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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2686-2021

Pensión de vejez

Fecha
23 de junio de 2021
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
21 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL2686-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Erró el Tribunal al ordenar a Porvenir el pago provisional de la pensión mínima con recursos propios antes de que la Oficina de Bonos Pensionales reconociera la garantía, pese a lo previsto sobre financiación de esa prestación?

Reglas

  1. Las administradoras deben prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna los servicios previsionales y responden por los perjuicios causados por culpa leve al afiliado.

    «se encuentran obligadas a prestar en forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a dicha calidad. Por lo tanto, serán responsables de los perjuicios que por su culpa leve»
  2. La administradora debe solicitar la emisión del bono pensional dentro de los seis meses siguientes a la vinculación del afiliado y efectuar seguimiento trimestral hasta su emisión.

    «Las solicitudes de emisión de bonos pensionales deberán ser presentadas a la entidad previsional correspondiente dentro de los seis (6) meses inmediatamente siguientes»
  3. La administradora debe adelantar desde la afiliación las gestiones para reconstruir la historia laboral y materializar el bono pensional, no solo al recibirse la reclamación pensional.

    «la obligación de la Administradora para la reconstrucción de la historia laboral a efectos de materializar el llamado título de deuda pública, no surge en el momento en que el afiliado»
  4. Si por razones imputables a la administradora el afiliado carece de recursos para financiar la pensión, aquella debe pagarla provisionalmente con sus propios recursos.

    «corresponderá el pago de la pensión de manera provisional y con cargo a sus propios recursos a la entidad de seguridad social»
  5. El juez puede imponer a la administradora la pensión provisional cuando el retardo en tramitar la garantía mínima sea imputable a su falta de diligencia.

    «es viable establecer la obligación temporal, con cargo a los propios recursos de la administradora, cuando el retardo del reconocimiento»
  6. La acusación que pretende demostrar diligencia de la AFP o atribuir la mora a terceros o al afiliado debe plantearse por la vía indirecta si controvierte inferencias fácticas.

    «la vía de ataque efectivamente era la indirecta»

Decisión

La Corte no casó la sentencia del Tribunal que mantuvo el pago provisional de la pensión mínima a cargo de Porvenir, debido a la demora imputable a la administradora en gestionar el bono pensional. Impuso costas a la recurrente.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 12 de septiembre de 2019, en el proceso ordinario laboral que MARÍA EUGENÍA DEL SOCORRO ORTIZ MEJÍA le promovió a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y, en el que fue llamada como litisconsorte necesaria a LA NACIÓN- MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Costas como arriba se indicó.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL2686-2021

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

23 de junio de 2021

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL2686-2021

Radicación n.° 86992

Acta 23

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 12 de septiembre de 2019, en el proceso ordinario laboral que MARÍA EUGENÍA DEL SOCORRO ORTIZ MEJÍA promovió en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y la recurrente, en el que fue llamada como litisconsorte necesaria a LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO -.

ANTECEDENTES

La accionante demandó a la AFP en procura de que fuera declarado que le asistía el derecho a la garantía de pensión mínima, a partir del 30 de marzo de 2012, y, de manera subsidiaria, reconocer la garantía temporal de pensión mínima de vejez; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o, subsidiariamente, la indexación, y los gastos y costas del juicio.

En soporte de sus súplicas, afirmó que: nació el 30 de marzo de 1955; cuenta con más de 1150 semanas de cotización necesarias para la garantía estatal de pensión mínima de vejez; cotizó al otrora Instituto de Seguros Sociales 711 semanas entre el 15 de septiembre de 1987 y el 31 de mayo de 2000; el 1 de junio de 2000 se trasladó al fondo privado Porvenir en el que alcanzó a cotizar 651 semanas del 1 de junio de 2000 y el 28 de febrero de 2013, para un total de 1.362 semanas; el 10 de abril de 2012 radicó solicitud pensional ante la demandada, pero nunca le fue contestada de fondo, pues el 5 de mayo de 2014, le respondieron que era necesario remitir el caso a la oficina de bonos pensiones; el 10 de julio de 2015, nuevamente solicitó la garantía temporal de pensión mínima; el 16 de octubre de 2015, la AFP la requirió para que le anexara unos documentos, que allegó en su totalidad el 21 de octubre siguiente, cumpliendo con todos los requisitos para el reconocimiento y pago de la garantía estatal de pensión mínima; el 27 de enero de 2016, ante la tardanza injustificada del fondo, presentó acción de tutela con el fin de que fueran amparados los derechos de petición, igualdad, debido proceso, seguridad social, dignidad humana y mínimo vital; durante el trámite de la acción de tutela, Porvenir S.A., el 2 de febrero de 2016, le informó que rechazaba la solicitud, pese a contar con más de 1150 semanas de cotización, puesto que las entidades responsables de la emisión y pago del bono (Colpensiones, Dirección Seccional de Salud y La Nación), no habían realizado reconocimiento alguno; el Juzgado 28 Penal Municipal de Garantías le negó la tutela, y la AFP no le ha reconocido lo impetrado en esta demanda.

Porvenir S.A., al contestar el escrito generatriz de la controversia, se opuso a todas y cada una de las pretensiones incoadas y formuló las excepciones de inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, buena fe, falta de causa para pedir, petición antes de tiempo, reconocimiento a cargo de un tercero, y la innominada o genérica.

La Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó desestimar las pretensiones y propuso las excepciones de falta de competencia por ausencia de la reclamación administrativa, prevalencia del derecho irrenunciable a la pensión de vejez, buena fe y la genérica.

Colpensiones, no se opuso a las súplicas dado que no están dirigidas en su contra. Excepcionó falta de legitimación en la causa por pasiva e imposibilidad de condena en costas.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia de 7 de mayo de 2018, declaró que la actora, tiene derecho al reconocimiento de la pensión mínima por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., en aplicación si fuere necesario del Artículo 65 de la Ley 100 de 1993, y adquirió el status de pensionada desde 1º de marzo de 2013. A partir del 1º de enero de cada año, la mesada pensional de la señora María Eugenia del Socorro Ortiz Mejía, deberá ser reajustada, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; condenó a PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a la accionante la suma de Cuarenta y cuatro millones quinientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y un pesos ($44.547.241), por concepto de retroactivo pensional, liquidado entre el 1º de marzo de 2013 y el 30 de abril de 2018, incluida la mesada adicional a que tiene derecho; también la condenó al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 26 de julio de 2014; condenó a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a que si el fondo de pensiones así lo requiera, reconozca en los términos de ley, la garantía de pensión mínima de la actora; declaró no probadas las excepciones de las excepciones de inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, buena fe, falta de causa para pedir, petición antes de tiempo, reconocimiento a cargo de un tercero, y la innominada o genérica; respecto de Colpensiones declaró de oficio la excepción de inexistencia de la obligación de pagar. No impuso costas en contra de La Nación y Colpensiones, pero sí a Porvenir.

Con respecto al Ministerio de Hacienda, y luego de determinar la responsabilidad de la administradora demandada de reconocer la prestación de manera temporal en los términos del artículo 21 del Decreto 656 de 1994, señaló que: «en todo caso y dado que en este proceso se vinculó al Ministerio de Hacienda es claro que debe no exonerarse al Ministerio de Hacienda de realizar este reconocimiento, en caso, reitero, de que así se vea necesario por parte del fondo de pensiones. En ese orden de ideas se señalará que esta decisión no exonera al Ministerio de Hacienda de que si llegase a presentarse la necesidad del reconocimiento de la garantía de pensión mínima proceda a su reconocimiento una vez el fondo de pensiones Porvenir presente la solicitud».

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolverse los recursos de apelación interpuestos por la demandante y Porvenir, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, con fallo de 12 de septiembre de 2019, confirmó la sentencia impugnada, excepto en lo que toca con la modalidad bajo la cual se impartió condena en contra de Porvenir, modificándose aquella teniéndola para todos sus efectos como una provisional de la garantía de pensión mínima hasta tanto acaezca la redención del bono pensional de la accionante; y modificó en cuanto a que la fecha a partir de la cual procede la imposición de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, corresponde al 21 de febrero de 2016, sobre la totalidad del importe adeudado teniendo en cuenta desde la primera de las mesadas causadas, tal cual quedó dicho en la parte motiva de la decisión. Sin costas en la alzada.

El juzgador, para llegar a su decisión, se ocupó inicialmente de la intervención de litisconsorcio necesario solicitada por la AFP y en ese sentido respaldó la decisión de primer grado en cuanto negó la vinculación de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia por no considerarla necesaria, dada la naturaleza del asunto.

En lo que interesa al recurso de casación, el colegiado luego de acudir al principio de solidaridad y a las normas que consideró aplicables, estimó que la demandante reunía las exigencias legales para el acceso a la prestación reclamada, pues cumplió los 57 años el 30 de marzo de 2012 y cuenta con más de 1150 semanas, entre cotizadas y servidas al sector público. Luego de lo anterior, consideró que los argumentos de la defensa no pueden ser atendidos por cuanto aun cuando se verifica que inicialmente fue por voluntad de la propia actora que no se pudo atender su pedimento, en un principio por haber objetado la liquidación del bono pensional efectuada por su ex empleador y, posteriormente, por manifestar que devengaba ingresos en cuantía superior al salario mínimo, al menos desde 2015 las gestiones en lo que a ella correspondía quedaron completamente agotadas, puntualmente el 21 de octubre del año 2015, cuando entregó la declaración de no percibir rentas superiores al salario mínimo legal mensual vigente y, por tanto, la diligencia de la entidad enjuiciada no se ve solventada con el simple requerimiento a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia apenas el 23 de diciembre del año 2015, cuando era de su conocimiento desde mucho antes el interés de la afiliada de acceder a la prestación económica.

Añadió que sin que a la fecha se tenga claridad del otorgamiento del derecho, siendo de cargo de la AFP el adelantamiento del trámite interadministrativo ante la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda para la obtención de la liquidación provisional del título para que sea esta la que finalmente autorice la concesión de la garantía de pensión mínima, con lo cual estableció el alcance de la responsabilidad legal de dicho ente ministerial en el asunto, a pesar de no haber anunciado expresamente que decidía en consulta.

Recordó que la jurisprudencia constitucional ha adoptado un criterio similar para lo cual se remite a la sentencia CC T315-2018, en cuanto a la responsabilidad de la administradora. En el caso subrayó que la demandada hace recaer toda responsabilidad en la oficina de bonos pensionales y a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, lo cierto es que no ha cumplido con lo que le ordena el artículo 83 Ley 100 de 1993; infirió que la diligencia de la AFP no ha sido lo suficientemente contundente para reunir la historia de la afiliada para realizar el trámite correspondiente ante la mencionada oficina pública, para obtener al menos el pago temporal de la pensión, por lo que, al igual que concluyó el a quo debe proceder al reconocimiento pensional provisional hasta el día en que se redima el bono o título pensional por lo que en tal sentido modificó la decisión recurrida sin que haya lugar a la variación de los montos establecidos en primera instancia.

En cuanto a los intereses moratorios, los impone desde el 21 de febrero de 2016 pues los requisitos se cumplieron por parte de la actora el 21 de octubre de 2015, contando cuatro meses a partir de la fecha citada.

En ese orden modificó la decisión como quedó arriba señalado.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Solicita la sociedad recurrente que la Sala case «la providencia acusada. Luego, se pide que revoque el fallo del juez a quo y, en sede de instancia, le ordene a Porvenir S.A. que una vez sea reconocida la garantía de pensión mínima por parte de la Oficina de Bonos Pensionales proceda a erogar la pensión de vejez que legalmente le corresponda recibir a la señora Ortiz Mejía».

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado por la demandante.

CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia por «vía directa, por la infracción directa de los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso, aplicables en virtud de lo establecido por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, y 60 y 61 de tal codificación, violación medio que llevó a la aplicación indebida de los artículos 65 de la Ley 100 de 1993, 4 º del Decreto 832 de 1996 (compilado en el artículo 2.2.5.4.4 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016), 20 y 21 del Decreto 656 de 1994, 20 del Decreto 1513 de 1998 (compilado en el artículo 2.2.16.7.4 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016) y 141 de la Ley 100 de 1993 y a la infracción directa de los artículos 68 de la Ley 100 de 1993, 9º del Decreto 832 de 1996 (modificado por el artículo 2° del Decreto 142 de 2006 y compilado en el artículo 2.2.5.5.1 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016), 29 y 230 de la Constitución Política y lº del Acto Legislativo 01 de 2005».

Asevera que es suficiente con comparar lo dicho en el artículo 9º del Decreto 832 de 1996 (modificado por el artículo 2º del Decreto 142 de 2006 y compilado en el artículo 2.2.5.5.1 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016),«es decir, que sólo "Una vez reconocido el derecho a la garantía de pensión mínima por parte de la Oficina de Obligaciones Pensionales, la AFP iniciará los pagos mensuales de la respectiva pensión con cargo a la cuenta de ahorro individual.", con lo expuesto por el juzgador ad quem en el fallo acusado para percibir con claridad meridiana el disparate cometido cuando confirmó la condena impartida en el primer grado contra la aludida Porvenir S.A., relativa a cancelar la prestación de vejez con garantía de pensión mínima desde el lº de marzo de 2013, sin que dicha entidad hubiese conseguido en forma previa el reconocimiento del mencionado derecho a la garantía de pensión mínima por parte de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público».

Añade que es más que evidente el despropósito que resulta ser el obligar a la administradora de pensiones a «sufragar la prestación sin contar con el multicitado reconocimiento expreso de la garantía de pensión mínima, que eventualmente podría no darse y por lo cual quedaría en cabeza de Porvenir S.A. el deber de cancelar las mesadas sin contar con el capital suficiente para hacerlo, con la obvia secuela de tener que asumir con su propio patrimonio el dinero necesario para pagar dichas mesadas, y peor aún cuando no existe precepto alguno que consagre esa obligación de las citadas administradoras y lo que contraría abiertamente lo contemplado por el artículo 1 º del Acto Legislativo 01 de 2005».

Afirma que, para comprender la «patente impertinencia de la condena impuesta por el Tribunal y la notoria injusticia cometida con ella, basta con la audición cuidadosa de la sentencia en la parte en la que dicho Tribunal hace una descripción expresa de las tareas que realizó Porvenir S.A. con el fin de lograr la emisión del bono pensional de la señora Ortiz, evidenciando con ello el cumplimiento de su obligación legal de reunir el capital previsto en el artículo 68 de la Ley 100 de 1993 para poder definir si la aludida señora contaba con los recursos suficientes para que le fuera concedida una pensión de vejez o, por el contrario, si lo viable era el otorgamiento de una prestación de vejez con la garantía de pensión mínima».

Sostiene que es palmario el dislate cometido al confirmar la condena impartida contra Porvenir S.A., consistente en cancelar las mesadas pensionales desde el 1º de marzo de 2013 «aun teniendo que acudir a su propio patrimonio para satisfacerlas en el evento de que el ahorro habido en la cuenta de ahorro de la afiliada no fuera suficiente para ello, pues, se recalca hasta la saciedad, esa orden parte del principio, a voces del artículo 21 del Decreto 656 de 1994, de que esa entidad hubiera rebasado culposamente los plazos fijados en la ley para dar una respuesta eficaz a la solicitud de pensión de vejez que le formulara la señora Ortiz, circunstancia que en este caso no se dio en la medida en que como lo mencionó explícitamente el Tribunal, la Administradora adelantó las gestiones tendientes a conseguir la expedición del bono pensional pero no lo logró dadas las vicisitudes que tuvo que enfrentar en el curso de ese trámite, como que la señora Ortiz no estuviera de acuerdo con la liquidación de su bono, todas ellas conclusiones fácticas a las que se hizo alusión expresa y que en razón de la vía escogida para intentar el ataque no se discuten».

Dice que es inevitable colegirlo, «si no se habían reunido todos los medios con los que contaba la señora Ortiz para garantizar el pago de su pensión de vejez y ni siquiera había sido reconocido el derecho a la garantía de pensión mínima por parte de la Oficina de Obligaciones Pensionales, es evidente que Porvenir S.A. no podía ser condenada a erogar la prestación como lo impuso el juez a quo y así lo confirmó el fallador ad quem».

Por último, precisa que «a pesar de la senda seleccionada para formular la arremetida, o sea, la directa, si en este escrito hubiesen eventuales alusiones de apariencia fáctica no por ello se transgrede la técnica de casación, ya que con estos razonamientos no se discuten las inferencias de esa índole en las que el sentenciador ad quem basó su fallo sino, más bien, lo que se busca es mostrar su incursión en el quebranto de los preceptos que regentan el juicio que nos ocupa, puesto que el desacuerdo del cargo no se relaciona con los supuestos fácticos establecidos por el follador de segunda instancia sino con las consecuencias jurídicas que les hizo producir».

RÉPLICA DE LA ACTORA

Acota, en esencia, que la decisión fustigada no se debe quebrar, dado que se aviene a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sala, sentada, entre otras, en las sentencias T-009 de 2019 y - radicaciones que identifico con los números «31989, 419993», CSJ SL2490- 2018 y CSJ SL1543-2019.

CONSIDERACIONES

Dada la vía de puro derecho escogida, no es materia de discusión que: (i) la actora se encuentra afiliada a Porvenir S.A., y (ii) para el año 2012 contaba con la edad y más de 1500 semanas, para acceder a la garantía de pensión mínima de vejez.

Como se memora, la Sala sentenciadora estimó que procedía la pensión de vejez, en aplicación del principio solidario de pensión mínima, por cuanto la promotora del litigio tenía la edad exigida y más de 1.150 semanas y, si bien la misma accionante había objetado su liquidación del bono pensional e inclusive la A.F.P. había requerido a la Seccional de Salud de Antioquia, solo el 23 de diciembre del año 2015 elevó la correspondiente solicitud a la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda, pese a que conocía el interés de su afiliada de acceder a la prestación mucho antes de esa fecha, así encontró que la diligencia de la demandada no había sido contundente para lograr la historia de la afiliada para realizar el trámite respectivo para obtener al menos el pago temporal de la pensión ante el ente gubernamental a quien finalmente le corresponde reconocer la garantía.

El descontento de la censura gravita en torno a que no era procedente el reconocimiento de la pensión, en aplicación del principio solidario de la garantía de pensión mínima, en primera medida por cuanto la aprobación de esta prestación solo puede ser impartida por el Gobierno a través del ente autorizado para ello, más aún cuando el fallador de segundo grado describe las tareas desplegadas por Porvenir para lograr la emisión del Bono pensional. Califica de impertinente la orden del pago pensional teniendo que acudir a su propio patrimonio cuando cumplió con su obligación bajo las voces del artículo 21 del Decreto 656 de 1994.

Vistas las cosas en el contexto que acaba de describirse, le corresponde a la Corte elucidar la procedencia del reconocimiento de la garantía de pensión mínima de vejez cuando no ha mediado el aval por parte del ente gubernamental autorizado por la ley para tal efecto, imponiendo el pago directo a la administradora.

En aras de dar respuesta a los planteamientos expuestos en precedencia, menester resulta hacer las siguientes consideraciones previas, que fueron expuestas por la Corte en la sentencia SL2512-2021, que hoy se reitera:

I. La pensión de vejez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS-

Procedencia

Nadie discute que, en Colombia, con la entrada en vigor del estatuto pensional en el año 1994, el legislador creó la coexistencia de dos regímenes pensionales (Prima Media con Prestación Definida- RPM- y Ahorro Individual con Solidaridad- RAIS) excluyentes y de estirpe diferente, lo que, sin hesitación ninguna, conlleva a que el acceso a los servicios y prestaciones, entre otros, estriben en el régimen escogido por el afiliado.

En esa dirección, en el RPM, la pensión de vejez dependerá del cumplimiento de las condiciones de edad y tiempo de servicios o cotizaciones (artículo 33 Ley 100 de 1993), sin tener relevancia cuánto dinero aportó el afiliado; mientras que, en el RAIS, en primera medida el reconocimiento sí obedecerá al capital acumulado en la cuenta de ahorro individual. Nótese que, a voces del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, es requisito esencial para acceder a la prestación, tratándose de la contingencia de vejez, que el afiliado posea en su Cuenta de Ahorro Individual -CAI- un capital que efectivamente le permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente, palmario está, en armonía con lo dispuesto en el artículo 35 del mismo estatuto, concerniente a la pensión mínima.

Aquí, juzga conveniente la Corte precisar que la determinación del capital necesario o saldo mínimo de pensión para acceder a la prestación de vejez, debe hacerse con estricto seguimiento de las normas que consagran cómo hacer este cálculo, incluyendo las variables a tenerse en cuenta, por ejemplo, las tablas de mortalidad, la existencia de beneficiarios del afiliado y su expectativa de vida. Esto para significar que no existe un monto preestablecido y que dependerá, en cada caso particular, de las condiciones personales y familiares del solicitante para encontrar cuál es el monto requerido para el acceso a la prestación.

Financiación

El artículo 68 de la Ley 100 de 1993 instituye que esta pensión se financia con «los recursos de las cuentas de ahorro pensional, con el valor de los bonos pensionales cuando a ello hubiere lugar, y con el aporte de la Nación en los casos en que se cumplan los requisitos correspondientes para la garantía de pensión mínima».

Así que, la CAI está conformada por los aportes obligatorios, voluntarios y sus rendimientos y, como lo indica el precepto, el bono pensional, si a este hubiere lugar. Entonces, estos factores constituyen los recursos destinados para la cobertura de la pensión y de allí la necesidad de establecer de manera certera la suficiencia de los mismos para acceder a la prestación.

En lo atinente al mencionado porcentaje del 110% del salario mínimo legal mensual vigente, se impone dejar cristalino que no solo es utilizado para calcular la prestación económica, como quiera que el fundamento del artículo 64 de la Ley 100 de 1993 es, precisamente, que se reconozcan pensiones con recursos suficientes para su financiación, en el entendido que es una prestación a largo plazo y con alta probabilidad de ser sustituida en cabeza de los beneficiarios de segundo orden del afiliado.

A lo discurrido se suma que, acorde con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, tanto el reconocimiento de la prestación, como el monto de la mesada pensional, deben guardar correspondencia con lo acumulado en la CAI, toda vez que, una interpretación que escinda del cálculo para acceder al beneficio pensional el valor de la mesada a cancelar, conduce al acceso de la prestación sin el lleno de los requisitos de ley y, esto, por repercusión, golpeará los recursos que en el tiempo permitan el pago de la misma.

Recapitulando: la determinación del capital para acceder a la pensión en el RAIS del artículo 64 anotado, debe ser armonizado, necesaria y rigurosamente, conforme a los términos que sobre pensión mínima de vejez consagra el artículo 35 de la Ley 100 de 1993.

Aportes pensionales y Bono pensional

Los aportes pensionales no son otros diferentes a las cotizaciones que en favor del trabajador se realizan mes a mes y sobre los cuales las administradoras tienen, dentro de su gestión, el deber de invertirlos según los límites que ha señalado la normatividad, con el fin de que generen una rentabilidad. En tratándose de aportes voluntarios, solo harán parte del capital que financia la pensión, si así lo quiere el afiliado.

En lo tocante al bono pensional, regulado en el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, tal como lo ha enseñado esta Sala, representa el valor de los tiempos de servicio o cotización de un trabajador que se traslada de régimen y que en el RAIS se denomina bono tipo A, el cual para su consolidación depende de la información de la historia laboral, para que una vez afianzada y confirmada por los empleadores permita la emisión del bono, a efectos de que el mismo en la fecha correspondiente, sea redimido y pagado.

A este respecto, la Sala, en providencia CSJ SL4305-2018, razonó:

Del procedimiento para la liquidación, emisión y expedición de los bonos pensionales tipo A:

Para que el valor del bono haga parte del capital de financiación de la pensión, han de agotarse las siguientes etapas: a) conformación de la historia laboral del afiliado; b) solicitud y realización de la liquidación provisional; c) aceptación por parte del afiliado de la liquidación provisional; d) emisión; e) expedición; f) redención y g) pago del bono pensional. A continuación se describirán brevemente cada una ellas:

Una vez el beneficiario del bono realiza la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 1513 de 1998, el primer paso para la tramitación del bono pensional es la conformación de la historia laboral del afiliado, que se realiza mediante la información que éste suministra a su AFP y la información que la AFP solicita a las entidades a las cuales el trabajador realizó cotizaciones diferentes al ISS. La información así obtenida es ingresada por la AFP al Sistema Interactivo que para el efecto tiene la OBP. La información sobre cotizaciones realizadas por el trabajador al ISS se obtiene del archivo masivo que para el efecto tiene el ISS. Si se presenta alguna variación posterior de esta información y así lo certifica el ISS, la AFP debe digitar esta nueva información en el Sistema Interactivo de la OBP.

Conformada la historia laboral, la AFP, en representación del afiliado, debe solicitar al emisor del bono pensional la liquidación de éste, para lo cual debe definir el salario base para el cálculo del bono pensional.

Con esta información, la OBP realiza un cálculo del valor del bono a la fecha de corte, cálculo que denomina liquidación provisional. Antes de la emisión del bono pensional se pueden producir diversas liquidaciones provisionales, dependiendo de la información y de la aceptación de la misma por parte del afiliado. Según lo dispone el inciso 9º del artículo 52 del Decreto 1748 de 1995, la liquidación provisional no constituye una situación jurídica consolidada.

Realizada la liquidación provisional, la AFP debe darla a conocer al afiliado, para que éste la apruebe y la firme de conformidad con lo estipulado en el artículo 7° del Decreto 3798 de 2003. Si no está de acuerdo, el afiliado debe explicar a la AFP sus razones para que se efectúen las correcciones a que haya lugar. Efectuados los ajustes, debe realizarse una nueva solicitud a la OBP de liquidación provisional.

Producida la aprobación de la liquidación provisional por parte del afiliado, la AFP debe requerir a la OBP la emisión del bono pensional, la cual se realiza mediante resolución por parte del emisor, en la que se consagran los datos básicos del bono pensional y los valores calculados a esa fecha, los cuales pueden variar.

La expedición del bono pensional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1513 de 1998, es el momento en que se suscribe el título físico o del ingreso de la información a un depósito central de valores, en el caso de la expedición desmaterializada de títulos. Un bono emitido se expide en uno de los siguientes tres casos: (1) por redención normal del bono pensional tipo A que se produce cuando el afiliado, cumple 62 años, si es hombre, o 60 años, si es mujer, o cuando el mismo completa mil semanas de vinculación laboral válida para el bono; (2) por redención anticipada del bono pensional tipo A que ocurre cuando el afiliado fallece, es declarado inválido, o no cumple con el requisito de las semanas exigidas para obtener la garantía de la pensión mínima ni cuenta con el capital suficiente para adquirir una pensión; y (3) por solicitud de la AFP, una vez ésta ha obtenido autorización escrita del afiliado para negociar el bono con el fin de obtener una pensión anticipada.

Por último, se produce el pago del bono pensional a la AFP, que consiste en el depósito de los dineros en la cuenta de ahorro individual del beneficiario.

De la historia laboral y las certificaciones válidas para liquidar los bonos pensionales:

En este orden de ideas se tiene que dentro del trámite para la expedición de bonos pensionales Tipo A se ha de cumplir con la conformación de la historia laboral del afiliado, puesto que, para la liquidación y emisión del bono, se utilizará aquella información laboral que haya sido confirmada directamente por el empleador o caja, fondo o entidad que deba dar certificación, según el caso, de forma oportuna. O aquella certificada a tiempo que no haya sido negada por alguno de estos, art. 52 del D. 1748 de 1995, modificado por los artículos 14 del Decreto 1474 de 1997 y 22 del D. 1513 de 1998.

Conforme al citado artículo 52, una vez el beneficiario eleva ante la AFP una solicitud de trámite de bono pensional, esa entidad debe establecer la historia laboral del afiliado con base i) en la información que este le haya suministrado y los archivos que la entidad posea y, ii) en toda la información laboral que pueda incidir en el valor del bono y que sea confirmada, modificada o negada por quienes hayan sido empleadores del afiliado, o por las cajas, fondos o entidades de previsión social a las que hubiere cotizado. Realizado lo anterior, la AFP trasladará dicha información al emisor para que este dé inicio al proceso de liquidación provisional del bono.

Es de advertir que el legislador allí mismo previó que, si la entidad requerida para que allegue la información pertinente es de carácter público, se aplicará lo dispuesto en el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo. Si se trata de servidores públicos, el incumplimiento de este plazo será sancionado disciplinariamente del acuerdo con el Código Disciplinario Único, pero el legislador no previó los efectos del silencio administrativo positivo ni la presunción de veracidad de la información respecto de la cual se solicitó su confirmación o certificación.

Cuando un empleador deba certificar información laboral con destino a la expedición de un bono tipo A, en arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 del D.1748 de 1995, la certificación debe contar con los requisitos expresamente allí señalados, dentro de los cuales, entre otros ítems, debe estar especificado «g) Número total de días de interrupción por suspensión o licencia no remunerada; opcionalmente, fechas de iniciación y terminación de las interrupciones», como también «k) Fecha de expedición de la certificación y su número consecutivo».

Se puede colegir de la regulación del trámite para obtener la expedición del bono, que la conformación de la historia laboral con este fin no está a cargo exclusivo de la AFP, si no que se trata de un proceso complejo que si bien es ejecutado y coordinado por la AFP, en él también han de intervenir el afiliado, las entidades donde se estuvo afiliado y los empleadores, según el caso. Puede estimarse que se trata de un trámite complejo, pero no por esto se ha eximir al aspirante a la pensión de llevarlo a cabo, puesto que la conformación de la historia laboral se justifica para reunir, de manera eficiente, cierta y efectiva, los medios económicos que permiten capitalizar las prestaciones pensionales, garantizando así el principio de sostenibilidad financiera de los recursos y procurar la eficiencia, la solidaridad y la universalidad en la protección de las personas frente a las contingencias que el sistema de seguridad social ampara (arts. 48 de la Constitución y 2 de la Ley 100 de 1993).

Durante el agotamiento de la conformación de la historia laboral del afiliado, las sociedades administradoras de fondos de pensiones que manejan el régimen de ahorro individual con solidaridad, así como aquellas cajas o fondos del sector público o privado que lo hacen en el régimen solidario de prima media con prestación definida, deben procurar la mejor utilización de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que la emisión y redención de los bonos pensionales se materialice en forma adecuada, oportuna y suficiente, a partir de una articulación de políticas, instituciones, regímenes y procedimientos que permitan, cuando a ello haya lugar, recaudar aquellos aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 59 del D. 1748 de 1995, adicionado por el artículo 25 del D. 1513 de 1998, se ha de tener en cuenta la intangibilidad de la historia laboral elaborada con base en un archivo masivo que haya sido utilizada para la emisión del bono pensional, ya que, según este precepto, tal historia sólo podrá ser modificada con el consentimiento del afiliado.

Muy a tono con lo explicado, resulta útil señalar que hasta tanto no se tenga consolidado el bono pensional, incluyendo las inconsistencias que sobre el mismo se presenten, no se tendrá total certeza de cuál es el saldo de la CAI y, por tanto, si esta permite el cumplimiento de los condicionamientos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993.

En el panorama descrito, la Sala no desconoce que la emisión del bono se puede tornar en un obstáculo para que el afiliado comience a disfrutar la pensión, empero, la solución a esta situación «no es ordenar automáticamente, a la administradora el reconocimiento de la pensión, sin que se haya comprobado previamente el cumplimiento del requisito financiero que da derecho a percibir la prestación, porque, de aceptarse esto, se atentaría contra el mandato consagrado en el artículo 48 de la Constitución» (CSJ SL4305-2018).

En fin, si un afiliado logra satisfacer el requisito de capital necesario, conforme a la normativa vigente, tendrá el derecho a acceder a la pensión de vejez en los términos y condiciones de la modalidad pensional que seleccione. Ahora bien, en el evento de que no exista el capital necesario lo procedente en primera medida es determinar si el afiliado puede optar por la garantía de pensión mínima y de no contar con los requerimientos para ello, la prestación sustitutiva de la pensión es la devolución de saldos vista en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993.

II. Procedencia del principio solidario de la garantía de la pensión mínima de vejez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad

Naturaleza y objetivo de la garantía de pensión mínima

Desde la expedición de la Ley 100 de 1993 se contempló la garantía estatal de pensión mínima, para aquellos afiliados al RAIS, que llegados a las edades máximas, esto es, 57 años mujeres y 62 años hombres, que hubieren cotizado un número mínimo de semanas de 1150, sin capital suficiente para financiar una pensión de vejez, tendrían derecho a que con cargo a la Nación, se les completaran los recursos a efectos de acceder a una pensión de vejez de salarió mínimo, como una clara y palpable expresión del postulado de solidaridad. No se olvide que la reforma introducida en la Ley 797 de 2003, estatuyó que un porcentaje del aporte de los afiliados al RAIS, se iría a la constitución de recursos, en aras de completar el capital faltante de los beneficiarios del principio solidario.

Lo anotado quiere significar, que tal garantía constituye un subsidio, esto es, un beneficio, ya sea en dinero o en especie, para que, a través de este, se satisfaga una necesidad puntual, de acuerdo a las políticas de protección a específicos grupos poblacionales (riesgo de vulnerabilidad) que por sus condiciones lo justifican, es así como las reglas para acceder al mismo, propenden por el cumplimiento de requisitos que den certeza de su correcta asignación.

Cabe resaltar que en Colombia todas las pensiones del RPM poseen un subsidio implícito como consecuencia de que la prestación se sustenta en tiempo de servicios o cotizaciones y edad, sin tener en cuenta la equivalencia del aporte, como anteriormente se mencionó, dado que los aportes entran en un fondo común de naturaleza pública que financia las prestaciones a los pensionados en un momento actual, esto significa que las cotizaciones que recibe la Administradora cubren el pago de las mesadas pensionales.

Muy a diferencia, en el RAIS, en principio no existe un subsidio a la pensión, dado que, como se evidenció, la pensión y el valor de su mesada dependen del saldo acumulado en la CAI, sin que la Nación entre a cubrir monto alguno. Sin embargo, y dada la finalidad de proteger a aquellos que a pesar de haber realizado un esfuerzo significativo en densidad de cotizaciones no logran el capital suficiente para su pensión, y vean nugatoria la protección su vejez, se implementó la prerrogativa a través de la garantía del artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

Identificado como quedó, el acceso a la pensión de vejez en el RAIS, por medio de la garantía de pensión mínima, materializa la asignación de un subsidio y, por ende, debe existir certeza del cumplimiento de los requisitos para efectos del reconocimiento y pago de la prestación con cargo a los recursos de este.

Reconocimiento y pago de la garantía

En palabras del artículo 65 del estatuto de la seguridad social, para el reconocimiento de la garantía se debe acreditar el cumplimiento de: i) la edad, ii) las semanas mínimas de aportes, y iii) la insuficiencia del capital para financiar con la CAI la pensión de vejez. No sobra señalar que de conformidad con el artículo 9º del Decreto 832 de 1996, la determinación de este saldo, deberá ser efectuado por la administradora con sujeción a los cálculos que mediante resolución establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que, con sustento en el decreto antes referido, claramente incluye la cuantía del bono pensional.

En este punto, se llama la atención en la necesidad de que la información de la historia laboral que da sustento al bono pensional, permite determinar su cuantía, y los obligados frente al mismo, así como las cuotas partes que les correspondería a cada uno de ellos, debe ser consistente, esto es, que se pueda hallar su valor, ya que en caso de inconsistencias no existirá certeza del verdadero saldo pensional y, por ende, en principio, la imposibilidad de determinar la suficiencia de capital.

En ese horizonte, una vez comprobada la existencia de los supuestos señalados, corresponde a la AFP elevar la solicitud de reconocimiento ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual tiene la responsabilidad de comprobar la suficiencia o no del capital a efectos de que, como entidad gubernamental habilitada (Artículo 4o del Decreto 833 de 1996 y Artículo 11 Decreto 4712 de 2008), determine si otorga y paga o no el subsidio estatal. Así las cosas, corresponde a la OBP, establecer si entre el monto acumulado en la CAI y el saldo mínimo de pensión, incluyendo el valor del bono pensional, existe diferencia, para que proceda la garantía de pensión mínima (Cálculo para la Garantía).

Ciertamente, en aquellos casos en que exista el derecho a bono pensional, pueden darse situaciones en donde, verbi gracia, la fecha de redención de aquel sea posterior a las edades en que se acceda a la garantía, como en el caso de las mujeres, cuya fecha de acceso a la garantía es a los 57 años y la redención se da hasta los 60, pero el Decreto 142 de 2008, artículo 3º, introdujo la garantía temporal de pensión mínima, con el fin de que se reconozca el subsidio hasta la fecha de redención del bono, el cual se pagará descontando el valor cancelado, precisamente por la dicha garantía temporal.

Verificada la procedencia o no del subsidio por OBP, la administradora deberá, en caso de que no se cumpla con los requisitos de procedencia de la misma, devolver los saldos de la CAI, conforme al artículo 66 de la Ley 100 de 1993, sin perjuicio de que el afiliado opte por seguir cotizando; en caso contrario, esto es, que la OBP emita resolución de reconocimiento de la garantía, la administradora queda obligada a efectuar el reconocimiento de la pensión vitalicia de vejez en cuantía de salario mínimo y en la modalidad de retiro programado.

Es menester traer a colación, en este punto, el artículo 84 de la Ley 100 de 1993, vigente para la época del caso en estudio, pues, además, de los condicionamientos antes expuestos, creó la excepción de la garantía, cuando el afiliado o sus beneficiarios, recibieran ingresos equivalentes a un salario mínimo lo que significaba que no habría lugar a la aplicación del principio solidario y, por consecuencia, procedía la devolución de la CAI anotada.

Reconocida la pensión, existen reglas especiales para su pago dada que la misma es vitalicia y procede la pensión de sobrevivientes en caso de existir beneficiarios del pensionado, con cargo al subsidio pensional; de allí que en primer lugar la prestación se pague con los recursos de la misma cuenta de ahorro pensional y solo cuando estos se agoten, se pueda acudir a los recursos del subsidio. Así se establece en cabeza de la AFP el control de saldos de la pensión reconocida, a efectos de que al percatarse de que los recursos de la CAI no son suficientes para financiar la mesada por más de una anualidad, le informe a la OBP para que tal entidad proceda a efectuar la apropiación de recursos para con ello autorizar la utilización de los recursos del subsidio, claro está, por anualidades (Artículo 9º del Decreto 832 de 1996, modificado por el artículo 2º del Decreto 142 de 2006).

Fuente de financiación

En cuanto a los recursos que financian la garantía como tal, dada la modificación de la Ley 797 de 2003, antes aludida, en primera medida se cubren con los recursos provenientes del aporte pensional de los afiliados al RAIS, que, dada la inexequibilidad - por vicios de forma- (sentencia CC C-794-2004) del artículo que creaba el Fondo de Pensión de Garantía de Pensión Mínima, quedaron bajo la administración de las AFP y, una vez se agoten estos recursos, es decir, los aportados por los afiliados al RAIS, junto con los rendimientos, las pensiones reconocidas bajo la garantía de pensión mínima se pagarán con cargo directo a la Nación, a través del presupuesto general.

Si bien estos recursos son aportados por los afiliados, el porcentaje correspondiente a dicha garantía, no es para la cobertura de su pensión, inclusive no entran en su CAI, y frente a ellos las administradoras solo fungen como administradoras de los mismos - dada la inexistencia legal del Fondo de Garantía de Pensión Mínima-, por ende, solo la Nación puede determinar a quién se asignan tales recursos con la finalidad de completar el capital necesario para el reconocimiento de la pensión de vejez en armonía con el principio solidario.

Llegados a este punto del sendero, se impone dejar en claro una cosa: aun cuando financieramente se traslade la conformación de recursos para el pago del subsidio a los afiliados del RAIS, lo cierto es que tanto constitucional como legalmente la titularidad de la obligación de garantía de pensión está en cabeza del Estado colombiano y este aspecto no ha tenido modificación alguna.

III. Reconocimiento provisional de la pensión bajo el principio solidario de la GPM por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones- deberes de la AFP

Siendo claro, que la asignación del subsidio bajo la garantía de pensión mínima es estatal y, por ende, su reconocimiento está exclusivamente en cabeza del Estado – Oficina de Bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y crédito público- es menester poner de presente que por vía de excepción sí existe normativamente la posibilidad de establecer en cabeza de una administradora del RAIS la obligación de manera temporal, de asumir el pago de la pensión y, con cargo a sus propios recursos, esto porque el artículo 21 del Decreto 656 de 1994 dispuso:

Artículo 21. Las administradoras que incumplan el plazo establecido para pronunciarse respecto de una solicitud de pensión deberán pagar, con cargo a la respectiva cuenta individual de ahorro, una pensión provisional en favor del afiliado, calculada tomando en consideración los mismos criterios establecidos para la determinación de la mesada pensional a través de retiros programados. Esta pensión comenzará a reconocerse mensualmente a partir del día quince (15) hábil contado desde el vencimiento del plazo señalado para pronunciarse y deberá pagarse hasta el momento en el cual se efectúe el correspondiente pronunciamiento.

Del mismo modo, cuando no existan recursos suficientes para atender el pago de una pensión por falta de presentación oportuna de las solicitudes de pago de bonos pensionales, de las solicitudes de pago de las garantías mínimas estatales o de las solicitudes de pago de las diferencias a cargo de las compañías aseguradoras, por razones imputables a las administradoras, éstas deberán reconocer a los respectivos pensionados pensiones provisionales, con cargo a sus propios recursos.

En general, corresponderá a las administradoras asumir pensiones provisionales con cargo a sus propios recursos en todos aquellos casos en los cuales el afiliado no disponga de la totalidad de las sumas a que tendría derecho para atender su pensión por falta de cumplimiento oportuno y adecuado de sus obligaciones por parte de la administradora.

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las demás sanciones personales e institucionales que puedan imponerse por el incumplimiento de las correspondientes obligaciones señaladas en el presente capítulo. (Negrilla fuera de Texto)

El Decreto citado, además de indicar la naturaleza jurídica de estas entidades, estableció, entre otros, su régimen de responsabilidad, partiendo de que si bien son entidades de naturaleza privada, las mismas están en todo caso prestando el servicio público de la seguridad social que comporta la garantía de derechos mínimos, en el caso de los trabajadores afiliados al sistema pensional.

Así, el estándar de diligencia y cuidado que deben observar las mismas es mayúsculo, pues si su actuar es negligente deberán asumir las consecuencias conforme lo estableció la legislación y el regulador. Esto es así que, en el tema objeto de análisis, claramente se determinó que si por razones imputables a ellas el afiliado no cuenta con los recursos para acceder a la pensión bajo la garantía de pensión mínima- claro está siempre y cuando consolide los requisitos para su acceso- corresponderá el pago de la pensión de manera provisional y con cargo a sus propios recursos a la entidad de seguridad social

En suma, si injustificadamente retarda el trámite de solicitud de garantía ante el ente estatal, surgirá la obligación de asumir el pago de la pensión de vejez de su afiliado y, palmariamente, sin afectar la cuenta de ahorro individual del mismo. Por lo que el funcionario judicial podrá echar mano de esta norma, cuando evidencie que existe un actuar evidentemente displicente que impidió la materialización del derecho.

Finalmente, no está de más recordar que, esta Corporación ya se ha pronunciado respecto de la procedencia de condena a las Administradoras por concepto de la garantía de pensión mínima en providencias como la CSJ SL2676-2021 y CSJ SL4531-2020.

Caso Concreto.

Debe señalarse que el colegiado no desconoció que la garantía de pensión mínima está en cabeza de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, pues basó su condena en la responsabilidad de la administradora accionada en las acciones adelantadas para lograr que la historia laboral de su afiliada estuviera completa a efectos de que su bono lograra ser emitido a efectos de adelantar el trámite de reconocimiento del pilar solidario y dejó por sentado que no era suficiente el requerimiento efectuado hasta diciembre de 2015 a la concurrente en el bono pensional y, por ello, la procedencia de la condena a título provisional de la prestación pretendida.

En este punto se resalta, de manera superlativa, que la nación O.B.P, no fue liberada de la condena que se le impusiera a concurrir al pago de una pensión de vejez en desarrollo del pilar solidario, precisamente por la eventual responsabilidad que dicha entidad le correspondiera, solo que, encontró que la gestión de la administradora no cumplió el estándar mínimo de diligencia y cuidado que le corresponde y, por ende, a título de sanción, le aplicó las consecuencias normativas de la culpa leve que representa la falta en su gestión conforme al artículo 4 del Decreto 656 de 1994, conducta que, por demás, se enmarca dentro de aquellas que conforme al artículo 21 ibidem habilitaban a imponer directamente a la AFP la pensión de manera temporal.

Se recuerda que la obligación de la Administradora para la reconstrucción de la historia laboral a efectos de materializar el llamado título de deuda pública, no surge en el momento en que el afiliado presenta la reclamación pensional, pues la tarea impuesta, debe ser desarrollada desde el momento en que se hace efectiva la afiliación a la administradora respectiva, pues conforme al artículo 20 del Decreto 656 de 1994 se les concede un término de 6 meses siguientes a la vinculación, para elevar la solicitud de emisión, además del seguimiento que, frente al mismo, deben realizar.

Textualmente señala la norma en comento, lo siguiente:

Artículo 20. Corresponde a las sociedades que administren fondos de pensiones adelantar, por cuenta del afiliado pero sin ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud de emisión de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su exigibilidad.

Las solicitudes de emisión de bonos pensionales deberán ser presentadas a la entidad previsional correspondiente dentro de los seis (6) meses inmediatamente siguientes a la vinculación del afiliado que tenga derecho a dicho beneficio, y hasta tanto sean emitidos efectivamente deberán efectuar un seguimiento trimestral al trámite de su emisión. Para estos efectos, los afiliados deberán suministrar a las administradoras la información que sea necesaria para tramitar las solicitudes y que se encuentre a su alcance. En todo caso, las administradoras estarán facultadas para solicitar las certificaciones que resulten necesarias, las cuales serán de obligatoria expedición por parte de los destinatarios.

Las solicitudes de pago de bonos pensionales deberán ser presentadas por la administradora a la cual se haya formulado una solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez, sobrevivencia o vejez por personas que hayan cumplido la edad establecida para obtener la garantía de pensión mínima del Estado. Tratándose de personas que se hayan pensionado por vejez con anterioridad a dicha edad y se hayan acogido a la modalidad de retiro programado, la solicitud de pago del bono pensional será presentada por la administradora que se encuentre pagando la pensión al momento de cumplirse todos los requisitos señalados para la redención del título.

La solicitud de pago de un bono para atender una pensión de invalidez, sobrevivencia o vejez por cumplimiento de la edad para acceder a una pensión mínima deberá ser presentada dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la decisión de la administradora acerca del cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos para acceder a la pensión. Tratándose de personas que hayan obtenido una pensión de vejez con anterioridad a dicha edad, la solicitud de pago del bono deberá presentarse por la entidad que tenga a su cargo el pago de la pensión al momento en que el pensionado cumpla esa edad.

En todo caso, el seguimiento del proceso de pago efectivo de los bonos pensionales se adelantará por las entidades que tengan a su cargo el pago de la respectiva pensión.

A más de la solicitud de emisión, la citada norma también les impone a las administradoras, el seguimiento periódico (trimestral) y efectivo al trámite del bono pensional, obligación que en el caso concreto no se advierte cumplida. Memoremos que en el escrito de demanda la accionante evidencia que desde la negativa de la entidad, el 29 de abril de 2014, en la que se le indicó el estado del bono, trascurrieron más de 3 años sin que se adelantaran las acciones pertinentes a cargo de la demandada, aspecto fáctico que no puede ser abordado por la vía elegida por el censor.

Entonces, se exhibe insoslayable lo descrito en el artículo 4 ibidem en cuanto a que «En su calidad de administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, las administradoras son instituciones de carácter previsional y, como tales, se encuentran obligadas a prestar en forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a dicha calidad. Por lo tanto, serán responsables de los perjuicios que por su culpa leve se puedan ocasionar a los afiliados».

En consecuencia, el retardo en la reclamación de la pensión de garantía de pensión mínima del afiliado, no encuentra justificación en la inconsistencia del bono pensional, pues, como ha quedado expuesto, la administradora debió adelantar las gestiones necesarias de manera oportuna para esclarecer todo lo relacionado para la materialización del mismo.

De tal manera que, en ningún error jurídico incurrió la sala sentenciadora al fulminar la condena de pago provisional de la pensión a la entidad encartada, puesto que, conforme al artículo 21 del Decreto 656 de 1994, anteriormente citado, es viable establecer la obligación temporal, con cargo a los propios recursos de la administradora, cuando el retardo del reconocimiento de la garantía de pensión mínima se da por causa imputable a la entidad de seguridad social.

En este punto valga reiterar que la sala sentenciadora encontró a todas luces la existencia del derecho a la pensión de vejez, no obstante, ante la falta de certeza si la fuente de financiación de la misma se daba de manera autónoma, caso en el cual no tenía que acudir al pilar solidario o, si por el contrario se requería el subsidio de la nación, debió dejar la responsabilidad de manera condicionada en la nación; claro está a consecuencia de la falta de gestión diligente de la A.F.P.; por lo que, si concretado el valor del bono pensional se evidencia que el accionante tienen el capital suficiente a efectos de pagar en el tiempo su pensión y la de sus beneficiarios, se mantendrá el pago correspondiente de la pensión bajo las condiciones propias del R.A.I.S.; por el contrario, si de esta información no son suficientes los recursos de la cuenta de ahorro individual, definitivamente, conforme a la condena impuesta, la nación debe concurrir en el pago del subsidio, una se verifique que se está agotando el capital pensional, conforme a la regulación que para el efecto se encuentre vigente, como lo confirmó el Tribunal en grado de consulta, en los términos arriba explicado.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la entidad recurrente afirma que dada la senda seleccionada, si en el escrito hubieren eventuales alusiones fácticas, no es para trasgredir la técnica pues no se discuten, como quiera que son aceptadas las inferencias de esta índole, no está de más señalar que, si la administradora buscara exculpar su responsabilidad por haber adelantado de manera diligente su actuación o, que la morosidad se debió a terceros o al propio afiliado, la vía de ataque efectivamente era la indirecta, agenda al sendero escogido.

Así las cosas, el ataque no sale avante.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 8.800.000,oo que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 12 de septiembre de 2019, en el proceso ordinario laboral que MARÍA EUGENÍA DEL SOCORRO ORTIZ MEJÍA le promovió a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y, en el que fue llamada como litisconsorte necesaria a LA NACIÓN- MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Costas como arriba se indicó.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

Aclaro Voto

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

ACLARACIÓN DE VOTO

Demandante: María Eugenia del Socorro Ortiz

Demandado: Porvenir S.A. y otros

Radicación: 86992

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

Aunque estoy de acuerdo con la decisión de reconocer a la demandante una pensión provisional con cargo a los propios recursos de Porvenir S.A., considero prudente aclarar que este caso es distinto de los resueltos mediante sentencias SL4531-2020 y SL1464-2021. En efecto, en estos fallos se convalidó el pago definitivo de la garantía de pensión mínima debido a que los demandantes acreditaron plenamente los requisitos de la citada prestación, a saber: (i) la edad mínima de 57 o 62 años, según se trate de mujer o hombre, respectivamente; (ii) 1.150 semanas de cotización y (iii) no tener el capital suficiente para financiar una pensión mínima de vejez en el régimen de ahorro individual (art. 65 L. 100/1993).

Cuando concurren estos requisitos, particularmente el último, no hay lugar a reconocer una pensión provisional o temporal a cargo de la AFP, sino una pensión definitiva. De hecho, en los casos reseñados era una premisa fáctica indiscutida que los demandantes tenían la edad, la densidad de semanas y su saldo era insuficiente para financiar una pensión mínima en el régimen de ahorro individual, de manera que lo procedente era estudiar si había o no lugar a reconocer la garantía de pensión mínima de vejez.

En cambio, en este asunto, no se sabía si la accionante tenía o no un capital suficiente para financiar su propia pensión, ya que la AFP fue negligente en el trámite de solicitud de emisión y pago del bono pensional ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, debido a la falta de materialización de ese título no había claridad sobre si, sumado su valor al saldo de la cuenta de ahorro individual, la demandante podía reunir el capital requerido para financiar una pensión propia, situación que dio lugar a la condena a la AFP a la pensión provisional, tal como lo prevé el artículo 21 del Decreto 656 de 1994.

Insisto, si en un caso hay certeza de que el capital, luego de sumado el valor del bono pensional, es insuficiente para financiar una pensión conforme al régimen de capitalización individual, y se cumplen el resto de requisitos legales para causar la garantía de pensión mínima, lo correcto es ordenar el pago de una pensión definitiva y no una provisional.

Fecha ut supra.

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada

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