OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Magistrado ponente
SL2631-2019
Radicación n.° 62700
Acta 021
Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil diecinueve (2019).
Decide la sala el recurso de casación interpuesto por GLORIA ESTHER PÉREZ GONZÁLEZ contra la sentencia proferida por la Sala Primera Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 31 de octubre de 2012, en el proceso promovido en contra de CASA LUKER S.A..
ANTECEDENTES
Gloria Esther Pérez González demandó a Casa Luker S.A. pretendiendo que se le condenara al pago de la indemnización por despido injusto, así como a la reliquidación de las prestaciones sociales y las vacaciones, por la no inclusión del auxilio de alimentos como factor salarial, desde la primera quincena de agosto de 2005 y hasta el final de la relación laboral; la indemnización moratoria, y las costas del proceso.
Como fundamento de sus pretensiones adujo que prestó sus servicios a la demandada a través de contrato de trabajo desde el 22 de enero de 2002 hasta el 16 de marzo de 2009, ejerciendo como último cargo el de líder de equipo; que en octubre de 2008 fue ascendida al cargo de líder de equipo jefe de punto de venta cuentas clave, estando sus funciones descritas en el documento denominado «CIO», dentro de las cuales no estaban la presentación de informes, el manejar automóvil, ni la legalización de devoluciones de productos; que el contrato terminó por decisión unilateral de la empresa, a través de comunicación del 16 de marzo de 2009, en la cual no se establecen las normas legales, contractuales y convencionales que aparentemente transgredió; que la citación a descargos se hizo por medio de oficio del 19 de febrero de 2009, por «[…] no entregar en los tiempos solicitados por nuestra compañía Casa Luker S.A. la gestión de legalización $40.000.000, que se le está solicitando desde diciembre 1 del año 2008», «y por nuestro aliado estratégico General Mills respuesta de la legalización devolución por valor $4.600.000 que se le solicitó contestar informe $4.580.000», y por «El día 7 de febrero quedó de enviar informe al aliado del alba», y porque «Realizó compromiso para comprar vehículo desde el mes de noviembre 1º del 2008 que fue trasladada y en febrero de 2009»; que el oficio no indica las normas del reglamento interno de trabajo violadas con su proceder.
Señaló que el 20 de febrero de 2009 fue escuchada en descargos, diligencia en la cual no reconoció conocer el reglamento interno de trabajo de la empresa; que solo se le entregó el pago de su liquidación de prestaciones sociales hasta el 26 de marzo de esa anualidad; que desde el pago correspondiente a la primera quincena de agosto de 2005, recibió de manera constante y periódica un auxilio de alimentos en forma mensual, con ocasión de la labor realizada; que en el contrato de trabajo no se estableció de manera expresa que dicho concepto no tuviera connotación salarial, no obstante, la empresa nunca lo consideró como tal; que dicho auxilio equivalía en las últimas quincenas pagadas a la suma de $58.000, es decir, $116.000 mensuales; y que su salario promedio fue de $1.603.340, suma que no fue considerada para la liquidación de sus prestaciones sociales.
Casa Luker S.A. al contestar la demanda se opuso a las pretensiones. Aceptó el contrato de trabajo celebrado con la demandante, el último cargo desempeñado, el ascenso de que fue objeto, la descripción de sus funciones en el documento denominado «CIO», la citación a descargos el 19 de febrero de 2009 y la rendición de los mismos al día siguiente, la terminación de la relación laboral en forma unilateral el 16 de marzo de 2009, y el auxilio de alimentación reconocido, aclarando que aquel se le empezó a cancelar a partir de la segunda quincena del mes de agosto de 2005.
Dijo que la actora inició labores a partir del 21 de enero de 2002; que sus funciones no solamente estaban plasmadas en el documento denominado «CIO», sino también en el contrato individual de trabajo y en el otrosí suscrito, al igual que en el reglamento interno de trabajo y en el manual de metodología «NOSC»; que a la trabajadora le correspondía «[…] analizar, revisar, controlar, monitorear mensualmente, elaborar y consolidar el pronóstico de su zona para enviarlo, lo cual necesariamente debía hacerse a través de la elaboración de informes, los cuales debían contener una información oportuna y asertiva […]»; que dicha información debía entregarse de manera eficiente, lo cual se manifestaba en la prevención de productos agotados, vencidos, averiados, etc., en los puntos de venta, lo cual permitía mejorar la competitividad de la empresa, debiendo por tanto controlar lo que tenía que ver con las devoluciones de productos, es decir, administrar el inventario que tenía a su disposición.
Sostuvo que en la carta entregada a la trabajadora se mencionó en forma pormenorizada las faltas en las que incurrió, encontrándose aquellas sustentadas en la cláusula séptima del contrato de trabajo y en el otrosí suscrito; que el pago de su liquidación final se realizó el 27 de marzo de 2009; que el auxilio de alimento reconocido, se le suministraba con el único fin de que desempeñara a cabalidad y de mejor forma sus funciones, sin que fuera para su propio beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, tal como quedó consignado en el otrosí, habiéndose acordado que no tenía connotación salarial; que aquel concepto era reconocido por la suma de $58.500 cada quince días; y, que aquella tenía un sueldo mensual de $1.145.000, y un variable garantizado.
En su defensa formuló las excepciones que denominó prescripción y caducidad; inexistencia de la obligación; inexistencia de causa para pedir; cobro de lo no debido; enriquecimiento sin causa; compensación; buena fe de la demandada; y nulidad.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla mediante sentencia del 2 de septiembre de 2011 declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por la demandada, la absolvió de las pretensiones de la demanda y condenó a la demandante a pagar las costas del proceso.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Primera Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, a través de sentencia del 31 de octubre de 2012, confirmó la decisión de primer grado.
Partió de que la comunicación del 16 de marzo de 2009 suscrita por Victoria Ariza de la Cruz, en su condición de ejecutivo de cuenta de la demandada, acredita la desvinculación de la demandante.
Indicó que en consecuencia, le correspondía a la demandada demostrar los motivos que conllevaron a la terminación unilateral del contrato de trabajo de la demandante, para exonerarse de las sanciones establecidas en la ley; ello de cara a la línea jurisprudencial fijada por la Corte Suprema de Justicia respecto de la indemnización por despido injusto.
Para efectos de analizar la justeza del despido, valoró el acta de la diligencia de descargos rendida por la demandante el 20 de febrero de 2009; las respuestas dadas al absolver interrogatorio; así como las declaraciones de Edith Isabel Reyes Moreno, Clara Inés Montoya Restrepo y Victoria Ariza de la Cruz; y concluyó:
Por todo lo que viene de verse, el comportamiento asumido por la promotora del juicio, que derivó en su desvinculación, estructura las causales de despido por justa causa estatuidas en el Art. 7º, numeral 6º del Decreto 2351 de 1965, en concordancia con lo establecido en los numerales 1º y 5º del Art. 58 del C.S.T. Antes que las normas que configuran la justeza en el despido, lo trascendente es la invocación de los hechos que las tipifican, pues, a partir de allí, el empleado desvinculado puede ejercer válidamente su derecho de réplica y contradicción.
De otro lado, en lo concerniente a la solicitada connotación salarial del auxilio de alimentos, expresó:
[…] anota la Sala, que es indiferente la fecha que registra el documental que cursa a folio 214, constitutivo de “SOLICITUD DE AUXILIOS Y/U OTROS PAGOS NO SALARIALES”, a nombre de la señora GLORIA ESTHER PEREZ GONZALEZ, porque su contenido es absolutamente elocuente al señalar que “no constituyen salarios las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad reciba del empleador, como Primas; bonificaciones o gratificaciones ocasionales; participación de utilidades; premios por cartera; premios por concurso. Y lo recibido en dinero o en especie no son para mi beneficio como empleado, ni para enriquecer mi patrimonio como empleado, sino para desempeñar a cabalidad las funciones que la compañía me ha encomendado”, documento que aparece firmado por la demandante. Es más, el empleador no controvierte la fecha a partir de la cual empezó a reconocer esa prerrogativa a su trabajadora, de donde se sigue, que resulta inviable inventariar como factor salarial el subsidio en referencia, pues, lo contrario se contrapone a lo establecido en el Art. 15 de la Ley 50 de 1990.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que se case la sentencia del tribunal, y «[…] en consecuencia se SUSTITUYAN en su totalidad las sentencias impugnadas y en su lugar se CONDENE de manera total a la empresa CASA LUKER S.A. a las pretensiones de la demanda inicial».
Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formuló tres cargos que fueron objeto de réplica, y que se resolverán en forma conjunta dada la unidad de motivación en su resolución.
CARGO PRIMERO
Acusó la sentencia de violar por la vía directa las siguientes normas:
«[…] artículo 3l del CST, artículo 64 numeral 5º del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el Art. 6º Par transitorio de la ley 50 de 1990; artículo 7º numeral 6º del Decreto 2351 de 1965, en concordancia con lo establecido en los numerales 1º y 5º del artículo 58 del CST, artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, Decreto 3135 de 1968, art. 5º, Arts. 25, 29, 39, 55, 58, 93, 122, 123, 228, 229, 230 de la Constitución Política; artículos 25, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo artículo 55 del RIT de CASA LUKER S.A.
En la demostración del cargo expresó que la terminación del contrato de trabajo se basa en una falta grave «según lo dispuesto en el reglamento interno de trabajo»; y en la segunda instancia se señala, que la justeza del despido deviene de la aplicación del num. 6º del art. 7 del Decreto 2351 de 1965, en concordancia con lo establecido en los numerales 1º y 5º del art. 58 del CST.
Indicó que si bien es clara la jurisprudencia de la corte en que, al invocar el colegiado el art. 58 del CST como causal de despido, le deviene la facultad de determinar la gravedad de la supuesta falta, no es menos cierto, que dicha causal no aparece como tal en la carta de despido.
Dijo que en la comunicación de terminación del contrato se encuentra una ausencia absoluta de señalamiento de causal alguna, ya que solo expresa una generalidad de ideas, la cual se pretende subsumir con la contestación, en la que se establece de manera clara en el acápite denominado «IV RAZONES, HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO EN QUE SE APOYA LA DEFENSA», que fueron las señaladas en el numeral 5º del art. 58 del CST, y en el art. 62 del CST literal a), numerales 9 y 13, todas enmarcadas en una falta grave consagrada como tal en el reglamento interno de trabajo.
Sostuvo que el primer deber de cualquier juzgador, es confrontar la norma acusada con el hecho señalado; en ese sentido, al revisar el reglamento interno de trabajo de la demandada, se encuentra, que las acciones que se le endilgan, no aparecen como falta grave, lo que llevó al tribunal a examinar si la conducta tenía dicha connotación, porque como lo ha dicho la corte en reiteradas ocasiones, cuando la razón del despido es simplemente el hecho del incumplimiento previsto en el art. 58 del CST, o en su defecto, del art. 60 de la misma normatividad, el juez tiene la facultad de evaluar el daño realizado, porque no deviene la razón del reglamento, convención o contrato, sino de la misma ley.
VII. CARGO SEGUNDO
Acusó la sentencia de violar por la vía indirecta «[…] por considerar que los juzgadores de primera y segunda instancia cometieron error de hecho al apreciar de manera errónea las pruebas adosadas al expediente, específicamente la citación a descargos, el acta de descargos, la carta de despido con su anexo de donde se desprende la presunta aceptación del carácter de justo del despido de mi mandante».
Como errores de hecho en los que incurrió el tribunal relacionó:
a) Dar por probado no estándolo, que el proceso disciplinario al que fue sometido se ajustaba a la Constitución y a la Ley.
b) Dar por probado no estándolo que no hubo distancia temporal entre los hechos que se le acusaron y la decisión del despido.
En el desarrollo del cargo expresó que haciendo un análisis juicioso de la carta de citación a descargos del 19 de febrero de 2009, se tiene, que en ella no se establece las normas reglamentarias, contractuales o legales violadas; resultando extraño que se cite la posibilidad de violación de normas convencionales, cuando la empresa no tiene sindicato.
Dijo que quedó claro del acta de descargos, que al preguntarle si conocía el reglamento interno de trabajo, expresó no conocerlo; que resulta curioso que se le preguntara sobre un supuesto compromiso de comprar un carro, cuando no es posible que con su tiempo de trabajo al servicio de la empresa, tuviera supeditada su continuidad a la adquisición de un automotor; que reconoció realizar las actividades y gestiones necesarias dentro de las labores a su cargo, tales como búsqueda de documentos y remisión de los mismos para realizar la debida devolución; y, que en razón del desorden existente con anterioridad a su llegada al cargo en cuestión, no había podido legalizar la devolución que se le exigía, sobre este aspecto citó con nombre propio a las personas encargadas de dicha función antes de su llegada al cargo, que realmente eran las responsables de la situación, sin embargo, aquellas nunca fueron citadas, y la empresa ni siquiera sopesó dicha situación al momento de tomar la decisión de desvincularla.
Expuso que en la citada acta consta que encontró reimpresiones y copias de la mercancía a legalizar, documentos que no fueron aceptados por los encargados de hacerlo por parte de la empresa, y teniendo en cuenta que los originales no se encontraban, era la única forma de poder solucionar las cosas; en ella aparece que no pudo entregar el informe de los productos del «alba puesto», y que la bodega 900 no estaba recibiendo pedidos desde finales de diciembre hasta la primera semana de febrero.
Agregó que de igual manera, al momento de los descargos, se le inquirió de manera sorpresiva sobre temas para los que no fue citada, tales como las devoluciones en Sánchez Polo; el informe presentado por Jorge Vargas sobre una revisión en Montería, Sincelejo y Caucasia, donde se reportó inexistencia de producto en los meses de septiembre y febrero de 2008; un reporte de SAO 93 de Santa Marta; y acerca de conocimientos básicos en Excel, y de ser profesional.
Manifestó que el acta de descargos fue la base fáctica para determinar la justeza del despido, sin embargo, las devoluciones a que hace referencia la carta, ocurrieron en un lapso comprendido entre enero de 2007 y diciembre de 2008, es decir, en el mejor de los casos, con una diferencia de tres meses, y en el peor, un año y dos meses después de acaecida la citación; lo que da cuenta de que se le citó por unas razones diferentes a las que se le preguntó en el acta de descargos, y que difieren con los hechos relatados en la carta de despido, y por demás, antiguos.
Indicó que de lo expuesto se concluye que no se le dio la oportunidad legal y constitucional de defenderse, y que no existió un verdadero análisis de las pruebas presentadas, legalizando incluso un despido por hechos que sucedieron con mucha antelación a la decisión de dar por terminado el contrato; siendo deber constitucional, y no solo legal de los jueces, determinar si se había dado la oportunidad de ejercer de manera coherente una defensa en propiedad.
VIII. CARGO TERCERO
Acusó la sentencia de violar por la vía indirecta «[…] por considerar que los juzgadores de primera y segunda instancia cometieron error de hecho al apreciar de manera errónea las pruebas adosadas al expediente, específicamente el otrosí al contrato laboral de donde se desprende la presunta aceptación del carácter de no salarial del auxilio de alimentos concedido a mi mandante».
Como errores de hecho en los que incurrió el tribunal, relacionó:
a) Dar por probado no estándolo, que la copia de la “solicitud de auxilio y otros pagos”, se ajusta a la ley, lo que trae como consecuencia.
b) Dar como probado, no estándolo, que el auxilio de alimentos percibido por la señora GLORIA ESTHER PEREZ GONZALEZ, no constituía factor salarial.
En la demostración del cargo expuso que el documento denominado «solicitud de auxilios y/u otros pagos no salariales», aportado con la respuesta a la demanda, fue el soporte para negarle connotación salarial al auxilio de alimentos; frente a lo cual debe considerarse, que no es posible tener como prueba un documento que presenta falencias, al haberse presentado en copia; al respecto, en la sustentación del recurso de apelación, se señaló, que la demandada al dar respuesta al hecho 68 de la demanda introductoria, estableció que se suscribió el acuerdo el 15 de julio de 2005, sin embargo, en la fecha del estudio referido, aparece un 19, un número borrado y un 06; al final del documento aparece a mano un 1º de febrero de 2006, y un sello con la misma fecha; y en la nómina de junio de 2005 ya se le estaba pagando el auxilio, de lo que se desprende, que no existe certeza sobre la fecha de suscripción o de origen de tal documento, bajo esos parámetros, se pregunta, cómo se puede tomar ese documento como generador de derecho.
Dijo que es un hecho diciente, que no haya reconocido la suscripción de ese documento en su momento, porque al ser copia mal podría hacerse un estudio del mismo; y si aquel presenta enmendaduras e inconsistencias varias, no podía utilizarse como soporte de las decisiones atacadas.
IX. RÉPLICA
Aseguró la opositora que la demanda de casación presenta las siguientes falencias técnicas en su formulación: el alcance de la casación fue indebidamente planteado, ya que solo es posible la casación de la sentencia de segunda instancia, al tenor del art. 88 del CPTSS, salvo cuando se da el recurso per saltum, y en el presente evento, la recurrente pretende la casación de las sentencias de primer y segundo grado; en el segundo cargo planteado por la vía indirecta, se formuló como error de hecho «b) Dar por probado no estándolo que no hubo distancia temporal entre los hechos que se le acusaron y la decisión del despido», cuando dicho punto no fue alegado en el libelo introductorio, constituyéndose en un hecho nuevo no admisible en casación, o en una violación al principio de consonancia, ya que al respecto tampoco nada dijo la apelante en su escrito, al referirse a la sentencia de primera instancia; se presenta el primer cargo por la vía directa, pero no se señala el submotivo de violación, y en el desarrollo del mismo se alude a la errada interpretación pero del reglamento interno de trabajo, el cual es una prueba y no una norma sustancial, entremezclándose de esta forma aspectos jurídicos y probatorios.
Además, el segundo cargo adolece de proposición jurídica; se dejaron por fuera del recurso los puntos del acta de descargos que tuvo en cuenta el tribunal, para referirse a otros aspectos que así fueran incidentes, pierden su eficacia al quedar en pie los considerados por el ad quem; en el tercer cargo tampoco se menciona el submotivo de violación, y aunque se formula sobre la prueba documental que obra a folio 214, está mal enfocado, pues el tribunal no hizo ninguna consideración sobre la validez del documento, y no tenía por qué hacerlo, ya que transcurrió todo el proceso sin haber sido desconocido ni tachado de falso.
X. CONSIDERACIONES
Por lo extraordinario del recurso de casación, se debe orientar a enjuiciar la sentencia, para así establecer, si al dictarla el tribunal observó las preceptivas jurídicas que como parte del sistema normativo propio estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto, mantener el imperio e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos constitucionales de las partes. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se confrontan, directa o indirectamente, las normas pertinentes al caso y la sentencia, no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.
A fin de lograr que se cumpla la pluralidad de objetos del recurso extraordinario, la demanda de casación no puede plantearse aduciendo razones a lo sumo admisibles en un alegato de instancia, en el cual es posible argüirlas libremente, y es por eso que ella debe reunir no solo los requisitos meramente formales que permiten su admisión, sino que requiere de un planteamiento y desarrollo lógicos, que se muestren acordes con lo propuesto por quien hace valer el recurso, el cual, por la seriedad de los fines que persigue, exige que el recurrente cumpla cabalmente con la carga de demostrar la ilegalidad de la sentencia acusada.
Visto lo anterior, encuentra la sala, como lo advierte la opositora, que los cargos contienen deficiencias de tal magnitud, que hacen imposible su estudio, como se pasa a explicar:
1. El alcance de la impugnación que constituye el petitum de la demanda, fue indebidamente planteado, ya que se pretende que «[…] se CASE y en consecuencia se SUSTITUYAN en su totalidad las sentencias impugnadas y en su lugar se CONDENE de manera total a la empresa CASA LUKER S.A. a las pretensiones de la demanda inicial».
El recurso de casación procede de conformidad con el art. 59 del Decreto 528 de 1964, contra las sentencias de segunda instancia, y no contra las de primera, a menos que se trate de casación per saltum, lo cual no ocurre en el presente evento.
2. En el primer cargo formulado por la vía directa no se señala la modalidad; dicha vía entraña la existencia de un error de índole jurídico, no obstante, el reparo de la recurrente gira en torno a lo fáctico, así se colige de las afirmaciones según las cuales, en la carta de despido hay una ausencia absoluta de señalamiento de causal alguna; y que al revisar el reglamento interno de trabajo de la demandada, las acciones que se le endilgan no aparecen como falta grave, expresando acto seguido:
[…] Sin embargo, cuando la razón jurídica del despido procede del Reglamento Interno de Trabajo, debe verificarse si realmente está establecido como tal. Al verificar esta circunstancia en dicho reglamento se encuentra que no es así, ninguna de las cosas de las que se le señalan a mi mandante de haber realizado y que dan por resultado el despido, han sido catalogadas como faltas graves, por lo tanto es de esta errada interpretación normativa que da por consecuencia la falsa idea de la justicia del despido.
Se ha sentado jurisprudencialmente, que la demanda de casación debe reunir no solo los requisitos meramente formales que autorizan su admisión, sino que también exige un planteamiento y desarrollo lógicos. Esto es, si se acusa al fallo de violar directamente la ley, la argumentación demostrativa debe ser de índole jurídica; en cambio, si el ataque se plantea por errores de hecho o de derecho, los razonamientos conducentes deberán enderezarse a criticar la valoración probatoria.
Si en gracia de discusión se entendiera que dicho cargo se encauzó por la vía indirecta, carecería de sus elementos estructurales, en la medida, en que no cumplió la censora con los deberes que le competen al plantear los cuestionamientos por la senda de los hechos, ya que solo podría partirse de que se acusaron unos documentos como erróneamente apreciados, sin haberse relacionado los errores de hecho, ni expresado en qué consistió la errónea estimación del juzgador, ni se explicó, cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad, y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Es decir, en el cargo debe quedar claro qué es lo que la prueba demuestra, cuál es el mérito que le reconoce la ley y cuál hubiese sido la decisión del juzgador si la hubiera apreciado (CSJ SL 15148, 23 mar. 2001).
Estos defectos resultan no solo de la circunstancia de que así lo disponen los artículos 87 y 90 del CPTSS, sino porque lógicamente no habría forma de confrontar la conclusión que sobre los aspectos fácticos del proceso se formó el juzgador de segundo grado, y de los cuales discrepa la recurrente.
3. En los cargos segundo y tercero, planteados por la vía indirecta, no se mencionó el submotivo de violación, y lo más relevante es que carecen de proposición jurídica; aunque se advierte, como se sentó en la sentencia de esta corporación CSJ SL15585-2016, que no se exige que aquella sea completa, sino que basta citar la norma sustancial «[…] que constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada».
En ambos se alude a la apreciación errónea de pruebas, o a la falta de apreciación de las mismas; y aun cuando la recurrente pretende con el segundo, que se declare que fue despedida en forma injusta por la demandada, y con el tercero, que se tenga el auxilio de alimentación como factor salarial, no señala el submotivo de violación, como tampoco, las normas que constituyeron base esencial del fallo del tribunal, como los arts. 58 del CST, 7 numeral 6º del Decreto 2351 de 1965, y 15 de la Ley 50 de 1990.
Para que se cumpla el objeto del recurso de casación, uno de cuyos fines esenciales es el de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 del CPTSS, es menester que se indique el precepto legal sustantivo de orden nacional que se estime violado; y como reiteradamente lo ha explicado la jurisprudencia, únicamente tienen tal carácter, las normas que son atributivas de derechos laborales.
En consecuencia, desatendió la recurrente la obligación de indicar una norma que habiendo sido o debiendo ser esencial al fallo atacado en casación, se estima violada.
De suerte que, como no se denuncia una proposición jurídica mínima apta, carece de sustentación la impugnación planteada en ambos.
4. En el segundo cargo se introduce un medio nuevo, al exponer como error de hecho «b) Dar por probado no estándolo que no hubo distancia temporal entre los hechos que se le acusaron y la decisión del despido», lo cual resulta inadmisible, ya que ello no fue discutido en las instancias y solo vino a ser alegado en el recurso de casación.
5. A todo lo anterior debe agregarse que la sustentación del cargo se asemeja más a un alegato propio de las instancias respectivas, que a una argumentación adecuada y sucinta, donde el censor cumpla con la obligación de demostrar los eventuales yerros en que, a su juicio, incurrió el Tribunal al adoptar la decisión impugnada, conforme lo exige el artículo 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Es oportuno señalar, que el recurso de casación no le otorga competencia a la corte para juzgar el pleito, a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, pues tal como lo ha expresado insistentemente esta sala, aquel no es una tercera instancia, por lo tanto, no es procedente presentarlo en forma de alegatos, toda vez que debe sujetarse a las mínimas formalidades previstas para su estimación, y deben acreditarse con suficiencia los yerros que se imputan a la decisión; en similares términos se pronunció esta corporación en la sentencia CSJ SL12326-2017, con criterio que se acompasa a este asunto, oportunidad en la que precisó:
Como lo ha expresado la Sala y se reitera, el recurso extraordinario de casación, no es una tercera instancia, ni admite argumentos en forma de alegatos de instancia; en sentencia CSJ SL4281-2017, se precisó:
Reitera, una vez más, la Corte que el recurso de casación no es una tercera instancia, en la que el impugnante puede exponer libremente las inconformidades en la forma que mejor considere.
Por el contrario, adoctrinado está que el recurrente debe ceñirse a las exigencias formales y de técnica, legales y jurisprudenciales, en procura de hacer procedente el estudio de fondo de las inconformidades, en la medida en que son los jueces de instancia los que tienen competencia para dirimir los conflictos entre las partes, asignando el derecho sustancial a quien demuestre estar asistido del mismo. Al juez de la casación, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario, satisfaga las exigencias previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, las cuales no constituyen un culto a la formalidad, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según los términos del artículo 29 de la Constitución Política.
Se ha dicho con profusión que, en esta sede, se enfrentan la sentencia gravada y la parte que aspira a su quiebre, bajo el derrotero que el impugnante trace a la Corte, dado el conocido carácter rogado y dispositivo de este especial medio de impugnación.
Por lo expuesto, los cargos deben desestimarse.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones de pesos m/l ($4.000.000), valor que se incluirá en la liquidación que haga el juez de primera instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
XI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Primera Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el treinta y uno (31) de octubre de dos mil doce (2012), en el proceso promovido por GLORIA ESTHER PÉREZ GONZÁLEZ en contra de CASA LUKER S.A..
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
ACLARACIÓN DE VOTO
SL2631-2019
Radicación n.° 62700
Acta 021
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Magistrado ponente
Con el debido respeto por la posición mayoritaria, y aunque acompaño la decisión de NO CASAR la sentencia recurrida, me aparto de la forma como ello se resolvió, por las siguientes razones:
Dijo la Corte: «Visto lo anterior, encuentra la sala, como lo advierte la opositora, que los cargos contienen deficiencias de tal magnitud, que hacen imposible su estudio, como se pasa a explicar», y seguidamente sentenció:
1. El alcance de la impugnación que constituye el petitum de la demanda, fue indebidamente planteado, ya que se pretende que «[…] se CASE y en consecuencia se SUSTITUYAN en su totalidad las sentencias impugnadas y en su lugar se CONDENE de manera total a la empresa CASA LUKER S.A. a las pretensiones de la demanda inicial».
El recurso de casación procede de conformidad con el art. 59 del Decreto 528 de 1964, contra las sentencias de segunda instancia, y no contra las de primera, a menos que se trate de casación per saltum, lo cual no ocurre en el presente evento.
¿Realmente era imposible entender el alcance de la impugnación? Claro que no. En primer lugar, la Sala omitió referir que la recurrente pidió que se casase la sentencia del Tribunal, que de haber sido claro en eso, hubiese comprendido que, una vez casada dicha providencia, el querer de la censora no era otro, sino, que se accediera a sus pretensiones, es decir, que se revocara la de primer grado.
Así dejo consignada mi aclaración de voto.
Fecha ut supra,356235-165354000
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Magistrado