Ficha de la providencia
Sentencia SL2666-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL2666-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL2666-2021
Magistrado ponente: Clara Cecilia Dueñas Quevedo
2 de junio de 2021
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada ponente
SL2666-2021
Radicación n.° 84574
Acta 20
Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintiuno (2021).
Procede la Corte a proferir fallo de instancia en el proceso ordinario laboral que CARMEN AMPARO PÉREZ DE GÓMEZ adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
ANTECEDENTES
En sentencia CSJ SL1372-2020 de 11 de marzo de ese año, esta Corte casó la sentencia que la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali emitió el 10 de octubre de 2018, mediante la cual revocó el fallo proferido el 16 de mayo de 2016 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de la misma ciudad.
En su decisión, la Sala explicó esencialmente que los derechos pensionales y las cotizaciones son consecuencia del trabajo, motivo por el que los efectos de la mora patronal se sustentan en la demostración de «una relación de trabajo» mediante «pruebas razonables o inferencias plausibles».
En tal contexto, esta Corporación refirió que en el caso de Carmen Amparo Pérez de Gómez existía una duda no disipada acerca de la vigencia de distintas relaciones laborales con dos empleadores en los periodos de junio de 1996, enero y junio de 1997, noviembre de 1998, septiembre a diciembre del año 1996 y diciembre de 2000, en un total de 42,13 semanas, y que tal oscuridad debía esclarecerse a través de las facultades oficiosas del juez laboral de que tratan los artículos 54 y 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
En sede de instancia, y para mejor proveer, solicitó a las empresas José Toledo B y Cía. Ltda. y a Tequendama Personal Temporal Ltda. enviar copia de los contratos de trabajo suscritos con Carmen Amparo Pérez de Gómez, los comprobantes de pago de nómina y liquidaciones de prestaciones, la carta de terminación del contrato de trabajo o la renuncia y las planillas de aportes, al igual que un certificado laboral en el que constaran los extremos temporales del o los contratos de trabajo, su modalidad, cargo que ocupó la demandante y el salario devengado.
También se ofició a Colpensiones para que allegara resumen de cotizaciones válido para prestaciones económicas de la accionante, actualizado al año 2020, copia de las planillas de novedades de retiro y los soportes con los que integró la historia laboral.
En lo relativo a Tequendama Personal Temporal Ltda., la Secretaría informó que el 2 de abril de 2003 se liquidó, y no se encontraron datos acerca de su liquidador.
Por otra parte, dicha dependencia indicó que el 22 de febrero de 2021 la Operadora de Comercio S.A.S., que absorbió a la Sociedad Toledo Textiles y Manufacturas S.A.S., y esta a su vez a José Toledo B y Cía. Ltda., respondió el requerimiento de la Sala e incorporó los documentos aportados al expediente en medio digital.
De la anterior prueba documental se corrió traslado a las partes por tres (3) días hábiles, del 3 al 5 de marzo de 2021, al término de los cuales ninguna se pronunció.
Asimismo, el apoderado de Colpensiones envió correo electrónico en el que contestó el oficio que envió esta Sala de la Corte. De tal documento y sus anexos se dio traslado a las partes por el término de 3 días hábiles, del 9 al 11 de marzo siguientes, y a la culminación del mismo, no hubo ningún pronunciamiento.
En consecuencia, se ordena la incorporación de los documentos que figuran de folios 277 a 289 del cuaderno de la Corte, contentivos del formulario ES/CO-02 y del acto administrativo proferido por el Instituto Nacional de Seguridad de España.
De acuerdo con lo anterior, están dadas las condiciones necesarias para proferir la correspondiente sentencia de instancia.
CONSIDERACIONES
En sede de instancia, procede la Corte a decidir el recurso de apelación que formuló la demandante.
Recuérdese que la actora pretende que se le reconozca la pensión de vejez con fundamento en «el convenio internacional entre el gobierno de Colombia con el Reino de España», el retroactivo a partir del 1.º de agosto de 2013, los intereses moratorios y las costas del proceso, bajo el supuesto de que las empleadoras José Toledo & Cía. y Tequendama Temporal figuran en mora para el pago de aportes, cuya inclusión en la historia laboral, a su juicio, le permite acceder a la prestación discutida.
El juez de primer grado negó la pensión al considerar que si bien la accionante reunió un total de 1.143,09 semanas aportadas tanto en España como en Colombia, no conservó los beneficios del régimen de transición, puesto que a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, solo contaba con 727,97 semanas cotizadas. Por tanto, concluyó que la prestación debatida debía analizarse a la luz de lo estatuido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, cuya densidad de cotizaciones tampoco cumplió, por cuanto para el año 2011, cuando cumplió los 55 años de edad, se exigían 1.200 y solo acreditó 1.143,09.
Bajo tal contexto, a la Sala le corresponde determinar si la actora conservó el régimen de transición conforme a los términos del Acto Legislativo 01 de 2005, y en caso positivo, si tiene derecho a la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, con la sumatoria de cotizaciones efectuadas en Colombia y en España.
1.- ¿La demandante conservó los beneficios del régimen de transición?
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece que quienes a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones -1.° de abril de 1994- tuvieran 35 o más años de edad en el caso de las mujeres y 40 o más años de edad en el de los hombres o 15 o más años de servicios cotizados, podrán alcanzar la pensión de vejez o de jubilación con los requisitos de edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y monto del régimen al que se encontraban adscritos antes de esa fecha; dichas personas podían acceder a tales prerrogativas con el cumplimiento de una o de ambas condiciones.
Por su parte, el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, limitó la vigencia del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hasta el 31 de julio de 2010, pero en aras de salvaguardar las expectativas de la personas cercanas a causar una pensión por virtud de esa transición, extendió tal término hasta el 31 de diciembre de 2014 siempre que al 29 de julio de 2005, contaran al menos con 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios. Puntalmente la norma establece:
Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.
Así, quienes no causaran el derecho pensional antes de 31 de julio de 2010 se acogerían al nuevo sistema general de pensiones, a menos que cumplieran las condiciones exigidas para la prórroga de la transición.
En tal contexto, se acreditó que la demandante nació el 19 de octubre de 1956 y tenía 37 años de edad para el momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993. En consecuencia, es beneficiaria del régimen de transición por edad. Sin embargo, como arribó a los 55 años el 19 de octubre de 2011, para conservar aquellos beneficios debió consolidar 750 semanas a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, al 29 de julio de 2005. Así, al analizar tal presupuesto se advierte que conservó dichas prerrogativas según se explica a continuación.
Es importante recordar que en la primera instancia Colpensiones allegó un reporte de aportes con 727 semanas de cotizaciones válidas para pensiones. Esta Sala puso en duda 42,13 semanas que podían adicionarse a las anteriores en caso de acreditarse la vigencia de relaciones laborales con los empleadores José Toledo B & Cía. Ltda. y Tequendama Personal Temporal Ltda.; de ahí el objeto de los oficios librados a ellos y a Colpensiones.
Al revisar la historia laboral de la actora actualizada a 25 de febrero de 2021, que aportó Colpensiones según el requerimiento que le hizo la Sala, se constata que validó 751,86 semanas de cotizaciones interrumpidas del 1.° de marzo de 1974 al 31 de diciembre de 2001. Si bien hay una diferencia de 23,74 semanas de más con las certificadas en la primera instancia (727,97), ello obedeció a la validación de semanas con el empleador Tequendama Personal Temporal Ltda. y a la inclusión de periodos completos de 30 días que antes aparecían de manera parcial.
Además, salvo un día del periodo de junio de 1996 y 30 en noviembre de 1998, las semanas puestas en duda por la Sala respecto del empleador José Toledo B & Cía. Ltda., aparecen en cero dentro de la referida historia laboral.
Al respecto, la sociedad Operadora de Comercio S.A.S., que absorbió a José Toledo B & Cía. Ltda., certificó los periodos en los cuales la demandante prestó sus servicios a dicha sociedad. Con estos se esclarecen las dudas acerca de los periodos que no aparecen validados en el reporte de cotizaciones y que deben convalidarse para efectos pensionales, tal como se explica en el siguiente cuadro:
Empleador
Periodo
Días que aparecen en la historia laboral en el periodo
Particularidad
Días que aparecen certificados por el empleador en el periodo
Días puestos en duda por la Sala
en el periodo
Días que deben validarse
JOSÉ TOLEDO B Y CÍA.
09/1996 a 12/1996
0
Periodo no incorporado en la historia laboral
105
122
105
JOSÉ TOLEDO B Y CÍA.
01/1997
17,00
Se reportan 17 días, pese a que en el periodo anterior no hay novedad de retiro
17
13
0
JOSÉ TOLEDO B Y CÍA.
06/1997
25,00
En el periodo de junio se reportan 25 días, pero no hay novedad de retiro
30
5
5
TOTALES
43
153
140
110
Al confrontar los periodos validados por Colpensiones con el certificado de tiempos de servicios que se encuentra en el expediente, se concluye que de los 154 días puestos en duda por la Sala, 31 se incluyeron en el reporte de cotizaciones y en 110 se demostró la existencia de relación laboral y, por tanto, la morosidad en el pago de los respectivos aportes; de ahí que deba convalidarse su equivalente en semanas de cotizaciones, esto es, 15,71, las cuales deben incorporarse al conteo definitivo para efectos de pensión (CSJ SL, 30 sep. 2008, rad. 33476 reiterada, entre otras, en la CSJ SL, 4 jul. 2012, rad. 42086).
