Ficha de la providencia
Sentencia SL2575-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL2575-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2575-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2575-2021
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
12 de mayo de 2021
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL2575-2021
Radicación n.° 72940
Acta 17
Bogotá, D. C., doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021)
Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 15 de abril de 2015, en el proceso que instauró JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ VILLALOBOS en contra del BANCO POPULAR S.A.
ANTECEDENTES
Sánchez Villalobos demandó al Banco Popular S.A., con el propósito de que fuera condenado al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, desde el 2 de septiembre de 2009, debidamente indexada de conformidad con la fórmula adoptada por el Consejo de Estado y esta Corte en decisiones unificadas. Así mismo, impetró el pago de las respectivas mesadas adicionales e incrementos legales hasta la fecha en que el ISS asuma el pago de la pensión de vejez, momento a partir del cual el Banco deberá cancelar únicamente el mayor valor, si lo hubiere; por último, solicitó se grave a la pasiva con las costas procesales.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró al servicio del Banco Popular entre el 6 de marzo de 1972 y el 30 de junio de 1993, es decir, por espacio de 21 años y 25 días en los que siempre fue trabajador oficial; que nació el 2 de septiembre de 1954 por lo que el mismo día y mes de 2009 cumplió 55 años de edad; que el último salario promedio devengado fue de $330.889, cifra que actualizada a 2009 corresponde a $1.726.643,86, por lo que la prestación que reclama debe otorgarse en la suma inicial de $1.294.982,89; así mismo, precisó que la entidad financiera demandada pasó al sector privado el 21 de noviembre de 1996 y finalmente, que agotó la vía gubernativa.
Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso al éxito de las pretensiones alegando que «Desde ya me opongo a todas y cada de estas, por carecer de sustento fáctico y legal, por cuanto al demandante, no le es aplicable la ley 33 de 1985, por cuanto al entrar en vigencia la ley 100 de 1993, el actor contaba con 20 años de servicio pero no acreditaba la edad de 55 años, por lo que frente a la pensión tenía una mera expectativa y no un derecho adquirido…»; y, en cuanto a los hechos, los aceptó todos con excepción del último promedio salarial y el valor actualizado de la primera mesada.
En su defensa propuso las excepciones de prescripción, subrogación del riesgo de vejez «por parte del ICSS hoy ISS», inexistencia del derecho e inaplicabilidad de la Ley 33 de 1985, cobro de lo no debido, inexistencia del derecho, inexistencia de la obligación en la forma reclamada en la demanda y las que resulten demostradas.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 30 de enero de 2015, condenó al Banco Popular S.A. a reconocer a favor del demandante, la pensión de jubilación en cuantía de $1.294.983 a partir del 2 de septiembre de 2009, junto con los incrementos legales y mesadas adicionales, hasta cuando el ISS reconozca la de vejez; así mismo, autorizó la deducción de los aportes a salud, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción de las mesadas causadas entre el 8 de abril de 2009 y el 8 de abril de 2010, y le impuso las costas procesales a la demandada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, mediante fallo del 15 de abril de 2015, modificó el ordinal primero de la sentencia de primer grado y condenó a la entidad demandada al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, en la suma inicial e indexada de $537.120,56; así mismo, ordenó la indexación del retroactivo pensional, la confirmó en lo demás y se abstuvo de imponer costas en esa instancia.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal advirtió que estaban satisfechos los presupuestos procesales y que no existía causal de nulidad que invalidara lo actuado. A renglón seguido indicó que los problemas jurídicos por resolver se contraían a verificar: i) si la fecha de causación de la «pensión de vejez» era el día siguiente al cumplimiento de los 55 años de edad, o el día en que se cumplió tal edad; ii) si las excepciones de inexistencia de la obligación y del derecho estaban llamadas a prosperar; iii) si para la liquidación de la «pensión de vejez» se debía tomar como IBL lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, y iv) si había lugar a indexar la pensión del actor a partir de la fecha de la sentencia y hasta cuando se efectúe el pago.
Precisó como hechos indiscutidos los siguientes: que Sánchez Villalobos prestó servicios al Banco demandado por más de 20 años, era beneficiario del régimen de transición, cumplió 55 años de edad el 2 de septiembre de 2009, y que tenía derecho al reconocimiento de la pensión dispuesta en la Ley 33 de 1985.
En relación con los motivos de inconformidad del Banco, indicó que bastaba leer el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 para establecer que dicha norma no fijaba que la pensión se causaba un día después del cumplimiento de la edad, sino que consagraba que cuando el trabajador llegara a los 55 años de edad, tendría derecho a la pensión; por lo que había acertado el juez cuando dijo que la fecha de causación era el 2 de septiembre de 2009, data en la que el actor arribó a la edad exigida legalmente. Que tampoco podía declarar probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y del derecho, porque en estricto sentido esa parte procesal no estaba inconforme con el reconocimiento de la pensión ni con quien debía asumirla, sino que la crítica la había contraído al IBL que había tomado el juez para liquidar la pensión.
Agregó, respecto del último motivo de apelación de la pasiva, que tenía razón el Banco en cuanto al IBL que debía tomarse para liquidar la prestación, pues siendo el demandante beneficiario del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y como le faltaba más de 10 años para adquirir el derecho, al 1º de abril de 1994, la prestación se debía liquidar con el promedio de lo cotizado en los 10 años anteriores al «reconocimiento» de aquella, valor que, de acuerdo con las operaciones realizadas por el grupo liquidador creado por el Consejo Superior, ascendía a la suma de $716.160,75 por lo que la primera mesada, indexada, sería de $537.120,56 y no el monto que reconoció su inferior quien aplicó el promedio del último año de labores. Destacó que la anterior operación se hacía acatando las directrices dadas por esta Sala de la Corte en sentencias emitidas en los radicados 19663 de 2003, 22226 de 2004 y 34292 de 2009, entre otras muchas. Resaltó que en este caso, aparecían aportes con posterioridad a la desvinculación del Banco, por lo que la solución que halló el juez no era correcta toda vez que se fijó en casos en los que el trabajador no había vuelto a cotizar; textualmente dijo: «solución que encontró el a quo es, se reitera, para aquellas personas que se hayan retirado con anterioridad a abril del 94 y no hayan vuelto a cotizar hasta que adquiera el derecho a la pensión por haber llegado a la edad, no en este caso, como ya se explicó».
Para desatar la apelación del demandante, advirtió que en realidad el juez no se había pronunciado sobre la indexación de las mesadas, a pesar de haberse formulado como pretensión, súplica que tenía eco porque el impago de aquellas generaba la pérdida del poder adquisitivo; así que accedió a dicha súplica ordenando que el retroactivo pensional se indexara desde la fecha de la sentencia y hasta el momento de su pago, como se había dispuesto en la sentencia de 2012, radicación 39140 en la que se había memorado la de 2009, radicación 36278.
Por cuestión de método y como de salir avante la casación interpuesta por el Banco, se daría al traste con las condenas fulminadas, la Sala iniciará por el análisis de dicho recurso.
IV. RECURSO DE CASACIÓN PARTE DEMANDADA
Interpuesto por el Banco Popular S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el Banco recurrente que la Corte case la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, «revoque en su integridad el fallo del a-quo y, en su lugar, absuelva al Banco Popular S.A de todas las pretensiones de la demanda».
Con tal propósito formula un único cargo, por la causal primera de casación, el cual fue replicado.
VI. CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de «los artículos 3 y 76 de la Ley 90 de 1946; artículos 1º, literal c), 11 y 12 del Acuerdo 224 de 1966, del Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el artículo 1 del Decreto 3041 de 1966; los artículos 2 del Decreto 433 de 1971; 6, 7 y 134 del Decreto 1650 de 1977; 1 y 13 de la Ley 33 de 1985; 28 y 57 del Acuerdo 044 de 1989 expedido por Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el artículo 1 del Decreto 3063 de 1989; 11, 36, 133, 151 y 289 de la Ley 100 de 1993; 3 y 4 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 1 del acuerdo 049 de 1990 expedido por el Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el artículo 1 del Decreto 758 de 1990».
Aduce que la equivocación del Tribunal se debió a los siguientes errores de hecho:
1.- Dar por demostrado, contra la evidencia, que la apoderada del Banco Popular S.A, al sustentar el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, no controvirtió el derecho a la pensión de jubilación pretendida por el señor José Antonio Sánchez Villalobos.
2.- No dar por demostrado, contra la evidencia, que la apoderada del Banco Popular S.A., interpuso recurso de apelación contra cada una de las condenas impuestas en todo lo que le resultarse (sic) desfavorable a la sociedad enjuiciada.
3.- No dar por demostrado, contra la evidencia, que la apoderada del Banco Popular S.A interpuso recurso de apelación respecto de su inconformidad sobre la no declaratoria de las excepciones propuestas en su totalidad, remitiéndose para su sustentación “a todos y cada uno de los motivos de inconformidad descritos en la contestación de la demanda”, y en la inexistencia del derecho reclamado.
Para dar desarrollo al cargo, luego de reproducir lo pertinente del fallo acusado, dice la censura que al escuchar la exposición de la apoderada que la representó en las instancias, se evidencia que aquella sí cuestionó la viabilidad de la pensión prevista en la Ley 33 de 1985 para los trabajadores oficiales; transcribe el mencionado recurso, destacando la remisión que allí se hizo de la contestación de la demanda en la que se desconoció el derecho.
Añade que de haber analizado dicha alegación el Tribunal habría encontrado la inconformidad respecto al otorgamiento de la pensión de jubilación con posterioridad al cambio de la naturaleza jurídica del Banco y que era ésta la que determinaba el régimen legal a aplicar a sus servidores; de tal suerte que al ser la pasiva una entidad privada al momento en que el actor cumplió los requisitos de pensión del sector público, el régimen legal aplicable era el privado y no el de empleados oficiales, pues el Banco fue privatizado a partir del 21 de noviembre de 1996, es decir, antes de que el accionante reuniera la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de su pensión, ya que llegó a la edad de 55 años el 2 de septiembre de 2009, conforme se afirma en la demanda.
Aduce que esta Corporación ha señalado que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, previo cumplimiento de los requisitos allí estipulados, remite al régimen anterior al cual se encuentren afiliados los trabajadores, incluyendo los que tenían la calidad de trabajadores oficiales, razón por la que anota, debe entenderse que el régimen anterior sea el propio de los trabajadores particulares, por haber sido éstos asegurados por el Instituto de Seguros Sociales, siendo esta entidad la que tiene la obligación de sustituir totalmente al Banco en el cubrimiento de la pensión que ahora se demanda, puesto que el artículo 76 de la Ley 90 de 1946 dispuso que el seguro de vejez reemplazaría la pensión de jubilación que venía figurando en la reglamentación anterior y hasta que el Instituto convenga en subrogarlas en el pago de esas pensiones eventuales.
Sobre este punto insiste en que el artículo 2º del Decreto Ley 433 de 1971, por el cual se reorganizó el ISS dispuso que estarían sujetos al seguro social obligatorio, entre otros, «[...]todos los trabajadores de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, de carácter nacional, departamental o municipal, que para los efectos del seguro social obligatorio estarán asimilados a trabajadores particulares», asimilación que, dice, ya había sido establecida anteriormente en el artículo 3º de la Ley 90 de 1946.
Sostiene en ilación con lo precedente que la Ley 100 de 1993 es aplicable a los trabajadores particulares y a los empleados oficiales, de manera que por la dualidad de regímenes legales preexistentes, el régimen de transición implantado en el artículo 36 de dicha normativa la que determinó que los requisitos para acceder a la pensión serían los establecidos en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, de allí que pueda ocurrir que una persona que prestó sus servicios en la entidad financiera demandada cuando aquella tenía naturaleza oficial y cumple el requisito de edad estando afiliado al Instituto de Seguros Sociales, como es la situación que tiene ocurrencia en este caso, no le corresponde beneficiarse de la Ley 33 de 1985, sino de lo estipulado en la Ley 90 de 1946, el Acuerdo 224 de 1966, el Decreto Ley 433 de 1971, el Decreto 1650 de 1977 y el Acuerdo 049 de 1990.
Precisa que con independencia de la calidad de trabajador oficial que tuvo el actor mientras estuvo al servicio del Banco Popular, resultó asimilado a trabajador particular, de allí que en los términos del artículo 11 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, el derecho a la pensión lo obtendrá cuando cumpla los requisitos de edad y semanas de cotización que exigen los reglamentos del referido Instituto.
A más de lo anterior, recaba la censura en que el Tribunal no se dio cuenta que conforme al artículo 2º del Decreto Ley 433 de 1971, los trabajadores de las sociedades de economía mixta, como en esa época eran los vinculados al Banco accionado, para efectos del Seguro Social, eran asimilados a los trabajadores particulares.
Se remite a un pronunciamiento de la Corte Constitucional de fecha 25 de junio de 2009 (que no identificó), de la que transcribe un fragmento, para agregar que el ISS tiene naturaleza de Caja de Previsión Social.
Insiste en que por todo lo dicho el Tribunal, al conceder la pensión de Ley 33 de 1985, aplicó indebidamente dicha normativa por lo que debe casarse la providencia impugnada.
VII. RÉPLICA
Estima que el cargo planteado está llamado al fracaso como quiera que «se limitó a presentar una acusación DE MEDIO y a sustentar su censura en unos supuestos errores de hecho, TAMBIÉN DE MEDIO, sin atacar el fundamento sustancial de la sentencia, en la creencia equivocada de que le bastaba con alegar esos errores de medio para que la H. Corte quedara automáticamente convertida en juez de segunda instancia, obligada a revisar de oficio la legalidad del fallo de primer grado, sin necesidad de alegar y demostrar algún yerro de hecho o de derecho como consecuencial del cual el ad quem habría aplicado indebidamente los preceptos legales sustanciales que utilizó para confirmar la condena al pago de la pensión proferida en el fallo de primer grado»; pero que con todo, el Tribunal acertó y, además, es contrario a la lógica, que antes de emitir el fallo, el demandado hubiera apelado, como lo propone el censor.
Añade que la uniforme jurisprudencia de la Sala le da la razón en cuanto al derecho concedido en la instancia, ya que, para el 21 de noviembre de 1996, cuando hubo la transformación jurídica del banco, el demandante tenía más de 20 años de trabajador oficial y de otra parte al 1.º de abril de 1994 ya había causado a su favor la pensión de la Ley 33 de 1985, solamente le faltaba cumplir la edad.
Precisa que el ISS no puede asumir obligaciones de afiliados que aún no hubieren cumplido los requisitos exigidos en sus reglamentos, y solo a partir de que ello suceda puede darse la subrogación.
Se remite a las sentencias del 21 de noviembre de 2002, radicación 19372 y del 13 de febrero de 2003, radicación 18556, de las que transcribe unos párrafos para destacar que en ningún desatino incurrió el juzgador y rogar que se insista en la tesis que en más de un centenar de ocasiones se ha proferido.
VIII. CONSIDERACIONES
Cuando el juzgador colectivo entendió que el Banco demandado no desconoció la obligación de asumir la pensión impuesta porque su recurso se dirigía exclusivamente a refutar el IBL con que se liquidó aquella, no cometió error, por lo menos con la categoría de evidente, ya que al interponer la apelación contra la sentencia de segundo grado, la apoderada que representaba a la entidad financiera si bien dijo encaminarla «contra cada una de las condenas que se emiten en contra de la entidad que represento y en todo lo que le resultare desfavorable», lo cierto es que en la sustentación de la misma redujo su inconformidad al rubro que arrojó la condena por pensión, por cuanto para obtener el IBL se tomaron factores que no debían incluirse por tratarse de una pensión del sector oficial, al igual que la fecha a partir de la cual se reconoció aquella y la prescripción que declaró el juzgado. Incluso textualmente en unos de sus apartes dijo la abogada «si se acepta que el demandante tiene derecho a la pensión de jubilación prevista en ley 33 de 1985, el IBL debe ser acorde con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993».
Valga la pena anotar que ello no significa, contrario a lo que considera la oposición, que el cargo sea una denuncia de medio ni que el disenso contra la providencia se hubiera propuesto antes de emitirse aquella, sino que refleja la coherencia en la posición que adoptó la pasiva pues desde la contestación de la demanda negó el derecho pretendido con la siguiente tesis:
Desde ya me opongo a todas y cada de estas, por carecer de sustento fáctico y legal, por cuanto al demandante, no le es aplicable la ley 33 de 1985, por cuanto al entrar en vigencia la ley 100 de 1993, el actor contaba con 20 años de servicio pero no acreditaba la edad de 55 años, por lo que frente a la pensión tenía una mera expectativa y no un derecho adquirido […].
Así las cosas, los errores fácticos denunciados no resultan manifiestos; pero si se entendiera que en realidad, por la remisión que la apelante hizo a la contestación de la demanda, se advirtiera la necesidad de que el Tribunal se pronunciara sobre el derecho alegado, el cargo no tendría prosperidad puesto que la Corporación ha reconocido el derecho de los servidores del Banco Popular a la pensión de Ley 33 de 1985, si durante 20 años de vinculación con dicha entidad, tuvieron la calidad de trabajadores oficiales, con independencia de la afiliación al ISS para los riesgos de IVM, pues esta circunstancia no releva al empleador oficial de su obligación frente al régimen jubilatorio anterior a la Ley 100 de 1993, por lo que la entidad bancaria debe otorgar la prestación y al reunir los requisitos para la de vejez, continuará a cargo del mayor valor, si lo hubiere, entre ambas prestaciones. En ese sentido se puede consultar la sentencia CSJ SL4087-2018, que reiteró la CSJ SL143-2013, así:
Además, es de acotar que tal como lo concluyeron ambas instancias, la situación pensional del demandante está gobernada por la L. 33/1985, por cuanto prestó sus servicios en su condición de trabajador oficial por más de 20 años, aunque en el transcurso de la relación se le haya afiliado al Instituto de Seguros Sociales.
La circunstancia de que las partes hubieran cotizando al I.S.S. para el riesgo de IVM, en manera alguna releva al empleador oficial de su obligación frente al régimen jubilatorio previsto en las normas que anteceden a la expedición de la L. 100/1993. Es por ello que el Banco demandado, siendo el último empleador oficial, debe reconocer y pagar al actor la pensión implorada, como lo dispone el D. 1848/1969 Art. 75, y reunidos los requisitos para la pensión de vejez, estará a cargo de la entidad sólo el mayor valor, si lo hubiera, entre ambas pensiones, con lo cual en un caso como el que ocupa la atención a la Sala, la coexistencia de sistemas queda armonizada.
Por consiguiente, resulta equivocada la argumentación del recurrente en el sentido de que al actor, pese a haber tenido la calidad de trabajador oficial por más de 20 años, se le debe dar el tratamiento para efectos pensionales de un trabajador particular por motivo de la afiliación de que fue objeto ante el Instituto de Seguros Sociales y, con mayor razón, si se tiene en cuenta que los empleados oficiales se encontraban regulados por disposiciones propias, que no fueron subrogadas por los Acuerdos de dicha entidad.
De manera que el cargo no es próspero.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandada recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 8.800.000,oo que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.
IX. RECURSO DE CASACIÓN PARTE DEMANDANTE
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
X. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte:
CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada, en cuanto por el ordenamiento PRIMERO de su parte resolutiva modificó el monto de la primera mesada pensional del demandante a que había fijado el Juzgado reduciéndola a la cantidad de $537.120,56 mensuales. En la sede subsiguiente de instancia, la H. Corte Suprema deberá CONFIRMAR lo dispuesto por el Juzgado en cuanto al valor inicial de la pensión del actor.
Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que merecieron réplica, y que se definirán conjuntamente los dos últimos en la medida que se encausan por la misma vía, acusan similar elenco normativo y buscan idéntico objetivo.
XI. CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, 27 del Decreto 3135 de 1968, 68 y 73 del Decreto 1848 de 1969 y 1.º de la Ley 33 de 1985.
Señala que tanto el artículo 21 como el 36 de la Ley 100 de 1993 aluden a las «pensiones previstas en esta ley»; además, hablan del afiliado y regulan el IBL de quienes les hace falta más de 10 años para el reconocimiento de la pensión «cuando dejaron de trabajar y, por consiguiente, de devengar salarios como trabajadores del empleador responsable de la pensión, NO les es aplicable el IBL establecido por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 por la sencilla razón de que esos salarios no existieron y, por no haber existido, tampoco pueden “actualizarse”, sin que sea lógicamente posible suponer que luego de que dejaron de trabajar y de devengar salarios el empleador responsable de la pensión continuó imaginariamente cotizando hasta cuando el trabajador cumplió la edad (luego de 10 años o más) con el mismo salario que venía cotizando, ni con uno inferior ni con uno superior».
Precisa que la actualización de los salarios debe hacerse con fundamento en lo que realmente devengó el trabajador y no computar valores imaginarios, supuestamente devengados o cotizados con posterioridad a la desvinculación del Banco.
Que la aplicación indebida de los artículos denunciados determinó igualmente la aplicación de los restantes citados en la proposición jurídica, lo que determinó un monto inferior al que le correspondía por pensión; pues debió tenerse en cuenta «el salario promedio devengado en el último año de servicios al Banco demandado, actualizado desde cuando dejo (sic) de trabajar hasta la fecha en que cumplió la edad para el reconocimiento de la pensión».
XII. CARGO TERCERO
Denuncia la violación por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, infracción que produjo la aplicación indebida de los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968, 68 y 73 del Decreto 1848 de 1969, 1.º de la Ley 33 de 1985 y 36 de la Ley 100 de 1993.
En su desarrollo esgrime similares argumentos a los señalados en el cargo anterior, agregando que la sentencia de radicación 21412 del 16 de febrero de 2004, le da la razón.
XIII. RÉPLICA
El Banco, para oponerse al segundo de los cargos, señala que el Tribunal se apoyó en las sentencias de radicados 19663 de marzo de 2003, 22226 y 22167 de 2004 y 2009 respectivamente, por lo que la acusación debió encausarse por la interpretación errónea. Y en lo que hace al tercero, precisa que el recurrente omite referirse a las sentencias ya mencionadas que fueron el fundamento de la sentencia confutada y que era «igualmente válido y razonable el entendimiento del sentenciador de alzada sobre las normas acusadas […] el cargo no puede prosperar pues, tal como lo ha enseñado reiteradamente esa H. Corporación, cuando el sentenciador opta por alguna de las interpretaciones que permite la norma legal, así ésta no coincida con la pretendida por el recurrente, no cabe el ataque en el concepto de interpretación errónea».
XIV. CONSIDERACIONES
La inconformidad del actor se centra en esencia en la aplicación escindida del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, por parte del Tribunal, por cuanto no se liquidó la pensión con el ingreso que sirvió de base para el último año de servicio como lo dicta dicha norma, por cuanto el Tribunal interpretó erróneamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al entender que las condiciones que se mantienen del régimen anterior son el número de semanas, la edad y el monto.
Dada la vía de ataque escogida no son objeto de discusión las conclusiones fácticas del Tribunal como que el actor cumplió 20 años al servicio del Banco antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, que arribó a los 55 años edad en el año 2009, que era beneficiario del régimen de transición, en virtud del cual tenía derecho a la pensión bajo las condiciones de semanas, edad y monto del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985.
Sea lo primero señalar que no se entiende la razón para que el demandante, a pesar de haber reconocido en los hechos de la demanda que era beneficiario del régimen de transición, ahora pretenda dar una variación a su petición bajo el argumento de la invalidez de la aplicación de dicho régimen.
Sin embargo, si se pasara por alto tal circunstancia es menester precisar que la Sala ya se ha pronunciado de manera abundante al respecto.
Como quedó asentado cuando se hizo el itinerario procesal, no es objeto de controversia en el recurso extraordinario la condición de beneficiario del régimen de transición que tiene el actor.
Para abordar el análisis del cargo se cuestiona ¿cuál es el IBL aplicable al momento en que se causó el derecho pensional del actor?
Debe comenzar la Sala por advertir que, como el derecho pensional se materializó en el año 2009, es decir, en vigencia de la Ley 100 de 1993, esta es la norma aplicable, precisamente por estar cobijado el demandante por el régimen de transición.
La Corporación de tiempo atrás tiene definido que en torno al régimen de transición previsto en la Ley de Seguridad Social, el legislador les respetó a sus beneficiarios solo 3 aspectos: a) la edad; b) el tiempo de servicio o número de semanas cotizadas, y c) el monto, que consignara la disposición anterior por aplicarles.
En ese horizonte, para despachar los reproches que la recurrente le enrostra al sentenciador plural, juzga conveniente la Sala examinar en primer lugar, los elementos estructurales esenciales del derecho a la pensión por vejez y, en segundo término, fijar cuáles son los elementos estructurales que se protegen con el régimen de transición.
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, estatuyó en forma expresa los «cuatro elementos estructurales» esenciales del derecho a la pensión de vejez, dos relacionados con el acceso a la prestación, y dos con la cuantificación del derecho económico. Veámoslos:
De acceso a la prestación
En tratándose de prestaciones por jubilación o vejez, se instituyen dos requisitos de acceso: la edad y el tiempo de servicios si es por jubilación, o las semanas de cotización si es por vejez.
Para la cuantificación del derecho económico
Referente a la cuantificación del derecho económico, (contenido económico de la prestación), se establece en algunas ocasiones un parámetro y una variable y, en otras, dos variables, a decir, el monto de la pensión o tasa de reemplazo, y la base de liquidación o, expresado en términos técnicos actuales, el Ingreso Base de Liquidación –IBL.
El monto, como parámetro, es simplemente un factor único establecido en la ley. Por ejemplo, en el caso de los servidores públicos en transición la ley predetermina un monto del 75% para todos los casos de origen legal. A su vez, el monto como variable, implica la posibilidad de su integración a partir de otro dato conocido, como puede ser el número de semanas de cotización. A manera de ilustración, el monto variable de las pensiones del antiguo Instituto de Seguros Sociales, donde se fija un monto mínimo de pensión del 45% y se aumenta a razón del 3% por cada cincuenta semanas de cotización, adicionales a las primeras quinientas.
Concerniente a la base de liquidación o ingreso base de liquidación- IBL-, técnicamente se le tiene como variable porque depende de los ingresos del afiliado durante un lapso determinado por la ley, que puede o no ser objeto de actualización con base en la variación de precios.
Llegados a este punto del sendero, surge otra pregunta: ¿qué sucede con la pensión de vejez protegida por el régimen de transición?
Esta Sala al contestar el interrogante en precedencia ha sostenido, de manera invariable hasta hoy, que el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, «petrificó» para sus beneficiarios tres requisitos de la prestación, conforme al régimen pensional en que venían consolidando su expectativa: (i) la edad; (ii) el tiempo de servicios o cotizaciones y (iii) el monto.
El cuarto, que corresponde a uno de cuantificación, a decir, la base de liquidación, el legislador decidió armonizarlo con la nueva normativa.
Recapitulando, las disposiciones del régimen anterior, en cuanto a monto, edad y tiempo de servicios o cotizaciones, únicamente se aplican, por remisión expresa, frente a estos puntuales supuestos.
Entonces, respecto al ingreso base de liquidación, esta Sala, por mayoría, tiene adoctrinado que tratándose de las personas beneficiarias del régimen de transición que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993 les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, se rige por lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 ibidem y, para aquellas que les faltare 10 años o más para consolidar su derecho, como en este asunto, se liquida de acuerdo con lo contemplado en el artículo 21 de la misma normativa (sentencia CSJ SL2510-2017).
Ahora bien, la Sala también tiene asentado, por mayoría, que para calcular el IBL de toda la vida laboral a la luz de lo dispuesto en el artículo 21 del estatuto de la seguridad social, es presupuesto que el afiliado hubiera cotizado al menos 1250 semanas al sistema (sentencia CSJ SL7263-2015).
De suerte que, en lo que atañe al ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con venero en el régimen de transición, esta Corporación ha sido enfática en que este se define a la luz de lo determinado expresamente por la Ley 100 de 1993, según las providencias citadas, y no con lo estipulado en la regulación precedente.
Puestas en esa dimensión las cosas, se exhibe palmario que el juzgador de segundo grado no se equivocó al concluir que el ingreso base de liquidación se halla según las voces de la Ley 100 de 1993 y no con las de la Ley 33 de 1985, como lo pretende la parte promotora del proceso. A ese respecto resulta pertinente reiterar lo señalado en la sentencia CSJ SL2588-2019, en la que se señaló:
Si bien esta Sala de la Corte aceptaba que el IBL de la pensión de jubilación fuera liquidado con el último año de servicios cuando el trabajador no cotizara ni devengara suma alguna entre la fecha del retiro del servicio como trabajador oficial y la del cumplimiento de la edad, por considerar que ello se ajustaba más al objetivo perseguido en la Ley 33 de 1985, lo cierto es que tal doctrina fue reevaluada para adoptar el criterio según el cual el cálculo del IBL de las pensiones de jubilación otorgadas bajo el régimen de la transición debe ajustarse a las reglas establecidas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
Sobre el particular, esta Corporación en sentencia CSJ SL7061-2016, reiterada, entre otras, en la SL18622-2016 y CSJ SL17549-2017 adoctrinó:
1.- Ciertamente, para esta clase de asuntos, que comportan una característica especial, consistente en que teniendo derecho a la pensión de jubilación oficial, el trabajador no devengó suma alguna o no cotizó en calidad de trabajador oficial, durante el lapso comprendido entre la fecha de desvinculación y el cumplimiento de la edad, la Sala aceptaba como solución doctrinal, que la base salarial que deberá actualizarse, será el promedio de los salarios y primas de toda especie devengados en el último año de servicios, por considerar que ello se ajustaba más al objetivo perseguido por la norma citada.
Lo anterior, se viene sosteniendo desde la sentencia de instancia proferida por esta Corporación, el 30 de noviembre de 2000, Rad. 13336. Esta postura se había mantenido invariable y ha sido reiterada en sentencias de la CSJ SL, 17 may. 2004, rad. 22617, 23 ag. igual año, rad. 22892; 25 nov. de esa misma anualidad, rad. 23769; 30 ag. 2011, rad. 40074; y en casación de 29 may. 2013 rad. 45814 (SL 381/2013), entre otras.
2.- Sin embargo, haciendo un nuevo examen y en aras de no prever discriminación frente a los demás pensionados que tienen unas reglas claras para liquidar el IBL de su pensión, y ante la nueva recomposición de la Sala, se considera pertinente entrar a reexaminar el tema, en cuanto a la liquidación del IBL de la pensión oficial cuando el trabajador no cotizó ni devengó ninguna suma en el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho, o sea en vigencia de ley 100/1993, que es lo que acá sucede y donde, como se atrás se dejó sentado, en este caso en particular no resulta dable tener en cuenta las semanas que cotizaron los actores como independientes.
Como es sabido, para el caso de los beneficiarios del régimen de transición, el Ingreso Base de Liquidación corresponde al lapso temporal que se debe tomar para establecer el promedio de los ingresos salariales o base de cotización para liquidar toda pensión, el cual se debe definir de conformidad con la nueva normatividad, caso distinto al “monto” porcentual de la prestación que es uno de los elementos que si se conservan del sistema anterior por virtud de la transición y que tiene que ver con el <porcentaje> del IBL que antes se preveía.
De tal forma que, el IBL para todas las pensiones de jubilación otorgadas bajo el citado régimen de la transición debe en consecuencia determinarse conforme a las reglas establecidas en los Arts. 36 inc. 3° y 21 de la L. 100/1993, que no establecieron ninguna excepción o salvedad en este puntual aspecto, sin que sea dable excluir de estas pautas a aquellas personas que durante ese lapso no devengaron ni cotizaron suma alguna.
Lo anterior queda acorde con lo expresado en la Sentencia C.Const. C-258 del 7 de mayo de 2013, en la que se sostuvo que las reglas del IBL aplicables a todos los beneficiarios del régimen de transición, son las contenidas en los artículos 21 y 36 inciso 3° de la L. 100 de 1993.
3.- En consecuencia, ahora estima la Sala que no es necesario remitirse al promedio de lo devengado en el último año de servicios a efectos de establecer el IBL, pues como antes se explicó debe sujetarse en un todo a los nuevos lineamientos de la Ley 100/1993.
Así las cosas, para obtener el promedio de lo devengado o cotizado para estos específicos casos y conformar el IBL, deberá calcularse con el promedio de devengado o cotizado durante los últimos diez (10) años previos al reconocimiento de la prestación, ello con referencia a la remuneración efectivamente devengada por el beneficiario durante el lapso temporal que corresponde según el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho, aun cuando se involucren períodos habidos antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, debiéndose partir del último devengo o cotización y transpolar o retroceder en el tiempo hasta cubrir el período respectivo.(subrayada fuera del texto).
En lo que sí erró el colegiado fue al determinar el IBL con base en las cotizaciones realizadas por el actor con posterioridad a su desvinculación del banco, pues como lo ha determinado la Sala en anteriores ocasiones (CSJ, SL7061-2016; CSJ, SL3738-2019; CSJ SL3761-2018; CSJ SL2588-2019 y CSJ SL3113-2019), para efectos de la pensión de jubilación prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, se debe computar el tiempo servido como trabajador oficial, debiendo contabilizar el último ingreso hasta cubrir el lapso requerido de los 10 años de devengos en el sector oficial.
Por lo anotado los cargos se abren paso, lo que conduce a quebrar la sentencia recurrida únicamente en el aspecto analizado.
Ante la prosperidad de los cargos estudiados, se hace innecesario pronunciarse sobre el primer ataque que, por la vía indirecta, buscaba idéntico fin.
Sin costas para la parte demandante dado que el recurso extraordinario salió avante.
En sede instancia, y teniendo en cuenta que en el expediente solamente obra certificación de lo devengado en el último año, para mejor proveer se dispone oficiar a la entidad accionada para que certifique el valor de lo devengado por el actor en los últimos diez (10) años de servicios como trabajador oficial, teniendo en cuenta los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994. Para lo cual se le concede el término de diez (10) días.
Una vez allegadas las referidas pruebas, deberán ponerse a disposición de las partes por el término de tres (3) días, con el fin de que ejerzan su derecho de defensa y contradicción.
XV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 15 de abril de 2015, en el proceso que instauró JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ VILLALOBOS en contra del BANCO POPULAR S.A. únicamente en el aspecto mencionado en la parte motiva. NO CASA en lo demás.
Para mejor proveer se dispone oficiar al Banco Popular, para que en el término de diez (10) días se expida certificación sobre los valores devengados en los últimos diez (10) años de servicios como trabajador oficial, de acuerdo con los factores contemplados en el Decreto 1158 de 1994.
Una vez allegadas las referidas pruebas, deberán ponerse a disposición de las partes por el término de tres (3) días, con el fin de que ejerzan su derecho de defensa y contradicción.
Costas como se indicó.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
(Aclaro Voto)
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
(Aclaro Voto)
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL2575-2021 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.