado al Instituto de Seguros Sociales; que el joven Juan Darío Castaño Carmona había sido calificado con una pérdida de la capacidad laboral del 50.25%, por una esquizofrenia residual; y que la entidad demandada había negado el hecho de la dependencia del hijo hacia el padre, en la medida en que el demandante «…no se encuentra laborando en calidad de independiente…»
Frente a este último aspecto de la dependencia, reprodujo apartes de la sentencia de la Corte Constitucional C 227 de 2004 y resaltó:
Ha de entenderse, por los sujetos que contempla la norma, que iguales previsiones existen para el caso del padre y bajo una interpretación exegética el precepto plantea una hipótesis en donde un padre, que ha hecho aportes a la seguridad social durante 1000 semanas como mínimo, puede solicitar la pensión especial de vejez para que al momento de obtenerla, el ingreso económico que de allí se deriva le permita retirarse de la fuerza laboral anticipadamente, y así dedicarse a la atención de su hijo discapacitado o inválido, bajo el entendido que dicha discapacidad debe conservarse en el tiempo y que el padre no puede reintegrarse laboralmente.
En el caso que nos ocupa tenemos a un padre que ha sido trabajador por más de 20 años, quien al momento de solicitar la prestación económica en cuestión tenía reunido el requisito de semanas exigido por el legislador; no obstante lo cual se le niega por parte del Instituto el derecho pensional por no acreditar la vinculación laboral o tener la calidad de trabajador independiente; dificultad que el fallador de primera instancia encuentra superada testimonialmente, pero echa de menos la dependencia desde el punto de las necesidades de cuidado y rehabilitación del inválido.
Comparte la Sala el criterio del a-quo, por cuanto no queda duda en el sentido de que la pensión anticipada pretende el que la madre o el padre puedan dedicarse de lleno al cuidado de su hijo y así cumplir con “…el objetivo que motivó este proyecto de ley cual es dedicarse de tiempo completo a velar por las necesidades y rehabilitación de su desvalido hijo, en aras de mejorar la situación personal, familiar y social que con absoluta seguridad los aqueja.”
Pero no es esta la realidad puesta de manifiesto en el sub lite, por cuando de las declaraciones arrimadas al plenario se advierte que la cónyuge del actor se ocupa como ama de casa, toda vez que no labora; luego no tendría sentido el reconocimiento anticipado de la pensión de vejez, si a quien se le otorgará no es la persona que se va a ocupar de brindarle al invalido (sic) el acompañamiento, los cuidados, la atención requeridas para intentar su rehabilitación o al menos mejorar su calidad de vida. En una palabra, no se alcanzó a acreditar que fuera el señor Castaño del Corral quien se dedica a velar por su hijo tal como lo establece la norma, pues no en vano consagra que si la madre del inválido ha fallecido y la patria potestad de este la tiene el padre, los beneficios de pensionarse con anticipación, se trasladan a su progenitor, precisamente en el entendido de que no se cuenta con otra persona capaz de prodigarle en igual forma los cuidados que aquel requiere.
Así las cosas y sin que se requieran consideraciones adicionales, procederá esta corporación a confirmar la decisión de primera instancia, revisada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
RECURSO DE CASACIÓN
Fue interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverlo.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida y que, en sede de instancia, revoque la decisión emitida por el juzgador de primer grado y le otorgue prosperidad a las pretensiones de la demanda.
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación laboral, que fue oportunamente replicado y que pasa a ser examinado por la Sala.
CARGO ÚNICO
Se enuncia de la siguiente forma:
Por la causal primera de casación laboral acuso la sentencia impugnada de violar por interpretación errónea el artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003; en relación con los artículos 1, 18 y 19, del Código Sustantivo del Trabajo; el 13, 42, 44, 47, 49 y 53 de la Constitución Política.
En desarrollo de la acusación, el censor advierte que, teniendo en cuenta la naturaleza de su acusación, no discute las conclusiones fácticas del Tribunal, como que el demandante tenía la densidad de semanas mínima para obtener una pensión de vejez y que tenía un «hijo inválido», en condiciones de dependencia económica, que estaba bajo los cuidados de su cónyuge.
En ese sentido, precisa que su inconformidad está centrada en el entendimiento que le dio el Tribunal a la dependencia exigida legalmente para acceder al reconocimiento de la prestación pedida, pues mientras la norma exige que la persona «…continúe como dependiente…», el fallador de segundo grado «…da por entendido que la sola dependencia económica no es suficiente porque debe demostrarse además que el pensionado es la persona que ha venido prodigando sus cuidados al hijo inválido…»
Alega que dicha intelección es abiertamente equivocada, porque carece de toda lógica exigir que la persona que va a recibir la pensión especial sea, al mismo tiempo, la que ha venido prodigando cuidados a su «hijo inválido», pues por haber estado afiliado al sistema de pensiones, necesariamente ha tenido que estar separado del hogar, «…y lo que se pretende con el reconocimiento de la pensión especial sin exigirle el cumplimiento de la edad, es precisamente permitirle que deje de trabajar anticipadamente y se dedique al cuidado de su hijo. Si el afiliado ha tenido la posibilidad de estar permanentemente con su hijo no sería necesaria la pensión.»
Señala que la intención de la norma es concederle al padre o madre afiliado al sistema de pensiones la posibilidad de dejar de trabajar y gozar anticipadamente de la pensión de vejez para, de dicha forma, mantener un sustento económico y, al mismo tiempo, poderse dedicar al cuidado pleno de su hijo en condiciones de discapacidad. Asimismo, que la dependencia económica rechazada por el Tribunal es la que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, constituye el soporte de la pensión, pues no es suficiente la simple dependencia sicológica o afectiva, «…del inválido de contar con la presencia, el cariño y acompañamiento de su progenitor, sino que es necesario que EXISTA DEPENDENCIA ECONÓMICA ENTRE QUIEN SUFRE LA DISCAPACIDAD Y EL AFILIADO AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES QUE ASPIRA A LA PRESTACIÓN ESPECIAL.»
Expone, en tal sentido, que el Tribunal pasó por alto la sentencia de la Corte Constitucional C 227 de 2004, en la que se dejó claro que el requisito para obtener la pensión especial de vejez es la «…dependencia de carácter económico…», de manera que erró en la interpretación de la norma, «…al concluir que el beneficio de la pensión especial es únicamente para la persona que cuida y acompaña al inválido y que es esencial que la persona que solicita el reconocimiento anticipado de la pensión de vejez sea la misma que se encarga del acompañamiento, los cuidados y la atención al inválido…»
Finalmente, aduce que la posición del Tribunal:
[…] contradice la finalidad de la preceptiva expresada por la Corte mediante sentencias de constitucionalidad, que es la de facilitarle a la madre o padre que trabaja o que le proporciona el sustento económico al hijo inválido la posibilidad de pensionarse con un mínimo de semanas exigidas sin importar su edad, precisamente para que a futuro y sin que tenga qué trabajar para obtener su sustento y el de los suyos por tener el mínimo vital asegurado a través de la pensión, pueda dedicar su tiempo al cuidado personal del hijo inválido, a fin de compensar con ese cuidado personal las limitaciones que tiene e impulsarlo en su proceso de rehabilitación o para ayudarlo a sobrevivir de una forma digna.
En conclusión, cuando el Tribunal exige una dependencia diferente a la económica está sin duda efectuando una interpretación errónea, pues está exigiendo un requisito adicional a los legalmente exigidos para la prestación que es objeto de discusión en este proceso, cuales son: haber cotizado las semanas requeridas para tener derecho a la pensión, que la discapacidad mental o física haya sido debidamente calificada y la dependencia económica entre quien sufre dicha discapacidad y el afiliado. Los tres se encuentran satisfechos tal como el propio tribunal lo reconoce.
RÉPLICA
Sostiene que el Tribunal no incurrió en la interpretación errónea del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 que denuncia la censura, pues en dicha norma, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se exige que el hijo afectado de invalidez permanezca en ese estado y «…durante el tiempo de invalidez dependa física, sicológica y económicamente del padre o la madre.»
Indica también que, en este caso, no se logró demostrar que el «hijo inválido» dependía del cuidado personal de su padre y que el propósito de la pensión anticipada fuera dedicarse «…de manera exclusiva a cubrir las insuficiencias de su hijo…», pues, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la dependencia no puede limitarse al aspecto económico.
Finalmente, afirma que «…el dependiente tiene manejo propio autónomo, que crea duda sobre la necesidad de asistencia total y permanente del aspirante a la pensión…», además de que la decisión del Tribunal está soportada en aspectos probatorios, de manera que el cargo debió ser dirigido por la vía indirecta.
CONSIDERACIONES
Desde el punto de vista jurídico, por el que se orienta la acusación, el Tribunal analizó los componentes esenciales del parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que consagra la pensión especial suplicada en el proceso. Asimismo, específicamente en torno al presupuesto de la dependencia, coincidió con las reflexiones del juzgador de primer grado, en cuanto la misma «…no solo es de tipo económico, sino moral…», de manera que el aspirante a la pensión debe demostrar una dependencia de su hijo, «…desde el punto de vista de las necesidades de cuidado y rehabilitación…», ya que no tendría sentido «…el reconocimiento anticipado de la pensión de vejez, si a quien se le otorgará no es la persona que se va a ocupar de brindarle al invalido (sic) el acompañamiento, los cuidados, la atención requeridas para intentar su rehabilitación o al menos mejorar su calidad de vida.»
La decisión también estuvo ambientada por conclusiones fácticas precisas, tales como la pérdida de la capacidad laboral del hijo del demandante, en un porcentaje superior al 50%, y que su madre (esposa del actor) era quien se ocupa de su cuidado personal y acompañamiento permanente.
Por su parte, por la naturaleza de su acusación, la censura no discute los supuestos fácticos en los que se basó el Tribunal y admite expresamente que el «hijo inválido» dependía económicamente de su padre - demandante, pero estaba bajo los cuidados de su madre. En tal sentido, se enfoca en la interpretación de la norma y arguye, en lo fundamental, que la dependencia allí requerida solo puede ser de tipo económico. Lo anterior permite advertir, en primer lugar, que a la oposición no le asiste razón al señalar que el cargo debió dirigirse por la vía indirecta, pues el reproche del censor es claramente jurídico.
Ahora bien, los supuestos tratados por el recurrente ya han sido analizados por esta sala de la Corte en su jurisprudencia, que, en esencia, ha concluido que el parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, exige como presupuesto para el reconocimiento de la pensión especial pedida en el proceso un grado determinado de dependencia, que no puede traducirse en una mera dependencia económica, como se reivindica en el cargo, sino que es «…de la esencia del precepto que los padres potencialmente beneficiarios de la pensión especial tengan a su cargo el cuidado personal del descendiente y lo ejerzan en mayor o menor medida.»
Recientemente, en la sentencia CSJ SL1790-2018 se explicó ampliamente al respecto:
La controversia jurídica del sub lite gira en torno a determinar si con arreglo al inciso 2º del parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, la pensión de vejez especial consagrada en dicha norma, procede en favor del padre o madre trabajadora cuyo hijo esté afectado por invalidez física o mental, que depende económicamente de él, pero de cuyo cuidado personal se encarga de manera primordial el otro progenitor.
El texto de la norma acusada es del siguiente tenor:
La madre trabajadora cuyo hijo (menor de 18 años) padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas en este artículo.
Se ha de precisar que ese beneficio especial que inicialmente fue concebido en favor de las madres con hijos afectados por una situación de invalidez física o mental que dependieran económicamente de ella, se hizo extensivo a los padres en similitud de circunstancias, en virtud de sentencia de la Corte Constitucional CC C-989 de 2006.
De conformidad con el precepto consagratorio del derecho, para su causación se han de cumplir las siguientes condiciones:
que la madre, o el padre, haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos, el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez;
que el hijo sufra una invalidez física o mental, debidamente calificada;
que la persona discapacitada sea dependiente de su madre o de su padre, según fuere el caso.
A su vez, la disposición establece como condición de permanencia dentro de este régimen especial de pensión de vejez:
que el hijo permanezca en esa doble condición: afectado por la invalidez y dependiente de la madre o el padre, y
que el progenitor no se reincorpore a la fuerza laboral.
La finalidad de la prestación especial en comento, es proveer al padre o madre trabajador (a) – (en los términos de la sentencia CSJ SL 6 nov. 2013, rad. 40517) - con hijos afectados por una situación de invalidez, física o mental, que dependan de ellos, el ingreso que les permita retirarse anticipadamente de la fuerza laboral, a fin de que puedan dedicar su actividad a la atención y cuidado de estas personas colocadas en situación de debilidad manifiesta, para facilitar su rehabilitación y desarrollo dentro del marco de una vida digna.
En sentencia de instancia CSJ SL, 12 nov. 2004, rad. 40517, dijo la Corte:
(La pensión especial en comento) crea la posibilidad de que el responsable familiarmente (madre o padre trabajador(a) tenga la oportunidad de brindar los cuidados al incapacitado, en el hogar, y pueda llevar a cabo esta actividad sin perjuicio de una remuneración que beneficie no solo al hijo que no puede valerse por sí mismo y recibe su sustento por cuenta de su cuidador, sino al progenitor que proporciona los servicios de cuidado. Para que de esta manera, la madre, o el padre, pueda conciliar su necesidad de trabajar para obtener su sustento y el de su hijo, con la responsabilidad de cuidado a favor del dependiente discapacitado en el hogar.
De la lectura atenta de la norma se infiere, que la motivación del legislador para eximir al padre o a la madre del requisito de la edad para efectos del disfrute de la pensión de vejez, es que se pueda dedicar al descendiente afectado por una situación de invalidez quien requiere de la atención y cuidado por parte del progenitor del que deriva su sustento, en un grado que no le permite a éste el ejercicio de una actividad laboral distinta, lo que justifica la intervención de la seguridad social para asegurar el ingreso indispensable para la subsistencia familiar.
De allí que el precepto estipule que el beneficio se suspende si el padre o la madre trabajador (a) se reincorpora a la fuerza laboral, lo cual es un síntoma de que el descendiente ya no reclama de él o ella, esa atención prioritaria, o cuando ya no exista la condición de invalidez, es decir, desaparece la situación que justifica la presencia de la prestación de la seguridad social.
En ese orden de ideas, resulta medular en la configuración del derecho pensional especial, el grado o intensidad del requerimiento de cuidado personal del hijo afectado por el estado de incapacidad, respecto del progenitor que hace incompatible el cumplimiento de esa obligación con el desarrollo de una actividad económica remunerada, lo cual debe ser acreditado en cada caso y analizado por el juez.
Es de la esencia del precepto que los padres potencialmente beneficiarios de la pensión especial tengan a su cargo el cuidado personal del descendiente y lo ejerzan en mayor o menor medida. Eso no admite discusión alguna, pues en los eventos en que el padre o madre del hijo afectado por un estado de minusvalía estén privados del cuidado y tenencia personal por inhabilidad física o moral, por decisión judicial, o por cualquier otra razón, no tendrían vocación para acceder a esa prestación especial, por no tener jurídica o materialmente la posibilidad así quisieran, de dedicarse al cuidado personal del hijo, aunque ellos cumplieran el requisito de la dependencia económica por haber honrado sus obligaciones alimentarias o pecuniarias de todo orden.
Una interpretación razonable de la norma, indica entonces, que no basta el sólo cumplimiento cabal del requisito de dependencia económica con el alcance señalado en la sentencia CSJ SL17898-2016, para que proceda el derecho pensional deprecado.
En los anteriores términos, se reitera la sentencia CSJ SL12931-2017.
En el sub lite, no admite discusión dada la orientación jurídica de los ataques que la esposa del asegurado es ama de casa y «se dedica al cuidado personal de la hija discapacitada». Esto significa que en principio, los requerimientos razonables de cuidado personal de la descendiente en estado de invalidez están satisfechos por la presencia permanente de la madre, pues como lo asentó esta Corporación en sentencia CSJ SL17898-2016, ya citada, «la pensión especial propende porque uno de ellos (padres) pueda dedicarse al cuidado de su descendiente inválido, sin perjuicio del ingreso económico indispensable para la supervivencia no solo del discapacitado sino de su padre o madre según el caso».
Por lo demás, no demostró el actor ante el tribunal de casación y a través de la vía idónea, que por circunstancias especiales de la hija, o de la madre que ejerce en forma preponderante la labor de cuidadora en este caso, las necesidades de cuidado personal impliquen que sea menester su retiro de la fuerza laboral y la intervención de la seguridad social mediante el reconocimiento de la pensión especial de vejez.
Finalmente, no se trata aquí de que se estén avalando criterios sobre roles de género o estereotipos en desmedro de la mujer, pues es la pareja la que libremente decide cuál de sus integrantes asume de manera preponderante el cuidado del hijo en situación de invalidez, y en correspondencia con esa decisión, se dirime en cada caso particular el derecho cuando se cumplan todas las exigencias de ley. (Resalta la Sala).
Así las cosas, al no mediar discusión en torno a que quien se ocupa del cuidado personal y acompañamiento permanente de Juan Darío Castaño Carmona es su madre y no el demandante, el Tribunal no incurrió en los errores jurídicos denunciados por la censura, pues, se reitera, la dependencia exigida por la norma no es solamente de tipo económico, sino que el potencial beneficiario de la pensión debe tener a su cargo «…el cuidado personal del descendiente…», que debe ejercer «…en mayor o menor medida.»
Lo anterior basta para concluir que el cargo es infundado.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan las agencias en derecho en la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($3.750.000.oo M/CTE), que se incluirá en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 14 de febrero de 2011, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por DAIRO DE JESÚS CASTAÑO DEL CORRAL contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES -.
Costas como se dijo en la parte motiva.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
FERNANDO CASTILLO CADENA
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO
LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
SALVAMENTO DE VOTO
Demandante: Dairo de Jesús Castaño del Corral
Demandado: Instituto de Seguros Sociales, hoy
Colpensiones
Radicación: 51825
Magistrado Ponente: Rigoberto Echeverri Bueno
Tal como lo expuse en la sesión en la que se debatió el asunto, respetuosamente me aparto de decisión, incluida la motivación esgrimida. Me refiero, en particular, a los siguientes argumentos que utilizó la Sala para negar la prestación deprecada:
El parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, exige como presupuesto para el reconocimiento de la pensión especial pedida en el proceso un grado determinado de dependencia, que no puede traducirse en una mera dependencia económica, como se reivindica en el cargo, sino que es «…de la esencia del precepto que los padres potencialmente beneficiarios de la pensión especial tengan a su cargo el cuidado personal del descendiente y lo ejerzan en mayor o menor medida»
Mi discrepancia radica en el alcance restrictivo que la Corte le dio a la norma que consagra los requisitos exigidos para el otorgamiento de la pensión especial de vejez, el cual es contrario a los fines que persigue.
En efecto, la exigencia relacionada con el grado de intensidad o del cuidado de la madre o del padre respecto de su hijo inválido, no se incluyó en la norma que establece la prestación en mención, pues en ninguno de sus apartes se refirió en sentido estricto a ese asunto. Por lo tanto, no es procedente verificar tal situación a efectos de reconocerla.
Además, la Corte Constitucional en la sentencia C-227-2004, al declarar exequible el aparte del inciso 2.º del parágrafo 4.º del artículo 9.º de la Ley 797 de 2003, referente a la necesidad de demostrar la dependencia del hijo invalido respecto del padre o de la madre que pretenda el reconocimiento de la pensión especial, lo hizo en el entendido de que tal subordinación es simple y llanamente de carácter económico.
Asimismo, en la sentencia CSJ SL17898-2016 se dejó claro que la dependencia económica a que alude la disposición que consagra el derecho no tiene que ser «exclusiva» y se precisó que tal requisito debe observarse en los términos que se consagra la obligación de la manutención de los hijos, menores o incapacitados, que se encuentra a cargo de ambos progenitores.
En esa dirección, la Sala no solo incorporó un requerimiento que no contempla el parágrafo 4.º del artículo 9.º de la Ley 797 de 2003, además, fijó la regla según la cual el trabajo de cuidado tiene que ser exclusivo de solo uno de los ascendientes, con lo cual desconoció el sentido literal de la norma, el precedente constitucional y el propio.
Pues bien, el hecho que se haya afirmado en la providencia CSJ SL17898-2016 que la «pensión especial propende porque uno de ellos pueda dedicarse al cuidado de su descendiente inválido, sin perjuicio del ingreso económico indispensable para la supervivencia no solo del discapacitado sino de su padre o madre según el caso», fue en el sentido que la prestación se concede a uno solo de los padres, pero ello no equivale a decir que la prestación se reconoce solo si uno de ellos se dedica de manera exclusiva al cuidado de su hijo.
Precisamente, con esa decisión la Corte reiteró y asentó, que ambos progenitores están llamados al cuidado de los hijos en condición de discapacidad. De hecho, se indicó categóricamente que en relación con el reconocimiento de la pensión especial de vejez, «en esencia, no puede avalarse una interpretación restrictiva del precepto», en razón de la naturaleza supralegal del derecho que resguarda en favor de las personas, que por encontrarse en situación de debilidad manifiesta, exigen una mayor protección.
Así las cosas, es contradictorio exigir esa doble dependencia –económica y de acompañamiento- al padre o a la madre para la prestación especial, por cuanto ambos están en la obligación de responder económicamente por sus hijos –menores o inválidos-, lo que necesariamente implica el desenvolvimiento del rol de trabajador que, en cualquiera de sus formas, impide el cuidado exclusivo de sus descendientes en situación de discapacidad.
Por otra parte, considero que no se debe desconocer la complejidad del trabajo de cuidado y el rol que en ese campo deben tener tanto el hombre como la mujer, de modo que, así como la dependencia económica no tiene que ser exclusiva, tampoco la atención que corresponde a ellos debe serlo.
En síntesis, considero que la Sala debió reconocer la pensión especial de vejez porque el actor reunió los requisitos para ello, toda vez que el hecho de que su cónyuge colaborara con el cuidado de su hijo inválido no constituye razón para negar la prestación.
Dejó así expuestas las razones de mi salvamento de voto.
Fecha ut supra.
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada
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