Así, sumadas las 751,86 semanas que certificó Colpensiones con las 15,71 convalidadas por esta Corporación, se tiene que Carmen Amparo Pérez Gómez completó un total de 767,7, tal como se discrimina en el siguiente cuadro:
Empleador
Desde
Hasta
Último salario
Semanas
JOY Y REL NISUS SOC
1/03/1974
14/10/1976
$ 1.770
137
ALMACEN J LOPEZ & CÍA
26/04/1984
1/05/198
$ 11.850
5,14
JOSE TOLEDO & CÍA LT
30/08/1988
29/12/1988
$ 30.150
17,43
DINAMICA AS Y PROM D
15/02/1989
18/04/1989
$ 39.310
9
JOSE TOLEDO & CÍA LT
17/04/1989
24/12/1989
$ 39.310
35,71
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/02/1990
31/12/1990
$ 47.370
47,71
JOSE TOLEDO & CÍA LT
29/01/1991
22/12/1991
$ 54.630
46,86
JOSE TOLEDO & CÍA LT
5/02/1992
18/12/1992
$ 70.260
45,43
JOSE TOLEDO & CÍA LT
9/02/1993
20/12/1993
$ 89.070
45
JOSE TOLEDO & CÍA LT
7/02/1994
16/12/1994
$ 98.700
44,71
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/01/1995
31/01/1995
$ 63.000
2,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/02/1995
31/03/1995
$ 119.000
8,57
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/04/1995
30/04/1995
$ 126.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/05/1995
30/06/1995
$ 119.000
8,57
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/07/1995
1/07/1995
$ 152.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/08/1995
31/08/1995
$ 153.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/09/1995
30/09/1995
$ 24.000
0,86
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/10/1995
31/10/1995
$ 181.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/11/1995
30/11/1995
$ 197.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/12/1995
31/12/1995
$ 76.000
2,43
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/01/1996
31/01/1996
$ 109.000
3,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/02/1996
29/02/1996
$ 156.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/03/1996
31/03/1996
$ 155.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/04/1996
30/04/1996
$ 148.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/05/1996
30/06/1996
$ 165.000
8,57
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/07/1996
31/07/1996
$ 158.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/08/1996
31/08/1996
$ 150.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/09/1996
31/12/1996
$142.126
15
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/01/1997
31/01/1997
$ 97.000
2,43
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/02/1997
28/02/1997
$ 186.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/03/1997
31/03/1997
$ 182.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/04/1997
30/04/1997
$ 192.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/05/1997
30/06/1997
$ 240.000
7,85
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/07/1997
31/07/1997
$ 172.005
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/08/1997
31/08/1997
$ 208.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/09/1997
30/09/1997
$ 216.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/10/1997
30/11/1997
$ 268.000
8,57
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/12/1997
31/12/1997
$ 188.000
3,57
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/03/1998
31/03/1998
$ 212.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/04/1998
30/04/1998
$ 215.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/05/1998
30/06/1998
$ 216.000
8,57
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/07/1998
30/09/1998
$ 217.000
12,86
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/10/1998
30/11/1998
$ 219.000
7,57
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/12/1998
31/12/1998
$ 237.000
3,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/01/1999
31/01/1999
$ 118.000
2,14
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/02/1999
28/02/1999
$ 249.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/03/1999
31/03/1999
$ 250.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/04/1999
30/04/1999
$ 247.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/05/1999
31/05/1999
$ 250.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/06/1999
31/07/1999
$ 249.000
8,57
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/08/1999
31/08/1999
$ 248.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/09/1999
30/09/1999
$ 253.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/10/1999
31/10/1999
$ 255.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/11/1999
30/11/1999
$ 265.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/12/1999
31/12/1999
$ 259.000
4,29
JOSE TOLEDO & CÍA LT
1/01/2000
31/01/2000
$ 260.100
4,29
TEQUENDAMA PERSONAL
1/02/2000
29/02/2000
$ 130.000
4,29
TEQUENDAMA PERSONAL
1/03/2000
30/04/2000
$ 260.100
8,57
TEQUENDAMA PERSONAL
1/05/2000
31/05/2000
$ 251.430
4,29
TEQUENDAMA PERSONAL
1/06/2000
30/06/2000
$ 260.000
4,29
TEQUENDAMA PERSONAL
1/07/2000
31/07/2000
$ 260.100
4,29
TEQUENDAMA PERSONAL
1/08/2000
31/08/2000
$ 251.430
4,29
TEQUENDAMA PERSONAL
1/09/2000
31/12/2000
$ 260.000
17,14
TEQUENDAMA PERSONAL
1/01/2001
31/12/2001
$ 286.000
51,43
767,7
Asimismo, al constatar el número de semanas cotizadas por la demandante a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 (29 de julio de 2005), se observa que contaba para ese entonces con 767,7 semanas, de modo que, tal como se anunció, conservó los beneficios del régimen de transición y, por tanto, su derecho pensional puede definirse a la luz del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.
Ahora, la actora no cumplió con los requisitos para acceder a una pensión en los términos del Acuerdo 049 de 1990, pues si bien cuenta con 767,7 semanas, con ellas no reunió la densidad de aportes exigida en dicha norma, esto es, 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad de 55 años, ni 1.000 en cualquier tiempo. Tampoco satisfizo los supuestos establecidos en el régimen general de pensiones conforme el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el momento en que arribó a la referida edad, la norma exigía 1.200 semanas.
Por ello es necesario establecer si, en aras del reconocimiento de la pensión, los periodos aportados por la accionante en Colpensiones pueden aunarse a los cotizados España.
2.- Del convenio de Seguridad Social entre Colombia y España y el derecho pensional de la accionante
Tal como se decantó, la actora tiene un total de 767,7 semanas de cotizaciones en Colpensiones y, además, cuenta con 426,3 semanas cuyos aportes realizó en España en el periodo del 17 de agosto de 2005 al 10 de mayo de 2015, según se observa a folios 278 a 288 del cuaderno de la Corte. A juicio de la Sala, estas deben validarse a la luz de lo estatuido en el Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y el Reino de España, como pasa a explicarse.
El 6 de septiembre de 2005, los dos Estados celebraron un convenio con el fin de garantizar los derechos pensionales de los trabajadores de ambas partes; en Colombia se aprobó mediante la Ley 1112 de 2006, y a través de la sentencia C CC-858-2007 la Corte Constitucional declaró su exequibilidad.
En los términos de su artículo 2.°, sus beneficios se extienden a las personas que trabajen o hayan trabajado en el otro país, y se aplica en Colombia «a las prestaciones económicas dispuestas en el Sistema General de Pensiones (Prima Media con Prestación Definida y Ahorro Individual con Solidaridad), en cuanto a vejez, invalidez y sobrevivientes, de origen común».
Su mayor virtud es permitir la sumatoria de periodos de cotizaciones en ambos Estados para el reconocimiento de pensiones y regular la forma en que se liquidan y reconocen, tal como se explica enseguida.
2.1. Convalidación de periodos cotizados en Colombia y España
Respecto a la sumatoria de aportes en los dos territorios, el artículo 8.° del Convenio establece dicha posibilidad de la siguiente manera:
Artículo 8. Totalización de períodos de seguro o cotización.
Cuando la legislación de una Parte Contratante subordine la adquisición, conservación o recuperación del derecho a las prestaciones previstas en el artículo 2.° de este Convenio, al cumplimiento de determinados períodos de seguro o cotización, la Institución Competente tendrá en cuenta a tal efecto, cuando sea necesario, los períodos de seguro o cotización cumplidos con arreglo a la legislación de la otra Parte Contratante según se establece en el artículo 9.°, siempre que no se superpongan.
Por su parte, el artículo 9.° estatuye que el convenio únicamente se aplica en caso de que el trabajador no reúna la densidad de cotizaciones, teniendo en cuenta exclusivamente los periodos de cotización propio. En tal caso, se validan las cotizaciones realizadas por el interesado en el otro país, y con ellas, se determina el derecho a la pensión sumando los periodos de aportes acreditados en ambos países. Finalmente, si ello procede, se reconoce la prestación y se cuantifica.
En lo relativo al proceso de convalidación de periodos de aportes realizados en ambos territorios, el artículo 26 del convenio prevé que las autoridades competentes de los dos Estados deben cumplir, entre otras, las obligaciones de «Establecer los Acuerdos Administrativos necesarios para la aplicación del presente Convenio» y «Designar los respectivos Organismos de Enlace».
Para dar alcance a tales deberes, el 28 de enero de 2008 suscribieron el «Acuerdo administrativo para la aplicación del convenio de seguridad social entre el Reino de España y la República de Colombia» (Anexo III del Convenio). Allí, se señaló al ISS hoy Colpensiones como institución competente para Colombia, y las Direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, para España. Como organismos de enlace, se designó al Ministerio de la Seguridad Social Colombiano y al Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social español.
Asimismo, estatuye que tales estamentos, «elaborarán, de común acuerdo, los formularios necesarios para la aplicación del Convenio y de este Acuerdo Administrativo. El envío de dichos formularios suple la remisión de los documentos justificativos de los datos consignados en ellos».
En ese marco, el artículo 8.° del referido acuerdo, indicó el trámite que debe adelantarse en aras del reconocimiento de pensiones a la luz del convenio, así:
1. La Institución Competente a quien corresponda la instrucción del expediente cumplimentará el formulario establecido al efecto y enviará, sin demora, dos ejemplares del mismo al Organismo de Enlace de la otra Parte.
2. La Institución Competente que reciba los formularios, mencionados en el apartado 1 de este artículo, devolverá a la Institución Competente de la otra Parte, un ejemplar de dicho formulario donde se harán constar los periodos de seguro acreditados bajo su legislación, la fecha de efectos y, en su caso, el importe de la prestación reconocida por esa Institución.
3. Cada una de las Instituciones Competentes, notificará directamente a los interesados la resolución adoptada y las vías y plazos de recurso de que dispone frente a la misma, de acuerdo con su legislación.
Las Instituciones Competentes de ambas Partes se intercambiarán copia de las resoluciones adoptadas.
4. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 17 del Convenio, la Institución Competente española, a petición de la Institución Competente colombiana, certificara los periodos de seguro acreditados a la Seguridad Social española, por los interesados, hasta la fecha de sus solicitudes.
Por otra parte, la Institución Competente española también podrá solicitar información sobre los periodos de seguro acreditados a la Seguridad Social colombiana
Para ambos casos, se establecerá un formulario específico.
5. Las Instituciones Competentes de cada una de las Partes podrán solicitarse, cuando sea necesario, de conformidad con su legislación, Información sobré los importes de las prestaciones que los interesados reciban de la otra Parte.
Asimismo, los formularios que deben tramitarse por parte de las entidades competentes y gestionarse con la mediación de los organismos de enlace, son los denominados CO/ES 01 y CO/ES 02, y sin los cuales no es posible realizar la convalidación de periodos.
En síntesis, la aplicación del convenio analizado implica: (i) el reconocimiento de periodos de cotizaciones que realizó el afiliado en ambos Estados; (ii) esto último depende de que las semanas validadas en el territorio propio no sean suficientes para causar una pensión conforme la legislación interna y; (iii) en todo caso, que la validación de los aportes efectuados en el otro territorio, se haga conforme el acuerdo interadministrativo firmado entre Colombia y España el 28 de enero de 2008, con la gestión de los respectivos formularios.
2.2. Liquidación y reconocimiento de la pensión conforme el convenio
Para la liquidación de la pensión, se sigue el siguiente procedimiento:
a) Se calcula la cuantía de lo que el instrumento denominó «pensión teórica», correspondiente a aquella a la que el afiliado habría tenido derecho si los periodos cotizados en ambos países hubieran sido cumplidos bajo su propia legislación.
b) Se toma la pensión teórica, y se le aplica la proporción que resulte entre la densidad de cotizaciones realizada en Colombia, con la totalidad de los aportes hechos en ambos países. Al resultado, se le denomina «pensión prorrata».
c) Una vez ambos estados han determinado de manera independiente los valores de las pensiones prorrata, el sistema de seguridad social en pensiones colombiano reconoce y abona la fracción de la prestación que sea más favorable al interesado, con independencia de lo resuelto sobre esta prestación en España.
En ese sentido, el artículo 16 del Convenio establece que una vez se encuentren certificados los tiempos servidos o aportados por el trabajador a cada una de las partes, «la institución colombiana competente, podrá reconocer y pagar independientemente la prorrata a que el interesado tiene derecho según el apartado 2.° del artículo 9.°, cuando este cumpla con la edad requerida».
Por su parte, el artículo 17 del instrumento internacional estatuye que si la parte colombiana inicia a pagar la prorrata a su cargo antes que la española, la institución competente de esta deberá certificar las cotizaciones realizadas por el asegurado en su sistema de pensiones, con lo cual «[…] se presumirá que el interesado está incluido, para la parte española, en el ámbito de aplicación personal del Convenio». En otras palabras, reconocida la proporción a cargo de Colombia y certificados los periodos a cargo de España, este último Estado queda obligado a pagar la prorrata a su cargo.
Por otro lado, frente al IBL para el cálculo de la prestación, el artículo 15 del convenio estatuye que corresponde al «promedio de los salarios o rentas sobre las cuales haya cotizado el afiliado en Colombia durante los diez años anteriores al reconocimiento o el promedio de todo el tiempo estimado si éste [sic] fuere inferior». Pero, «cuando el período requerido para la determinación de la Base Reguladora de la pensión corresponda a períodos de seguro cubiertos en España, la Institución Competente Colombiana fijará el período de los diez años para la base de cálculo respectiva en relación con la fecha de la última cotización efectuada en Colombia».
Claro lo anterior, la Sala pasa a analizar el caso particular.
3.- Aplicación del convenio internacional al caso de la actora
Por lo visto, la accionante no cuenta con la densidad de cotizaciones exigida en la legislación nacional para causar una pensión. Ello permite analizar la convalidación de los aportes realizados en España.
En tal dirección, a folio 277 del cuaderno de la Corte, obra oficio de 20 de septiembre de 2016, por medio del cual el Coordinador del Grupo Convenciones Internacionales del Ministerio del Trabajo, envió a Colpensiones el formulario ES/CO-02 y el acto administrativo que emitió el Gobierno Español en relación con la solicitud pensional elevada por la accionante. En el primero, España certificó un total de 2.991 días o 427,28 semanas (f.° 278 a 288 cuad. Corte); y el segundo, alude a la Resolución de 11 de diciembre de 2012, a través de la cual la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social de España negó la pensión solicitada por la actora por no haber arribado a la edad de pensión.
En consecuencia, al haberse realizado el trámite interadministrativo previsto en el acuerdo Colombia – España de 28 de enero de 2008 y por virtud del instrumento internacional en cita, procede la convalidación de las 427,28 semanas aportadas por la actora en el Reino de España, que sumadas a las 767,7 cotizadas en Colombia, arrojan un total de 1.194, las cuales le permiten causar el derecho a la luz el Acuerdo 049 de 1990 por superar la densidad de 1.000 semanas de cotizaciones en cualquier tiempo.
La pensión se causó desde el 19 de octubre de 2011, dado que en ese momento la actora cumplió la edad de 55 años y para ese entonces ya contaba con un total de 1.044 semanas de cotizaciones entre España y Colombia. No obstante, esta se concederá a partir del 11 de mayo de 2015, esto es, el día siguiente a la fecha de la última cotización reportada en España según el formulario ES/CO-02.
Al respecto, la Sala advierte que si bien es cierto que el 18 de junio de 2012 la actora elevó ante Colpensiones la solicitud de pensión, y que para ese entonces ya tenía causada la prestación aquí concedida por contar con más de 55 años de edad y 1.000 semanas de cotizaciones, lo cierto es que continuó aportando hasta el año 2015 en España, con lo cual no mostró ninguna intención de retirarse del sistema conforme lo señala el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, y en todo caso, el artículo 9.° del aludido instrumento internacional estatuye que en aras de la suma de periodos de cotizaciones, deben incorporarse «todos» los realizados en ambos países.
En tal dirección, la Sala procede a la liquidación pensional:
3.1. Pensión teórica
Debe recordarse que la pensión teórica es la que le correspondería a la demandante si todas las semanas las hubiera cotizado en el territorio nacional. Por ello, conforme el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la prestación a que tiene derecho la actora es la reglada en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, respecto del cual se aplican los beneficios de tiempo de 1.000 semanas, edad de 55 años y monto del 84%, según el artículo 20 ibidem.
Frente al IBL, será el promedio de los salarios que sirvieron como base para las cotizaciones de los últimos 10 años en Colombia, de conformidad con lo dispuesto el convenio internacional en cita.
Realizadas las operaciones aritméticas, se tiene que el valor inicial de la prestación asciende a un salario mínimo mensual vigente para el 11 de mayo de 2015, de acuerdo con la siguiente información:
FECHAS
N° DE
N° DE
SALARIO
SALARIO
SALARIO
DESDE
HASTA
DÍAS
SEMANAS
DEVENGADO
INDEXADO
PROMEDIO
07/02/1991
28/02/1991
22
3,14
$ 54.630,00
$ 585.869,45
$ 3.580,31
01/03/1991
31/03/1991
31
4,43
$ 54.630,00
$ 585.869,45
$ 5.044,99
01/04/1991
30/04/1991
30
4,29
$ 54.630,00
$ 585.869,45
$ 4.882,25
01/05/1991
31/05/1991
31
4,43
$ 54.630,00
$ 585.869,45
$ 5.044,99
01/06/1991
30/06/1991
30
4,29
$ 54.630,00
$ 585.869,45
$ 4.882,25
01/07/1991
31/07/1991
31
4,43
$ 54.630,00
$ 585.869,45
$ 5.044,99
01/08/1991
31/08/1991
31
4,43
$ 54.630,00
$ 585.869,45
$ 5.044,99
01/09/1991
30/09/1991
30
4,29
$ 54.630,00
$ 585.869,45
$ 4.882,25
01/10/1991
31/10/1991
31
4,43
$ 54.630,00
$ 585.869,45
$ 5.044,99
01/11/1991
30/11/1991
30
4,29
$ 54.630,00
$ 585.869,45
$ 4.882,25
01/12/1991
22/12/1991
22
3,14
$ 54.630,00
$ 585.869,45
$ 3.580,31
01/01/1992
31/01/1992
$ -
$ -
05/02/1992
29/02/1992
25
3,57
$ 70.260,00
$ 594.901,66
$ 4.131,26
01/03/1992
31/03/1992
31
4,43
$ 70.260,00
$ 594.901,66
$ 5.122,76
01/04/1992
30/04/1992
30
4,29
$ 70.260,00
$ 594.901,66
$ 4.957,51
01/05/1992
31/05/1992
31
4,43
$ 70.260,00
$ 594.901,66
$ 5.122,76
01/06/1992
30/06/1992
30
4,29
$ 70.260,00
$ 594.901,66
$ 4.957,51
01/07/1992
31/07/1992
31
4,43
$ 70.260,00
$ 594.901,66
$ 5.122,76
01/08/1992
31/08/1992
31
4,43
$ 70.260,00
$ 594.901,66
$ 5.122,76
01/09/1992
30/09/1992
30
4,29
$ 70.260,00
$ 594.901,66
$ 4.957,51
01/10/1992
31/10/1992
31
4,43
$ 70.260,00
$ 594.901,66
$ 5.122,76
01/11/1992
30/11/1992
30
4,29
$ 70.260,00
$ 594.901,66
$ 4.957,51
01/12/1992
18/12/1992
18
2,57
$ 70.260,00
$ 594.901,66
$ 2.974,51
01/01/1993
31/01/1993
$ -
$ -
09/02/1993
28/02/1993
20
2,86
$ 89.070,00
$ 602.592,53
$ 3.347,74
01/03/1993
31/03/1993
31
4,43
$ 89.070,00
$ 602.592,53
$ 5.188,99
01/04/1993
30/04/1993
30
4,29
$ 89.070,00
$ 602.592,53
$ 5.021,60
01/05/1993
31/05/1993
31
4,43
$ 89.070,00
$ 602.592,53
$ 5.188,99
01/06/1993
30/06/1993
30
4,29
$ 89.070,00
$ 602.592,53
$ 5.021,60
01/07/1993
31/07/1993
31
4,43
$ 89.070,00
$ 602.592,53
$ 5.188,99
01/08/1993
31/08/1993
31
4,43
$ 89.070,00
$ 602.592,53
$ 5.188,99
01/09/1993
30/09/1993
30
4,29
$ 89.070,00
$ 602.592,53
$ 5.021,60
01/10/1993
31/10/1993
31
4,43
$ 89.070,00
$ 602.592,53
$ 5.188,99
01/11/1993
30/11/1993
30
4,29
$ 89.070,00
$ 602.592,53
$ 5.021,60
01/12/1993
20/12/1993
20
2,86
$ 89.070,00
$ 602.592,53
$ 3.347,74
01/01/1994
31/01/1994
$ -
$ -
07/02/1994
28/02/1994
22
3,14
$ 98.700,00
$ 545.196,85
$ 3.331,76
01/03/1994
31/03/1994
31
4,43
$ 98.700,00
$ 545.196,85
$ 4.694,75
01/04/1994
30/04/1994
30
4,29
$ 98.700,00
$ 545.196,85
$ 4.543,31
01/05/1994
31/05/1994
31
4,43
$ 98.700,00
$ 545.196,85
$ 4.694,75
01/06/1994
30/06/1994
30
4,29
$ 98.700,00
$ 545.196,85
$ 4.543,31
01/07/1994
31/07/1994
31
4,43
$ 98.700,00
$ 545.196,85
$ 4.694,75
01/08/1994
31/08/1994
31
4,43
$ 98.700,00
$ 545.196,85
$ 4.694,75
01/09/1994
30/09/1994
30
4,29
$ 98.700,00
$ 545.196,85
$ 4.543,31
01/10/1994
31/10/1994
31
4,43
$ 98.700,00
$ 545.196,85
$ 4.694,75
01/11/1994
30/11/1994
30
4,29
$ 98.700,00
$ 545.196,85
$ 4.543,31
01/12/1994
16/12/1994
16
2,29
$ 98.700,00
$ 545.196,85
$ 2.423,10
01/01/1995
31/01/1995
16
2,29
$ 63.000,00
$ 284.068,34
$ 1.262,53
01/02/1995
28/02/1995
30
4,29
$ 119.000,00
$ 536.573,54
$ 4.471,45
01/03/1995
31/03/1995
30
4,29
$ 119.000,00
$ 536.573,54
$ 4.471,45
01/04/1995
30/04/1995
30
4,29
$ 126.000,00
$ 568.136,69
$ 4.734,47
01/05/1995
31/05/1995
30
4,29
$ 119.000,00
$ 536.573,54
$ 4.471,45
01/06/1995
30/06/1995
30
4,29
$ 119.000,00
$ 536.573,54
$ 4.471,45
01/07/1995
31/07/1995
30
4,29
$ 152.000,00
$ 685.371,24
$ 5.711,43
01/08/1995
31/08/1995
30
4,29
$ 153.000,00
$ 689.880,26
$ 5.749,00
01/09/1995
30/09/1995
6
0,86
$ 24.000,00
$ 108.216,51
$ 180,36
01/10/1995
31/10/1995
30
4,29
$ 181.000,00
$ 816.132,86
$ 6.801,11
01/11/1995
30/11/1995
30
4,29
$ 197.000,00
$ 888.277,20
$ 7.402,31
01/12/1995
31/12/1995
17
2,43
$ 76.000,00
$ 342.685,62
$ 1.618,24
01/01/1996
31/01/1996
23
3,29
$ 109.000,00
$ 411.594,78
$ 2.629,63
01/02/1996
29/02/1996
30
4,29
$ 156.000,00
$ 589.071,43
$ 4.908,93
01/03/1996
31/03/1996
30
4,29
$ 155.000,00
$ 585.295,33
$ 4.877,46
01/04/1996
30/04/1996
30
4,29
$ 148.000,00
$ 558.862,64
$ 4.657,19
01/05/1996
31/05/1996
30
4,29
$ 165.000,00
$ 623.056,32
$ 5.192,14
01/06/1996
30/06/1996
30
4,29
$ 165.000,00
$ 623.056,32
$ 5.192,14
01/07/1996
31/07/1996
30
4,29
$ 158.000,00
$ 596.623,63
$ 4.971,86
01/08/1996
31/08/1996
30
4,29
$ 150.000,00
$ 566.414,84
$ 4.720,12
01/09/1996
30/09/1996
30
4,29
$ 142.126,00
$ 536.681,83
$ 4.472,35
01/10/1996
31/10/1996
30
4,29
$ 142.126,00
$ 536.681,83
$ 4.472,35
01/11/1996
30/11/1996
30
4,29
$ 142.126,00
$ 536.681,83
$ 4.472,35
01/12/1996
31/12/1996
15
2,14
$ 142.126,00
$ 536.681,83
$ 2.236,17
01/01/1997
31/01/1997
17
2,43
$ 97.000,00
$ 301.302,82
$ 1.422,82
01/02/1997
28/02/1997
30
4,29
$ 186.000,00
$ 577.755,93
$ 4.814,63
01/03/1997
31/03/1997
30
4,29
$ 182.000,00
$ 565.331,07
$ 4.711,09
01/04/1997
30/04/1997
30
4,29
$ 192.000,00
$ 596.393,22
$ 4.969,94
01/05/1997
31/05/1997
30
4,29
$ 240.000,00
$ 745.491,53
$ 6.212,43
01/06/1997
30/06/1997
25
3,57
$ 240.000,00
$ 745.491,53
$ 5.177,02
01/07/1997
31/07/1997
30
4,29
$ 172.000,00
$ 534.268,93
$ 4.452,24
01/08/1997
31/08/1997
30
4,29
$ 208.000,00
$ 646.092,66
$ 5.384,11
01/09/1997
30/09/1997
30
4,29
$ 216.000,00
$ 670.942,37
$ 5.591,19
01/10/1997
31/10/1997
30
4,29
$ 268.000,00
$ 832.465,54
$ 6.937,21
01/11/1997
30/11/1997
30
4,29
$ 268.000,00
$ 832.465,54
$ 6.937,21
01/12/1997
31/12/1997
25
3,57
$ 188.000,00
$ 583.968,36
$ 4.055,34
01/01/1998
31/01/1998
$ -
$ -
01/02/1998
28/02/1998
$ -
$ -
01/03/1998
31/03/1998
30
4,29
$ 212.000,00
$ 559.834,77
$ 4.665,29
01/04/1998
30/04/1998
30
4,29
$ 215.000,00
$ 567.756,96
$ 4.731,31
01/05/1998
31/05/1998
30
4,29
$ 216.000,00
$ 570.397,69
$ 4.753,31
01/06/1998
30/06/1998
30
4,29
$ 216.000,00
$ 570.397,69
$ 4.753,31
01/07/1998
31/07/1998
30
4,29
$ 217.000,00
$ 573.038,42
$ 4.775,32
01/08/1998
31/08/1998
30
4,29
$ 217.000,00
$ 573.038,42
$ 4.775,32
01/09/1998
30/09/1998
30
4,29
$ 217.000,00
$ 573.038,42
$ 4.775,32
01/10/1998
31/10/1998
30
4,29
$ 219.000,00
$ 578.319,88
$ 4.819,33
01/11/1998
30/11/1998
23
3,29
$ 219.000,00
$ 578.319,88
$ 3.694,82
01/12/1998
31/12/1998
23
3,29
$ 237.000,00
$ 625.853,03
$ 3.998,51
01/01/1999
31/01/1999
15
2,14
$ 118.000,00
$ 267.200,99
$ 1.113,34
01/02/1999
28/02/1999
30
4,29
$ 249.000,00
$ 563.839,37
$ 4.698,66
01/03/1999
31/03/1999
30
4,29
$ 250.000,00
$ 566.103,79
$ 4.717,53
01/04/1999
30/04/1999
30
4,29
$ 247.000,00
$ 559.310,54
$ 4.660,92
01/05/1999
31/05/1999
30
4,29
$ 250.000,00
$ 566.103,79
$ 4.717,53
01/06/1999
30/06/1999
30
4,29
$ 249.000,00
$ 563.839,37
$ 4.698,66
01/07/1999
31/07/1999
30
4,29
$ 249.000,00
$ 563.839,37
$ 4.698,66
01/08/1999
31/08/1999
30
4,29
$ 248.000,00
$ 561.574,96
$ 4.679,79
01/09/1999
30/09/1999
30
4,29
$ 253.000,00
$ 572.897,03
$ 4.774,14
01/10/1999
31/10/1999
30
4,29
$ 255.000,00
$ 577.425,86
$ 4.811,88
01/11/1999
30/11/1999
30
4,29
$ 265.000,00
$ 600.070,02
$ 5.000,58
01/12/1999
31/12/1999
30
4,29
$ 259.000,00
$ 586.483,53
$ 4.887,36
01/01/2000
31/01/2000
30
4,29
$ 260.100,00
$ 539.091,40
$ 4.492,43
01/02/2000
29/02/2000
30
4,29
$ 130.000,00
$ 269.442,07
$ 2.245,35
01/03/2000
31/03/2000
30
4,29
$ 260.100,00
$ 539.091,40
$ 4.492,43
01/04/2000
30/04/2000
30
4,29
$ 260.100,00
$ 539.091,40
$ 4.492,43
01/05/2000
31/05/2000
30
4,29
$ 251.430,00
$ 521.121,69
$ 4.342,68
01/06/2000
30/06/2000
30
4,29
$ 260.000,00
$ 538.884,14
$ 4.490,70
01/07/2000
31/07/2000
30
4,29
$ 260.100,00
$ 539.091,40
$ 4.492,43
01/08/2000
31/08/2000
30
4,29
$ 251.430,00
$ 521.121,69
$ 4.342,68
01/09/2000
30/09/2000
30
4,29
$ 260.000,00
$ 538.884,14
$ 4.490,70
01/10/2000
31/10/2000
30
4,29
$ 260.000,00
$ 538.884,14
$ 4.490,70
01/11/2000
30/11/2000
30
4,29
$ 260.000,00
$ 538.884,14
$ 4.490,70
01/12/2000
31/12/2000
30
4,29
$ 260.000,00
$ 538.884,14
$ 4.490,70
01/01/2001
31/01/2001
30
4,29
$ 286.000,00
$ 545.098,68
$ 4.542,49
01/02/2001
28/02/2001
30
4,29
$ 286.000,00
$ 545.098,68
$ 4.542,49
01/03/2001
31/03/2001
30
4,29
$ 286.000,00
$ 545.098,68
$ 4.542,49
01/04/2001
30/04/2001
30
4,29
$ 286.000,00
$ 545.098,68
$ 4.542,49
01/05/2001
31/05/2001
30
4,29
$ 286.000,00
$ 545.098,68
$ 4.542,49
01/06/2001
30/06/2001
30
4,29
$ 286.000,00
$ 545.098,68
$ 4.542,49
01/07/2001
31/07/2001
30
4,29
$ 286.000,00
$ 545.098,68
$ 4.542,49
01/08/2001
31/08/2001
30
4,29
$ 286.000,00
$ 545.098,68
$ 4.542,49
01/09/2001
30/09/2001
30
4,29
$ 286.000,00
$ 545.098,68
$ 4.542,49
01/10/2001
31/10/2001
30
4,29
$ 286.000,00
$ 545.098,68
$ 4.542,49
01/11/2001
30/11/2001
30
4,29
$ 286.000,00
$ 545.098,68
$ 4.542,49
01/12/2001
31/12/2001
30
4,29
$ 286.000,00
$ 545.098,68
$ 4.542,49
TOTAL
3.600
514,29
$ 574.470,74
Así, como el ingreso base de liquidación obtenido - 574.470,74 - y la aplicación del respectivo monto – 84% -, arroja como resultado un valor inferior al salario mínimo vigente a 2015, es necesario ajustarlo a $644.350, cuantía de la pensión teórica.
3.2. Pensión prorrata
En lo relativo a la «pensión prorrata», debe tenerse en cuenta que la actora tiene en total 1.194 semanas de cotizaciones, de las cuales 767,7 corresponden a Colombia y 426,3 a España. Según ello, la prorrata o proporción que debe pagar Colpensiones es el 64,24%. Aplicado este porcentaje a los $644.350 de la pensión teórica, se obtiene $413.930, valor de la fracción de la prestación que debe asumir la administradora nacional. El retroactivo y su indexación equivalen a $37´678.568,87 y $4´071.843,65, tal como se anota en los siguientes cuadros.
También habrá lugar al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a cargo de Colpensiones, desde el 12 de septiembre de 2015 y hasta el pago efectivo de la prestación. Lo anterior, puesto que la solicitud se hizo en el 2012 y dicha entidad no reconoció la pensión oportunamente, para lo cual debió dejarla en suspenso hasta tanto se realizará la desafiliación del sistema, momento a partir del cual debía iniciar su pago.
Por otro lado, se ordenará a la administradora accionada descontar los aportes con destino al sistema de seguridad social en salud.
Finalmente, se ordenará a Colpensiones que, a través de los organismos de enlace, envíe a las entidades competentes de España los formularios de que trata el «Acuerdo administrativo para la aplicación del convenio de seguridad social entre el Reino de España y la República de Colombia», al igual que copia del acto administrativo con el que le dé cumplimiento a esta sentencia.
4.- Excepciones
Por lo expuesto a lo largo de esta providencia, se desestimarán las excepciones de cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación propuestas por Colpensiones.
En lo relativo a la excepción de prescripción, la Sala considera que carece de prosperidad, en cuanto la accionante elevó su petición pensional a Colpensiones el 18 de julio de 2012, la cual se resolvió mediante acto administrativo notificado el 2 de septiembre de 2013, resolución que a su vez fue objeto del recurso de reposición y en subsidio el de apelación formulado el 4 de octubre de 2013. El primero se desató el 12 de febrero de 2014, y el segundo no se había dictado a la fecha de presentación de la demanda, esto es, el 7 de octubre de 2015.
Por tanto, se advierte que desde la solicitud de la prestación hasta la fecha de la presentación de la demanda, el término de prescripción se mantuvo suspendido en los términos del artículo 6.° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por tanto, entre un acto y otro, no transcurrió el término de 3 años de previsto en los artículos 488 del Código Sustantivo de Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Costas en ambas instancias a cargo de la demandada.
DECISIÓN
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sede de instancia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia que el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali profirió el 16 de mayo de 2016, en el proceso que CARMEN AMPARO PÉREZ DE GÓMEZ adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
SEGUNDO: En consecuencia, DECLARAR que CARMEN AMPARO PÉREZ DE GÓMEZ es beneficiaria del Convenio de Seguridad Social entre Colombia y España, aprobado mediante la Ley 1112 de 2006.
TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a reconocer y pagar en favor de la demandante, la prorrata de la pensión regulada en el Convenio de Seguridad Social entre Colombia y España, en cuantía inicial de $413.930, a partir de 11 de mayo de 2015, cuyo retroactivo indexado a 31 de mayo de 2021 asciende a la suma de $41´750.412,52.
CUARTO: CONDENAR a la entidad demandada a reconocer y pagar en favor de la demandante los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 12 de septiembre de 2015 hasta el pago efectivo de la prestación.
QUINTO: Colpensiones debe realizar los respectivos descuentos con destinos al sistema de seguridad social en salud.
SEXTO: ORDENAR a COLPENSIONES que a través de los organismos de enlace, envíe a las entidades competentes de España los formularios de que trata el «Acuerdo administrativo para la aplicación del convenio de seguridad social entre el Reino de España y la República de Colombia», al igual que copia del acto administrativo en el que cumpla esta sentencia.
Costas de ambas instancias a cargo de la demandada.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
Salvo Voto
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Aclaro Voto
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada Ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n.° 84574
REFERENCIA: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES vs. CARMEN AMPARO PÉREZ DE GÓMEZ.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito reiterar la aclaración de voto que expresé al decidir el asunto en sede de casación mediante la sentencia SL1372-2020, por cuanto considero que no se debe imponer al trabajador la carga de acreditar la existencia de un contrato de trabajo, para que se contabilicen las semanas en mora, por cuanto el flujo de información del sistema es autónomo y se nutre de las mismas novedades, por lo que corresponde al empleador reportar el ingreso y retiro del trabajador dependiente.
De otra parte, ahora en sede de instancia, como lo anuncié en Sala, me permito salvar parcialmente el voto, aunque no haya quedado registrado en mi antefirma, en relación con el término a partir del cual se inicia el cobro de los intereses de mora por el no pago oportuno de las mesadas pensionales de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Lo que me lleva a salvar es la íntima convicción de que la razón legal y constitucional está del lado de lo que ha venido reiterando con insistencia la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y el hecho de que esos mandatos son los que en la práctica se han venido consolidando en las relaciones entre las administradoras y los solicitantes de la pensión. Paso a exponer las razones del disenso:
La Corte Constitucional, en la sentencia CC T-170-2000, halló una omisión legislativa en relación con el plazo para el reconocimiento y pago de las pensiones a los que deberían estar sometidas las administradoras del régimen de prima media con prestación definida.
En su análisis tuvo ante sus ojos el artículo 19 del Decreto Ley 656 de 1994, que regula lo atinente a las administradoras del régimen de ahorro individual, el cual, en su inciso primero, estatuye:
Artículo 19. El Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses.
Sin hesitación alguna, también revisó el artículo 6 del entonces vigente Código Contencioso Administrativo, y arribó a la siguiente conclusión:
3.11. Lo anterior, evidencia la necesidad e importancia de una regulación expresa en esta materia, no sólo en cuanto a la fijación de un plazo sino a un procedimiento, que permitan tanto al Seguro Social como a sus afiliados, tener certeza sobre el término que debe emplear éste para absolver peticiones de esta clase, sobre todo cuando de su decisión, depende el goce de otros derechos que, según las circunstancias de cada caso, podría involucrar derechos de carácter fundamental. La reglamentación de esta materia, entonces, permitirá que principios como los de igualdad, eficacia y eficiencia que imperan la función administrativa tengan plena ejecución.
3.12. Así, mientras el legislador cumple su función de establecer un término razonable en que entidades como el Seguro Social deben emplear para dar respuesta a las solicitudes que sus afiliados, específicamente en materia de reconocimiento de pensiones, ha de entenderse que esta entidad debe aplicar por analogía el lapso contenido en el artículo 19 del Decreto 656 de 1994, según el cual las solicitudes de pensión deben resolverse de fondo en un término máximo de cuatro (4) meses desde el momento en que se radique la respectiva petición. Hecho éste que tendrá que ser informado al solicitante en el lapso al que hace referencia el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo.
Como fácilmente se puede inferir, el problema jurídico que encontró la Corte Constitucional era simple y llanamente que no existía un plazo determinado en la ley para que las administradoras del régimen de prima media, en satisfacción del derecho de petición, dieran respuesta a las solicitudes de pensión, estableciendo por analogía, dados los principios de igualdad, eficacia y eficiencia, el mismo plazo que contempla el mencionado artículo 19 del Decreto Ley 656 de 1994 para el régimen de ahorro individual, claro está, mientras el legislador cumplía con su función de determinar los plazos razonables para el régimen de prestación definida.
Nótese que el núcleo fundamental que se encuentra protegiendo es el derecho de petición; en parte alguna de la norma mencionada, y del anterior desarrollo jurisprudencial, se hacía referencia al momento del pago de las pensiones. Se insiste, aún a riesgo de fatigar, que el plazo que otorgó el Decreto Ley 656 de 1994, para las Administradoras del régimen de ahorro, y que se extendió para las de prima media, tiene como finalidad la satisfacción del derecho de petición, en relación con el reconocimiento de la pensión, no de su pago.
Ahora bien, el Gobierno Nacional promulgó la Ley 700 de 2001 “por medio de la cual se dictan medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los pensionados y se dictan otras disposiciones”; en el artículo 1º dispuso que: “la presente ley tiene por objeto agilizar el pago de las mesadas a los pensionados de las entidades públicas y privadas en todos los regímenes vigentes, con el fin de facilitar a los beneficiarios el cobro de las mismas”. Así las cosas, este precepto define expresamente el momento del pago de las mesadas pensionales.
En la misma dirección el artículo 4.° consagra el plazo máximo para el pago de las mesadas pensionales, e instituye como causa de mala conducta su incumplimiento, por acción u omisión, indica:
Artículo 4°. A partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos y privados del sistema general de pensiones y cesantías, que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho pensional, tendrán un plazo no mayor de seis (6) meses a partir del momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del interesado para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes.
Parágrafo. El funcionario que sin justa causa por acción u omisión incumpla lo dispuesto en el presente artículo incurrirá con arreglo a la ley en causal de mala conducta y será solidariamente responsable en el pago de la indemnización moratoria a que haya lugar si el afiliado ha debido recurrir a los tribunales para el reconocimiento de su pensión o cesantía, el pago de costas judiciales, será a cargo del funcionario responsable de la irregularidad.
Luego es diamantino que la Ley 700 reguló el plazo para el pago de la mesada pensional, que, como se denota, es diferente al momento en que se satisface el derecho de petición de reconocimiento de la pensión, el cual hasta este momento estaba regulado por el Decreto Ley 656 de 1994, aplicable por analogía constitucional al Régimen de Prima Media, y que no es otro que el de 4 meses.
De esta forma quedan establecidas las tres etapas del reconocimiento de la pensión: i) la satisfacción del derecho a la información; ii) la del derecho de petición a través del reconocimiento de la pensión y, iii) la del pago de la mesada pensional.
Repárese en que la Corte Constitucional, luego de memorar las sentencias CC T-170-2000, CC T-1166-2001, CC T-001-2003, CC T-422-2003 y T-588-2003, entre otras, unificó tales reglas en el fallo CC SU-975-2003, de la siguiente manera:
6) Del anterior recuento jurisprudencial queda claro que los plazos con que cuenta la autoridad pública para dar respuesta a peticiones de reajuste pensional elevadas por servidores o ex servidores públicos, plazos máximos cuya inobservancia conduce a la vulneración del derecho fundamental de petición, son los siguientes:
(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional –incluidas las de reajuste– en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a la petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo.
(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional, contados a partir de la presentación de la petición, con fundamento en la aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de peticiones elevadas a Cajanal;
(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001.
Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, en cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del derecho fundamental de petición. Además, el incumplimiento de los plazos de 4 y 6 meses respectivamente amenazan la vulneración del derecho a la seguridad social. Todos los mencionados plazos se aplican en materia de reajuste especial de pensiones como los pedidos en el presente proceso.
En relación con la primera etapa, baste con indicar que en la mencionada sentencia de tutela, que es hito, se expuso:
Sin embargo, para la Sala es claro que la naturaleza misma de la solicitud de pensión, por los trámites internos que ella impone para su reconocimiento o denegación, hace del término de quince (15) días, un plazo muy breve para que la entidad resuelva en debida forma sobre éste. Razón por la que ha de entenderse que como en dicho término no puede darse una respuesta de fondo, núcleo esencial del derecho de petición, el Seguro Social ha de informar al solicitante si la documentación allegada está completa y en caso contrario señalar la que hace falta, así como advertir el término que empleará para resolver de fondo la solicitud. Término éste que debe ser igualmente razonable. Razonabilidad que queda a la discrecionalidad del funcionario, y que en su momento ha de ser evaluada por el juez de tutela, cuando tenga que resolver sobre la existencia o no de vulneración del derecho de petición en un caso concreto. Por tanto, se puede afirmar que la inexistencia de un término exacto señalado directamente por el legislador, genera, en sí mismo, inequidades entre los diversos afiliados al sistema de seguridad social
A pesar de ello, como arriba se mostró, el déficit normativo en relación con el momento de satisfacción del derecho de petición a través del reconocimiento pensional en el régimen de prima media con prestación definida, se mantenía. Es por ello que, al reformar el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que regula la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida, en el último inciso del parágrafo 1º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, se estableció:
Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte.
Así quedó saldado el déficit legislativo en torno al momento del reconocimiento pensional como respuesta al derecho de petición para el régimen de prima media con prestación definida.
Pero hay más. En sentencia CC C1024-2004, la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de la palabra «Fondos» contenida en la citada disposición, razonó:
Conforme a la doctrina constitucional previamente expuesta, es viable concluir que cuando el artículo 9° de la Ley 797 de 2003 se refiere a los “fondos”, está comprendiendo dentro de esta denominación a todas las entidades públicas o privadas encargadas de administrar el Sistema de Seguridad Social Integral en Pensiones, otorgar una respuesta de fondo acerca del reconocimiento, reliquidación o reajuste de una pensión de vejez en el término de cuatro (4) meses contados desde la radicación de la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite dicho derecho.
Si bien el legislador optó por utilizar la palabra “fondos”, una interpretación sistemática de las disposiciones que regulan el régimen de pensiones en la ley de seguridad social, permite ratificar la posición de la Corte seguida en sus distintas salas de revisión en procesos de tutela, en torno a la aplicabilidad del artículo 9° de la Ley 797 de 2003 a las entidades públicas de seguridad social, tales como, la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) o el Seguro Social.
En efecto, la palabra “fondos” en materia de seguridad social, no se limita exclusivamente a identificar la existencia de Administradoras de Fondos de Pensiones y/o Cesantías (A.F.P’S), sino que también comprende el reconocimiento (i) de los “fondos de pensiones”, es decir, el conjunto de cuentas individuales que como patrimonios autónomos distintos e independientes del de las administradoras del régimen de Ahorro Individual con Solidaridad garantiza la rentabilidad de los recursos aportados por los cotizantes a dicho régimen (Ley 100 de 1993, artículo 60) y, adicionalmente, (ii) del “fondo común”, o entre palabras, de la sumatoria de los aportes de los afiliados al régimen Solidario de Prima Media con prestación definitiva, para asegurar el pago de las pensiones de los jubilados; fondo administrado por el Seguro Social y transitoriamente por otras cajas o entidades del sector público o privado, en virtud de lo previsto en la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes (Ley 100 de 1993, artículo 32)
En este orden de ideas, cuando la disposición acusada exige a los “fondos” reconocer la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario; lo que realmente determina, es que les corresponde a las administradoras de los fondos de pensiones o de los fondos comunes, proceder a dicho reconocimiento en el término de ley.
Entonces brota palmario que para el Tribunal Constitucional, a pesar de la vigencia del Decreto Ley 656/94, la palabra fondos incluye los del régimen de ahorro individual con solidaridad y los del régimen de prima media con prestación definida, quedando, por demás, de forma transparente, que el plazo para el reconocimiento de la pensión es de cuatro meses.
Pero además, al referirse a la Ley 700/01, enseñó:
Ahora bien, contrario a lo expuesto por el Ministerio Público, el término de seis (6) meses previsto en el artículo 4° de la Ley 700 de 2001, tiene como finalidad exigir que ninguna pensión puede llegar a ser reconocida y a la vez pagada más allá de dicho preciso término, sin establecer distinciones de plazo entre las autoridades públicas o privadas encargadas de la administración del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, para pronunciarse acerca de la pensión de vejez HYPERLINK "http://www.lexbase.biz/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C1024de2004.htm" \l "_edn60" \o "" [lx].
En consecuencia, lejos de establecer el legislador un término diferencial para que las entidades públicas o privadas encargadas de administrar el Sistema de Seguridad Social Integral en Pensiones den respuesta a las peticiones de los ciudadanos referentes al reconocimiento, reajuste o reliquidación de la pensión de vejez; una interpretación armónica de las normas vigentes con fundamento en la doctrina constitucional esgrimida por esta Corporación, permite concluir que los plazos previstos en la ley para hacer efectivo el derecho de petición en materia pensional, obligan de igual manera y en las mismas condiciones a las entidades públicas y privadas de seguridad social, en aras de preservar-en un plano de igualdad-los derechos sociales y fundamentales de sus afiliados.
La Corte, al resumir los términos para el trámite pensional, en la referida sentencia de constitucionalidad, dijo:
Como resultado de la evolución jurisprudencial en este tema y con el fin de fijar la posición a seguir ante la existencia de criterios en ocasiones contradictorios de las diferentes Salas de Revisión, mediante sentencia de unificación SU-975 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), se señalaron los plazos con que cuentan las distintas autoridades para dar respuesta de fondo a las peticiones en materia pensional y de esa manera garantizar la efectividad de dicho derecho.
Así, esta Corporación concluyó que el plazo es:
De quince (15) días hábiles en cualquiera de las hipótesis relacionadas con solicitudes de información acerca del trámite y el procedimiento para el reconocimiento de una pensión. Sobre la materia expuso que en cualquiera de las siguientes hipótesis regula el citado término, a saber: “(...) a) que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a la petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo”.
De cuatro (4) meses para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional (reconocimiento de pensiones de vejez e invalidez así como las relativas a reliquidación y reajuste de las mismas). (Decreto 656 de 1994, artículo 19 y Ley 797 de 2003, artículo 9°).
Debe precisarse que el término de cuatro meses no es aplicable en el caso en que se trate del reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, por cuanto allí opera el término fijado por el artículo 1º de la Ley 717 de 2001, esto es, máximo "dos (2) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho”.
Independientemente del plazo previsto para el reconocimiento, reajuste o reliquidación de una pensión, ninguna autoridad podrá demorar más seis (6) meses a partir del momento en que se eleve la solicitud por el peticionario, para realizar efectivamente el pago de las mesadas pensionales. (Artículo 4 Ley 700 de 2001)
De suerte que, es absolutamente cristalino que, desde el punto de vista constitucional como legal, el plazo para el reconocimiento de la pensión es de cuatro meses a partir de la solicitud, -esto sin perjuicio del plazo para definir las prestaciones en materia de invalidez y muerte de un afiliado- y el de pago es de máximo seis meses contados desde ese mismo momento.
No se pierda de vista que esta posición ha sido reiterada profusamente por la Corte Constitucional y acogida por el Consejo de Estado.
No sobra memorar que recientemente el Consejo de Estado abordó el entendimiento de artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en providencia de la Sección Segunda, Subsección b) radicado 17001-23-33-000-2015-00034-01 del 10 de julio de 2020 en la que de manera puntual señaló que los intereses de mora son causados por «el retraso en el pago de las mesadas pensionales en consideración al título que las haga exigible, esto es, el acto administrativo de reconocimiento de la prestación que determine el monto y periodicidad de dicho pagos, pues en ese momento nacería la obligación de pagar, y en caso de retardo en el desembolso se causaría la mora.»
En el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, reza:
ARTICULO 141. Intereses de mora. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.
En ese orden, si la ley determina un plazo de seis meses a partir de la solicitud de reconocimiento de la pensión para efectuar el pago de las mesadas de las pensiones, palmar es que los intereses moratorios sólo pueden correr a partir del vencimiento de dicho tiempo, mientras tanto no hay mora, pues recuérdese que quien esta plazo nada debe.
Se impone aclarar la distinción legal y constitucional de los plazos arriba referidos, puesto que su incumplimiento acarrea diferentes consecuencias legales, que van desde una sanción netamente administrativa por el ente de vigilancia y control, la imposición de multas, hasta la condena ante la morosidad en el pago de una prestación. No obstante, en mi criterio, la sala soslaya la normativa que exhibe que el plazo para cancelar la mesada es diferente al de reconocimiento, lo que me lleva a salvar parcialmente el voto en este puntal aspecto.
Pero, además, considero que, aunque las Altas Cortes pueden tener diferentes puntos de vista en relación con la interpretación de las normas, en este asunto concreto la razón se encuentra de parte de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, por lo cual era menester hacer convergencia hacia su jurisprudencia para evitar distorsiones en la interpretación sobre los términos legales que, por su naturaleza, son de orden público con un gran impacto y repercusión económico y social.
Fecha ut supra
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada ponente
SALVAMENTO DE VOTO
Sentencia de Instancia
Radicación n.° 84574
Acta 20
Referencia: demanda promovida por CARMEN AMPARO PÉREZ DE GÓMEZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, me aparto de la posición adoptada en este especial asunto, en la que se dispuso revocar el del juzgado, para en su lugar, reconocer la pensión de vejez con base en el Acuerdo 049/90, aplicando para ello el Convenio de Seguridad Social suscrito entre Colombia y España.
En la sentencia de instancia, la Sala mayoritariamente consideró, que resultaba procedente otorgar la pensión de vejez a prorrata a favor de la actora y a cargo de Colpensiones, considerando para ello, que ya se había efectuado o surtido el trámite interadministrativo previsto en el Convenio Internacional de Seguridad Social, suscrito entre Colombia - España, aprobado por la Ley 1112 de 2006, y en su anexo III, correspondiente al Acuerdo Administrativo del 28 de enero de 2008.
Al respecto, contrario a lo sostenido en la providencia, en mi prudente juicio ese trámite no se ha surtido a cabalidad, como paso a explicar.
Si bien es cierto, en el expediente aparece el informe de vida laboral emitido por el Gobierno de España donde se registran convalidadas las semanas aportadas por la demandante en ese país y el formulario ES/CO-02 (f. 272 a 276 y 288 del cuaderno digital de la Corte), y de igual forma los formularios CO/ES-01 y CO/ES-02 (fs. 340 a 351 y 428 a 439 también del Cuaderno digital de esta Sala), ello no es suficiente para sostener categóricamente, que el trámite interadministrativo al que hace mención tanto el Convenio de Seguridad Social suscrito entre dichos países, como el Acuerdo Administrativo que data del 28 de enero de 2008, se hubiese cumplido y finalizado.
Lo anterior, se desprende del artículo 8º del Acuerdo Administrativo, en donde se precisaron los trámites a seguir para la obtención de las pensiones de vejez, jubilación, invalidez o sobrevivencia, el cual en lo pertinente dice:
La Institución Competente a quien corresponda la instrucción del expediente cumplimentará el formulario establecido al efecto y enviará, sin demora, dos ejemplares del mismo al Organismo de Enlace de la otra Parte.
La Institución Competente que reciba los formularios, mencionados en el apartado 1 de este artículo, devolverá a la Institución Competente de la otra Parte, un ejemplar de dicho formulario donde se harán constar los periodos de seguro acreditados bajo su legislación, la fecha de efectos y, en su caso, el importe de la prestación reconocida por esa Institución.
Cada una de las Instituciones Competentes, notificará directamente a los interesados la resolución adoptada y las vías y plazos de recurso de que dispone frente a la misma, de acuerdo con su legislación.
Las Instituciones Competentes de ambas Partes se intercambiarán copia de las resoluciones adoptadas.
En aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 17 del Convenio, la Institución Competente española, a petición de la Institución Competente colombiana, certificara los periodos de seguro acreditados a la Seguridad Social española, por los interesados, hasta la fecha de sus solicitudes.
Por otra parte, la Institución Competente española también podrá solicitar información sobre los periodos de seguro acreditados a la Seguridad Social colombiana
Para ambos casos, se establecerá un formulario específico. (Negrillas fuera del texto original).
Y más adelante, dicha disposición, establece:
7. No obstante lo anterior. para la aplicación de este artículo:
En el caso de Colombia, la Institución Competente colombiana deberá efectuar el envío de formularios a la institución Competente española a través del Organismo de Enlace.
En el caso de España, la Institución Competente española efectuara el envío de los formularios a la Institución colombiana Competente colombiana a través del organismo de Enlace colombiano. (Negrillas fuera del texto original).
En presente caso, se observa que solo aparece en tramitado el formulario ES/CO-02, relativo a la «solicitud de pensión», por parte de las autoridades de España y que fue enviado a Colpensiones, sin que ello sea suficiente, por cuanto las normas que regulan el Convenio de Seguridad Social, también hacen referencia al formulario ES/CO-01 del mismo país, que corresponde a la «solicitud de información sobre periodos de seguro acreditados», a efectos de dar cumplimiento al numeral 3 del artículo 17 del Convenio y el 8º del Acuerdo Administrativo, como expresamente se indica en dicho formato, el cual en su parte superior reza:
El presente formulario será cumplimentado en la parte que la afecte, por la Institución ante la cual se presente la solicitud y remitido, en duplicado ejemplar, a la Institución de enlace competente de la otra Parte donde el asegurado alega haber cotizado. Ésta devolverá un ejemplar del formulario en el que se certifiquen los periodos efectivos de cotización de acuerdo con su legislación
De lo allí expuesto, fácilmente se colige que tal procedimiento debe efectuarse por parte de las Instituciones competentes de seguridad social de cada Estado.
De otra parte, aun cuando aparecen diligenciados por parte de Colpensiones (Institución competente), los formularios CO/ES-01 y CO/ES-02, en el informativo solo existe constancia de haberse remitido estos por dicha entidad de seguridad social al Organismo de Enlace en Colombia, en este caso, al Ministerio del Trabajo, como se desprende del documento fechado del 17 de julio de 2015, obrante al folio 426 y 427 del cuaderno digital de la Corte, más no que los mismos se hayan enviado a las autoridades competentes en España, lo cual no da absoluta certeza de que se hubiese dado cumplimiento al trámite previo que hace referencia el Convenio internacional y el Acuerdo Administrativo anexo a este.
Ahora bien, aun si se pasara por alto tal irregularidad, que no es de poca monta, también se advierte que en los referidos formularios, Colpensiones certifica como tiempo cotizado por la actora un total de 4.646,74 días, equivalentes a 663.82 semanas, siendo esa la información que aparentemente se envió a las autoridades de España, mientras que en esta sentencia, la Sala encuentra un número superior de cotizaciones en razón de la convalidación de semanas que se efectuó, lo cual arrojó un total de 767,7; esto implica, que tal información debe ponerse en conocimiento y en forma previa al reconocimiento de la prestación, a las Instituciones Competentes de seguridad social respectivas en España, a través de los correspondientes formularios que la ley señala para el efecto, por cuanto conlleva a modificar la certificación de tiempos servidos o aportados por la accionante (inc. 2 art. 16 del Convenio), lo cual no puede pensarse que pueda surtirse de manera posterior a la orden judicial aquí emitida de otorgar la prestación, pues iría en contra de lo preceptuado en las referidas disposiciones.
Aquí resulta importante resaltar, que ya la Sala en forma reciente había manifestado la obligatoriedad de que para efectos del otorgamiento de las prestaciones a las que hubiere lugar en virtud de dicho Convenio de Seguridad Social suscrito entre Colombia y España, resultaba de obligatorio cumplimiento que se surtiera previamente el trámite administrativo previsto en dicha normatividad.
En efecto, en la sentencia CSJ SL2022-2020, la Corte expresó:
De lo anterior se colige, sin hesitación alguna, que el Acuerdo Administrativo que corresponde al Anexo III, y que hace parte integral del Convenio suscrito entre los dos Estados, sí prevé un trámite interadministrativo entre las Instituciones Competentes de cada país y sus Organismos de Enlace, para efectos de convalidar los tiempos cotizados por el asegurado en cada uno de ellos, el que sin lugar a dudas debe adelantarse y agotarse antes de resolver sobre la solicitud de pensión por parte del organismo encargado de atender tal petición, como efectivamente lo concluyó el juez de alzada. Lo dicho también se desprende de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 16 ibídem, que preceptúa: «Certificados los tiempos servidos o aportados por el trabajador en cada una de las Partes, la Parte colombiana podrá reconocer y pagar independientemente la prorrata a que el interesado tiene derecho según el apartado 2 del artículo 9o, cuando este cumpla con la edad requerida». (Negrillas y subrayados fuera del texto original).
De esta manera, no resulta suficiente para proceder al reconocimiento de la prestación, aun por vía judicial, que se allegue al informativo los certificados de vida laboral expedidos por la el Ministerio de Trabajo e Inmigración de España, como es lo que aquí se advierte con la documental obrante a folios 16 a 23, pues a más de no tener certeza que provengan de la autoridad competente designadas en el aludido Acuerdo Administrativo, y no especificarse el ingreso base de cotización o que se hicieron los aportes, tampoco resulta dable soslayar el procedimiento interno al que se ha hecho mención en precedencia acordado por los Estados partes. (Negrillas fuera del texto original).
En esa medida, la decisión aquí tomada implica un claro desconocimiento del propio antecedente doctrinal de la Sala, con lo cual no solo se envía un mensaje equivocado para la comunidad jurídica, sino que además conlleva a que se presente una inseguridad jurídica para resolver controversias en casos análogos.
Por otra parte, en el fallo del que me aparto, se precisó:
[…] el artículo 17 del instrumento internacional estatuye que si la parte colombiana inicia a pagar la prorrata a su cargo antes que la parte española, la institución competente de esta deberá certificar las cotizaciones realizadas por el asegurado en su sistema de pensiones, con lo cual, «[…] se presumirá que el interesado está incluido, para la parte española, en el ámbito de aplicación personal del Convenio». En otras palabras, reconocida la proporción a cargo de Colombia y certificados los periodos a cargo de España, este último Estado queda obligado a pagar la prorrata a su cargo. (Negrillas fuera del texto original)
De lo transcrito en precedencia, particularmente del fragmento resaltado en negrillas, deja ver que la Sala mayoritaria, que alli se plasma una obligación de pago de la pensión prorrata a cargo de la autoridad en España, afirmación que a mi juicio resulta desafortunada y por fuera del marco de nuestras propias competencias, en la medida que a esta Corte, no le corresponde hacer pronunciamiento alguno frente a la posible prestación que puede generarse a favor de la afiliada y a cargo de una autoridad extranjera. Lo anterior cobra mayor fuerza si se tiene en cuenta, lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1112 de 2006, que hace referencia a la determinación del derecho y liquidación de prestaciones sociales, en donde se señala:
[…] el trabajador que haya estado sucesiva o alternativamente sometido a la legislación de una y otra Parte Contratante tendrá derecho a las prestaciones reguladas en este Capítulo en las condiciones siguientes:
1. La Institución Competente de cada Parte determinará el derecho y calculará la prestación, teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguro o cotización acreditados en esa Parte.
2. Asimismo la Institución Competente de cada Parte determinará el derecho a prestaciones totalizando con los propios los períodos de seguro o cotización cumplidos bajo la legislación de la otra Parte. Cuando efectuada la totalización se alcance el derecho a la prestación, para el cálculo de la cuantía a pagar, se aplicarán las reglas siguientes:
a) Se determinará la cuantía de la prestación a la cual el interesado hubiera tenido derecho como si todos los períodos de seguro o cotización totalizados hubieran sido cumplidos bajo su propia legislación (pensión teórica);
b) El importe de la prestación se establecerá aplicando a la pensión teórica, calculada según su legislación, la misma proporción existente entre el período de seguro o cotización cumplido en la Parte a que pertenece la Institución que calcula la prestación y la totalidad de los períodos de seguro o cotización cumplidos en ambas Partes (pensión prorrata).
3. Determinados los derechos conforme se establece en los párrafos precedentes, la Institución Competente de cada Parte reconocerá y abonará la prestación que sea más favorable al interesado, independientemente de la resolución adoptada por la Institución Competente de la otra Parte.
Conforme a tal disposición, resulta claro que cada Institución Competente, del respetivo país, es a quien le corresponde de manera autónoma establecer el posible derecho pensional que le asista al asegurado, ciñéndose al trámite de que hace mención la norma transcrita, sin que sea dable entonces a la Sala, referirse a las obligaciones prestacionales que estarían a «cargo de España», como se dice en la providencia.
En síntesis, y de acuerdo a lo expresado en precedencia, a mi juicio no se evidencia que en el sub examine se encuentre culminado el trámite administrativo que previamente debe efectuarse para efectos de otorgar la pensión de vejez reclamada; y en esa medida, debió la Sala disponer que de manera previa al reconocimiento de la prestación deprecada, este se adelantara y agotara a cabalidad, dándose así cumplimiento al Convenio Internacional y al Acuerdo Anexo al mismo, se itera, como en ocasión anterior ya lo había sostenido esta Corporación, y no desconociendo deliberadamente su propio precedente, en tanto ni siquiera se menciona en la providencia de la que me aparto, al menos para recoger su propio criterio.
En los anteriores términos, dejo consignada mi discrepancia.
Fecha ut supra.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado
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