FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL2570-2021
Radicación n.° 52559
Acta 15
Fallo de Instancia
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintiuno (2021)
Procede la Sala a emitir la sentencia de instancia, dentro del proceso ordinario laboral que MARÍA LUCILA MORA instauró en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.
ANTECEDENTES
Mediante sentencia CSJ SL4178-2020, emitida el 14 de octubre del mismo año, al estudiar el recurso de casación que interpuso la parte actora, esta Colegiatura resolvió quebrar la decisión que la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 31 de mayo de 2011, a través de la cual confirmó la decisión absolutoria del juzgado.
María Lucila Mora llamó a juicio al extinto Instituto de Seguros Sociales, con el fin de obtener condena al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez de origen común, a partir del 24 de abril de 2005, reajustes a pensión, mesadas adicionales de junio y diciembre de 2003 y 2004[sic] así como las subsiguientes, intereses moratorios y costas del proceso.
Para fundamentar sus pretensiones, adujo que el día 24 de abril de 2003 radicó la solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez ante el Instituto de Seguros Sociales y mediante Resolución n.˚ 000745 del 21 de enero de 2005, se negó el derecho a la prestación económica, acto que fue controvertido en sede administrativa.
Refirió que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, D.C. y Cundinamarca emitió un dictamen médico laboral, donde estableció una pérdida de la capacidad laboral de 63,50%, con fecha de estructuración 16 de agosto de 1968 y luego de ello, el Instituto de Seguros Sociales solicitó una nueva valoración.
Expuso que promovió acción de tutela contra la convocada, la cual culminó a su favor, por lo que le fue reconocida la pensión de invalidez de forma provisional; sin embargo, y pese a la existencia de la orden de amparo, mediante Resolución n.˚ 0018537 del 24 de junio de 2005, el Instituto de Seguros Sociales reiteró su decisión de negar el derecho a la prestación económica.
La demandada, Instituto de Seguros Sociales, se opuso a las pretensiones; respecto a los hechos, aceptó la totalidad de los enunciados, pero expuso en su defensa, el incumplimiento de los requisitos consignados en el Acuerdo 224 de 1966, normativa que reglamentaba la pensión solicitada.
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito absolvió a la demandada de las pretensiones, decisión que fue confirmada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del 31 de mayo de 2011.
Esta Corte, mediante fallo CSJ SL4178-2020, al estudiar el recurso de casación interpuesto por la promotora del proceso, resolvió quebrar el fallo proferido por la Sala Laboral de Descongestión citada, por cuanto:
[…] existen eventos donde la data de estructuración de la invalidez no debe tenerse como aquella en que se evidenció la enfermedad o el primer síntoma, porque al tiempo en que lenta y paulatinamente la enfermedad va desmejorando la situación de salud la persona puede desarrollar actividades que le permitan ser productiva hasta cuando se verifique que efectivamente pierde la capacidad laboral de forma permanente y definitiva, máxime cuando se padece desde la infancia.
Las tareas o faenas descritas, no fueron asumidas por el Tribunal Superior de Bogotá en su Sala de Descongestión, como tampoco se dio cuenta que en el plenario sí aparece la prueba según la cual la actora cotizó algunas semanas al otrora Instituto de Seguros Sociales, aun cuando no se tenga la certeza de su número preciso, ya que en la resolución expedida por el ente de seguridad social demandado, que obra a folio 30 del plenario, se indica que lo hizo de manera interrumpida entre el 17 de mayo de 1988 y el 30 de noviembre de 2004; y desconoció igualmente que, en términos de la demanda, el ISS ya reconoció pensión de «vejez» a pesar de que por tutela se le ordenó conceder una de invalidez.[…]
Con el fin de proferir la decisión de instancia, se ordenó oficiar a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, para que remitiera la historia laboral de la actora, así como el dictamen pericial rendido por la Junta Nacional de Calificación, si este último se hubiese practicado.
Allegada únicamente la historia laboral y el expediente administrativo de la actora, los cuales se dispuso tenerlos como medio de prueba, incorporarlos al expediente y darles traslado a las partes; no fueron presentadas alegaciones durante este término. Se procede a resolver la contención, previas las siguientes:
CONSIDERACIONES
Pensión de invalidez en torno a los afiliados que padecen enfermedades con secuelas
No es objeto de debate entre las partes que: i) la promotora nació el 20 de enero de 1960; (ii) la calificación realizada el 16 de septiembre de 2004 arrojó como conclusión la pérdida de la capacidad laboral de la actora en un 63,50%, con fecha de estructuración el 16 de agosto de 1968, y (iii) en el dictamen de la Junta Regional de Calificación se lee que el diagnóstico o motivo de la calificación fue secuelas severas de Poliomielitis.
De igual forma, se encuentra acreditado ante la ausencia de prueba por parte de Colpensiones, que a la fecha de esta providencia no ha sido practicado un nuevo dictamen a la señora María Lucila Mora. En efecto, pese a que se requirió a la demandada dicha información, no se acreditó una valoración diferente a la narrada con anterioridad, hecho que fue expuesto al momento de dar contestación al escrito generatriz del proceso; por lo que adquiere plena firmeza el dictamen citado en líneas superiores.
En la apelación la accionante cuestiona que «el Decreto 3041 de 1966, no es la norma aplicable al caso, como lo indica el ISS en sus actos administrativos para negar la pensión […], a lo que agrega, el cúmulo considerable de semanas que aparecen cotizadas al sistema durante el período que transcurre del 17 de mayo de 1988 al «16 de septiembre de 2004».
En ese sendero, el problema jurídico, en sede de instancia, gravita en determinar si la accionante tiene vocación de percibir la pensión de invalidez en aplicación a la Ley 860 de 2003, pese a estructurarse su pérdida de la capacidad laboral el 16 de agosto de 1968.
Para darle respuesta positiva al anterior interrogante, baste acudir a las consideraciones vertidas en la sentencia de casación, donde, con profusión, se explicó que si bien el hito jurídico a tener cuenta al momento de definir la procedencia de la pensión de invalidez, lo es la fecha de estructuración de dicha condición, siendo ello la regla general; lo cierto es que se admiten excepciones cuando la pérdida de la capacidad laboral deviene de enfermedades cuyas «secuelas se manifiesten de manera ulterior», por lo que en lo concerniente a la calificación debe tenerse «[…]en cuenta la norma en vigor a la fecha en que la persona perdió, de manera definitiva, su capacidad laboral, y no la vigente al momento en que se produjo la enfermedad», y donde, «la prudencia obliga a analizar las particularidades de cada caso a efecto de conceder u otorgar oportunamente las prestaciones económicas y de salud necesarias para la recuperación del afiliado y/o su subsistencia».
Precisado lo anterior, necesariamente debemos acudir a lo adoctrinado en la sentencia CSJ SL1002-2020, que reiteró la CSJ SL4567-2019 que, en cuanto a la viabilidad de modificar el hito a partir del cual se contabilizan las 50 semanas para determinar si cumple con el requisito de acceso a la pensión, explicó:
Es así como en dicha providencia, reiterada en la CSJ SL4567-2019, se sostuvo que de acuerdo a las peculiaridades que en cada caso se evidenciaran, era dable tener en cuenta, no solo la fecha en que se estructuraba la invalidez (regla general), sino también «(i) la calificación de dicho estado, (ii) la de solicitud de reconocimiento pensional o (iii) la de la última cotización realizada -calenda donde se presume que la enfermedad se reveló de tal forma que le impidió seguir trabajando»
En el caso bajo examen y, siguiendo la posición mayoritaria, se observa que la peticionaria mantuvo una vida laboral activa hasta el 31 de mayo de 2005, lo que nos permite inferir que la data en la que verdaderamente se estructuró su situación de invalidez, es el 1 de junio de 2005; en consecuencia, este es el hito a partir del cual se inicia la contabilización del tiempo requerido por el legislador.
Entonces, en el contexto trazado, la normatividad aplicable al asunto es la consignada en la Ley 860 de 2003, que recordemos beneficia con la pensión de invalidez al afiliado que acredite cotizaciones por cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores, –en este caso- y por vía de excepción como se afirmó con anterioridad, a la fecha de la última cotización.
De manera que, al auscultar en la historia laboral incorporada a folios 58 a 71 del cuaderno de la Corte, se logra evidenciar sin asomo a duda, que la accionante cotizó al sistema de pensiones durante el periodo que transcurre del 17 de mayo de 1988 al 31 de mayo de 2005 y, para el lapso que corre desde esta última data al 31 de mayo de 2002, acredita un total de 158,55 semanas cotizadas superando con creces las requeridas en la normatividad aplicable. Por demás, ante la ausencia total de cuestionamiento sobre tales giros, los que por el contrario fueron aceptados por la encartada, se presumen válidos al carecer de elementos suficientes para advertir la intención de defraudar el sistema pensional.
Fluye entonces diáfano, el derecho al reconocimiento de la prestación económica deprecada, contrario a lo considerado en la primera instancia. De ahí que, se impone revocar la sentencia de primer grado para, en su lugar, conceder la prestación económica pretendida, a partir del día 1º de junio de 2005, día siguiente a la última cotización acreditada.
2. Ingreso Base de liquidación y monto
Ahora bien, necesario como es, determinar el ingreso base de liquidación, así como el monto de la prestación, debemos acudir de forma insoslayable a los artículos 21 y 40 de la Ley 100 de 1993, respectivamente; de manera que, efectuadas las operaciones aritméticas pertinentes edificada en las sumas que reportan como cotizaciones durante los diez años anteriores al 31 de mayo de 2005, se genera un ingreso base de liquidación de $308.581,26, atendiendo la siguiente tabla:
Año
Periodo
IBC
Días
Semanas
IBC Actualizado
Salario promedio
1995
feb-95
$60.000
15
2,14
$184.077
$767
1995
mar-95
$60.000
30
4,29
$184.077
$1.534
1995
abr-95
$60.000
30
4,29
$184.077
$1.534
1995
may-95
$60.000
30
4,29
$184.077
$1.534
1995
jun-95
$60.000
30
4,29
$184.077
$1.534
1995
jul-95
$60.000
30
4,29
$184.077
$1.534
1995
ago-95
$60.000
30
4,29
$184.077
$1.534
1995
sep-95
$118.934
30
4,29
$364.883
$3.041
1995
oct-95
$60.000
30
4,29
$184.077
$1.534
1995
nov-95
$60.000
30
4,29
$184.077
$1.534
1995
dic-95
$60.000
30
4,29
$184.077
$1.534
1996
ene-96
$60.000
30
4,29
$154.101
$1.284
1996
feb-96
$72.000
30
4,29
$184.921
$1.541
1996
mar-96
$72.000
30
4,29
$184.921
$1.541
1996
abr-96
$72.000
30
4,29
$184.921
$1.541
1996
may-96
$72.000
30
4,29
$184.921
$1.541
1996
jun-96
$72.000
15
2,14
$184.921
$771
1996
jul-96
0,00
$0
$0
1996
ago-96
0,00
$0
$0
1996
sep-96
0,00
$0
$0
1996
oct-96
$142.125
30
4,29
$365.027
$3.042
1996
nov-96
$142.125
30
4,29
$365.027
$3.042
1996
dic-96
$142.125
30
4,29
$365.027
$3.042
1997
ene-97
$172.005
30
4,29
$363.143
$3.026
1997
feb-97
$172.005
30
4,29
$363.143
$3.026
1997
mar-97
$172.005
30
4,29
$363.143
$3.026
1997
abr-97
$172.005
30
4,29
$363.143
$3.026
1997
may-97
$172.005
30
4,29
$363.143
$3.026
1997
jun-97
$172.005
30
4,29
$363.143
$3.026
1997
jul-97
$172.005
30
4,29
$363.143
$3.026
1997
ago-97
$172.005
30
4,29
$363.143
$3.026
1997
sep-97
$172.005
30
4,29
$363.143
$3.026
1997
oct-97
$172.005
30
4,29
$363.143
$3.026
1997
nov-97
$172.005
30
4,29
$363.143
$3.026
1997
dic-97
$172.005
30
4,29
$363.143
$3.026
1998
ene-98
$172.005
30
4,29
$308.573
$2.571
1998
feb-98
$172.005
30
4,29
$308.573
$2.571
1998
mar-98
$172.005
30
4,29
$308.573
$2.571
1998
abr-98
$172.005
30
4,29
$308.573
$2.571
1998
may-98
$172.005
30
4,29
$308.573
$2.571
1998
jun-98
$172.005
30
4,29
$308.573
$2.571
1998
jul-98
$172.005
30
4,29
$308.573
$2.571
1998
ago-98
$172.005
30
4,29
$308.573
$2.571
1998
sep-98
$172.005
30
4,29
$308.573
$2.571
1998
oct-98
$172.005
30
4,29
$308.573
$2.571
1998
nov-98
$203.826
30
4,29
$365.659
$3.047
1998
dic-98
$203.826
30
4,29
$365.659
$3.047
1999
ene-99
$204.000
30
4,29
$313.618
$2.613
1999
feb-99
$203.826
30
4,29
$313.350
$2.611
1999
mar-99
$203.826
30
4,29
$313.350
$2.611
1999
abr-99
$204.000
30
4,29
$313.618
$2.613
1999
may-99
$204.000
30
4,29
$313.618
$2.613
1999
jun-99
$204.000
30
4,29
$313.618
$2.613
1999
jul-99
$204.000
30
4,29
$313.618
$2.613
1999
ago-99
$204.000
30
4,29
$313.618
$2.613
1999
sep-99
$236.460
30
4,29
$363.520
$3.029
1999
oct-99
$236.460
30
4,29
$363.520
$3.029
1999
nov-99
$236.460
30
4,29
$363.520
$3.029
1999
dic-99
$236.460
30
4,29
$363.520
$3.029
2000
ene-00
$236.460
30
4,29
$332.732
$2.773
2000
feb-00
$236.460
30
4,29
$332.732
$2.773
2000
mar-00
$236.460
30
4,29
$332.732
$2.773
2000
abr-00
$236.460
30
4,29
$332.732
$2.773
2000
may-00
$236.460
30
4,29
$332.732
$2.773
2000
jun-00
$236.460
30
4,29
$332.732
$2.773
2000
jul-00
$236.460
30
4,29
$332.732
$2.773
2000
ago-00
$236.460
30
4,29
$332.732
$2.773
2000
sep-00
$260.100
30
4,29
$365.996
$3.050
2000
oct-00
$260.106
30
4,29
$366.005
$3.050
2000
nov-00
$260.106
30
4,29
$366.005
$3.050
2000
dic-00
$260.100
30
4,29
$365.996
$3.050
2001
ene-01
$260.100
30
4,29
$336.561
$2.805
2001
feb-01
$260.100
30
4,29
$336.561
$2.805
2001
mar-01
$260.100
30
4,29
$336.561
$2.805
2001
abr-01
$260.100
30
4,29
$336.561
$2.805
2001
may-01
$260.100
30
4,29
$336.561
$2.805
2001
jun-01
$260.100
30
4,29
$336.561
$2.805
2001
jul-01
$260.100
30
4,29
$336.561
$2.805
2001
ago-01
$15.000
30
4,29
$19.410
$162
2001
sep-01
$15.000
30
4,29
$19.410
$162
2001
oct-01
$15.000
30
4,29
$19.410
$162
2001
nov-01
$15.000
30
4,29
$19.410
$162
2001
dic-01
$15.000
30
4,29
$19.410
$162
2002
ene-02
$15.000
30
4,29
$18.030
$150
2002
feb-02
$286.000
30
4,29
$343.777
$2.865
2002
mar-02
$286.000
30
4,29
$343.777
$2.865
2002
abr-02
$286.000
30
4,29
$343.777
$2.865
2002
may-02
$15.000
30
4,29
$18.030
$150
2002
jun-02
$286.000
30
4,29
$343.777
$2.865
2002
jul-02
$286.000
30
4,29
$343.777
$2.865
2002
ago-02
$309.000
30
4,29
$371.424
$3.095
2002
sep-02
$309.000
30
4,29
$371.424
$3.095
2002
oct-02
$309.000
30
4,29
$371.424
$3.095
2002
nov-02
$309.000
30
4,29
$371.424
$3.095
2002
dic-02
$309.000
30
4,29
$371.424
$3.095
2003
ene-03
$309.000
30
4,29
$347.199
$2.893
2003
feb-03
$309.000
30
4,29
$347.199
$2.893
2003
mar-03
$309.000
30
4,29
$347.199
$2.893
2003
abr-03
$309.000
30
4,29
$347.199
$2.893
2003
may-03
$309.000
30
4,29
$347.199
$2.893
2003
jun-03
$309.000
30
4,29
$347.199
$2.893
2003
jul-03
$332.000
30
4,29
$373.042
$3.109
2003
ago-03
$332.000
30
4,29
$373.042
$3.109
2003
sep-03
$332.000
30
4,29
$373.042
$3.109
2003
oct-03
$332.000
30
4,29
$373.042
$3.109
2003
nov-03
$332.000
30
4,29
$373.042
$3.109
2003
dic-03
$332.000
30
4,29
$373.042
$3.109
2004
ene-04
$332.000
30
4,29
$350.267
$2.919
2004
feb-04
$332.000
30
4,29
$350.267
$2.919
2004
mar-04
$332.000
30
4,29
$350.267
$2.919
2004
abr-04
$332.000
30
4,29
$350.267
$2.919
2004
may-04
$332.000
30
4,29
$350.267
$2.919
2004
jun-04
$358.000
30
4,29
$377.698
$3.147
2004
jul-04
$358.000
30
4,29
$377.698
$3.147
2004
ago-04
$358.000
30
4,29
$377.698
$3.147
2004
sep-04
$358.000
30
4,29
$377.698
$3.147
2004
oct-04
$358.000
30
4,29
$377.698
$3.147
2004
nov-04
$358.000
30
4,29
$377.698
$3.147
2004
dic-04
$358.000
30
4,29
$377.698
$3.147
2005
ene-05
$358.000
30
4,29
$358.000
$2.983
2005
feb-05
$358.000
30
4,29
$358.000
$2.983
2005
mar-05
$358.000
30
4,29
$358.000
$2.983
2005
abr-05
$358.000
30
4,29
$358.000
$2.983
2005
may-05
$358.000
30
4,29
$358.000
$2.983
TOTALES
3.600
308.581,26
En ese sendero, dado que la actora presentó una pérdida de la capacidad laboral del 63,50%, se parte de una tasa de reemplazo del 45%, de conformidad con el literal a) del artículo 40 de la Ley 100 de 1993 y, considerando que cuenta con un total de 865 semanas cotizadas durante toda la vida laboral, se encuentra que presenta 365 semanas adicionales a las 500 requeridas por la ley, lo cual corresponde a 10,5% adicional en la tasa de reemplazo, de conformidad con el incremento de 1.5% por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500.
Por lo anterior, la tasa de reemplazo o monto a aplicar al ingreso base de liquidación es de 55,5%.
Determinación del valor de la mesada pensional
Al hallarse el ingreso base de liquidación en $308.581 y aplicar la tasa de reemplazo del 55,5%, se obtiene un valor de mesada de $171.263, monto inferior al salario mínimo legal mensual vigente para el año 2005 ($381.500); por lo que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, la mesada pensional corresponde al salario mínimo vigente en 2005.
Incrementos en los valores de la mesada pensional por año
Considerando que el valor de la mesada pensional se establece en el salario mínimo legal mensual vigente, a continuación, se presenta la evolución del mismo por el periodo desde el año 2005 hasta el 2021.
Año
Valor de la mesada
2005
$381.500
2006
$408.000
2007
$433.700
2008
$461.500
2009
$496.900
2010
$515.000
2011
$535.600
2012
$566.700
2013
$589.500
2014
$616.000
2015
$644.350
2016
$689.455
2017
$737.717
2018
$781.242
2019
$828.116
2020
$877.803
2021
$908.526
Excepciones
En atención a lo discurrido, se declararán no probadas las excepciones propuestas que se dirigen a controvertir la vocación del derecho pensional, y sólo aquella denominada prescripción, lo será parcialmente. En efecto, con relación a este último medio exceptivo, al determinar el disfrute del derecho a partir del 1º de junio de 2005 y presentarse el documento introductor del proceso, solo hasta el 19 de octubre de 2009 (fl. 33), acaeció el término trienal de que trata el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por lo que aquellas mesadas causadas con anterioridad a la de octubre de 2006 se encuentran prescritas.
Llegados a este punto del sendero, resulta oportuno recordar lo asentado en la providencia CSJ SL1011-2021, en cuanto a que por regla general las pensiones se pagan por mensualidades vencidas, en virtud de lo estatuido en el artículo 35 del Acuerdo 049 de 1990, aplicable al presente asunto a la luz de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 100 de 1993.
Ahora bien, por vía de excepción a dicho plazo encontramos la mesada adicional de diciembre que, según el artículo 50 del estatuto de la seguridad social, «los pensionados por vejez o jubilación, invalidez y sustitución o sobrevivencia continuarán recibiendo cada año, junto con la mesada del mes de Noviembre, en la primera quincena del mes de Diciembre, el valor correspondiente a una mensualidad adicional a su pensión» (negrillas fuera de texto).
Entonces, en el horizonte trazado, la mesada pensional de octubre de 2006 no está afectada por la prescripción. Dicho en otras palabras, pero conservando la misma idea, se encuentran afectadas por tal fenómeno las mesadas pensionales causadas con anterioridad a octubre de 2006, esto es, desde septiembre de 2006 hacia atrás.
Y en esta vía, es oportuno precisar que, en el presente asunto, según se desprende de la plataforma probatoria, la accionante se le reconoció provisionalmente y disfrutó de su pensión de invalidez desde el 14 de junio de 2005, según da cuenta la Resolución n.˚ 748 del 1º de agosto de 2005, acto administrativo que no fue controvertido en lo relacionado con el hito desde el cual iniciaría el pago de su prestación. Si bien se encuentran incorporadas al expediente administrativo, una serie de peticiones o solicitudes, de ninguna de ellas emerge, con meridiana claridad, la discusión al menos aproximada del retroactivo pensional.
Retroactivo pensional e indexación
Para la cuantificación del retroactivo pensional se consideraron 14 pagos por año, desde el 1º de octubre de 2006 al 31 de marzo de 2021, obteniendo los siguientes resultados agregados por año, sin perjuicio que se actualice hasta el momento en que se satisfaga en su totalidad la obligación:
Año
Valor de mesada
Número de mesadas al año
Retroactivo
Indexación
2005
$381.500
0
Prescripción
Prescripción
2006
$408.000
4
$1.632.000
$1.225.008
2007
$433.700
14
$6.071.800
$4.110.979
2008
$461.500
14
$6.461.000
$3.661.374
2009
$496.900
14
$6.956.600
$3.515.535
2010
$515.000
14
$7.210.000
$3.400.777
2011
$535.600
14
$7.498.400
$3.169.826
2012
$566.700
14
$7.933.800
$3.009.491
2013
$589.500
14
$8.253.000
$2.906.445
2014
$616.000
14
$8.624.000
$2.703.833
2015
$644.350
14
$9.020.900
$2.261.116
2016
$689.455
14
$9.652.370
$1.578.104
2017
$737.717
14
$10.328.038
$1.194.560
2018
$781.242
14
$10.937.388
$881.978
2019
$828.116
14
$11.593.624
$507.353
2020
$877.803
14
$12.289.242
$232.925
2021
$908.526
3
$2.725.578
$14.983
Totales
$127.187.740
$34.374.287
En cuanto a la pretensión relacionada con los intereses moratorios, conforme a la línea de pensamiento de esta Corte se ha admitido «que cuando la prestación se origina en un cambio jurisprudencial, como sucede en el presente caso, es posible la exoneración de los intereses moratorios, pero no en todos los casos, pues si la postura negativa de la entidad de seguridad social se ha dado con posterioridad a la variación del criterio judicial, periódicamente reiterado por esta Sala de Casación, ello no es posible, como se precisó en la sentencia CSJ SL1914-2019» (SL1586-2020). Y, si a la verdad, en el presente asunto la concesión del derecho a la pensión deviene del análisis novedoso y profuso de las circunstancias particulares de la accionante, no abordado con anterioridad por la Corporación, no se encuentran llamados al éxito los réditos enunciados. Sin embargo, ello no puede entenderse como un habilitante para el desconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo de las mesadas causadas y no canceladas, por lo que se reconocerá su derecho a la indexación, como pasa a explicarse.
Ciertamente, a pesar de no haberse solicitado el reconocimiento del rubro precitado, lo cierto es que el viraje de la jurisprudencia nacional en ese sendero fue fijado en la sentencia CSJ SL359-2020, donde al anunciarse un cambio de criterio en la Sala, se anotó que:
Por lo visto, el juez del trabajo tiene el deber, incluso con el empleo de las facultades oficiosas, de indexar los rubros causados en favor de la demandante, lo cual, en vez de contrariar alguna disposición sustantiva o adjetiva, desarrolla los principios de equidad, justicia social y buena fe que tienen pleno respaldo constitucional; de paso protege la voluntad intrínseca del interesado, puesto que es impensable que desee recibir el crédito causado en su favor con una moneda depreciada.
Debe insistirse en que la indexación no aumenta o incrementa las condenas, sino, más bien, garantiza el pago completo e íntegro de la obligación. Sin la indexación, las condenas serían deficitarias y el deudor recibiría un menor valor del que en realidad se le adeuda, premisa que tiende a agudizarse en tiempos de crisis y congestión judicial.
En suma, la imposición oficiosa de la actualización no viola la congruencia que debe existir entre las pretensiones de la demanda y la sentencia judicial. Por el contrario, pretende, con fundamento en los principios de equidad e integralidad del pago, ajustar las condenas a su valor real y, de esta manera, impedir que los créditos representados en dinero pierdan su poder adquisitivo por el fenómeno inflacionario. Es decir, procura que la obligación se satisfaga de manera completa e integral.
Por lo visto, a partir de esta sentencia la Sala fija un nuevo criterio, para establecer que el juez tiene la facultad de imponer la indexación de las condenas de manera oficiosa […]
Para proceder a la actualización deberá acudirse a aquella fórmula rememorada, a manera de ejemplo, en la sentencia CSJ SL593-2021, la cual se integra con los siguientes componentes:
VA = VH x IPC Final
IPC Inicial
De donde:
VA =Valor actualizado
VH = Valor histórico que corresponde a la suma a indexar
IPC Final = Índice de Precios al Consumidor vigente en el mes en que se materialice el pago.
IPC Inicial = Índice de Precios al Consumidor vigente en el mes siguiente a la mesada que será objeto de indexación.
Ahora bien, demostrado como está que mediante Resolución n.˚ 000748 de agosto 1º de 2005 (folios 30 a 32 Cuaderno de Primera Instancia) el otrora Instituto de Seguros Sociales le reconoció a la accionante de forma provisional la pensión de invalidez, en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., declaración que luego fue suspendida mediante Resolución n.˚ 023495 del 3 de agosto de 2010, al no promoverse la acción judicial dentro de los cuatro meses dispuestos en la precitada decisión judicial; deberá autorizarse a la encartada para que al momento del pago del retroactivo descuente aquellas sumas que efectivamente ya fueron canceladas, así como se le exonera del reconocimiento de su indexación.
Ahora bien, una cosa debe quedar en claro: aquellos valores que fueron recibidos por la accionante y erogados por la accionada en el marco de la acción de tutela a que hemos hecho referencia, no pueden entenderse como sumas de posible descuento del retroactivo ordenado, al devenir su fuente de una orden judicial cuyo ajuste a derecho escapa de la órbita de discusión en esta sede, por lo que fluye su inmutabilidad al emerger como un derecho a favor de la actora y que se contrae en las mesadas que se cancelaron del 15 de junio de 2005 al 30 de septiembre de 2006. Aquellas pagadas en forma posterior, sí podrán ser compensadas por la convocada conforme lo discurrido en esta providencia.
Finalmente, conforme a lo consagrado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo estatuido en el artículo 42 inc. 3° del Decreto 692 de 1994, la demandada deducirá de la suma reconocida como retroactivo pensional, el valor constitutivo de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud a cargo de la demandante, a partir de la fecha del disfrute de la prestación económica, con el fin de que sea transferido a la E.P.S. a la que se encuentre afiliada.
Sin costas en segunda instancia. En primera instancia a cargo de la parte vencida.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, D.C., el treinta (30) de agosto de dos mil diez (2010) y, en su lugar, se CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a reconocer a la señora MARÍA LUCILA MORA, la pensión de invalidez desde el primero (1º) de junio de dos mil cinco (2005), en cuantía inicial de $381.500, y a pagar por retroactivo pensional causado desde el 1° de octubre de 2006 al 31 de marzo de 2021, la suma de $127.187.740, más la indexación equivalente a $34.374.287, sin perjuicio que se actualice hasta el momento en que se satisfaga en su totalidad la obligación. A partir del mes de abril de 2021, la demandada deberá continuar pagando una mesada pensional de $908.526, junto con los incrementos de ley.
SEGUNDO. COLPENSIONES deberá descontar del retroactivo a cancelar, la suma que se genere por concepto de aportes a salud a girarse con destino a la EPS que esté afiliada o se afilie la actora.
TERCERO: AUTORIZAR a la entidad demandada, para que realice la compensación correspondiente en los términos expuestos en la parte motiva. En el evento de mesadas pagadas, no deberá reconocerse la indexación.
CUARTO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito expuestas por la demandada dirigidas a controvertir del derecho a la pensión invalidez. DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA la excepción de prescripción con relación a aquellas mesadas que se causaron con anterioridad a la de octubre de 2006. DECLARAR PROBADA la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN con relación a la pretensión de intereses moratorios.
QUINTO: Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
(Aclara voto)
FERNANDO CASTILLO CADENA
Ausencia justificada
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
(Aclara voto)
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado Ponente
ACLARACIÓN DE VOTO EN SEDE DE INSTANCIA
Radicación n° 52559
REFERENCIA: MARÍA LUCILA MORA vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-.
Con el debido respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito aclarar el voto por dos aspectos puntuales que se desarrollan en la sentencia, los que se refieren (i) al hito a partir del cual debe iniciarse la contabilización de las semanas para establecer la vocación de percibir una pensión de invalidez y (ii) el número de días que deben ser contabilizados por año para tal fin.
Hito para la contabilización de semanas
El legislador colombiano desde 1946 diseñó el modelo pensional con la mirada en la teoría financiera, económica y jurídica de la institución del seguro, lo que de hecho supone varios supuestos como que: i) el siniestro no haya sido provocado intencionalmente; ii) el riesgo asegurado sea futuro e incierto, y iii) el pago de la prima del seguro se efectúe dentro de los plazos estipulados. Este modelo fue acogido por la Ley 100 de 1993 y se encuentra completamente vigente.
Así las cosas, la exigencia de tener cotizadas al sistema 50 semanas antes de la fecha de estructuración tiene que ver con la eliminación de los incentivos al fraude, dado que la afiliación de personas que, ya están en estado de invalidez, indudablemente, no son sujeto de protección del sistema contributivo de pensiones, no obstante, sí serlo del sistema integral de seguridad social y de los demás programas del esquema constitucional y legal de protección social. En ese contexto, la ley asume que una persona no tiene manera de saber que después de 50 semanas se le estructurará un estado de invalidez, sea por enfermedad o accidente común.
Llegados a este punto del sendero, brota una conclusión: la fecha de la última cotización, como hito para el conteo de las semanas de cotización para acceder al derecho, carece de soporte legal, además, no se compadece con la definición de siniestro que exige que la data de estructuración sea anterior o concomitante a la de la declaratoria. Miremos:
La protección de la invalidez como un riesgo
El sistema de seguridad social en pensiones de antaño ha buscado que las personas logren a las edades de retiro, principalmente una prestación periódica y vitalicia como es la vejez y, no ha sido ajeno a que la misma se puede ver truncada por dos riesgos, como son, la invalidez y la muerte de un afiliado. En esa medida el legislador previó su cobertura bajo un esquema de aseguramiento.
En este punto resulta indispensable precisar que, al ser el riesgo de invalidez, un hecho futuro e incierto que no depende de la voluntad de los afiliados, se contemplaron, además de los requisitos de acceso, como es la declaratoria de la misma y el número de semanas que deben acreditarse, el periodo dentro del que se efectúa su contabilización y, para este último aspecto, se definió que este debía ser en fecha anterior al estado en comento, pues el conteo de semanas después de materializado dicho estado, desnaturalizaría el objeto de la protección, como es, el amparo de una contingencia que puede suceder pero es incierta y que, acaecida, si se cumplen los parámetros determinados por la normatividad, empieza la protección dentro del sistema general de pensiones.
De allí surge la necesidad de definir desde cuándo surge la protección del sistema y cuándo se configura la invalidez.
¿Cuándo surge la condición de invalidez? y ¿cómo se materializa en el sistema pensional para efectos del periodo de contabilización de las semanas que dan acceso al derecho?
Para abordar este aspecto es importante diferenciar la data de estructuración de la PCL de un trabajador de la fecha en la cual se efectúa la calificación por parte de la entidad habilitada para estos fines. La primera de ellas es el momento en el que el calificador determina que la persona llega a un 50% o más de pérdida de capacidad laboral y, el sistema ha dado efectos retroactivos a la protección, mediante el pago de la mesada a partir de la misma.
La segunda, la fecha del dictamen del estado, es aquella en que el equipo calificador determina la existencia o no de del siniestro por el riesgo en comento y, es acá, en el que se materializa. La declaratoria de la invalidez, mediante la emisión del dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral de un afiliado por parte de las entidades habilitadas legalmente para ello, al ser el supuesto exigido por ley para el acceso a dicha pensión, se torna en el acto que configura plenamente el siniestro.
Lo anterior trae como consecuencia que la fecha de estructuración deba darse en una fecha anterior, o concurrir con la data en la que se efectúa la calificación de PCL, puesto que, en virtud de la ley, no es posible establecer como calenda de estructuración de la invalidez, una fecha futura; lo cual guarda completa coherencia con el objeto de cubertura. En otras palabras, no es dable, frente a un hecho incierto, fijar una fecha futura.
Periodo de contabilización de las semanas de cotización
Establecida lo anterior, debe indicarse que la contabilización de semanas, en el evento de un hecho siniestral, solo será amparable con las semanas anteriores o concomitantes a dicho evento; para el caso de enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, o secuelas será máximo la calenda de emisión del dictamen, pues es el momento en que se define tal condición. Esto, además, va en concordancia del fin pretendido con esta pensión (cobertura de un riesgo futuro e incierto), tanto así que una de las exclusiones de afiliación en el sistema general de pensiones es haber sido declarado inválido, así como, el amparo de aquel que genera su invalidez.
Entonces, concretada la situación, no se puede pretender su amparo con aportes posteriores a fecha de ocurrencia de la invalidez, pues ya acaecida, la definición se centra en si accede a la protección del SGP a través de la prestación para ello se estableció, no para seguir asegurando un evento que precisamente ya se concretó.
Es pertinente advertir que el grado de pérdida de capacidad laboral es un baremo que va del 0% al 100%, y que el actual sistema general de pensiones consagra dos grados de pérdida de capacidad laboral relevantes para determinar el monto de la prestación, a decir, el 50% y 66%. Resulta, apenas obvio, que cuando se señala que, si alguien perdió el 50% o el 66% de su capacidad laboral, el precepto no asume que lo fue el 100%, por tanto, teóricamente y, en la práctica, la más de las veces siempre existirá capacidad de trabajo probable; capacidad que no puede catalogarse simplemente como residual sin incurrir, en mi criterio, en cierto dislate.
En consecuencia, el extremo máximo para iniciar la contabilización es a partir de la fecha de emitido el dictamen, por ser este momento en el cual, como se señaló se materializa el siniestro.
Dicho de otra forma, en aquellas declaratorias en que el hito fijado como estructuración del estado de invalidez por parte de las Juntas, no se acompasa con el momento en que el grado de pérdida de capacidad laboral ascendió al 50% o más demostrándose además la actividad laboral más allá de dicha data, como puede ocurrir en el caso de enfermedades crónicas, degenerativas o secuelas, es totalmente viable atacar el dictamen con el fin de demostrar la estructuración real fue ulterior a la fijada, teniendo eso sí, y aun a riesgo de fatigar, como extremo máximo la fecha de declaratoria del estado de invalidez.
En el horizonte trazado, considero entonces que a la demandante le asistía la vocación de percibir el derecho pensional solicitado como quiera y en atendiendo la fecha del dictamen -16 de septiembre de 2004- y hacia atrás, acredita las 50 semanas exigidas en la normatividad aplicable al caso bajo estudio, ella es, la Ley 860 de 2003.
Contabilización de semanas para prestaciones económicas en el Sistema General de Seguridad Social
El artículo 17 de la Ley 100 de 1993, establece que durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
Por su parte, el artículo 18 ibidem instituye el ingreso base de cotización y claramente dispone que este será el salario mensual y, en consecuencia, las cotizaciones se liquidarán con base en el salario devengado por el afiliado.
Así mismo, el parágrafo 2º del artículo 33 del estatuto de la seguridad social estatuye que, «para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el número de días cotizados en cada período».
Entonces, mientras los dos primeros preceptos hacen referencia a la base sobre la cual se debe cotizar que, como se dijo, corresponde al salario mensual, el cual puede variar si por ejemplo el trabajador labora horas extras, dominicales, festivos, viáticos, pero de todas maneras corresponde a un monto que se calcula mensual; el tercero es claro en definir que una semana de cotización equivale a 7 días calendario.
De suerte que a la luz de lo erigido en el mencionado parágrafo refulge que las semanas sobre las cuales se cotiza corresponden a 7 días calendario, sin importar que los meses sean de 28, 29, 30 o 31 días, o que los años sean de 365 o 366 días.
Lo anterior debe ser así por la sencilla y potísima razón de que el sistema integral de seguridad social, está diseñado para que el afilado y sus beneficiarios estén protegidos durante todos los días del año y, por ello, también se cotiza todos los días de cada anualidad, pues no tendría ninguna lógica jurídica que pese a que el trabajador aporta sobre el entendido de que la semana cotizada corresponde al período de 7 días calendario, cuando, por ejemplo, arribe a la edad-pensión de vejez- no se le tengan en cuenta los días efectivamente aportados, lo que implicaría que las semanas de cotización no fueran de 7 días calendario, como lo dispone la ley, sino mucho menor, soslayando que el sistema se nutre y reconoce las prestaciones, precisamente por las semanas de cotización.
Es que, si echáramos mano del vetusto método de interpretación ad absurdum, se llegaría a la conclusión que un siniestro ocurrido, verbi gracia, el 31 de enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre o diciembre, el sistema no lo debe cubrir porque únicamente se cotiza por 30 días.
Claro que ¡Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa¡ Una es el ingreso base de cotización- salario- que según el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo debe pagarse por períodos iguales y, otra, muy diferente, que una semana de cotización corresponde a 7 días calendario. Interpretar que como para el salario mensual se tiene en cuenta el mes de 30 días, también se cotiza por ese mismo periodo, es pasar por alto la existencia del palmario querer del legislador expresado en el parágrafo 2º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
De manera que, como en el presente asunto, el valor de la mesada pensional se estableció en el salario mínimo legal mensual vigente, suma que no tendría variación de haberse contabilizado el ingreso base de liquidación teniendo en cuenta 365 días al año, es la razón que me lleva a acompañar la providencia en este aspecto.
Fecha ut supra,
FERNANDO CASTILLO CADENA
ACLARACIÓN DE VOTO
Demandante: María Lucila Mora
Demandado: Colpensiones
Radicación: 52559
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena.
Con el debido respectivo a mis compañeros de Sala, si bien estoy de acuerdo con el sentido de la sentencia de instancia, estimo oportuno aclarar mi voto en torno a un punto que, de no hacerlo, puede pasar desapercibido.
En efecto, la Sala afirma que «la invalidez se estructura cuando la persona ha perdido, en forma permanente y definitiva, su capacidad laboral». Tal afirmación desconoce que en la sentencia CSJ SL3610-2020 la Corporación precisó que invalidez no es lo mismo que discapacidad laboral, y que tampoco excluye que la persona pueda explotar otras capacidades laborales que le permitan su inclusión al mercado de trabajo.
En otros términos, el hecho de alcanzar un porcentaje que determina la seguridad social como medida de acceso al reconocimiento de una prestación económica, no significa per se que el afectado no pueda desarrollar otras competencias, aptitudes y destrezas en beneficio propio y de su entorno social, ni anula su «derecho a obtener un trabajo productivo y remunerado, a la igualdad de oportunidades y al reconocimiento de su dignidad», consagrados en nuestra Constitución y reconocidos en instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley 1346 de 2009.
Por ello, es necesario aclarar que la invalidez no se estructura «cuando la persona ha perdido, en forma permanente y definitiva, su capacidad laboral», sino cuando los organismos autorizados legalmente fijan un porcentaje de 50% o más de pérdida de capacidad laboral, según lo establecido en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993; y que ello no excluye la posibilidad que la persona pueda retornar al mundo laboral.
Por otra parte, considero oportuno indicar que en el análisis del concepto de secuelas en cada caso en concreto los jueces deben ser muy rigurosos, máxime cuando se solicite la revisión del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, a fin deque no se descontextualice el análisis de la evolución natural de la invalidez, en qué momento se estructuró, lo que puede o no coincidir con la fecha de diagnóstico o calificación, pues ello tendrá incidencia en el momento que se debe tomar como referencia para la verificación de la densidad de semanas exigidas.
Dejo así sustentada mi aclaración de voto en el presente asunto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado