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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2577-2021

Pensión convencional

Fecha
19 de mayo de 2021
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
23 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2577-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿La pensión convencional de jubilación reconocida antes de la pensión de vejez es compatible con esta última por la cláusula colectiva que excluyó expresamente tenerla en cuenta?

  2. ¿La entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 eliminó la compatibilidad pensional pactada en una convención colectiva anterior?

Reglas

  1. Las pensiones extralegales causadas desde el 17 de octubre de 1985 son compartibles como regla general cuando el empleador continúa cotizando al ISS, salvo pacto expreso de compatibilidad.

    «el Instituto de Seguros Sociales tan sólo comparte las pensiones extralegales cuando se causan con posterioridad a la vigencia del Decreto 2879 de 1985»
  2. La compartibilidad permite que el ISS asuma la pensión de vejez y que el empleador conserve a su cargo únicamente la diferencia cuando la prestación extralegal sea superior.

    «si el valor de la que le cancelaba directamente el empleador era superior a la que le reconocería el ISS, mantendría el disfrute de aquella cifra»
  3. La compatibilidad se configura cuando la convención dispone expresamente que la pensión se reconoce sin tener en cuenta la pensión de vejez del ISS.

    «las partes excluyeron la compartibilidad que se estatuyó como regla general a partir de la vigencia del Acuerdo 029 de 1985»
  4. Las convenciones colectivas anteriores a la Ley 100 que no hayan sido modificadas continúan vigentes y no se entienden derogadas por la legislación posterior.

    «los derechos emanados de convenciones colectivas celebradas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que no han sido modificadas por normas posteriores, deben entenderse vigentes»
  5. Una cláusula convencional que complementa el régimen de jubilación y establece expresamente su compatibilidad con la pensión legal debe interpretarse armónicamente con la cláusula que reconoce la prestación.

    «el art. 5º de la convención colectiva 1976-1978 y el 20 del instrumento vigente para los años 1982-1983, son normas que no se excluyen, sino que se complementan»

Decisión

La Corte no casó la sentencia que declaró compatibles las dos pensiones y condenó a Colpensiones al pago del retroactivo dejado en suspenso. Impuso costas del recurso a la recurrente.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 25 de febrero de 2015, en el proceso que promovió JORGE RUIZ ROMERO en contra de la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES. Costas como se dijo en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2577-2021

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

19 de mayo de 2021

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL2577-2021

Radicación n.° 74276

Acta 18

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. contra la sentencia proferida por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 25 de febrero de 2015, en el proceso que promueve JORGE RUIZ ROMERO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y de la recurrente.

ANTECEDENTES

El demandante pretende que se condene a las demandadas al pago del retroactivo pensional que quedó en suspenso por decisión de la Administradora Colombiana de Pensiones, en Resolución 056147 de 9 de abril de 2013.

Indicó que laboró para la Electrificadora de Bolívar S.A. y, en virtud de la sustitución patronal, luego fue para la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. – ELECTROCOSTA S.A. E.S.P. y, finalmente, la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. – ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., en el periodo comprendido entre el 1° de septiembre de 1976 y el 1° de diciembre de 2002, fecha última en la que se le reconoció la pensión de jubilación convencional, pues siempre perteneció al sindicato de trabajadores.

Sostuvo que entre la empresa y la organización sindical suscribieron acuerdos, en los que se plasmó de una parte, la obligación de la empresa al reconocimiento de la prestación de jubilación cuando el trabajador cumpliera 20 años de servicios a la empresa, continuos o discontinuos y 50 años de edad, ello teniendo en cuenta el 100% del salario devengado en el último año de servicio y, de otra, sin tener en cuenta la pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales. Alega que las convenciones se mantuvieron vigentes por mandato expreso de las negociaciones hechas con posterioridad.

Indicó que, por cumplir los requisitos, se hizo beneficiario de la prestación convencional y, posteriormente, el Instituto le reconoció la de vejez; sin embargo, el retroactivo fue dejado en suspenso hasta que se tuviera claridad a favor de quien debía consignarse, si del empleador o el beneficiario.

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- adujo que no le constan los hechos y se opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que el demandante es beneficiario del régimen de transición y una vez cumplió los requisitos se le reconoció pensión de vejez, a partir del mes de enero de 2013, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, mediante los actos administrativos GNR 056147 y GNR 214233, ambos de 2013.

Alegó que, a pesar de estar gozando de una prestación convencional (desde 1° de diciembre de 2002), el empleador siguió realizando los aportes a efectos de alcanzar las condiciones mínimas para adquirir la pensión de vejez, por permitirlo el artículo 18 de la norma referida; de ahí que, por tratarse de una pensión compartida, para el pago del retroactivo y teniendo en cuenta la Circular Interna 01 de 2012 de la Administradora, decidió dejar en suspenso su pago hasta que se pronunciara el juez laboral.

Finalmente, propuso como excepciones las de buena fe y cobro de lo no debido.

La Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., aceptó todos los hechos, excepto el de la compatibilidad de la prestación, pues asegura que la misma es compartida, en virtud de las cláusulas convencionales estudiadas de manera integral y conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. Adujo como medios exceptivos, la inexistencia de causa para pedir, falta de legitimación tanto por activa como por pasiva y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, mediante fallo del 16 de septiembre de 2014, declaró la compatibilidad entre la pensión de jubilación reconocida por la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., y la pensión de vejez asumida por Colpensiones y, en consecuencia, condenó a esta última al pago de mesadas pensionales dejadas en suspenso en las Resoluciones GNR 056147 y 214233 de 9 de abril y 26 de agosto de 2013, esto es, la suma de $22.364.191, de manera indexada, entre la fecha de 27 de julio de 2013 y aquella en que quede ejecutoriada la decisión.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En virtud del recurso de apelación interpuesto por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, conoció el asunto y, mediante fallo del 25 de febrero de 2015, confirmó la decisión del a quo.

Para el efecto, en lo que interesa, indicó que, a partir del 17 de octubre de 1985, se creó la compartibilidad pensional, por ello la excepción de compatibilidad; que, en este asunto la convención colectiva de trabajo 1982-1983 previó expresamente la compatibilidad del derecho pensional establecido en la convención de 1976-1978, lo cual es permitido por el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, «de ahí que no le asiste razón al recurrente, por cuanto en el sub examine está demostrado y no es punto de discusión que el señor Jorge Ruiz Romero fue pensionado por la empresa demandada de acuerdo con la convención colectiva 76-78 (…)».

Con respecto a que de la norma convencional no se desprende la compatibilidad, por lo que debe acudirse al artículo 1620 del Código Civil, sostuvo que revisado el artículo 20 del acuerdo, se tiene que «es la propia norma convencional la que establece la compatibilidad pensional, ya que el precepto es claro en indicar que la pensión es independiente de la pensión legal reconocida por el ISS, cumpliendo así el requisito del artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, en el sentido de dejar, de manera expresa, el carácter compatible de la pensión reconocida convencionalmente o voluntariamente, y mal podría esta colegiatura darle un efecto diferente a lo estipulado por las partes en dicha cláusula, mucho menos no darle los efectos jurídicos, so pretexto de aplicar el Código Civil en su artículo 1620».

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la censura que la Corte case la sentencia acusada y, en sede de instancia, revoque la dictada por el a quo y ordene la entrega, a su favor, del retroactivo en discusión.

Con tal propósito formula un solo cargo, por la causal primera de casación, frente al cual se presenta réplica.

CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia de violar directamente «por aplicación indebida de los artículos 16, 193, 259, 260, 467 del C.S.T.; 5° del Acuerdo 029 de 1985 del ISS; 16, 17 y 18 del Acuerdo 049 de 1990 también emanado por el ISS (acuerdos aprobados respectivamente por los artículos 1° de los decretos 2879 de 1985 y 758 de 1990); por infracción directa de los artículos 5° del decreto 813 de 1994, modificado por el 2° del decreto 1160 de 1994, 6° del mismo decreto 813 de 1994, modificado por el 2° del decreto 1160 de 1994, 6° del mismo decreto 813 de 1994 y 45 del decreto 1745 de 1995; 36 de la ley 100 de 1993; 76 de la Ley 90 de 1946».

Sostiene que los Acuerdos 029 de 1985 y 049 de 1990, cambiaron las reglas de compatibilidad y compartibilidad pensional, de ahí que aquellas gobernaron los contratos en curso, por lo que lo estipulado entre empleadores y trabajadores para que siguieran rigiendo, debían pactarse nuevamente conforme al ordenamiento jurídico vigente y, como aquí no ocurrió, el Tribunal erró al darle efectos retroactivos a los acuerdos del ISS referidos.

Acota que el ad quem centró su decisión en las convenciones colectivas aportadas por la parte demandante, sin tener en cuenta la Ley 100 de 1993 que, instituyó la compartibilidad de las pensiones; además, al tratarse de una empresa de carácter público, no le eran aplicables las normas referidas sino las regulatorias del tránsito de las obligaciones pensionales de los empleadores a la seguridad social.

Recuerda que la prestación extralegal fue reconocida en 2002, cuando ya se encontraban vigentes los Decretos 813 y 1160 de 1994, igualmente, el beneficio pensional del ISS, por lo que dichos ordenamientos son aplicables al caso debatido y resulta evidente la regla de compartibilidad de las prestaciones.

RÉPLICA DE COLPENSIONES

Asevera que, como el recurso extraordinario se centra en el titular del retroactivo pensional que dejó en suspenso esa entidad, se atendrá a los que decida la jurisdicción.

CONSIDERACIONES

Dada la vía directa de los cargos, se admiten como supuestos fácticos incontrovertidos, los siguientes: 1.) Electricaribe S.A. E.S.P., reconoció a Jorge Ruiz Romero una pensión de jubilación de origen convencional, a partir del 1º de diciembre de 2002; 2.) mediante Resolución GNR 056147 del 9 de abril de 2013, el Instituto de Seguros Sociales le otorgó la prestación por vejez, y 3.) por Resolución GNR 214233 de 26 de agosto de 2013, la entidad reliquidó la prestación y en la que también dispuso dejar en suspenso el pago del retroactivo, equivalente a $22.364.191, hasta tanto se determine a quién le corresponde.

A partir de lo anterior, debe la Sala resolver si los efectos de la subrogación de las obligaciones pensionales por parte del ISS, abarcan la compatiblidad pensional reclamada en la demanda, obligación que el recurrente considera insubsistente frente a la entrada de Ley 100 de 1993, norma que, a su juicio, dejó claro la compartibilidad y no la compatibilidad de las pensiones otorgadas al demandante por parte del empleador y el Instituto de Seguros Sociales.

Subrogación y compartibilidad

Dada la naturaleza de las pensiones, el legislador desde los inicios del derecho laboral, con el artículo 12 de la Ley 6ª de 1945, previó que el pago de estas sería asumido por el Seguro Social Obligatorio, lo que objetivamente se entendía le resultaba garantista a los asalariados frente al cumplimiento de la referida obligación; pero ante la inexistencia material de dicha entidad en ese momento, pues su surgimiento data de la expedición de la Ley 90 de 1946 y, mientras pudiera hacer efectiva su función, cosa que empezó a ocurrir después del 1º de enero de 1967 de forma paulatina en el país, radicó en cabeza de los empleadores el deber de reconocer y pagar las pensiones.

Posteriormente, y ante el hecho de que los trabajadores pueden ser beneficiarios de pensiones extralegales y simultáneamente acreedores de la pensión de vejez, la ley reguló la forma como a partir del 17 de octubre de 1985, operaría la subrogación de la obligación; así expidió el Acuerdo 029 de 1985 aprobado por el Decreto 2879 de ese año y, posteriormente, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, en el que claramente se dispuso:

COMPARTIBILIDAD DE LAS PENSIONES EXTRALEGALES. Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado. (Negrillas y subrayado de las Sala)

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales.

De tal manera que lo que quiso el legislador fue evitar que para el cubrimiento de un mismo riesgo surgieran concomitantemente dos prestaciones, una de orden extra legal y, otra, legal, a menos que de manera expresa las partes pactaran lo contrario; y a efecto de asegurarle al titular de éstas el pago de la de mayor cuantía, estableció que si el valor de la que le cancelaba directamente el empleador era superior a la que le reconocería el ISS, mantendría el disfrute de aquella cifra, para lo cual el empresario quedaba obligado a suministrar solamente la diferencia, tipo jurídico que se adecua perfectamente al vocablo «compartibilidad».

Ahora bien, en el evento de no quedar suma alguna a cargo de la inicial obligado, por ser la pensión de vejez un rubro superior, responde únicamente la entidad de seguridad social, en virtud de la subrogación impuesta legalmente a ella, momento a partir del cual queda el empresario exonerado de la obligación.

La figura mencionada ha sido analizada en diferentes oportunidades por la Sala, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL 4555-2020 que reiteró la CSJ SL2963-2018, se explicó lo siguiente:

1-. Filosofía y evolución normativa y jurisprudencial de la asunción de riesgos por el I.S.S.

La Ley 90 de 1946 estableció en Colombia un sistema de subrogación de riesgos al Instituto de Seguros Sociales, de origen legal. Así se desprende de la lectura del artículo 72 cuando prescribió que las “prestaciones reglamentadas en esta ley, que venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la fecha en que el seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso...

A su vez, el artículo 76 dispuso que “El seguro de vejez a que se refiere la Sección Tercera de esta ley reemplaza la pensión de jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior...”.

De suerte que desde entonces existe claridad que la norma matriz de la seguridad social colombiana dispuso que las pensiones asumibles inicialmente por el seguro social eran las reglamentadas en dicha “ley”, las que venían figurando a cargo de los patronos en la “legislación anterior”; y por tanto, la pensión de jubilación que se transmutaba en pensión de vejez es la “que ha venido figurando en la legislación anterior...

Corrobora lo anterior la Sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia del 9 de septiembre de 1982, que declaró exequibles los artículos 193 y 259 del C.S del T., 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 8, 24, 43 y 48 del Decreto extraordinario 1650 de 1977, en cuanto de ese importante pronunciamiento constitucional se desprende que la composición, extensión, condiciones y limitaciones del régimen de las prestaciones de los seguros sociales obligatorios a cargo del ISS quedó sometido a esas normas y a los respectivos reglamentos.

Por la misma razón expresó la doctrina constitucional de la época, aún vigente, que “por voluntad expresa del propio legislador ordinario se crearon las siguientes situaciones jurídicas: a- de una parte al régimen legal sobre prestaciones sociales se le daba un carácter eminentemente transitorio; y b- por otro lado, las prestaciones sociales indicadas quedaban sometidas a una auténtica condición resolutoria, la cual venía a cumplirse en la oportunidad en la cual el Instituto Colombiano de Seguros Sociales asumiera los riesgos correspondientes” (subraya ahora la Sala).

De suerte que inicialmente el legislador apenas dispuso la subrogación paulatina de prestaciones de origen legal, previstas en el código sustantivo del trabajo, motivo por el cual el Instituto se limitó en sus primeros reglamentos a fijar un régimen técnico de transición en el que no aparece prevista la subrogación de pensiones de distinta naturaleza, como son las de mera liberalidad del empleador, o en general las extralegales”.

En desarrollo de tal normatividad legal se expidió el Acuerdo 224 de 1966 del I.S.S., aprobado por el Decreto 3041 de 1966, que en los artículos 60 y 61 reguló la subrogación paulatina por el I.S.S. de la pensión de jubilación contemplada en el artículo 260 del código laboral y previó consecuencias para la pensión sanción, ambas de indiscutible origen legal”.

De modo tal, que bajo la vigencia de esas disposiciones el Instituto de Seguros Sociales tan solo podía, por mandato de la ley, asumir gradual y progresivamente las pensiones de creación estrictamente legal, esto es las consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, tal como lo dispuso también el artículo 259 del mismo estatuto, al señalar que “Las pensiones de jubilación […] dejarán de estar a cargo de los patronos cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto Colombiano(sic) de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo instituto”. (Subrayado fuera del texto).

Por lo tanto, bajo la vigencia de esas disposiciones el Instituto de Seguros Sociales no contaba con reglamentos ni previsiones legales que lo obligaran a hacerse cargo de aquellas pensiones que el empleador estuviera concediendo u otorgara a sus trabajadores por mera liberalidad o fruto de la negociación colectiva, y mucho menos puede afirmarse válidamente que lo que sucede es que las pensiones antaño extralegales devienen legales al cumplirse los requisitos del artículo 260 del código porque ese curioso darwinismo jurídico no tiene contemplación legal, dado que los derechos laborales que nacen y tienen su fuente obligacional como consecuencia de un acuerdo entre particulares, no pueden transformarse simplemente por ese prurito, huérfano de un sustento normativo expreso.

Se advierte que esa situación se modificó parcialmente a partir de la vigencia del Decreto Ley 1650 de 1977 y más específicamente del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por Decreto 2879 del mismo año), que en su artículo 5o dispuso: […]

La anterior disposición se hizo más explícita en el Decreto 758 de abril 11 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 del 1 de febrero de ese mismo año, cuando al regular en el artículo 18 la compartibilidad de las pensiones extralegales, señaló: “Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación, reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral, o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, (fecha en que fue publicado el decreto 2879 de 1985 en el diario oficial No.37192), continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado (subrayas fuera del texto).

Parágrafo-. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales.

Así las cosas, resulta claro que el Instituto de Seguros Sociales tan sólo comparte las pensiones extralegales cuando se causan con posterioridad a la vigencia del Decreto 2879 de 1985, es decir del 17 de octubre de ese año en adelante, si el empleador continúa aportando al Instituto para el seguro de vejez, invalidez y muerte, a menos que sean las mismas partes quienes acuerden que la pensión voluntaria patronal sea concurrente con la de vejez del I.S.S.

En este orden de ideas, los parámetros a tener en cuenta para determinar si media la compartibilidad o la subrogación total, son la fecha de asunción por parte del ISS de la pensión de vejez y el valor de la prestación convencional que a esa data perciba el beneficiario. En caso de que la pensión se cause con posterioridad a la expedición del Acuerdo 049 de 1990, existirá subrogación total o parcial (compartibilidad), según si existe o no diferencia entre el valor reconocido por el empleador, salvo que en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, «se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales», es decir, que en este último evento, resultan compatibles las dos prestaciones.

Descendiendo al caso, como se dijo, no fue objeto de discusión entre las partes que la empleadora reconoció al demandante una pensión de jubilación con base en el artículo 20 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente en el lapso 1982 – 1983, en cuyo texto se hizo explícitamente la siguiente referencia:

Para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, de acuerdo al Artículo 5º de la Convención Colectiva 1976 – 1978, la Empresa reconocerá el ciento por ciento del salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicio, sin tener en cuenta la pensión de vejez que reconoce el I.S.S.”. (resaltado no original).

Sobre la interpretación que ha de darse a la cláusula transcrita, la Corte ya ha determinado el alcance, dándole la razón al Tribunal, en tanto de la misma se desprende la viabilidad de la compatibilidad de las pensiones concedidas a la demandante, es así que en la sentencia CSJ SL13274–2016, se señaló:

El Tribunal con base en la documental aportada y en la jurisprudencia de esta Corporación, concluyó que la pensión reconocida a Rueda López a través de la Resolución 0328 de 1995, tenía el carácter de convencional y que era compatible con la que le concedió el Instituto de Seguros Sociales. Ello, según lo plasmado en el art. 20 de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1982 – 1983.

Por su parte, el censor afirma que dichas prestaciones no son compatibles, por cuanto el actor tenía la calidad de trabajador oficial, era beneficiario del régimen de transición del art. 36 de la Ley 100 de 1993 y la prestación que le reconoció Electribol, lo fue con fundamento en lo previsto en la convención colectiva 1972-1978 y no en el art. 20 de la convención 1982 -1983.

[…]

Esa prestación fue complementada, en cuanto a la forma de liquidación y la naturaleza compatible con la pensión de vejez, por el art. 20 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1982-1983, que estableció:

“Para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, de acuerdo al Artículo 5º de la Convención Colectiva 1976 – 1978, la Empresa reconocerá el ciento por ciento del salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicio, sin tener en cuenta la pensión de vejez que reconoce el I.S.S.”. (Resalta la Sala).

De la lectura de la norma transcrita surge nítidamente que la misma sí resultaba aplicable a la pensión reconocida al demandante, dado que expresamente, así lo dispuso el precepto al hacer alusión a la prestación de jubilación reconocida de acuerdo con lo previsto en la convención 1976 -1978.

En ese orden, el art. 5º de la convención colectiva 1976-1978 y el 20 del instrumento vigente para los años 1982-1983, son normas que no se excluyen, sino que se complementan y debían armonizarse, tal y como lo hizo el juez de apelaciones.

En esa medida, para la Sala es claro que no surge un yerro ostensible capaz de generar el quiebre de la sentencia impugnada, toda vez que el discernimiento del ad quem, según el cual “la pensión convencional en este caso es compatible con la del ISS”, es la única interpretación que surge del referido precepto.

En efecto, resulta claro que al incluirse en el texto de la convención que la pensión de jubilación se reconocería y liquidaría “sin tener en cuenta la pensión de vejez que reconoce el ISS”, las partes excluyeron la compartibilidad que se estatuyó como regla general a partir de la vigencia del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985 y, en ese orden, pactaron que la prestación convencional sería compatible con la pensión de vejez.

Sobre el tema en cuestión, esta sala ha estimado de forma reiterada, la ausencia del error de hecho del juez de apelaciones al considerar la existencia de compatibilidad de las referidas prestaciones con fundamento en el art. 20 de la convención colectiva de trabajo 1982-1983, por así disponerlo dicha normativa. Entre otras, se pueden ver las sentencias CSJ SL798-2013, CSJ SL 8150-2014, CSJ SL 8182-2014, CSJ SL 13370-2014, CSJ SL 2772-2015, CSJ SL 13190-2015 y CSJ SL 498-2016.

[…]

En los términos expuestos, el Tribunal no incurrió en error de hecho alguno, al concluir que la convención colectiva de trabajo había excluido la compartibilidad de la pensión del actor, resultando la prestación de jubilación reconocida, compatible con la de vejez que posteriormente le otorgó el ISS.

De lo anotado se deriva que la pensión extralegal reconocida al actor es compatible con la de vejez a cargo del otrora Instituto de Seguros Sociales, por expresa disposición de la regla convencional, por lo que en ese sentido no erró el sentenciador al concluir la procedencia de la compatibilidad de las prestaciones.

Ahora bien, contrario a lo argumentado por la censura, sobre la imposibilidad de la aplicación de la figura de la compatibilidad pensional luego de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la Sala también se pronunció sobre la viabilidad de la misma, en sentencia CSJ SL10764-2017, así:

[…] lo cierto es que los derechos emanados de convenciones colectivas celebradas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que no han sido modificadas por normas posteriores, deben entenderse vigentes, lo cual no es obstáculo para que sean armonizadas con las disposiciones de la Ley 100 de 1993, desde luego por convenios entre las partes a través de la negociación colectiva. Pero, para darse dicha armonización, necesariamente debe partirse del supuesto de la vigencia de esos regímenes jubilatorios convencionales, que no pueden entenderse derogados o modificados por normas legales posteriores.

Entonces, por lo expuesto, el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo del recurrente, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $8.800.000, oo, que se incluirán en la liquidación a realizarse en primera instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 25 de febrero de 2015, en el proceso que promovió JORGE RUIZ ROMERO en contra de la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

(Salvo Voto)

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SALVAMENTO DE VOTO

Radicación n.° 74276

Referencia: Demanda ordinaria laboral promovida por JORGE RUIZ ROMERO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES Y ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

Con el acostumbrado respeto, me permito aclarar que, si bien es cierto, al subscribir la presente providencia, por error involuntario se plasmó al pie de mi firma, que salvaba mi voto, la verdad es que no tengo reparo alguno frente a la decisión aquí adoptada, estando totalmente de acuerdo con ella.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado

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