Sostiene que la anterior violación se dio como consecuencia de los siguientes errores evidentes de hecho:
Dar por demostrado, contra la evidencia, que el apoderado del ISS no sustentó adecuadamente su recurso de apelación.
Dar por demostrado, contra la evidencia, “que la apelación deja inhesitos (sic) los planteamientos y razones de las cuales se sirvió el operador judicial de primer nivel para infligir la condena”.
Dar por demostrado, contra la evidencia, que del recurso de apelación se puede derivar que el reclamante cotizó 50 semanas “dentro de los tres últimos años anteriores a la fecha de estructuración” de la invalidez.
No dar por demostrado, estándolo que en el periodo comprendido entre 16 de septiembre de 2006 y 16 de septiembre de 2009, el demandante solo cotizó un total de 46.51 en los tres (sic) años inmediatamente anteriores a la estructuración de la invalidez.
No dar por demostrado, estándolo, que en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, el demandante no alcanzó a cotizar 50 semanas.
Manifiesta que estos errores de hecho se cometieron por la errónea valoración del escrito mediante el cual se interpone y sustenta el recurso de apelación por parte del ISS y, por la falta de valoración del resumen de semanas cotizadas por el empleador, reporte de semanas cotizadas en pensiones y la Resolución n.° 00099522 de 4 de junio de 2010, mediante la cual se negó la pensión de invalidez.
En el desarrollo del cargo, y luego de transcribir algunos apartes de la decisión de segundo grado, cuestiona la apreciación de aquel, en cuanto a la sustentación del recurso de apelación que presentó la entidad demandada y que el juzgador colegiado consideró «dejaba en pie los soportes del fallo de primer grado» pues, en su sentir, en el referido documento el ISS, controvirtió en forma integral la decisión cuando manifestó que «el afiliado NO tenía la densidad de cotizaciones necesarias para acceder a la prestación de sobrevivientes» (sic).
A continuación, reproduce la sustentación del recurso de apelación y, concluye: «De lo anterior se puede ver, que aunque el recurso planteado por el ISS, fue concreto en su contenido, objetó el eje central de la discusión, es decir, planteó que el demandante NO tenía las semanas necesarias para acceder a la prestación de invalidez reclamada».
Agrega que se equivocó el Tribunal cuando afirmó que las 333 semanas de cotización, avalan la conclusión de la jueza de primer grado, en cuanto a que cumple con los requisitos legales para el reconocimiento de la prestación, aspecto que, además, señala el juzgador de segundo grado que no fue controvertido en el recurso de apelación, cuando «se reitera que el apelante atacó la base del punto, argumentando que no existía la densidad de cotizaciones necesarias».
Posteriormente, aduce que:
Además de lo antes señalado, el fallador omitió por completo examinar si en realidad el demandante tenía o no las 50 semanas cotizadas en los tres años inmediatamente anteriores a la estructuración de la invalidez, pasando por alto que de acuerdo con las documentales obrantes a folios 10 (resumen de semanas cotizadas), 11, 12, 13, 14 y 15 (reporte semanas cotizadas), el afiliado no acreditaba las mencionadas 50 semanas, tal y como pasa a verse.
Luego de referirse a cada uno de los ciclos cotizados por el actor del juicio en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, afirma que alcanza un total de solo 46,51 semanas que no le permiten cumplir el requisito de las 50 que exige la norma.
Y para finalizar, agrega que la Resolución n.° 00099522 que acusa como no valorada, a pesar de haber sido mencionada por el Tribunal en su sentencia, no la apreció, «pues la alusión que efectúa frente a dicho documento es simplemente relatando el análisis que efectuó el a quo, pero de todo el texto de la providencia de segunda instancia, en ningún pasaje se puede ver que la haya analizado o valorado».
CONSIDERACIONES
Revisado el cargo, se debe advertir que, aunque en el desarrollo del cargo se concentra el recurrente en la transgresión del artículo 66 A del CPTSS, entiende la Sala que el reproche va encaminado por violación medio, consistente en la infracción de normas de derecho procesal a través de las cuales se viola la ley sustancial, como en este caso específico, los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez contemplados en los artículos 38 a 41 de la Ley 100 de 1993, y bajo ese entendimiento se abordará el estudio por parte de la Corte.
A efecto de zanjar esta controversia, debe recordarse que el artículo 66 A del CPTSS, prevé que «[l]a sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación». Dicha disposición fue declarada exequible condicionadamente por la Corte Constitucional mediante sentencia C-968 de 2003, en el entendido que las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador.
Es necesario advertir que no existe una fórmula ritual que deba seguir el recurrente para interponer el recurso de apelación, basta que se presente el motivo del disentimiento para abordar el estudio a partir de inferencias lógicas derivadas del mismo; al respecto vale la pena memorar lo asentado por esta Corporación en sentencia CSJ SL13226-2014, del 27 de ago. 2014, rad. 36949, en cuanto a que «la expresividad de un cuestionamiento a través de un acto procesal no requiere de frases sacramentales, fórmulas literales o enunciados rituales o inflexibles, pues ello, fuera de traducir un excesivo rigorismo propio de teorías procedimentalistas desuetas, va en desmedro del derecho de acceso a la administración de justicia y de la tutela efectiva del derecho».
Al revisar el escrito de apelación, se observa que la parte demandada pretendió «revocar lo[s] artículos, primero y segundo, de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, el día 9 de diciembre de 2011»; asimismo, expresó, como fundamento de la alzada, lo siguiente:
Es evidente y notorio que el ISS le negó al demandante la prestación económica de vejez[sic] mediante Resolución No. 9522 del 4 de junio de 2010, debido a que el demandante solo había cotizado un total de 333 semanas hasta el 16 de septiembre de 2009, fecha en la cual se produce la estructuración, aclarando que las cotizaciones efectuadas con posterioridad no pueden ser tenidas en cuenta para el reconocimiento de dicha pensión.
De este modo notamos que el demandante no cumple con lo preceptuado en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 que prescribe de la siguiente manera:
[…]
Razones por las cuales el Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución No. 9522 del 4 de junio del 2010, le negó al demandante la prestación económica de pensión de invalidez, la cual se ajusta a derecho
El Tribunal consideró que la apelación dejó «enhiestos» los planteamientos y razones que sirvieron de soporte a la decisión del juez de primera instancia y que:
[…] la parte demandada se redujo a esgrimir que el derecho reclamado por el actor fue negado en la Resolución No. 0009522 del 4 de junio de 2010, por cuanto, el demandante había cotizado un total de 333 semanas hasta la fecha en que se produjo la estructuración del estado de invalidez, previniendo que las cotizaciones efectuadas con posterioridad no pueden ser tenidas en cuenta para el momento de la estructuración. Es patente que la apelación, en sí misma, exhibe languidez argumentativa, habida cuenta, que la sentencia de primera instancia no realizó disquisición respecto de semana cotizadas (sic) con ulterioridad a la estructuración del estado de invalidez del actor. El A-quo esgrimió que el interesado en las resultas del juicio cotizó 333 semanas ininterrumpidas hasta el día de la estructuración del estado de invalidez, conclusión absolutamente incontrovertida en la alzada. De tal manera, que independientemente que la misma consulte lo revelado en el plexo probatorio, no le es dable al Ad quem entrar a elucidar sobre tal particularidad, pues, de hacerlo, trastocaría el Art. 35 de la Ley 712 de 2001.
Si bien es cierto, el escrito de apelación no es precisamente un modelo, lo cierto es que era viable establecer de su atenta revisión, que la demandada cuestionó que el actor no reunía los requisitos previstos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 860 de 2003 y se remitió a las razones esgrimidas por la entidad en la Resolución 9522 de 2014, mediante la cual negó la prestación económica al demandante en sede administrativa, lo que permite inferir que no había impedimento alguno para que el juzgador de segundo grado se remitiera a tales argumentos para decidir la alzada, concretamente le correspondía verificar si el actor realmente cumplía los requisitos para acceder a la pensión de invalidez.
Lo anterior encuentra mayor razón en que el colegiado hizo referencia a:
la afirmación consignada en el recurso de apelación, según la cual, el demandante cotizó 333 semanas hasta el 16 de septiembre de 2009 […] afianza el patrocinio de la prestación, pues, a partir de esa premisa se concluye que cumplió con las exigencias de las 50 semanas cotizadas dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración exigida en el Art. 1º de la Ley 860 de 2003, siendo indiferente la fidelidad al sistema, en atención a la inexequibilidad que esa condición dispuso la Corte Constitucional en la sentencia C-428 del 1º de julio de 2009.
En ese orden, encuentra la Sala que se transgredió el artículo 66 A del CPTSS por cuanto, del soporte del recurso de apelación, se advierte que el apoderado de la entidad demandada efectivamente expresó los motivos de inconformidad con la sentencia de primera instancia, concretamente el no cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 39 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y, en ese orden, debió proceder a decidir la alzada, pues, valga reiterar, no existen fórmulas sacramentales que se deban seguir para expresar las inconformidades con la decisión recurrida.
Por lo anotado el cargo sale avante.
Sin costas por cuanto prosperó el recurso.
SENTENCIA DE INSTANCIA.
Corresponde a la Sala decidir si en el caso concreto se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 para efectos de reconocer la pensión de invalidez, teniendo en cuenta que el 23 de febrero de 2010 el ISS le dictaminó al actor una pérdida de capacidad laboral del 70,40% con fecha de estructuración el 16 de septiembre de 2009.
La juez de primer grado concedió la prestación en el entendido que la exigencia de fidelidad al sistema prevista por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia CC C-596-1997 y que, pese a que esta decisión es posterior a la estructuración determinada por la entidad accionada, lo cierto es que la Sala de Revisión de esa misma Corporación, ya había emitido varios pronunciamientos en los que inaplicó la aludida condición.
La parte demandada apeló con fundamento en que el actor solo había cotizado un total de 333 semanas a la fecha de estructuración, y aunque no puso en duda la aseveración del a quo en cuanto a que éstas lo fueron de manera ininterrumpida, dijo que no se podían tener en cuenta las cotizaciones posteriores a ese momento y transcribió al efecto el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, por lo que solicita la revocatoria de la decisión de primer grado, pues no se reúnen los requisitos previstos en la ley para acceder a la pensión de invalidez.
A fin de resolver lo pertinente, es necesario recordar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, los requisitos para que proceda el reconocimiento de la pensión de invalidez, son los siguientes:
ARTÍCULO 39. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. (Inexequible sentencia CC C-428-2009).
2. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. (INEXEQUBLE SENTENCIA CC C-428-2009).
PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
PARÁGRAFO 2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.
No fue objeto de discusión que al actor se le dictaminó una pérdida de capacidad laboral de 70,40% con estructuración el 16 de septiembre de 2009; que cotizó un total de 457,57 semanas desde el 4 de febrero de 1993 hasta el 30 de abril de 2011, y que se le negó la prestación por parte del Instituto de Seguros Sociales, por cuanto solo contaba con 333 semanas ininterrumpidas hasta la fecha de la invalidez, de las cuales 46 lo fueron en los últimos tres años; y porque tampoco contaba con la fidelidad correspondiente al 20% del tiempo transcurrido entre la fecha en la que cumplió 20 años de edad y la primera calificación.
Con respecto al requisito de fidelidad, en la sentencia SL5320-2018, la Corte sostuvo lo siguiente:
Para resolver es necesario memorar que esta Corporación venía sosteniendo que el cumplimiento del porcentaje de fidelidad de cotizaciones al sistema durante el lapso que estuvo vigente el artículo 1.° de la Ley 860 de 2003, que modificó el 39 de la Ley 100 de 1993, era imperativo, toda vez que la sentencia CC C-428/09, que declaró la inexequibilidad de ese requisito, tiene efectos hacia el futuro por expresa disposición del artículo 45 de la Ley 270 de 1996 «Estatutaria de la Administración de Justicia», dado que el Tribunal Constitucional no estableció efectos diferentes y, por tanto, se entendía que su exigencia estaba amparada por la presunción de constitucionalidad.
No obstante, mediante decisión mayoritaria contenida en la sentencia CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 42540, en la que se ocupó de una pensión de sobrevivientes, y posteriormente, en la CSJ SL, 10 jul. 2012, rad. 42423, con respecto a la prestación por invalidez, cambió su criterio para señalar que el requisito de fidelidad incorporado en las reformas pensionales (Ley 797 y Ley 860 de 2003) del sistema general de pensiones, impuso una evidente condición regresiva en relación con lo establecido originalmente en la Ley 100 de 1993, motivo por el cual, los juzgadores tienen el deber de abstenerse de aplicar esa exigencia, por resultar abiertamente incompatible con los contenidos materiales de la Carta Política, especialmente con el principio de progresividad y no regresividad.
[...]
Posteriormente, en sentencia STL17791-2016, se estableció que tal decisión no implicaba darle retroactividad a la sentencia C-428 de 2009, sino más bien, constituye una expresión del deber de los jueces de inaplicar, en ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad (art. 4 C.P.), las normas legales que sean manifiestamente contrarias e incompatibles con el marco axiológico de la Constitución Política.
El anterior es el criterio actual de la Corporación, que se ha mantenido inalterado y por el contrario se ha reiterado en varias ocasiones; basta con señalar, además de las ya citadas, las sentencias a cuyo contenido se remite la Sala (CSJ SL17484-2014; CSJ SL9182-2014; CSJ SL4346-2015; CSJ SL7099-2015; CSJ SL 5671-2016; CSJ SL6317-2016; CSJ SL6326-2016; CSJ SL9250-2016; CSJ SL 12207-2016, CSJ SL17791-2016, entre otras).
Es con fundamento en los criterios precedentes, que en el sub lite, no puede exigirse al demandante para efectos de la pensión de invalidez, el cumplimiento del requisito de fidelidad de cotizaciones al sistema del 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación, no obstante que el estado de invalidez se consolidó estando en vigor tal exigencia, por cuanto dicha previsión fue a todas luces regresiva como lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia CC C-428 de 2009.
En ese orden, si bien no se equivocó la sentenciadora al inaplicar el requisito de fidelidad contenido en las reformas pensionales introducidas por las Leyes 797 y 860 de 2003, lo cierto es que olvidó verificar si se cumplían las restantes condiciones establecidas en la norma aplicable para otorgar el derecho a la pensión de invalidez. En relación con el número de semanas de cotización señala el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 -que modificó el 39 de la Ley 100 de 1993-, norma aplicable al asunto y sobre lo que no hay discusión, que tratándose de invalidez causada por enfermedad, el afiliado debe haber cotizado mínimo 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración que, en este asunto lo es el 16 de septiembre de 2009, las que, en principio, no aparecen cumplidas por el actor, como lo refiere la entidad recurrente, pues en ese periodo solamente registra 47.
De antaño ha reiterado la Corte que por regla general la disposición llamada a regular el asunto, tratándose de la pensión de invalidez, es la vigente al momento de la ocurrencia del hecho, en este caso la invalidez; que para el caso bajo estudio, corresponde a la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003, la cual exige de un lado la declaratoria que concreta el estado de invalidez, esto es, que el afiliado tiene una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral y, acreditado ello, haber cotizado un número mínimo de semanas anteriores «al momento de la estructuración del estado invalidez del afiliado».
Se impone insistir en que se entiende por «fecha de estructuración», aquel momento en el que el afiliado alcanza una pérdida de capacidad laboral del 50% o más, punto de partida para establecer el lapso dentro del cual se han de contabilizar las semanas exigidas por la Ley.
El artículo 3º del Decreto 917 de 1999, vigente para la fecha en que se calificó al actor, rezaba:
Fecha de estructuración o declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez.
Para el caso, la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003, exige 50 semanas de cotización en los tres últimos años anteriores a la fecha de estructuración.
No obstante lo anterior, es cierto que existen situaciones específicas, como en las enfermedades congénitas, aquellas calificadas como enfermedades crónicas o degenerativas, o la recientemente establecida por esta Sala, ocasionada por secuelas que se manifiesten de manera ulterior al diagnóstico de la enfermedad, que le permiten a la persona gozar de capacidad laboral, y que al actuar como trabajador activo lo obliga a realizar los respectivos aportes para cubrir inclusive los riesgos de invalidez y muerte que ofrece el sistema; cotizaciones éstas que resultan ser plenamente válidas y con las cuales puede alcanzar el reconocimiento inclusive de una pensión de vejez.
Y es en el caso puntual de personas con enfermedades congénitas, crónicas, o degenerativas (SL3275-2019) así como en el caso de las secuelas tardías (SL4178-2020), que la posición mayoritaria de esta Sala habilita la contabilización de las semanas aportadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez.
Dicho de otro modo, tratándose de personas con enfermedades congénitas, crónicas, degenerativas, o en los eventos en que presenten secuelas ulteriores o tardías, el funcionario judicial debe indagar sobre varias aristas del asunto a definir, entre otras, el dictamen médico, las condiciones específicas del solicitante, la patología padecida, su historia laboral, la continuidad de las cotizaciones y la fecha en que se declaró la pérdida permanente de capacidad laboral del 50% o superior por parte de la entidad calificadora habilitada legalmente para tales efectos. Y únicamente, a partir de dicho estudio global, debe el funcionario judicial determinar si la fecha de estructuración fijada en el correspondiente dictamen coincide con el momento en que el afiliado perdió la capacidad laboral en el 50% o más, o si, eventualmente a la data en que así se declaró, ello no era viable por cuanto el afiliado continuaba con capacidad para desarrollar un determinado rol o trabajo.
Se reitera, es deber del funcionario judicial encontrar la verdad real a efecto de determinar «con la mayor precisión posible, si se trata o no de una enfermedad que va generando paulatinamente la pérdida de la capacidad laboral, para entonces predicar, verbigracia, que es la fecha del dictamen, aquella en la que realmente se consolidó la invalidez, mas no la del comienzo de la dolencia» (SL SL4178-2020).
Revisado el expediente se tiene que la patología del accionante, accidente cerebrovascular, la situación de invalidez se concretó en el momento de tal accidente, esto es, 16 de septiembre de 2009, de conformidad con el dictamen sobre pérdida de capacidad laboral realizado por el ISS que obra a folio 9 y que, con soporte en el Manual Único de Calificación de Invalidez diagnosticó al actor «1. SNC (hemiparesia izqda X ACV)» que permitió asignarle una pérdida de capacidad laboral de 70,40% y que como data de estructuración fijó el 16 de septiembre de 2009, fecha del evento cerebro vascular.
Con respecto a dicha patología la Organización Mundial de la Salud-OMS- señaló:
Los ataques al corazón y los accidentes cerebrovasculares suelen ser fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro.
Las causas más importantes de cardiopatía y accidentes cerebrovasculares son una dieta malsana, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol.
El síntoma más común del accidente cerebrovascular es la pérdida súbita, generalmente unilateral, de fuerza muscular en los brazos, piernas o cara. Otros síntomas consisten en: la aparición súbita, generalmente unilateral, de entumecimiento en la cara, piernas o brazos; confusión, dificultad para hablar o comprender lo que se dice; problemas visuales en uno o ambos ojos; dificultad para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación; dolor de cabeza intenso de causa desconocida; y debilidad o pérdida de conciencia.
Como se evidencia es un fenómeno agudo que se da de manera súbita o repentina, es decir, como su nombre lo dice, un accidente, en un momento específico, lo cual dista del concepto de crónico o degenerativo que representan enfermedades de larga duración y con progresión, en la mayoría de casos lenta, que es lo que precisamente evidencia que la persona, aun cuando tiene un diagnóstico específico, tiene capacidad laboral que le permite continuar como trabajador activo, esto es, que, si bien puede tener una PCL, esta no logra el 50% de «forma permanente y definitiva», que le impida desarrollar su labor profesional. Desde el mismo punto de partida debe señalarse que no puede ser catalogada como congénita.
Esta Sala en sentencia CSJ SL3275-2019, explicó el concepto de enfermedad crónica así:
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS), debido a sus características las enfermedades de tipo «crónico» son de larga duración y progresión generalmente lenta, y se catalogan como una patología para la cual «aún no se conoce una solución definitiva y el éxito terapéutico consiste en tratamientos paliativos para mantener a la persona en un estado funcional, mediante el consumo constante de fármacos (...); dichas enfermedades, hoy por hoy, son las causantes de la mayoría de muertes y de discapacidades mundiales».
De acuerdo con dicha organización, las enfermedades crónicas incluyen un grupo de padecimientos y condiciones que, a pesar de tener manifestaciones clínicas diversas, comparten algunas características básicas comunes, como son su persistencia, el requerir manejo durante años o decenios y el hecho de que desafían seriamente la capacidad de los servicios de salud. Se caracterizan también por tener «estructuras causales complejas mediadas por múltiples condiciones de exposición, periodos de latencia largos, evolución prolongada, relativa incurabilidad, y carácter degenerativo» que, sin manejo adecuado, generan discapacidad o alteración funcional, con la consecuente pérdida de autonomía del sujeto afectado.
Desde la perspectiva de los determinantes sociales, la presencia de condiciones crónicas se concibe como un proceso social que asume características distintas en los grupos humanos según la forma en que se concretan los modos de vida, las condiciones de clase social, las condiciones de trabajo y la manera como se expresan a través de las construcciones culturales y las prácticas sociales. Por ello, su evaluación no resulta sencilla, en la medida que amerita un tratamiento distinto por ser una patología de larga duración.
En efecto, frente a este tipo de padecimientos, la Corte Constitucional mediante sentencia SU - 588 de 2016 se pronunció, al referir que las llamadas enfermedades «crónicas, degenerativas y/o congénitas» son aquellas que, debido a sus características, «se presentan desde el nacimiento o son de larga duración y progresivas». Por tanto, en tales eventos, el momento en el cual se perdió definitivamente la capacidad para laborar, suele coincidir con el día del nacimiento, uno cercano a este o la fecha del primer síntoma de la enfermedad o del diagnóstico de la misma y, por esa razón, «estas personas normalmente no acreditan las semanas requeridas por la norma, pese a contar con un número importante de cotizaciones realizadas con posterioridad a la fecha asignada».
Ello significa que los padecimientos crónicos de larga duración son permanentes en el tiempo y se agravan de manera paulatina, lo cual, eventualmente, permite al paciente continuar con su actividad de trabajo, pese a que la pérdida de capacidad laboral se haya estructurado desde antes.
En armonía con lo discurrido, el asunto bajo escrutinio se halla dentro de la regla general y no dentro de las excepciones, pues no es una enfermedad del tipo de las degenerativas, crónicas o congénitas, ni mucho menos de secuelas tardías, por lo que no es dable, en el caso concreto, la contabilización de semanas cotizadas con posterioridad a la calenda de estructuración, siendo aplicable, por tanto, lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 860 de 2003, esto es, el cumplimiento de las 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
Ahora bien, referente a la historia laboral del señor Julio Vicente Collado Suárez, se pudo evidenciar que se afilió como «vinculación inicial» al Sistema General de Pensiones, el 4 de febrero de 1993 (f.° 10), y de acuerdo con la relación de aportes que obra en el expediente, desde esa data realizó aportes hasta el 30 de abril de 2011.
