FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL2675-2022
Radicación n.° 91343
Acta 21
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintidós (2022).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MAURICIO ROLANDO PADILLA LEAL, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 23 de octubre de 2020, en el proceso que instauró contra el FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO a la que se llamó en garantía a SEGUROS DEL ESTADO S.A. y a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA S.A.
I. ANTECEDENTES
Mauricio Rolando Padilla Leal llamó a juicio al Fondo Nacional del Ahorro, con el fin de que se declarara la existencia de una relación laboral entre el 6 de septiembre de 2006 y el 25 de junio de 2013 y, como consecuencia, se condenara a la demandada al pago del subsidio de alimentación, la prima técnica, la de servicios, la extraordinaria, la de vacaciones, el estímulo de recreación, la prima de navidad, la bonificación por servicios, la bonificación especial de recreación y los incrementos salariales, conceptos todos ellos previstos en la Convención Colectiva de Trabajo; pidió igualmente, el auxilio de cesantía, la indemnización moratoria, la indexación monetaria, lo demás ultra y extra petita y las costas incluyendo las agencias en derecho.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró al servicio del Fondo Nacional del Ahorro del 6 de septiembre de 2006 al 25 de junio de 2013, mediante contrato de trabajo, con intermediación de las Empresas de Servicios Temporales Misión Temporal Ltda, Temponexos, Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero Alma Mater, Temporales Uno A S.A.; desempeñó el cargo de Profesional Administrativo, con las mismas funciones y en actividades propias de la demandada; estuvo subordinado a funcionarios de nómina vinculados directamente con el FNA; recibía órdenes de Sandra Liliana Castaño Valencia, Ester Delgadillo, Richard Alexis Sánchez Valero y Flor Ángela Cárdenas Calderón, quienes ostentaron el cargo de jefe de cartera. Su labor la desarrolló en los puntos de atención de la accionada en la atención al público, no tenía potestad alguna para la toma de decisiones que afectaran al fondo demandado, las fechas plasmadas en los contratos suscritos con las temporales no correspondían al tiempo total laborado, pues la vinculación fue ininterrumpida en las fechas indicadas; y que reclamó el 24 de noviembre de 2015.
Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones, negó varios de los hechos y de los demás dijo que no le constaban.
En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones pretendidas, imposibilidad jurídica de cumplir con las pretensiones, ausencia de vínculo de carácter legal e inexistencia de los requisitos legales para ser trabajador oficial, ausencia de título y de causa, buena fe, ausencia de obligación, imposibilidad de aplicar la convención colectiva para el caso concreto, prescripción, compensación y cobro de lo no debido. Llamó en garantía a Seguros del Estado S.A., Confianza S.A., y a integrar el litisconsorcio necesario a Misión Temporal Ltda, Temponexos S.A., unión temporal conformada por Servicios Temporales Profesionales Bogotá S.A. Sertempo Bogotá S.A., Gente Oportuna Ltda, Red de Universidades Públicas de Eje Cafetero Alma Mater, Temporales Uno A Bogotá S.A.
Únicamente se admitió el llamado en garantía a las aseguradoras.
Confianza S.A. se opuso a su vinculación por cuanto las pretensiones no guardaban relación sustancial con la que contrataron con la llamante por lo que no le asiste obligación alguna. En su defensa propuso las excepciones de ausencia de cobertura del seguro en caso de condena al asegurado o terceros, prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, inexigibilidad del seguro por ausencia de cobertura temporal, de los hechos y pretensiones, no cobertura de prestaciones extralegales o convencionales, prescripción y la genérica; frente al contrato de seguro R0005609 propuso como defensa la inexigibilidad del seguro de responsabilidad civil extracontractual, expresas exclusiones de hechos y pretensiones de la demanda, prescripción de cualquier acción derivada del contrato de seguro y la genérica.
Seguros Bolívar S.A. se opuso a las pretensiones y dijo no constarle los hechos; en su defensa propuso las excepciones de ausencia de responsabilidad del FNA por cuanto eran empresas de servicios temporales los verdaderos empleadores del actor, ausencia de responsabilidad del FNA ateniendo la naturaleza del servicio contratado con las empresas de servicios temporales con el demandante, prescripción y pérdida del derecho a la indemnización moratoria por haberse presentado la demanda después de 24 meses de la desvinculación.
Con respecto al llamamiento planteó como defensa la falta de legitimación en la causa por pasiva material por inexistencia de la obligación a cargo de esa aseguradora, ausencia de cobertura por ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia de las pólizas, inexistencia de los requisitos para hacer exigible la póliza de seguro de cumplimiento a favor de la entidad estatal, compensación, límite de la responsabilidad y la genérica; en subsidio, propuso las excepciones de cobertura exclusiva de los riesgos pactados en la póliza de cumplimiento e imposibilidad de afectar la póliza de cumplimiento por las conductas contempladas en el artículo 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 3 de diciembre de 2018, declaró la existencia de cuatro relaciones de trabajo así:
La primera del 06 de septiembre de 2006 al 14 de septiembre de 2008, por intermedio de las sociedades TEMPONEXOS. MISIÓN TEMPROAL LTDA y RED DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL EJE CAFETERO.
La segunda de 18 de noviembre de 2008 al 14 de febrero de 2010, por intermedio de las sociedades RED DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL EJE CAFETERO ALMA y TEMPORALES UNO A SA.
La tercera del 05 de abril de 2010 al 10 de enero de 2012 por intermedio de TEMPORALES UNO SA.
La cuarta y última del 20 de marzo de 2012 al 25 de junio de 2013, por intermedio de TEMPORALES UNO A SA; desempeñando el cargo para todas las vinculaciones el de profesional administrativo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
Como consecuencia impuso las siguientes condenas:
SEGUNDO. - CONDENAR a la demandada FONDO NACIONAL DEL AHORRO a reconocer y pagar a favor del demandante señor MAURICIO ROLANDO PADILLA LEAL las sumas dinerarias por los conceptos que a continuación se relacionan así:
La suma de $448.796,775 por concepto de incrementos salariales que corresponden a los años 2012 a 2013 que no se encuentran prescritos.
La suma de $806.650,00 por concepto de prima de servicios convencional.
La suma de $806.650,00 por concepto de prima extraordinaria.
La suma de $898.839 por concepto de prima de vacaciones.
La suma de $553.132,05 por concepto de estímulo de recreación.
La suma de $2.046.816 por concepto de prima de navidad.
La suma de $165.939,615 por concepto de bonificación especial de recreación.
La suma de $159.396,15 por concepto de diferencias resultantes en el auxilio de cesantías.
TERCERO. - CONDENAR a la demandada FONDO NACIONAL DEL AHORRO a reconocer y pagar a favor del demandante señor MAURICIO ROLANDO PADILLA LEAL la suma de $55.313,205 diarios a partir del 26 de septiembre de 2013 y hasta tanto se verifique el pago de las condenas aquí impuestas, por concepto de indemnización moratoria, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
CUARTO. - DECLARAR que la llamada en garantía SEGUROS DEL ESTADO SA, debe responder por las condenas impuestas contra el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, de acuerdo a las pólizas 25-44-101023571 y 25-44-101033302, conforme a los riesgos asegurados y al límite de cobertura de los mismos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
Absolvió de las demás pretensiones, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción y condenó en costas a la demandada y a la garante.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, mediante fallo del 23 de octubre de 2020, revocó el numeral tercero y, en su lugar, absolvió por concepto de indemnización moratoria y confirmó en lo demás.
En lo que interesa al recurso extraordinario, y luego de señalar que no fue objeto de apelación la declaración de existencia del contrato de trabajo con la demandada, se ocupó de los extremos temporales, de la indemnización moratoria, de las excepciones propuestas por Seguros del Estado S.A. y la afectación de las pólizas y si había lugar a imponer condenas solidarias. En lo que respecta específicamente a la condena por indemnización moratoria, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que no se acreditó la mala fe de la entidad,
[P]ues la entidad actuó bajo la convicción de que el vínculo que lo unía al actor no era de carácter laboral, sino mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios para lo cual se encontraba habilitada en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, con el fin de suplir una actividad relacionada con su funcionamiento, para lo cual no contaba con el personal de planta para realizarla, lo que no permite colegir su intención de desconocer los derechos de la demandante, quien además aceptó de forma voluntaria el tipo de vinculación.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, en cuanto revocó la condena contenida en el numeral tercero de la decisión, esto es, la indemnización moratoria para que, en sede de instancia, confirme dicho numeral.
Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, los cuales, a pesar de presentarse por vías diferentes, se decidirán de manera conjunta al complementarse y perseguir idéntico fin.
VI. PRIMER CARGO
Por la vía indirecta acusa la aplicación indebida del artículo 1° del Decreto 797 de 1949, el cual sustituyó el 52 del Decreto 2127 de 1945, por haber incurrido en los siguientes yerros fácticos:
Dar por demostrado sin estarlo, que el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, actuó bajo la convicción de que el vínculo que lo unía al actor no era de carácter laboral, sino mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios, para lo cual se encontraba habilitada en los términos del artículo 32 de la ley 80 de 1993, con el fin de suplir una actividad relacionada con su funcionamiento, para lo cual no contaba con el personal de planta para realizarla, lo cual no permite colegir su intención de desconocer los derechos de la demandante(sic). Posición ésta, por demás, apartada del objeto de la Litis, puesto que la vinculación de mi mandante, no lo fue a través de contratos de prestación de servicios, contemplados por la ley 80 de 1993, sino, acudiendo a la figura del trabajador en misión, vinculado a través de empresas de servicios temporales, prevista por la ley 50 de 1990. De modo que, la sola consideración, está claramente apartada de la realidad probatoria.
No dar por demostrado estándolo, que el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, obró de mala fe al acudir fraudulentamente a la figura del trabajador en misión y utilizar para dichos propósitos a varias empresas de servicios temporales por tiempos superiores a los previstos por la Ley.
Denuncio como pruebas dejadas de apreciar, los[sic] certificaciones expedidas por las distintas empresas de servicios temporales que actuaron como intermediarias, ubicadas a folios 13 a 18 del expediente digital, las cuales, detallan los periodos durante los cuales, mi representado, prestó sus servicios a la demandada FONDO NACIONAL DEL AHORRO, contratos que sucesivamente, superaron en exceso, los máximos términos previstos por la Ley 50 de 1990, conservando durante toda la vinculación, las mismas funciones y bajo la subordinación directa de funcionarios de la entidad.
De lo anterior dedujo que la demandada actuó «subrepticiamente, torticeramente» al evitar que los contratos interadministrativos superaran el término máximo de un año previsto en la ley, impartía órdenes al trabajador, quien cumplía funciones propias de la entidad durante los 6 años, 9 meses y 19 días que estuvo vinculado, pese a que estos contratos no pueden exceder de seis meses prorrogables por otro tiempo igual, sea con la misma o con otra empresa de servicios temporales.
VII. SEGUNDO CARGO
Por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, acusa la violación del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Como fundamento señala que el tribunal dio por demostrado que la demandada vinculó al actor dentro del marco de la contratación estatal, por lo que su actuación no transciende la ilegalidad, ante el convencimiento que la relación no era de carácter laboral, lo cual carece de veracidad por cuanto las partes nunca suscribieron un contrato de la naturaleza anotada. Considera que las actividades que desarrolló el actor eran propias de la entidad y realizadas por personal de planta, motivo por el cual se le reconoció en las instancias la condición de trabajador oficial, abusando de la figura del empleado en misión al vincularse por intermedio de empresas de servicios temporales, sin que se hubiera suscrito contrato de prestación de servicios con la accionada.
VIII. TERCER CARGO
Por la vía directa acusa la interpretación errónea del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Como quiera que el desarrollo es idéntico al anterior se tiene por reproducido.
IX. RÉPLICA
El Fondo Nacional del Ahorro – Carlos Lleras Restrepo, presentó oposición fuera del término otorgado.
X. CONSIDERACIONES
El Tribunal fundamentó su decisión para revocar la condena por indemnización moratoria impuesta en primera instancia en que no se acreditó la mala fe de la entidad, pues actuó con la convicción de que el vínculo que lo unía al actor no era de carácter laboral, sino que estaba habilitada por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, con el fin de suplir una actividad relacionada con su funcionamiento para lo cual no contaba con el personal de planta, lo que no permite colegir su intención de desconocer los derechos del demandante, quien aceptó de forma voluntaria su vinculación.
La censura radica su inconformidad en que en el proceso no se discutió sobre la suscripción de contratos de prestación de servicios contemplados en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, sino en la indebida utilización de las empresas de servicios temporales conforme a los lineamientos del artículo 77 de la Ley 50 de 1990.
En consecuencia, corresponde a la Corte dilucidar si erró el colegiado al dar por sentado que la actuación de la entidad estaba precedida de buena fe, por actuar bajo el convencimiento de que estaba habilitada por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
En ese orden, no es objeto de casación la naturaleza del vínculo laboral entre el demandante y la demandada, los extremos temporales del mismo, las condenas impuestas, con excepción de la indemnización moratoria. Así mismo, dado que la demandada ostenta la calidad de empresa industrial y comercial del Estado conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley 432 de 1998, luego, por regla general, sus empleados ostentan la condición de trabajadores oficiales por así disponerlo el precepto 17 de la misma regulación, con excepción de los cargos de Director General, Secretario General, Subdirectores Generales y Coordinadores de regionales, que son empleados públicos.
De lo expuesto, resulta evidente que el Tribunal equivocó el fundamento de su decisión de revocar la condena impuesta en primera instancia al pago de la indemnización moratoria, al hacer recaer su estudio en la suscripción de contratos de prestación de servicios previstos en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, cuando el objeto del litigio fue la utilización indebida de la figura de intermediación laboral a través de empresas de servicios temporales, aspecto sobre el cual no se pronunció al no haber sido motivo de inconformidad a través de la impugnación, lo cual efectivamente llevó a la transgresión del artículo 1° del Decreto 797 de 1949, por no hacerle producir efectos a partir de un supuesto no discutido en el juicio, como lo es, se insiste, la suscripción de contratos de prestación de servicios del demandante con la entidad demandada.
Lo expuesto resulta suficiente para la prosperidad de los cargos.
Sin costas dada la prosperidad del recurso.
XI. SENTENCIA DE INSTANCIA
El fundamento de la apelación de la demandada con respecto a la condena al pago de la indemnización moratoria únicamente obedece a que se debe dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 65 del CST, de acuerdo con el cual, como la demanda se instauró luego de superados los 24 meses desde la terminación del contrato el 26 de septiembre de 2013, por lo que solamente hay lugar al pago de intereses moratorios a partir del mes 25.
Tal como quedó evidenciado al decidir en casación, no fue objeto de inconformidad por la recurrente que el actor estuvo vinculado con el FNA y ostentó la calidad de trabajador oficial, condición que se deriva del artículo 17 de la Ley 432 de 1998, por lo que es indiscutible que no resulta aplicable el artículo 65 del CST, por expresa disposición del precepto número 4 del mismo estatuto, lo cual se advirtió en la misma decisión confutada en la que se impuso el pago «en los términos del artículo 1º del Decreto 797 de 1949».
No obstante lo anterior, la Sala se ha ocupado de la procedibilidad de la condena al pago de la indemnización moratoria en contra de la misma demandada por hechos evidentemente similares derivados de la indebida utilización de las empresas de servicios temporales. Es así como en la sentencia CSJ SL4330-2020, la Corte señaló:
Como bien lo señala la censura, y lo ha definido esta Sala, la sanción prevista en el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945 requiere el análisis de los elementos subjetivos que guiaron la conducta del deudor. Para tal fin, el empleador debe demostrar que su morosidad estuvo justificada en razones atendibles que lo llevaron al convencimiento de que nada adeudaba a su trabajador (CSJ SL, 8 may. 2012, rad. 39186, CSJ SL8216-2016, CSJ SL16884-2016 y CSJ SL694-2019, entre otras).
Sobre este particular, no le asiste razón a la censura, por cuanto el Tribunal procedió a imponer la mencionada sanción luego de examinar su conducta y las circunstancias fácticas relevantes. Así, fulminó tal condena por considerar que las actividades ejercidas por el trabajador lejos de ser ocasionales, tenían vocación de permanencia, no obstante lo cual, el FNA pretendió suplirlas ilegalmente con trabajadores en misión, infringiendo deliberadamente el término previsto en artículo 6.º del Decreto 4369 de 2006.
Nótese que para el juzgador no era creíble que el FNA no se percatase de la ilicitud de su conducta; por el contrario, señaló que la evidencia recopilada llevaba a pensar que actuó con ánimo torticero y pleno conocimiento de tal irregularidad, pues solo así se explicaba que el actor fuera vinculado en 8 ocasiones, para la misma labor, mediante contratos de duración de obra, que se prolongaron más de 6 años y 28 días y que entre cada contrato trascurriera un mínimo o ningún margen de espera para celebrar el siguiente, siendo evidente que lo que se pretendía era dar una fachada de legalidad y «burlar la necesidad de las funciones y su permanencia en el tiempo», especialmente si se tiene en cuenta que el actor laboró de manera continua.
Todo este abuso sistemático y prolongado de la figura del servicio temporal demostró que el FNA no actuó desprevenidamente, sino que su intención fue la de encubrir una necesidad permanente en el desarrollo de sus actividades bajo la apariencia de la temporalidad, con el objeto de aprovecharse ilimitadamente de los servicios personales del demandante. Esta instrumentalización de una figura legítima para esconder y llevar a lo más recóndito verdaderas relaciones de trabajo directas con los empleados, constituye un fraude a la ley, circunstancias a partir de las cuales el juzgador descartó un actuar de buena fe.
Tal inferencia, no se desvirtúa por el hecho de que el FNA estuviera en imposibilidad de ampliar su planta de personal, pues al tratarse de una empresa industrial y comercial del Estado cuyos servidores, por regla general son trabajadores oficiales, tiene la posibilidad de proponer al Gobierno Nacional las modificaciones a la estructura orgánica que considere pertinentes, de conformidad con el artículo 90 de la Ley 489 de 1998.
En ese sentido, le era factible ampliar su planta de trabajadores oficiales para contratar el personal requerido en aras de garantizar el normal funcionamiento de la entidad, previa solicitud ante el Gobierno Nacional y con el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública, según lo previsto en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012, y los artículos 2.2.12.1 a 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, gestión que acá no se demostró, por tanto, no es posible atender a la imposibilidad que ahora alega y que, en todo caso, constituye un hecho nuevo en casación toda vez que el FNA no la invocó en las instancias.
En ese orden, no queda otra alternativa que confirmar la decisión apelada en el aspecto mencionado.
XII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 23 de octubre de 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MAURICIO ROLANDO PADILLA LEAL contra el FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO a la que se llamó en garantía a SEGUROS DEL ESTADO S.A. y a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA S.A. únicamente en cuanto a la revocatoria de la condena al pago de la indemnización moratoria. En sede de instancia CONFIRMA el numeral tercero de la sentencia del 3 de diciembre de 2018 proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas.
Costas como se dijo.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR