FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL2609-2021
Radicación n.° 80573
Acta 23
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. contra la sentencia proferida el 2 de febrero de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso que MARÍA DEL SOCORRO FIGUEROA RODRÍGUEZ adelanta contra la recurrente.
ANTECEDENTES
María del Socorro Figueroa Rodríguez demandó a la AFP Porvenir S.A., para que fuera condenada al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, a partir del 9 de octubre de 2011, fecha en que falleció su hijo Jhon Dany Zuluaga Figueroa; los intereses de mora, y las costas y agencias en derecho.
Adujo, básicamente, que: desde el 14 de febrero de 1988, se hizo cargo del cuidado de sus dos hijos Jhon Dany Zuluaga Figueroa (q.e.p.d.) y Mary Johana Zuluaga Figueroa; cuando Jhon Dany pudo trabajar le empezó a colaborar con el sustento de su hogar; su hijo falleció el 9 de octubre de 2011, y le solicitó la pensión de sobrevivientes a la llamada a juicio, pero le fue negada.
La Administradora, al dar respuesta al escrito generatriz de la controversia, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló las excepciones de falta de integración de la litis, por activa; falta de causa para pedir y prescripción.
Mediante providencia del 24 de abril de 2015, el juzgado de conocimiento dispuso vincular a Danilo de Jesús Zuluaga Gómez, como litisconsorte facultativo por activo, quien en últimas no hizo parte del proceso por desconocerse su domicilio.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro, mediante fallo del 9 de noviembre de 2017, condenó a la demandada a reconocerle y pagarle a la actora «el 50% restante de la pensión de sobrevivientes causada a consecuencia del fallecimiento de Jhon Dany Zuluaga Figueroa» desde el 9 de octubre de 2011 en adelante, «en forma vitalicia, en valor igual al que viene percibiendo, es decir, el 50% del salario mínimo mensual legal vigente de cada anualidad, con las respectivas mesadas adicionales»; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; declaró no probadas las excepciones propuestas; y a la parte vencida le impuso costas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, al resolver la apelación interpuesta por la demandada, mediante providencia del 2 de febrero de 2018, confirmó la decisión de primer grado. Sin costas en la alzada.
En lo que interesa a los fines del recurso extraordinario, el Tribunal indicó que los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se originan por el retardo en el pago de las pensiones, con independencia de la buena o la mala fe del deudor; empero la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que existen algunos eventos excepcionales y particulares que pueden eximir a la obligada al pago de los intereses, por ejemplo, cuando le asiste serias duda de las personas que pueden ser titulares de la prestación o existir controversias entre los beneficiarios, eventos en que debe ser suspendido su reconocimiento para que la jurisdicción ordinaria laboral, mediante sentencia ejecutoriada, defina quién o quiénes son los acreedores del derecho.
Añadió que no es acertado lo argüido por la demandada pues, si bien el señor Danilo de Jesús Zuluaga Gómez puede fungir como un posible beneficiario del otro 50% de la pensión que dejó causado su hijo, no obstante, las razones que aduce la AFP para no conceder la totalidad de la prestación a la accionante no son jurídicamente atendibles porque el padre del finado «nunca ni antes ni ahora solicitó la prestación, luego al no existir interés del señor Zuluaga en la misma, notoriamente no existía ninguna clase de disputa o controversia en el derecho para que Porvenir dejará en reserva el otro 50% de la pensión, a título de qué? Pues era su obligación al no existir más peticionarios reconocerle el 100% a la demandante que sí fue la única peticionaria y no decidir a motu propio suspender el pago del 50% de la prestación, generando un retardo en el pago de la misma».
Así, confirmó la decisión de primera instancia.
RECURSO DE CASACIÓN
El recurso extraordinario de casación lo interpuso la demandada Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., lo concedió el Tribunal y lo admitió esta Sala.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte: (i) case parcialmente el fallo acusado en cuanto confirmó la condena a reconocer intereses moratorios sobre la parte adeudada de las mesadas causadas. Luego, se pide que revoque en forma parcial la sentencia del juez a quo en lo que atañe a haber ordenado el reconocimiento de intereses de mora sobre los dineros debidos y, finalmente, se absuelva a Porvenir S.A. de todo lo relacionado con el pago de los multicitados intereses moratorios, y (ii) case en forma parcial el fallo del juez colegiado en cuanto no autorizó a la entidad a descontar las partidas correspondientes a los aportes al sistema de seguridad social en salud y a cargo exclusivo de la beneficiaria de la pensión; después, se pide que revoque parcialmente la sentencia del juez de primer grado en el mismo
Con tales fines, formula dos cargos por la causal primera de casación, que no fueron objeto de réplica.
CARGO PRIMERO
Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 141 de la Ley 100 de 1993 y 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y por la infracción directa de los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo, 1.608 del Código Civil y 8o de la Ley 153 de 1887.
Aduce que es palmario que desde antiguo, esta Sala ha venido considerando que en asuntos como «el que ahora nos ocupa, cuando se está en presencia de varios acreedores potenciales del derecho a acceder a una pensión de sobrevivientes, debe ser la justicia ordinaria y no las administradoras de pensiones quien se encargue de dirimir el conflicto entre esos hipotéticos beneficiarios, asignándole el derecho pretendido a alguno de ellos una vez satisfechos los requisitos previstos en las normas pertinentes para tal efecto».
Agrega que es importante poner de manifiesto el dislate craso en el que incurrió el Tribunal al confirmar la condena impuesta en el primer grado, relativa a reconocer intereses de mora sobre las sumas adeudadas, «partiendo de la base de que cuando Porvenir S.A. se negó a otorgar a la señora Figueroa el 100% de la pensión de sobrevivientes lo hizo en forma injustificada puesto que el padre del causante nunca presentó reclamación alguna al respecto y, por tanto, no tenía derecho a disfrutar esa prestación, argumento absolutamente errado en la medida en que el derecho a favorecerse con una pensión no depende de que éste sea reclamado o no sino, más bien, de tener la condición de beneficiario de la susodicha prestación en los términos de ley, lo que claramente se da en este caso en el que la Administradora era conocedora de la existencia del señor Danilo de Jesús Zuluaga Gómez, padre del de cujus y quien, por virtud de lo previsto en el literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, tenía la misma posibilidad de acceder a la pensión de sobrevivientes que la señora Figueroa Rodríguez».
Dice que obró correctamente al rehusarse a otorgar el 100% de la prestación a la madre del occiso porque, «se repite, sabía de la existencia del papá del fallecido y quien ostentaba igual derecho que la mencionada demandante Figueroa para recibir una parte de la mesada pensional, de manera que al darse un eventual conflicto de intereses entre beneficiarios potenciales debía ser la justicia ordinaria y no la administradora de pensiones la que debía determinar a quién debía ser asignado el 50% dejado en reserva», y como secuela de esos planteamientos, es indiscutible que como nunca hubo un retardo por parte de la entidad en reconocer y pagar esa porción de la mesada evidentemente no había lugar a la condena a sufragar los tantas veces citados intereses moratorios.
Por otro lado, destaca que esta Corporación ha sido reiterativa en admitir que no es inexorable la imposición de los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 cuando existen circunstancias como la que ahora nos concierne, en las que tal condena puede ser dejada de lado.
Añade que cierto es que cuando se negó a conceder la pensión a la demandante Figueroa «lo hizo válidamente amparada en las normas rectoras de la materia que ponían en la misma posición frente al derecho a percibir la pensión de sobrevivientes al padre y a la madre del finado, de lo que resulta sencillo colegir que ninguna obligación tenía la entidad de otorgar el 100% de dicha pensión a alguno de ellos hasta que la justicia ordinaria decidiera quién o quiénes debían entrar a disfrutarla y, por ende, se repite hasta el cansancio, al no existir un incumplimiento o retardo en el pago de las mesadas mal podía ordenarse que se causaran unos infundados intereses moratorios».
Se apoya en las sentencias CSJ SL14528-2014 y CSJ SL6326-2016.
LA RÉPLICA
Aduce que el fallo no se debe quebrar, pues, en esencia, la demandada actúo de manera arbitraria al negarle el 100% de la prestación, pues el padre del causante no solicitó la prestación deprecada.
CONSIDERACIONES
Esta Corte en sentencia CSJ SL14528- 2014, recordó que conforme a la doctrina tradicional de esta Sala, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de las mesadas pensionales, independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas, en tanto se trata simplemente del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones –dado su carácter resarcitorio y no sancionatorio-.
También se asentó que esta Corporación, en atención a situaciones excepcionales y particulares que la han llevado a reflexionar sobre la referida doctrina y a adoptar decisiones conducentes a atenuar sus alcances, ha estimado que los intereses moratorios del mencionado precepto, no proceden en los eventos en que la entidad de seguridad social tenga serias dudas acerca de quién es el titular de un derecho pensional, por existir controversias entre los beneficiarios y, por ello, suspenda el trámite de reconocimiento de la prestación hasta tanto la jurisdicción ordinaria laboral decida mediante sentencia ejecutoriada a qué persona o personas corresponde el derecho.
Por ejemplo, sobre el tema, en la sentencia CSJ, SL, 21 ago. 2010, rad. 33399, la Sala dijo:
Es cierto que esta Sala de la Corte ha considerado que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 no tienen carácter de sanción, de modo que para su imposición basta la mora en el pago de las mesadas pensionales, sin miramientos o análisis de responsabilidad, buena fe, cumplimiento condicionado o eventuales circunstancias, de ahí que no sea necesario analizar si en la conducta de la demandada hubo o no buena fe. En aplicación de ese criterio ha entendido que la obligación del reconocimiento de dichos intereses surgía aun en el evento de que la entidad de seguridad social tuviera dudas sobre el beneficiario de la prestación, pues, en ese evento podía proceder al pago por consignación de lo que creyera deber.
(…) Sin embargo, con posterioridad, y al analizar nuevamente el surgimiento de la obligación de reconocimiento de los intereses moratorios en el caso de controversias entre beneficiarios sobre el derecho al pago de una pensión, tuvo la Sala oportunidad de revisar el discernimiento contenido en la sentencia antes trascrita y fijar su nuevo criterio sobre el tema, considerando que en situaciones excepcionales en las que existe un real motivo de duda sobre el beneficiario a la prestación, el hecho de que no se reconozca, en espera de que la justicia defina quien es el titular del derecho, es razón para que no proceda la imposición de los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Así lo explicó en la sentencia del 14 de agosto de 2007, radicado 28910, en la que dijo…
Debe la Corte precisar el criterio jurídico expuesto en la sentencia antes trascrita, señalando que las razones que aduzca la entidad de seguridad social o el empleador obligados al pago de las mesadas, para no conferir el derecho a ninguno de los beneficiarios, deben ser serias y jurídicamente atendibles, esto es, que exista un real motivo de duda acerca del titular del derecho a la prestación, de suerte que la cuestión deba ser elucidada por la justicia.
Por lo tanto, mutatis mutandis, el discernimiento jurídico expuesto en la sentencia memorada en precedencia es aplicable al presente asunto, en el que existían serias dudas sobre las beneficiarias de la pensión de sobrevivientes, pues se observa que en la sentencia acusada se partió del hecho, no controvertido por las partes, referente a que la entidad demandada suspendió el pago de la pensión de sobrevivientes que venía haciendo a la esposa y a la compañera permanente del causante, por improcedente, es decir, que se abstuvo de verificar el pago, ante la incertidumbre surgida respecto a quién es la verdadera titular de ese derecho, lo que en modo alguno significa que se haya sustraído de cumplir esa obligación.
A la luz del nuevo criterio de la Sala sobre el tema, aparece entonces que el juzgador de segundo grado incurrió en una exégesis equivocada del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al concluir que el reconocimiento, en todos los casos, es imperativo, porque la norma es lo suficientemente clara al disponer que los intereses allí regulados se causan “en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley”, situación que no se presenta cuando el empleador o entidad a cargo del pago no tiene a quién hacerlo, por la existencia de una duda seria y razonable surgida de la controversia entre posibles beneficiarios que se disputan la titularidad del derecho.
En el horizonte trazado, de conformidad con el artículo 34 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de ese año que, en ese preciso aspecto se estima vigente de conformidad con el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, «Cuando se presente controversia entre los pretendidos beneficiarios de las prestaciones, se suspenderá el trámite de la prestación hasta tanto se decida judicialmente por medio de sentencia ejecutoriada a qué persona o personas corresponde el derecho». Entonces, si a la administradora de pensiones le surge una duda razonable acerca de quién es el titular del derecho -por existir controversia entre beneficiarios-, le es dable suspender el trámite de reconocimiento de la prestación a la espera de que la justicia laboral dirima el conflicto.
Ahora bien, llegados a este punto del sendero, debemos preguntarnos si en el asunto bajo escrutinio se presentó una verdadera controversia, entendida, según la define la Real Academia Española, «como la discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas».
Aquí, tiene relevancia en la decisión que se toma, el hecho de que, en puridad de verdad, no se presentó controversia alguna, ya que la única persona que acudió a solicitar la pensión de sobrevivientes fue la promotora del proceso, luego, si después de surtirse los edictos que la ley estatuye y de verificarse por parte de la llamada a juicio que solamente fue implorada la prestación por parte de la mencionada madre, brilla al ojo que, en estricto rigor, no hubo disputa alguna, pues no existió una discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas en torno al derecho reclamado.
Esto por cuanto no es de recibo la circunstancia aducida por la AFP, atinente a que sabía de la existencia del papá del fallecido y, por ello, podía darse «un eventual conflicto», toda vez que su actuar se basó en suposiciones, sospechas o pálpitos al creer que otra persona pudiese tener el derecho si, se insiste, luego de surtidas las notificaciones pertinentes y, en general, el trámite administrativo, esa persona jamás concurrió ante la accionada, por ende, no había motivo alguno para suspender el trámite de reconocimiento de la prestación a la espera de que la justicia laboral dirimiera un conflicto inexistente. Dicho de otra manera, y sin tapujos, no hubo duda razonable acerca de quién era la titular del derecho, precisamente por no existir controversia entre beneficiarios.
Siendo coherentes con lo discurrido, el cargo no sale avante.
CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia por la «vía del derecho, por la infracción directa de los artículos 143, 152, 157, 160, 161, 178 y 182 de la Ley 100 de 1993, 10° de la Ley 1122 de 2007, 42 del Decreto 692 de 1994, y 26 y 65 del Decreto 806 de 1998».
Estima que la sentencia atacada soslayó la obligación legal de la Administradora de efectuar los descuentos relativos a los aportes al régimen de seguridad social en salud a cargo de los beneficiarios de la pensión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 inciso 2o de la Ley 100 de 1993 y 42 inciso 3o del Decreto 692 de 1994.
RÉPLICA
Expone que no cabe oposición ya que es evidente y claro que el descuento del 12% para el sistema de seguridad social es un mandato normativo que no deja duda de su legalidad.
CONSIDERACIONES
En relación al segundo punto de disconformidad, esto es, el condicionamiento de los descuentos de aportes al régimen de seguridad social en salud, brota palmaria que, de conformidad con las normas aplicables al asunto, es decir, los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 3o del Decreto 510 de 2003, reglamentario de la Ley 797 de 2003, todos los pensionados tienen la obligación de realizar aportes a salud y ayudar a financiar el sistema.
Al punto, en sentencia CSJ SL1169-2019, la Sala explicó:
En torno al tópico abordado en el cargo, esta sala de la Corte viene sosteniendo de manera consistente y pacífica que, por ministerio de la ley, las entidades pagadoras de pensiones se encuentran en la obligación de descontar la cotización correspondiente al sistema de seguridad social en salud y transferirla a la E.P.S. o entidad a la cual esté afiliado el pensionado, de conformidad con lo estatuido en los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994. (Ver CSJ SL1422-2018 y CSJ SL1065-2018, entre muchas otras).
Ahora bien, teniendo presente que la cotización destinada a financiar el sistema de seguridad social en salud está a cargo de los pensionados, en su totalidad, desde el momento en el que adquieren esa calidad, y que efectuar las correspondientes deducciones sobre la mesada, para tales efectos, representa una de las obligaciones corrientes de cada fondo de pensiones, que opera por ministerio de la ley, la Corte estima forzoso precisar que no es necesaria alguna declaración judicial tendiente a reconocer ese deber o a imponerlo, como se venía concibiendo en anteriores oportunidades.
En ese sentido, para la Corte el hecho de que el respectivo juzgador de instancia no confiera una autorización expresa al fondo de pensiones para realizar los descuentos con destino al sistema de salud no se puede traducir, en manera alguna, en una negación de esa potestad que, se repite, representa en realidad una de las obligaciones típicas del respectivo fondo, que opera por mandato legal insoslayable.
Así las cosas, como no era indispensable instituir expresamente alguna autorización a la entidad demandada, para descontar las sumas correspondientes al sistema de seguridad social en salud, junto con la condena al pago de pensión, el Tribual no incurrió en los errores jurídicos denunciados por la censura al no referirse al punto.
Puestas en esa dimensión las cosas, es claro que no era menester que el juez emitiera pronunciamiento al respecto, por cuanto estos operan por ministerio de la Ley y es esta la que habilita a las administradoras a efectuar el aporte respectivo, por ende, el cargo no prospera.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la AFP demandada y en favor de la parte actora. Se fijan como agencias en derecho la suma de ocho millones ochocientos mil pesos ($8.800.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 2 de febrero de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso que MARÍA DEL SOCORRO FIGUEROA RODRÍGUEZ adelanta contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
Costas como se indicó.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
(Aclara voto)
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
ACLARACION DE VOTO
Radicación n.° 80573
Recurso Extraordinario de Casación
Referencia: demanda promovida por MARÍA DEL SOCORRO FIGUEROA RODRÍGUEZ contra ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me permito aclarar mi voto, pues si bien comparto la determinación de finalmente de adopto, de no casar el fallo de segundo grado, que confirmó el condenatorio de primer nivel, en lo relativo a la condena por concepto intereses moratorios, me aparto de las motivaciones expuestas para el efecto, por las razones que paso a exponer:
Sobre el particular, debo señalar que dicha providencia sostuvo: «los intereses moratorios del mencionado precepto, no proceden en los eventos en que la entidad de seguridad social tenga serias dudas acerca de quién es el titular de un derecho pensional, por existir controversias entre los beneficiarios y, por ello, suspenda el trámite de reconocimiento de la prestación hasta tanto la jurisdicción ordinaria laboral decida mediante sentencia ejecutoriada a qué persona o personas corresponde el derecho.
… Aquí, tiene relevancia en la decisión que se toma, el hecho de que, en puridad de verdad, no se presentó controversia alguna, ya que la única persona que se acudió a solicitar la pensión de sobrevivientes fue la promotora del proceso, luego si después de surtirse los edictos que la ley estatuye y de verificarse por parte de la llamada a juicio que solamente fue implorada la prestación por parte de la mencionada madre, brilla al ojo que, en estricto rigor, no hubo disputa alguna, pues no existió una discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas en torno al derecho reclamado».
Frente a dicha postura, debo señalar, que en mi criterio, los intereses moratorios que contempla el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sí proceden aún en aquellos casos, en el que la entidad ha negado su reconocimiento por un presunto o aparente conflicto entre potenciales beneficiarios de la pensión.
Lo anterior, por cuanto, si se mira detenidamente su establecimiento en el derecho de la seguridad social, claramente se observa que tales réditos no se supeditaron a la existencia de ciertas circunstancias para su otorgamiento, pues conforme lo establecido en Ley 100 de 1993, dichos emolumentos proceden cuando acaezca el fenómeno de la mora sin importar su causa.
En ese sentido, resulta pertinente recordar que la mora no solo constituye un simple retardo, una dilación o tardanza en el cumplimiento de una obligación, sino una conducta contraria al derecho social que trae como consecuencia la indemnización, que no es otra cosa que la monetización de la garantía prestacional insatisfecha, y que en materia de pensiones a partir de la promulgación de la Ley 100 de 1993, fue graduada con severidad por el legislador en el artículo 141, al imponer el pago de la tasa máxima de interés moratorio vigente, que surge de manera inmediata, sin miramientos o análisis de responsabilidad de buena fe, de las características de su cumplimiento o de alguna otra circunstancia extraña; y ello es así, porque no puede olvidarse que en casos como el presente, la obligación incumplida no es cualquiera, sino aquella relativa al pago de las sumas periódicas a las que tiene derecho el pensionado, quien merece una especial protección como quedó visto en párrafos precedentes.
En los anteriores términos dejo consignado mi aclaración de voto
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado