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Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › 2021 › SL2570-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2570-2021

Pensión de invalidez

Fecha
28 de abril de 2021
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
41 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2570-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Tiene la accionante vocación de percibir la pensión de invalidez en aplicación de la Ley 860 de 2003, pese a que su pérdida de capacidad laboral se estructuró el 16 de agosto de 1968?

  2. ¿A partir de qué fecha se cuenta el tiempo de cotización exigido para la pensión de invalidez cuando la afiliada siguió laborando después de la fecha de estructuración?

  3. ¿Puede el juez laboral imponer de oficio la indexación de las condenas causadas a favor del demandante?

Reglas

  1. En la pensión de invalidez, la fecha de estructuración es la regla general, pero se admiten excepciones cuando la pérdida de capacidad deriva de enfermedades con secuelas que se manifiestan después.

    «se admiten excepciones cuando la pérdida de la capacidad laboral deviene de enfermedades cuyas «secuelas se manifiesten de manera ulterior»
  2. Si el afiliado mantuvo vida laboral activa hasta una fecha, esa data puede fijar la estructuración real de la invalidez y el hito para contar las semanas exigidas.

    «en consecuencia, este es el hito a partir del cual se inicia la contabilización del tiempo requerido por el legislador»
  3. El juez laboral debe indexar de oficio los rubros causados a favor del demandante, porque la indexación no aumenta la condena y garantiza el pago íntegro de la obligación.

    «el juez del trabajo tiene el deber, incluso con el empleo de las facultades oficiosas, de indexar los rubros causados en favor de la demandante»
  4. Las mesadas pensionales causadas más de tres años antes de la presentación de la demanda están prescritas.

    «aquellas mesadas causadas con anterioridad a la de octubre de 2006 se encuentran prescritas»

Decisión

Revoca la sentencia de primera instancia y condena a Colpensiones a reconocer la pensión de invalidez desde el 1 de junio de 2005, con mesada inicial de $381.500, y a pagar el retroactivo causado desde el 1 de octubre de 2006 con su indexación. Declara parcialmente probada la prescripción, no reconoce intereses moratorios y autoriza descontar lo ya pagado.

Parte resolutiva

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, D.C., el treinta (30) de agosto de dos mil diez (2010) y, en su lugar, se CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a reconocer a la señora MARÍA LUCILA MORA, la pensión de invalidez desde el primero (1º) de junio de dos mil cinco (2005), en cuantía inicial de $381.500, y a pagar por retroactivo pensional causado desde el 1° de octubre de 2006 al 31 de marzo de 2021, la suma de $127.187.740, más la indexación equivalente a $34.374.287, sin perjuicio que se actualice hasta el momento en que se satisfaga en su totalidad la obligación. A partir del mes de abril de 2021, la demandada deberá continuar pagando una mesada pensional de $908.526, junto con los incrementos de ley. SEGUNDO. COLPENSIONES deberá descontar del retroactivo a cancelar, la suma que se genere por concepto de aportes a salud a girarse con destino a la EPS que esté afiliada o se afilie la actora. TERCERO: AUTORIZAR a la entidad demandada, para que realice la compensación correspondiente en los términos expuestos en la parte motiva. En el evento de mesadas pagadas, no deberá reconocerse la indexación. CUARTO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito expuestas por la demandada dirigidas a controvertir del derecho a la pensión invalidez. DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA la excepción de prescripción con relación a aquellas mesadas que se causaron con anterioridad a la de octubre de 2006. DECLARAR PROBADA la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN con relación a la pretensión de intereses moratorios. QUINTO: Costas como se indicó en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2570-2021

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

28 de abril de 2021

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL2570-2021

Radicación n.° 52559

Acta 15

Fallo de Instancia

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Procede la Sala a emitir la sentencia de instancia, dentro del proceso ordinario laboral que MARÍA LUCILA MORA instauró en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

Mediante sentencia CSJ SL4178-2020, emitida el 14 de octubre del mismo año, al estudiar el recurso de casación que interpuso la parte actora, esta Colegiatura resolvió quebrar la decisión que la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 31 de mayo de 2011, a través de la cual confirmó la decisión absolutoria del juzgado.

María Lucila Mora llamó a juicio al extinto Instituto de Seguros Sociales, con el fin de obtener condena al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez de origen común, a partir del 24 de abril de 2005, reajustes a pensión, mesadas adicionales de junio y diciembre de 2003 y 2004[sic] así como las subsiguientes, intereses moratorios y costas del proceso.

Para fundamentar sus pretensiones, adujo que el día 24 de abril de 2003 radicó la solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez ante el Instituto de Seguros Sociales y mediante Resolución n.˚ 000745 del 21 de enero de 2005, se negó el derecho a la prestación económica, acto que fue controvertido en sede administrativa.

Refirió que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, D.C. y Cundinamarca emitió un dictamen médico laboral, donde estableció una pérdida de la capacidad laboral de 63,50%, con fecha de estructuración 16 de agosto de 1968 y luego de ello, el Instituto de Seguros Sociales solicitó una nueva valoración.

Expuso que promovió acción de tutela contra la convocada, la cual culminó a su favor, por lo que le fue reconocida la pensión de invalidez de forma provisional; sin embargo, y pese a la existencia de la orden de amparo, mediante Resolución n.˚ 0018537 del 24 de junio de 2005, el Instituto de Seguros Sociales reiteró su decisión de negar el derecho a la prestación económica.

La demandada, Instituto de Seguros Sociales, se opuso a las pretensiones; respecto a los hechos, aceptó la totalidad de los enunciados, pero expuso en su defensa, el incumplimiento de los requisitos consignados en el Acuerdo 224 de 1966, normativa que reglamentaba la pensión solicitada.

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito absolvió a la demandada de las pretensiones, decisión que fue confirmada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del 31 de mayo de 2011.

Esta Corte, mediante fallo CSJ SL4178-2020, al estudiar el recurso de casación interpuesto por la promotora del proceso, resolvió quebrar el fallo proferido por la Sala Laboral de Descongestión citada, por cuanto:

[…] existen eventos donde la data de estructuración de la invalidez no debe tenerse como aquella en que se evidenció la enfermedad o el primer síntoma, porque al tiempo en que lenta y paulatinamente la enfermedad va desmejorando la situación de salud la persona puede desarrollar actividades que le permitan ser productiva hasta cuando se verifique que efectivamente pierde la capacidad laboral de forma permanente y definitiva, máxime cuando se padece desde la infancia.

Las tareas o faenas descritas, no fueron asumidas por el Tribunal Superior de Bogotá en su Sala de Descongestión, como tampoco se dio cuenta que en el plenario sí aparece la prueba según la cual la actora cotizó algunas semanas al otrora Instituto de Seguros Sociales, aun cuando no se tenga la certeza de su número preciso, ya que en la resolución expedida por el ente de seguridad social demandado, que obra a folio 30 del plenario, se indica que lo hizo de manera interrumpida entre el 17 de mayo de 1988 y el 30 de noviembre de 2004; y desconoció igualmente que, en términos de la demanda, el ISS ya reconoció pensión de «vejez» a pesar de que por tutela se le ordenó conceder una de invalidez.[…]

Con el fin de proferir la decisión de instancia, se ordenó oficiar a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, para que remitiera la historia laboral de la actora, así como el dictamen pericial rendido por la Junta Nacional de Calificación, si este último se hubiese practicado.

Allegada únicamente la historia laboral y el expediente administrativo de la actora, los cuales se dispuso tenerlos como medio de prueba, incorporarlos al expediente y darles traslado a las partes; no fueron presentadas alegaciones durante este término. Se procede a resolver la contención, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Pensión de invalidez en torno a los afiliados que padecen enfermedades con secuelas

No es objeto de debate entre las partes que: i) la promotora nació el 20 de enero de 1960; (ii) la calificación realizada el 16 de septiembre de 2004 arrojó como conclusión la pérdida de la capacidad laboral de la actora en un 63,50%, con fecha de estructuración el 16 de agosto de 1968, y (iii) en el dictamen de la Junta Regional de Calificación se lee que el diagnóstico o motivo de la calificación fue secuelas severas de Poliomielitis.

De igual forma, se encuentra acreditado ante la ausencia de prueba por parte de Colpensiones, que a la fecha de esta providencia no ha sido practicado un nuevo dictamen a la señora María Lucila Mora. En efecto, pese a que se requirió a la demandada dicha información, no se acreditó una valoración diferente a la narrada con anterioridad, hecho que fue expuesto al momento de dar contestación al escrito generatriz del proceso; por lo que adquiere plena firmeza el dictamen citado en líneas superiores.

En la apelación la accionante cuestiona que «el Decreto 3041 de 1966, no es la norma aplicable al caso, como lo indica el ISS en sus actos administrativos para negar la pensión […], a lo que agrega, el cúmulo considerable de semanas que aparecen cotizadas al sistema durante el período que transcurre del 17 de mayo de 1988 al «16 de septiembre de 2004».

En ese sendero, el problema jurídico, en sede de instancia, gravita en determinar si la accionante tiene vocación de percibir la pensión de invalidez en aplicación a la Ley 860 de 2003, pese a estructurarse su pérdida de la capacidad laboral el 16 de agosto de 1968.

Para darle respuesta positiva al anterior interrogante, baste acudir a las consideraciones vertidas en la sentencia de casación, donde, con profusión, se explicó que si bien el hito jurídico a tener cuenta al momento de definir la procedencia de la pensión de invalidez, lo es la fecha de estructuración de dicha condición, siendo ello la regla general; lo cierto es que se admiten excepciones cuando la pérdida de la capacidad laboral deviene de enfermedades cuyas «secuelas se manifiesten de manera ulterior», por lo que en lo concerniente a la calificación debe tenerse «[…]en cuenta la norma en vigor a la fecha en que la persona perdió, de manera definitiva, su capacidad laboral, y no la vigente al momento en que se produjo la enfermedad», y donde, «la prudencia obliga a analizar las particularidades de cada caso a efecto de conceder u otorgar oportunamente las prestaciones económicas y de salud necesarias para la recuperación del afiliado y/o su subsistencia».

Precisado lo anterior, necesariamente debemos acudir a lo adoctrinado en la sentencia CSJ SL1002-2020, que reiteró la CSJ SL4567-2019 que, en cuanto a la viabilidad de modificar el hito a partir del cual se contabilizan las 50 semanas para determinar si cumple con el requisito de acceso a la pensión, explicó:

Es así como en dicha providencia, reiterada en la CSJ SL4567-2019, se sostuvo que de acuerdo a las peculiaridades que en cada caso se evidenciaran, era dable tener en cuenta, no solo la fecha en que se estructuraba la invalidez (regla general), sino también «(i) la calificación de dicho estado, (ii) la de solicitud de reconocimiento pensional o (iii) la de la última cotización realizada -calenda donde se presume que la enfermedad se reveló de tal forma que le impidió seguir trabajando»

En el caso bajo examen y, siguiendo la posición mayoritaria, se observa que la peticionaria mantuvo una vida laboral activa hasta el 31 de mayo de 2005, lo que nos permite inferir que la data en la que verdaderamente se estructuró su situación de invalidez, es el 1 de junio de 2005; en consecuencia, este es el hito a partir del cual se inicia la contabilización del tiempo requerido por el legislador.

Entonces, en el contexto trazado, la normatividad aplicable al asunto es la consignada en la Ley 860 de 2003, que recordemos beneficia con la pensión de invalidez al afiliado que acredite cotizaciones por cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores, –en este caso- y por vía de excepción como se afirmó con anterioridad, a la fecha de la última cotización.

De manera que, al auscultar en la historia laboral incorporada a folios 58 a 71 del cuaderno de la Corte, se logra evidenciar sin asomo a duda, que la accionante cotizó al sistema de pensiones durante el periodo que transcurre del 17 de mayo de 1988 al 31 de mayo de 2005 y, para el lapso que corre desde esta última data al 31 de mayo de 2002, acredita un total de 158,55 semanas cotizadas superando con creces las requeridas en la normatividad aplicable. Por demás, ante la ausencia total de cuestionamiento sobre tales giros, los que por el contrario fueron aceptados por la encartada, se presumen válidos al carecer de elementos suficientes para advertir la intención de defraudar el sistema pensional.

Fluye entonces diáfano, el derecho al reconocimiento de la prestación económica deprecada, contrario a lo considerado en la primera instancia. De ahí que, se impone revocar la sentencia de primer grado para, en su lugar, conceder la prestación económica pretendida, a partir del día 1º de junio de 2005, día siguiente a la última cotización acreditada.

2. Ingreso Base de liquidación y monto

Ahora bien, necesario como es, determinar el ingreso base de liquidación, así como el monto de la prestación, debemos acudir de forma insoslayable a los artículos 21 y 40 de la Ley 100 de 1993, respectivamente; de manera que, efectuadas las operaciones aritméticas pertinentes edificada en las sumas que reportan como cotizaciones durante los diez años anteriores al 31 de mayo de 2005, se genera un ingreso base de liquidación de $308.581,26, atendiendo la siguiente tabla:

Año

Periodo

IBC

Días

Semanas

IBC Actualizado

Salario promedio

1995

feb-95

$60.000

15

2,14

$184.077

$767

1995

mar-95

$60.000

30

4,29

$184.077

$1.534

1995

abr-95

$60.000

30

4,29

$184.077

$1.534

1995

may-95

$60.000

30

4,29

$184.077

$1.534

1995

jun-95

$60.000

30

4,29

$184.077

$1.534

1995

jul-95

$60.000

30

4,29

$184.077

$1.534

1995

ago-95

$60.000

30

4,29

$184.077

$1.534

1995

sep-95

$118.934

30

4,29

$364.883

$3.041

1995

oct-95

$60.000

30

4,29

$184.077

$1.534

1995

nov-95

$60.000

30

4,29

$184.077

$1.534

1995

dic-95

$60.000

30

4,29

$184.077

$1.534

1996

ene-96

$60.000

30

4,29

$154.101

$1.284

1996

feb-96

$72.000

30

4,29

$184.921

$1.541

1996

mar-96

$72.000

30

4,29

$184.921

$1.541

1996

abr-96

$72.000

30

4,29

$184.921

$1.541

1996

may-96

$72.000

30

4,29

$184.921

$1.541

1996

jun-96

$72.000

15

2,14

$184.921

$771

1996

jul-96

0,00

$0

$0

1996

ago-96

0,00

$0

$0

1996

sep-96

0,00

$0

$0

1996

oct-96

$142.125

30

4,29

$365.027

$3.042

1996

nov-96

$142.125

30

4,29

$365.027

$3.042

1996

dic-96

$142.125

30

4,29

$365.027

$3.042

1997

ene-97

$172.005

30

4,29

$363.143

$3.026

1997

feb-97

$172.005

30

4,29

$363.143

$3.026

1997

mar-97

$172.005

30

4,29

$363.143

$3.026

1997

abr-97

$172.005

30

4,29

$363.143

$3.026

1997

may-97

$172.005

30

4,29

$363.143

$3.026

1997

jun-97

$172.005

30

4,29

$363.143

$3.026

1997

jul-97

$172.005

30

4,29

$363.143

$3.026

1997

ago-97

$172.005

30

4,29

$363.143

$3.026

1997

sep-97

$172.005

30

4,29

$363.143

$3.026

1997

oct-97

$172.005

30

4,29

$363.143

$3.026

1997

nov-97

$172.005

30

4,29

$363.143

$3.026

1997

dic-97

$172.005

30

4,29

$363.143

$3.026

1998

ene-98

$172.005

30

4,29

$308.573

$2.571

1998

feb-98

$172.005

30

4,29

$308.573

$2.571

1998

mar-98

$172.005

30

4,29

$308.573

$2.571

1998

abr-98

$172.005

30

4,29

$308.573

$2.571

1998

may-98

$172.005

30

4,29

$308.573

$2.571

1998

jun-98

$172.005

30

4,29

$308.573

$2.571

1998

jul-98

$172.005

30

4,29

$308.573

$2.571

1998

ago-98

$172.005

30

4,29

$308.573

$2.571

1998

sep-98

$172.005

30

4,29

$308.573

$2.571

1998

oct-98

$172.005

30

4,29

$308.573

$2.571

1998

nov-98

$203.826

30

4,29

$365.659

$3.047

1998

dic-98

$203.826

30

4,29

$365.659

$3.047

1999

ene-99

$204.000

30

4,29

$313.618

$2.613

1999

feb-99

$203.826

30

4,29

$313.350

$2.611

1999

mar-99

$203.826

30

4,29

$313.350

$2.611

1999

abr-99

$204.000

30

4,29

$313.618

$2.613

1999

may-99

$204.000

30

4,29

$313.618

$2.613

1999

jun-99

$204.000

30

4,29

$313.618

$2.613

1999

jul-99

$204.000

30

4,29

$313.618

$2.613

1999

ago-99

$204.000

30

4,29

$313.618

$2.613

1999

sep-99

$236.460

30

4,29

$363.520

$3.029

1999

oct-99

$236.460

30

4,29

$363.520

$3.029

1999

nov-99

$236.460

30

4,29

$363.520

$3.029

1999

dic-99

$236.460

30

4,29

$363.520

$3.029

2000

ene-00

$236.460

30

4,29

$332.732

$2.773

2000

feb-00

$236.460

30

4,29

$332.732

$2.773

2000

mar-00

$236.460

30

4,29

$332.732

$2.773

2000

abr-00

$236.460

30

4,29

$332.732

$2.773

2000

may-00

$236.460

30

4,29

$332.732

$2.773

2000

jun-00

$236.460

30

4,29

$332.732

$2.773

2000

jul-00

$236.460

30

4,29

$332.732

$2.773

2000

ago-00

$236.460

30

4,29

$332.732

$2.773

2000

sep-00

$260.100

30

4,29

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2000

oct-00

$260.106

30

4,29

$366.005

$3.050

2000

nov-00

$260.106

30

4,29

$366.005

$3.050

2000

dic-00

$260.100

30

4,29

$365.996

$3.050

2001

ene-01

$260.100

30

4,29

$336.561

$2.805

2001

feb-01

$260.100

30

4,29

$336.561

$2.805

2001

mar-01

$260.100

30

4,29

$336.561

$2.805

2001

abr-01

$260.100

30

4,29

$336.561

$2.805

2001

may-01

$260.100

30

4,29

$336.561

$2.805

2001

jun-01

$260.100

30

4,29

$336.561

$2.805

2001

jul-01

$260.100

30

4,29

$336.561

$2.805

2001

ago-01

$15.000

30

4,29

$19.410

$162

2001

sep-01

$15.000

30

4,29

$19.410

$162

2001

oct-01

$15.000

30

4,29

$19.410

$162

2001

nov-01

$15.000

30

4,29

$19.410

$162

2001

dic-01

$15.000

30

4,29

$19.410

$162

2002

ene-02

$15.000

30

4,29

$18.030

$150

2002

feb-02

$286.000

30

4,29

$343.777

$2.865

2002

mar-02

$286.000

30

4,29

$343.777

$2.865

2002

abr-02

$286.000

30

4,29

$343.777

$2.865

2002

may-02

$15.000

30

4,29

$18.030

$150

2002

jun-02

$286.000

30

4,29

$343.777

$2.865

2002

jul-02

$286.000

30

4,29

$343.777

$2.865

2002

ago-02

$309.000

30

4,29

$371.424

$3.095

2002

sep-02

$309.000

30

4,29

$371.424

$3.095

2002

oct-02

$309.000

30

4,29

$371.424

$3.095

2002

nov-02

$309.000

30

4,29

$371.424

$3.095

2002

dic-02

$309.000

30

4,29

$371.424

$3.095

2003

ene-03

$309.000

30

4,29

$347.199

$2.893

2003

feb-03

$309.000

30

4,29

$347.199

$2.893

2003

mar-03

$309.000

30

4,29

$347.199

$2.893

2003

abr-03

$309.000

30

4,29

$347.199

$2.893

2003

may-03

$309.000

30

4,29

$347.199

$2.893

2003

jun-03

$309.000

30

4,29

$347.199

$2.893

2003

jul-03

$332.000

30

4,29

$373.042

$3.109

2003

ago-03

$332.000

30

4,29

$373.042

$3.109

2003

sep-03

$332.000

30

4,29

$373.042

$3.109

2003

oct-03

$332.000

30

4,29

$373.042

$3.109

2003

nov-03

$332.000

30

4,29

$373.042

$3.109

2003

dic-03

$332.000

30

4,29

$373.042

$3.109

2004

ene-04

$332.000

30

4,29

$350.267

$2.919

2004

feb-04

$332.000

30

4,29

$350.267

$2.919

2004

mar-04

$332.000

30

4,29

$350.267

$2.919

2004

abr-04

$332.000

30

4,29

$350.267

$2.919

2004

may-04

$332.000

30

4,29

$350.267

$2.919

2004

jun-04

$358.000

30

4,29

$377.698

$3.147

2004

jul-04

$358.000

30

4,29

$377.698

$3.147

2004

ago-04

$358.000

30

4,29

$377.698

$3.147

2004

sep-04

$358.000

30

4,29

$377.698

$3.147

2004

oct-04

$358.000

30

4,29

$377.698

$3.147

2004

nov-04

$358.000

30

4,29

$377.698

$3.147

2004

dic-04

$358.000

30

4,29

$377.698

$3.147

2005

ene-05

$358.000

30

4,29

$358.000

$2.983

2005

feb-05

$358.000

30

4,29

$358.000

$2.983

2005

mar-05

$358.000

30

4,29

$358.000

$2.983

2005

abr-05

$358.000

30

4,29

$358.000

$2.983

2005

may-05

$358.000

30

4,29

$358.000

$2.983

TOTALES

3.600

308.581,26

En ese sendero, dado que la actora presentó una pérdida de la capacidad laboral del 63,50%, se parte de una tasa de reemplazo del 45%, de conformidad con el literal a) del artículo 40 de la Ley 100 de 1993 y, considerando que cuenta con un total de 865 semanas cotizadas durante toda la vida laboral, se encuentra que presenta 365 semanas adicionales a las 500 requeridas por la ley, lo cual corresponde a 10,5% adicional en la tasa de reemplazo, de conformidad con el incremento de 1.5% por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500.

Por lo anterior, la tasa de reemplazo o monto a aplicar al ingreso base de liquidación es de 55,5%.

Determinación del valor de la mesada pensional

Al hallarse el ingreso base de liquidación en $308.581 y aplicar la tasa de reemplazo del 55,5%, se obtiene un valor de mesada de $171.263, monto inferior al salario mínimo legal mensual vigente para el año 2005 ($381.500); por lo que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, la mesada pensional corresponde al salario mínimo vigente en 2005.

Incrementos en los valores de la mesada pensional por año

Considerando que el valor de la mesada pensional se establece en el salario mínimo legal mensual vigente, a continuación, se presenta la evolución del mismo por el periodo desde el año 2005 hasta el 2021.

Año

Valor de la mesada

2005

$381.500

2006

$408.000

2007

$433.700

2008

$461.500

2009

$496.900

2010

$515.000

2011

$535.600

2012

$566.700

2013

$589.500

2014

$616.000

2015

$644.350

2016

$689.455

2017

$737.717

2018

$781.242

2019

$828.116

2020

$877.803

2021

$908.526

Excepciones

En atención a lo discurrido, se declararán no probadas las excepciones propuestas que se dirigen a controvertir la vocación del derecho pensional, y sólo aquella denominada prescripción, lo será parcialmente. En efecto, con relación a este último medio exceptivo, al determinar el disfrute del derecho a partir del 1º de junio de 2005 y presentarse el documento introductor del proceso, solo hasta el 19 de octubre de 2009 (fl. 33), acaeció el término trienal de que trata el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por lo que aquellas mesadas causadas con anterioridad a la de octubre de 2006 se encuentran prescritas.

Llegados a este punto del sendero, resulta oportuno recordar lo asentado en la providencia CSJ SL1011-2021, en cuanto a que por regla general las pensiones se pagan por mensualidades vencidas, en virtud de lo estatuido en el artículo 35 del Acuerdo 049 de 1990, aplicable al presente asunto a la luz de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, por vía de excepción a dicho plazo encontramos la mesada adicional de diciembre que, según el artículo 50 del estatuto de la seguridad social, «los pensionados por vejez o jubilación, invalidez y sustitución o sobrevivencia continuarán recibiendo cada año, junto con la mesada del mes de Noviembre, en la primera quincena del mes de Diciembre, el valor correspondiente a una mensualidad adicional a su pensión» (negrillas fuera de texto).

Entonces, en el horizonte trazado, la mesada pensional de octubre de 2006 no está afectada por la prescripción. Dicho en otras palabras, pero conservando la misma idea, se encuentran afectadas por tal fenómeno las mesadas pensionales causadas con anterioridad a octubre de 2006, esto es, desde septiembre de 2006 hacia atrás.

Y en esta vía, es oportuno precisar que, en el presente asunto, según se desprende de la plataforma probatoria, la accionante se le reconoció provisionalmente y disfrutó de su pensión de invalidez desde el 14 de junio de 2005, según da cuenta la Resolución n.˚ 748 del 1º de agosto de 2005, acto administrativo que no fue controvertido en lo relacionado con el hito desde el cual iniciaría el pago de su prestación. Si bien se encuentran incorporadas al expediente administrativo, una serie de peticiones o solicitudes, de ninguna de ellas emerge, con meridiana claridad, la discusión al menos aproximada del retroactivo pensional.

Retroactivo pensional e indexación

Para la cuantificación del retroactivo pensional se consideraron 14 pagos por año, desde el 1º de octubre de 2006 al 31 de marzo de 2021, obteniendo los siguientes resultados agregados por año, sin perjuicio que se actualice hasta el momento en que se satisfaga en su totalidad la obligación:

Año

Valor de mesada

Número de mesadas al año

Retroactivo

Indexación

2005

$381.500

0

Prescripción

Prescripción

2006

$408.000

4

$1.632.000

$1.225.008

2007

$433.700

14

$6.071.800

$4.110.979

2008

$461.500

14

$6.461.000

$3.661.374

2009

$496.900

14

$6.956.600

$3.515.535

2010

$515.000

14

$7.210.000

$3.400.777

2011

$535.600

14

$7.498.400

$3.169.826

2012

$566.700

14

$7.933.800

$3.009.491

2013

$589.500

14

$8.253.000

$2.906.445

2014

$616.000

14

$8.624.000

$2.703.833

2015

$644.350

14

$9.020.900

$2.261.116

2016

$689.455

14

$9.652.370

$1.578.104

2017

$737.717

14

$10.328.038

$1.194.560

2018

$781.242

14

$10.937.388

$881.978

2019

$828.116

14

$11.593.624

$507.353

2020

$877.803

14

$12.289.242

$232.925

2021

$908.526

3

$2.725.578

$14.983

Totales

$127.187.740

$34.374.287

En cuanto a la pretensión relacionada con los intereses moratorios, conforme a la línea de pensamiento de esta Corte se ha admitido «que cuando la prestación se origina en un cambio jurisprudencial, como sucede en el presente caso, es posible la exoneración de los intereses moratorios, pero no en todos los casos, pues si la postura negativa de la entidad de seguridad social se ha dado con posterioridad a la variación del criterio judicial, periódicamente reiterado por esta Sala de Casación, ello no es posible, como se precisó en la sentencia CSJ SL1914-2019» (SL1586-2020). Y, si a la verdad, en el presente asunto la concesión del derecho a la pensión deviene del análisis novedoso y profuso de las circunstancias particulares de la accionante, no abordado con anterioridad por la Corporación, no se encuentran llamados al éxito los réditos enunciados. Sin embargo, ello no puede entenderse como un habilitante para el desconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo de las mesadas causadas y no canceladas, por lo que se reconocerá su derecho a la indexación, como pasa a explicarse.

Ciertamente, a pesar de no haberse solicitado el reconocimiento del rubro precitado, lo cierto es que el viraje de la jurisprudencia nacional en ese sendero fue fijado en la sentencia CSJ SL359-2020, donde al anunciarse un cambio de criterio en la Sala, se anotó que:

Por lo visto, el juez del trabajo tiene el deber, incluso con el empleo de las facultades oficiosas, de indexar los rubros causados en favor de la demandante, lo cual, en vez de contrariar alguna disposición sustantiva o adjetiva, desarrolla los principios de equidad, justicia social y buena fe que tienen pleno respaldo constitucional; de paso protege la voluntad intrínseca del interesado, puesto que es impensable que desee recibir el crédito causado en su favor con una moneda depreciada.

Debe insistirse en que la indexación no aumenta o incrementa las condenas, sino, más bien, garantiza el pago completo e íntegro de la obligación. Sin la indexación, las condenas serían deficitarias y el deudor recibiría un menor valor del que en realidad se le adeuda, premisa que tiende a agudizarse en tiempos de crisis y congestión judicial.

En suma, la imposición oficiosa de la actualización no viola la congruencia que debe existir entre las pretensiones de la demanda y la sentencia judicial. Por el contrario, pretende, con fundamento en los principios de equidad e integralidad del pago, ajustar las condenas a su valor real y, de esta manera, impedir que los créditos representados en dinero pierdan su poder adquisitivo por el fenómeno inflacionario. Es decir, procura que la obligación se satisfaga de manera completa e integral.

Por lo visto, a partir de esta sentencia la Sala fija un nuevo criterio, para establecer que el juez tiene la facultad de imponer la indexación de las condenas de manera oficiosa […]

Para proceder a la actualización deberá acudirse a aquella fórmula rememorada, a manera de ejemplo, en la sentencia CSJ SL593-2021, la cual se integra con los siguientes componentes:

VA = VH x IPC Final

IPC Inicial

De donde:

VA =Valor actualizado

VH = Valor histórico que corresponde a la suma a indexar

IPC Final = Índice de Precios al Consumidor vigente en el mes en que se materialice el pago.

IPC Inicial = Índice de Precios al Consumidor vigente en el mes siguiente a la mesada que será objeto de indexación.

Ahora bien, demostrado como está que mediante Resolución n.˚ 000748 de agosto 1º de 2005 (folios 30 a 32 Cuaderno de Primera Instancia) el otrora Instituto de Seguros Sociales le reconoció a la accionante de forma provisional la pensión de invalidez, en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., declaración que luego fue suspendida mediante Resolución n.˚ 023495 del 3 de agosto de 2010, al no promoverse la acción judicial dentro de los cuatro meses dispuestos en la precitada decisión judicial; deberá autorizarse a la encartada para que al momento del pago del retroactivo descuente aquellas sumas que efectivamente ya fueron canceladas, así como se le exonera del reconocimiento de su indexación.

Ahora bien, una cosa debe quedar en claro: aquellos valores que fueron recibidos por la accionante y erogados por la accionada en el marco de la acción de tutela a que hemos hecho referencia, no pueden entenderse como sumas de posible descuento del retroactivo ordenado, al devenir su fuente de una orden judicial cuyo ajuste a derecho escapa de la órbita de discusión en esta sede, por lo que fluye su inmutabilidad al emerger como un derecho a favor de la actora y que se contrae en las mesadas que se cancelaron del 15 de junio de 2005 al 30 de septiembre de 2006. Aquellas pagadas en forma posterior, sí podrán ser compensadas por la convocada conforme lo discurrido en esta providencia.

Finalmente, conforme a lo consagrado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo estatuido en el artículo 42 inc. 3° del Decreto 692 de 1994, la demandada deducirá de la suma reconocida como retroactivo pensional, el valor constitutivo de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud a cargo de la demandante, a partir de la fecha del disfrute de la prestación económica, con el fin de que sea transferido a la E.P.S. a la que se encuentre afiliada.

Sin costas en segunda instancia. En primera instancia a cargo de la parte vencida.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, D.C., el treinta (30) de agosto de dos mil diez (2010) y, en su lugar, se CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a reconocer a la señora MARÍA LUCILA MORA, la pensión de invalidez desde el primero (1º) de junio de dos mil cinco (2005), en cuantía inicial de $381.500, y a pagar por retroactivo pensional causado desde el 1° de octubre de 2006 al 31 de marzo de 2021, la suma de $127.187.740, más la indexación equivalente a $34.374.287, sin perjuicio que se actualice hasta el momento en que se satisfaga en su totalidad la obligación. A partir del mes de abril de 2021, la demandada deberá continuar pagando una mesada pensional de $908.526, junto con los incrementos de ley.

SEGUNDO. COLPENSIONES deberá descontar del retroactivo a cancelar, la suma que se genere por concepto de aportes a salud a girarse con destino a la EPS que esté afiliada o se afilie la actora.

TERCERO: AUTORIZAR a la entidad demandada, para que realice la compensación correspondiente en los términos expuestos en la parte motiva. En el evento de mesadas pagadas, no deberá reconocerse la indexación.

CUARTO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito expuestas por la demandada dirigidas a controvertir del derecho a la pensión invalidez. DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA la excepción de prescripción con relación a aquellas mesadas que se causaron con anterioridad a la de octubre de 2006. DECLARAR PROBADA la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN con relación a la pretensión de intereses moratorios.

QUINTO: Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

(Aclara voto)

FERNANDO CASTILLO CADENA

Ausencia justificada

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

(Aclara voto)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado Ponente

ACLARACIÓN DE VOTO EN SEDE DE INSTANCIA

Radicación n° 52559

REFERENCIA: MARÍA LUCILA MORA vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-.

Con el debido respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito aclarar el voto por dos aspectos puntuales que se desarrollan en la sentencia, los que se refieren (i) al hito a partir del cual debe iniciarse la contabilización de las semanas para establecer la vocación de percibir una pensión de invalidez y (ii) el número de días que deben ser contabilizados por año para tal fin.

Hito para la contabilización de semanas

El legislador colombiano desde 1946 diseñó el modelo pensional con la mirada en la teoría financiera, económica y jurídica de la institución del seguro, lo que de hecho supone varios supuestos como que: i) el siniestro no haya sido provocado intencionalmente; ii) el riesgo asegurado sea futuro e incierto, y iii) el pago de la prima del seguro se efectúe dentro de los plazos estipulados. Este modelo fue acogido por la Ley 100 de 1993 y se encuentra completamente vigente.

Así las cosas, la exigencia de tener cotizadas al sistema 50 semanas antes de la fecha de estructuración tiene que ver con la eliminación de los incentivos al fraude, dado que la afiliación de personas que, ya están en estado de invalidez, indudablemente, no son sujeto de protección del sistema contributivo de pensiones, no obstante, sí serlo del sistema integral de seguridad social y de los demás programas del esquema constitucional y legal de protección social. En ese contexto, la ley asume que una persona no tiene manera de saber que después de 50 semanas se le estructurará un estado de invalidez, sea por enfermedad o accidente común.

Llegados a este punto del sendero, brota una conclusión: la fecha de la última cotización, como hito para el conteo de las semanas de cotización para acceder al derecho, carece de soporte legal, además, no se compadece con la definición de siniestro que exige que la data de estructuración sea anterior o concomitante a la de la declaratoria. Miremos:

La protección de la invalidez como un riesgo

El sistema de seguridad social en pensiones de antaño ha buscado que las personas logren a las edades de retiro, principalmente una prestación periódica y vitalicia como es la vejez y, no ha sido ajeno a que la misma se puede ver truncada por dos riesgos, como son, la invalidez y la muerte de un afiliado. En esa medida el legislador previó su cobertura bajo un esquema de aseguramiento.

En este punto resulta indispensable precisar que, al ser el riesgo de invalidez, un hecho futuro e incierto que no depende de la voluntad de los afiliados, se contemplaron, además de los requisitos de acceso, como es la declaratoria de la misma y el número de semanas que deben acreditarse, el periodo dentro del que se efectúa su contabilización y, para este último aspecto, se definió que este debía ser en fecha anterior al estado en comento, pues el conteo de semanas después de materializado dicho estado, desnaturalizaría el objeto de la protección, como es, el amparo de una contingencia que puede suceder pero es incierta y que, acaecida, si se cumplen los parámetros determinados por la normatividad, empieza la protección dentro del sistema general de pensiones.

De allí surge la necesidad de definir desde cuándo surge la protección del sistema y cuándo se configura la invalidez.

¿Cuándo surge la condición de invalidez? y ¿cómo se materializa en el sistema pensional para efectos del periodo de contabilización de las semanas que dan acceso al derecho?

Para abordar este aspecto es importante diferenciar la data de estructuración de la PCL de un trabajador de la fecha en la cual se efectúa la calificación por parte de la entidad habilitada para estos fines. La primera de ellas es el momento en el que el calificador determina que la persona llega a un 50% o más de pérdida de capacidad laboral y, el sistema ha dado efectos retroactivos a la protección, mediante el pago de la mesada a partir de la misma.

La segunda, la fecha del dictamen del estado, es aquella en que el equipo calificador determina la existencia o no de del siniestro por el riesgo en comento y, es acá, en el que se materializa. La declaratoria de la invalidez, mediante la emisión del dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral de un afiliado por parte de las entidades habilitadas legalmente para ello, al ser el supuesto exigido por ley para el acceso a dicha pensión, se torna en el acto que configura plenamente el siniestro.

Lo anterior trae como consecuencia que la fecha de estructuración deba darse en una fecha anterior, o concurrir con la data en la que se efectúa la calificación de PCL, puesto que, en virtud de la ley, no es posible establecer como calenda de estructuración de la invalidez, una fecha futura; lo cual guarda completa coherencia con el objeto de cubertura. En otras palabras, no es dable, frente a un hecho incierto, fijar una fecha futura.

Periodo de contabilización de las semanas de cotización

Establecida lo anterior, debe indicarse que la contabilización de semanas, en el evento de un hecho siniestral, solo será amparable con las semanas anteriores o concomitantes a dicho evento; para el caso de enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, o secuelas será máximo la calenda de emisión del dictamen, pues es el momento en que se define tal condición. Esto, además, va en concordancia del fin pretendido con esta pensión (cobertura de un riesgo futuro e incierto), tanto así que una de las exclusiones de afiliación en el sistema general de pensiones es haber sido declarado inválido, así como, el amparo de aquel que genera su invalidez.

Entonces, concretada la situación, no se puede pretender su amparo con aportes posteriores a fecha de ocurrencia de la invalidez, pues ya acaecida, la definición se centra en si accede a la protección del SGP a través de la prestación para ello se estableció, no para seguir asegurando un evento que precisamente ya se concretó.

Es pertinente advertir que el grado de pérdida de capacidad laboral es un baremo que va del 0% al 100%, y que el actual sistema general de pensiones consagra dos grados de pérdida de capacidad laboral relevantes para determinar el monto de la prestación, a decir, el 50% y 66%. Resulta, apenas obvio, que cuando se señala que, si alguien perdió el 50% o el 66% de su capacidad laboral, el precepto no asume que lo fue el 100%, por tanto, teóricamente y, en la práctica, la más de las veces siempre existirá capacidad de trabajo probable; capacidad que no puede catalogarse simplemente como residual sin incurrir, en mi criterio, en cierto dislate.

En consecuencia, el extremo máximo para iniciar la contabilización es a partir de la fecha de emitido el dictamen, por ser este momento en el cual, como se señaló se materializa el siniestro.

Dicho de otra forma, en aquellas declaratorias en que el hito fijado como estructuración del estado de invalidez por parte de las Juntas, no se acompasa con el momento en que el grado de pérdida de capacidad laboral ascendió al 50% o más demostrándose además la actividad laboral más allá de dicha data, como puede ocurrir en el caso de enfermedades crónicas, degenerativas o secuelas, es totalmente viable atacar el dictamen con el fin de demostrar la estructuración real fue ulterior a la fijada, teniendo eso sí, y aun a riesgo de fatigar, como extremo máximo la fecha de declaratoria del estado de invalidez.

En el horizonte trazado, considero entonces que a la demandante le asistía la vocación de percibir el derecho pensional solicitado como quiera y en atendiendo la fecha del dictamen -16 de septiembre de 2004- y hacia atrás, acredita las 50 semanas exigidas en la normatividad aplicable al caso bajo estudio, ella es, la Ley 860 de 2003.

Contabilización de semanas para prestaciones económicas en el Sistema General de Seguridad Social

El artículo 17 de la Ley 100 de 1993, establece que durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.

Por su parte, el artículo 18 ibidem instituye el ingreso base de cotización y claramente dispone que este será el salario mensual y, en consecuencia, las cotizaciones se liquidarán con base en el salario devengado por el afiliado.

Así mismo, el parágrafo 2º del artículo 33 del estatuto de la seguridad social estatuye que, «para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el número de días cotizados en cada período».

Entonces, mientras los dos primeros preceptos hacen referencia a la base sobre la cual se debe cotizar que, como se dijo, corresponde al salario mensual, el cual puede variar si por ejemplo el trabajador labora horas extras, dominicales, festivos, viáticos, pero de todas maneras corresponde a un monto que se calcula mensual; el tercero es claro en definir que una semana de cotización equivale a 7 días calendario.

De suerte que a la luz de lo erigido en el mencionado parágrafo refulge que las semanas sobre las cuales se cotiza corresponden a 7 días calendario, sin importar que los meses sean de 28, 29, 30 o 31 días, o que los años sean de 365 o 366 días.

Lo anterior debe ser así por la sencilla y potísima razón de que el sistema integral de seguridad social, está diseñado para que el afilado y sus beneficiarios estén protegidos durante todos los días del año y, por ello, también se cotiza todos los días de cada anualidad, pues no tendría ninguna lógica jurídica que pese a que el trabajador aporta sobre el entendido de que la semana cotizada corresponde al período de 7 días calendario, cuando, por ejemplo, arribe a la edad-pensión de vejez- no se le tengan en cuenta los días efectivamente aportados, lo que implicaría que las semanas de cotización no fueran de 7 días calendario, como lo dispone la ley, sino mucho menor, soslayando que el sistema se nutre y reconoce las prestaciones, precisamente por las semanas de cotización.

Es que, si echáramos mano del vetusto método de interpretación ad absurdum, se llegaría a la conclusión que un siniestro ocurrido, verbi gracia, el 31 de enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre o diciembre, el sistema no lo debe cubrir porque únicamente se cotiza por 30 días.

Claro que ¡Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa¡ Una es el ingreso base de cotización- salario- que según el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo debe pagarse por períodos iguales y, otra, muy diferente, que una semana de cotización corresponde a 7 días calendario. Interpretar que como para el salario mensual se tiene en cuenta el mes de 30 días, también se cotiza por ese mismo periodo, es pasar por alto la existencia del palmario querer del legislador expresado en el parágrafo 2º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

De manera que, como en el presente asunto, el valor de la mesada pensional se estableció en el salario mínimo legal mensual vigente, suma que no tendría variación de haberse contabilizado el ingreso base de liquidación teniendo en cuenta 365 días al año, es la razón que me lleva a acompañar la providencia en este aspecto.

Fecha ut supra,

FERNANDO CASTILLO CADENA

ACLARACIÓN DE VOTO

Demandante: María Lucila Mora

Demandado: Colpensiones

Radicación: 52559

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena.

Con el debido respectivo a mis compañeros de Sala, si bien estoy de acuerdo con el sentido de la sentencia de instancia, estimo oportuno aclarar mi voto en torno a un punto que, de no hacerlo, puede pasar desapercibido.

En efecto, la Sala afirma que «la invalidez se estructura cuando la persona ha perdido, en forma permanente y definitiva, su capacidad laboral». Tal afirmación desconoce que en la sentencia CSJ SL3610-2020 la Corporación precisó que invalidez no es lo mismo que discapacidad laboral, y que tampoco excluye que la persona pueda explotar otras capacidades laborales que le permitan su inclusión al mercado de trabajo.

En otros términos, el hecho de alcanzar un porcentaje que determina la seguridad social como medida de acceso al reconocimiento de una prestación económica, no significa per se que el afectado no pueda desarrollar otras competencias, aptitudes y destrezas en beneficio propio y de su entorno social, ni anula su «derecho a obtener un trabajo productivo y remunerado, a la igualdad de oportunidades y al reconocimiento de su dignidad», consagrados en nuestra Constitución y reconocidos en instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley 1346 de 2009.

Por ello, es necesario aclarar que la invalidez no se estructura «cuando la persona ha perdido, en forma permanente y definitiva, su capacidad laboral», sino cuando los organismos autorizados legalmente fijan un porcentaje de 50% o más de pérdida de capacidad laboral, según lo establecido en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993; y que ello no excluye la posibilidad que la persona pueda retornar al mundo laboral.

Por otra parte, considero oportuno indicar que en el análisis del concepto de secuelas en cada caso en concreto los jueces deben ser muy rigurosos, máxime cuando se solicite la revisión del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, a fin deque no se descontextualice el análisis de la evolución natural de la invalidez, en qué momento se estructuró, lo que puede o no coincidir con la fecha de diagnóstico o calificación, pues ello tendrá incidencia en el momento que se debe tomar como referencia para la verificación de la densidad de semanas exigidas.

Dejo así sustentada mi aclaración de voto en el presente asunto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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