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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2567-2021

Pensión de sobrevivientes

Fecha
28 de abril de 2021
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
55 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2567-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Se justifica mantener vigente el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, más allá del tercer año de vigencia de la Ley 797 de 2003, por la vía de la condición más beneficiosa?

  2. ¿Tenía el causante una situación jurídica concreta que la condición más beneficiosa debiera proteger en el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003?

Reglas

  1. La regla general es que la contingencia de la pensión de sobrevivientes se rige por la norma de seguridad social vigente al momento de la muerte del afiliado.

    «la regla general es la de que la contingencia está cobijada por la norma de seguridad social vigente al momento de la ocurrencia del evento»
  2. La condición más beneficiosa es excepcional, por lo que su aplicación es restringida y temporal.

    «iii) al ser excepcional, su aplicación, necesariamente, es restringida y temporal»
  3. La Ley 797 de 2003 solo difiere sus efectos hasta el 29 de enero de 2006, y únicamente para quienes tienen una expectativa legítima.

    «Solo es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima»
  4. Hay situación jurídica concreta, y no mera expectativa, solo si el afiliado cumple la densidad de semanas dentro del plazo estrictamente exigido por la norma aplicable.

    «la situación es concreta si se cumple en estos casos con la densidad de semanas de cotización, dentro del plazo estrictamente exigido por la normatividad aplicable»

Decisión

No casa la sentencia del Tribunal Superior de Medellín que absolvió a la entidad demandada de la pensión de sobrevivientes. Las costas del recurso extraordinario quedan a cargo de la recurrente, con agencias en derecho de 4.400.000 pesos.

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el 26 de octubre de 2015, en el proceso que MARÍA DE LOS ÁNGELES LOTERO MONTOYA instauró en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-. Costas como se dijo en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2567-2021

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

28 de abril de 2021

SL2567-2021

Radicación n.° 74546

Acta 15

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA DE LOS ÁNGELES LOTERO MONTOYA contra la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el 26 de octubre de 2015, en el proceso que la recurrente instauró en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-.

I. ANTECEDENTES

María De Los Ángeles Lotero Montoya, en calidad de cónyuge supérstite de José Rodrigo Mendoza Mazo (q.e.p.d.), instauró proceso ordinario con el fin de que una vez se profieran las declaraciones de rigor, se condenara a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, el respectivo retroactivo desde la fecha de causación, los intereses de mora, la indexación y las costas procesales.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el causante falleció el 23 de julio de 2011, momento en el cual se encontraba cotizando para pensión en Colpensiones; que contrajeron matrimonio por el rito católico desde el 7 de agosto de 1972, manteniendo una relación estable de pareja, compartiendo «techo, lecho y mesa»; que el demandado le negó la prestación impetrada porque el afiliado no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores al deceso, por lo que le concedió la indemnización sustitutiva.

Colpensiones, al dar respuesta al escrito generatriz de la contienda, se opuso al éxito de las pretensiones. En su defensa formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, buena fe, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación de pagar intereses de mora, improcedencia de la indexación de las condenas, imposibilidad de la condena en costas, prescripción, compensación y pago y las demás que se prueben en el curso del proceso.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 20 de marzo de 2015, absolvió a la demandada de todas las pretensiones y condenó en costas a la vencida en juicio.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante providencia del 26 de octubre de 2015, confirmó en todas sus partes la decisión de primera instancia e impuso costas a la demandante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal fijó como problema jurídico determinar si el causante dejó causado el derecho para que su cónyuge sobreviviente pudiera acceder a la pensión de sobrevivientes y si era factible aplicar el principio de la condición más beneficiosa en vigencia de la Ley 797 de 2003; en caso positivo, si cumplió con los requisitos para otorgar la prestación y los intereses moratorios.

Señaló que la norma aplicable era la vigente a la fecha de fallecimiento, esto es, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, al que procedió a dar lectura, luego de lo cual indicó que «el causante únicamente cotizó 47 semanas en los tres años anteriores a la muerte, tendría que concluirse que no dejó causado el derecho a que sus beneficiarios reclamaron el derecho a la pensión de sobrevivientes. Pero no obstante ello la Sala pasa a analizar el derecho pensional bajo el principio de la condición más beneficiosa […]»

Se remitió a la sentencia CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 38674, luego de lo cual dejó por sentado que:

Encuentra esta Sala de decisión laboral que si bien este principio pudo ser aplicable a la demandante porque ya de acuerdo a la jurisprudencia nacional es posible hacer el tránsito legislativo entre la Ley 797 de 2003 a la Ley 100 de 1993 a efectos de aplicar el principio de la condición más beneficiosa, lo cierto es que el causante no dejó cumplidos los requisitos para ello, puesto que no cumple con el requisito mínimo de semanas de cotización que exige la Ley 100 de 1993, en su versión original, esto es, 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en que se produjo la muerte e igual número de semanas a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 que comenzó a regir el 29 de enero del año 2003 […] no hizo cotizaciones entre el 29 de enero de 2002 y el 29 de enero de 2003, fecha de entrada en vigencia de la ley 797 de 2003 y tampoco cotizó las 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la muerte del causante que aconteció el 23 de julio de 2011, pues en este interregno solo cotizó 23,85 semanas.

Así, confirmó el fallo de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada y, en sede de instancia, revoque la de primera instancia, se disponga el reconocimiento de los pedimentos de la demanda y se provea en costas.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado y que se procede a resolver.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia de violar la ley sustancial por la vía directa, al interpretar erróneamente «los artículos 46 y 47 originales de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993, 8 de la Ley 4 de 1976, y aplicación indebida del artículo 12 de la ley 797 de 0203. Artículos 25, 40, 42, 48 y 53 de la Constitución Nacional».

Asevera que la conclusión del Tribunal es jurídicamente equivocada por lo siguiente:

Porque si va a aplicar el principio de la condición más beneficiosa debe recurrir, como en efecto lo hizo [a] los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, y en esa normativa no se consagra que las semanas deban ser cotizadas 26 semanas en cualquier tiempo y 26 antes de la vigencia de la ley b797(sic) de 2003.

Porque, también contrario a lo concluido por el Ad-quem, esa sala de la Corte desde el año 2012, ha aplicado el principio de condición más beneficiosa recurriendo a la ley 100 de 1993 en detrimento de la Ley 797 de 2003, si el agregado adicional que le hace el juzgador de apelaciones, decisiones entre las que se destacan las que tienen radicación interna No. 42.395.

Por último, la tesis que ensaya el Tribunal viola el principio de inescindibilidad de las normas (Art. 20 C.S.T.), pues al exigir 26 semanas en cualquier tiempo o en el año anterior para quien no estuviere cotizando al momento del deceso, y además otras 26 semanas antes de la vigencia de la Ley 797 de 2003 (28 de enero de 2003) en la práctica la está exigiendo 52, y así equivoca el sentido de la Ley, armonizado con el principio de la condición más beneficiosa, dado que la figura legal trae, se itera, dos hipótesis claras, esto es, las 26 en cualquier tiempo para quien esté activo en el sistema y aportando en la fecha de la muerte o 26 en el año anterior para quienes no estén cotizando al [m]omento de producirse la muerte, de allí que el juzgador de alzada esté equivocado en la tesis que esboza y que en algún momento tuvo la Corte, pero que hoy ya no rige.

Como consecuencia de lo anterior la sentencia debe ser casada.

VII. RÉPLICA

Acota la oposición, en esencia, que no había otro camino diferente a absolver a la demandada pues no se acreditaron los requisitos previstos en la Ley 797 de 2003, ni los de la norma inmediatamente anterior, la interpretación que hizo el juzgador de la legislación aplicable está acorde con la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, por lo que, la providencia, se encuentra ajustada a derecho.

VIII. CONSIDERACIONES

Dado el sendero seleccionado por la impugnante, se exhibe patente que no son objeto de controversia entre las partes, los siguientes supuestos fácticos: (i) que el causante, José Rodrigo Mendoza Mazo (q.e.p.d.), falleció el 23 de julio de 2011; (ii) que no cotizó entre junio de 2000 y enero de 2006, y iii) que dentro de los tres años anteriores a la muerte registra 46 semanas de aportes, de las cuales 23,85 corresponden al último año antes del mismo suceso.

El descontento de la recurrente con la sentencia fustigada estriba, en esencia, en que el fallador se equivocó porque impuso una exigencia no prevista por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para efectos de aplicar el principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo con la reforma introducida por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

Esta Corte, en sentencia CSJ SL4650-2017, a la cual se remite, explicó que de vieja data ha sostenido que la primera investigación que debe hacer el juez al dictar el acto jurisdiccional, consiste en la selección de la norma aplicable, o sea, determinar la existencia y validez de esta. Será necesario entonces que considere los problemas de la ley en el tiempo y en el espacio, precisando los límites personales, temporales y espaciales de la disposición jurídica.

En ese horizonte, es criterio reiterado de esta Corporación que la regla general es la de que la contingencia está cobijada por la norma de seguridad social vigente al momento de la ocurrencia del evento según la prestación pensional correspondiente, esto es, para la pensión de sobrevivientes, la que esté en vigor a la calenda de la muerte del afiliado o pensionado.

Cumple a ese propósito memorar que la Corte en sentencia CSJ SL, 11 de jun. 2014, rad. 46780, sostuvo que «tal como lo tiene señalado la jurisprudencia de esta Sala, la regla general es que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado. (CSJ SL 10 Jun 2009, Rad. 36135; 1° Feb 2011, Rad. 42828; 23 Mar 2011, Rad. 39887; y 3 de May 2011, Rad. 37799, entre otras)».

Es claro que, además de ampararse el instituto jurídico del derecho adquirido, esta premisa respeta tanto el amplio margen de configuración que tiene sobre el sistema el Congreso de la República como las razones de necesidad, oportunidad y equidad que motivan la necesidad de un cambio legislativo.

Para atenuar de alguna manera los efectos de un cambio abrupto en las reglas de juego, dada una reforma legal, se estila en las leyes sociales implementar regímenes de transición. Dado que los cambios legislativos en materia de derecho social, que obedecen a la necesidad de ajustar los parámetros de acceso y en algunas ocasiones de revaluar el alcance de los elementos esenciales del derecho en respuesta a los cambios económicos, sociales y aún culturales, establecen requisitos más exigentes de acceso a las prestaciones, la justificación de establecer un régimen de transición aparece lógico para lograr un tránsito armónico y pacífico que minimice las consecuencias que pudieran resultar tanto en la población que tenía una expectativa legítima, frente al acceso al derecho, como en el proveedor del derecho, en este caso el Estado, por ejemplo en su necesidad de hacer sostenible financiera y económicamente el sistema de derechos prestacionales.

No obstante lo anterior, en algunas ocasiones escapan al legislador ciertas consecuencias indeseables, por injustas e inequitativas, derivadas del tránsito legislativo, que ameritan, tanto desde el punto de vista constitucional como legal, la aplicación de los principios con venero en el orden jurídico, como el de la condición más beneficiosa, para resolver el problema social que se ocasiona por la implementación del nuevo ordenamiento.

Esta Corporación ha estimado que el postulado de la condición más beneficiosa tiene las siguientes características:

Es una excepción al principio de la retrospectividad.

Opera en la sucesión o tránsito legislativo.

Procede cuando se predica la aplicación de la normatividad inmediatamente anterior a la vigente al momento del siniestro.

Entra en vigor solamente a falta de un régimen de transición, porque de existir tal régimen no habría controversia alguna originada por el cambio normativo, dado el mantenimiento de la ley antigua, total o parcialmente, y su coexistencia en el tiempo con la nueva.

Entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas, que, si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia –expectativas legítimas- habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada.

Respeta la confianza legítima de los destinatarios de la norma.

Expliquemos cada uno de ellos:

1. Excepción a la retrospectividad de la ley

La condición más beneficiosa, a no dudarlo, se entiende como un mecanismo que permite atenuar la rigurosidad del principio de la aplicación general e inmediata de la ley, pues permite que la disposición derogada permanezca vigente en presencia de una situación concreta, materializada en una expectativa legítima conforme a la ley anterior.

Opera en sucesión o tránsito legislativo

La pregunta relevante es ¿qué se entiende por tránsito legislativo? El tránsito legislativo es un momento único, que se da, en forma simple cuando se sanciona y promulga una nueva ley.

Los efectos del tránsito legislativo, como ya se dijo, por regla general son inmediatos. Existen, desde luego, excepciones, como la que rigen para los impuestos anuales, caso en el cual las normas tributarias, por ejemplo, sobre impuesto de renta, rigen a partir del siguiente año fiscal; o las que protegen derechos adquiridos que no se pueden violar en virtud del artículo 58 de la Constitución Política. (aunque puede obrar la expropiación).

En el caso de derechos sociales, el tránsito legislativo lleva a prever en la norma reformatoria, la protección a los derechos adquiridos y, en algunas ocasiones, regímenes de transición; en otras no: por ejemplo, la Ley 797 de 2003 que reformó la manera de determinar el monto y cuantía de la pensión de vejez para los afiliados al régimen de prima media no estableció régimen de transición alguno para salvaguardar estos aspectos.

Los derechos adquiridos y los regímenes de transición, plenos o parciales, otorgan protección temporal, total o parcial a los ciudadanos. En materia del derecho adquirido el amparo es vitalicio o pleno; en el caso de los regímenes de transición es temporal, pero pueden ser pleno o parcial. En el evento de la aplicación directa de la Ley 33 de 1985 la garantía fue plena para quienes tenían 20 años de servicios, pues los cobija en su integridad el régimen anterior; mientras que en la Ley 100 de 1993 la protección es parcial porque, para construir el derecho a la pensión, solo se toman los parámetros de edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto del régimen anterior.

De manera que es el legislador el que define qué protección concede y el lapso por el cual la otorga. Si no fija consecuencias temporales mediante medidas de protección, debe estarse, en principio, a la aplicación inmediata de la ley.

Aplicación de la normatividad inmediatamente precedente

No es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso. Es decir, el juez no puede desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la que haya precedido –a su vez- a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos «plusultractivos», que resquebraja el valor de la seguridad jurídica (sentencia CSJ SL, del 9 de dic. 2008, rad. 32642).

A falta de régimen de transición

Los regímenes de transición, por regla general, sólo protegen expectativas legítimas, es decir, se centran en la protección de aquellos grupos de población cercanos al cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación.

En la misma dirección la Corte Constitucional en fallo C-663/07, recalcó que los regímenes de transición, a) recaen sobre expectativas legítimas de los asociados y no sobre derechos adquiridos; b) su fundamento es el de salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de conformidad con el régimen anterior; c) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de transición; y d) es constitucionalmente legítimo que se utilice la figura del régimen de transición para evitar que una decisión relacionada con expectativas pensionales legítimas bajo la vigencia de una ley, se vea desvirtuada completamente por una ley posterior, en desmedro de quienes aspiraban a que sus derechos pudieran llegar a consolidarse bajo el régimen previo.

Conviene precisar que, en relación con las pensiones de invalidez y sobrevivientes, no ha existido un régimen de transición en nuestra historia legal. Ello no ha sido óbice para que el operador jurídico busque principios de favorabilidad a través, por ejemplo, de la definición de derecho adquirido recayendo en la fecha de estructuración, buscando normas de acceso más favorables que las que rigen al momento de la declaratoria.

La pregunta que surge es ¿por qué si han existido normas de protección para las pensiones de jubilación o vejez, a través de regímenes de transición, no han existido normas de protección para la invalidez y la muerte? Un principio de respuesta puede darse si se tiene en cuenta que la vejez, durante la vida laboral del individuo, es un hecho relativamente cierto mientras que, por ejemplo, la invalidez es relativamente incierto y poco probable. Dicho en otras palabras, el régimen de transición en las pensiones de vejez se da porque es viable considerar la mayor o menor aproximación a la edad y al total de cotizaciones exigidas bajo un régimen, para determinar el grupo de la población que eventualmente puede acceder a esa prestación (por el transcurso del tiempo – hecho determinable -, ya para completar cierta edad o para sumar un período de cotizaciones); mientras que en la de invalidez, por ejemplo, obedece a contingencias improbables de predecir y, por ende, no regulables por un régimen de transición (sentencia CSJ SL de 5 de jul. 2005, rad. 24.280).

De manera que, por regla general, en presencia de regímenes de transición, la condición más beneficiosa no puede aplicarse pues haría nugatorios todos los objetivos económicos y sociales que con una reforma pretenden lograrse y, desde el umbral, debe aplicarse en torno a normas de impacto mediato.

El destinatario posee una situación jurídica concreta- expectativa legítima-

En pensiones de siniestro, como las de invalidez y sobrevivientes, no es fácil establecer qué es una situación jurídica concreta. Empero, se ha entendido por la Jurisprudencia que la situación es concreta si se cumple en estos casos con la densidad de semanas de cotización, dentro del plazo estrictamente exigido por la normatividad aplicable

Así, por ejemplo, en el régimen de los seguros sociales obligatorios, la situación es concreta si el afiliado cotizó 300 semanas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, dado que la norma exigía ese número de semanas de cotización en todo el tiempo.

Con la vigencia de la Ley 100 de 1993, en parte puede existir una definición de situación concreta a estos efectos, dado que la norma precisa tal situación dependiendo de la cotización efectiva.

Del anterior mandato se desprende dos situaciones que dan acceso a la prestación:

Afiliado que se encontraba cotizando al sistema al momento del fallecimiento

Requisito de semanas: haber cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de producirse la muerte, es decir, en cualquier tiempo.

Afiliado que no se encontraba cotizando al sistema al momento del fallecimiento

Requisito de semanas: haber cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.

Nótese que a diferencia del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, el legislador del 93 estableció como criterio de acceso el hecho de la cotización efectiva al sistema, al momento de la muerte o invalidez, para estructurar el requisito de semanas de cotización. En efecto, mientras que la normativa anterior exigía haber cotizado 300 semanas en cualquier tiempo o 150 semanas dentro de los seis años anteriores al momento del siniestro, sin establecer el requisito de cotización al momento de la muerte o invalidez; en la legislación de 1993, el nivel de concentración de las semanas de cotización exigidas en un determinado lapso depende del hecho de la cotización efectiva al momento de la invalidez.

Teniendo en cuenta lo dicho, ¿Cómo se expresa la situación jurídica concreta en el cambio normativo de la Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003?

1. Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo

En este evento la situación jurídica concreta emerge si el afiliado para el momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, (i) estaba cotizando al sistema, y (ii) había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo.

Ello por cuanto no solamente se da eficacia, sino que también se satisface con la densidad de semanas de cotización efectuadas dentro del plazo estrictamente exigido por el mandato abolido.

Cumple a ese propósito dejar en claro, empero, que, si el asegurado estaba cotizando para el 29 de enero de 2003 y no tenía en su haber 26 semanas de cotización en cualquier tiempo, no es poseedor de una situación jurídica concreta y, en consecuencia, se le aplica con rigurosidad la Ley 797 de 2003, en desarrollo del principio de la retrospectividad de la ley, pues repárese en que no tiene una expectativa legitima ni mucho menos un derecho adquirido. En resolución, en este caso no hay condición más beneficiosa.

2. Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo

En esta hipótesis la situación jurídica concreta aflora si el afiliado para el momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, (i) no estaba cotizando al sistema, (ii) pero había aportado 26 semanas o más dentro del año inmediatamente anterior a la data del tránsito legislativo, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y 29 de enero de 2003.

Ello, toda vez que se cumple con la densidad de semanas de cotización, dentro del interregno estrictamente exigido por el precepto derogado.

Si el afiliado no estaba cotizando para el 29 de enero de 2003 y no tenía 26 semanas o más de cotización dentro del año inmediatamente anterior a la data del tránsito legislativo, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y 29 de enero de 2003, no tiene una situación jurídica concreta y, por ende, también se aplica con todo el rigor la Ley 797 de 2003, en desarrollo del principio de la retrospectividad de la ley, pues no posee una expectativa legitima y mucho menos un derecho adquirido. En conclusión, tampoco hay condición más beneficiosa.

Recientemente, en sentencias CSJ SL1884-2020 y CSJ SL1938-2020, reiteradas, entre otras, en las CSJ SL2547-2020 y CSJSL855-2021, esta Corporación, razonó:

[…] La característica relativa a que no es absoluto e ilimitado en el tiempo, significa que no puede utilizarse para garantizar la perpetuidad de un régimen que en un tiempo pretérito estuvo vigente y le era aplicable a un sujeto o a un grupo de personas, dado que, bien comprendido, su ámbito de aplicación se orienta a conservar un régimen normativo anterior, cuando quiera que el titular haya cumplido una condición relevante del mismo que, si bien no es definitiva para adquirir el derecho, juega un rol fundamental en su consolidación.

En este sentido, la condición más beneficiosa se sitúa en un lugar más allá de la simple expectativa para ubicarse en el concepto de expectativa legítima tutelable por el ordenamiento jurídico, en la medida en que no desconoce y ampara la consolidación de una exigencia relevante, que si bien no es suficiente para alcanzar el derecho en tanto no se ha cumplido otra condición ulterior, sí genera la confianza fundada que el régimen en que estaba incurso y en el que cumplió algunos presupuestos, será respetado.

Sin embargo, su aplicación no puede ser irrestricta al punto de petrificar la legislación e impedir la puesta en marcha de reformas sociales de interés general, de las cuales dependa la realización y efectividad de los derechos de la comunidad o la supervivencia de instituciones y prestaciones fundamentales para la sociedad. En otras palabras, su aplicación debe ser razonable y proporcional, a fin de no lesionar o comprometer severamente otros derechos de interés público y social.

En esta dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL, 4 dic. 1995, rad. 7964 indicó que este postulado «no es absoluto y en manera alguna conduce al anquilosamiento de la normatividad laboral, pues de lo que se trata es de proteger al trabajador que construye su vida y la de su familia alrededor de unas expectativas económicas y jurídicas generadas en su propia labor, de manera que un cambio desfavorable de esas expectativas sólo (sic) es humana y jurídicamente admisible, cuando en cada caso concreto medien serias circunstancias justificantes, verbigracia el interés general reconocido (…)».

De ahí, que el delimitar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa a la norma inmediatamente anterior sirve a varios propósitos:

(i) Si la potestad de configuración de un sistema pensional permite al legislador introducir cambios a fin de garantizar los principios y objetivos del sistema, no tiene sentido mantener en el tiempo disposiciones anteriores, puesto que ello haría nugatorios todos los propósitos económicos y sociales que pretenden lograrse con una reforma.

(ii) Si los regímenes de transición, en esencia, siempre son temporales, no hay razón alguna que justifique que la aplicación del principio de condición más beneficiosa deba mantenerse indefinidamente en el tiempo, así bajo su vigencia se haya dado inicio o se hayan efectuado cotizaciones para obtener el amparo que se pretende.

(iii) Tal restricción contribuye a la preservación de otro valor fundamental: la seguridad jurídica, que ofrece certeza a los ciudadanos sobre las reglas jurídicas que emplearán los jueces en la solución de las controversias que se sometan a su consideración, sin que les sea posible acudir a una búsqueda histórica para determinar la norma que más convenga a una situación particular; la aplicación del principio amplia e ilimitadamente genera incertidumbre en los actores del sistema pensional y en los ciudadanos en general, respecto de las reglas que definen el acceso a un derecho pensional.

En conclusión, si la finalidad del principio de la condición más beneficiosa es proteger expectativas legítimas que puede cambiar el legislador con apego a los parámetros constitucionales, no tiene sentido que su aplicación permita acudir a cualquier normativa anterior o, en otros términos, resulte indefinida en todos los tránsitos legislativos que puedan generarse en la configuración del sistema pensional, de por sí, de larga duración […].

Temporalidad de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003

Como se recuerda la condición más beneficiosa es un mecanismo que: (i) busca minimizar la rigurosidad propia del principio de la aplicación general e inmediata de la ley; (ii) protege a un grupo poblacional con expectativa legítima, no con derecho adquirido, que goza de una situación jurídica concreta, cual es, la satisfacción de las semanas mínimas que exige la reglamentación derogada para acceder a la prestación que cubre la contingencia de la invalidez; y (iii) al ser excepcional, su aplicación, necesariamente, es restringida y temporal.

Sin perder de vista lo precedente, y una vez analizada la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003, brota espontánea una primera conclusión: el legislador jamás pretendió perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993 que regulan la pensión de sobrevivientes, y si bien con la condición más beneficiosa debe respetarse o mejor resguardarse los hechos denominados por la doctrina foránea «intertemporales» que se generan con personas que tienen una situación jurídica concreta, ello no puede llevar a mantener, per secula seculorum, la protección de «“derechos” que no son derechos”», en contra posición de la nueva ley que ha sido proferida honrando la Constitución Política.

De suerte que, a falta de normatividad expresa, el principio de la condición más beneficiosa emerge como un puente de amparo construido temporalmente para que transiten, entre la anterior y la nueva ley, aquellas personas que, itérese, tienen una situación jurídica concreta, con el único objetivo de que, en la medida que lo recorren, paulatinamente vayan construyendo los «niveles» de cotización que la normativa actual exige.

Pero ¿cuál es el tiempo de permanencia de esa «zona de paso» entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003? Bueno, para la Corte lo es de tres años, tiempo este que la nueva normativa (Ley 797 de 2003) dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones reúnan la densidad de semanas de cotización-50- y una vez verificada la contingencia de la muerte los causahabientes puedan acceder a la prestación correspondiente.

Con ese fin, se obtiene un punto de equilibrio y se conserva razonablemente por un lapso determinado- tres años-, los «derechos en curso de adquisición», respetándose así, para determinadas personas, las semanas mínimas establecidas en la Ley 100 de 1993, «con miras a la obtención de un derecho en materia de pensiones, cuya efectividad se subordina al cumplimiento ulterior de una condición», cual es, la muerte.

Entonces, algo debe quedar muy claro. Solo es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima. Con estribo en ello se garantiza y protege, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional.

No puede la Corte pasar por alto que esta franja de tres años, a más de tornarse razonable y proporcional favorece, a quienes tenían dicha situación concreta al momento del tránsito legislativo.

Es inocultable que, si las expectativas legítimas no pueden ser modificadas de manera abrupta o arbitraria, de ahí la razón de ser de la condición más beneficiosa, tampoco pueden permanecer inalterables como si fuesen unos derechos adquiridos. Dicho en breve: no se le puede otorgar el mismo tratamiento y protección a las expectativas legítimas que a los derechos consolidados.

Con tal óptica, es de verse que, si los regímenes de transición tienen duración limitada y cuantificable en el tiempo, y que, para algún sector, es posible que el legislador modifique los regímenes de transición con posterioridad a su consagración «porque éstos no pueden ser concebidos como normas pétreas», caben las siguientes preguntas ¿cómo entender que el principio de la condición más beneficiosa sí permanezca en vigor sin límite alguno en el tiempo? Si un régimen de transición no es permanente, ¿bajo qué argumento puede sostenerse que el uso de la condición más beneficiosa sí lo sea? si precisamente, como se explicó, los derechos adquiridos son diferentes a las expectativas legitimas. No hay argumentos que, prima facie, lo justifique.

No se pierda de vista que ha transcurrido más de 18 años desde cuando acaeció el cambio normativo, 29 de enero de 2003, es decir, lapso de tiempo que incluso superó el término del régimen de transición dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, para las pensiones por vejez. Por tanto ¿se justifica mantener con vida lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, más allá del tercer año de vigencia de la Ley 797 de 2003, so pretexto de emplear la condición más beneficiosa, cuando, se repite esta ley dispuso un margen de tres años para satisfacer la densidad de semanas de cotización?

De suyo, también se cumple con lo asentado por la Sala respecto a la deliberada voluntad del legislador en la reforma introducida al sistema pensional con la Ley 797 de 2003, que propende por asegurar un equilibrio financiero, de manera que los niveles de protección que hoy se ofrezcan, se puedan mantener a largo plazo.

Desde la perspectiva anterior, si la condición más beneficiosa tiene cabida por vía de excepción y su aplicación es restrictiva, no es dable emplearla con un carácter indefinido. Tampoco es factible, en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, alterar la normativa que se ha de aplicar en virtud del principio examinado

Una reflexión insoslayable, el fallecimiento del afiliado es un supuesto ineludible de la causación del derecho a la pensión de sobrevivientes, no es un requisito de exigibilidad. Ello explica que no basta satisfacer la densidad de cotizaciones en cualquier tiempo para entender consolidado el derecho, sino que los dos elementos deben acontecer dentro del ámbito temporal que establece la ley. Este planteamiento permite entender la justificación de la condición más beneficiosa y su permanencia efímera.

Hay que añadir, eso sí, que al ponderarse el principio de esta forma, también se evita cargarle al sistema general de pensiones obligaciones ilimitadas, que, sin hesitación alguna, no fueron previstas o incluidas en los análisis de sostenibilidad financiera al tiempo de crear la nueva disposición, justamente por la dificultad de hacerlo dada la naturaleza de la contingencia que se ampara.

Caso concreto

En el asunto bajo examen se tiene que el causante al momento del tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, no estaba cotizando al sistema ni tampoco cuenta con 26 semanas entre el 29 de enero de 2002 y 29 de enero de 2003, ni tampoco registra ese mismo número de semanas en el año inmediatamente anterior al fallecimiento, luego brilla palmario que no tenía una situación jurídica concreta que se deba proteger a través de la condición más beneficiosa, pese a que este se encontraba cotizando.

Conceder tal prestación según la tesis propuesta por la impugnante, sería tanto como desconocer de manera frontal el efecto de la retrospectividad de la ley, dando aplicación a una disposición que, de manera expresa, fue derogada.

Entonces, se reitera, aún a riesgo de fatigar, en el presente caso no podemos hablar de la existencia de una situación jurídica concreta protegida por el principio de la condición más beneficiosa, sino de una mera expectativa, y a las voces elocuentes del artículo 17 de la Ley 153 de 1887, las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene, lo que, simple y llanamente, puede resumirse en el vetusto aforismo latino «ex nihilo nihil fit», el cual traduce «de la nada, nada puede resultar».

Siendo coherente con lo discurrido, el cargo no sale victorioso.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $4.400.000,oo que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el 26 de octubre de 2015, en el proceso que MARÍA DE LOS ÁNGELES LOTERO MONTOYA instauró en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

(Salvo Voto)

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

Ausencia justificada

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

(Aclaro voto)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

ACLARACIÓN DE VOTO

Demandante: María De Los Ángeles Lotero Montoya

Demandado: Colpensiones

Radicación: 74546

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena.

Con el acostumbrado respeto a mis colegas, como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, si bien estoy de acuerdo en no casar la sentencia del Tribunal porque el causante no acreditó la densidad mínima de semanas de cotización que establece el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 para que sus beneficiarios accedan a la pensión de sobrevivientes, me aparto parcialmente de las consideraciones respecto a la posibilidad de aplicar el principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, con fundamento en las siguientes razones:

En mi criterio, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa contemplado en el artículo 53 de la Carta Política de 1991 está sometido a ciertos límites, los cuales debe tener en cuenta el juez del trabajo y de la seguridad social en sus decisiones.

En efecto, tal principio protege las situaciones jurídicas o los derechos individuales próximos a consolidarse respecto a un cambio normativo que pueda lesionarlos. Por esto, su ámbito de acción no cobija cualquier reforma o ajuste en la legislación laboral o de la seguridad social, sino solamente aquella que contenga cambios estructurales en los esquemas que la soportan.

En esa medida, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no puede ser ilimitada y darse ante cualquier cambio normativo, por cuanto ello paralizaría la puesta en marcha de importantes ajustes en las políticas laborales, sociales y económicas. Por tal razón, este principio, adecuadamente entendido, está dirigido a garantizar, con ciertos límites, la permanencia de determinado estatuto regulatorio ante cambios verdaderamente estructurales en la regulación.

En esa dirección, las Leyes 797 y 860 de 2003 no representaron un cambio estructural en el sistema de pensiones en nuestro país, sino que se trató de modificaciones legislativas en cuanto a los requisitos para el acceso a las prestaciones económicas, por lo que, en virtud de ello, la condición más beneficiosa no opera en dicho caso respecto a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 en su versión original, en tanto una modificación paramétrica respecto a la densidad de semanas de cotización como la que se planteó en dichas reformas, no refleja un cambio sustancial que amerite la suspensión temporal de la legislación actual con la finalidad de proteger expectativas legítimas.

Dejo así sustentada mi aclaración de voto en el presente asunto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SALVAMENTO DE VOTO

Recurso Extraordinario de Casación

Radicación n.°74546

Referencia: demanda promovida por MARÍA DE LOS ÁNGELES LOTERO MONTOYA contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES-.

Con el acostumbrado respeto, me aparto de la decisión mayoritaria de la Sala, en este especial asunto, en lo atinente a la improcedencia de la prestación deprecada, al amparo del principio de la condición mas beneficiosa, lo que condujo a no casar el fallo de segundo grado, por las razones expuestas en el proyecto que me fue derrotado, y que a continuación expongo:

En primera medida, debe recordarse, que el Tribunal para confirmar la decisión absolutoria de primer grado, y absolver a la enjuiciada del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, consideró que el afiliado no acreditaba la densidad de semanas exigidas en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, como tampoco se daban los presupuestos para aplicar el postulado de la condición más beneficiosa, conforme a la jurisprudencia de esta Sala.

Sobre este puntal aspecto, debe señalarse ciertamente que el asegurado fallecido no acredita la densidad de semanas exigidas en la Ley 797 de 2003, normatividad que en principio es la aplicable y gobierna el asunto por ser la vigente al momento del fallecimiento del causante, como en innumerables oportunidades y en forma pacífica, lo ha sostenido esta Sala de la Corte; por lo tanto, como el señor José Rodrigo Mendoza Mazo no demostró tener cotizadas las 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha de muerte, no había lugar al reconocimiento de la prestación deprecada bajo esa disposición, como acertadamente lo concluyó el ad quem.

Ahora bien, en cuanto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa al que se alude en el recurso extraordinario, solicitando que se tenga en cuenta para efectos del reconocimiento de la referida prestación, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, debe resaltarse que son varias las posturas doctrinales que esta Sala de la Corte ha trazado a lo largo de los años, frente a la aplicación de este postulado, particularmente desde la entrada en vigencia de las Ley 797 de 2003; admitiéndose en algunos casos que a pesar de haber ocurrido el deceso del asegurado cuanto está rigiendo esta última disposición, se acudiera a la normatividad anterior, ello bajo la tesis que la disposición posterior hacía más gravosa la situación del beneficiario para acceder a la pensión al incrementar el número de semanas

Al respecto, resulta pertinente rememorar lo sostenido por esta Sala en la sentencia CSJ SL, 14 ago. 2012, rad. 41671, en donde se expresó: «el principio de la condición más beneficiosa opera con referencia a aquella o aquellas disposiciones, derogadas por una norma cuando la exigencia de esta última es más gravosa que las disposiciones derogadas. En tal caso, el intérprete deberá aplicar la condición más beneficiosa contenida en la norma inmediatamente derogada».

Y en providencia CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 38674, se dijo:

A. EL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA EN MATERIA PENSIONAL

1º) Como es sabido, el denominado “principio de la condición más beneficiosa” opera precisamente en aquellos eventos en que el legislador no consagra un régimen de transición, porque de hacerlo no existiría controversia alguna originada por el cambio normativo, dado que el mencionado régimen mantiene, total o parcialmente, los requisitos más favorables contenidos en la ley antigua.

2º) Aquí y ahora, recuérdese lo asentado por esta Corporación en cuanto a que algunos tratados y convenios internacionales en materia laboral y de seguridad social, incorporados a nuestro ordenamiento interno por virtud de su ratificación en los términos de los artículos 53 y 93 de la Carta Política, y que integran el bloque de la constitucionalidad, bien en estricto sentido o en sentido amplio, consagran la aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Así, el artículo 19-8 de la Constitución de la OIT advierte que “En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la Conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier Miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación”.

Sólo a título de referencia, es pertinente citar el Convenio 128 de la OIT, relativo a las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, que dispone:

“Artículo 30. La legislación nacional deberá, bajo condiciones prescritas, prever la conservación de los derechos en curso de adquisición respecto de las prestaciones contributivas de invalidez, vejez y sobrevivientes”.

Nótese que este convenio confiere un valor relevante a la preservación de “los derechos en curso de adquisición”, destacando con ello la obligación estatal de respetar aquellos requisitos que ya han sido consolidados por una persona, con miras a la obtención de un derecho en materia de pensiones, cuya efectividad se subordina al cumplimiento ulterior de una condición.

Finalmente, y también a manera ilustrativa, debe citarse el Convenio 157 de la OIT, sobre el establecimiento de un sistema internacional para la conservación de los derechos en materia de seguridad social (1982), que versa sobre los llamados “derechos en curso de adquisición”, en materia de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes. Este instrumento internacional suministra elementos para el reconocimiento de las cotizaciones u otras formas de contribución que hayan sido acumuladas en uno o varios países miembros, por parte las personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación de éstos, así como a los miembros de su familia y a sus sobrevivientes, con el fin de que tales aportes sustenten un derecho en dichas materias.

Bajo las anteriores perspectivas, el “principio de la condición más beneficiosa”, tiene adoctrinado la Sala por línea general, entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificar el régimen pensional al cual estuvieran adscritos, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido en sentido riguroso, se ubican en una posición intermedia, habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbi gratia, haber cumplido íntegramente con la densidad de semanas necesarias que consagraba la ley derogada para obtener una prestación de índole pensional. A ellos, entonces, se les debe aplicar la disposición anterior, es decir, la vigente para el momento en que reunieron la densidad exigida para obtener la prestación. En ese horizonte, ha enseñado esta Corporación que, tratándose de derechos que no se consolidan por un solo acto sino que suponen una situación que se integra mediante hechos sucesivos, hay lugar al derecho eventual, que no es definitivo o adquirido mientras no se cumpla la última condición, pero que sí implica una situación concreta protegida por la ley, tanto en lo atinente al acreedor como al deudor, por lo que supera la mera o simple expectativa. Estas son las llamadas por la doctrina constitucional “expectativas legítimas”.

En este contexto, para la aplicación de dicho principio, debe partirse de la base que tanto ese postulado como el derecho a la seguridad social, tienen raigambre constitucional, y en normas internacionales, que hacen parte del bloque de constitucionalidad y de nuestro ordenamiento interno, acorde con los artículos 48, 53 y 93 de la CN, como por ejemplo, el artículo 19-8 de la Constitución de la OIT; los Convenios 128 y 157 de la OIT, relativo a las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, y sobre el establecimiento de un sistema internacional para la conservación de los derechos en materia de seguridad social, respectivamente, lo que permite indicar que se trata de un derecho inherente al ser humano, lo que responde a la naturaleza irrenunciable a la seguridad social, y a los valores de solidaridad, universalidad y progresividad de su cobertura.

Lo anterior, con el fin de proteger las expectativas legítimas, ante cambios normativos abruptos que impongan requisitos adicionales que dificulten o repriman la consolidación de un derecho, frente al cual una persona bajo una normatividad anterior, tenía la confianza de su consolidación.

Ahora bien, respecto a la aplicación de este principio en el transito legislativo entre la Ley 797 de 2003, y la Ley 100/93, también la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse, afirmándose que era factible acudir a la norma inmediatamente anterior, pese a que el fallecimiento del asegurado ocurriere cuando ya había entrado a regir la Ley 797/03, ello bajo el entendido que la nueva disposición era regresiva en tanto que era más exigente en cuanto al número de semanas requeridas para acceder al derecho pensional, truncando así la posibilidad a los beneficiarios de que se les otorgara esa prestación.

Es así como en la sentencia CSJ SL, 28 ago. 2012, rad. 42395, la Sala encontró procedente la aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, pese a que el deceso del asegurado ocurrió en el año 2005; es decir, en vigencia de la Ley 797 de 2003, precisando que como el afiliado se encontraba cotizando al sistema al momento de la muerte, debía aplicarse el literal a) del referido canon 46, que exige «que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte».

En dicha providencia se sostuvo:

[…] los cargos no está[n] llamados a prosperar por cuanto en las consideraciones de instancia, se llegaría a la misma conclusión del ad quem en el sentido de acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pues a la luz de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, sí se cumplen las exigencias de la prestación económica que se pretende reivindicar en este proceso, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

En efecto, las documentales que militan a folios 167 a 168 dan cuenta de que el causante Jesús Enrique Valbuena Villagran era afiliado y estaba cotizando para el momento de su fallecimiento (3 de julio de 2005), y que hizo aportes para pensiones al Instituto de Seguros Sociales entre marzo de 1969 y el 1º de julio de 2005, sufragando un total de 802,4285 semanas, con lo cual se cumplen las exigencias que prevé el literal a) del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en cuanto tal preceptiva establecía como requisito para la pensión de sobrevivientes “que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte”, supuestos fácticos que se reúnen a cabalidad en el sub judice, en tanto, se reitera, aparece cotizando hasta el día de su deceso. (Subrayado fuera del texto original).

Más recientemente, en la sentencia CSJ SL4650-2017, la Sala reexaminó nuevamente el tema frente a la aplicación de este postulado, precisando que era dable acudir al mismo, siempre y cuando el deceso del causante ocurriera en el transito legislativo entre las Leyes 100/93 y 797/03, fijando como parámetros que ese hecho debía tener lugar entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, aduciendo para ello:

D. Temporalidad de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003

Como se recuerda la condición más beneficiosa es un mecanismo que: (i) busca minimizar la rigurosidad propia del principio de la aplicación general e inmediata de la ley; (ii) protege a un grupo poblacional con expectativa legítima, no con derecho adquirido, que goza de una situación jurídica concreta, cual es, la satisfacción de las semanas mínimas que exige la reglamentación derogada para acceder a la prestación que cubre la contingencia de la invalidez; y (iii) al ser excepcional, su aplicación, necesariamente, es restringida y temporal.

Sin perder de vista lo precedente, y una vez analizada la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003, brota espontánea una primera conclusión: el legislador jamás pretendió perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993 que regulan la pensión de sobrevivientes, y si bien con la condición más beneficiosa debe respetarse o mejor resguardarse los hechos denominados por la doctrina foránea «intertemporales» que se generan con personas que tienen una situación jurídica concreta, ello no puede llevar a mantener, per secula seculorum, la protección de «“derechos” que no son derechos”», en contra posición de la nueva ley que ha sido proferida honrando la Constitución Política.

De suerte que, a falta de normatividad expresa, el principio de la condición más beneficiosa emerge como un puente de amparo construido temporalmente para que transiten, entre la anterior y la nueva ley, aquellas personas que, itérese, tienen una situación jurídica concreta, con el único objetivo de que, en la medida que lo recorren, paulatinamente vayan construyendo los «niveles» de cotización que la normativa actual exige.

Pero ¿cuál es el tiempo de permanencia de esa «zona de paso» entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003? Bueno, para la Corte lo es de tres años, tiempo este que la nueva normativa (Ley 797 de 2003) dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones reúnan la densidad de semanas de cotización-50- y una vez verificada la contingencia de la muerte los causahabientes puedan acceder a la prestación correspondiente.

Con ese fin, se obtiene un punto de equilibrio y se conserva razonablemente por un lapso determinado- tres años-, los «derechos en curso de adquisición», respetándose así, para determinadas personas, las semanas mínimas establecidas en la Ley 100 de 1993, «con miras a la obtención de un derecho en materia de pensiones, cuya efectividad se subordina al cumplimiento ulterior de una condición», cual es, la muerte.

Entonces, algo debe quedar muy claro. Solo es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima. Con estribo en ello se garantiza y protege, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la mu[e]rte, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional.

De igual forma, estableció una serie reglas y subreglas que debían cumplirse por el asegurado fallecido para poder concluirse que este dejó causado el derecho a la pensión por sobrevivencia; sobre este particular aspecto, se dijo:

3. Recapitulación

Recapitulando, se debe conceder la pensión de invalidez, en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes supuestos:

3.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo

Que al 29 de enero de 2003 el afiliado estuviese cotizando.

b) Que hubiese aportado 26 semanas en cualquier tiempo, anterior al 29 de enero de 2003.

c) Que la muerte se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006.

d) Que al momento de la fallecimiento estuviese cotizando, y

e) Que hubiese cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, antes del deceso.

Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo

a) Que al 29 de enero de 2003 el afiliado no estuviese cotizando.

b) Que hubiese aportado 26 semanas en el año que antecede a dicha data, es decir, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2002.

c) Que la muerte se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006.

d) Que al momento del deceso no estuviese cotizando, y

e) Que hubiese cotizado 26 semanas en el año que antecede al fallecimiento.

4. Combinación permisible de las situaciones anteriores

A todas estas, también hay que tener presente, para otorgar la pensión de invalidez bajo la égida de la condición más beneficiosa, la combinación de las hipótesis en precedencia, así:

4.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando falleció no estaba cotizando

La situación jurídica concreta se explica porque el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, se encontraba cotizando al sistema y había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo.

Si el mencionado afiliado, además, no estaba cotizando para la época del siniestro de la muerte - «hecho que hace exigible el acceso a la pensión»- que debe sobrevenir entre el 29 de enero de 2003 y 29 de enero de 2006, pero tenía 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior al fallecimiento, es dable la aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Acontece, sin embargo, que de no verificarse este último supuesto, no aplica tal postulado.

Aunque suene repetitivo, es menester insistir en que si al momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, el afiliado se encontraba cotizando al sistema y no le había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo, no goza de una situación jurídica concreta.

4.2 Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando falleció estaba cotizando

Acá, la situación jurídica concreta nace si el afiliado al momento del cambio legislativo, vale decir, 29 de enero de 2003, no estaba cotizando al sistema pero había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 29 de enero de 2003 y 29 de enero de 2002.

Ahora, si el aludido afiliado estaba cotizando al momento de la muerte - «hecho que hace exigible el acceso a la pensión»- que debe suceder entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, y tenía 26 semanas de cotización en el cualquier tiempo, igualmente se aplica el postulado de la condición más beneficiosa. La Sala juzga pertinente advertir que de no cumplirse este último supuesto, no se aplica dicho principio.

En el mismo sentido que en el caso delantero, y aún a riesgo de fatigar, debe acentuarse que si el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, no estaba cotizando al sistema y tampoco había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 29 de enero de 2003 y 29 de enero de 2002, no existe una situación jurídica concreta.

Si bien dicha línea de pensamiento se mantiene hasta la fecha, la Sala considera pertinente hacer un nuevo análisis sobre el tema en particular, puesto que al efectuar una interpretación desde una perspectiva más amplia del postulado de la condición más beneficiosa, puede concluirse sin vacilación alguna, que nada se opone para que en aquellos casos en los que el deceso del causante ocurra más allá del 29 de diciembre de 2006, se pueda dar aplicación a este principio, bajo los requisitos que consagra el artículo 46 de la Ley 100/93, en su versión primigenia.

Lo anterior, por cuanto el límite temporal al que alude la referida sentencia CSJ SL4650-2017, en que debe darse ese amparo, lo cual se funda en el principio de sostenibilidad financiera del sistema, y en que no resulta dable acudir a esta figura de manera perenne, en tanto que el legislador no pretendió perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993, que regulan la pensión de sobrevivientes, entre otras aspectos, a la luz de la Constitución Nacional y de las normas internacionales a las que se ha hecho referencia, y que consagran este principio, no resulta suficiente ni razonable tales argumentos para negar a una persona el derecho fundamental de acceder a este tipo prestaciones, restringiendo o coartando la posibilidad de su otorgamiento, y de paso que se incurra en un trato diferenciado e injustificado frente a algunos individuos que reclaman dicha prestación, pero que al ocurrir el fallecimiento del afiliado fuera de ese periodo temporal se le niega el acceso a la pensión, en una abierta contraposición a los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas, en aquellos eventos en los que quien reclama la prestación por sobrevivencia es una persona vulnerable, y por ende, sujeto de especial protección por parte del Estado.

A Lo anterior cabe agregar, que al analizar las diferentes hipótesis que allí se plantean como supuestos fácticos que deben cumplir los asegurados para acceder a la pensión de invalidez bajo esta nueva línea de pensamiento, se observa que las reglas allí trazadas, a más de ser en algunos casos confusas, también se tornan poco posibles de cumplir, de tal suerte, que de manera exigua o en nada termina favoreciendo al grupo poblacional al que está dirigida, lo que va en contraposición del principio de la condición más beneficiosa y de los derechos fundamentales al mínimo vital y vida digna que se ven conculcados.

En efecto, no puede perderse de vista, que el alcance de ese postulado y el derecho fundamental a la seguridad social, que tienen arraigo constitucional (artículos 48 y 53), debe interpretarse bajo el principio pro homine, consagrado en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que se traduce en que al encontrarnos ante una normativa de este rango, que ofrezca dos posibles entendimientos o intelecciones, debe acogerse o privilegiarse aquella hermenéutica que más favorezca al individuo, lo que entre otras cosas, tiene como objetivo el de alcanzar los fines esenciales del Estado, verbigracia, el de brindar una amplia protección a los asociados, frente a una contingencias de esta naturaleza.

Sobre este aspecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-438 de 2013, sostuvo:

El Estado colombiano, a través de los jueces y demás asociados, por estar fundado en el respeto de la dignidad humana (artículo 1º de la Constitución) y tener como fines garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes (artículo 2º), tiene la obligación de preferir, cuando existan dos interpretaciones posibles de una disposición, la que más favorezca la dignidad humana. Esta obligación se ha denominado por la doctrina y la jurisprudencia “principio de interpretación pro homine” o “pro persona”. A este principio se ha referido esta Corporación en los siguientes términos:

“El principio de interpretación <pro homine>, impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional”.

Éste es entonces un criterio de interpretación que se fundamenta en las obligaciones contenidas en los artículos 1° y 2º de la Constitución antes citados y en el artículo 93, según el cual los derechos y deberes contenidos en la Constitución se deben interpretar de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

Precisamente, tal situación es la que se avizora frente a este postulado, en tanto que desde hace algunos años, la Corte Constitucional ha admitido en varias de sus decisiones de tutela y particularmente en la sentencia de unificación SU 005 de 2018, una interpretación más proteccionista y favorable frente a la aplicación del tantas veces mencionado principio, aun en el transito legislativo de Ley 100 de 1993 y la modificación introducida por la Ley 797/03, siempre y cuando se cumpla con el test de procedencia en ella establecido.

De tal suerte, que resulta dable su aplicación en el tiempo en forma irrestricta, puesto que ello se aviene o acompasa con los derechos fundamentales en juego, los que en manera alguna pueden sesgarse bajo una cortapisa o barrera de temporalidad en la aplicabilidad de este postulado, pues se itera, ello no se ajusta con la efectivización de los derechos que se buscan proteger, debiendo tenerse en cuenta, en todo caso, que la finalidad del tantas veces mencionado principio, es salvaguardar expectativas legítimas que no desaparecen ni dejan de serlo por el simple hecho de una sucesión normativa ni el transcurrir del tiempo, al punto que se cumplen a cabalidad las características que lo identifican señaladas en la misma sentencia CSJ SL4650-2017, como son:

Es una excepción al principio de la retrospectividad.

Opera en la sucesión o tránsito legislativo.

Procede cuando se predica la aplicación de la normatividad inmediatamente anterior a la vigente al momento del siniestro.

Entra en vigor solamente a falta de un régimen de transición, porque de existir tal régimen no habría controversia alguna originada por el cambio normativo, dado el mantenimiento de la ley antigua, total o parcialmente, y su coexistencia en el tiempo con la nueva.

Entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia –expectativas legítimas- habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada.

Respeta la confianza legítima de los destinatarios de la norma.

En síntesis, debe la Sala precisar, que la aplicación del principio de condición más beneficiosa procede igualmente en aquellos casos de sucesión normativa entre la Ley 797 de 2003 y Ley 100/93, sin que haya lugar a imponer un límite temporal para acudir a este postulado, siempre y cuando el asegurado fallecido cumpla con los requisitos que esta última disposición exige en su canon 46.

Caso concreto.

En el asunto bajo examen se tiene que el causante al momento de su deceso acaecido el 23 de julio de 2011, era un cotizante activo, tal y como se desprende de la historia laboral; en esa medida, al analizar el caso bajo el principio de condición más beneficiosa acudiendo a la normatividad anterior a la fecha del fallecimiento, esto es la Ley 100 de 1993, en su versión original, que como se explicó en precedencia resulta aplicable, se tiene que dicha normatividad en su artículo 46, exige como requisitos dejar causado el derecho a la prestación por sobrevivencia, los siguientes:

Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por los menos veintiséis (26) semanas al momento de su muerte;

Que hubiere dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.

Bajo este horizonte, al ser afiliado activo para el momento de la muerte, debe aplicarse el literal a) de dicha normatividad, es decir, que la exigencia es que el asegurado tuviera veintiséis (26) semanas aportadas para la data de su deceso, requisito que evidentemente se cumple en este caso.

Fuerza concluir entonces, que el Tribunal incurrió en el yerro jurídico que se le endilga, por cuanto interpretó de manera errónea el artículo 46 de la Ley 100/93, al que acudió bajo el principio de condición más beneficiosa, al exigirle un requisito de densidad de aportes que la norma no consagra; razón suficiente para que el cargo prospere y de al traste con la sentencia fustigada.

En los anteriores términos, dejo consignado entonces mi salvamento de voto, que fueron precisamente los que había consignado en el proyecto que lleve a la Sala como ponente y que me fue derrotado.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado

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