Para efectos de la pensión de invalidez, se observa que, en el interregno comprendido en los 3 últimos años anteriores a la fecha de estructuración, realizó los siguientes aportes:
Periodo
Días cotizados
Febrero de 2007
16
Marzo de 2007
30
Abril de 2008
30
Mayo de 2008
30
septiembre de 2008
5
octubre de 2008
30
Noviembre de 2008
15
Marzo de 2009
6
Abril de 2009
30
Mayo de 2009
30
Junio de 2009
30
Julio de 2009
30
Agosto de 2009
30
Septiembre de 2009
3
Total
315
Total semanas
45
Así las cosas, el accionante no cumplió con las semanas mínimas requeridas por la norma anotada para acceder al derecho pretendido y, aun cuando se tuvieran en cuenta las 333 semanas que dio por establecidas el sentenciador de primer grado con base en el acto administrativo emitido por la entidad demandada, lo cierto es que en cualquier caso resultan suficientes para revocar la sentencia apelada y, como consecuencia, absolver a la demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.
Costas de las instancias a cargo de la parte actora.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 30 de marzo de 2012 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JULIO VICENTE COLLADO SUÁREZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.
En sede de instancia REVOCA la sentencia de primer grado proferida el 9 de diciembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral Adjunto del Circuito de Barranquilla y, en su lugar, se ABSUELVE de todas y cada una de las pretensiones de la demanda que JULIO VICENTE COLLADO SUÁREZ promovió contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.
Sin costas en el recurso extraordinario. Costas de las instancias a cargo de la parte vencida.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
(Salvo voto)
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
(Impedido)
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SALVAMENTO DE VOTO
Recurso Extraordinario de Casación
Radicación n.° 57849
Referencia: demanda promovida por JULIO VICENTE COLLADO SUÁREZ contra INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES.
Con el debido respeto, me aparto de la decisión mayoritaria adoptada por la Sala, en el presente asunto, en cuanto dispuso en sede de instancia, revocar la condenatoria de primer nivel; ello con fundamento en los argumentos plasmados en el proyecto que me fue derrotado y que a continuación expongo:
Como primera medida resulta preciso reiterar, que el juzgador de primer grado reconoció que el demandante tenía derecho a la pensión de invalidez prevista en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, modificatorio del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, porque en su criterio, cumplía con los requisitos previstos en dicha normatividad, dado que la entidad demandada, en el acto con el cual le negó la prestación, sólo la había desconocido por el tema de la fidelidad al sistema, -según el juzgador, debía seguirse el ejemplo de la Corte Constitucional, que inaplicó este requisito en decisiones de tutela, además de haber sido declarado inexequible en el 2009 - el cual debía descartarse en este caso, por ser regresivo.
Señaló el operador judicial lo siguiente: (fº.41-50 cuaderno principal).
« (…) El estado de invalidez, es un hecho que viene acreditado dentro de la resolución 00099522 de julio 4 del 2.010, emanadas por la entidad demandada (f. 6 a 7).
Se discute entonces lo relacionado a los otros requisitos de ley para el reconocimiento y que para el caso de marras, por la época en que se estructuró dicho estado (16 de septiembre del 2.009), se regulaba por lo dispuesto en el Art. 39 de la ley 100 de 1993, modificado por el Art. 1 de la ley 860 del 2.003 que es del siguiente tenor (…)
Tenemos entonces, que al entrar a verificar si se dan los presupuestos para la prosperidad de las peticiones tenemos que: De las pruebas allegadas al proceso por la parte demandante, como es la resolución 00099522 se da cuenta que el demandante solicitó la pensión de invalidez el 22 de abril del 2.010, que fue calificado con una pérdida de la capacidad laboral del 70.40%, con fecha de estructuración septiembre 19 del 2.009, donde reconoce que el demandante cotizó un total de 333 semanas ininterrumpidas hasta el día de la estructuración.
Igualmente procedemos analizar, las razones que tuvo la demandada para desconocer el derecho del demandante. Según la parte considerativa de la resolución expedida por la demandada, el señor Díaz Meza, fue calificado con una invalidez del 67.52%; que al momento de la fecha de la estructuración de la invalidez, se encontraba cotizando y había reunido 333 semanas, considerándose con ello, que había cumplido con el primer requisitos. Manifiesta la demandada, que el afiliado no cumplió con el requisito de la fidelidad o sea que debía acreditar un porcentaje superior o igual o superior al 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez, es decir acreditar 236 semanas, por lo que no cumplió a cabalidad los requisitos de la fidelidad.
De lo anterior tenemos que el desconocimiento de la pensión al afiliado por parte de la demandada, se debió a la aplicabilidad de la normatividad que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1.993 (Art. 1 de la ley 860) que exigía el requisito de la fidelidad.
Es de anotar que si bien es cierto, la norma en la que se fundamentó la demandada para desconocer el derecho pensional al afiliado, fue declarada inexequible en el año 2.009 con efectos hacia el futuro, y la estructuración de la invalidez se dio en septiembre del 2.009; no es menos cierto que la Corte Constitucional a través de su Sala De Revisión, había proferido fallos en los que la exigencia de la fidelidad del artículo 1º de la Ley 860 era inaplicada en virtud del carácter regresivo de la misma.
(…)
Demostrándose con ello, que el afiliado cumplió con los requisitos para ser beneficiario de la prestación solicitada, configurándose derechos adquiridos, de conformidad a los criterios jurisprudenciales, es por lo que el Juzgado impondrá condena a la entidad demandada INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar al demandante señor JULIO VICENTE COLLADO SUAREZ pensión de invalidez, a partir del 19 de septiembre del 2.009, en cuantía equivalente al salario mínimo legal para la época con las respectivas mesadas adicionales e incrementos legales, los intereses moratorios sobre las mesadas causadas y no pagadas con base en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.» (Sic)
Con respecto a dicha decisión, se debe rememorar, que la entidad demandada formuló el recurso de apelación, criticando el hecho de que el juzgador hubiera tenido por acreditadas las semanas exigidas por el aludido artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, para acceder a la pensión de invalidez, dado que en su criterio, el actor no satisfizo las 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, sin que para completar dicho requisito, sea viable computar las semanas cotizadas con posterioridad a dicho estado.
Ahora bien, como no se discute que el demandante ostenta una pérdida de capacidad laboral, equivalente a 70.40%, calificada por el extinto ISS, y con fecha de estructuración el 16 de septiembre de 2009, en tratándose de solicitud de reconocimiento de pensiones de invalidez, la norma que gobierna el asunto, es aquella que se encuentra vigente al momento de la estructuración de la invalidez, que para el caso, efectivamente, como lo consideró el juzgador de primera instancia, es el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, norma que establece, que tendrán derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez, los asegurados que siendo declarados inválidos –como en este caso ocurre- acrediten 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.
Ahora bien, como la norma exige un número mínimo de semanas de cotización en un lapso determinado, era indispensable para el operador judicial verificar si ese requisito se cumplió, máxime, se itera, que la entidad demandada cuestionó este punto.
Al verificarse la historia laboral (fol. 10.), allí se constata, que el actor cotizó en toda su vida, esto es, entre el 4 de febrero de 1993 y el 30 de abril de 2011, un total de 415,57 semanas, de las cuales, 46.86 fueron cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez -16 de septiembre de 2006 al 16 de septiembre de 2009-, las que obviamente, resultan insuficientes para acceder al derecho pensional por invalidez.
Al efecto, no resulta atendible el argumento del juez de primera instancia, relacionado con que el actor era beneficiario del derecho reclamado, en atención a que la demandada aceptó el requisito del número de semanas exigido por la Ley, dado que sólo desconoció el derecho por el tema de la fidelidad al sistema, el cual, según el juzgador, resulta ser un elemento regresivo, y por ello, inaplicable para estos eventos; pues aunque es cierta esta última observación, por cuanto la Corte en innumerables ocasiones ha resaltado esa tesis, precisamente por ir en contraposición con los preceptos constitucionales atinentes a los principios de la progresividad y no regresividad, sin que en su aplicación tenga ver con darle efectos retroactivos a las sentencias de inexequibilidad de la Corte Constitucional cuando la consolidación de la invalidez se dio antes de la expedición de la sentencia C-428 de 2009 (CSJ SL1189-2018, CSJ-SL779 de 2018, y muchas otras), no es menos cierto, que en este caso, por ninguna parte la entidad de seguridad social aceptó el cumplimento de las semanas mínimas de cotización exigidas por la norma para que el actor se hiciera acreedor de la prestación pensional reclamada.
Ni en la contestación a la demanda (fol. 23-25.), ni en la Resolución No. 00099522 del 4 de junio de 2010 (fol. 6-7) el ISS -esta última, como el acto que supuestamente tuvo acreditado ese supuesto- consintió ese aspecto, es más, fue enfático en que el demandante no cumplía con el requisito legal de las 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores al estado de invalidez.
Al respecto, en el citado acto administrativo, la entidad dispuso:
« (…) Que en el expediente obra calificación Medico Laboral emitido por la vicepresidencia de pensiones, en el cual se establece que el Asegurado presenta una pérdida de capacidad laboral del 70.40%, estructurada a partir del 16 de septiembre de 2009.
Que revisado el certificado de semanas cotizadas por el Asegurado, y luego de efectuar la imputación de pagos prevista en el artículo 29 del Decreto 1818 de 1.996, modificado por el artículo 53 del Decreto 1406 de 1.999, se establece que la asegurada cotizó a este Instituto en forma interrumpida un total de 333 semanas cotizadas, hasta el 16 de septiembre de 2009, fecha de estructuración de la invalidez, aclarando que las cotizadas con posterioridad no pueden ser tenidas en cuenta para el reconocimiento de la prestación económica de invalidez, semanas de las cuales 46 fueron sufragadas en los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración, siendo evidente que NO cumple a cabalidad con el primer requisito mencionado en párrafos precedentes. (…)» (negrillas propias)
Entonces, resulta abiertamente equivocada la inferencia del Juzgado, sobre la aceptación por parte de la pasiva de tal presupuesto, omitiendo verificar si con la historia laboral aportada al proceso, el actor lograba acreditar las semanas exigidas por el legislador, para la declaratoria del derecho pensional solicitado, siendo que, en realidad, no las cumplía.
Por otra parte, en cuanto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, que también el demandante solicitó su estudio en la demanda, a efectos de que se tenga en cuenta para el reconocimiento de la aludida prestación, debe resaltarse lo siguiente:
Como quedó explicado en la sentencia CSJ SL2008-2018, a partir de la decisión del 25 de julio de 2012, radicado 38674, la jurisprudencia de la Sala cambió, en el sentido de aceptar la aplicación de este principio, respecto a otra legislación posterior a la nueva ley de la seguridad social, dado que antes, sólo se admitía en relación al cambio normativo entre el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año y la Ley 100 de 1993, pero a partir de la nueva composición de la Sala, se permitió la aplicación del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, bajo la hipótesis de que la fecha de estructuración de la invalidez se produzca en vigencia de las leyes 797 o la 860 de 2003.
La Sala explicó en la sentencia del 2012, partiendo de lo previsto en el artículo 53 de la Constitución Política de 1991, que no resultaba equitativo restarle eficacia a las cotizaciones anteriores al estado de invalidez, con las cuales el afiliado hubiera podido obtener la prestación pensional bajo los supuestos de la norma modificada o derogada, de no haberse presentado el cambio abrupto de la legislación, por lo que el principio de la condición más beneficiosa era aplicable en el tránsito normativo entre la Ley 100 y la 860, siempre y cuando «la nueva disposición estipule requisitos más gravosos que los señalados en la norma precedente, y además el titular del derecho o beneficiario haya reunido las exigencias de ésta cuando la nueva entró en vigencia».
Frente al anterior aspecto, considero que en casos como el presente, procede la aplicación del principio de la condición más beneficiosa cuando el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez, sin que sea menester exigir como lo hace la posición mayoritaria, la estructuración de la invalidez se dé entre el 26 de diciembre de 2003 y el mismo día y mes del año 2006, pues tal obrar resulta más proteccionista y favorable de los derechos que se encuentran en juego.
Adicionalmente, imponer un límite temporal para acudir al postulado en comento en aquellos casos de sucesión normativa entre la Ley 860 de 2003 y Ley 100 de 1993, cuando el asegurado invalido cumple con los requisitos que esta última disposición exige en su canon 39, como en el presente asunto acontece, desconoce la esencia misma de la condición más beneficiosa, a mi juicio, la posición de la Sala de supeditar la aplicación del principio de la condición mas beneficiosa a que en el presente asunto el estado de invalidez se configurara «entre el 26 de diciembre de 2003 al mismo día y mes de 2006», desconoce lo antes señalado, olvidando además que las expectativas legitimas no pierden su condición de tales como consecuencia de una sucesión normativa o del paso del tiempo.
Bajo el anterior contexto, a mi juicio surge patente que la Sala ha debido, en sede de instancia, confirmar la sentencia dictada por el juzgado, y estimar procedente la aplicación del principio de la condición mas beneficiosa, teniendo en cuenta que el demandante tiene una pérdida de capacidad laboral del 70.40%, con fecha de estructuración del estado de invalidez del 16 de septiembre de 2009, data para la cual era cotizante activo y además, para dicha calenda contaba con más de 26 semanas aportadas ya que como se dejó sentado en la presente providencia presentó su «vinculación inicial» al Sistema General de Pensiones, el 4 de febrero de 1993 (f.° 10), y de acuerdo con la relación de aportes que obra en el expediente, desde esa data realizó aportes hasta el 30 de abril de 2011».
En los anteriores términos, dejo consignada entonces mi discrepancia.
Fecha ut supra,
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado