Esgrimió, que los aportes no efectuados con anterioridad a la fecha en que el ISS autorizó la inscripción a los riesgos de invalidez, vejez y muerte, no existía obligación legal de los empleadores de afiliar a sus trabajadores, por tanto, no existió omisión alguna que acarreara el tener que asumir el valor correspondiente a un cálculo actuarial, fundamentándose en la sentencia de la Sala de Casación Laboral rad.36.280 de 7 de septiembre de 2010.
Al quedar demostrado que para la época en que el demandante prestó sus servicios en la empresa CEMEX, ésta no se encontraba obligada a la afiliación y pago de cotizaciones al ISS, en favor de BENITO AVELLANEDA (f.° 66 a 73 y 165 a 172 del cuaderno principal), dado, que la prestación del servicio se celebró en el Municipio de La Calera, lugar dónde no había cobertura por parte del ente asegurador. Por consiguiente, el empleador no incurrió en ninguna omisión y no existe la obligación de realizar aportes por los mencionados periodos, anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Afirmó que, respecto al reconocimiento de la pensión, no se discute la calidad del demandante de beneficiario del régimen de transición, por lo que, su estudio pensional se realiza a la luz de la Ley 33 de 1985, advirtiéndose, que éste no cumple con los requisitos de 20 años de servicios, puesto, que solo cuenta con un total de 836 semanas de cotización, equivalentes a 16 años 3 meses.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia proferida por el juez de apelaciones para que, en sede de instancia, revoque en su integridad el fallo del juzgado y, en su lugar, se condene a las demandadas en la forma solicitada en la demanda introductoria.
Con tal propósito formula tres cargos, que fueron replicados por las demandadas.
CARGO PRIMERO
Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, del artículo 1° de la Ley 33 de 1985; artículo 21 de la Ley 90 de 1946; artículos 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, en relación con el artículo 17 literal b) de la Ley 6ª de 1945; con los artículos 3 y 9 de la Ley 65 de 1946; con los artículos 68 y 70 del Decreto 1848 de 1968 y 25 del Decreto 3135 de 1968; con el artículo 5° del Acuerdo 029 de 1985 aprobado por el Decreto 2879 de 1985; con los artículos 259 y 260 del CST y con el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 785(sic) de 1990 y artículos 1°, 2°, 13, 29, 46, 48, 58 y 83 de la CP.
Para la demostración del cargo manifiesta, que el juzgador no realizó una «genuina utilización» del artículo 21 de la Ley 90 de 1946 en razón a que «como aparece demostrado en el proceso, el patrono CEMEX COLOMBIA S.A., no podía entregar las cotizaciones del demandante al Instituto Colombiano de Seguros Sociales ni hacer ninguna clase de retención a las mismas, habida cuenta que esta entidad no tenía cobertura en el Municipio de La Calera, sitio donde desempeñó sus funciones el actor».
Paso seguido, después de transcribir el artículo 21 ibidem, señala que la sentencia impugnada se fundamentó en el «Acuerdo 2466» que se entendía era el Acuerdo 224 de 1966 y, que la inconformidad consistía en que el tribunal se refería a la compartibilidad pensional, y esta «figura jurídica» no había sido motivo de discusión en el proceso dado que no se solicitó su aplicación. De esta forma describe la compartibilidad entre la pensión de jubilación y la pensión de vejez, transcribe parte de las consideraciones realizadas por esta Sala en la «sentencia del 18 de septiembre de 2012, expediente 32.951» y, de igual forma, reproduce el contenido de los artículos 60 y 61 del Decreto 3041 de 1966.
A continuación, expresa que:
De otra parte, manifestó el Tribunal que hizo el estudio de la pensión ‘a la luz de la ley 33 de 1985, advirtiéndose que el demandante no cumple con el requisito de 20 años de servicio, puesto que solo cuenta con un total de 836 semanas de cotización equivalentes a 16 años 3 meses de servicios’.
Nuevamente aplicó el Tribunal una disposición que no corresponde al caso debatido, dándole al demandante la categoría de trabajador oficial, aspecto que nunca fue mencionado en el proceso.
Y, finalmente, transcribe el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, y argumenta que:
Vulneró el Ad-Quem por aplicación indebida la norma citada, dándole un entendimiento equivocado al petitum de la demanda, porque si se trataba de estudiar el asunto sometido a su consideración a la luz de la norma correspondiente, ha debido citar el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, normatividad que es la única que permite, a partir de su vigencia, tener en cuenta tiempos públicos y privados a efectos de reconocer la pensión cuando el trabajador acredite 20 años de servicios.
Si se hubiera tenido en cuenta el tiempo que para efectos pensionales está a cargo de CEMEX COLOMBIA S.A., esto es, trece (13) años, seis (6) meses y veintisiete (27) días, sumado al cotizado a las entidades públicas, que fue lo que se pidió en la demanda, el demandante tendría un total de veintinueve (29) años, nueve (9) meses y veintiocho días de servicios, tiempo que excede al requerido legalmente para obtener la pensión de jubilación por aportes.
Incurrió el Tribunal en la sentencia atacada en infracción directa de la ley, porque aplicó indebidamente las normas relacionadas en la formulación de la acusación, puesto que dichas disposiciones legales no corresponden a su real y efectiva utilización, porque como quedó demostrado en el curso del proceso, el demandante no fue afiliado por la demandada CEMEX COLOMBIA S.A. al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES, versando el presente asunto no en un pago de cotizaciones que no se hicieron, ni a unos deducibles de las mismas, ni al despido injustificado del trabajador, ni a la solicitud de una pensión restringida, sino a la elaboración y traslado a la demandada en forma solidaria COLPENSIONES del cálculo actuarial por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., correspondiente al periodo de cotizaciones durante el tiempo en que el actor estuvo al servicio de ésta, para que aquella proceda a reconocer y pagar la pensión de vejez al accionante.
La aplicación de disposiciones que no regulan el caso debatido, llevó al Tribunal a un entendimiento equivocado de las situaciones fácticas que se le plantearon y en consecuencia a decidir el asunto sometido a su consideración de manera perjudicial para el recurrente, con vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, a la seguridad social, a la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos, igualdad, favorabilidad, dignidad humana, consagrados en los artículos 1°, 2°,13, 29, 46, 48, 58 y 83 De la Constitución Política.
RÉPLICA
La demandada Cemex Colombia S.A., asegura que, en este cargo, el recurrente incurre en un error en la técnica de casación, al fundamentar su ataque con argumentos propios de la infracción directa, no obstante que seleccionó la aplicación indebida. Además, dice que se equivocó al incluir argumentos propios del sendero fáctico.
Agrega que el tribunal «siguió rectamente el sendero normativo» según los hechos demostrados y debatidos en el proceso, en razón a que no existía obligación de realizar los aportes a pensiones porque el ISS no había extendido la cobertura en materia de riesgos de invalidez, vejez y muerte, en el municipio de prestación de servicios del recurrente; que el demandante ya había iniciado proceso pretendiendo el reconocimiento de la pensión de jubilación por la no realización de las cotizaciones al ISS y, este terminó con la sentencia de 31 de mayo de 2013 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en la cual se consideró que no existía la obligación de afiliar al actor, ni pagar las cotizaciones en periodo requerido, por la ausencia de cobertura.
CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 12 y 14 de la Ley 6ª de 1945; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, en relación con el 16 de la misma norma; 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966; con los Decretos 433 de 1971 y 1395 de 1973; con los artículos 2° y 10 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el 15 de la misma normatividad, modificado por el artículo 3° de la Ley 797 de 2003; con los artículos 52 y siguientes de la Ley 100 de 1993; 7° de la Ley 71 de 1988, reglamentado por el Decreto 2709 de 1994, en relación con los artículos 1°, 2°, 13, 29, 46, 48, 58 y 83 de la CP.
Para sustentar su acusación manifestó, que la obligación del empleador de responder por la pensión de jubilación de sus trabajadores, estuvo consagrada inicialmente en la Ley 6ª de 1945 y posteriormente en los artículos 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo.
Después, transcribe el artículo 14 de la Ley 6ª de 1945 y señala que:
La Ley 90 de 1946 que creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, instituyó el seguro social obligatorio para todos los individuos, nacionales y extranjeros que prestaran sus servicios a otra persona en virtud de un contrato expreso o presunto de trabajo o aprendizaje; se creó el Instituto de Seguros Sociales para subrogar las obligaciones del patrono; y en sus artículos 72 y 76 previno que, las prestaciones consagradas en normas anteriores (Ley 6° de 1945), se seguirían rigiendo por tales disposiciones hasta que el Seguro Social las fuera asumiendo paulatinamente, de tal manera que lo que hizo la Ley 90 de 1946, fue crear un sistema de subrogación de riesgos de origen legal, estableciendo una implantación gradual y progresiva del sistema del seguro social.
Reproduce los artículos 72 y 76 de la Ley 90 ibidem, y luego argumenta que:
Se tiene entonces, que el régimen jurídico establecido en la Ley 90 de 1946, a la par que estableció el Instituto de Seguros Sociales, creó una obligación trascendental en la relación de las empresas con sus trabajadores: la necesidad de realizar la provisión correspondiente en cada caso para que ésta fuera entregada al Instituto de Seguros.
Posteriormente el Código Sustantivo del Trabajo introdujo una disposición muy similar a la contenida en el artículo 72 de la Ley 90 de 1946, en la cual coloca, de manera temporal el pago de las prestaciones sociales, en cabeza del empleador. Ya desde el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, el Legislador Colombiano había reconocido el derecho a la pensión de jubilación de todos los trabajadores después de 20 años de servicios continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia del Código.
Seguidamente transcribe el artículo 259 del CST, y señala que:
Después fue expedido el Decreto 3041 de 1966, cuyos artículos 60 y 61 regularon la subrogación paulatina por el Instituto de Seguros sociales al empleador en el reconocimiento de la pensión de jubilación (Art.260 del C. S. del T.) y contemplaron la denominada pensión sanción, de modo que bajo la vigencia de estas disposiciones el Instituto de Seguros Sociales tan solo podía, por mandato de la ley, asumir gradual y progresivamente las pensiones de creación estrictamente legal, esto es, las consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo.
De lo anterior se tiene que, desde la Ley 90 de 1946 se impuso la obligación a los empleadores, de hacer los aprovisionamientos de capital necesarios para realizar las cotizaciones al sistema del seguro social, mientras entraba en vigencia éste. Aunque el llamado de afiliación de algunas empresas y a los trabajadores de éstas se hizo con posterioridad […].
A continuación, transcribe parte de un salvamento de voto de la «Dra. María del Carmen Chaín López, al resolver el recurso de apelación dentro del Proceso Ordinario No, 0198 del 2012 del Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá, actuación en la que se discutió un asunto similar al presente» y, de igual forma, reproduce las consideraciones expuestas en sentencia CC «T-784 de 2010», para luego argumentar que:
En el caso concreto, el actor estaría obligado, para poder acceder a la pensión, a cotizar nuevamente los trece (13) años, nueve (9) meses y veintisiete (27) días; o por lo menos unos cuantos años más, pues el tiempo laborado desde el siete (7) de marzo de mil novecientos sesenta y tres (1963), hasta el tres (3) de octubre de mil novecientos setenta y seis (1976), no contaría para estos efectos, lo cual constituye una clara vulneración del artículo 13 de la Constitución Nacional. En este caso el accionante, próximo a cumplir los 73 años de edad, debería laborar hasta casi los 80 años, edad que supera el promedio de vida de la población colombiana, de acuerdo con las estadísticas del Departamento nacional de Estadística DANE.
De otra parte, la Ley 71 de 1988 estableció en el artículo 7° que a partir de su vigencia ‘los empleados oficiales y los trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) o más años de edad si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer’.
El Decreto 2709 de 1994 reglamentario del artículo 7° de la ley 71 de 1988, consagró en el artículo 1° que la pensión a que se refiere la norma indicada se denomina pensión de jubilación por aportes y que tendrán derecho a ella ‘... quienes al cumplir sesenta (60) años o más de edad, si es varón, o cincuenta y cinco (55) o más si es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público’.
Si se trataba de determinar la norma en virtud de la cual debería estudiarse la pensión del demandante, no ha debido el Tribunal hacer alusión a la Ley 33 de 1985, porque esta disposición en el artículo 1° se refiere única y exclusivamente a los empleados oficiales y no permite la acumulación de tiempos públicos y privados.
Por tal razón el Tribunal para decidir el asunto materia de este proceso ha debido referirse al artículo 7º de la Ley 71 de 1988, normatividad que permite acumular tiempos públicos y privados como es el caso del demandante.
[…]
En resumen, desde la Ley 90 de 1946 se impuso la obligación a los empleadores de hacer los aprovisionamientos de capital necesarios para realizar las cotizaciones al sistema de seguro social, mientras estaba en vigencia éste. Aunque el llamado de afiliación a algunas empresas y a los trabajadores de éstas, se hizo con posterioridad, esto no significa que la obligación haya quedado condicionada en el tiempo, pues únicamente lo que se prorrogó en el tiempo es que las cotizaciones se transfirieran al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, después Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de pensiones - Colpensiones.
Más adelante asevera que si bien esta Sala ha proferido sentencias que no comparten la interpretación realizada por la Corte Constitucional en providencia T-784 de 2010, también existían decisiones en las que esta Corporación llegaba a la misma conclusión que la sentencia de tutela. Cita la «sentencia 32922 del 22 de julio de 2009», en la cual, afirma, se estudió el caso de un trabajador cuya empresa no fue llamada a inscripción por el Instituto de Seguros Sociales durante el tiempo que laboró a su servicio, y la Corte le impuso a la demandada la obligación de «hacer la reserva actuarial entre el 28 de octubre de 1977 al 9 de enero de 1991; una vez se efectúe la reserva entregar al Instituto de Seguros Sociales, la reserva actuarial a favor de la demandante y sus hijos”».
De esta forma, luego de reproducir parte de las consideraciones de la sentencia nombrada, expone lo siguiente:
[…]
Desconoció el H. Tribunal Superior de Bogotá, en la sentencia, materia de este recurso extraordinario, que si bien la demandada CEMEX COLOMBIA S.A., no había sido llamada a cotizar, por no tener el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES cobertura en el Municipio de La Calera, sitio donde el demandante BENITO AVELLANEDA SÁNCHEZ desempeñó sus funciones, que no por ello estaba exonerada de efectuar la provisión que garantizara las cotizaciones del demandante, porque una cosa es la obligación de afiliación y cotización al Seguro Social y otra cosa muy diferente es la obligación en cabeza del patrono mientras no sea posible la afiliación, del pago del aporte de la pensión que le corresponde pagar por su trabajador.
De tal manera que no es posible jurídicamente que el señor BENITO AVELLANEDA SÁNCHEZ pierda los trece (13) años, nueve (9) meses y veintisiete (27) días que trabajó al servicio de CEMEX COLOMBIA S.A., solo porque la empresa no previó la reserva correspondiente, porque en el tiempo de servicio del actor, la empresa no había sido llamada por el SEGURO SOCIAL a hacer la afiliación.
Concordante con lo dicho sobre los deberes a cargo del empleador, el Decreto 2665 de 1988 por medio del cual se expidió el Reglamento General de Sanciones, Cobranzas y Procedimientos del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, facultó a la entidad, entre otras cosas, para adelantar todas las funciones de recaudo, de conformidad con los artículos 52 y siguientes de la Ley 100 de 1993.
Vulneró el H. Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia objeto de la impugnación el artículo 72 de la Ley 90 de 1946, disposición que se encuentra vigente, por cuanto que condenar al actor a seguir cotizando durante más de trece (13) años, sin tener en cuenta la edad actual es, como lo dijo la sentencia T-784 de 2010, ‘una visión que evidentemente pugna con el ordenamiento constitucional pues el tiempo que entonces se debería cotizar al sistema de seguridad social en pensiones por parte de estos trabajadores, sería mayor al que una persona en similares condiciones tendría que realizar y privaría al trabajador de ese instrumento de garantía con que cuenta todo individuo de vivir una vida digna en aquellas situaciones, como por ejemplo, la vejez, porque al exigir que una persona que se encuentra en edad de retiro siga trabajando para poder realizar al subsistema de pensiones los aportes correspondientes al tiempo que laboró en una empresa, antes de la subrogación del Seguro Social, sería desproporcionado’.
RÉPLICA
En relación con este ataque, aduce el opositor CEMEX, que el impugnante para fundamentar su posición, según la cual existía la necesidad de que los empleadores realizaran una previsión para entregársela al ISS cuando esta entidad asumiera el pago de la pensión de jubilación, trajo unos salvamentos de voto de magistrados del tribunal, que no tienen mayor convicción que la jurisprudencia de esta Sala, frente a la no obligatoriedad del empleador, de afiliación y cotización en los lugares donde el ISS no había iniciado su cobertura.
CARGO TERCERO
La sentencia acusada es violatoria por la vía indirecta en la modalidad de interpretación errónea de los preceptos sustantivos contenidos en las siguientes disposiciones: artículos 22 y 21 de la Ley 90 de 1946, con relación al artículo 67 del Decreto 433 de 1971; con los artículos 42, 52, 82, 11, 12, 19, 20, 21, 23 y 27 del Decreto 3063 de 1989 que aprobó el Acuerdo 044 de 1989; con el artículo 42 del Decreto 1156 de 1996, que modificó el artículo 46 del Decreto 326 de 1966; con el artículo 8 del Decreto 1156 de 1996 que adicionó el artículo 52 del Decreto 1858 de 1995; con los artículos 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Ley 100 de 1993; artículos 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966;, con relación al artículo 90 de la Ley 90 de 1946 y al artículo 52 del Acuerdo 029 de 1985 aprobado por el Decreto 2879 de 1985; artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, con relación al artículo 14 de la Ley 6 de 1945 y a los artículos 259 y 260 del C.S. del T.; parágrafo del artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 y artículo 1° de la Ley 33 de 1985, con relación a los artículos 12, 22, 13, 29, 46, 48, 58 y 83 de la Constitución Política.
ERRORES DE HECHO COMETIDOS
Dar por demostrado, sin estarlo, que era lo mismo la afiliación a la seguridad social, que la obligación de hacer la reserva legal para responder por las cotizaciones del demandante.
No dar por demostrado estándolo, que una cosa era la afiliación de los trabajadores y otra muy diferente la obligación de hacer la reserva legal para responder por las cotizaciones.
Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada Cemex Colombia S.A., no podía jurídicamente afiliar al demandante por la época en que éste prestó sus servicios a ésa empresa, y por lo tanto no debía hacer la reserva para responder por las cotizaciones para la pensión del trabajador.
No dar por demostrado, estándolo, que la demandada no podía hacer la inscripción del demandante a la seguridad social, pero si estaba obligada legalmente a efectuar la reserva para responder por las cotizaciones del mismo.
Dar por demostrado, sin estarlo, que en el proceso se debatió lo atinente a la compartibilidad de la pensión del demandante, entre la empresa Cemex Colombia S.A., y el Instituto de Seguros Sociales.
41823609624848No dar por demostrado, estándolo, que en el proceso nunca se debatió lo atinente a la compartibilidad de la pensión del demandante, entre la demandada Cemex Colombia S.A., y el Instituto de Seguros Sociales.
Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada Cemex Colombia SA, no tenía ninguna obligación legal de afiliar a sus trabajadores y por lo tanto no incurrió en omisión alguna que le acarreara como consecuencia el tener que asumir el valor correspondiente a un cálculo actuarial.
No dar por demostrado, estándolo, que una cosa era la obligación legal de la afiliación y otra la obligación legal de efectuar la reserva correspondiente a las cotizaciones del demandante, para ser trasladada al Instituto de Seguros Sociales, cuando éste cumpliera los requisitos de ley para obtener la pensión de vejez.
Dar por demostrado, sin estarlo, que el estudio de la pensión del demandante debe hacerse a la luz de la Ley 33 de 1985.
No dar por demostrado, estándolo, que el estudio de la pensión del demandante se debe hacer a la luz de la Ley 71 de 1988.
PRUEBAS ERRÓNEAMENTE APRECIADAS
DOCUMENTALES:
Resolución No. 56499 del 26 de noviembre de 1999, por medio de la cual el Instituto de Seguros Sociales negó la pensión de jubilación del demandante. (folios 30, 31 y 32).
Circular n°180/92 del Seguro Social, en la que se relacionan los municipios con llamado a inscripción (folios 67 a 63).
PRUEBAS DEJADAS DE APRECIAR
Cédula de Ciudadanía del demandante Benito Avellaneda Sánchez. (Folio 20).
certificación expedida por la Compañía Industrias e Inversiones Samper el 12 de septiembre de 2003, sobre tiempo servido por el demandante a la demandada Cemex Colombia S. A. (folio 21).
Certificaciones de la Alcaldía Municipal de La calera sobre tiempos servidos a esa entidad por el demandante (folios 23 y 24).
Certificados de Información Laboral expedidos por la Alcaldía del Municipio de La Calera (folios 27, 28 y 29).
Derecho de Petición a Cemex de fecha febrero 5 de 2010 solicitando el pago a favor del ISS, de los aportes del periodo laborado al servicio de esa empresa por parte del demandante. (Folio 33).
Respuesta al Derecho de Petición de fecha 16 de febrero de 2010. (Folios 34, 35 y 36).
Resolución GNR del 4 de junio de 2013, por medio de la cual la demandada en forma solidaria Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, negó la pensión de vejez al demandante. (Folio 75).
Historia Laboral del demandante que obra a folios 48 a 53.
Para demostrar su acusación expresa, que la sentencia impugnada se fundamentó en los artículos 2° y 21 de la Ley 90 de 1946, transcribe los mismos y, argumenta que:
Se equivocó el Tribunal en la sentencia cuyo quebrantamiento se pretende, porque se refirió a la afiliación de los trabajadores y al pago de las cotizaciones de los mismos, aspectos que para nada fueron discutidos en el caso del demandante BENITO AVELLANEDA SÁNCHEZ, quien, según consta en el informativo, aparece afiliado al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el día 5 de octubre de 1995, de conformidad con la Historia Laboral que obra a folios 48 a 53, documentos que no fueron tenidos en cuenta por el Ad-Quem.
La AFILIACIÓN, es el acto jurídico fuente de los derechos y obligaciones de donde emanan todas las prestaciones a que tienen derecho los afiliados. Según el artículo 4° del Decreto 1156 de 1996, que modificó el artículo 46 del Decreto 326 de 1996, es el ingreso al sistema de seguridad social de un trabajador, que tiene efectos para la entidad administradora desde el día siguiente al inicio de la relación laboral, siempre y cuando se entregue a ésta el formulario correspondiente debidamente diligenciado.
La afiliación es un acto libre, que según el artículo 8° del Decreto 1156 de 1996, que adicionó el artículo 59 del Decreto 1858 de 1995, los beneficiarios del régimen subsidiado podrán retractarse de la afiliación efectuada, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual se ha manifestado la correspondiente selección, con el fin de garantizar la libertad de afiliación prevista en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
Ahora bien, el pago de las cotizaciones fue establecido para garantizar la viabilidad financiera del sistema. La normativa, artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Ley 100 de 1993, impuso la obligación, tanto a los empleadores como a los trabajadores, de efectuar los aportes en los plazos establecidos para ello.
De tal manera que al considerar que era lo mismo el acto de afiliación a la seguridad social, que la obligación legal de hacer la reserva correspondiente al periodo no cotizado, apreció incorrectamente el Ad-Quem los documentos obrantes a folios 66 a 73, referentes a cuáles municipios habían sido llamados a inscribirse a los sistemas de invalidez vejez y muerte, de conformidad con el Decreto 3063 de 1989.
De igual forma, aduce que el tribunal se fundamentó en el «Acuerdo 2466» que se entendía era el Acuerdo 224 de 1966 y, que la inconformidad consistía en que el tribunal se refería a la compartibilidad pensional, y esta «figura jurídica» no había sido motivo de discusión en el proceso dado que no se solicitó su aplicación. De esta forma describe la compartibilidad entre la pensión de jubilación y la pensión de vejez, transcribe parte de las consideraciones realizadas por esta Sala en la «sentencia del 18 de septiembre de 2012, expediente 32.951» y, de igual forma, reproduce el contenido de los artículos 60 y 61 del Decreto 3041 de 1966.
Paso seguido, asegura que:
En la Resolución No. 56499 del 26 de noviembre de 2009 que obra a folios 30 y 31 del informativo mediante la cual el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES negó la pensión de jubilación al demandante, pasó por alto el tribunal el error en cuanto a la contabilización de los días servidos por el demandante a las entidades públicas y los cotizados a ésa entidad. No se dio cuenta el Ad-Quem que 4.468 días no equivalen a los años que dice la resolución, porque en ese orden de ideas solamente se acreditarían 12 años, 4 meses y 28 días de servicio. Verdaderamente el demandante sirvió a las entidades mencionadas y cotizó al ISS un total de 5.852 días, que representan 16 años, tres meses y dos días.
No obstante lo anterior, omitió el Tribunal tener en cuenta el tiempo laborado por el actor a CEMEX COLOMBIA S.A., entre el 7 de marzo de 1963 hasta el 3 de octubre de 1976, periodo que representa trece (13) años, seis (6) meses y veintisiete (27) días, certificado por la demandada CEMEX en documento obrante a folio 21 que no fue apreciado por el Ad-Quem, tiempo que si bien es cierto no fue cotizado al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ello se debió a circunstancias ajenas al actor y solamente imputables a la misma administración pública. La omisión del tribunal se dio en abierta rebeldía contra los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 que establecieron la obligación para los patronos de efectuar la reserva correspondiente a las cotizaciones por el tiempo que no habían sido llamados a inscribirse, para que cuando el trabajador cumpliera los requisitos para obtener la pensión de vejez, esta prestación le fuera reconocida por el ISS.
A continuación, reproduce los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1942 y expone que:
Con relación a este literal segundo del artículo 76 de la Ley 90 de 1946, es importante destacar que el demandante prestó sus servicios a la demandada CEMEX COLOMBIA S.A., por más de diez (10) años; por lo que consecuentemente no se le pueden ahora aplicar disposiciones que lo colocan en desigualdad y desfavorabilidad con respecto a otros trabajadores que laboraron igual tiempo.
De lo anterior se tiene que, desde la Ley 90 de 1946 se impuso la obligación a los empleadores, de hacer los aprovisionamientos de capital necesarios para realizar las cotizaciones al sistema del seguro social, mientras entraba en vigencia éste. Aunque el llamado de afiliación de algunas empresas y a los trabajadores de éstas se hizo con posterioridad, esto no significa que la obligación haya quedado condicionada en el tiempo, pues únicamente lo que se prorrogó en el tiempo es que las cotizaciones se transfirieran al Instituto Colombiano de Seguros Sociales, después Instituto de Seguros Sociales y hoy Administradora Colombiana de pensiones - Colpensiones.
Si el Tribunal hubiera apreciado correctamente las pruebas mencionadas y no hubiera pasado por alto las enlistadas en las respectivas acusaciones, hubiera concluido que el señor BENITO AVELLANEDA SÁNCHEZ, es un anciano que debido a su edad afronta quebrantos de salud; carece de ingresos para su subsistencia y no tiene medios para cotizar más tiempo, aparte de los 29 años, 9 meses y 28 días que trabajó en las distintas entidades y que aparece acreditado en el expediente, tiempo que excede el requerido legalmente para obtener la pensión […].
Asegura que las anteriores disquisiciones están fundamentadas en lo dicho en la providencia «T-784 de 2010» y «sentencia 32922 del 22 de julio de 2009», para finalmente señalar que:
Como el demandante cotizó a entidades públicas y privadas y al Instituto de Seguros Sociales, no es la Ley 33 de 1985 la norma que se aplicaría a su caso para la liquidación de la pensión como equivocadamente lo admitió el ad-quem, sino la Ley 71 de 1988, única norma que permite, de conformidad con el artículo 7°, la acumulación de tiempos públicos y privados.
Con las decisiones contenidas en la sentencia acusada, incurrió el tribunal en vía de hecho por defecto sustantivo, el que se configuró porque la determinación judicial tomada generó una inconstitucionalidad sobreviniente y su contenido no guarda relación de conexidad con las pruebas y los presupuestos de hecho a los que se aplicó. También incurrió el ad-quem en vía de hecho procedimental porque con las decisiones se vulneran derechos y garantías del demandante. Desconoció igualmente el juez de instancia el precedente, puesto que la Corte Constitucional había establecido el alcance de los derechos fundamentales vulnerados y el juez de segundo grado limitó en forma sustancial dicho alcance. Se presentó, por tanto, violación de preceptos sustantivos y de la Constitución, afectando derechos fundamentales del demandante y, en consecuencia, las decisiones adoptadas por el tribunal son ilegítimas.
RÉPLICA
Indica la empresa opositora que los errores de hecho presentados son consideraciones subjetivas del recurrente; que las pruebas en que se fundó el tribunal fueron suficientes para llegar a la correcta conclusión según la cual, las pretensiones de la demanda no debían ser reconocidas; que lo pretendido en este cargo guarda coincidencia con los otros, por lo que bastaba lo expresado para oponerse a estos.
Por su parte, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), responde en forma conjunta las tres acusaciones, y esgrime que no puede ser condenada a responder por la prestación del demandante, en razón a que el empleador no aportó durante el período reseñado por la parte actora, y no estaba obligada a validar tiempos sin tener los aportes; que el reclamante había prestado su servicio más de 10 años, por lo que su pensión se regía por el artículo 260 del CST, involucrando de manera exclusiva al empleador, quien era el que debía responder por el tiempo no cotizado; que su responsabilidad se limitaba de acuerdo a la fecha en que se subrogó el riesgo y a las cotizaciones que se acreditaran, sin que fuera viable sumar contribuciones por tiempos de servicios que no hayan sido acreditados por el empleador.
CONSIDERACIONES
La Corte advierte que la imprecisión a la que se refiere la opositora en modo alguno impide el estudio de fondo del recurso, pues las demás normas están adecuadamente denunciadas, acordes con la vía escogida y al desarrollo de la acusación, máxime al estar involucrados derechos fundamentales e irrenunciables como los de la seguridad social.
De igual manera, la Sala procederá a realizar el estudio conjunto de los cargos propuestos por el recurrente, en razón a que citan similar elenco normativo, se sustentan con argumentos similares, y pretenden idéntico objetivo, si bien es cierto, la tercera acusación se orienta por el sendero fáctico, también lo es, que el desarrollo exhibe esencialmente, planteamientos de índole jurídica.
En consecuencia, al estar determinada la orientación jurídica de las acusaciones, no están sometidos a discusión los siguientes supuestos fácticos: i) que el actor le prestó sus servicios a CEMEX COLOMBIA S. A. entre el 7 de marzo de 1963 y el 3 de octubre de 1976; ii) que laboró en el municipio de La Calera, donde no existía cobertura geográfica por parte del ISS, la que comenzó con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, para los riesgos de invalidez, vejez y muerte (IVM) (f.°173 de cuaderno principal); iii) que nació el 21 de marzo de 1942 y cumplió la edad requerida el mismo día y mes de 2002 (f.° 20 y 30 ibidem); iv) que fue beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; v) que le fue negada por la demandada ISS, hoy Colpensiones, la pensión deprecada al no reunir el número mínimo de semanas cotizadas con base en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, es decir, 1000 septenarios en toda su vida laboral o 500 en los últimos 20 años; Ley 33 de 1985, 20 años de servicios como servidor público; y los presupuestos de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 (f.° 30 a 32, ibidem) y, vi) que tiene en el ISS cotizado en total 4468 días, equivalente a 638, 28 semanas (f.° 30 ibidem).
Los argumentos del tribunal, para no acceder al derecho reclamado se estructuraron básicamente en: que durante el periodo en que el demandante prestó sus servicios en la empresa CEMEX, ésta no se encontraba obligada a la afiliación y pago de aportes al ISS, en favor de BENITO AVELLANEDA, dado, que la prestación del servicio se celebró en el Municipio de La Calera, lugar dónde no había cobertura por parte del ente asegurador, por tanto, no existió omisión alguna que acarreara el tener que asumir el valor correspondiente a un cálculo actuarial.
Por otro lado, la censura considera que las citadas disposiciones establecieron la obligación de los empleadores de aprovisionamiento por el tiempo que no había llamamiento a inscribirse, para cuando el trabajador cumpliera los requisitos exigidos en pro de la consecución del derecho, aquél efectuara el traslado de estos recursos en su favor a través de un cálculo actuarial al ISS y, este lapso debía ser computado al totalizar la densidad de semanas cotizadas.
Anotado lo que precede, el problema jurídico a dilucidar por parte de la Sala, se centra en establecer si el ad quem equivocó la intelección de las disposiciones acusadas como violadas por la censura, al entender que, según los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, no quedaba radicada en cabeza del empleador la obligación de aprovisionar el valor de las cotizaciones de sus trabajadores para su posterior traslado al ISS, independientemente de que la empresa demandada tuviera el deber legal de afiliar y realizar aportes por los riesgo de invalidez, vejez y muerte (IVM), dado, que solo fue llamada a inscripción al régimen de seguros sociales obligatorios, a partir de la fecha arriba mencionada.
De entrada debe memorarse, que a partir del año 2014, la jurisprudencia de esta Sala dejó de lado la teoría acogida por el ad quem y, en su lugar adoctrinó que ante la imposibilidad de afiliación de los servidores para lograr la protección de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, antes de la expedición del sistema general de pensiones surgido con la Ley 100 de 1993, la obligación del empleador subsiste aun cuando la falta de inscripción al régimen pensional, no obedezca a su culpa o negligencia, es decir, pese a no existir cobertura en el sitio de la prestación del servicio, pues en sentencia CSJ SL9856-2014, en la que, al reiterar la regla de la providencia CSJ SL, 22 jul. 2009, rad. 32922, señaló:
El entendimiento de la expresión los “empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión” debe guardar consonancia con la vocación del Sistema General de Pensiones de proteger a la totalidad de los trabajadores subordinados, con la exclusión de los de regímenes expresamente exceptuados; de esta manera, el alcance de dicha norma debe ser comprensivo de aquella variedad de situaciones en las que el empleador tuvo o tenía a su cargo el deber de reconocer y pagar el derecho pensional.
No son admisibles aquellas interpretaciones del texto que distinguiendo lo que el legislador no distingue, conduzcan a dejar por fuera del derecho a habilitar sus tiempos servidos a un empleador, los mismos por los que no se hicieron cotizaciones a los seguros sociales obligatorios; ya porque se crea que basta mirar el día anterior a la vigencia de la ley, y hacer caso de la circunstancia principal que con anterioridad el empleador si había tenido a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones; tampoco, si se hacen diferencias a partir de la causa por la que no se hicieron cotizaciones, dejando por fuera a los trabajadores de los empleadores según este haya debido o no hacer cotizaciones; ciertamente, es razón válida para que no opere la subrogación pensional a cargo del ISS, y el empleador tenga a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, es que el empleador no haya afiliado a su trabajador, ya por que no hubo el llamado a la afiliación, o porque hecha la convocatoria no se cumplió con el deber de afiliar, o porque era una empresa de un sector en el que seguros obligatorios no tenían cobertura pensional.
[…]
La condición de empleador que tiene o ha tenido a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones de sus trabajadores, para que se cumpla, basta que lo sea con uno de ellos, con el que reclama la habilitación del tiempo en la seguridad social, por el que no se hizo aporte mientras el vínculo laboral estuvo vigente.
En igual sentido, en sentencia CSJ SL1356-2019, que reiteró lo dicho en la sentencia CSJ SL5535-2018, sobre la temática puesta a consideración, expresó:
[…]
Bajo esos derroteros, en la sentencia CSJ SL9856-2014, luego reiterada en sentencia CSJ SL10122-2017, la Sala definió: (i) que no se podía negar que los empleadores mantenían obligaciones y responsabilidades respecto de sus trabajadores, a pesar de que no actuaran de manera incuriosa, al dejar de inscribirlos a la seguridad social en pensiones; (ii) que, en ese sentido, esos lapsos de no afiliación por falta de cobertura, debían estar a cargo del empleador, por mantener en cabeza suya el riesgo pensional, y (iii) que la manera de concretar ese gravamen, en casos «(…) en los que [el trabajador] no alcanzó a completar la densidad de cotizaciones para acceder a la pensión de vejez, [es] facilitar (…) que consolide su derecho, mediante el traslado del cálculo actuarial para de esa forma garantizarle que la prestación estará a cargo del ente de seguridad social».
En ese contexto, resulta evidente para la Sala que el ad quem no se equivocó al condenar al empleador a «reconocer y constituir TITULO (sic) PENSIONAL» a favor del accionante, correspondiente al periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 1972 y el 2 de enero de 1984, pues como quedó visto en precedencia, ello condujo a la protección integral que se debe al trabajador.
En consecuencia, los periodos no cotizados, aún en ausencia de cobertura, la obligación se encuentra radicada en cabeza del empleador, quien deberá asumirla a través de un cálculo actuarial para cubrir las contingencias que se deriven de la vejez, invalidez o muerte, recursos destinados a garantizar el financiamiento de las prestaciones que se encuentran a cargo del ISS hoy COLPENSIONES (CSJ SL9856-2014).
De igual forma, se impone recordar, que para la habilitación del tiempo servido a empleadores que antes de la Ley 100 de 1993, tenían a cargo sus propias pensiones, el literal c) del artículo 33 de esa normativa, debe ser entendido en el sentido que no es necesario que el contrato de trabajo estuviera vigente al momento de la entrada en vigor de la mencionada disposición, puesto que tal exigencia contraría los postulados de la seguridad social y, por esa razón debe ser inaplicada. Al respecto, esta Sala en sentencia CSJ SL2138-2016 dijo:
[…]
Debe insistirse, de igual forma, en que la intención del sistema de seguridad social es la de integrar y solucionar financieramente las omisiones en la afiliación que se presentaron en el pasado, por cualquier causa (CSJ SL14388-2015), para garantizarle una protección adecuada y completa a los afiliados en sus contingencias, propósito para el cual no es relevante el hecho de que el contrato mantenga su vigencia en una determinada época, pues desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, los empleadores mantenían la carga de la afiliación y, en subsidio de ello, de aprovisionamiento de los recursos necesarios para contribuir a la financiación de las pensiones.
Cabe decir también que la Corte Constitucional, haciendo eco, entre otras, de la jurisprudencia de esta Sala, ha sostenido que «…el juez de la causa concreta debe aplicar la excepción de inconstitucionalidad sobre el aparte normativo “siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993” contenida en el literal “c” parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y en la expresión similar contenida en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003; y ordenar en su lugar el traslado del valor del cálculo actuarial correspondiente al tiempo de servicio prestado por el trabajador.» Sentencia T 410 de 2014.
Para la Sala son suficientes los precedentes rememorados y con independencia de si el vínculo contractual laboral del demandante estaba vigente al momento de entrada en rigor del sistema general de pensiones, 1 de abril de 1994, CEMEX COLOMBIA S. A., deberá reconocer a COLPENSIONES, vía cálculo actuarial, a satisfacción de este, los tiempos trabajados por el actor a esa empresa, entre el 7 de marzo de 1963 y el 3 de octubre de 1976 y, por tal razón, los cargos salen airosos, en consecuencia, se casará la sentencia recurrida.
Sin costas en el recurso extraordinario al salir avante los cargos propuestos.
SENTENCIA DE INSTANCIA
Son suficientes los argumentos expresados en sede de casación, para concluir que la empresa CEMEX COLOMBIA S. A., en su calidad de empleadora debe responder por la obligación en materia pensional del actor, por el periodo de existencia de la relación laboral, desarrolla entre el 7 de marzo de 1963 y el 3 de octubre de 1976, lapso en el que no hubo afiliación al Instituto de Seguros Sociales, lo que se traduce en el pago del cálculo actuarial.
De otro lado, se observa, que la empresa demandada al momento de descorrer el término de traslado de la demanda frente al hecho 11, manifestó que el contrato de trabajo fue suspendido por 300 días, lo cual se corrobora con la copia de la liquidación definitiva obrante al fl. 183. No obstante, al revisar el expediente, la Sala echa de menos prueba alguna que la lleve a la convicción de las datas en que suscitó tal situación, en consecuencia, el mencionado interregno no podría ser descontado, para efectos del cálculo ordenado, al incumplir la demandada la carga probatoria que le impone el artículo 177 del C.P.C., hoy 177 del C.G.P.
Advertido lo anterior, ante situaciones similares a la que concita la atención de la Sala, de trabajadores que tienen periodos laborados con empleadores que no estaban en la obligación de afiliarlos al ISS, bien sea porque no había cobertura o por otras razones, que este tiempo servido debe ser tenido en cuenta, como efectivamente cotizado a dicha entidad, para efectos de reconocimiento de la pensión de vejez, criterio reiterado en la presente decisión (CSJ SL5790-2014, CSJ SL4072-2017 y SL14215-2017).
Ahora, se impone recordar, que existen algunas excepciones de mérito (cosa juzgada), que pueden plantearse de conformidad a los ritos procesales previstos para las «excepciones previas», (artículo 32 del CPTSS), que persiguen inducir el pronunciamiento del a quo en la «audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio», medios exceptivos que se conocen en la doctrina como mixtos.
En el caso particular dada la naturaleza del medio de defensa propuesto por la empresa demandada, el juez difirió su resolución para el momento de emitir la decisión de fondo tal como se corrobora en el audio contentivo de la audiencia del artículo 77 y su respectiva acta (f.° 220 Cd., 221 y 222 del cuaderno principal), por lo que se procede a verificar si la excepción propuesta, está llamada a la prosperidad.
Es de anotar, que la cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Esta figura jurídica tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.
A su vez, esta Corporación, se ha pronunciado respecto a los presupuestos de la cosa juzgada entre otras, en sentencia CSJ SL1686-2017 y CSJ SL198-2019, reiteradas en la CSJ SL1354-2019, en las que se estableció que de conformidad a lo regulado al artículo 303 del CGP (antes 332 del CPC), deben coincidir los siguientes presupuestos: (a) identidad jurídica de partes, esto es, que se trate de los mismos demandante y demandado; (b) objeto solicitado, es decir, del beneficio jurídico que se reclama, y (c) causa para pedir, que se refiere al supuesto fáctico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado. De tal suerte, que se debe establecer con exactitud la pretensión, lo que conlleva a revisar cada uno de sus los elementos (sujetos, objeto y causa), si examinados los mismos alguno difiere, se trata de una petición distinta, por consiguiente, no se estaría en presencia de dicha institución.
En ese sentido, la Sala advierte que entre el sub lite y la anterior litis que se adelantó ante el Juzgado Catorce Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, es evidente que no existe coincidencia, como quiera que el primero de aquellos discurrió en torno a, entre otras cosas, a que la demandada CEMEX COLOMBIA S.A., debía ser condenada «al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a favor del ex trabajador demandante; al pago de la prestación mencionada a partir de la causación del derecho, esto es, a partir del 21 de marzo de 2002, fecha de cumplimento de los 60 años […]» (f.°145 a 146 y 136 a 137 del cuaderno principal); y el actual, se persigue contra esta demandada se le condene a que « elabore el cálculo actuarial del capital su cargo, correspondiente a los derechos pensionales del actor, por el periodo comprendido entre el siete (7) de marzo de mil novecientos sesenta y tres (1963) y el tres (3) de octubre de mil novecientos setenta y seis (1976).», igualmente se pretende «a que CEMEX COLOMBIA S.A. efectúe el cálculo actuarial del capital a su cargo, en coordinación […]»; de igual forma «a que una vez aprobado por parte de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES dicho cálculo actuarial, CEMEX COLOMBIA S. A. traslade dicho valor a la entidad pagadora COLPENSIONES. […]» (f.°78 y 79 ibidem).
Advertido lo anterior, es dable concluir que no existe uniformidad respecto de las pretensiones (objeto) que fundamentaron tales litis, puesto que en el proceso primigenio se persiguió que se condenara a la demandada a asumir el estipendio pensional y en el sub judice es el pago del cálculo actuarial por el periodo trabajado y no cotizado con destino al fondo de pensiones y, en consecuencia, éste debía reconocer la pensión de vejez deprecada.
En consecuencia, la excepción de cosa juzgada no está llamada a prosperar.
De igual manera, se propuso la excepción de prescripción, frente a lo cual se ha de indicar que dicho medio exceptivo no puede prosperar, por cuanto se trata de una obligación encaminada a financiar la pensión de vejez del demandante que es de carácter vitalicio, y por la naturaleza del derecho en juego, que es fundamental e irrenunciable, el pago de los títulos pensionales a transferir es imprescriptible (CSJ SL 21798, 9 ago. 2006 y CSJ SL941-2018).
Por las razones antes expuestas, se revocará la decisión del juzgador a quo en cuanto absolvió a CEMEX COLOMBIA S.A. de la pretensión incoada en su contra y, en su lugar, se condena a dicha empresa a trasladar al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, y a su entera satisfacción, el valor actualizado del título pensional causado por el periodo comprendido entre el 7 de marzo de 1963 y el 3 de octubre de 1976, a favor del actor, para lo cual deberá tener como base los salarios efectivamente devengados en dicho interregno.
Precisada la responsabilidad del empleador sobre el periodo reseñado y, que éste debe ser contabilizado para los efectos pensionales perseguido, la Sala encuentra que no fue objeto de discusión que el demandante es beneficiario del régimen de transición, teniendo en cuenta que nació el 21 de marzo de 1942 y, el 30 de junio de 1995 tenía más de 40 años de edad, razón por la cual se dan los presupuestos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Revisada la historial laboral aportada al proceso, en la que vislumbra que el demandante laboró para empresas del sector público y privado realizó aportes a cajas de previsión, al ISS y en algunos entes públicos no hubo cotizaciones, luego entonces, los regímenes pensionales aplicables al actor son los contenidos en: las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988 y Acuerdo 049 de 1990, que eran las vigentes antes de entrar en rigor el sistema general de pensiones y de igual forma le es aplicable lo contenido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, normatividad vigente al momento del cumplimiento de la edad.
Con el fin de, comprobar el cumplimiento del tiempo de servicios exigidos por las diferentes normas aplicables, se deberá incluir el correspondiente al periodo que va del 7 de marzo de 1963 al 3 de octubre de 1976, habilitado en virtud de la condena al pago del título pensional a cargo de CEMEX COLOMBIA S. A., y que equivale a 4886 días (698 semanas); de la misma manera se deben acopiar los tiempos servidos al Ministerio de Defensa Nacional que van del 1 de febrero de 1961 al 31 de diciembre de 1962, y que se traducen en 690 días (98,57 semanas): al Municipio de La Calera desde el 29 de octubre de 1993 al 30 de septiembre de 1995, con aportes a la Caja de Seguridad Social de esa entidad territorial equivalente a 692 días (98.71 semanas), así como los vertidos al Instituto de Seguros Sociales entre el 1 de septiembre de 1995 a 29 de febrero de 2008, lo que le acredita 4468 días (638.28 semanas), para un total de 1534 septenarios, lo que se encuentra consignado en el cuadro siguiente:
empresa
periodo
tiempo
Caja de previsión
Aportó al ISS
No aportó
folio
Alcaldía de la Calera
29-10-93 a 30-09-95
692 días
equivalente a 98.857 semanas
Del municipio de La Calera
28 y 30
Alcaldía de La Calera
01-10-95 a 29-02-08
4468 días
638,28 semanas
48 a 53
Ministerio de defensa
01-02-61 a 31-12-62
692 días, equivalente a 98.857semanas
x
30
Industrias e Inversiones Samper S.A. (hoy CEMEX COLOMBIA S.A.)
07-03-63 a 03-10-76
4886 días equivalente a 698 semanas
698 semanas convalidas por el cálculo actuarial ordenado
TOTAL
10738 días, equivalente a 1534 semanas
1336
Constada la anterior información se tiene que el actor cumplió los 60 años de edad el día 21 de marzo de 2002; data en la cual tenía en su haber un total de 1232 semanas que lo habilitaban para reclamar la pensión de vejez. Además, al 29 de febrero de 2008 fecha del último aporte, acumulaba 1336 semanas aportadas válidamente al ISS y, 1534 entre servicio público y privado, de tal suerte, que cumple los requisitos establecidos en el artículo 8 Ley 71 de 1988 (20 años de aportes como mínimo, que equivale a 1028 semanas); artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 (500 semanas de cotización anteriores al cumplimiento de la edad mínima o 1000 en cualquier tiempo) y, artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (1000 septenarios), lo que habilitan el acceso a la prestación reclamada de conformidad con cualquiera de las normas reseñadas. Aunado, que, según el nuevo criterio mayoritario de la Sala, plasmado en la sentencia CSJ SL1981-2020, es procedente la sumatoria de todos los tiempos laborados sin distinción fundadas en la clase de empleador (público o privado), para el reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
De lo expuesto, se tiene, el demandante causó la pensión de vejez el 21 de marzo de 2002, periodo para el cual había cumplido con los requisitos exigidos, es decir, edad y tiempo de servicio o densidad de semanas cotizadas. El disfrute de la primera mesada pensional será a partir del 1 de marzo de 2008, al haberse realizado el último aporte en el mes de febrero de la mencionad anualidad.
De igual forma se observa, que la prestación discutida involucra la existencia simultánea de varias fuentes formales que la regulan y, que tienen implicaciones divergentes en el derecho del demandante en lo referente a la tasa de reemplazo del IBL, así: la Ley 71 de 1988, tiene el 75%; la ley 100 de 1993 hasta el 85% y; el Acuerdo 049 de 1990, máximo del 90%.
Conforme a las circunstancias descritas y, en armonía al principio de favorabilidad consagrado en los artículos 53 de la CN, 21 del CST y 288 de la Ley 100 de 1993 y ante la multiplicidad de normas vigentes, debe prevalecer la más favorable al trabajador, es por ello, que en el sub lite, la norma llamada a regular el derecho pensional del demandante es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, en virtud del beneficio de la transición.
Ahora, al momento de realizar el cálculo del Ingreso Base de Liquidación (IBL), se debe tener en cuenta que, a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, 30 de junio de 1995 en su caso (f.º 23), al demandante le faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho, concretamente 6,72 años, entonces, será el promedio de lo cotizado en el tiempo que le hiciere falta para ello, por ser más favorable en comparación al IBL de toda la vida, como se explica a continuación:
INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A TODA LA VIDA LABORAL
Fechas
Días
Salario
Semanas
Salario Actualizado
Salario Promedio
Inicio
Final
01/02/1961
28/02/1961
30
$ 198,00
4,29
$ 298.297,63
$ 835,18
01/03/1961
31/03/1961
30
$ 198,00
4,29
$ 298.297,63
$ 835,18
01/04/1961
30/04/1961
30
$ 198,00
4,29
$ 298.297,63
$ 835,18
01/05/1961
31/05/1961
30
$ 198,00
4,29
$ 298.297,63
$ 835,18
01/06/1961
30/06/1961
30
$ 198,00
4,29
$ 298.297,63
$ 835,18
01/07/1961
31/07/1961
30
$ 198,00
4,29
$ 298.297,63
$ 835,18
01/08/1961
31/08/1961
30
$ 198,00
4,29
$ 298.297,63
$ 835,18
01/09/1961
30/09/1961
30
$ 198,00
4,29
$ 298.297,63
$ 835,18
01/10/1961
31/10/1961
30
$ 198,00
4,29
$ 298.297,63
$ 835,18
01/11/1961
30/11/1961
30
$ 198,00
4,29
$ 298.297,63
$ 835,18
01/12/1961
31/12/1961
30
$ 198,00
4,29
$ 298.297,63
$ 835,18
01/01/1962
31/01/1962
30
$ 219,00
4,29
$ 310.322,85
$ 868,85
01/02/1962
28/02/1962
30
$ 219,00
4,29
$ 310.322,85
$ 868,85
01/03/1962
31/03/1962
30
$ 219,00
4,29
$ 310.322,85
$ 868,85
01/04/1962
30/04/1962
30
$ 219,00
4,29
$ 310.322,85
$ 868,85
01/05/1962
31/05/1962
30
$ 219,00
4,29
$ 310.322,85
$ 868,85
01/06/1962
30/06/1962
30
$ 219,00
4,29
$ 310.322,85
$ 868,85
01/07/1962
31/07/1962
30
$ 219,00
4,29
$ 310.322,85
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$ 608.282,00
4,29
$ 671.744,30
$ 1.880,76
01/01/2007
31/01/2007
30
$ 676.732,00
4,29
$ 715.290,69
$ 2.002,68
01/02/2007
28/02/2007
30
$ 684.000,00
4,29
$ 722.972,81
$ 2.024,19
01/03/2007
31/03/2007
30
$ 684.000,00
4,29
$ 722.972,81
$ 2.024,19
01/04/2007
30/04/2007
30
$ 808.000,00
4,29
$ 854.038,05
$ 2.391,15
01/05/2007
31/05/2007
30
$ 501.000,00
4,29
$ 529.545,87
$ 1.482,63
01/06/2007
30/06/2007
30
$ 715.000,00
4,29
$ 755.739,12
$ 2.115,93
01/07/2007
31/07/2007
30
$ 715.000,00
4,29
$ 755.739,12
$ 2.115,93
01/08/2007
31/08/2007
30
$ 715.000,00
4,29
$ 755.739,12
$ 2.115,93
01/09/2007
30/09/2007
30
$ 715.000,00
4,29
$ 755.739,12
$ 2.115,93
01/10/2007
31/10/2007
30
$ 715.000,00
4,29
$ 755.739,12
$ 2.115,93
01/11/2007
30/11/2007
30
$ 715.000,00
4,29
$ 755.739,12
$ 2.115,93
01/12/2007
31/12/2007
30
$ 715.000,00
4,29
$ 755.739,12
$ 2.115,93
01/01/2008
31/01/2008
30
$ 604.000,00
4,29
$ 604.000,00
$ 1.691,09
01/02/2008
29/02/2008
30
$ 715.000,00
4,29
$ 715.000,00
$ 2.001,87
TOTALES
10.715
1.530,71
$ 521.827,06
IBL DE TIEMPO FALTANTE ENTRE ENTRADA EN VIGENCIA DEL SGSS (30/06/1995) Y FECHA PARA ADQUIRIR EL DERECHO A PENSIÓN (21/03/2002)
DETERMINACIÓN DE LA FECHA PARA ADQUISICIÓN DEL DERECHO PARA PENSIÓN Y DÍAS FALTANTES PARA PENSIÓN
Fecha de nacimiento del demandante
21/03/1942
Fecha de entrada en vigencia del SGSS
30/06/1995
Edad de demandante a entrada en vigencia del SGSS
53,28
Fecha de cumplimiento de los 60 años de edad
21/03/2002
Fecha en que se completan 20 años de servicio (1.028 semanas)
18/02/1998
Fecha de adquisición del derecho para pensión
21/03/2002
Faltante en años para adquisición del derecho para pensión a 30/06/95
6,72
Faltante en días para pensión
2.456
IBL POR EL TIEMPO EQUIVALENTE PARA LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO A PENSIÓN
Fechas
Días
Salario
Semanas
Salario Actualizado
Salario Promedio
Inicio
Final
22/03/2001
31/03/2001
9
$ 139.934,10
1,29
$ 209.650,01
$ 768,26
01/04/2001
30/04/2001
30
$ 466.447,00
4,29
$ 698.833,35
$ 8.536,24
01/05/2001
31/05/2001
30
$ 466.447,00
4,29
$ 698.833,35
$ 8.536,24
01/06/2001
30/06/2001
30
$ 466.447,00
4,29
$ 698.833,35
$ 8.536,24
01/07/2001
31/07/2001
30
$ 466.447,00
4,29
$ 698.833,35
$ 8.536,24
01/08/2001
31/08/2001
30
$ 466.447,00
4,29
$ 698.833,35
$ 8.536,24
01/09/2001
30/09/2001
30
$ 466.447,00
4,29
$ 698.833,35
$ 8.536,24
01/10/2001
31/10/2001
30
$ 466.447,00
4,29
$ 698.833,35
$ 8.536,24
01/11/2001
30/11/2001
30
$ 466.447,00
4,29
$ 698.833,35
$ 8.536,24
01/12/2001
31/12/2001
30
$ 508.427,00
4,29
$ 761.728,01
$ 9.304,50
01/01/2002
31/01/2002
30
$ 508.427,00
4,29
$ 707.620,72
$ 8.643,58
01/02/2002
28/02/2002
30
$ 508.427,00
4,29
$ 707.620,72
$ 8.643,58
01/03/2002
31/03/2002
30
$ 508.427,00
4,29
$ 707.620,72
$ 8.643,58
01/04/2002
30/04/2002
30
$ 508.427,00
4,29
$ 707.620,72
$ 8.643,58
01/05/2002
31/05/2002
30
$ 508.427,00
4,29
$ 707.620,72
$ 8.643,58
01/06/2002
30/06/2002
30
$ 508.427,00
4,29
$ 707.620,72
$ 8.643,58
01/07/2002
31/07/2002
30
$ 508.427,00
4,29
$ 707.620,72
$ 8.643,58
01/08/2002
31/08/2002
30
$ 508.427,00
4,29
$ 707.620,72
$ 8.643,58
01/09/2002
30/09/2002
30
$ 539.899,00
4,29
$ 751.422,95
$ 9.178,62
01/10/2002
28/10/2002
28
$ 539.899,00
4,00
$ 751.422,95
$ 8.566,71
01/11/2002
30/11/2002
30
$ 539.899,00
4,29
$ 751.422,95
$ 9.178,62
01/12/2002
22/12/2002
22
$ 739.855,00
3,14
$ 1.029.718,58
$ 9.223,86
01/01/2003
31/01/2003
30
$ 539.899,00
4,29
$ 702.330,08
$ 8.578,95
01/02/2003
28/02/2003
30
$ 539.899,00
4,29
$ 702.330,08
$ 8.578,95
01/03/2003
31/03/2003
30
$ 580.121,00
4,29
$ 754.653,05
$ 9.218,07
01/04/2003
30/04/2003
30
$ 580.121,00
4,29
$ 754.653,05
$ 9.218,07
01/05/2003
31/05/2003
30
$ 580.121,00
4,29
$ 754.653,05
$ 9.218,07
01/06/2003
30/06/2003
30
$ 580.121,00
4,29
$ 754.653,05
$ 9.218,07
01/07/2003
31/07/2003
30
$ 580.121,00
4,29
$ 754.653,05
$ 9.218,07
01/08/2003
31/08/2003
30
$ 580.121,00
4,29
$ 754.653,05
$ 9.218,07
01/09/2003
30/09/2003
30
$ 580.121,00
4,29
$ 754.653,05
$ 9.218,07
01/10/2003
31/10/2003
30
$ 580.121,00
4,29
$ 754.653,05
$ 9.218,07
01/11/2003
30/11/2003
30
$ 580.121,00
4,29
$ 754.653,05
$ 9.218,07
01/12/2003
31/12/2003
30
$ 580.121,00
4,29
$ 754.653,05
$ 9.218,07
01/01/2004
31/01/2004
30
$ 580.121,00
4,29
$ 708.660,96
$ 8.656,28
01/02/2004
29/02/2004
30
$ 580.121,00
4,29
$ 708.660,96
$ 8.656,28
01/03/2004
31/03/2004
30
$ 580.121,00
4,29
$ 708.660,96
$ 8.656,28
01/04/2004
30/04/2004
30
$ 580.121,00
4,29
$ 708.660,96
$ 8.656,28
01/05/2004
31/05/2004
30
$ 580.121,00
4,29
$ 708.660,96
$ 8.656,28
01/06/2004
30/06/2004
30
$ 580.121,00
4,29
$ 708.660,96
$ 8.656,28
01/07/2004
31/07/2004
30
$ 580.121,00
4,29
$ 708.660,96
$ 8.656,28
01/08/2004
31/08/2004
30
$ 580.121,00
4,29
$ 708.660,96
$ 8.656,28
01/09/2004
30/09/2004
30
$ 580.121,00
4,29
$ 708.660,96
$ 8.656,28
01/10/2004
31/10/2004
30
$ 580.121,00
4,29
$ 708.660,96
$ 8.656,28
01/11/2004
30/11/2004
30
$ 580.121,00
4,29
$ 708.660,96
$ 8.656,28
01/12/2004
31/12/2004
30
$ 580.121,00
4,29
$ 708.660,96
$ 8.656,28
01/01/2005
31/01/2005
30
$ 617.771,00
4,29
$ 715.311,12
$ 8.737,51
01/03/2005
31/03/2005
30
$ 617.771,00
4,29
$ 715.311,12
$ 8.737,51
01/04/2005
30/04/2005
30
$ 617.771,00
4,29
$ 715.311,12
$ 8.737,51
01/05/2005
29/05/2005
29
$ 451.800,00
4,14
$ 523.134,89
$ 6.177,08
01/06/2005
30/06/2005
30
$ 651.748,00
4,29
$ 754.652,76
$ 9.218,07
01/07/2005
31/07/2005
30
$ 651.748,00
4,29
$ 754.652,76
$ 9.218,07
01/08/2005
31/08/2005
30
$ 651.748,00
4,29
$ 754.652,76
$ 9.218,07
01/09/2005
30/09/2005
30
$ 651.748,00
4,29
$ 754.652,76
$ 9.218,07
01/10/2005
31/10/2005
30
$ 651.748,00
4,29
$ 754.652,76
$ 9.218,07
01/11/2005
30/11/2005
30
$ 651.748,00
4,29
$ 754.652,76
$ 9.218,07
01/12/2005
31/12/2005
30
$ 687.577,00
4,29
$ 796.138,82
$ 9.724,82
01/01/2006
31/01/2006
30
$ 658.913,00
4,29
$ 727.657,65
$ 8.888,33
01/02/2006
28/02/2006
30
$ 651.748,00
4,29
$ 719.745,13
$ 8.791,67
01/03/2006
31/03/2006
30
$ 651.748,00
4,29
$ 719.745,13
$ 8.791,67
01/04/2006
30/04/2006
30
$ 651.748,00
4,29
$ 719.745,13
$ 8.791,67
01/05/2006
31/05/2006
30
$ 814.685,00
4,29
$ 899.681,41
$ 10.989,59
01/06/2006
30/06/2006
30
$ 724.258,00
4,29
$ 799.820,12
$ 9.769,79
01/07/2006
31/07/2006
30
$ 696.811,00
4,29
$ 769.509,57
$ 9.399,55
01/08/2006
28/08/2006
28
$ 684.335,00
4,00
$ 755.731,94
$ 8.615,84
01/09/2006
30/09/2006
30
$ 684.335,00
4,29
$ 755.731,94
$ 9.231,25
01/10/2006
31/10/2006
30
$ 684.335,00
4,29
$ 755.731,94
$ 9.231,25
01/11/2006
30/11/2006
30
$ 478.994,00
4,29
$ 528.967,63
$ 6.461,33
01/12/2006
31/12/2006
30
$ 608.282,00
4,29
$ 671.744,30
$ 8.205,35
01/01/2007
31/01/2007
30
$ 676.732,00
4,29
$ 715.290,69
$ 8.737,26
01/02/2007
28/02/2007
30
$ 684.000,00
4,29
$ 722.972,81
$ 8.831,10
01/03/2007
31/03/2007
30
$ 684.000,00
4,29
$ 722.972,81
$ 8.831,10
01/04/2007
30/04/2007
30
$ 808.000,00
4,29
$ 854.038,05
$ 10.432,06
01/05/2007
31/05/2007
30
$ 501.000,00
4,29
$ 529.545,87
$ 6.468,39
01/06/2007
30/06/2007
30
$ 715.000,00
4,29
$ 755.739,12
$ 9.231,34
01/07/2007
31/07/2007
30
$ 715.000,00
4,29
$ 755.739,12
$ 9.231,34
01/08/2007
31/08/2007
30
$ 715.000,00
4,29
$ 755.739,12
$ 9.231,34
01/09/2007
30/09/2007
30
$ 715.000,00
4,29
$ 755.739,12
$ 9.231,34
01/10/2007
31/10/2007
30
$ 715.000,00
4,29
$ 755.739,12
$ 9.231,34
01/11/2007
30/11/2007
30
$ 715.000,00
4,29
$ 755.739,12
$ 9.231,34
01/12/2007
31/12/2007
30
$ 715.000,00
4,29
$ 755.739,12
$ 9.231,34
01/01/2008
31/01/2008
30
$ 604.000,00
4,29
$ 604.000,00
$ 7.377,85
01/02/2008
29/02/2008
30
$ 715.000,00
4,29
$ 715.000,00
$ 8.733,71
OTALES
2.456
350,86
$ 725.494,16
VALOR DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL
Ingreso Base de Liquidación
$ 725.494,16
Tasa de reemplazo
90%
Valor de la Mesada Pensional de Vejez
$ 652.944
Primera mesada pensional
Corresponde a la suma mensual de $652.944 prestación de vejez que se reconocerá a partir del día siguiente en que el demandante dejó de cotizar al sistema, esto es, el 1 de marzo de 2008, (f.° 75 del cuaderno principal).
2. Mesadas adicionales
Al causarse la pensión antes de la entrada en vigencia del Acto legislativo 01 de 2005 y al ser inferior a tres salarios mínimos legales vigentes la prestación reconocida, el accionante tiene derecho a 1as mesadas adicionales de junio y de diciembre.
4. Retroactivo
El valor del retroactivo equivale a $143.313.518, sin perjuicio de la que se siga causando hacia futuro, como se explica a continuación:
IBL: $725.494,16
VALOR PRIMERA MESADA: 0,90 DEL IBL = 652,944
FECHA AÑOS
IPC
MESADAS
Valor Mesadas Causadas Año
AÑO
INICIO
FIN
Nº PAGOS
%
2008
1/03/2008
31/12/2008
12
652.944
7.835.337
2009
1/01/2009
31/12/2009
14
7,67%
703.025
9.842.347
2010
1/01/2010
31/12/2010
14
2,00%
717.085
10.039.194
2011
1/01/2011
31/12/2011
14
3,17%
739.817
10.357.437
2012
1/01/2012
31/12/2012
14
3,73%
767.412
10.743.769
2013
1/01/2013
31/12/2013
14
2,44%
786.137
11.005.917
2014
1/01/2014
31/12/2014
14
1,94%
801.388
11.219.432
2015
1/01/2015
31/12/2015
14
3,66%
830.719
11.630.063
2016
1/01/2016
31/12/2016
14
6,77%
886.958
12.417.418
2017
1/01/2017
31/12/2017
14
5,75%
937.959
13.131.420
2018
1/01/2018
31/12/2018
14
4,09%
976.321
13.668.495
2019
1/01/2019
31/12/2019
14
3,18%
1.007.368
14.103.153
2020
1/01/2020
31/07/2020
7
3,80%
1.045.648
7.319.536
Total Retroactivo a 30/06/2020
$143.313.518
5. Intereses moratorios
En cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 solicitados entre las pretensión principales, esta Corporación ha sostenido que los mismos, proceden sin que tenga relevancia alguna establecer juicios de valor referente a la existencia de la «buena fe» por parte del obligado, es decir, procede aun cuando la entidad hubiera tenido el convencimiento que no era dable el reconocimiento de la prestación deprecada, toda vez que su naturaleza es «resarcitoria» y no «sancionatoria».
Así se encuentra adoctrinado por la Sala, refiriéndose a la naturaleza de los intereses de mora, entre otras, en la sentencia CSJ SL8949-2017, reiteró que:
En relación con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, ha sostenido la Corte, tradicionalmente desde la sentencia de 23 de septiembre de 2002, radicación 18512, que en principio deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de mesadas pensionales independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas, en cuanto se trata simplemente del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, tiene carácter resarcitorio y no sancionatorio.
En sentencia CSJ SL, del 13 de junio de 2012, rad. 42783, esta Sala trajo a colación la del 29 de mayo de 2003, rad. 18789, donde se asentó esa postura en los siguientes términos:
“Cierto es que el concepto de buena o mala fe o las circunstancias particulares que hayan conducido a la discusión del derecho pensional no pueden ser considerados para establecer la procedencia de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tal y como reiteradamente lo ha expuesto la jurisprudencia de esta Sala”.
No obstante, en relación a situaciones excepcionales, se ha indicado, que la imposición de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no son procedentes en aquellos eventos en que: i) existe disputa o incertidumbre respecto de los posibles beneficiarios o titulares del derecho pensional; ii) cuando se trata de una reliquidación pensional; iv) cuando las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer la pensión tienen plena justificación porque encuentran respaldo normativo; v) cuando el reconocimiento deviene de un cambio de criterio jurisprudencial (CSJ SL9856-2014), como es el caso que ocupa la atención de la Sala.
Es por ello, que no se accederá a los intereses de mora en razón a que cuando el actor solicitó del ISS, hoy COLPENSONES, el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, en verdad no tenía cotizados en el sistema de seguridad social la densidad suficiente de semanas para obtener el derecho pensional, pues como se dejó establecido, únicamente acreditaba un total de 638,28 septenarios y solo con el tiempo laborado y no cotizado a COLPENSIONES por parte de CEMEX COLOMBIA S.A., es que reúne el requisito que le permitían acceder a la prestación deprecada, por lo que las actuaciones desplegadas por el ISS se hallan amparadas por las preceptivas legales vigentes al momento en que se efectuó la respectiva reclamación por el accionante.
Además, en la sentencia CSJ SL5569-2018, que reiteró a su vez, lo adoctrinado por esta Sala de la Corte en providencia CSJ SL10637-2014, donde se dijo:
No se dispondrá el pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en razón a que la entidad aplicó la normatividad que estaba vigente en ese momento para negar el derecho pensional, pues el reconocimiento de la prestación económica a la demandante se hace en virtud al nuevo criterio que viene adoptando la Sala sobre la inaplicación del requisito de fidelidad, aun frente a derechos que se causaron en vigencia de aquellas normas que consagraban tal exigencia. De ahí que se revocará la sentencia, en cuanto condenó a la demandada al pago de los referidos intereses, para en su lugar, absolver sobre ellos.
6. Indexación
Al no accederse a los intereses moratorios, procede el reconocimiento de la indexación sobre el retroactivo pensional desde la causación de cada mesada hasta la fecha efectiva de su pago, con sustento en la pérdida del valor adquisitivo de las mismas, acorde a la formula acogida y memorada por la Sala en el proveído CSJ SL1511-2018, que, para tales efectos, estableció como parámetros:
Formula:
VA= Vh * IPC Final
IPC inicial
De donde:
“VA = corresponde al valor de cada mesada pensional a actualizar.
IPC Final = IPC mes en que se realice el pago.
IPC Inicial = IPC mes en que se causa la diferencia de la respectiva mesada pensional.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL5045-2018, se ha reiterado que:
[…] existen dos clases de indexación que pueden exigirse en un proceso judicial (ver sentencias CSJ SL, 12 sep. 2006, rad. 28257, reiterada en decisiones SL11762-2014 y SL7890-2015) «(…) una relativa a la actualización o ajuste del ingreso base para liquidar la pensión (IBL), también denominada indexación de la primera mesada pensional; y otra atinente a la indexación de las sumas adeudadas por mesadas o diferencias pensionales que no fueron sufragadas en su oportunidad, y que debió haberse hecho en forma periódica»; que estas dos categorías de indexación son diferentes e independientes, pues versan sobre conceptos o acreencias diversas y, por lo mismo, tienen efectos y alcances distintos, pues una, se itera, pretende actualizar monetariamente la base salarial con la que se va a liquidar el derecho pensional y otra busca actualizar el valor de unas mesadas pensionales que, aunque se causaron, no se pagaron oportunamente.
Por último, para evitar un detrimento del fondo público, este podrá descontar de las anteriores cifras los dineros que recibió el demandante por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, cifra que igualmente deberán ser indexadas en aplicación de la fórmula antes descrita.
Costas de ambas instancias a cargo de las demandadas, las que se liquidarán por el juez de conocimiento, conforme lo dispuesto en el artículo 366 CGP. Sin costas en esta instancia al salir airoso el recurso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el nueve (9) de abril de dos mil catorce (2014) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por BENITO AVELLANEDA SÁNCHEZ contra CEMEX COLOMBIA S.A. y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).
En sede de instancia, REVOCA la decisión del Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, proferida el 5 de marzo de 2014, para en su lugar:
PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la demandada CEMEX COLOMBIA S.A.
SEGUNDO: Condenar a la empresa CEMEX COLOMBIA S.A. a sufragar, a favor de COLPENSIONES y a nombre del demandante, el título pensional que corresponda por el período comprendido entre el 7 de marzo de 1963 y el 3 de octubre de 1976, a entera satisfacción de COLPENSIONES, con base en los salarios devengados por el actor en dicho lapso.
TERCERO: Condenar a COLPENSIONES a reconocer a BENITO AVELLANEDA SÁNCHEZ la pensión de vejez, a partir del 1 de marzo de 2008, en cuantía mensual de $652.944, incluidas las mesadas adicionales de junio y diciembre, teniendo en cuenta que, a partir del año 2020, el valor de la mesada pensional asciende a $1.045.648.
CUARTO: Condenar a COLPENSIONES a pagar a BENITO AVELLANEDA SÁNCHEZ el retroactivo pensional calculado hasta el 30 de junio de 2020, equivalente a $143.313.518, sin perjuicio de las que se sigan generando hacia futuro, con su correspondiente indexación, desde la causación de cada mesada y hasta la fecha de su pago.
QUINTO: Autorizar a COLPENSIONES para deducir del retroactiva a pagarle al demandante los dineros que recibió el demandante por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, cifra que igualmente deberán ser indexadas en aplicación de la fórmula antes descrita.
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Magistrado ponente
SALVAMENTO DE VOTO
Recurso Extraordinario de Casación
Radicación n.° 69248
Acta 25
Referencia: demanda promovida por BENITO AVELLANEDA SÁNCHEZ contra CEMEX COLOMBIA S.A. y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).
Con el debido respeto, me aparto de la postura tomada en la sentencia de instancia que se dictó en este asunto, en la que entre las consideraciones expuestas se anotó que « (…) según el nuevo criterio mayoritario de la Sala, plasmado en la sentencia CSJ SL1981-2020, es procedente la sumatoria de todos los tiempos laborados sin distinción fundadas en la clase de empleador (público o privado), para el reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993», concluyéndose que, a pesar de que eran varias las fuentes formales que podrían gobernar el caso controvertido, en aplicación del principio de favorabilidad y en armonía con lo antes señalado « la norma llamada a regular el derecho pensional del demandante es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, en virtud del beneficio de la transición» posición frente a la cual he mostrado mi desacuerdo por las razones que expongo a continuación.
Era un añoso criterio jurisprudencial de esta Sala, la improcedencia de sumar semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales con los tiempos de servicios públicos a efectos de conceder la pensión de vejez, contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad, postura que siempre tuvo sustento en el hecho de que esa normatividad no previó expresamente tal posibilidad, como sí lo hizo en su momento la Ley 71 de 1988.
Ahora, aunque formalmente todos los argumentos que expuso la mayoría de la Sala, para la rectificación jurisprudencial son sugestivos, plausibles y, en lo sustancial, parecen ajustarse a las normas legales en que se funda, como también a la finalidad de la jurisprudencia, considero que la Corporación al tomar dicha decisión, pasó por alto el mandato del artículo 230 de la CN, que señala «los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad la jurisprudencia, los principios generales de derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial».
Se dice lo anterior, porque la Sala guardó silencio sobre el argumento según el cual, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, no previó la posibilidad de hacer la referida sumatoria, como tampoco se ocupó de explicar para el caso, cuál es el alcance del artículo 288 de la Ley 100 de 1993, que dispone «todo trabajador privado u oficial, funcionario público empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley, le sea aplicable en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta ley».
En mi criterio, con la precitada norma cuyo tenor literal es más que claro, la Ley 100 de 1993, reconoce utilizando los términos del fallo CSJ SL1981-2020, «la pluralidad de regímenes pensionales preexistentes», y si bien buscó y busca unificarlos «en un sistema global», expresamente negó la posibilidad de realizar mixturas de sus normas con las que contiene otras «anteriores sobre la misma materia».
Ahora, tampoco puede ser de recibo el argumento expuesto en la referida providencia que sirvió de sustento en el presente asunto, según el cual, el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, mantuvo vigente del sistema pensional anterior, la edad, el tiempo y monto, pero que « la forma de computar o establecer el número de semanas se rige por lo dispuesto en el literal f) del artículo 13 y el parágrafo 1.º del artículo 33 [de la Ley 100 de 1993], disposiciones que, expresamente, consagran la suma de tiempos públicos, hayan sido o no objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social», pues es claro que si el tiempo se rige por las disposiciones anteriores, no resulta acertado que a la forma de computarlo no se le dé el mismo tratamiento.
En resumen, en mi prudente juicio lo que hizo la sentencia SL1981-2020, que sirvió de base para proferir la presente decisión, fue hacer una mixtura de la regulación legal que contiene el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad, con las Leyes 33 de 1985, 71 de 1988 y 100 de 1993, con plena desconocimiento de los postulados constitucionales y legales ya referidos, por lo que no era procedente que la Corte considerara que bajo dicho criterio « es procedente la sumatoria de todos los tiempos laborados sin distinción fundadas en la clase de empleador (público o privado), para el reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993».
En los anteriores términos, dejo consignada mi discrepancia.
Fecha ut supra.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado