FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL2612-2021
Radicación n.° 87214
Acta 19
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CARMEN ELENA HURTADO MEZA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 10 de septiembre de 2019, en el proceso que instauró, en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
I. ANTECEDENTES
Carmen Elena Hurtado Meza, llamó a juicio a Colpensiones para que sea condenada a reconocerle y pagarle una pensión de sobrevivientes, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa acudiendo al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, a partir del 21 de febrero de 2017; así como las mesadas atrasadas, incluyendo las primas de junio y diciembre; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; el reajuste de las mesadas conforme al artículo 14 ibidem lo que resulte probado extra y ultra petita, y las costas del proceso.
En lo que en rigor interesa al recurso extraordinario, la actora sostuvo que: El señor José María Rivas Flórez, realizó aportes para pensión al I.S.S., hoy Colpensiones de aproximadamente 853,14 semanas entre el 1 de diciembre de 1969 y el «28 de febrero de 2007» (sic); nació el 10 de noviembre de 1947, era beneficiario del régimen de transición por haber cumplido 40 años antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y tener 343 semanas antes de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, con más de una semana efectiva de cotización al I.S.S. antes del 1 de abril de 1994.
Así mismo, afirmó que: convivió de manera ininterrumpida con el señor José María Rivas Flórez bajo el mismo techo, lecho y mesa en calidad de compañera permanente por espacio de 28 años, desde 1978 hasta el 21 de febrero de «2017», fecha en la que falleció, con quien procreó 2 hijos para el momento de la demanda mayores de edad; el causante era el único que suministraba lo necesario para el diario vivir de la familia y, le asistía el derecho a la pensión de sobrevivientes bajo el principio de la condición más beneficiosa conforme a los requisitos establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.
La Administradora convocada al proceso, al dar respuesta al escrito generatriz de la controversia, se opuso a todas y cada una de las súplicas; en cuanto a los hechos aceptó la fecha de nacimiento y fallecimiento de su afiliado, su pertenencia al régimen de transición, no obstante, que este no había dejado causada la pensión de vejez y, que dicho régimen no se estableció para las pensiones de sobrevivientes.
En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe, cobro de lo no debido, imposibilidad jurídica para cumplir lo pretendido, ausencia de causa para demandar y, la que denominó «innominada».
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura, mediante sentencia del 9 de octubre de 2018, declaró que: i) el señor José María Rivas Flórez consolidó para su grupo familiar la pensión de sobrevivientes conforme al literal b) del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, como extensión del principio de favorabilidad del artículo 53 de la CN, y ii) la accionante ostentaba la condición de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en los términos del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su versión original.
En consecuencia, condenó al pago, en favor de la señora Hurtado Meza, de la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia a partir del 21 de febrero de 2017, el retroactivo de las mesadas ordinarias con las adicionales de junio y diciembre; declaró no probada la prescripción, absolvió en lo demás. Sin costas en la instancia.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada y el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, en fallo del 10 de septiembre de 2019, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, absolvió de las pretensiones de la demanda. Sin costas en la instancia.
El Tribunal estableció como problema jurídico a resolver el determinar si el afiliado fallecido había dejado causado el derecho a la pensión de sobrevivientes bajo el Acuerdo 049 de 1990 y, en ese escenario, si la accionante había acreditado la condición de beneficiaria para acceder a la prestación y si procedían o no los intereses moratorios.
Recordó la finalidad de la pensión de sobrevivientes y, puso de presente que, conforme a la jurisprudencia de esta Sala la norma que regía la prestación en comento, era la vigente a la fecha del deceso, que en el caso bajo su estudio fue el 21 de febrero de 2017 (CSJ SL450-2018), por ende, la preceptiva aplicable era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, disposición que exigía 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores al fallecimiento de afiliado, requisito que no cumplió el causante, puesto que con base en la historia laboral no cotizó semanas dentro de este lapso.
Frente al principio de la condición más beneficiosa, afirmó que, conforme a la línea de pensamiento de la Sala Laboral, si bien se permitía acudir a la norma que regía de manera inmediatamente anterior el asunto, no habilitaba a acudir a cualquier norma legal que en el pasado hubiera regulado el asunto; esto significaba que, el principio en comento operaba para acudir a la legislación inmediatamente anterior a aquella en que haya ocurrido el hecho generador de su pensión. Además, puso de presente su temporalidad, conforme lo precisó esta Sala en la Sentencia CSJ SL4650-2017, cuando explicó que tratándose del cambio normativo de la Ley 100 de 1993 a la Ley 797 de 2003, se diferían sus efectos por 3 años, es decir, hasta el 29 de enero de 2006, posterior a esta data no sería viable ya que no puede convertirse en un obstáculo de cambios normativas. Así las cosas, dada la fecha de siniestro, no se hace acreedor del mismo.
No obstante que, si se entendiera que podía darse vía libre a la norma anterior, el afiliado tampoco dejó causada la pensión por cuanto, no se encontraba cotizando a la fecha de la muerte, ni tenía 26 semanas en el año anterior a su fallecimiento y, puso de presente que su último aporte fue efectuado en el año 2007.
Concluyó que el señor José María Rivas Flórez no dejó causada la pensión de sobrevivientes y, en consecuencia, procede la revocatoria de la sentencia de primer grado
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la parte recurrente que la Corte case la sentencia acusada en cuanto revocó la sentencia de primer grado que había declarado el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a su favor, para que:
[…] convertida en Tribunal de instancia revoque totalmente su decisión, a fin de que se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) conforme a lo pedido en la demanda, para así garantizarle a la demandante la efectividad de sus derechos ciertos e indiscutibles en aras de la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y condición más beneficiosa.
Finalmente, con el título denominado de petición, solicita se confirme la sentencia proferida en primer grado.
Con tal propósito formula un único cargo, por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica.
VI. CARGO ÚNICO
Denuncia la sentencia, por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de «artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en armonía con los artículos 1, 2, 11. 12, 47, 48, 50, 74, 141, 142 y 272 de la Ley 100 del 1993 ACUERDO 049 DE 1990 y la aplicación indebida de los artículos 9 de la ley 797 de 2003 y 48 y 53 de la Constitución Política»
Identifica que la sala sentenciadora negó el derecho pensional como quiera que el causante no acreditó 50 semanas en los 3 años anteriores a su fallecimiento y dejó aplicar la condición más beneficiosa; resalta que es importante reiterar el precedente de la Corte Constitucional y de esta Sala, de que los funcionarios deben fallar de acuerdo a las circunstancias de modo tiempo y lugar en que sucedió el hecho, que para el caso es el año 2017, momento para el cual la jurisprudencia determinaba y reconocía el derecho con base en las 300 semanas contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, como ley sustancial aplicable. Preceptiva que, en sus voces, el Tribunal interpreta erradamente:
ya que la norma habla de que “el afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima media en tiempo anterior a su fallecimiento” haciendo alusión a que el régimen pensional previsto esta normatividad, consagra en el artículo 9 la referencia a que esa cantidad de semanas sean al momento del fallecimiento reiterando lo consagrado en el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003.
Respecto de su derecho, cita los artículos 6, 25, 26, 27, 29 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 y, retoma la idea de acudir al principio de la condición más beneficiosa bajo la mirada de la Corte Constitucional (CC SU442-2016), y esta Corporación para afirmar que ha sido aceptado que, si bien el precepto aplicable es el vigente a la fecha del fallecimiento proceden excepciones a este criterio, permitiendo la revisión bajo normas anteriores.
Acude a aspectos fácticos y a la prueba testimonial para evidenciar que acredita los condiciones para el reconocimiento de la prestación, afirma que requiere el reconocimiento y pago de ese derecho que dejó su compañero antes de morir para ampararla en su ausencia y que, por ser una persona vulnerable, encaja en el test de procedencia del reconocimiento de la prestación pretendida conforme a los criterios de la Sentencia CC SU005-2018; directrices que contraría el juez colegiado con su negativa lo que conlleva la vulneración al mínimo vital y de otras garantías constitucionales como la vida digna, la seguridad social, entre otros.
Nuevamente, se refiere a la prueba testimonial relativa a su sujeción económica del causante y que su situación económica es precaria.
Finalmente, acude a la procedencia de la aplicación de la casación oficiosa del inciso final del artículo 336 del CGP, para señalar que, de no considerar la causal y cargos expuestos, «habiéndose demandado una sentencia que ostensiblemente atenta contra los derechos y garantías constitucionales del demandante a la prevalencia del derecho sustancial, condición más beneficiosa, pido que se proceda a la casación oficiosa»
VII. RÉPLICA
Aduce, en esencia, que el recurso adolece de defectos técnicos y, en todo caso, que el fallo no se debe quebrar, pues se aviene a la línea de pensamiento de esta Corte.
VIII. CONSIDERACIONES
Aunque la demanda de casación no es un modelo, lo que en últimas debate la recurrente es que si el causante cotizó al otrora I.S.S. más de 300 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, con anterioridad al 1º de abril de 1994, es dable reconocer la pensión de sobrevivientes con venero en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, a la luz del principio de la condición más beneficiosa, pese a que aquel falleció el 21 de febrero de 2017, estando en pleno vigor la Ley 797 de 2003.
La Corte ya ha advertido que no es posible realizar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores al fallecimiento hasta acomodar al caso concreto la norma que mejor se avenga en cada caso particular o resulte más favorable y, con ello, una aplicación plus ultractiva de la Ley, lo cual, por demás, desconoce no solo que las leyes sociales son de aplicación inmediata, sino también que, en principio, rigen hacia el futuro.
Al punto, en sentencia SL514-2020, la Sala, razonó:
Así los problemas jurídicos que le corresponde resolver a la Corte consisten en establecer: (i) si en virtud del principio de la condición más beneficiosa, es jurídicamente posible aplicar ultra activamente las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 a efectos de conceder la pensión de sobrevivientes al beneficiario de un afiliado que falleció en vigencia de la Ley 797 de 2003 y (ii) si es procedente la condena por concepto de intereses moratorios.
¿Es jurídicamente posible aplicar ultra activamente las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 a efectos de conceder la pensión de sobrevivientes en virtud del principio de la condición más beneficiosa?
Al respecto, ha de precisarse que, en el caso de la prestación de sobrevivientes, la institución de la condición más beneficiosa protege las expectativas legítimas de los beneficiarios de un afiliado al sistema general de pensiones que fallece, siempre que haya cotizado la densidad de semanas establecidas en la ley anterior para cubrir tal contingencia, pero cuyo hecho generador -la muerte- ocurre en vigencia de la normativa posterior.
Así, frente a la aplicación de dicho principio esta Sala ha reiterado que no es viable dar aplicación a la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una búsqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares del demandante o cuál resulta ser más favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia futuro.
Esta ha sido la postura de la Sala expuesta en varias providencias, entre otras, CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL15960-2016, CSJ SL15965-2016, CSJ SL17768-2016, CSJ SL1090-2017, CSJ SL 1689-2017, CSJ SL2147-2017, CSJ SL353-2018, CSJ SL4020-2019, CSJ SL409-2020.
Igualmente, ha de tenerse presente que esta Sala de la Corte ha adoctrinado que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa tiene las siguientes particularidades: (i) no es absoluta ni atemporal; (ii) procede en caso de cambio normativo, y (iii) permite la aplicación de la disposición inmediatamente anterior a la vigente al momento del fallecimiento, si el afiliado aportó la densidad de semanas requeridas para el reconocimiento del derecho pensional.
Así, en sentencias CSJ SL1884-2020 y CSJ SL1938-2020, reiteradas en CSJ SL2547-2020, esta Corporación sostuvo:
[…] La característica relativa a que no es absoluto e ilimitado en el tiempo, significa que no puede utilizarse para garantizar la perpetuidad de un régimen que en un tiempo pretérito estuvo vigente y le era aplicable a un sujeto o a un grupo de personas, dado que, bien comprendido, su ámbito de aplicación se orienta a conservar un régimen normativo anterior, cuando quiera que el titular haya cumplido una condición relevante del mismo que, si bien no es definitiva para adquirir el derecho, juega un rol fundamental en su consolidación.
En este sentido, la condición más beneficiosa se sitúa en un lugar más allá de la simple expectativa para ubicarse en el concepto de expectativa legítima tutelable por el ordenamiento jurídico, en la medida en que no desconoce y ampara la consolidación de una exigencia relevante, que si bien no es suficiente para alcanzar el derecho en tanto no se ha cumplido otra condición ulterior, sí genera la confianza fundada que el régimen en que estaba incurso y en el que cumplió algunos presupuestos, será respetado.
Sin embargo, su aplicación no puede ser irrestricta al punto de petrificar la legislación e impedir la puesta en marcha de reformas sociales de interés general, de las cuales dependa la realización y efectividad de los derechos de la comunidad o la supervivencia de instituciones y prestaciones fundamentales para la sociedad. En otras palabras, su aplicación debe ser razonable y proporcional, a fin de no lesionar o comprometer severamente otros derechos de interés público y social.
En esta dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL, 4 dic. 1995, rad. 7964 indicó que este postulado «no es absoluto y en manera alguna conduce al anquilosamiento de la normatividad laboral, pues de lo que se trata es de proteger al trabajador que construye su vida y la de su familia alrededor de unas expectativas económicas y jurídicas generadas en su propia labor, de manera que un cambio desfavorable de esas expectativas sólo (sic) es humana y jurídicamente admisible, cuando en cada caso concreto medien serias circunstancias justificantes, verbigracia el interés general reconocido (…)».
De ahí, que el delimitar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa a la norma inmediatamente anterior sirve a varios propósitos:
(i) Si la potestad de configuración de un sistema pensional permite al legislador introducir cambios a fin de garantizar los principios y objetivos del sistema, no tiene sentido mantener en el tiempo disposiciones anteriores, puesto que ello haría nugatorios todos los propósitos económicos y sociales que pretenden lograrse con una reforma.
(ii) Si los regímenes de transición, en esencia, siempre son temporales, no hay razón alguna que justifique que la aplicación del principio de condición más beneficiosa deba mantenerse indefinidamente en el tiempo, así bajo su vigencia se haya dado inicio o se hayan efectuado cotizaciones para obtener el amparo que se pretende.
(iii) Tal restricción contribuye a la preservación de otro valor fundamental: la seguridad jurídica, que ofrece certeza a los ciudadanos sobre las reglas jurídicas que emplearán los jueces en la solución de las controversias que se sometan a su consideración, sin que les sea posible acudir a una búsqueda histórica para determinar la norma que más convenga a una situación particular; la aplicación del principio amplia e ilimitadamente genera incertidumbre en los actores del sistema pensional y en los ciudadanos en general, respecto de las reglas que definen el acceso a un derecho pensional.
En conclusión, si la finalidad del principio de la condición más beneficiosa es proteger expectativas legítimas que puede cambiar el legislador con apego a los parámetros constitucionales, no tiene sentido que su aplicación permita acudir a cualquier normativa anterior o, en otros términos, resulte indefinida en todos los tránsitos legislativos que puedan generarse en la configuración del sistema pensional, de por sí, de larga duración […].
En tal virtud, y como quiera que el fallecimiento del causante acaeció el 29 de marzo de 2011, la norma aplicable al caso es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, vigente para la data del deceso. Tal precepto consagra el derecho pensional en favor de los beneficiarios del afiliado que «hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento», requisitos que no se acreditaron en el sub-lite, pues, como quedó visto, la última cotización corresponde al 1.º de abril de 1989.
Entonces, retomando la idea sobre la cual viene discurriéndose, se exhibe patente que, en el asunto bajo escrutinio, el juzgador de alzada no se equivocó, toda vez que no es dable dar una aplicación plusultractiva de la ley.
Ahora bien, sobre la fuerza vinculante del precedente constitucional, puntualmente la sentencia CC SU-05-2018 esta Corte en providencias SL1884-2020 y SL1938-2020, adoctrinó:
La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, y que, por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de dictar sentencia.
Asimismo, ha precisado que su precedente tiene fuerza vinculante, puesto que no existe duda que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermenéutica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgar comprensiones a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones jurídicas y a desarrollar principios básicos del Estado Constitucional, como el de seguridad jurídica; además, permite materializar el respeto de los principios de la igualdad, la supremacía de la Carta Política, el debido proceso y la confianza legítima (C-539-2011).
No obstante, también ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad, es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior, y el precedente en vigor, esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela.
El primero tiene una fuerza vinculante especial y obligatoria en razón de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresión a las disposiciones de la Constitución Política (C-083-1995, C836-2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque también tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentación suficiente, en armonía con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611-2017).
En este contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y que su aplicación debe ser proporcional –a fin de no quebrantar otros bienes jurídicos superiores valiosos para los individuos y la sociedad-, respecto de la sentencia de tutela T-953-2014 que refiere la censura en el cargo, la Sala considera oportuno señalar que la misma tiene efectos inter partes. Y, en todo caso, dicho criterio fue posteriormente modificado a través de la sentencia SU-05-2018, de cuyo contenido esta Sala de Casación de la Corte se aparta, en cumplimiento de los requisitos de trasparencia y suficiencia definidos por la Corte Constitucional (C-621-2015 y SU-354-2017), por las razones que expone a continuación (deber de argumentación suficiente):
En esa providencia, dicha autoridad judicial estableció que es posible la aplicación plus ultraactiva de la condición más beneficiosa cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003; (ii) no acredite 50 semanas de aportes en los 3 años anteriores al deceso para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, y (iii) reúne el número mínimo de semanas exigidas en el régimen anterior.
Igualmente, asentó que es procedente la acción de tutela para reclamar la pensión de sobrevivientes cuando se cumplan con las siguientes condiciones del test de procedencia: (i) pertenecer a un grupo de especial de protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; (ii) tener afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital; (iii) depender económicamente del causante antes de su fallecimiento, de modo que la pensión de sobrevivientes constituye el ingreso; (iv) al afiliado no le fue posible seguir cotizando las semanas previstas en el sistema general de pensiones para dejar causada la pensión de sobrevivientes, y (v) la persona reclamante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de tal prestación.
Pues bien, a juicio de esta Corporación, en la práctica, esa decisión significa la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Asimismo, desconoce los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social, principalmente los de aplicación general e inmediata y retrospectividad.
Además, de aplicarse cualquier disposición anterior se darían efectos plus ultraactivos a normativas derogadas en una sucesión de tránsitos legislativos, lo que afecta el principio de seguridad jurídica, pues genera incertidumbre sobre la norma aplicable en la medida en que el juez podría hacer un ejercicio histórico para definir la concesión del derecho pensional con aquella que más se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de carácter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible (CSJ SL1683-2019, CSJ SL1685-2019, CSJ SL2526-2019 y CSJ SL2829-2019).
Por otra parte, debe advertirse que la financiación de todo sistema pensional depende de variables demográficas, fiscales o actuariales que deben ajustarse en diferentes momentos, de modo que las reformas en determinados contextos pueden privilegiar aspectos que antes no contemplaban o, potenciar algunos de ellos, como por ejemplo darle mayor peso a la permanencia en la afiliación para la adquisición de un derecho pensional que a la sola acreditación de un número específico de semanas.
En consecuencia, la introducción de reglas ajenas a las legales puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha diseñado el sistema pensional y comprometer la realización de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, el reconocimiento de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causación y pago.
En síntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condición más beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicación y actualizarlo conceptualmente bajo la égida del modelo constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad y la garantía de efectividad de los derechos fundamentales sociales.
No debe dejarse de lado que, dada la vía seleccionada, la recurrente aceptó las conclusiones fácticas del Tribunal que de manera general indicó que no se cumplían con las semanas de cotización exigidas en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, así en el caso en particular no se contaba con las 50 semanas antes de los 3 años anteriores a la fecha de fallecimiento, pues se evidenció que no tenía ninguna semana de cotización en dicho lapso, correspondiendo el último aporte al año 2007.
En cuanto al parágrafo 1° de la norma anotada, se evidencia conforme los hechos de la demanda, que el causante en toda su vida contaba con 853,14 semanas de cotización, insuficientes para el año 2017 ya que para ese momento el mínimo requerido era de 1.300 semanas.
Por último, no está de más reiterar que en la espacialidad laboral y de seguridad social carece de pertinencia la casación oficiosa aludida por la recurrente en casación, precisamente por el carácter dispositivo del mismo, como se dejó por sentando en la Sentencia CSJ SL250-2020, al señalar:
Finalmente, resulta oportuno subrayar a la censura que en la especialidad laboral y de la seguridad social no se admite la casación oficiosa. De hecho, la naturaleza dispositiva y formal del recurso extraordinario riñe con tal posibilidad, pues en él se exige al interesado el despliegue de un ejercicio dialéctico dirigido puntualmente a socavar los pilares de la sentencia gravada, el cual no puede obviarse para acometer un estudio oficioso, por cuanto el legislador no contempló tal posibilidad.
Así las cosas, el ataque no sale victorioso.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $4.400.000,oo que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 10 de septiembre de 2019, en el proceso que instauró CARMEN ELENA HURTADO MEZA, en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.
Costas como se señaló en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
(Aclara voto)
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Ausencia Justificada
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Ausencia Justificada
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Recurso Extraordinario de Casación
Radicación n.° 87214
Referencia: demanda promovida por de CARMEN ELENA HURTADO MEZA, contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A
Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me permito hacer aclaración de voto, pues si bien comparto la decisión que finalmente se adoptó en el sub judice, que dispuso no casar la sentencia absolutoria del Tribunal, en razón a que no se acreditan los requisitos de la Ley 797 de 2003, en vigencia de la cual acaeció el fallecimiento del afiliado, y en cuanto a que no era posible la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad, por cuanto el principio de la condición más beneficiosa no puede, suponer una búsqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares del demandante o la que le resulta ser más favorable; sin embargo me permito aclarar lo siguiente:
En la sentencia de casación para apartarse de la providencia CC SU-05-2018, en la que la Corte Constitucional estableció la viabilidad de aplicar plus ultractivamente el principio de la condición más beneficiosa, bajo ciertos parámetros, entre otras de las razones que expuso la Sala para ello fue que: «en la práctica, esa decisión significa la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa», lo que estimo aceptable cuando se trata del salto normativo entre la Ley 797 de 2003 y la Ley 100 de 1993, sin necesidad de limitarlo al espacio temporal que la mayoría de esta Corporación ha establecido para tal fin.
En efecto, la mayoría de la Sala ha venido sosteniendo que solo es posible que la Ley 797 de 2003, difiera sus «efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006», para lo cual se ha apoyado en el principio de sostenibilidad financiera del sistema y en que no resulta dable acudir a esta figura de manera indefinida, en tanto que el legislador no pretendió perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993, que regulan la pensión de sobrevivientes, argumentos que en mi sentir no resultan suficientes para negar a una persona el derecho a este tipo prestaciones, lo que supone una restricción desproporcional no solo a este prerrogativa fundamental sino a la posibilidad de acceder al mínimo vital y a la de obtener o mantener una vida en condiciones dignas, con pleno desconocimiento además del mandato constitucional establecido en el artículo 48 de la Carta Política, pues en lugar de garantizar el acceso progresivo a la seguridad social, lo que se termina es coartándolo, por el mero hecho del que el fallecimiento del afiliado se da fuera del periodo establecido por la Corte.
En ese sentido, considero que la Sala debe permitir una aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa, sin limitarlo al hecho de que el fallecimiento del afiliado se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el mismo día y mes de 2006, pues tal obrar resulta más proteccionista y favorable de los derechos que se encuentran en juego.
Adicionalmente, imponer un límite temporal para acudir al postulado en comento en aquellos casos de sucesión normativa entre la Ley 797 de 2003 y Ley 100 de 1993, cuando el asegurado fallecido cumple con los requisitos que esta última disposición exige en su canon 46, desconoce la esencia misma de la condición más beneficiosa, pues tal y como se advirtió en la presente decisión « En el caso de la prestación de sobrevivientes, la institución de la condición más beneficiosa protege las expectativas legítimas de los beneficiarios de un afiliado al sistema general de pensiones que fallece, siempre que haya cotizado la densidad de semanas establecidas en la ley anterior para cubrir tal contingencia, pero cuyo hecho generador -la muerte- ocurre en vigencia de la normativa posterior», así mismo se sostuvo que « la condición más beneficiosa se sitúa en un lugar más allá de la simple expectativa para ubicarse en el concepto de expectativa legítima tutelable por el ordenamiento jurídico, en la medida en que no desconoce y ampara la consolidación de una exigencia relevante, que si bien no es suficiente para alcanzar el derecho en tanto no se ha cumplido otra condición ulterior, sí genera la confianza fundada que el régimen en que estaba incurso y en el que cumplió algunos presupuestos, será respetado», de manera que a mi juicio, la posición de la Sala de supeditar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa a que el deceso se produzca durante un determinado lapso temporal desconoce lo antes señalado, olvidando además que las expectativas legitimas no pierden su condición de tales como consecuencia de una sucesión normativa o del paso del tiempo.
En los anteriores términos, dejo consignada entonces mi discrepancia
Fecha ut supra,
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado