Ficha de la providencia
Sentencia SL2604-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2604-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2604-2023
Magistrado ponente: Omar Angel Mejia Amador
27 de septiembre de 2023
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Magistrado ponente
SL2604-2023
Radicación n.°95228
Acta 36
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).
Decide la Sala sendos recursos de anulación interpuestos por la empresa SEATECH INTERNATIONAL INC y la UNION SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA (USTRIAL) contra el laudo proferido por el Tribunal de Arbitramento, el 17 de agosto de 2022, con ocasión del conflicto colectivo suscitado entre las partes recurrentes.
AUTO
Se autoriza al abogado BRAYAN ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ para actuar como apoderado del sindicato UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, AUSTRIAL, en los términos del poder otorgado por el Presidente JOHN EMILIO ESTRADA GUERRA, visible a f. 411. Para esta autorización, la Sala tiene en cuenta que Estrada Guerra compareció ante el Tribunal de Arbitramento en calidad de Presidente de esa organización, mediante correo de 23 de julio de 2022, f.18, donde acompañó la certificación de representación sindical de USTRIAL, con registro de fecha 18 de febrero de 2022 (fs. 40 y 41).
Igualmente, esta Sala estima que, si bien John Emilio Estrada Guerra no allegó ante esta Corporación la certificación de la calidad de Presidente de USTRIAL que le fue solicitada por auto de 10 de nov. de 2022, según el informe secretarial de 28 de noviembre de 2022 (documento 006 PDF), con la certificación visible a fs. 40 y 41 del cuaderno del tribunal atrás referenciada, en vista de que no obra prueba dentro del expediente de que esa condición hubiese tenido cambios posteriormente, la Sala concluye que el poder sí fue otorgado debidamente por el representante legal de la organización.
Notifíquese y cúmplase.
ANTECEDENTES
La UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA «USTRIAL», de primer grado y de industria, con domicilio en Cartagena, presentó pliego de peticiones a la empresa SEATECH INTERNATIONAL INC, el 20 de septiembre de 2019, f.19. El arreglo directo inició el 1 de octubre de 2019 y finalizó el 22 de octubre del mismo año, fs. 26, 28 y 38, sin que se hubiese llegado a acuerdo alguno. La asamblea general de la organización sindical decidió ir a tribunal de arbitramento.
El Ministerio del Trabajo ordenó la convocatoria e integración del Tribunal de Arbitramento para lo de su competencia, mediante la R. 2510 de 2022, fs. 6 al 8. En cumplimiento de esta resolución, el Tribunal fue instalado el 21 de julio de 2022, f. 1, y, dentro del término para decidir, el 17 de agosto de 2022, fue aprobado el laudo arbitral.
LAUDO ARBITRAL
El Tribunal dejó constancia de que el pliego de peticiones de los trabajadores tenía 30 puntos y fue discutido por las partes en la etapa de arreglo directo sin que se resolviera solicitud alguna.
Señaló que, para la toma de la decisión arbitral, tuvo en cuenta las intervenciones de las partes, así como los documentos aportados por ellas en cada una de las oportunidades concedidas; la normatividad vigente; los criterios jurisprudenciales y los antecedentes del conflicto colectivo laboral; lo relacionado con la convocatoria e integración del tribunal y, primordialmente, el principio de equidad, de acuerdo con las facultades legales otorgadas para tal fin.
RECURSO DE ANULACIÓN DE SEATECH INTERNATIONAL INC.
La empresa SEATECH INTERNATIONAL INC pretende que sean anuladas las decisiones contenidas en la cláusulas séptima, novena y décima cuarta, de la parte resolutiva del laudo y que este se devuelva para que el Tribunal se pronuncie sobre el aumento salarial con base en la inflación y no, en el incremento del salario mínimo legal; corrija los permisos con base en los criterios que la Corte Suprema ha indicado y se pronuncie sobre el procedimiento disciplinario.
La entidad recurrente invocó la sentencia CSJ SL17703-2015, para recordar la función de esta Sala frente a los recursos de anulación. Seguidamente, procedió a controvertir las decisiones sobre las peticiones 151, 172 y 273, que se contienen en las cláusulas séptima (aumento salarial), novena (permisos sindicales) y décima cuarta (ayudas para el sindicato), por estimarlas confusas, nada equitativas y que no se compadecen con la situación económica de la empresa, puesto que se encuentran directamente relacionadas con el aumento del salario mínimo legal mensual, cuando este aumento, por efectos económicos, siempre es más elevado que la cifra de inflación. El recurso fue sustentado como sigue:
Frente a la cláusula séptima del aumento salarial, el empleador alegó que, en la coyuntura que trajo la pandemia, el IPC ya se encuentra en niveles cercanos al 10%, situación que, a todas luces, va a desencadenar un desequilibrio económico para la empresa, teniendo en cuenta los pésimos resultados del año anterior y pronosticó que los presentes también serán negativos, pues considera que esos aumentos son desproporcionados y comprometen la viabilidad y sostenibilidad del negocio, lo cual pone en riesgo el empleo y desarrollo para el trabajador.
La entidad invocó la sentencia CSJ SL713-2021 con referencia a los criterios a seguir por los jueces en equidad en estos casos, para luego sostener que no se puede proferir una decisión sobre el aumento del salario mínimo sin tener en cuenta un contexto hiperinflacionario y una coyuntura política que prevé un aumento del salario mínimo sin precedentes en la historia nacional.
Anotó que no se puede pasar por alto que los trabajadores que hacen parte de la organización sindical devengan salarios superiores al mínimo legal, razón por la cual la decisión del Tribunal, ante la petición décima quinta, resultó desproporcionada e inequitativa, pero, sobre todo, fue analizada sin el rigor que garantiza a las partes unas condiciones de sostenibilidad de la empresa y del empleo, y no tuvo en cuenta que la empresa ya tiene otros laudos y convenciones que la obligan o que inciden en sus costos, como son los de la contratista de servicios que, si bien no se tiene poder de subordinación sobre sus trabajadores, su carga económica impacta de manera directa sus costos.
Respecto de los permisos sindicales concedidos en la cláusula novena, señaló que el Tribunal los otorgó de manera excesiva, pues estipuló tres días para cada miembro de la junta directiva y dos días para los demás miembros de la organización, adicionales a los dineros extras para llevar a cabo actividades en otras ciudades, concedidos en la cláusula decimocuarta.
Para la empresa, lo anterior se presta a abusos, pues claramente el sindicato no tiene sede distinta a la establecida en la ciudad de Cartagena, por lo que acceder a esa solicitud es insostenible económicamente en el tiempo, teniendo en cuenta los factores de inflación e índice de precios al consumidor ya señalados, y la ausencia masiva de trabajadores de USTRIAL, afectando la precaria productividad de la empresa.
La censura invocó la sentencia de esta Sala de 28 oct. 2008, rad. 40534, donde se asentó que los árbitros están facultados para pronunciarse sobre el otorgamiento de permisos sindicales remunerados con el fin de atender las responsabilidades inherentes a la ejecución del derecho de asociación y libertad sindical, siempre que la decisión consulte criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Se lamentó de que, frente a la petición de los permisos, el Tribunal no hiciera ningún tipo de análisis cualitativo sobre la necesidad, utilidad o impacto económico de ellos, por lo que considera que se apartó de la obligación de analizar la razonabilidad y proporcionalidad, al establecer que los trabajadores de la organización sindical pueden disfrutar de permisos remunerados exagerados para efectos de negociar o preparar la negociación, lo cual es propio de la dinámica del conflicto y no debe ser impuesto desde antes del mismo (además de los concedidos en la parte resolutiva) sin detenerse en ninguna consideración respecto del impacto económico de esta concesión, impacto que debe ser razonable y proporcional.
Por lo anterior, consideró que estas dos condiciones deben ser analizadas a la luz de su costo nominal y el impacto que esta tiene en la producción de la empresa, amén de hacer cuentas con trabajadores que no son de su resorte y sobre los que no tiene poder de subordinación, pues carece de la calidad de empleador para decidir sobre ellos, sus turnos o labores encomendadas.
La censura manifestó su asombro ante la imposición de obligaciones con razones que involucran decisiones sobre trabajadores de otra empresa, lo cual estimó que excede las facultades del Tribunal. Afirmó que los permisos tienen su costo, afectan la productividad y, en su otorgamiento, no se tuvo en cuenta la cantidad de concesiones de tipo económico que se incluyen en el presente laudo.
Recordó que la Corte reconoció la competencia del Tribunal para conceder permisos remunerados a los miembros de la organización sindical para el cumplimiento de actividades asociadas a los fines del derecho de asociación, no obstante, también indicó que, para que ello proceda, en cada caso particular, se deberá examinar que su concesión no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento, que no sean de carácter permanente, que tengan plena justificación, que sea solo para atender responsabilidades que se desprendan del derecho fundamental de asociación y libertad sindical, como también que el permiso sea racional y equitativo.
Con base en ese precedente, la empresa manifestó que, si se hubiese hecho con juicio ese análisis, el Tribunal se habría dado cuenta de la cantidad de días y horas hombre que se conceden mensualmente, con afectación a una tercera parte de su nómina que es diferente a la de ATIEMPO SERVICIOS S.A.S., cuyos costos, como se ha dicho, la afectan, aunque laboralmente no le compete dar órdenes o disponer en general de personas que no son de su nómina, por tratarse de una contratista independiente y no, de una suministradora de personal.
Solicitó la nulidad de este punto, por cuanto no está sometida a ningún juicio o consideración asociada a las exigencias que ha precisado la Corte en su jurisprudencia.
Por último, la empresa mencionó que el Tribunal dejó por fuera de la decisión lo relativo al procedimiento disciplinario, así no fuese objeto de denuncia, ya que, en su criterio, debió incorporar en el presente laudo el que ya venía, ya que no puede haber varios laudos con el mismo sindicato produciendo efectos al tiempo.
RÉPLICA
No hubo réplica.
CONSIDERACIONES
La Sala procede a resolver las acusaciones contra las cláusulas séptima, novena y decimocuarta en el orden en que fueron planteadas, haciendo previamente una referencia sucinta a las competencias de esta Sala en el recurso de anulación.
En reiteradas decisiones, verbigracia en la sentencia CSJ SL1062-2023, esta sala de la Corte tiene precisado que sus competencias en el marco del recurso de anulación -artículo 143 del CPTSS- son limitadas y están básicamente concentradas en verificar la regularidad del laudo arbitral. De tal manera, ha adoctrinado que sus potestades se circunscriben a: i) invalidar alguna disposición, cuando el tribunal extralimitó el objeto para el que fue convocado, afectó derechos y garantías fundamentales de las partes en conflicto o impuso prestaciones abiertamente inequitativas, así como negar la anulación, en caso contrario; ii) devolver el laudo al tribunal, cuando hubiere dejado de decidir sobre aspectos respecto de los cuales estaba obligado a pronunciarse y, iii) excepcionalmente, modular los efectos de alguna determinación, en orden a eliminar su contrariedad con el ordenamiento jurídico, sin sacrificar la voluntad arbitral y los derechos concedidos (Ver CSJ SL1684-2017, SL1761-2020, SL3201-2021, entre otras).
En la misma dirección, la Corte ha señalado con insistencia que no le es posible, dentro de los límites de su competencia, invalidar las disposiciones del laudo arbitral y constituirse en alguna suerte de instancia arbitral, en la que profiera una decisión de reemplazo, atendiendo sus propios parámetros de equidad y de justicia. De igual modo se ha sostenido que, en sede del recurso extraordinario de anulación, no pueden concederse o negarse de manera directa los aspectos propuestos en el pliego de peticiones, puesto que ello corresponde decidirlo al tribunal como juez natural del conflicto (CSJ SL3241-2021).
Sobre las cláusulas objeto del recurso:
La cláusula séptima del laudo resolvió la petición no. 15 en la que el Sindicato aspiraba a un aumento salarial para el primero de enero de cada año, en el mismo porcentaje anual que haga el gobierno nacional al salario mínimo más un 10%.
El Tribunal, para decidir esta petición, tomó en consideración que, en el laudo anterior que puso fin al conflicto entre las mismas partes, se tomó como base el porcentaje de aumento al salario mínimo decretado por el gobierno nacional y que es el mismo parámetro que ha sido tomado para el aumento de la organización SINTRALIMENTICIA que se asemeja más a la USTRIAL, por el número de afiliados.
De tal manera, por decisión mayoritaria, el juez en equidad decidió reconocer el incremento del salario equivalente al aumento del salario mínimo legal mensual decretado anualmente por el gobierno, más 1.1.
La empresa considera que relacionar el monto del aumento salarial con el incremento anual del salario mínimo es inequitativa, puesto que no consulta con la realidad económica de las partes, debiendo hacerlo como lo exige la jurisprudencia. La censura alega que con esta decisión se desatendió el contexto hiperinflacionario y la coyuntura política que prevé un aumento del salario mínimo sin precedentes en la historia nacional.
Sobre el particular, la Sala recuerda que, en relación con los requisitos para censurar por inequidad manifiesta el laudo, tiene asentado que no basta la sola manifestación reiterativa en ese sentido por la entidad recurrente, sino que se exige exponer las razones que sustentan la inequidad manifiesta, verbigracia en las sentencias CSJ SL1944-2021, SL2360-2022, SL1794-2022, SL2192-2022 y que fue reiterado en las sentencias CSJ SL2881-2022, SL 1332-2023, en los siguientes términos:
Por ello, la Sala no accede a anular una cláusula concedida por un Tribunal de Arbitramento, porque simplemente y al mero juicio del impugnante luzca inequitativa; la exigencia es muchísimo mayor y la construcción jurisprudencial y para ello ha elaborado el concepto de inequidad manifiesta, es decir, protuberante, como aquella que se sale de cualquier parámetro de racionalidad y proporcionalidad. En este punto se dijo en la sentencia CSJ SL1944-2021, memorando la CSJ SL3349-2020:
Considera la Sala que la equidad, en materia del trabajo, es ante todo una expresión de justicia social que no es mensurable matemáticamente, pues ese dar a cada quien lo que merece según sus méritos o condiciones, se entrelaza necesariamente con las necesidades consideradas en cada caso en particular, que no siempre responden a un raciocinio estrictamente numérico, sino que implica una serie de valoraciones, de suyo subjetivas, como lo señala la impugnación, que tratan de objetivarse con miras a tomar la mejor decisión posible en un momento y en unas circunstancias determinadas.
Nótese que por mayor esfuerzo que haga un Tribunal de Arbitramento al motivar las razones por las cuales ha tomado una u otra decisión, nunca los operadores jurídicos externos tendrán el panorama completo para determinar con un grado que siquiera se aproxime a la certeza si lo decidido es equitativo o no, pues siempre carecerán de los elementos de juicio completos que usó el Colegiado para llegar a una u otra solución. En esas condiciones, la visión externa siempre será parcial e incluso parcializada, a partir de la óptica de intereses que se use para observar el resultado final.
Es por ello que, con miras a una posible anulación, la exigencia que ha decantado la jurisprudencia en estos casos, no es que una decisión sea inequitativa o no, sino que debe ser de tal magnitud dicha inequidad, que no quede otro remedio que calificarla de manifiesta, es decir, que tiene tal claridad, tal grado de evidencia, que no se requiere mayor elucubración para llegar a esa conclusión.
[…]
[…] la equidad es un concepto de difícil dilucidación, tiene métricas, pero no desde la óptica jurídica, sino más bien desde sus perspectivas económicas, sociológicas y antropológicas. Su mensura en sentido positivo es de difícil demostración, en tanto, en sentido negativo resulta más comprensible y por ello es que se habla de «inequidad» y del grado superlativo «manifiesta», para conjugar el concepto de «inequidad manifiesta». Con razón afirmó la Corte Constitucional en la ya citada sentencia SU-837-2002:
Si bien definir exactamente qué sea la equidad resulta difícil, como se anotó en el apartado 5.3, no cabe predicar lo mismo de la inequidad manifiesta. En relación con las decisiones de los árbitros, la inequidad manifiesta puede ser reconocida en forma objetiva, en cuyo caso la decisión que la comporta debe ser excluida del ordenamiento jurídico, en virtud de la constitucionalización del concepto de equidad y de la sujeción de los árbitros a la Constitución. La interpretación de la ley – artículos 458 CST y 143 CPT – de conformidad con la Constitución permite determinar cuándo se configura una inequidad manifiesta.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha venido depurando una doctrina sobre lo que constituye “inequidad manifiesta”. La Corte Constitucional es respetuosa de dicho desarrollo jurisprudencial puesto que ha sido construido por el órgano constitucional competente para controlar la equidad del contenido de los laudos arbitrales. De él se desprende que para concluir sobre la nulidad de un laudo arbitral el contenido de la decisión ha de ser extremadamente perjudicial y desequilibrado. En otros términos, no es menester verificar que el contenido del laudo sea equitativo, puesto que ello invadiría la órbita de los árbitros, sustituiría su criterio por el del juez y desconocería su amplia discrecionalidad. Para que un laudo sea declarado nulo por la Corte Suprema de Justicia no basta que sus resultados, es decir, el impacto que pueda derivarse del cumplimiento del laudo, no sean equitativos o que sean simplemente inequitativos. Deben serlo “manifiestamente”, esto es, que la inequidad sea fácilmente perceptible por ser protuberante. Si bien puede existir debate sobre lo que en concreto signifique “manifiestamente inequitativo”, lo cierto es que ello es determinable, a partir de criterios objetivos.
Por ende, los argumentos que presenta la empresa recurrente no apuntan a demostrar que el costo de lo concedido por el Tribunal tenga un impacto de tal magnitud que denote una manifiesta inequidad en el incremento anual de salarios del 1.1 adicional al incremento anual del salario mínimo mensual, y que desconoce la línea de esta Sala sobre los criterios que puede seguir el Tribunal cuando fija un incremento salarial, como se dijo en sentencias CSJ SL3132-2022, SL1944-2021, y SL2819-2019, así:
“[…] la Sala ha sostenido que, en sede del recurso extraordinario de anulación, el recurrente tiene la carga de demostrar con suficiencia que la decisión de los árbitros es contraria a los postulados de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, con lo cual debe indicar en concreto cuál es el costo real, cierto y actual de los beneficios extralegales del laudo arbitral, la situación financiera de la empresa y la incidencia de las prestaciones en la actividad económica, por lo que no basta con presentar alegaciones genéricas o abstractas, mediante las cuales se alegue simplemente que la decisión de los árbitros es inequitativa, por cuanto es necesario aportar pruebas suficientes que demuestren la manifiesta y protuberante inequidad, confrontando así la incidencia económica del laudo y la situación financiera de la empresa”.
Por lo dicho, se niega la nulidad del artículo séptimo del laudo. Tampoco se ordena la devolución del laudo solicitada, porque esta petición es infundada, pues el Tribunal, en efecto, tomó una decisión sobre el aumento de salarios.
La empresa recurrente controvierte la cláusula novena del laudo referente a la concesión de permisos sindicales, por considerarla inequitativa. La mencionada cláusula dice lo siguiente:
CLÁUSULA NOVENA: PERMISOS SINDICALES. Esta petición del Pliego se concede en los siguientes términos La empresa SEATECH INTERNATIONAL INC otorgará permisos sindicales remunerados a los miembros de la Organización Sindical USTRIAL, de la siguiente manera:
A). 3 días de permiso sindical mensual remunerado para cada uno de los miembros de la junta directiva para celebrar reuniones, atender asuntos propios de la organización sindical o asistir a asambleas o capacitaciones dentro o fuera de la ciudad. Estos tres días, no son adicionales a los que ya disfrutan, si no que este tribunal concedió un (1) día adicional.
B). 2 días de permiso sindical mensual remunerado para el resto de los miembros de la organización sindical para asistir a capacitaciones ya sea dentro o fuera de la ciudad.
Estos permisos no serán acumulables, y deben ser solicitados por escrito con un mínimo de antelación de 48 horas, con la justificación correspondiente. Negrillas de la Sala.
De acuerdo con lo anterior, el Tribunal concedió en total cinco días de permiso sindical, por mes y no acumulables, distribuidos así: tres, para ser usados entre los miembros de la junta directiva de la organización, y dos, entre el resto de los trabajadores sindicalizados. Además, la cláusula en cuestión exige que los permisos deben ser solicitados por escrito con un mínimo de 48 horas de antelación, con la justificación correspondiente, lo cual deja sin piso los argumentos de la censura consistentes en que esa decisión no consultó la razonabilidad y proporcionalidad.
Como se dijo al resolver la acusación de cara al aumento salarial, no basta la sola afirmación de que el beneficio concedido es inequitativo, por desproporcionado o irracional, sino que el recurrente tiene la carga de demostrar con suficiencia que la decisión del cuerpo arbitral es contraria a esos postulados, con lo cual debe indicar en concreto cuál es el costo real, cierto y actual, como también el perjuicio que le produce.
Lo anterior, por cuanto los permisos sindicales «…encuentran su fundamento en el artículo 39 de la Constitución Política, en concordancia con los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT, siendo, por lo tanto, deber del empleador otorgarlos». De tal manera que, para garantizar el equilibrio de derechos que debe existir en la relación entre empleador y trabajadores, y que su concesión no afecte el normal funcionamiento de las actividades de la empresa (sentencias CSJ SL 9347-2016; SL 8948-2017; SL 11218-2017; SL4293-2023), la Sala ha fijado los siguientes supuestos que debe cumplir la concesión de estos permisos: i) no pueden afectar el normal funcionamiento de la empresa; ii) no pueden constituir un beneficio de carácter permanente; iii) deben contar con una justificación razonable; iv) deben estar suficientemente determinados y, v) deben resistir el juicio de equidad.
Los anteriores supuestos se cumplen en la concesión de permisos que hizo el Tribunal en el caso de autos, sin que la empresa hubiese logrado desvirtuarlos. Por tanto, no se anulará la cláusula ni se devolverá el laudo.
La entidad recurrente anunció su disconformidad con la cláusula decimocuarta del laudo, sin embargo, en los argumentos expuestos, faltó sustentar el ataque en concreto respecto de su contenido, el cual es el siguiente:
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: AYUDAS PARA EL SINDICATO, Solicita el Sindicato USTRIAL un aporte mensual a partir de la firma del Laudo (sic), equivalente a (5) cinco SMMLV. Y un Auxilio (sic) de traslado equivalente a (4) SMMLV para asistir a capacitaciones fuera de la ciudad.
Respecto a esta solicitud el Tribunal de Arbitramento determinó negar el reconocimiento de aporte mensual para el sostenimiento del sindicato, toda vez que el mismo ya fue concedido en la petición N°.7. Por otra parte, el Tribunal Accede (sic) parcialmente en los siguientes términos:
1.Auxilio (sic) de desplazamiento para capacitaciones: La Empresa (sic) entregará al Sindicato un aporte equivalente a $550.000,oo, para la asistencia de la Junta Directiva (sic) a Asamblea (sic) o Junta General Nacional (sic). En caso tal que el traslado sea fuera de la ciudad este aporte corresponderá a un (1) SMMLV
La empresa reconocerá un único aporte semestral equivalente a $550.000, cuando sea necesario el desplazamiento a capacitación de un miembro del sindicato, que no sea de la junta directiva. En caso tal que el traslado sea fuera de la ciudad este aporte corresponderá a un (1) SMMLV.
En la sustentación de los cargos presentada por la censura, respecto de la cláusula decimocuarta, la Sala solo encuentra una mención tangencial efectuada cuando atacó la concesión de los permisos sindicales, donde se dijo «…lo cual se presta a abusos cuando claramente el sindicato no tiene sede distinta a la establecida en la ciudad de Cartagena…».
Esa manifestación no contiene un argumento racional que amerite ser analizado por la Sala para definir si tal concesión es inequitativa o no, bajo el supuesto que la razón general que presentó la censura para recurrir el laudo fue la inequidad.
Lo anterior basta para desestimar la petición de nulidad y devolución del laudo con relación a la cláusula decimocuarta, tomando en cuenta también lo que la Sala dijo atrás sobre la carga de sustentación que debe cumplir el recurrente cuando acusa la inequidad del beneficio concedido. Por tanto, no se anulará este punto.
Por último, la empresa se lamentó de que Tribunal dejara por fuera lo relativo al procedimiento disciplinario, así no hubiese sido objeto de denuncia, y que debió incorporarlo al presente laudo para que no haya varios laudos con el mismo sindicato produciendo efectos.
No tiene razón la empresa en este reparo, toda vez que la competencia del tribunal está limitada al contenido del pliego de peticiones que no hubiese sido objeto de acuerdo entre las partes en la etapa de arreglo directo. Así que el Tribunal no incurrió en omisión alguna en este aspecto y no se devolverá.
Sin costas a cargo de la entidad recurrente, dado que no hubo réplica.
RECURSO DE ANULACIÓN DE UNION SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA (USTRIAL)
El Sindicato presentó recurso para que la Sala revise el laudo arbitral y module los efectos de algunas decisiones arbitrales que contiene.
Con fundamento en las sentencias CSJ SL, 15 may. 2007, rad. 31381, y SL17703-2015, la organización sindical peticionó a la Sala que module ciertas disposiciones contenidas en el laudo arbitral para evitar que sean altamente inequitativas para el Sindicato frente a otras de su misma clase, y, por esta misma razón, pidió que se devuelva el laudo al Tribunal para que le sea concedido el auxilio por calamidad, tal como se pasa a exponer a continuación:
Cláusula segunda del laudo arbitral. Auxilio de funcionamiento sindical.
El Sindicato consideró abiertamente inequitativo en perjuicio suyo al solo conceder un SMMLV durante la vigencia del laudo arbitral por este concepto, violatorio del derecho a la igualdad previsto en el art. 13 de la Constitución, en la medida que otras organizaciones sindicales, por ejemplo, SINTRATEC, tienen reconocido dos SMMLV para su funcionamiento.
El Sindicato argumentó que otras organizaciones de trabajadores tienen los mismos gastos de funcionamiento, por tanto, no es posible que se afecte a una organización sindical frente a la otra de su misma clase, y más cuando ninguna de las dos son un sindicato mayoritario.
La censura considera que el principio de equidad no es desequilibrar a una de las partes en beneficio de la otra, sino que consiste en un equilibrio económico entre las partes. Pero, en su criterio, en el presente caso, existió un desequilibrio en contra suya y en beneficio de la empresa, otorgando solo un SMMLV durante la vigencia del laudo, cifra que no es suficiente para el sostenimiento del Sindicato.
En consecuencia, la organización sindical solicita que se module la decisión por ser inequitativa a sus intereses y, en ese orden, pide se reconozca dos SMMLV de forma mensual durante la vigencia del laudo arbitral, como auxilio sindical.
Clausula cuarta- auxilio de lentes.
El Sindicato solicitó a la Sala que anule parcialmente y/o module parte del contenido de la cláusula, con el fin de evitar confusiones al momento de ser aplicada, en atención a que estima que la redacción es confusa.
Luego de trascribir la cláusula en cuestión, la organización recurrente sostuvo que, en dicho texto, se establecieron dos palabras contradictorias, como son más económica y más onerosa, lo que podría conllevar a la inaplicación del beneficio laboral en perjuicio de los derechos laborales conquistados.
Por lo anterior, solicita que se anule parcialmente y/o module la decisión a fin de que sea clara en su redacción o, en su defecto, se devuelva al Tribunal para efectos que precise el alcance y contenido de la cláusula antes indicada.
Clausula séptima – aumento salarial.
La organización sindical manifestó que, al momento de presentar el pliego de peticiones, solicitó el incremento salarial para sus afiliados equivalente al aumento del Gobierno Nacional, más un porcentaje de diez puntos, y que pasaron casi tres años desde que fue presentado el pliego, pero el fallo arbitral no mejoró las condiciones laborales de los trabajadores, más si se tenía en cuenta la demora en que se ha incurrido para solucionar el conflicto.
Alegó que no se podía ocultar el deterioro económico del poder adquisitivo de los trabajadores y, por ende, no se le podía negar el aumento salarial pretendido desde el 2019, ya que el hecho de que el conflicto no se hubiera solucionado en la etapa de arreglo directo, no enerva el derecho que le asiste a los trabajadores de su incremento salarial de acuerdo con el IPC, para que los mismos no pierdan su poder adquisitivo.
En consecuencia, el Sindicato considera inequitativo para los trabajadores la decisión de negar la retrospectividad, ya que, en beneficio de la empresa, solo reconoció el incremento a partir de la vigencia del laudo arbitral. Recordó la jurisprudencia de 15 mayo 2007, rad. 31381, que indica que las disposiciones arbitrales pueden tener efectos retrospectivos, en relación con las disposiciones salariales, para corregir eventuales desequilibrios generados por la prolongación del conflicto colectivo.
En atención al desequilibrio económico presentado por la prolongación del conflicto colectivo, el Sindicato solicita a esta Sala Laboral que module la disposición, en el entendido que el aumento es retrospectivo, con un porcentaje de incremento que se fije para el salario mínimo más cinco puntos porcentuales.
Clausula décima primera. Bonificación por firma del laudo arbitral o convención colectiva.
El Sindicato acusó de inequitativo y violatorio del derecho a la igualdad del art. 13 de la Constitución, en perjuicio de los afiliados de USTRIAL, el conceder solamente doce días de salario a cada uno de los miembros de la organización sindical, en la medida que, a otras organizaciones sindicales, por ejemplo, SINTRALIMENTICIA, le fue reconocido a sus afiliados 15 días de salario por la firma del laudo arbitral.
Señaló que fue el mismo Tribunal de arbitramento obligatorio quien estimó que la organización sindical SINTRALIMENTICIA se asemeja más a USTRIAL, en cuanto al número de afiliados. Por tanto, considera inequitativo y desigual reconocer 15 días de salario por la suscripción del laudo arbitral a los afiliados de SINTRALIMENTICIA, mientras que a los afiliados a USTRIAL solo les es reconocido 12 días de salario.
Anotó que el Tribunal no indicó a que se debió tal disminución, cuando se tratan de dos organizaciones sindicales similares, tal como lo expusieron los mismos árbitros.
En orden con lo anterior, el Sindicato peticionó que se module la decisión por ser inequitativa y se reconozca 15 días de salario como bonificación por firma de laudo arbitral.
Clausula décima segunda. Auxilio de calamidad.
La censura se lamentó de que el Tribunal de arbitramento no concediera esta cláusula bajo el argumento de que las normas laborales vigentes prevén eventos de calamidad doméstica y, por tanto, no era necesario el otorgamiento de este beneficio.
Señaló que esta decisión también es inequitativa y discriminatoria, siendo violatoria del derecho a la igualdad previsto en el art. 13 de la Constitución, en la medida que, a otras organizaciones sindicales, por ejemplo, SINTRALIMENTICIA, le reconocen a sus afiliados hasta cuatro días hábiles de permiso no remunerado para atender calamidad doméstica. Para corroborar su dicho, citó el texto del art. 9 del Laudo Arbitral de 23 de mayo de 2018 que resolvió el conflicto colectivo entre SINTRALIMENTICIA y SEATECH INTERNATIONAL INC lo referente a la calamidad doméstica por incendio de la casa del trabajador.
Teniendo en cuenta lo anterior y al estimar que ambas organizaciones sindicales son similares en cuanto a sus afiliados, el Sindicato solicitó que sea devuelto el laudo arbitral al Tribunal para que se pronuncien de fondo sobre la petición auxilio de calamidad.
RÉPLICA
Dentro del término del traslado, la empresa presentó un escrito, sin embargo, tal escrito es el mismo recurso de anulación que fue presentado ante el Tribunal.
CONSIDERACIONES
La organización sindical presentó recurso de anulación para que, conforme a las sentencias CSJ SL de 15 de may. 2007, no. 31381, y SL17703-2015, esta Sala «module» los efectos de las cláusulas segunda (auxilio de funcionamiento sindical), cuarta (auxilio de lentes), séptima (aumento salarial) y décimo primera (bonificación por firma de laudo arbitral o convención colectiva), para evitar que sean altamente inequitativas. Por otra parte, pidió la devolución del laudo para que el Tribunal se pronuncie de fondo sobre la petición del auxilio de calamidad, por estar probado que USTRIAL es igual a la organización SINTRALIMENTICIA, por tanto, es merecedora de los beneficios por calamidad doméstica en aras de la igualdad.
De acuerdo con la sustentación de los cargos, lo que la organización sindical pretende de la Sala es que modifique las decisiones contenidas en los puntos acusados, en primer lugar, para que sean iguales en los montos de beneficios similares existentes a favor de otra organización sindical, en virtud de otros acuerdos colectivos o laudos arbitrales vigentes con la empresa (auxilio de funcionamiento del Sindicato y bonificación por firma de laudo o convención colectiva); en segundo lugar, por tener una redacción ambigua u oscura (auxilio de lentes); y, por último, porque negó el auxilio por calamidad y los efectos retrospectivos al aumento salarial.
Para negar las peticiones del Sindicato, la Sala se remite a lo que ya dijo en la presente sentencia, cuando decidió el recurso de anulación de la empresa, respecto del ámbito de competencia de la Sala de cara al recurso de anulación de laudos arbitrales en equidad, y reitera la jurisprudencia sobre cuál es el objeto de la facultad de modulación del laudo, para indicar que no corresponde a los fines que persigue la organización sindical con el presente recurso, puesto que con él lo que realmente busca el Sindicato es mejorar el monto de ciertos beneficios que fueron concedidos por el Tribunal y que se le conceda uno que no fue otorgado (auxilio por calamidad), en tanto que, por otra parte, la cláusula sobre el auxilio de lentes que acusa de ambigüedad u oscuridad en el texto no amerita aclaración por parte de esta Sala.
Sobre la modulación, tal como se recordó en el fallo CSJ, SL, 25 nov. 2008, rad. 37482, reiterado, entre otros, en el fallo CSJ SL2619-2021, SL4089-2022 y SL4312-2022, la competencia de la Corte de anular o no anular las disposiciones del laudo fue atenuada por la Sala a partir de la sentencia CSL SL, 15 may. 2007, rad. 31.381, en el sentido de considerar permisible cierta modulación de los efectos del laudo arbitral que, sin sustituir con ello la orientación esencial de la voluntad del juez en equidad, permita alcanzar a través de éstos un verdadero contenido en términos de equidad.
En efecto, en dicha providencia, se asentó:
[…] Bajo esta premisa ha sido tradicional la postura de la Sala de comprender dentro de los juicios de regularidad jurídica del laudo, aspectos de contenido económico, cuando se advierten situaciones de ostensible inequidad.
La justicia material que se pretende con esta postura, alcanza un mayor grado de realización, si los juicios de legalidad o de equidad no sólo son aquellos que sirven para fundamentar la elección entre el blanco y el negro, sino para diferenciar los matices entre ellos.
De esta manera, la Sala corrige su postura tradicional de pronunciarse en sede del recurso de homologación contra un laudo arbitral que resuelve un conflicto colectivo sólo en los términos de declarar escuetamente su exequibilidad o la nulidad, y en su lugar admitir la posibilidad de hacerlo condicionadamente, introduciendo precisos elementos que modifiquen el significado, alcance, o entidad de una cláusula, para despojarlas de los rasgos jurídicos o económicos que la hacen ilegal o inequitativa, en aras de salvar las garantías o beneficios que ofrece el Tribunal de Arbitramento; esto es, preservar y no sustituir el sentido principal de la voluntad de los árbitros.
Teniendo en consideración la anterior línea de pensamiento, no se accederá a la modulación pretendida por el recurrente, por lo siguiente:
Lo que el recurso plantea como modulación, en el fondo, entraña una modificación a lo decidido por el cuerpo arbitral, actividad que le está vedada a la Corte, dados los límites de competencia que le asiste, en tanto, como se explicó, la Sala solo ha aceptado de manera excepcionalísima la modulación, cuando, para preservar la voluntad del Tribunal, se hace necesario precisar, aclarar o sanear algunas notas o frases que, de no existir, la disposición es perfectamente rescatable (CSJ SL8157-2016).
La modulación es un instrumento que permite alterar el texto de la disposición arbitral para darle viabilidad, pero no para acomodarla a los intereses de los contendientes (CSJ SL3693-2020), como es lo pretendido por la impugnante.
En esencia, el recurrente confunde la tarea de la Corporación, al solicitarle, en la práctica, una decisión de reemplazo con respecto a la función del juez del conflicto de intereses, dado que lo que pretende es poner a la Corte en una posición de juez en equidad, a efecto de reexaminar el conflicto (CSJ SL1740-2019).
Cuando las disposiciones arbitrales son negativas, no resisten la más mínima modulación pues, entiende la Corte que, si procede en tal sentido, estaría sustituyendo, en lo esencial, la voluntad del cuerpo arbitral.
Bajo el supuesto de que la razón de ser de la modulación es la de conservar la esencia de la decisión arbitral y obtener la eliminación o supresión de aquellos elementos o rastros de ilegalidad o inequidad vertidos en la cláusula, para privilegiar la decisión en equidad en vez del vacío que deja la nulidad por la falta de competencia de la Sala para dictar la decisión de remplazo, los motivos que deben argüirse por el recurrente son los mismos previstos para la anulación del laudo, pero con un propósito distinto, es decir, orientado no a obtener la anulación total de las disposiciones, sino a salvaguardar su contenido primordial mediante la modificación o supresión de aquellos aspectos accesorios que entren en contradicción con el orden jurídico y mínimos estándares de equidad.
Lo acabado de decir, se contrapone a los intereses del recurrente, dado que lo pretendido por él de la Sala es que dicte una decisión sustituta de la que profirió el Tribunal, lo cual es improcedente en el ámbito del recurso de anulación.
Respecto de la supuesta ambigüedad que plantea el Sindicato por las expresiones «más económica» y «más onerosos» contenidas en la cláusula cuarta, sobre el auxilio de lentes, corresponde decir que la lectura del texto de la citada cláusula no arroja ninguna ambigüedad, oscuridad o contradicción respecto de las condiciones en que fue concedido tal beneficio. El texto es el siguiente:
CLÁUSULA CUARTA: AUXILIO DE LENTES: Este TRIBUNAL decide que en el evento en que un trabajador afiliado a USTRIAL obtenga una prescripción médica proveniente de un facultativo adscrito en las entidades del sistema a las cuales se encuentre afiliado el trabajador, le formule la utilización obligatoria de lentes y estos resulten, en su cotización más, económica, más onerosos que el valor de lo que reconozca la EPS, SEATECH le dará un auxilio de hasta medio salario mínimo mensual legal vigente, una vez al año, previa entrega de todos los documentos que soporten tanto la prescripción, como las cotizaciones respectivas, el valor que reconoce la EPS y con posterioridad la factura donde conste que efectivamente ese auxilio se utilizó para tal fin. (La Sala destaca las palabras que, según la censura, son contradictorias).
De acuerdo con el texto de la cláusula en comento, el auxilio de lentes se concede cuando la cotización más económica de los lentes resulta más onerosa o de mayor valor de lo que reconoce la EPS. En otras palabras, lo que dice la citada cláusula es que se deberá conceder el auxilio de lentes por el empleador cuando resulta una diferencia entre el valor que reconoce la EPS por concepto de lentes y el valor de la cotización más económica de estos que presente el trabajador a la empresa. Por tanto, contrario a lo que dice el recurso, la citada cláusula es suficientemente clara y no amerita modulación alguna.
Respecto de la devolución del laudo, para que el Tribunal se pronuncie sobre el auxilio por calamidad, en atención al principio de igualdad entre organizaciones sindicales, corresponde reiterar por la Sala que, para efectos de examinar la inequidad del laudo, no puede efectuarse la comparación con lo que otras organizaciones sindicales obtuvieron precisamente en un proceso propio de autocomposición con el empleador. En idéntico sentido se asentó recientemente en las providencias CSJ SL 4089-2022 y SL1794-2022.
La Sala ya se ha ocupado sobre el tema de la aplicación del principio de igualdad entre los diferentes instrumentos que pueden regular las relaciones colectivas al interior de una empresa, en particular, cuando de alguna manera han sido utilizados como parámetro o guía para el pronunciamiento del tribunal que, se itera, tiene por norte siempre la equidad, fundamentada en la racionalidad y proporcionalidad, para concluir que no se trasgrede tal principio por el simple hecho de que una concesión u otorgamiento difiera de otra existente, o vigente para otro grupo de trabajadores sindicalizados. Así lo explicó la Corte en la sentencia CSJ SL5693-2021:
[…]
la equidad, valga decir, en el contexto propuesto por la recurrente la igualdad, no requieren de la identidad de beneficios provenientes de distintos conflictos económicos cuyas partes sean sindicatos distintos; ni exigen que todos los trabajadores tengan idénticos beneficios en términos numéricos, así sean provenientes de diversos instrumentos colectivos. La Sala ha dicho que la incorporación de distintos beneficios en diversos instrumentos colectivos dentro de la misma empresa no refleja la vulneración de la equidad del laudo, que es lo llamado a evaluarse en sede de anulación
En ese orden de ideas, si bien el juez en equidad puede tomar en consideración lo dispuesto en los pactos o convenciones colectivas preexistentes en la empresa para informar su juicio, esto no significa que esté irredimiblemente obligado a trasplantar o reproducir en idénticos términos los beneficios de esos estatutos o que necesaria y rigurosamente deban ser superiores a los que, se repite, fueron fruto de la autocomposición de los protagonistas sociales.
En esta dirección, una respuesta favorable a una petición del pliego no significa obligatoriamente que deba plasmarse en los mismos términos en que fue pedida, pues el cuerpo arbitral en aras de proporcionar soluciones balanceadas está habilitado para condicionar, ajustar, modular o atemperar las peticiones a los dictados de la justa razón y la equidad e, incluso, prescindir de hacer este ejercicio de integración, ya que la remisión a esos acuerdos es potestativa mas no obligatoria. (CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 53118, CSJ SL4458-2018 y SL3491-2019, SL5693-2021).
Debe memorarse que, el sistema de pluralidad sindical que en la actualidad rige en Colombia, permite a cada asociación sindical iniciar autónomamente un conflicto colectivo y conquistar derechos idénticos o diferentes, mejores o superiores a los de otras organizaciones gremiales. Así, el diseño legal, tal cual como está concebido, le otorga autonomía a cada conflicto colectivo y a los instrumentos normativos producidos en él (CSJ SL4458-2018).
Adicionalmente, el Tribunal sí se pronunció de fondo respecto del auxilio por calamidad, dado que, con base en las pruebas allegadas al expediente, determinó en equidad que «no concederá más de lo que las normas laborales vigentes prevén para los casos de CALAMIDAD DOMÉSTICA».
En vista de que la petición sí fue resuelta por el Tribunal, se memora una vez más la añeja doctrina de la Corte, según la cual solamente resulta procedente devolver el expediente cuando se hallare «que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria». Más aún, si en el laudo se resolvió negar u otorgar peticiones del pliego, en el supuesto de que esa decisión deba ser anulada por manifiesta inequidad, por haber extralimitado el objeto para el cual se le convocó o por afectar derechos o facultades de los partes reconocidos por la Constitución Política, por las leyes o por normas convencionales vigentes, no le es dado a la Corporación devolver el expediente para que se pronuncie nuevamente.
De suerte que, esta Sala solo tiene competencia para devolver en el laudo cuando se haya proferido una decisión inhibitoria o declarado la falta de competencia para resolver una petición para la que sí está facultado el Tribunal. Por tanto, se itera, es improcedente la devolución del laudo en los eventos en que haya negado totalmente o acogido parcialmente una petición con fundamento en un razonamiento de equidad, como efectivamente aquí sucede (CSJ SL3491 2019 y SL4089-2022).
Sean las anteriores razones suficientes para no anular, no modular ni devolver las disposiciones arbitrales controvertidas por la organización sindical.
Sin costas, dado que no hubo réplica por la empresa, puesto que el escrito presentado por ella en el traslado respectivo se trata del mismo recurso de anulación que presentó en su oportunidad.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: NO ANULAR el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento el 17 de agosto de 2022, con ocasión del conflicto colectivo suscitado entre SEATECH INTERNATIONAL INC y la UNION SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA (USTRIAL).
SEGUNDO: Sin costas.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Ministerio del Trabajo para lo de su competencia.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Aclaro voto parcial
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Aclaro voto
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación no 95228
Con el acostumbrado respeto por la decisión que adoptó la Sala y, como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, aclaro mi voto toda vez que, a mi juicio, (i) la manifiesta inequidad no constituye causal de anulación y, (ii) en sede de este recurso extraordinario, la Corte no tiene la facultad para modular las determinaciones que, en equidad, adoptan los tribunales de arbitramento. Lo anterior, por las razones que expongo a continuación:
Manifiesta inequidad como causal de anulación
La mayoría de la Sala considera que, en el trámite del recurso de anulación, su competencia se extiende a: «i) verificar la regularidad del laudo arbitral, proferido con ocasión de un conflicto colectivo de intereses; ii) corroborar que el Tribunal de Arbitramento no haya extralimitado el objeto para el cual fue convocado; iii) examinar que la decisión no haya vulnerado derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes; iv) analizar que no contenga cláusulas abiertamente inequitativas para alguna de éstas; y v) devolver a los árbitros el expediente en el evento que no hayan decidido temas o aspectos sobre los cuales tienen competencia», (CSJ SL17703-2015 reiterada en SL5227-2018). No obstante, en mi criterio, el campo de acción que, en estos asuntos, la ley le otorga a la Corte no consulta tal amplitud.
En efecto, conforme a los artículos 458 del Código Sustantivo del Trabajo y 143 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, la función de esta Corporación se restringe a: (i) examinar que la decisión no vulnere derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes, (ii) corroborar que el Tribunal de arbitramento no extralimite el objeto para el cual fue convocado y decida todos los puntos respecto de los cuales debía pronunciarse por tener competencia para ello.
Por tanto, considero que no es viable que la Corte analice las cláusulas del laudo arbitral bajo la acusación de ser abiertamente inequitativas, toda vez que ni la normativa procesal ni la sustancial laboral contemplan tal motivo de anulación; luego, dicha postura carece de justificación legal, sin que sea pertinente que el juez elabore una interpretación extensiva al respecto, pues, por tratarse de un medio de impugnación extraordinario, el mismo es rogado, dispositivo, taxativo y debe limitarse a las causales específicamente autorizadas por el legislador.
Además, los jueces laborales unipersonales y colegiados tienen competencia para resolver conflictos jurídicos; esto es, los relativos a la interpretación y aplicación de normas preexistentes. Sus decisiones son en derecho y, por mandato del artículo 3º del código adjetivo en cita, no conocen de conflictos económicos cuyo fin es la creación o modificación de beneficios laborales.
Así, a diferencia de los jueces arbitrales, quienes edifican su decisión en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, las providencias que emiten los jueces laborales deben sustentarse en argumentos jurídicos y conforme a los supuestos fácticos y el acervo probatorio que las partes pongan a su disposición y los medios de convicción que, eventualmente, decreten de oficio, por considerarlos pertinentes, conducentes y necesarios para esclarecer el asunto.
Al respecto, esta Sala ha reiterado que, «mientras en las sentencias ordinarias se exige una argumentación estrictamente jurídica, fáctica y probatoria, el laudo en equidad se estructura a partir del sentido común, las reglas de la persuasión racional, la apreciación objetiva de los hechos probados, las posiciones de las partes y la naturaleza del conflicto», (CSJ SL1062-2023).
En tal sentido, cuando la Corte examina la eventual inequidad de un beneficio del laudo arbitral, desconoce su obligación de interpretar y aplicar normas preexistentes. En su lugar, realiza juicios de valor acerca de la equidad o inequidad de un beneficio conforme al estudio de los diferentes aspectos económicos y financieros que permean el conflicto, circunstancia aquella que, como se expuso, le está vedado por ley.
En otros términos, cuando la Sala se ocupa de verificar que el contenido del laudo sea equitativo, invade la órbita de los árbitros al sustituir el criterio de estos por el del juez y desconoce la amplia discrecionalidad que aquellos tienen de fallar con fundamento en razonamientos de proporcionalidad y razonabilidad.
Considero, además, que el análisis de la inequidad manifiesta de una cláusula arbitral, implica el desconocimiento del derecho a la igualdad de las partes, en tanto pone a las organizaciones sindicales en una situación de desventaja frente a sus empleadores.
Lo anterior, por cuanto, en la práctica, únicamente estos últimos podrán acudir a esa causal jurisprudencial para solicitar la anulación de una prerrogativa, que, de ser viable, les significará una ganancia.
No obstante, la situación de los sindicatos es distinta. En efecto, recuérdese que, en el trámite del recurso de anulación, la Sala no tiene competencia para devolver el laudo a los árbitros cuando niegan una petición, ni tampoco decidir en lugar de ellos; de ahí que si el juez de la heterocomposición niega o concede parcialmente un beneficio y la organización sindical acude en anulación por considerar que tal decisión es inequitativa, la Corte no podrá devolver el asunto al Tribunal para obtener de él un nuevo pronunciamiento que consulte los intereses del sindicato y, menos aún, suplir el examen de lo pretendido y adoptar cualquier determinación en su remplazo.
Por último, considero que el abstenerse de estudiar las cláusulas atacadas por «inequidad manifiesta» constituye un método suasorio para que el diálogo social fluya y las diferencias o conflictos que se susciten sean resueltos directamente por sus actores, todo, en consonancia con los mecanismos destinados a facilitar la negociación colectiva, entre ellos la revisión de las cláusulas de la convención o del laudo que se consideren onerosas; postura que coincide con el criterio que el Comité de Libertad Sindical ha referido en sus recomendaciones, por ejemplo, en el párrafo 1326 señaló:
Si bien ciertas reglas y prácticas pueden facilitar el desarrollo de la negociación colectiva y contribuir a promoverla, y si algunas medidas pueden facilitar a las partes el acceso a ciertas informaciones, por ejemplo, sobre la situación económica de su unidad de negociación, sobre los salarios y condiciones de trabajo en unidades vecinas y sobre la situación económica general, todas las legislaciones por las que se instituyen organismos y procedimientos de mediación y conciliación destinados a facilitar la negociación entre copartícipes sociales deben salvaguardar la autonomía de las partes implicadas en la negociación. Por todo lo anterior, en lugar de conferir a las autoridades públicas poderes de asistencia activa, e incluso de intervención, que les permitan hacer prevalecer su punto de vista, es más conveniente tratar de convencer a las partes implicadas en la negociación que por su propia voluntad deben tener en cuenta las razones capitales relacionadas con las políticas económicas y sociales de interés general que el gobierno ha mencionado (resaltado fuera del texto original).
En conclusión, a mi juicio la inequidad de una cláusula no constituye causal de anulabilidad de los laudos arbitrales por no estar contemplada en la ley y, en consecuencia, cuando las partes acudan a tales argumentos, los mismos deben rechazarse.
(ii) Facultad de la Corte para modular las determinaciones de los tribunales de arbitramento.
De tiempo atrás la mayoría de la Sala ha considerado que, al resolver un recurso extraordinario de anulación, puede adoptar alguna(s) de estas resoluciones: (i) anular, (ii) no anular, (iii) devolver el expediente a los árbitros, o (iv) excepcionalmente modular la decisión arbitral (CSJ SL8157-2016, CSJ SL3491-2019 y CSJ SL5506-2021).
Ahora, en cuanto a esta última posibilidad -modulación- la Sala ha establecido que la misma procede cuando es necesario interpretar o aclarar diferentes aspectos o frases del laudo, a fin de eliminar posibles elementos distorsivos que puedan afectar su legalidad e integridad, de manera tal que logre mantenerse la voluntad de los árbitros, así como el contenido esencial del beneficio que se cuestiona a (CSJ SL17703-2015, CSJ SL8157- 2016, CSJ 2809-2020, CSJ SL416-2022 y 2789-2022).
Al respecto, considero que la modulación de una cláusula arbitral no es una posibilidad técnica en el marco del recurso de anulación.
En primer lugar, reitero, el diálogo social constituye la herramienta idónea y apropiada para sortear las complejidades derivadas de la interpretación o aplicación de las normas colectivas. En tal sentido, en mi criterio, de existir alguna frase o palabra en el laudo que ofrezca duda acerca de su real sentido, son los actores sociales quienes, en principio, pueden convenir su alcance, en uso de su autonomía colectiva y en una cultura de diálogo y cooperación, más no a través del litigio, vía recurso de anulación.
De igual modo, en caso de que ello no sea posible y entre las partes no exista acuerdo, es el juez ordinario del trabajo el competente para definir la interpretación de la norma, a través de los métodos y principios de la hermenéutica jurídica que sirven de guía en la interpretación de las normas laborales para lograr soluciones justas y equilibradas.
En segundo lugar, si de lo que se trata es de una expresión que no sea clara o implique errores en palabras frases o conceptos del laudo, es deber de las partes acudir al remedio procesal de que trata el artículo 285 del Código General del Proceso, pero ante el misma Colegiado que lo profirió, sin que, a mi juicio, la Sala pueda abrogarse tal función al resolver el recurso extraordinario de anulación, a través de la figura de la modulación.
Conforme a lo discurrido, aclaro el voto.
Fecha ut supra
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
ACLARACIÓN DE VOTO
Empresa: Seatech International INC
Sindicato: Unión Sindical de Trabajadores de la Industria Alimenticia - USTRIAL.
Radicación: 95228
Magistrado Ponente: Omar Ángel Mejía Amador
Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala y tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, manifiesto que aclaro el voto en cuanto a lo decidido por incremento salarial y permisos sindicales, que la empresa recurrió por la causal de inequidad manifiesta, así como por lo expuesto en las consideraciones generales, en las que la Corte se refiere a la posibilidad de acudir a ese motivo para obtener la anulación del laudo arbitral, no obstante que ello no está consagrado como causal en la ley, ni explícita ni implícitamente.
Este criterio lo he expuesto en múltiples oportunidades, para lo cual basta transcribir las consideraciones que la han soportado:
[...] la «inequidad» no constituye una causal de anulación. En efecto, pese a que la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado que las partes pueden recurrir en anulación cuando consideren que la cláusula laudada es manifiestamente inequitativa (CSJ SL, 23 nov. 1988, rad. 3041; CSJ SL, 14 nov. 1995, rad. 8324; CSJ SL, 6 oct. 1997, rad. 10263; CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 23265; SL14391-2015, SL1076-2017, entre muchas otras), en mi criterio, ello no es jurídicamente admisible, pues no existe norma alguna que contemple tal motivo o causal; además, que se aparta del entendimiento, alcance, finalidad y sentido de los procedimientos arbitrales.
Para sustentar lo anterior, he señalado que el recurso de anulación está en el catálogo de los medios de impugnación extraordinarios, lo que implica que la competencia que tienen los jueces al resolverlo es rogada, dispositiva y taxativa; y deben sujetarse a las estrictas y precisas causales o motivos que contempla la ley para acudir a él. Bajo esa perspectiva, no es dable crear otras causales de procedencia en este tipo de recursos, pues ello lesiona el principio de legalidad.
Además, adviértase que de la legislación sustancial laboral y procesal únicamente se extraen dos causales o motivos de anulación, ambas relacionadas con aspectos competenciales. La primera está contemplada en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que estipula que el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes», como cuando la decisión interfiere indebidamente en el núcleo esencial del derecho constitucional de empresa, o atenta contra los referentes basilares del derecho fundamental a la negociación colectiva, por ejemplo al resolver puntos que fueron concertados directamente por las partes, tal y como expresamente lo prohíbe dicho precepto. Y la segunda, está en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el Tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado, esto es cuando decide más de lo pedido o por fuera de lo pedido, o no desata todos los puntos sobre los cuales debía pronunciarse teniendo competencia para ello.
Nótese entonces que la «inequidad manifiesta» no está expresamente establecida en el estatuto sustancial o procesal laboral ni puede inferirse de alguna manera de las normas que regulan este recurso extraordinario, por lo que carece de toda justificación legal tenerla como motivo válido de anulación.
Y llama la atención el hecho que el legislador únicamente haya establecido dos motivos de anulación estrictamente relativos a la competencia de los árbitros, excluyendo totalmente cualquier otra facultad que expresamente permita calificar, valorar o interpretar el juicio de equidad que emplean los árbitros para dirimir un conflicto colectivo de trabajo, que es lo que a mi juicio efectúa la Corte cuando se pronuncia sobre el carácter manifiestamente inequitativo de una cláusula del laudo.
En efecto, cuando la Sala aborda el análisis de este tipo de alegaciones no hace otra cosa que emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las estimaciones que en equidad dictaron los árbitros, actuación que, reitero, es ajena a las precisas y extraordinarias facultades competenciales del juez de anulación.
Por otra parte, estas valoraciones y calificaciones que a menudo hace la Sala cuando en el recurso de anulación se alega que las decisiones de los árbitros son ostensiblemente inequitativas, se oponen a un criterio que también es inveterado en la Corte, relativo a que son únicamente aquellos quienes pueden decidir en equidad. En efecto, si un juez determina si una decisión es o no inequitativa, está haciendo, sin duda alguna, un juicio de equidad, pues califica, valora o interpreta la decisión, de allí que tal requisito adicional se enfrente a una contradicción lógica con el propio criterio jurisprudencial en vigor.
Ahora, los precisos motivos de anulación permiten entender que el arbitramento está diseñado y concebido para tramitarse en una sola instancia a fin que a través del laudo arbitral el conflicto termine de manera definitiva, sin más cortapisas y trámites que lo alarguen y desdibujen el carácter expedito que debería caracterizar a todo proceso de negociación colectiva. De allí que su principal objetivo sea la salvaguarda del debido proceso de las partes y cualquier otro cuestionamiento que salga de este marco competencial y aluda a calificar, interpretar o valorar la decisión de fondo de los árbitros, deba rechazarse.
En otros términos, el recurso de anulación persigue que se garantice la regularidad del laudo, como textualmente lo señala el artículo 143 mencionado. Así, no está establecido para provocar una resolución de fondo ni juzgar el juicio de equidad que realizan los árbitros.
Lo anterior implica entender que la revisión en anulación debe ser extraordinaria y excepcional, y únicamente concierne a ejercer un control posterior respecto a la competencia de los árbitros en los términos explicados.
Asimismo, al revisar otras disposiciones que regulan el arbitraje en Colombia, como las que resuelven asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas, destaco que de las causales de anulación que enlista el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, todas ellas hacen referencia a cuestiones procedimentales. De hecho, este compendio legal en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolver el recurso extraordinario «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo». Tal exigencia normativa, por su rotunda claridad, no merece mayor interpretación: el juez de anulación no puede calificar ni modificar el criterio de los árbitros.
Sobre este punto, el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que por vía del recurso de anulación no es dable, bajo ninguna circunstancia, emprender el estudio del caso como si fuese una segunda instancia ni para calificar las motivaciones, valoraciones o interpretaciones que realicen los árbitros, pues la finalidad esencial de este medio de impugnación únicamente radica en garantizar el debido proceso de las partes (CE, Sección Tercera, 19 jun. 2019, rad. 11001-03-26-000-2018-00109-00 -61809-). Precisamente en esta decisión indicó:
“En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo. De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar “los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.
De modo que cuando la Sala juzga las valoraciones de equidad que hacen los árbitros y califica o determina si es protuberante o manifiestamente inequitativa, sin duda están habitando en un terreno ajeno al objetivo de este recurso extraordinario. Lo anterior porque, reitero, el arbitraje laboral está concebido como el mecanismo a través del cual los interlocutores sociales terminen de forma definitiva sus diferencias cuando les ha resultado imposible resolverlas por sí mismas, al paso que el recurso de anulación es una garantía que se erige como una salvaguarda de procedimiento que permite verificar que las reglas de competencia se han cumplido con rigor.
Debo señalar adicionalmente que la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia al requisito de inequidad manifiesta genera problemas procesales de constitucionalidad, pues el sindicato está situado en una posición desigual en relación con el empleador. Adviértase que las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto. En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden pedir su anulación.
Lo anterior significa que la Corte únicamente puede juzgar las valoraciones que en equidad realizaron los árbitros cuando el afectado es el empleador, pero no cuando la decisión injusta o protuberante inequitativa afecta al sindicato, de modo que este está en clara desventaja. Así, la jurisprudencia vigente compromete seriamente el derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 4.° del Código General del Proceso.
En esta perspectiva, la Sala debió rechazar los reparos que el sindicato fundó en una supuesta inequidad y no abordar su estudio, por lo que al respecto salvo mi voto.
Asimismo, en cuanto a las alusiones que la Sala hizo respecto a la inequidad manifiesta son inanes, pues en últimas, tal como lo expliqué, de nada serviría elucidar si lo que negó o concedió el Tribunal fue inequitativo, dado que inevitablemente deberá mantenerse la cláusula ante la imposibilidad de dictar una decisión de reemplazo, de ahí la evidente desventaja del sindicato en la configuración de esta causal de anulación.
Adicionalmente, nótese que al resolver el recurso del sindicato la Corte también refiere que debe estudiar «la inequidad del laudo», lo cual, como lo expliqué, es irrelevante, pues aún advirtiendo una supuesta inequidad, el sindicato no tendría ningún beneficio, pues la Sala no puede devolver el laudo respecto a puntos del pliego que ya decidieron en equidad los árbitros.
Dejo así sustentada mi aclaración de voto.
Fecha ut supra.
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