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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2532-2019

Fecha
5 de febrero de 2019
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2532-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013), por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C, dentro del proceso ordinario laboral seguido por FAUSTINO GONZÁLEZ GARCÍA en contra de la sociedad CÉMEX COLOMBIA S.A. En sede de instancia, la Sala, resuelve: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá el 21 de julio de 2011. SEGUNDO: CONDENAR a la sociedad CEMEX COLOMBIA S.A. el reconocimiento y pago a favor del demandante FAUSTINO GONZÁLEZ GARCÍA de una pensión de jubilación en los términos consagrados en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, a partir del 29 de marzo de 2007 en cuantía de $552.959,45, la cual deberá reajustarse anualmente conforme la ley; de acuerdo con la parte motiva de esta providencia. TERCERO: CONDENAR a la sociedad CEMEX COLOMBIA S.A. el reconocimiento y pago a favor del demandante FAUSTINO GONZÁLEZ GARCÍA de las mesadas pensionales causadas a partir del 29 de marzo de 2007, incluidas las adicionales de junio y diciembre de cada anualidad, lo que al 28 de febrero de 2019 asciende a la suma de $118.190.941,21. CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la sociedad demandada. Costas como quedó dicho en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2532-2019

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

5 de febrero de 2019

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL2532-2019

Radicación n.° 62181

Acta 03

Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por FAUSTINO GONZÁLEZ GARCÍA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 31 de enero de 2013, dentro del proceso adelantado por él, en contra de la sociedad CEMEX COLOMBIA S.A.

ANTECEDENTES

Faustino González García presentó demanda en contra de Cemex Colombia S.A., con el fin de que declarara que entre las partes existió una relación de trabajo entre el 8 de junio de 1964 y el 16 de febrero de 1976, que finalizó sin justa causa por parte del empleador, por lo que le asiste el derecho a percibir una pensión de jubilación en los términos del artículo 8 de la Ley 171 de 1961 desde el 29 de marzo de 2008 cuando cumplió los 60 años de edad, indexando su primera mesada pensional.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se condenara a la sociedad demandada al pago retroactivo de las mesadas causadas desde la exigibilidad del derecho en la fecha citada, las mesadas adicionales de junio y diciembre durante aquel período y la corrección monetaria correspondiente.

Como fundamento de sus peticiones, señaló que se vinculó con la compañía Cementos Diamante S.A., hoy Cemex Colombia S.A., desde el 8 de junio de 1964 hasta el 16 de febrero de 1976, fecha en la que fue despedido sin justa causa, siendo su último salario el de $5.850 y sin que hubiera sido afiliado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones ni le fuera cancelada la indemnización correspondiente. Afirmó que en respuesta al derecho de petición que elevó personalmente a la empresa, los días 14 de julio y 25 de agosto de 2005 le fue informado, entre otras cosas, que su contrato finalizó por justa causa, sin explicación de las razones o causales legales para ello.

Explicó que cuenta con más de 60 años de edad comoquiera que nació el 28 de marzo de 1948 y que ante sus reclamaciones, la empresa ha sido reticente en reconocer la pensión prevista en el artículo 8 de la Ley 171 de 1961 aduciendo que el tiempo de servicios fue insuficiente y que la forma de terminación del contrato no permite el reconocimiento de pensión alguna a su favor dado que finalizó por justa causa.

La sociedad Cemex Colombia S.A. dio respuesta a la demanda presentando oposición a lo solicitado. Aceptó la existencia de una relación laboral entre las partes a través de un «contrato ocasional a término fijo», sus extremos temporales, el último salario devengado y el tránsito del empleador Cementos Diamante S.A. a la sociedad demandada. Aclaró que el contrato no sólo terminó por causa legal sino que nunca existió reclamación alguna por parte del demandante por la forma de finalización, de modo que no existe a su favor ningún derecho pensional, del cual, además, no podría reconocerse una eventual indexación de primera mesada pensional dado que se hubiera causado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.

Insistió en que ninguna prueba existe de que hubiera sido desvinculado por una justa causa dado que de los documentos en su poder se extraen los pagos de salarios y demás derechos del demandante por depósito de prestaciones sociales hecho ante la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y sostuvo que no existía la obligación a la empresa de afiliar al demandante al Sistema de Seguridad Social en Pensiones dado que el municipio en el que prestaba sus servicios (Apulo-Cundinamarca) sólo contó con cobertura del Instituto de Seguros Sociales para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Formuló las excepciones de pago, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá profirió fallo el 21 de julio de 2011, por medio del cual resolvió absolver a la sociedad demandada. Fundó su fallo en que el demandante no logró acreditar el hecho del despido, siendo ello su carga probatoria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Tras apelación de la parte demandante, conoció del asunto la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que en sentencia del 31 de enero de 2013, confirmó la decisión apelada.

Como sustento del fallo, comenzó por aclarar que estaba probada la relación de trabajo entre el 8 de junio de 1964 y el 16 de febrero de 1976. Acto seguido, aclaró que no existía prueba «siquiera sumaria» que permitiera establecer que el fenecimiento del nexo contractual lo fue sin justa causa por parte del empleador sin perjuicio de la comunicación remitida por éste al demandante en la que informaba que el contrato de trabajo que los vinculó «terminó por una justa causa», al tiempo que precisó que en la copia de la liquidación definitiva de prestaciones legales, no se hizo mención alguna a la finalización del contrato por lo que coligió que la terminación se encontraba cobijada por un halo de legalidad.

Sostuvo que era obligación de cada uno de los sujetos de la relación procesal ejercer la carga probatoria que les correspondía, de manera que pudieran encontrar sustento las tesis esgrimidas por las partes. De allí concluyó que el demandante tuvo una actitud pasiva frente al cumplimiento de la carga de probar durante las instancias lo que afirmó en la demanda y por ende, no podrían salir avante las pretensiones incoadas.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la providencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque la sentencia de primer grado y acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formuló un cargo por la causal primera de casación, por la vía indirecta, el cual tras haber sido replicado, pasa a ser examinado por la Corte.

CARGO ÚNICO

Acusó la sentencia recurrida de violar la ley sustancial, por la vía indirecta,

[…] por la apreciación errónea de la prueba demostrativa del despido de que fue víctima el trabajador accionante por parte de su empleadora, respecto de los artículos artículo (sic) 6º del Decreto 2351 de 1965, que modificara el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y el cual tuvo vigencia hasta el 28 de diciembre de 1990 y aplicación durante el desarrollo del contrato que nos ocupa, artículo 7º del Decreto 2451 de 1965, artículos 63, 63, 65, 66 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 51, 52, 54A, y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, artículo 177, 251 a 254 del C.P.C., y 8 de la Ley 171 de 1961.

Como errores protuberantes de hecho, describió:

1. No tener por demostrado, a pesar de estarlo, que el contrato de trabajo existente entre FAUSTINO GONZÁLEZ GARCÍA y la empresa CEMENTOS DIAMANTE S.A. (hoy CEMEX COLOMBIA S.A.) finalizó por DESPIDO SIN JUSTA CAUSA ordenado por la empleadora.

2. No tener por demostrado, a pesar de estarlo, que el contrato de trabajo suscrito entre las partes finalizó por decisión unilateral del empleador.

3. Dar por establecido, a pesar de no estarlo, que no existe prueba siquiera sumaria que permita establecer que el fenecimiento del nexo laboral, fue sin justa causa por parte del empleador.

Como pruebas mal apreciadas, enlistó la comunicación del 2 de septiembre de 2004 por parte de la empresa demandada y la copia de la liquidación definitiva de prestaciones sociales aportada con el escrito de demanda.

En desarrollo del cargo, sostuvo que el Tribunal se equivocó al no tener por demostrado que a través de la certificación del empleador en la fecha citada, éste admitía de forma «implícita» la existencia del contrato y su ruptura unilateral que consistió en un despido, dado que señaló haber fenecido el vínculo «por justa causa» lo que lo obligaba a demostrar cuál de las causales legales había aplicado en contra del demandante y al no hacerlo, el despido debía tenerse como injusto y con ello, acceder a las pretensiones de la demanda. Finalizó indicando que no tiene ninguna relevancia que en el documento de liquidación de prestaciones sociales no se indicara la causal de terminación del contrato dado que el mismo empleador admitió la existencia de una justa causa, lo que no podía ser algo diferente a las causales previstas en el artículo 62º del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965.

RÉPLICA

La oposición indicó que el cargo adolece de graves errores de técnica, los que resumió en que el casacionista no identificó la modalidad en la cual se vulneró la ley sustancial por la vía directa; realizó una mixtura de cuestiones fácticas y jurídicas; incluyó normas procesales en la proposición jurídica; y que, en todo caso, el Tribunal no concluyó de los documentos enlistados, algo diferente a lo que dimanaba de éstos.

Sobre el fondo de la acusación insistió en que el recurrente parte de la premisa equivocada consistente en que el despido es lo mismo que la terminación del contrato por causa legal y lo que verdaderamente quedó demostrado es que el contrato finalizó por ésta y no por aquel, a pesar de lo que dice el documento esgrimido por la censura. Con todo, hizo énfasis en que el largo paso del tiempo desde la fecha de terminación hace difícil la consecución de pruebas documentales, de lo que se aprovecha el demandante pasando por alto que no está demostrado un despido y por ende, no se pudo equivocar el Tribunal.

CONSIDERACIONES

Comienza la Sala por aclarar que no le asiste razón a la oposición cuando critica el cargo formulado por la censura por contener, presuntamente, errores de técnica. Ello, por cuanto la acusación se funda en la crítica al Tribunal respecto de la valoración de un elemento de prueba y sus consecuencias jurídicas, lo que permite conducirse por la vía indirecta que fue la escogida por el recurrente. En igual sentido, la exposición de argumentos de cariz jurídico verdaderamente sólo corresponden a la mención obvia de las consecuencias legales del análisis de una prueba documental y, por último, el cargo cuenta con una proposición jurídica que, aunque confusa, contiene las normas mínimas para habilitar el estudio de la Sala.

En claro lo anterior, el problema jurídico que se propone resolver la Corte consiste en establecer si el Tribunal se equivocó al no encontrar procedente la aplicación del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 en favor del actor, por no hallar comprobado el despido injusto del mismo como requisito para acceder a la pensión de jubilación allí prevista.

El estudio de la Corporación parte por reconocer como hecho sin discusión en la sede extraordinaria, que el actor estuvo atado a un contrato de trabajo con la sociedad Cementos Diamante S.A., hoy Cemex Colombia S.A., desde el 8 de junio de 1964 hasta el 16 de febrero de 1976, el cual se desarrolló en el municipio de Apulo (Cundinamarca), que para dicha fecha no contaba con cobertura del Instituto de los Seguros Sociales para asumir las obligaciones legales respecto del riesgo de vejez.

Ahora bien, sabido es que el artículo 8 de la Ley 171 de 1961 consagra una prestación pensional que exige para su causación, principalmente, el despido sin justa causa del trabajador al servicio de la empresa después de haber laborado para la misma o para sus sucursales o subsidiarias, durante más de 10 años y menos de 15 años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de dicha ley; la cual estará a cargo del empleador y deberá pagarse a partir del cumplimiento de los 60 años de edad del trabajador, salvo que el despido injusto ocurriere con posterioridad a 15 años de servicios, caso en el cual se deberá pagar cuando el trabajador cumpla los 50. Si el retiro acaece voluntariamente después de igual tiempo, esto es, 15 años continuos o discontinuos, la pensión se pagará sólo a partir del cumplimiento de 60 años de edad por parte del trabajador.

Resulta evidente de la normativa en cita que, además de un tiempo mínimo de servicio, el acceso a la pensión sólo ocurre en virtud de la existencia de una terminación injusta a instancias del empleador o un retiro voluntario, al tiempo que la edad del trabajador beneficiario de la prestación constituye únicamente un requisito de exigibilidad del derecho, como ya lo ha aclarado la Sala en diversos pronunciamientos, entre otros, en las sentencias CSJ SL1149-2018, CSJ SL960-2018, CSJ SL580-2018, CSJ SL723-2018, CSJ SL885-2018, CSJ SL49625-2017, CSJ SL21920-2017, CSJ SL2831-2017, CSJ SL18049-2016, CSJ SL1237-2016, CSJ SL17431-2017 y CSJ SL773-2013.

En el anterior orden de ideas, resulta claro para la Sala que el demandante prestó sus servicios a la sociedad convocada a juicio por un tiempo que fue superior a 10 años e inferior a 15, en concreto, durante 11 años, 8 meses y 9 días. Luego, para acceder al beneficio pensional como fue pretendido, tenía la carga probatoria de acreditar exclusivamente un despido sin justa causa, lo que, en criterio del ad quem no hizo, dado que de lo vertido en el plenario no se arribaba a dicha convicción. Para ello, el Tribunal se limitó a informar que en el certificado expedido por el empleador el 2 de septiembre de 2004 éste afirmó que el contrato feneció por una justa causa y que de la copia de la liquidación definitiva de prestaciones sociales en tanto «[…] no se menciona la causa del fenecimiento del contrato», es dable entender que existe un «manto de legalidad» sobre la finalización del contrato de trabajo.

La Corte encuentra equivocado el raciocinio del Tribunal. Primero, porque la manifestación realizada por el mismo empleador ante la reclamación pensional del demandante no puede constituir la demostración de la justeza del despido en tanto no le está permitido a las partes fabricar sus propias pruebas, y luego, porque lo que verdaderamente demuestra aquel documento, es que sí existió una terminación unilateral del contrato a instancias del empleador, por lo que era deber del empresario demostrar que había acaecido como consecuencia de la existencia de una justa causa o una causa legal.

En efecto, la manifestación desprovista de cualquier otro elemento de juicio que hace la sociedad demandada acerca de la terminación por justa causa del contrato de trabajo, no constituye por sí misma la prueba de lo dicho, dado que debía demostrar, si así fuere, las condiciones de modo, tiempo y lugar en que el demandante incurrió en alguna de las exclusivas y excluyentes justas causas legales para la terminación del contrato de trabajo. Lo contrario equivaldría a permitir que alguno de los extremos en litigio pudiera crear –más de tres décadas después y ante una reclamación- la prueba que lo exonerare del cumplimiento de una obligación legal, precisamente, como aquella prevista en el artículo 8 de la Ley 171 de 1961, sobre lo que ya se ha pronunciado esta Corporación con anterioridad en sentencias CSJ SL4910-2018; CSJ SL5584-2018; CSJ SL954-2018; CSJ SL5090-2018; CSJ SL5219-2018; CSJ SL15058-2017; CSJ SL18465-2017; CSJ SL, 15 julio 2008, radicación 31637; CSJ SL, 21 febrero 2006, radicado 25172 y CSJ SL, 4 septiembre 2002, radicación 16168.

A su turno, de la liquidación del auxilio de cesantías realizada por el empleador a favor del actor el 18 febrero de 1976, sólo puede concluirse que ingresó al servicio el 8 de junio de 1964 y finalizó su servicio el 16 de febrero de 1976, de forma que la ausencia de indicación de la manera de terminación del contrato, contrario a lo dicho por el Tribunal, no demuestra que hubiera estado cobijado bajo un «manto de legalidad» en la medida que no es posible probar un hecho a partir de una ausencia, salvo que fuera del caso aplicar una presunción legal, lo cual no tiene ocurrencia en el sub lite.

Luego, el raciocinio del Tribunal que impuso al demandante la obligación de haber demostrado que su despido fue injusto resultó equivocado en la medida en que la justeza o legalidad de la desvinculación tuvo que darse a instancias del empresario, el cual reconoció su incapacidad probatoria responsabilizando de ello al prolongado paso del tiempo entre la finalización del contrato y la reclamación, así como a la existencia de un empleador que societariamente fue originalmente distinto a aquel llamado a responder por la pretensión pensional.

Ninguna de aquellas razones tiene el efecto de desdibujar el derecho del demandante que le bastó con demostrar la existencia de un tiempo de servicio mínimo para acceder a una prestación periódica de origen legal y la finalización del vínculo contractual en hipótesis ajena a su propia voluntad. Al efecto cabe recordar que ya tiene dicho de tiempo atrás la Sala que cuando el trabajador termina unilateralmente el contrato con justa causa le corresponde demostrar que la decisión de renunciar obedeció a motivos imputables al empleador, y de la misma forma, cuando el empleador rompe el vínculo contractual en forma unilateral, invocando justas causas para esa decisión, el trabajador sólo tiene que comprobar el hecho del despido y la empresa las razones o motivos por ésta señalados (CSJ SL16561-2017, CSJ SL12499-2017, CSJ SL15927-2017, CSJ SL16281-2017, CSJ SL16373-2017, CSJ SL14877-2016, CSJ SL14877-2016, CSJ SL, 22 abril 1993 radicado 5272, reiterada en sentencia CSJ SL, 9 agosto 2011, radicado 41490 y CSJ SL18344-2016).

En este sentido, se reitera, si la sociedad demandada fundó su defensa en considerar que la terminación del contrato de trabajo del demandante tuvo una justa causa o una causa legal, debió acreditarlo en juicio, muy a pesar de que el inexorable paso del tiempo pudiere surtir un efecto negativo en la capacidad probatoria que debía desplegar para cumplir con su carga procesal. Al efecto vale recordar que el artículo 264 del Código Sustantivo del Trabajo impone la obligación al empleador obligado al pago de una pensión de jubilación, la conservación de los archivos de los datos que permitan establecer el tiempo de servicio y los salario devengados, lo que para el sub lite puede entenderse, además, como la necesidad de acreditar los elementos constitutivos del derecho pensional como lo constituye efectivamente la forma de terminación.

Debe destacar la Sala que en ninguna parte del expediente, aún por fuera de las pruebas denunciadas como mal apreciadas por la censura, es visible probanza alguna de la manera en que finalizó el contrato de trabajo, pero sí que éste estuvo vigente hasta el 16 de febrero de 1976. De igual forma, la insistencia de la pasiva en aducir que el contrato finalizó con una justa causa o, en todo caso, por una causa legal, se encuentra completamente desprovista de elemento de juicio alguno, lo que hace de aquel alegato una simple conjetura y convierte la terminación contractual en un acto injusto, como ya ha tenido oportunidad de analizarlo la Corte con anterioridad, entre otras, en providencia CSJ SL1208-2018.

Las razones anteriores permiten descubrir el error protuberante en que incurrió el Tribunal y la consecuente procedencia del derecho pensional imprecado, a favor del actor.

Sin costas en la sede extraordinaria comoquiera que salió avante la acusación.

SENTENCIA DE INSTANCIA

Las mismas consideraciones que sirvieron de base para casar la sentencia impugnada en la forma como quedó dicho, son procedentes para fundar la decisión en instancia lo que se traduce específicamente en la procedencia de la aplicación del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 pretendido por el actor.

1. Liquidación de la pensión de jubilación consagrada en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961

El demandante acreditó 11 años, 8 meses y 9 días de servicio y ante la ausencia de acreditación de la terminación de su contrato por justa causa, la finalización de su vínculo ha de tenerse por injusta y por ende, la hipótesis legal aplicable a éste corresponde a la pensión de jubilación a partir del cumplimiento de 60 años de edad, lo que ocurrió el día 28 de marzo de 2007.

En lo tocante al ingreso base de liquidación, halla la Sala que conforme el penúltimo inciso del citado artículo 8º de la Ley 171 de 1961, éste corresponderá al «[…] promedio de los salarios devengados en el último año de servicios» y en el plenario a través de comunicación del 28 de mayo de 2009, la sociedad empleadora certificó que aquel guarismo corresponde a la suma de $5.965,50; siendo éste el valor sobre el cual se calculará la tasa de reemplazo que configura la cuantía de la pensión, la que a su vez, al tenor de igual inciso, «[…] será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos necesarios para gozar de la pensión plena establecida en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo».

Así las cosas, es claro para la Sala que si el demandante hubiere completado mínimo 20 años de servicios al empleador conforme lo indica el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo vigente para la fecha de la terminación del contrato de trabajo el 16 de febrero de 1976, le hubiere correspondido una pensión en cuantía del 75% del promedio de salarios del último año de servicios. Luego, por 11 años, 8 meses y 9 días como quedó acreditado en el plenario, la cuantía proporcional de la pensión ascenderá al 43.83%, como se indica a continuación.

2. Indexación del ingreso base de liquidación

La demandada ante la eventualidad de la procedencia de la pensión de jubilación, fue insistente en oponerse a la indexación del ingreso base de liquidación bajo el raciocinio de que dicha prestación pensional en todo caso, se habría causado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, fundando su dicho en la providencia CSJ SL, 25 mayo 2010, radicación 39082.

Sobre este particular, vale aclarar por la Sala que la otrora postura esgrimida por esta Corporación fue replanteada en los años recientes, para dar paso a la hoy pacífica tesis por la cual se acepta, la procedencia de la indexación de la primera mesada pensional para todas las pensiones, legales o extralegales, causadas con anterioridad o no, a la Constitución de 1991.

Así lo dejó claro la Corte, entre otras, en las sentencias CSJ SL4304-2018, CSJ SL5478-2018; CSJ SL5150-2018; CSJ SL3656-2018; CSJ SL359-2018; CSJ SL4982-2017; CSJ SL7699-2016; CSJ SL7699-2016; CSJ SL9445-2015; a raíz de la providencia CSJ SL736-2013 que recogió los argumentos que fundaron el cambio de postura de la Sala sobre citada indexación de la primera mesada pensional:

Una revisión de este último punto, impone a la Sala reconocer que la indexación resulta admisible también para pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991, por encontrar suficientes fundamentos normativos que así lo autorizan. Esta nueva orientación de la Sala encuentra respaldo en los siguientes argumentos:

i) Como lo había sostenido esta Sala de la Corte en las sentencias del 8 de febrero de 1996, Rad. 7996 y 5 de agosto de 1996, Rad. 8616, constituye un hecho notorio que los ingresos del trabajador sufren una pérdida significativa de su poder adquisitivo, cuando media un lapso considerable entre la fecha en la cual se retiran del servicio y aquella en la cual les es reconocida la pensión de jubilación. Asimismo, como también lo había reconocido la Sala, ese fenómeno impacta por igual a todas las pensiones de jubilación que se ven sometidas a la devaluación de la moneda, sin importar su naturaleza legal o extralegal, o la fecha en la que hubieran sido reconocidas, entre otras, porque la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es una realidad palpable con anterioridad y con posterioridad a la expedición de normas como la Constitución Política de 1991 y la Ley 100 de 1993.

Si las pensiones de jubilación se ven enfrentadas por igual al mismo fenómeno inflacionario, no existe, a primera vista, una razón o condición derivada de la fecha de su reconocimiento, que autorice un trato desigual, a la hora de adoptar correctivos como la indexación de los salarios tenidos en cuenta para la liquidación. Por lo mismo, para estos efectos, no deberían existir diferenciaciones o categorizaciones de pensionados, que pudieran resultar arbitrarias y contrarias al principio de igualdad.

En ese sentido, imponer una diferenciación, en función de la fecha de reconocimiento de la prestación, para los efectos de corregir los impactos negativos del fenómeno inflacionario, resulta abiertamente contraria al principio de igualdad, establecido en el artículo 13 de la Constitución Política, así como en el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 22 de 1967 y ratificado por Colombia el 4 de marzo de 1969.

[…]

La existencia de un derecho a la indexación de la primera mesada de las pensiones de jubilación, en términos universales, sin importar la fecha de su reconocimiento, fue reafirmada por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 1073 de 2012, que analizó concretamente el caso de las prestaciones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991.

Conforme la providencia transcrita, que refleja el criterio vigente en la Sala, el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación a favor del demandante, que equivale a la suma de $5.965,50, deberá indexarse desde el 16 de febrero de 1976 hasta el 28 de marzo de 2007, momento en que cumplió la edad, para luego aplicar la tasa de reemplazo del 43,83%, también expuesta con anterioridad.

3. Retroactivo, mesadas adicionales y prescripción.

Comoquiera que el requisito de edad para disfrutar de la pensión prevista en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 fue cumplido por el demandante el 28 de marzo de 2007, las mesadas pensionales han de causarse a partir del 29 de marzo del mismo año en la cuantía y forma como quedó establecido en precedencia, incluidas las mesadas de junio y diciembre dado que la pensión se causó con anterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 (CSJ SL2116-2018; CSJ SL1770-2015 SL7659-2016; CSJ SL7659-2016; CSJ SL1770-2015); sin que se encuentren cobijadas por el fenómeno prescriptivo comoquiera que la reclamación elevada por el demandante a la empresa respecto del reconocimiento de la pensión discutida judicialmente, se dio dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad.

Ello, por cuanto obra en el plenario respuesta a derecho de petición del demandante el 28 de mayo de 2009, lo que de suyo impone concluir que la reclamación se dio antes de dicha fecha y cumplió el efecto de interrumpir la prescripción por un término igual, en adición a que quedó acreditado que la demanda fue radicada ante la jurisdicción el 4 de agosto de 2010.

De esta forma, la liquidación proveída por el grupo de apoyo de la Sala, equivale a lo siguiente:

Costas en las instancias a cargo de la sociedad vencida en juicio.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013), por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C, dentro del proceso ordinario laboral seguido por FAUSTINO GONZÁLEZ GARCÍA en contra de la sociedad CÉMEX COLOMBIA S.A.

En sede de instancia, la Sala, resuelve:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá el 21 de julio de 2011.

SEGUNDO: CONDENAR a la sociedad CEMEX COLOMBIA S.A. el reconocimiento y pago a favor del demandante FAUSTINO GONZÁLEZ GARCÍA de una pensión de jubilación en los términos consagrados en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, a partir del 29 de marzo de 2007 en cuantía de $552.959,45, la cual deberá reajustarse anualmente conforme la ley; de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR a la sociedad CEMEX COLOMBIA S.A. el reconocimiento y pago a favor del demandante FAUSTINO GONZÁLEZ GARCÍA de las mesadas pensionales causadas a partir del 29 de marzo de 2007, incluidas las adicionales de junio y diciembre de cada anualidad, lo que al 28 de febrero de 2019 asciende a la suma de $118.190.941,21.

CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la sociedad demandada.

Costas como quedó dicho en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

ACLARACIÓN DE VOTO

SL2532-2019

Radicación n.° 62181

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

Si bien quedó consignado en la sentencia de la referencia que aclararía voto, ello obedeció a un error, pues, la inconformidad en su momento fue que en el proyecto no se liquidaba en concreto el retroactivo pensional, lo que sí aconteció en el proveído definitivo, por ende, no hay nada que aclarar.

Fecha ut supra.

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado

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